NUEVA SOCIEDAD

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de pensamiento progresista, que aboga por el desarrollo de

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Nueva Sociedad No 321

Diseño original de portada: Horacio Wainhaus

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Ilustraciones: Ariana Jenik

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Corrección: Germán Conde, Vera Giaconi

Traducción al inglés de los sumarios: Ingrid Reca

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NUEVA SOCIEDAD | 321

Enero-Febrero 2026

Índice

coyuntura

5073 Wilder Pérez Varona. Imaginarios en disputa. ¿Cómo se está transformando el espacio sociopolítico cubano?

Tribuna global

5074 Hugues Draelants. Más allá del negacionismo: el ocultamiento del cambio climático

tema central

5075 Giancarlo Summa. La crisis de la onu y el desorden del mundo

5076 Guadalupe González / Juan Gabriel Tokatlian. El desconcierto latinoamericano frente al (previsible) acoso de Donald Trump

5077 Giorgio Jackson / Patricia González Viñoly. Nadie se salva solo: articulaciones progresistas en el cambio de época

5078 José Antonio Sanahuja. La Unión Europea y América Latina en tiempos de «vasallización»

5079 Andriy Movchan. La idea fija del nacionalismo imperial ruso

5080 Martín Bergel. La otra «última utopía». La sociedad civil global a 25 años de Porto Alegre

5081 Victoria Basualdo. El sindicalismo internacional en el marco de la ofensiva antiderechos

ensayo

5082 Chris Maisano. Socialismo y libertad

SUMMARIES

Segunda página

La operación militar de Estados Unidos en Venezuela, a comienzos de 2026, no se desató en un cielo sereno: el secuestro de Nicolás Maduro y su traslado a un tribunal en Nueva York se produjo en una coyuntura atravesada por la crisis del orden multilateral. La retórica encendida del presidente estadounidense –en el marco de su objetivo de escribir un «corolario Trump» a la Doctrina Monroe, nuevamente reivindicada por la Casa Blanca– dio paso al acto. América Latina, en esta visión, es solo el «patio trasero» de un eeuu abiertamente imperialista.

La capacidad de reacción de la región fue débil, más allá de algunas declaraciones oficiales, lo que refleja el estado general de fragmentación, con una extrema derecha en crecimiento y gobiernos encerrados en sus problemas domésticos y sin posiciones comunes frente al desorden global, marcado por la rivalidad de las grandes potencias y los tambores de guerra. En este marco, el dilema «internacionalismo o vasallaje» permite ordenar los desafíos actuales: o se impulsan procesos de articulación desde arriba y desde abajo, con el objetivo de redefinir las reglas del orden internacional, o nos veremos a merced de la fuerza en estado puro. Este es el eje que articula el Tema Central de este número de Nueva Sociedad.

En el artículo de apertura, Giancarlo Summa aborda el presente de la Organización de las Naciones Unidas (onu) a 80 años de su creación. Este aniversario, a las puertas de la elección de una nueva Secretaría General, es una buena oportunidad para analizar la crisis del multilateralismo profundizada por el segundo gobierno de Donald Trump. Con una reducción presupuestaria producto de un recorte de las contribuciones de Washington y de otras potencias occidentales, muchos buscan que la onu vuelva a tener una función restringida, como ocurría inicialmente. Y están haciendo lo posible para lograrlo.

Juan Gabriel Tokatlian y Guadalupe González, por su parte, abordan la actual reconfiguración de las relaciones entre eeuu y América Latina y el Caribe, caracterizada por el avance de formas más crudas de dominación. En esta fase disruptiva, Washington recurre a sanciones, intervenciones y bilateralismos agresivos para reinstalar el control sobre su zona de influencia y frenar a potencias rivales, pero este impulso choca con un límite reputacional: el marcado cambio de ánimo de la opinión pública regional hacia la potencia del Norte.

El auge de las extremas derechas y las mencionadas ambiciones recolonizadoras de Washington encuentran al progresismo a la defensiva, con sus instancias de coordinación internacional fuertemente debilitadas, en paralelo a la crisis de los procesos de integración latinoamericana. Sobre esta cuestión reflexionan en su artículo Giorgio Jackson y Patricia González Viñoly. La posibilidad de regenerar el entusiasmo que impulsó los foros regionales, como el de San Pablo, que permitía una discusión plural sobre los desafíos de las izquierdas, aparece como una tarea tan necesaria como difícil de llevar adelante.

Con una Europa que trata de definir su papel, perpleja frente a un eeuu que se muestra cada vez más como un adversario, José Antonio Sanahuja se enfoca en la transformación de las relaciones hemisféricas y transatlánticas. Las aspiraciones de autonomía y desarrollo compartido presentes en la asociación entre la Unión Europea y América Latina se tornan aún más relevantes, pero la cumbre que ambas regiones celebraron en Santa Marta (Colombia) en noviembre de 2025 pone en duda la capacidad y voluntad de mantener vivos esos objetivos. Mientras tanto, Europa se encuentra atenazada por la guerra de Ucrania y las agresiones permanentes de Trump.

Del «otro lado» del mundo, Rusia también actúa como si los países del antiguo Imperio Ruso fueran su propio «patrio trasero». En ese marco, sostiene Andriy Movchan, el argumento de que Rusia invadió Ucrania debido a la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (otan) –enarbolado a menudo por sectores de la izquierda occidental– no resiste un análisis cuidadoso de los propios discursos de Vladímir Putin. La verdadera idée fixe de la cúpula del Kremlin es que Rusia y Ucrania son un mismo pueblo, una justificación primordialista del «derecho» ruso a poseer Ucrania y a revertir el «error» de Lenin, que se oponía a la «cárcel de pueblos» que era el imperio zarista.

Al pensar las articulaciones globales «desde abajo», los 25 años del Foro Social Mundial llevan a Martín Bergel a tratar de responder algunas preguntas claves: ¿qué quedó de los movimientos que hace más de dos décadas movilizaron una serie de imaginarios de cambio social y encarnaron múltiples promesas y expectativas? ¿Se ha agotado la energía contenida en experiencias como el Foro Social Mundial? ¿A qué se debe el declive de diversas formas de resistencia a la globalización neoliberal? En medio de la ola reaccionaria, volver sobre las huellas del concepto de «sociedad civil global» puede servir para anudar algunas experiencias actuales con las de un pasado no tan lejano.

Finalmente, Verónica Basualdo se concentra en la coordinación internacional del sindicalismo frente a la situación crítica de la clase trabajadora, en medio de los procesos de reestructuración del capital y el ascenso de las derechas radicales, y aborda los obstáculos y posibilidades para enfrentar los desafíos de esta nueva etapa histórica.

Por ahora no es claro si alguna forma de internacionalismo podrá frenar los retrocesos en curso. Pero en todo caso, apostar por él se presenta como una de las tareas de primer orden del progresismo a escala global.

| coyuntura

Imaginarios en disputa

¿Cómo se está transformando el espacio sociopolítico cubano?

Wilder Pérez Varona

El aumento de las desigualdades, las redes transnacionales y la expansión del ecosistema digital vienen debilitando el discurso oficial del gobierno cubano y la capacidad ordenadora del imaginario revolucionario. Al mismo tiempo, la pluralización del malestar y la multiplicación de repertorios de crítica desbordan la polarización castrismo/anticastrismo, reconfiguran el campo opositor y abren disputas sobre el sentido de la nación dentro y fuera de la isla.

Pensar el imaginario político cubano contemporáneo exige entrar en un terreno donde las palabras parecen haber perdido la solidez que tuvieron durante décadas. El vocabulario de la Revolución –soberanía, pueblo, igualdad, justicia social– ya no opera como gramática compartida ni como horizonte de sentido capaz de organizar la experiencia social. Su potencia aglutinadora se encuentra atravesada por fracturas internas asociadas a una crisis económica prolongada, la expansión de las desigualdades, nuevas sociabilidades mediadas por el ecosistema digital y una brecha generacional que reconfigura la sensibilidad política en la isla1. La erosión del consenso proviene tanto del deterioro material como de la incapacidad del relato oficial para dar cuenta de un presente que ya no puede ser narrado en los términos heredados.

Si bien la polarización es el lenguaje dominante con el que se representa la vida pública cubana –en la academia, en los medios y en las agendas políticas–, las coordenadas que ordenan este fenómeno han cambiado profundamente. El conflicto tan desigual con Estados Unidos persiste como un condicionante estructural ineludible y, al mismo tiempo, como un dispositivo simbólico que el Estado cubano reproduce para legitimar el cierre político. Sin embargo, este marco no explica por sí solo la pluralización del malestar ni la multiplicación de repertorios de crítica. Tampoco resulta suficiente el argumento contrario: reducir la crisis cubana al mero agotamiento de un régimen autoritario deja afuera la densidad histórica del proceso y sus legados emancipatorios. Entre el anticomunismo militante y el «bloqueocentrismo» exculpatorio se abre un espacio a partir del cual es posible comprender la crisis del imaginario político sin anular su complejidad.

Las transformaciones recientes –una transición que sobrepasa el alcance de las reformas– no pueden explicarse sin atender al impacto del ecosistema digital y la expansión de nuevas infraestructuras informativas. Por primera vez en seis décadas, el Estado ha dejado de monopolizar la producción y circulación de discursos públicos. La generalización de la conectividad ha producido una esfera pública fragmentada, contradictoria y transnacional que reordena el terreno de lo pensable. En ese nuevo espacio, los símbolos de la Revolución disputan visibilidad con imaginarios de prosperidad, movilidad, derechos civiles y autonomía personal. La circulación de significantes como «Patria y Vida» ‒en opción a «Patria o Muerte»‒ no solo desafía una narrativa, sino que destituye un régimen emocional y moral que durante décadas sostuvo la legitimidad oficial2.

Al mismo tiempo, el campo de disenso se ha vuelto más heterogéneo y difícil de categorizar. Convergen en él agendas radicalmente distintas: activismos culturales que reclaman libertad de creación, movimientos feministas y antirracistas, colectivos lgbti+, voces de izquierda crítica que buscan democratizar el socialismo, así como sectores conectados a proyectos de transición neoliberal con respaldo en la diáspora y en instituciones del gobierno estadounidense. La acusación indiscriminada de «mercenarismo» le ha servido al Estado para negar esa pluralidad, mientras que algunos discursos opositores reducen el malestar a la demanda de liberalización política y económica, invisibilizando memorias sociales de igualdad y justicia que siguen presentes en amplios sectores de la población. La disputa no es solo política, sino también epistemológica: qué cuenta como oposición legítima, quién tiene derecho a hablar en nombre de Cuba, qué futuro puede imaginarse desde adentro sin quedar subsumido ni por el autoritarismo estatal ni por agendas injerencistas externas.

Este texto se propone esbozar esta reconfiguración del imaginario político cubano, resaltando tres dimensiones que identifica como decisivas: (a) la pluralización del disenso y la emergencia de actores que desbordan la oposición tradicional; (b) el papel estructurante del ecosistema digital en la producción de sentidos; (c) la dimensión transnacional que enlaza la crisis interna con flujos de remesas, migración, culturas globalizadas e intervenciones externas.

Su objetivo, más que adjudicar causas simples a estas dinámicas o reinscribir la «excepcionalidad cubana», consiste en situar a Cuba como un caso límite de las tensiones regionales recientes: crisis de representación, desgaste de los proyectos hegemónicos, expansión de derechas radicalizadas y búsqueda de horizontes democráticos que no reproduzcan las lógicas del mercado ni del Estado autoritario.

La singularidad cubana

La especificidad del imaginario político cubano contemporáneo no surge como una anomalía aislada, sino como resultado de una genealogía marcada por la tensión entre emancipación y control, que atraviesa toda la historia revolucionaria3. Las disputas del presente heredan conflictos no resueltos del pasado, sedimentados en una tradición política que combina aspiraciones igualitarias, pulsiones autoritarias, dependencia estructural del exterior y un nacionalismo moldeado por la amenaza permanente de intervención estadounidense. Este sustrato histórico constituye la trama más o menos visible sobre la que se reconfiguran las percepciones actuales sobre legitimidad, soberanía y justicia.

En el ciclo que desembocó en 1959, la Revolución condensó fuerzas sociales heterogéneas en un proyecto de refundación radical. Su triunfo instauró una narrativa que, en pocos años, redefinió la vida pública: el socialismo como destino, el liderazgo carismático como eje de cohesión, la resistencia al imperialismo como mandato moral y la igualdad social como principio organizador del contrato nacional. Más que una elaboración ideológica, ese imaginario fue un proyecto de transformación estructural que alteró profundamente la economía, la movilidad social y las identidades colectivas, configurando un ethos igualitarista que marcó la sensibilidad política de varias generaciones.

Desde sus inicios, sin embargo, la narrativa revolucionaria estuvo atravesada por varias paradojas. El impulso a la participación popular coexistió con la construcción de un aparato estatal altamente centralizado; el internacionalismo solidario se desarrolló en paralelo a una creciente dependencia económica del bloque soviético; la defensa de la soberanía nacional se articuló con mecanismos de vigilancia y disciplinamiento que restringieron la pluralidad política. Mientras el crecimiento económico y la protección social mantuvieron su vigor, el modelo cubano pudo navegar esta tensión. Pero la crisis estructural del «Periodo Especial» ‒tras la caída del bloque soviético‒ fracturó ese equilibrio y abrió un proceso persistente de desajuste entre el relato oficial y las experiencias cotidianas de la población.

La desaparición del campo socialista y la inserción de Cuba en un orden global neoliberal profundizaron ese desacomodo. La reapertura parcial al mercado, el peso creciente del turismo y de las remesas, y la dolarización segmentada de la economía reintrodujeron desigualdades que erosionaron el consenso simbólico construido durante décadas. Lejos de desmontar el relato fundacional, el Estado lo reforzó, ampliando el desfase entre discurso y realidad, lo que debilitó su capacidad de producir adhesión.

En esa coyuntura, el nacionalismo revolucionario debió redefinir sus dispositivos de legitimación. La resistencia frente a las sanciones estadounidenses permaneció como pilar ideológico, pero la apelación al sacrificio colectivo perdió eficacia, especialmente entre generaciones socializadas sin la épica inicial ni las certezas materiales del periodo soviético. Los valores asociados a la autonomía individual, la movilidad social y el consumo comenzaron a tensionar la cultura política igualitarista, generando desplazamientos que hoy atraviesan el imaginario político: el ethos del deber revolucionario convive con aspiraciones individualizadas de bienestar, articuladas de manera desigual a partir de la clase, la adscripción racial, el territorio y la generación4.

La nueva Constitución de 2019 simbolizó esta encrucijada histórica. Al abandonar explícitamente el horizonte del comunismo, reconocer la economía mixta y definir el país como «Estado socialista de derecho», el gobierno buscó actualizar el pacto político sin desmontar los pilares del control institucional. Aunque incorporó derechos largamente demandados, mantuvo el monopolio del partido único y los mecanismos que restringen la deliberación pública. El resultado es un marco constitucional híbrido, en el que la aspiración a un orden jurídico moderno convive con prácticas de gestión política propias de una cultura estatal autoritaria, exponiendo las fisuras internas del imaginario revolucionario.

La «singularidad cubana» deriva, así, de la interacción histórica entre tres factores: la persistencia de un conflicto geopolítico excepcional en la región, que condiciona la posibilidad de reformas profundas; una trayectoria de igualitarismo social que configuró expectativas difíciles de desmontar; y una estructura institucional que, al resistirse a la pluralización política, produce un déficit creciente de representación. En este entrecruzamiento, el imaginario revolucionario deja de operar como horizonte compartido y se transforma en un repertorio en disputa, atravesado por expectativas divergentes que van desde la demanda de reformas de mercado hasta la democratización socialista, pasando por la salida migratoria como respuesta individual al agotamiento del horizonte de vida.

Crisis estructural y debilitamiento del consenso

La configuración histórica examinada desemboca en una crisis estructural que trasciende las coyunturas económicas y revela un agotamiento del modelo de legitimidad construido desde 1959. No se trata únicamente de fallas de gestión o errores de política pública. Lo que está en juego es la capacidad del proyecto socialista para seguir organizando sentidos, encauzar expectativas y producir adhesión colectiva. Cuando las promesas fundantes dejan de ofrecer horizontes creíbles, el consenso se erosiona por capas y las reformas pierden su eficacia.

La dimensión económica constituye el punto más visible de esta erosión, aunque no su causa exclusiva. La planificación centralizada, mantenida incluso tras el «Periodo Especial», había mostrado tempranamente sus limitaciones estructurales5. Los intentos de «actualización del modelo económico-social» introdujeron mecanismos de mercado sin transformar sus fundamentos. La «Tarea Ordenamiento», proclamada en 2021, condensó estas tensiones: aceleró la inflación, amplió brechas salariales, debilitó la capacidad adquisitiva del sector estatal y trasladó el costo del ajuste a los hogares6. El deterioro de la vida cotidiana se consolidó, así, como un dispositivo de desafección política, pues la frustración económica toca el núcleo del pacto fundacional: la igualdad material como base de legitimidad.

Esta fractura económica se entrelaza con una clausura política persistente. El sistema de partido único, concebido como garante de cohesión y continuidad, es hoy una fuente de inmovilismo. Los canales formales de participación resultan insuficientes para procesar el conflicto social y la deliberación pública se reduce, en muchos casos, a rituales de confirmación. En paralelo, la creciente gravitación de la elite político-militar en la definición de políticas económicas y en el control de sectores estratégicos refuerza dinámicas corporativas que amplían la distancia entre las instituciones y la ciudadanía.

La desconexión entre discurso y experiencia se amplifica en la dimensión social. La desigualdad dejó de percibirse como anomalía transitoria y se constituyó en rasgo estructural: diferencias territoriales, raciales y generacionales atraviesan el acceso al empleo, la vivienda, las remesas y la conectividad7. Mientras algunos sectores amortiguan la crisis mediante apoyos transnacionales, otros –en particular, personas racializadas, mujeres con responsabilidades de cuidado y habitantes de zonas periféricas– experimentan esta redistribución regresiva como una pérdida de derechos previamente garantizados8.

En el plano ideológico, el desgaste se expresa en la pérdida de capacidad aglutinadora de los significantes centrales del relato estatal. La apelación a la continuidad, la heroicidad o la resistencia convive hoy con un escepticismo extendido. La retórica del sacrificio ya no interpela a una ciudadanía socializada en la incertidumbre económica y en la circulación de referentes globales de consumo y bienestar. Categorías como «contrarrevolucionario», antes eficaces para delimitar el campo político, funcionan ahora como mecanismos de exclusión –como un «algoritmo de deslegitimación»9– que inhiben el debate y debilitan la agencia de actores críticos, lo que erosiona la capacidad del discurso oficial para reconstruir un horizonte inclusivo.

A este cuadro se suma el impacto de la emigración masiva. La salida de cientos de miles de cubanos constituye menos un fenómeno demográfico que un plebiscito tácito sobre la viabilidad del modelo político y económico. Las familias se tornan espacios transnacionales donde circulan recursos, expectativas y referencias culturales que compiten con la narrativa estatal. Para amplios sectores jóvenes, la experiencia migratoria se vuelve un horizonte de posibilidad más verosímil que la promesa revolucionaria, lo que reconfigura la noción misma de ciudadanía y pertenencia.

El factor externo, aunque decisivo, opera no obstante de manera ambivalente. El recrudecimiento de las sanciones estadounidenses intensifica los efectos materiales de la crisis y restringe la capacidad de maniobra económica del país. Al mismo tiempo, su instrumentalización política alimenta un círculo vicioso: la hostilidad externa se invoca para justificar la ausencia de reformas estructurales, y esta ausencia refuerza la dependencia del discurso antiimperialista como fuente de legitimación. Esta dinámica obstaculiza la construcción de una cultura política capaz de reconocer simultáneamente los daños reales del bloqueo y las responsabilidades internas del Estado.

Todas estas dimensiones convergen en la pérdida de capacidad del imaginario revolucionario para ordenar la experiencia social y establecer acuerdos mínimos sobre el futuro. El consenso se erosiona en su núcleo mismo cuando la igualdad deja de figurar como promesa plausible, la soberanía se percibe como abstracción desvinculada de la vida cotidiana y la participación se vacía de eficacia política. En ese vacío emergen nuevas gramáticas –individualistas, comunitarias, religiosas, artivistas o tecnopolíticas– que compiten por definir la posibilidad misma de imaginar Cuba.

Esta crisis estructural no anuncia necesariamente un colapso inmediato, pero sí un punto de inflexión. La legitimidad ya no puede sostenerse en la combinación clásica de épica, bienestar social y disciplina política. El deterioro del consenso es, a la vez, síntoma del agotamiento del proyecto revolucionario y condición para la emergencia de nuevas formas de imaginación política que desbordan los marcos heredados.

Reconfiguración del campo político

La crisis estructural no solo ha erosionado el consenso revolucionario, también ha reconfigurado las fronteras mismas del campo político. El espacio del disenso –durante décadas reducido a una zona vigilada, deslegitimada y narrada desde la excepcionalidad– se ha vuelto más visible, plural y difícil de encapsular en categorías binarias. La oposición opera hoy como un mosaico de actores con trayectorias, valores y estrategias heterogéneas que tensionan el orden político sin converger en un horizonte común.

Ese mosaico se articula en tres dinámicas simultáneas: la diversificación interna del disenso; la expansión de actores que, sin asumirse como oposición, cuestionan dimensiones estructurales del orden instituido; y la persistencia de un aparato estatal que responde de forma homogénea a fenómenos profundamente disímiles. El resultado es un campo político cada vez más poroso, donde las líneas de conflicto se desplazan del eje ideológico clásico revolución/contrarrevolución hacia disputas alrededor de la autonomía, los derechos, el reconocimiento y la legitimidad10.

La primera transformación relevante es la pluralización del disenso político explícito. Coexisten organizaciones y plataformas vinculadas al exilio cubanoestadounidense y a la agenda de Washington, centradas en la lógica del «cambio de régimen», con colectivos y voces críticas que emergen dentro de la isla, cuyo horizonte no es la restauración capitalista, sino la ampliación de derechos y la apertura institucional. Mientras los primeros cuentan con infraestructura mediática y recursos transnacionales que amplifican sus discursos, los segundos elaboran lenguajes anclados en la experiencia cotidiana: denuncias de violencia institucional, reclamos contra la censura, demandas de autonomía cultural y propuestas redistributivas orientadas a reactivar la promesa de justicia social.

A este mapa se suma un tercer polo que desborda cualquier taxonomía rígida: las izquierdas críticas. Estas incluyen a intelectuales, periodistas y colectivos culturales que, desde posiciones socialistas o autogestionarias, cuestionan simultáneamente las derivas autoritarias del gobierno y la captura neoliberal del malestar social. Su intervención articula derechos civiles, igualdad material y soberanía nacional-popular, interpelando el núcleo ético del proyecto revolucionario. Su presencia confirma que el campo del disenso no puede reducirse a la polarización entre oficialismo y anticastrismo, y que una parte sustantiva del pensamiento crítico cubano busca una salida al binarismo que ha ordenado la política por más de medio siglo.

La segunda dinámica involucra a actores que no se definen como oposición, pero que producen efectos de contestación. Movimientos feministas, redes antirracistas, colectivos lgbti+, agrupaciones ambientales y proyectos comunitarios desplazan el conflicto hacia dimensiones que el universalismo estatal tendió a subsumir bajo la igualdad abstracta. Al visibilizar discriminaciones, violencias estructurales y déficits de reconocimiento, estos actores erosionan el monopolio estatal sobre la definición de justicia y ciudadanía, aun cuando no articulen estrategias clásicas de confrontación política.

La tercera dinámica se expresa en el campo cultural y mediático de la contraesfera pública. El artivismo –visible en experiencias como el Movimiento San Isidro o el 27n, o en campañas simbólicas como #LaBanderaEsDeTodos– opera como laboratorio de lenguajes políticos que combinan estética, performance y protesta11. Al cuestionar la apropiación oficial de los símbolos nacionales, estas prácticas desplazan la disputa del terreno institucional al de la sensibilidad cotidiana. En paralelo, medios como El Estornudo, Periodismo de Barrio, El Toque u OnCuba producen narrativas que documentan desigualdades, violencias y contradicciones sistémicas; amplían así el repertorio de lo decible y erosionan el monopolio informativo del Estado. Aunque no todos estos proyectos se autodefinen como opositores, el simple hecho de narrar la realidad sin mediación estatal los sitúa en una zona de conflicto permanente12.

La respuesta gubernamental a esta diversificación ha sido, sin embargo, relativamente uniforme: vigilancia, campañas de descrédito, detenciones selectivas, regulaciones restrictivas y uso de figuras penales ambiguas, reforzadas por el nuevo Código Penal (2022). Al tratar como equivalentes fenómenos tan distintos como el artivismo cultural, el periodismo crítico o la protesta social localizada, el Estado elimina la posibilidad de procesar demandas legítimas y contribuye a profundizar la polarización y la desafección política.

Este proceso se ve atravesado, además, por tensiones internas en el propio campo crítico. Una línea de conflicto particularmente relevante enfrenta a sectores del exilio radical con las izquierdas críticas autónomas, a las que se acusa alternativamente de reformismo o de subordinación a agendas externas. Estas disputas, lejos de ser un síntoma de debilidad, expresan un ecosistema político en transformación, en el que las lealtades heredadas ya no ordenan la acción colectiva.

El resultado es un campo opositor expandido, transversal y contradictorio, cuya potencia política reside precisamente en su heterogeneidad. La crítica se ha normalizado y los criterios de legitimación ya no se distribuyen en función de la adhesión al relato revolucionario, sino de la capacidad de articular diagnósticos verosímiles y prácticas conectadas con la vida cotidiana. El disenso dejó de ser excepción para convertirse en un elemento constitutivo del espacio público, aun cuando el gobierno se resista a reconocerlo. Lo que está en disputa no es la alternancia política, inviable bajo el actual diseño institucional, sino el monopolio estatal sobre la definición de Cuba y su futuro.

Ecosistema digital y esfera pública

Esta reconfiguración del campo político constituye la plataforma desde la cual se despliegan los fenómenos vinculados al ecosistema digital. Su reciente expansión en Cuba no puede entenderse como una mera modernización tecnológica. Su impacto quebró el monopolio estatal sobre la opinión pública y habilitó la emergencia de actores antes invisibilizados –ciudadanos comunes, colectivos, periodistas y plataformas transnacionales– que reordenan el mapa del disenso. La entrada masiva a internet desde 2018 transformó no solo las rutinas comunicativas, sino también la forma en que amplios sectores de la población imaginan el país y proyectan sus expectativas de futuro.

Durante casi seis décadas, el Estado administró de manera centralizada la producción simbólica, articulando prensa, televisión, cine, instituciones culturales y sistemas de difusión en torno de un ideal de unidad nacional que convertía la divergencia en amenaza. La conectividad operó como una fisura en esa arquitectura –ya erosionada desde los años 90– y abrió un pluralismo de facto que ninguna reforma institucional había permitido. No se trató únicamente de acceder a contenidos globales, sino de habilitar la producción autónoma de significados y la emergencia de subjetividades políticas no reguladas por el aparato estatal.

Esta apertura no comenzó con la internet móvil. Experiencias previas, como el «paquete semanal»13 y las redes barriales de conexión, revelaron la capacidad social de construir infraestructuras informativas paralelas. Estas prácticas anticiparon la lógica colaborativa de la esfera digital posterior y funcionaron como formas de sociabilidad autogestionada. El desmantelamiento de estas redes en 2019 –pese a no constituir espacios opositores– evidenció la desconfianza estatal hacia cualquier forma de comunidad autónoma con capacidad de producir vínculos y sentidos compartidos.

Con la generalización del acceso móvil, la conexión adquirió una dimensión política inmediata. Miles de ciudadanos comenzaron a registrar y difundir episodios de represión, escasez, apagones, corrupción y deterioro de servicios básicos. Este flujo de testimonios produjo una contraesfera pública, donde la experiencia cotidiana se convirtió en evidencia política14. La población dejó de depender de la prensa oficial para narrar su realidad y comenzó a contrastar versiones y a disputar silencios, lo que debilitó la autoridad comunicacional del Estado.

Esta contraesfera no se limita a la denuncia, pues artistas, activistas, periodistas y expertos han creado espacios híbridos que articulan diagnósticos complejos sobre economía, desigualdad, racismo, género, ecología o derechos laborales. La política dejó de estar confinada a marcos institucionales y se produce hoy en entornos digitales donde conviven lenguajes técnicos, artísticos y populares, lo que amplía los repertorios de intervención pública.

Las protestas del 11 de julio de 2021 condensaron esta transformación. Las movilizaciones no dependieron de una organización previa ni de una agenda articulada desde el exterior, sino del entrelazamiento entre precariedad material, agotamiento social y una cultura digital que permitió difundir convocatorias espontáneas, documentar la represión y crear una memoria colectiva compartida. El ecosistema digital actuó como catalizador de demandas diversas –económicas, políticas y simbólicas– que, ante la ausencia de canales institucionales efectivos, se expresaron en la calle. La reacción estatal confirmó que el ámbito digital se ha convertido en uno de los principales frentes de disputa, mediante cortes de internet, vigilancia y persecución penal selectiva.

La interpretación de estos acontecimientos ha sido objeto de controversias. Una lectura los inscribe en la lógica de la «guerra híbrida», subrayando el rol de plataformas externas, financiamiento estadounidense y agendas transnacionales. Otra destaca la agencia ciudadana y la capacidad de las redes para ampliar márgenes de autonomía y producir horizontes democráticos desde abajo15. Ambas miradas captan dimensiones reales: existen estrategias de injerencia digital, pero también una ciudadanía que utiliza las tecnologías para disputar la definición de lo público.

De manera más general, la política estatal frente al fenómeno digital se caracteriza por una ambivalencia persistente. Mientras promueve la informatización y la alfabetización tecnológica, despliega dispositivos de control orientados a recentralizar un espacio que escapa a los repertorios tradicionales del gobierno. Esta tensión produce una forma de autoritarismo digital que convive con usos alternativos de las tecnologías, lo que configura un campo atravesado por la disputa permanente entre vigilancia y autonomía.

El ecosistema digital, a su vez, amplifica desigualdades preexistentes. El costo de la conexión, la calidad irregular del servicio y las brechas de alfabetización tecnológica condicionan la participación. La visibilidad digital se distribuye de manera desigual, privilegiando a sectores urbanos y con mayor capital cultural mientras otros permanecen subrepresentados. La esfera pública digital amplía la pluralidad, pero también reproduce las distorsiones estructurales de la sociedad cubana.

Con todo, lo decisivo es que las redes dislocaron el vínculo tradicional entre Estado, ciudadanía e información. La política se volvió un proceso distribuido y polifónico, donde la autoridad narrativa se disputa en tiempo real. La identidad nacional, antes producida fundamentalmente desde arriba, se reinscribe ahora en comunidades digitales transnacionales que desdibujan la frontera entre el adentro y el afuera.

Fronteras porosas y disputas de sentido

La crisis del imaginario político cubano no puede comprenderse únicamente desde el interior de la isla. Desde hace tiempo, la nación se inscribe en un orden transnacional donde confluyen presiones externas, redes migratorias, flujos culturales, dispositivos de injerencia y formas de resistencia que desbordan el espacio estatal. La apertura de las últimas décadas ‒que incluye los viajes de los cubanos al exterior‒ ha configurado una constelación compleja de actores y fuerzas que intervienen en la vida política y simbólica del país, reconfigurando identidades, expectativas y horizontes de futuro.

La hostilidad estructural de la política estadounidense constituye el eje más persistente de esta dimensión. Más que un factor externo, opera como un marco que condiciona las decisiones económicas, moldea la narrativa estatal y estructura el campo político en clave de confrontación. El bloqueo –material y simbólico– constriñe el desarrollo y afecta severamente la vida cotidiana, al tiempo que ha sido instrumentalizado por el gobierno para justificar controles internos, reforzar la retórica de plaza sitiada y desplazar responsabilidades en contextos de crisis. Esta instrumentalización no anula la gravedad del cerco, sino que evidencia el entrelazamiento entre política interna y política exterior.

En este escenario, la diáspora cubana se ha convertido en un actor decisivo. La coexistencia de múltiples generaciones –desde el exilio anticastrista histórico hasta los nuevos emigrados marcados por la precariedad y la búsqueda de proyectos de vida viables– configura un campo transnacional atravesado por fracturas políticas, generacionales, raciales y económicas. Mientras sectores del exilio tradicional mantienen influencia sobre la política estadounidense y promueven estrategias de cambio de régimen, redes migratorias más recientes sostienen vínculos densos con la isla a través de remesas, cuidados y circuitos digitales que no se alinean necesariamente con agendas radicalizadas.

La migración ha dejado de ser solo un gesto político para convertirse en una estrategia de supervivencia y de búsqueda de dignidad material. Este desplazamiento simbólico se articula con el impacto desigual de las remesas, que reproducen y profundizan brechas raciales y territoriales preexistentes. La diáspora funciona así no solo como sujeto político, sino como estructura de desigualdad que redefine el espacio doméstico y reconfigura la noción misma de ciudadanía, cada vez más transnacional.

Los cambios recientes en la política estadounidense hacia Cuba han profundizado esta vulnerabilidad. Las restricciones a viajes y remesas, la presión sobre empresas nacionales y extranjeras y la reinstalación de Cuba en listados punitivos han incrementado la incertidumbre material. Esta inestabilidad económica incide directamente en la imaginación política de una ciudadanía para la cual la movilidad se ha incorporado como horizonte de vida posible, y no como excepción.

A este entramado se suma la globalización cultural, que reconfigura deseos y referencias simbólicas, en particular entre las generaciones jóvenes. La circulación de productos culturales y estéticas de consumo convive con memorias igualitarias y tradiciones antiimperialistas que persisten como componentes del imaginario nacional. Esta convivencia no se resuelve en una síntesis, sino que produce tensiones constantes entre aspiraciones de prosperidad individual, lealtades colectivas y discursos de justicia social.

Las redes transnacionales de activismo, comunicación y financiamiento añaden otra capa de complejidad. Organizaciones de derechos humanos, plataformas digitales, programas de «democracia» financiados desde el exterior, iniciativas artísticas y proyectos solidarios de distinto signo intervienen en la esfera pública cubana desde posiciones divergentes. Estas redes amplían los lenguajes disponibles, pero también introducen agendas que pueden fortalecer la autonomía cívica o subordinarla a lógicas geopolíticas ajenas. Conceptos como «transición», «democratización» o «derechos humanos» circulan en este espacio sin significados estables y son disputados por actores con legitimidades desiguales.

Creadores de contenido, periodistas y activistas radicados en Miami, Madrid o Ciudad de México disputan sentidos con actores situados en la isla, y esto configura un espacio híbrido donde se desdibujan las fronteras entre adentro y afuera. El imaginario político se redefine así en una esfera descentralizada, donde la pertenencia nacional se vuelve móvil y relacional, más diaspórica que territorial.

La reconfiguración transnacional del imaginario cubano no se reduce, por tanto, ni a la presión externa ni a la diáspora como actor político homogéneo. Involucra la construcción de una comunidad ampliada, atravesada por flujos de afectos, recursos y disputas ideológicas. En este contexto, la defensa de la soberanía y la democratización ya no pueden formularse en términos binarios. Deben pensarse frente a las lógicas del mercado global, las plataformas tecnológicas y la captura de agendas políticas por intereses externos, sin perder de vista las memorias sociales y las aspiraciones de justicia que siguen estructurando, de manera conflictiva, la imaginación política cubana.

Transformaciones del imaginario político

El imaginario político cubano atraviesa una mutación que no puede reducirse ni a la erosión del relato revolucionario ni a la emergencia de un anticastrismo más visible. Lo que se reconfigura es el conjunto de marcos simbólicos que durante décadas organizaron la relación entre ciudadanía, Estado, nación y proyecto social. Este desplazamiento opera de manera simultánea en distintos planos de la experiencia social y se caracteriza por la incapacidad de los lenguajes heredados para ordenar de forma estable las expectativas colectivas. Cuba transita así un momento de indefinición productiva: se agotan sentidos históricos sin que se hayan cristalizado nuevos consensos hegemónicos.

La Constitución de 2019 refleja este desplazamiento al formalizar una transición que ya venía operando en el plano social y simbólico. Sin resolver las tensiones estructurales del sistema político, consagra un reordenamiento del horizonte normativo que evidencia el agotamiento de la épica del sacrificio y de la retórica de la resistencia como matrices capaces de dotar de sentido a la vida cotidiana. La precariedad persistente, el aumento de las desigualdades y la sensación de estancamiento erosionan la capacidad del imaginario revolucionario para seguir funcionando como principio articulador del consenso.

En este contexto, las tensiones entre estatismo y autonomía se intensifican. La ampliación de actores económicos no estatales y la descentralización parcial de la gestión económica abrieron grietas en la hegemonía simbólica del Estado sin dar lugar a un nuevo pacto social. La ciudadanía experimenta estas transformaciones como posibilidad de agencia material y, al mismo tiempo, como evidencia del debilitamiento de la igualdad como principio organizador. El imaginario socialista no desaparece, pero deja de estructurar los sentidos comunes y entra en disputa con aspiraciones de prosperidad, movilidad y autonomía que expresan, antes que una adhesión doctrinaria, una búsqueda de dignidad en condiciones de escasez prolongada.

El campo cultural se convierte en uno de los principales espacios de esta disputa simbólica. La resignificación de emblemas y lenguajes –como ocurrió con Patria y Vida– no puede leerse solo como provocación política ni como consumo cultural despolitizado. Funciona como un laboratorio de imaginación política donde se ensayan nuevas formas de pertenencia, de narración de la experiencia cubana y de interpelación a lo público, desplazando la centralidad estatal en la producción de sentido.

Las protestas del 11 de julio condensaron estas transformaciones. No inauguraron el descontento, pero sí evidenciaron el agotamiento del imaginario revolucionario como dispositivo de contención del conflicto. La articulación entre demandas materiales urgentes y reclamos de derechos y libertad expresó una mutación decisiva: la igualdad ya no puede pensarse sin derechos, ni los derechos sin justicia social. En ausencia de canales institucionales efectivos, esa síntesis solo pudo emerger de manera disruptiva.

En su conjunto, estas transformaciones no implican un vaciamiento del imaginario político, sino su pluralización conflictiva. El nacionalismo se resignifica más allá del Estado; el antiimperialismo persiste como sensibilidad crítica sin monopolio oficial; los imaginarios de mercado y movilidad se expanden sin consolidar una narrativa dominante. En este campo abierto coexisten posibilidades emancipatorias y riesgos reales de captura, tanto por lógicas neoliberales como por nuevas formas de autoritarismo.

Lo decisivo es que el horizonte político cubano ya no se organiza desde un centro único ni desde una verdad incuestionable: se construye en la disputa. Imaginar un futuro común exige articular democratización y justicia social como condiciones recíprocas de posibilidad.

Wilder Pérez Varona: es doctor en Filosofía, investigador del Instituto de Filosofía de Cuba y becario posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina, con sede en la Universidad Nacional de Quilmes (unq). Es coordinador de la editorial El Colectivo.

Palabras claves: ecosistema digital, imaginario político, protestas, revolución, Cuba.

1. Carmelo Mesa-Lago: «La economía de Cuba en tiempos de crisis: 2020-2022 y perspectivas para 2023» en La Joven Cuba, 3/1/2023; María del Carmen Zabala: «Una lectura de la vulnerabilidad social y de las políticas para su atención desde el enfoque interseccional en el contexto cubano actual» en palara (Publication of the Afro-Latin/American Research Association) vol. 27, 2024.

2. Este contraeslogan se popularizó en la canción del mismo nombre interpretada por Descemer Bueno. V. video en YouTube, <www.youtube.com/watch?v=pp9bto5loeq>.

3. Boaventura de Sousa: «¿Por qué Cuba se ha vuelto un problema difícil para la izquierda?» en Otra Economía vol. 3 No 4, 2009.

4. Sobre el desplazamiento desde el ideal del «hombre nuevo» hacia sociabilidades marcadas por el consumo y la desigualdad, v. Velia Cecilia Bobes (ed.): Cuba: ¿ajuste o transición?, Flacso México, Ciudad de México, 2015; Mauricio de Miranda Parrondo (ed.): Cuba: sociedad, cultura y política en tiempos de globalización, Pontificia Universidad Javeriana, Cali, 2003.

5. Sobre los límites históricos de la descentralización en Cuba, v. Julio César Guanche: Estado, participación y representación políticas en Cuba. Diseño institucional y práctica política tras la reforma constitucional de 1992, Clacso, Buenos Aires, 2013; Juan Valdés Paz: La evolución del poder en la Revolución cubana vol. ii, Fundación Rosa Luxemburgo, Ciudad de México, 2018; W. Pérez Varona: «Estado, crisis y reforma en Cuba» en Crítica y Resistencias No 16, 2023.

6. Sobre la «Tarea Ordenamiento» y sus efectos en términos de pobreza laboral e inflación, v. Jencky M. Campos Alfonso y Francisco García: «Política de ‘Ordenamiento Monetario’ en Cuba 2021-2023 y sus efectos» en EntreDiversidades. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades vol. 21, 2024.

7. Geydis Fundora Nevot: «La estructura socioclasista cubana entre 2008 y 2018. Diferentes aproximaciones a un contexto sui generis» en Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina vol. 9 No 1, 2021.

8. Sobre la «refamiliarización» y «refeminización» del bienestar en el contexto de crisis, v. Elaine Acosta (coord.): Crisis de cuidados, envejecimiento y políticas de bienestar en Cuba, Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, 2020; Cuido60 et al.: «Mujeres cubanas en condiciones particulares y la crisis multifactorial en Cuba», 9/2024, disponible en Repositorio 4Métrica, <https://repositorio.4metrica.org/handle/001/260>.

9. Para el análisis del «algoritmo» de deslegitimación del disenso, v. J.C. Guanche: «Enfoques para abordar las protestas del 11j en Cuba» y Alexander Hall: «Descolonizar el socialismo en Cuba», ambos en A. Hall (coord.): Cuba 11j. Perspectivas contrahegemónicas de las protestas sociales, cehus, Buenos Aires, 2024.

10. Sobre la pluralización del campo opositor y sus tensiones internas, v. Constanza Mazzina y Pedro Isern (comps.): La disidencia cubana: Experiencias y aprendizajes para la democratización, Dunken, Buenos Aires, 2023; y V.C. Bobes: Protestas en Cuba: más allá del 11 de julio, Flacso México, Ciudad de México, 2024.

11. Ted A. Henken: «Del Movimiento San Isidro a ‘Patria y Vida’: ¿quién controlará la revolución digital cubana?» en Revista Foro Cubano vol. 2 No 2, 2021.

12. Un ejemplo reciente de esta tensión es la intensa controversia en torno de la tasa representativa del mercado informal publicada diariamente por El Toque. En un contexto de severa crisis inflacionaria y ante la ausencia de un mercado cambiario oficial, este indicador se ha convertido en la referencia de facto para la economía doméstica y privada. El gobierno cubano ha escalado su ofensiva contra el medio, acusándolo de emplear algoritmos manipulados para inducir artificialmente la devaluación del peso y de actuar como un instrumento de «terrorismo financiero» y «guerra económica» financiado por agencias estadounidenses para desestabilizar el país.

13. El «paquete semanal» era un servicio vendido mano en mano que entregaba aproximadamente un terabyte de contenido digital pirateado (películas, series, música, aplicaciones) almacenado en una memoria flash.

14. Luis Yaim Martínez Acebal: «¿Participación en la esfera pública digital en Cuba? Análisis del debate sobre la reforma constitucional en los foros digitales de las plataformas de noticias Cubadebate y OnCuba», tesis de maestría, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, 2020.

15. Para el debate sobre internet, ciberguerra y agencia ciudadana, v. Javier Gómez: La dictadura del algoritmo, Ocean Sur, La Habana, 2021; Keith Bolender: Manufacturing the Enemy: The Media War Against Cuba, Pluto Press, Londres, 2019; Ted A. Henken y Sara García Santamaría (eds.): Cuba’s Digital Revolution: Citizen Innovation and State Policy, University Press of Florida, Gainesville, 2021; y V.C. Bobes: Protestas en Cuba: más allá del 11 de julio, cit.

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Más allá del negacionismo: el ocultamiento del cambio climático

Hugues Draelants

¿Por qué el conocimiento científico no desencadena la acción política necesaria? Más allá de la negación o la impotencia, la causa puede estar más profundamente arraigada en la ocultación estructural de nuestras condiciones de existencia. Por eso no funcionan los abordajes «pedagógicos», es decir, la fuerte tendencia de la modernidad a transformar los problemas políticos y económicos estructurales en retos educativos individuales.

Al ocultar los flujos materiales y fragmentar nuestra percepción del mundo, la modernidad capitalista ha creado un sistema en el que la gente tiene cierta conciencia de la catástrofe sin ser capaz realmente de pensarla. Contra este «sistema de invisibilidad», no basta con informar, sino que hay que restaurar nuestra capacidad de ver y sentir los vínculos rotos.

La paradoja de la hipervisibilidad

Nunca antes una catástrofe había sido tan anunciada, documentada y modelizada. Desde hace décadas, los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (ipcc, por sus siglas en inglés) se acumulan con una precisión cada vez mayor, las curvas de temperatura se disparan y las cumbres internacionales (cop) saturan el espacio mediático. El cambio climático se ha vuelto omnipresente: está en todas partes, en nuestras pantallas, en los discursos políticos y en el centro de las angustias contemporáneas. Aparentemente, vivimos en un estado de alerta discursiva permanente.

Sin embargo, esta saturación de información apenas se traduce en una acción colectiva a la altura del desafío. Lo que es más preocupante, tras una fase de movilización ciudadana, asistimos ahora a un retroceso, incluso a una reacción hostil. Como documentan unos 40 investigadores reunidos bajo la dirección de Laure Teulières, Steve Hagimont y Jean-Michel Hupé en Greenbacklash, las políticas ecológicas suscitan hoy en día una resistencia activa, alimentada por un sentimiento de injusticia o de desposesión1. Esta reacción violenta pone de manifiesto el fracaso de la estrategia dominante: la acumulación de pruebas científicas no basta para crear consenso político.

Ante esta inercia, nuestras sociedades han desarrollado un reflejo casi pavloviano: convertir la educación en la solución. En cuanto surge un problema social, se impone la consigna: «hay que educar». Es lo que los investigadores denominan «educacionalización»: la fuerte tendencia de la modernidad a transformar los problemas políticos y económicos estructurales en retos pedagógicos individuales2. Esta lógica se basa en un postulado seductor, pero engañoso: si los ciudadanos no actúan es porque no saben, o no saben lo suficiente3. Si seguimos esta lógica, bastaría con más cursos y pedagogía para iniciar la transición.

Sin embargo, esta apuesta pedagógica se estrella contra un muro. El fracaso no es cognitivo, es sistémico. Si la exigencia de saber no da resultado, es porque se basa en un diagnóstico erróneo: no sufrimos de una falta de visibilidad, sino, por el contrario, de una forma de hipervisibilidad desrealizante. El clima se ha convertido en lo que el filósofo Timothy Morton denomina un «hiperobjeto»: una entidad tan masivamente distribuida en el tiempo y el espacio que desafía nuestra comprensión humana tradicional4. El cambio climático está en todas partes y en ninguna, es viscoso e inaprensible. Tratado por el sistema mediático, se convierte en un espectáculo fragmentado, una abstracción hecha de «partes por millón» y de escenarios para 2050, que flota sobre nuestras existencias sin llegar a arraigarse en ellas.

Porque si apartamos la mirada de las pantallas para observar la materialidad de nuestra vida cotidiana, la crisis se evapora. Es cierto que las olas de calor hacen que el calentamiento global sea ahora perceptible, incluso en Europa. Pero esta experiencia sensorial a menudo carece de significado inmediato. En la gasolinera, el combustible fluye sin revelar nada de su historia geológica o geopolítica; en el supermercado, la mercancía aparece en los estantes, lavada de todo rastro ecológico. Existe, por tanto, una ruptura fundamental entre lo que sabemos (la catástrofe global) y lo que vemos (la aparente normalidad de la vida cotidiana).

Por lo tanto, nuestra inacción no es el resultado de una ceguera voluntaria, sino el producto de un sistema de invisibilidad estructural. Organizado por la modernidad capitalista, este sistema ha separado metódicamente la producción del consumo, las causas de sus consecuencias y nuestros cuerpos de su entorno. Se basa en tres pilares interdependientes –material, corporal y cognitivo– que, al reforzarse mutuamente, mantienen el statu quo de forma mucho más eficaz que la simple censura.

La materia oscura de nuestras vidas

Esta organización del olvido no es nueva, sino que es consustancial a la historia técnica de Occidente. En La servitude électrique [La servidumbre eléctrica], los sociólogos Gérard Dubey y Alain Gras identifican este proceso fundacional con el nombre de «modelo Edison»5. En el siglo xix, la electrificación consistió en sustituir los perjuicios cercanos y visibles (las lámparas de gas que ennegrecían las paredes y los pulmones) por una tecnología que parecía «limpia» y «mágica» en el punto de uso: la bombilla incandescente. Sin embargo, el truco no residía en la eliminación de la contaminación, sino en su deslocalización. Las toneladas de carbón quemadas y las escorias de la central ya no estaban en los salones burgueses, sino que se vertían, fuera de la vista, en el río cercano o en los barrios obreros. La genialidad de la modernidad fue inventar una tecnología que externaliza los efectos nocivos al tiempo que programa la ignorancia de sus usuarios.

Este modelo se ha generalizado hasta formar lo que podríamos llamar la «materia oscura» de la economía contemporánea. Al igual que en la astrofísica, esta materia invisible constituye la mayor parte de la masa de nuestro universo. Está formada por flujos metabólicos colosales, lo que el sociólogo John Bellamy Foster, releyendo a Marx, denomina «ruptura metabólica» (metabolic rift)6. Se trata de una extracción permanente de recursos y una acumulación de residuos que, aunque necesarios para nuestro confort en todo momento, se mantienen fuera del ámbito social.

Para mantener esta separación, el capitalismo se apoya en infraestructuras concebidas como «cajas negras». Como analizaba la socióloga Susan Leigh Star en sus trabajos pioneros sobre las infraestructuras, las redes técnicas (electricidad, agua, logística) se caracterizan por su incrustación (embeddedness): están «sumergidas en y dentro de otras estructuras» (sunk into and inside of other structures)7. Mientras el sistema funciona, es invisible. Ya no interactuamos con la materia, sino con interfaces sin fricciones.

El debate actual sobre la transición automotriz ofrece una actualización sorprendente del «modelo Edison». Lejos de ser una ruptura, el paso de la tecnología térmica a la eléctrica actúa como un poderoso dispositivo de reocultación. Lo que está en juego aquí no es cuestionar el balance de carbono del vehículo eléctrico (a menudo mejor que su equivalente térmico a lo largo de todo el ciclo de vida), sino la narrativa que lo acompaña. Se nos promete la sustitución de un objeto «sucio» (el tubo de escape que echa humo) por un objeto «limpio» (el coche silencioso). Este enfoque tecnooptimista permite ocultar, una vez más, la cadena de valor material: la extracción de litio, el cobalto de las minas congoleñas o la fabricación de baterías, que consume mucha energía. La contaminación no desaparece, sino que se desplaza más lejos, a las nuevas zonas de extracción del capitalismo verde.

Más profundamente, el auto eléctrico permite preservar la invisibilidad del propio «sistema automovilístico». Al centrar el debate en el motor, se naturaliza la gigantesca infraestructura necesaria para la movilidad individual: la expansión urbana, la artificialización del suelo y la dependencia del coche. La innovación tecnológica sirve aquí como bloqueo (lock-in): permite cambiarlo todo en apariencia para que, estructuralmente, nada cambie en nuestra forma de habitar el mundo.

Esta ilusión de sustitución no se limita al automóvil, sino que estructura todo nuestro relato histórico. Como ha demostrado magistralmente el historiador Jean-Baptiste Fressoz, la propia producción de conocimiento ha contribuido a esta ocultación8. Al privilegiar el relato de una «transición energética» –la idea de un paso sucesivo y sin consecuencias de una energía a otra (de la leña al carbón y luego al petróleo)–, hemos ocultado la realidad material fundamental de nuestra historia: la acumulación energética. No hemos abandonado ninguna fuente de energía; las hemos acumulado, aumentando sin cesar la huella material de nuestras sociedades. Al centrarse en análisis abstractos (precio, eficiencia), este relato ha invisibilizado el peso muy concreto de las infraestructuras y la persistencia insuperable de nuestra dependencia de los combustibles fósiles.

El privilegio de no sentir

Si el sistema nos impide ver las causas materiales, también ha remodelado nuestra capacidad para sentir sus efectos. La invisibilidad no es solo técnica, es corporal.

Tendemos a naturalizar nuestra experiencia sensorial: hace calor, por lo tanto, tengo calor. Sin embargo, la capacidad de percibir (o no percibir) la degradación del medio ambiente es una construcción social. Para comprender la inercia de las sociedades occidentales, hay que analizar lo que denominamos «privilegio sensorial». Este concepto se refiere a la capacidad, producida por costosas infraestructuras, de estar físicamente aislado de las consecuencias negativas del propio modo de vida.

El cuerpo moderno de las clases acomodadas es un «cuerpo desarraigado». Evoluciona en una vasta arquitectura de aislamiento: edificios climatizados, habitáculos insonorizados, cadenas de suministro globalizadas que ocultan las carencias locales. Esta burbuja protectora bloquea las señales de alerta que envía el medio ambiente. Esto es lo que el sociólogo Hartmut Rosa identifica como el drama de la modernidad: al querer «poner el mundo a nuestra disposición» mediante la tecnología, hemos acabado «silenciando» nuestra relación con la naturaleza9. Ya no nos afecta, ya no entramos en «resonancia» con un mundo que mantenemos distante.

Como han documentado los pioneros de la justicia medioambiental (environmental justice), como el sociólogo Robert D. Bullard, la exposición a los riesgos nunca es aleatoria10. Sigue las líneas de fractura raciales y sociales. El privilegio sensorial del Norte global se paga con la vulnerabilidad impuesta al Sur global y a las poblaciones precarias, cuyos cuerpos son los primeros receptores de la toxicidad del mundo.

Esta anestesia de los privilegiados tiene una consecuencia política importante, teorizada por Rob Nixon bajo el nombre de «violencia lenta» (slow violence)11. A diferencia de las catástrofes espectaculares que captan la atención de los medios de comunicación, la crisis climática es a menudo una violencia de desgaste, dispersa y diferida. Al desarrollarse fuera de la vista y los sentidos de quienes detentan el poder de decisión, esta violencia permanece políticamente invisible. Recibimos datos catastróficos en las pantallas, pero nuestros cuerpos siguen diciéndonos que «todo va bien». La disonancia entre el intelecto (que sabe) y los sentidos (que no sienten) es demasiado fuerte para ser superada solo con la voluntad.

Este concepto de privilegio sensorial permite esclarecer un enigma que atraviesa la educación climática: ¿por qué la educación parece eficaz en el Sur e ineficaz en el Norte? De hecho, los estudios internacionales muestran que los factores determinantes de la conciencia climática difieren radicalmente según el contexto12. En los países del Sur, directamente expuestos a la violencia material del clima, el conocimiento es una herramienta de supervivencia que favorece la adaptación concreta (cambiar las fechas de siembra, proteger el hábitat). La educación es eficaz allí porque se basa en una «prueba tangible»13. Por el contrario, en las sociedades protegidas del Norte, el conocimiento, desconectado de la experiencia carnal por nuestras infraestructuras, no conduce a la acción, sino a la polarización. Cuanto más se educa a una persona en Estados Unidos, por ejemplo, más capaz es de justificar su inacción o defender su bando ideológico14. El privilegio sensorial transforma así la ciencia en una opinión como cualquier otra, alejada de la urgencia vital.

Sin embargo, a veces esta burbuja estalla. La ilusión de invulnerabilidad se derrumba cuando el agua o el fuego traspasan los diques del privilegio, incluso en el corazón de Europa. Las mortíferas inundaciones que azotaron Bélgica y Alemania en 2021, o más recientemente la región de Valencia en España, han recordado brutalmente la materialidad del desastre. Al igual que durante el «verano negro» australiano de 2019-2020, donde no solo era el humo, sino la destrucción masiva del hábitat y la vida silvestre lo que se imponía a los sentidos. Estos acontecimientos actuaron como irrupciones de la realidad.

En estos momentos de cambio, la crisis deja de ser una abstracción estadística para volver a ser una experiencia carnal: el olor del barro, el calor insoportable, la ruina de los paisajes familiares. Estos choques sensoriales provocan invariablemente estupor y, a menudo, un estallido de solidaridad.

Pero la resiliencia del sistema de invisibilidad es formidable. Muy pronto, se pone en marcha otro mecanismo para «reparar» esta brecha e impedir que la emoción se convierta en una ruptura política duradera15. Ante esta constatación, es grande la tentación de recurrir a la educación para reparar estos vínculos rotos. Pero, como veremos, la escuela y los dispositivos de sensibilización también tienen dificultades para romper el muro de la invisibilidad.

Las artimañas de la desrealización: de la escuela al Mural

Incluso cuando intentamos romper este muro de invisibilidad mediante dispositivos pedagógicos, el sistema tiende a reconfigurarse para neutralizar la crítica. La observación de las prácticas educativas actuales, desde la escuela hasta los talleres de sensibilización, ofrece un ejemplo llamativo de ello.

La institución escolar, por su propia «forma», tiende a despolitizar el clima. Como muestran las investigaciones de campo, la escuela aborda la complejidad desde su perspectiva científica (el ciclo del carbono), pero tiene dificultades para abordar los conflictos sociales y económicos16. A menudo se limita a una «educación en pequeños gestos» (clasificar los residuos, apagar la luz) que individualiza la responsabilidad y deja en la sombra las infraestructuras productivistas. Esto tiende a transformar la ecología en una moral cívica que, además de ocultar las relaciones de producción, contribuye a agravar las desigualdades escolares al valorizar las prácticas de las familias más favorecidas17. Al valorizar un conocimiento desencarnado, la escuela participa paradójicamente en la construcción del privilegio sensorial: enseña que se puede conocer el mundo a distancia, sin sufrir sus condicionantes.

Sin embargo, otros dispositivos intentan volver a anclar el conocimiento. Es el caso de La Fresque du Climat [Mural del Clima], que se ha convertido en un fenómeno social. Mediante la manipulación de mapas y la visualización de las relaciones de causa y efecto, este taller busca «rematerializar» el conocimiento para provocar un clic18.

Pero, una vez más, el sistema de invisibilidad se resiste. Al confrontar brutalmente a los participantes con la magnitud sistémica del desastre sin ofrecer al mismo tiempo salidas políticas a la altura, el dispositivo corre el riesgo de producir una «lucidez paralizante»19. El choque cognitivo se convierte en ecoansiedad o estupefacción, a falta de palancas de acción colectiva. Vemos el problema, pero seguimos sin ver la forma de actuar sobre el sistema, lo que devuelve al participante a su impotencia individual.

La fábrica de la inconsistencia

Si la educación tropieza con estos obstáculos es porque la invisibilidad no es solo un accidente pedagógico, sino una producción política. Junto a las dimensiones material y sensorial, se necesita un tercer pilar para que el edificio se mantenga en pie: la dimensión cognitiva. Porque, a pesar de todo, la información se filtra. Para mantener el statu quo, el sistema no solo debe ocultar la realidad física, sino que debe organizar activamente nuestra incomprensión política.

Este trabajo de confusión se ha teorizado bajo el nombre de agnotología, o ciencia de la producción de la ignorancia20. Lejos de ser una simple ausencia de conocimiento, la ignorancia es aquí una construcción estratégica. Como demostraron Naomi Oreskes y Eric Conway en Mercaderes de la duda, la industria fósil ha financiado durante décadas amplias campañas de desinformación para transformar un consenso científico en una «controversia» pública21. El objetivo no era demostrar que el calentamiento global no existía, sino sembrar la duda suficiente para paralizar la decisión política.

Sin embargo, la invisibilidad cognitiva contemporánea ha mutado. Ya no se basa únicamente en la negación frontal, que se ha vuelto difícilmente sostenible, sino en una estrategia más insidiosa de saturación y fragmentación. Aquí es donde se cierra la trampa de la hipervisibilidad desrealizante antes mencionada. Como analiza el sociólogo de los medios de comunicación Maxwell T. Boykoff, el tratamiento mediático del clima tiende a presentar la crisis como una sucesión de acontecimientos episódicos y espectaculares, desconectados de sus causas estructurales22.

La ciudadanía se enfrenta a un hiperobjeto inaprensible, a la vez omnipresente y abstracto. Estamos sobreinformados, pero esta información no conduce a la comprensión: produce fatiga y cinismo.

Esta desrealización es tanto más eficaz cuanto que se basa en mecanismos de defensa identitarios. ¿Por qué, ante la evidencia, una parte de la población sigue negándose a ver? La politóloga Cara Daggett ofrece una valiosa clave de lectura con su concepto de «petromasculinidad»23. Muestra cómo el consumo de energías fósiles ha estado históricamente vinculado, en el imaginario occidental, a los ideales de autonomía, poder y virilidad. Desde esta perspectiva, reconocer la vulnerabilidad climática no es solo un costo económico, sino una amenaza existencial para una identidad construida sobre el dominio de la naturaleza. La negativa a ver se convierte entonces en una reacción defensiva violenta, un medio para proteger un mundo y un estatus social amenazados de obsolescencia.

En definitiva, estas tres dimensiones –material, corporal y cognitiva– no son barreras accidentales que se acumulan al azar. Son los órganos vitales de la modernidad capitalista. Este sistema económico, que podríamos calificar de «transversal», solo puede perdurar organizando su propia invisibilidad.

Debe ocultar la extracción para vender la mercancía (materia oscura), debe aislar a los ganadores de la globalización de los daños que causan (privilegio sensorial) y debe transformar la crítica política en angustia individual o en guerra cultural (desrealización). La inacción no es, por tanto, un fallo del sistema, sino la prueba de que funciona exactamente como estaba previsto.

Conclusión: hacia una política de revisibilización

El diagnóstico es sombrío, pero tiene el mérito de ser claro. Si la inacción climática no es un fallo accidental de la información, sino el producto de un sistema que organiza su propia ocultación, entonces la respuesta no puede limitarse a la «sensibilización». Ya no se trata solo de convencer a las mentes con gráficos, sino de transformar las condiciones materiales y sensibles de nuestra experiencia del mundo.

Precisamente por eso, el vocabulario dominante de la «transición energética» es una trampa. Como señala Fressoz, este término actúa como un mito tranquilizador: sugiere un cambio fluido y tecnocrático de un estado a otro, sin cuestionar la estructura de nuestras necesidades ni la opacidad de nuestros suministros. Creer en la transición es creer que se pueden cambiar las lámparas sin tocar la arquitectura de la casa. Sin embargo, salir de la inacción exige una ruptura mucho más radical: abandonar el ideal de un mundo «sin costuras». Es romper con lo que Geneviève Pruvost denomina la «fábrica encubierta», ese modo de existencia en el que la comodidad del más mínimo gesto (pulsar un interruptor, comprar un producto) se paga con la ocultación sistemática del trabajo de subsistencia y la materialidad del mundo24.

El reto es, por tanto, hacer realidad una política de revisibilización. Esto implica tres enormes tareas. En primer lugar, hacer visibles nuestras dependencias materiales: trazar los flujos metabólicos, rechazar la magia de la mercancía sin historia y exponer la materialidad bruta de la acumulación energética. A continuación, cuestionar las infraestructuras del privilegio sensorial que aíslan a las clases acomodadas de la realidad, con el fin de compartir de forma más equitativa la vulnerabilidad ante un mundo que cambia. Por último, construir un saber que no sea solo una abstracción científica, sino un conocimiento situado y sensible.

Esta política no estará exenta de conflictos. Existe una paradoja reveladora que frena este enfoque: las alternativas energéticas suelen ser objeto de controversia precisamente porque hacen que la energía sea visible. Nos oponemos a un aerogenerador porque marca el paisaje con su presencia industrial, mientras que aceptamos sin pestañear los oleoductos subterráneos, los petroleros en alta mar o las centrales nucleares lejanas, que tienen el buen gusto de permanecer invisibles. Este rechazo estético delata nuestro apego a la comodidad de la ocultación. Preferimos un veneno invisible a un remedio visible.

Sin embargo, esta fricción es necesaria. Una democracia ecológica no puede ser un mundo sin asperezas, donde todo funciona sin que sepamos cómo. Por el contrario, es un mundo en el que las restricciones, los límites y las consecuencias de nuestras elecciones se presentan ante nuestros ojos, aunque ello suponga herir nuestra mirada o nuestra comodidad. Para poder deliberar sobre nuestro futuro, primero debemos recuperar la vista.

Hugues Draelants: es profesor de Sociología en la Universidad Católica de Lovaina e investigador en el Grupo Interdisciplinario de Investigación sobre Socialización, Educación y Formación (girsef) de esa universidad. Especialista en desigualdades escolares y políticas educativas, ha publicado, entre otras obras, Manuel de sociologie de l’éducation (con Branka Cattonar, De Boeck, Bruselas, 2022) y L’évidence des faits (con Sonia Revaz, puf, París, 2022).

Palabras claves: cambio climático, hipervisibilidad, modernidad, ocultación, pedagogía.

Nota: la primera versión de este artículo, en francés, se publicó en la revista La Vie des Idées, 12/2025, con el título «L’occultation du changement climatique». Traducción: Pablo Stefanoni.

1. L. Teulières, S. Hagimont y J.-M. Hupé (dir.): Greenbacklash. Qui veut la peau de l’écologie, Seuil, París, 2025.

2. Paul Smeyers y Marc Depaepe (eds.): Educational Research: The Educationalization of Social Problems, Springer Science & Business Media, Dordrecht, 2009.

3. Patrick Sturgis y Nick Allum: «Science in Society: Re-Evaluating the Deficit Model of Public Understanding» en Public Understanding of Science vol. 13 No 1, 2004.

4. T. Morton: Hiperobjetos. Filosofía y ecología después del fin del mundo [2013], Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2014.

5. G. Dubey y Alain Gras: La servitude électrique: du rêve de liberté à la prison numérique, Seuil, París, 2021.

6. J. Bellamy Foster: «Marx’s Theory of Metabolic Rift: Classical Foundations for Environmental Sociology» en American Journal of Sociology vol. 105 No 2, 1999.

7. S.L. Star: «The Ethnography of Infrastructure» en American Behavioral Scientist vol. 43 No 3, 1999.

8. J.-B. Fressoz: Sans transition. Une nouvelle histoire de l’énergie, Seuil, París, 2024.

9. H. Rosa: Resonancia. Una sociología de la relación con el mundo, Katz, Buenos Aires, 2019.

10. R.D. Bullard: Dumping in Dixie: Race, Class, and Environmental Quality, Westview Press, Boulder, 1990.

11. R. Nixon: Slow Violence and the Environmentalism of the Poor, Harvard up, Cambridge, 2011.

12. Tien Ming Lee et al.: «Predictors of Public Climate Change Awareness and Risk Perception around the World» en Nature Climate Change vol. 5 No 11, 2015.

13. Francis Chateauraynaud: «L’épreuve du tangible» en Raisons Pratiques No 15, 2004.

14. Lawrence C. Hamilton: «Education, Politics and Opinions about Climate Change Evidence for Interaction Effects» en Climatic Change No 104, 2011.

15. Nicholas Bromfield, Ami Page y Kurt Sengul: «Rhetoric, Culture, and Climate Wars: A Discursive Analysis of Australian Political Leaders’ Responses to the Black Summer Bushfire Crisis» en Ofer Feldman (ed.): When Politicians Talk, Palgrave Macmillan, Londres, 2021.

16. Johanna Kranz et al.: «The (Un)Political Perspective on Climate Change in Education: A Systematic Review» en Sustainability vol. 14 No 7, 2022, art. 4194.

17. Julien Vitores: La nature à hauteur d’enfants. Socialisations écologiques et genèse des inégalités, La Découverte, París, 2025.

18. El Mural del Clima es un taller lúdico y colaborativo organizado por la asociación francesa del mismo nombre que, en tres horas, permite comprender las causas y consecuencias del cambio climático. Basado en datos científicos del ipcc, el taller usa 42 cartas –traducidas a decenas de lenguas– que los participantes deben ordenar para crear colectivamente un diagrama que representa los mecanismos del calentamiento global [n. del e.].

19. Kari Marie Norgaard: Living in Denial: Climate Change, Emotions, and Everyday Life, mit Press, Cambridge, 2011.

20. Robert N. Proctor y Londa Schiebinger (dir.): Agnotology: The Making and Unmaking of Ignorance, Stanford up, Stanford, 2008; Soraya Boudia y Emmanuel Henry: Politiques de l’ignorance, Vie des Idées / puf, París, 2022.

21. N. Oreskes y Erik M. Conway: Mercaderes de la duda. Cómo un puñado de científicos ocultaron la verdad sobre el calentamiento global [2010], Capitán Swing, Madrid, 2018.

22. M.T. Boykoff: Who Speaks for the Climate? Making Sense of Media Reporting on Climate Change, Cambridge up, Cambridge, 2011.

23. C. Daggett: «Petro-Masculinity: Fossil Fuels and Authoritarian Desire» en Millennium: Journal of International Studies vol. 47 No 1, 2018.

24. G. Pruvost: Quotidien politique. Féminisme, écologie, subsistance, La Découverte, París, 2021.

La crisis de la onu y el desorden del mundo

Giancarlo Summa

La Organización de las Naciones Unidas (onu) cumplió 80 años –y se apresta a elegir una nueva Secretaría General– en medio de una crisis del multilateralismo profundizada por el segundo gobierno de Donald Trump. Con una reducción presupuestaria producto de un recorte de las contribuciones de Washington y de otras potencias occidentales, muchos buscan que la onu vuelva a tener una función restringida, como ocurría al momento de su creación.

El 24 de octubre de 2025 se cumplió el 80o aniversario de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, cuyos 111 artículos establecen los principios fundamentales y las principales normas de funcionamiento de la Organización de las Naciones Unidas (onu): algo así como la Constitución de una nación. Esta fecha se considera tradicionalmente la del nacimiento de la organización y, en un sentido más amplio, el del sistema multilateral contemporáneo. Se trata de un hito notable, al que casi ninguna otra organización internacional ha logrado llegar; la antecesora directa de la onu, la Sociedad de Naciones, por ejemplo, duró en la práctica menos de 20 años (de 1920 a 1939, aunque no se disolvió oficialmente hasta 1946). Pero, a diferencia de los aniversarios anteriores de 50, 60 y 70 años, esta vez el ambiente no fue festivo ni de celebración. El secretario general de la onu, el portugués António Guterres, grabó un mensaje de tono sombrío. «Llevamos 80 años trabajando para forjar la paz, combatir la pobreza y el hambre, promover los derechos humanos y construir un mundo más sostenible», dijo antes de añadir: «De cara al futuro, nos enfrentamos a desafíos de magnitud asombrosa: conflictos crecientes, caos climático, tecnologías desbocadas y amenazas al tejido mismo de nuestra institución»1.

Una semana antes, Guterres había sido aún más explícito. Hablando ante la Quinta Comisión de la Asamblea General de la onu, que se ocupa de la administración de la organización, había advertido que esta se encontraba en una «carrera hacia la quiebra»2. Se refería a una quiebra financiera. A lo largo de todo 2025, el congelamiento de las contribuciones de Estados Unidos, determinado tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, y el retraso en los pagos por parte de otros grandes países, como China y Rusia, crearon una falta de fondos dramática y sin precedentes en todo el llamado Sistema de las Naciones Unidas, el conjunto de cerca de 50 agencias, fondos, programas y oficinas especializadas que a lo largo de las décadas han surgido en torno de la Secretaría (la estructura central, con sede en Nueva York, que abriga al secretario general, a la Asamblea General y sus organismos, al Consejo de Seguridad y a los varios departamentos encargados de asuntos políticos y económicos, misiones de paz, comunicación, etc.). Sin embargo, la crisis más grave de la onu es sobre todo política, y en este caso la quiebra parece ser la de su legitimidad, hoy abiertamente cuestionada por eeuu, la superpotencia mundial que hace 80 años impulsó con más fuerza su creación.

eeuu empezó a planificar una nueva organización internacional ya a finales de 1939, cuando la Segunda Guerra Mundial acababa de comenzar y el país aún estaba lejos de entrar en guerra. El presidente Franklin D. Roosevelt autorizó al entonces secretario de Estado, Cordell Hull, a comenzar estudios secretos dentro del Departamento de Estado, con el objetivo de diseñar un nuevo sistema de seguridad internacional una vez finalizada la guerra. Un periodista y economista nacido en el antiguo Imperio Ruso en una familia judía antizarista que emigró a eeuu a principios del siglo xx, Leo Pasvolsky, fue el principal animador del proyecto secreto y quien redactó el borrador de la Carta fundacional. El nacimiento de la onu, en 1945, fue un «acto de creación» deliberado por parte de un pequeño grupo de responsables políticos estadounidenses y aliados que aprendió del fracaso de la Sociedad de Naciones y diseñó una institución que equilibraba los privilegios de las potencias vencedoras con una participación más amplia y formalmente igualitaria del resto de los países3. La Carta de la Naciones Unidas, aprobada en la Conferencia de San Francisco (abril-junio de 1945), resultó así de una mezcla de idealismo («preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra», afirmar los «derechos humanos fundamentales» y reconocer la «autodeterminación de los pueblos», lo cual facilitaría el camino a los procesos de descolonización) y realismo duro (principalmente, a través del derecho de veto garantizado a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad: eeuu, la Unión Soviética, el Reino Unido, Francia y China).

En la visión original de Roosevelt, tras la victoria contra el nazifascismo, la paz estaría garantizada por la acción de «cuatro policías» globales

En la visión original de Roosevelt, tras la victoria contra el nazifascismo, la paz estaría garantizada por la acción de «cuatro policías» globales, cada uno de los cuales mantendría el orden en su respectiva zona de influencia (el Reino Unido en sus colonias y en Europa occidental, la urss en Europa oriental y la masa continental euroasiática central, China en Asia oriental y el Pacífico occidental, y eeuu en el hemisferio occidental). Pero cuando terminó el conflicto mundial (y Harry Truman asumió la Presidencia de los eeuu tras la muerte de Roosevelt, en abril de 1945), la realidad ya era otra: se anunciaba la Guerra Fría entre eeuu y la urss, el Reino Unido estaba económicamente de rodillas y China se veía sacudida por la guerra civil, que culminaría con la victoria de la revolución comunista4. Así, en sus inicios, la onu fue, de hecho, poco más que una herramienta de la política exterior de Washington. De los 51 países fundadores (entre los cuales había 20 latinoamericanos y caribeños), 42 eran aliados de eeuu, que a su vez garantizaban poco menos de 40% de la financiación de la organización (el porcentaje bajó a 33% en 1955, a 25% en 1974, y finalmente a 22% a partir de 2001).

La situación cambió gradualmente con el proceso de descolonización en África y Asia. En 1965, los Estados miembros de la onu ya eran 117 y la organización se había convertido en terreno de enfrentamiento geopolítico entre el bloque occidental y sus aliados, el bloque soviético y sus satélites, y un número creciente de países no alineados. La campaña contra el régimen de apartheid en Sudáfrica, por ejemplo, fue llevada adelante por la Asamblea General de la onu desde la década de 1960, a pesar de la protección política que el Reino Unido y eeuu ofrecían en el Consejo de Seguridad5.

Con el aumento constante del número de países miembros (que llegaron a 193 en 2011), la dinámica de funcionamiento de la Asamblea General (en la que cada país tiene un voto, independientemente de su población y su pib) y la creciente influencia de la sociedad civil global, la onu ha desarrollado progresivamente una relativa independencia de los países individuales, incluidos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad (los llamados p5). El ámbito de intervención de la onu se ha ido ampliando paulatinamente, pasando de un mandato inicial enfocado exclusivamente en la prevención de conflictos a una agenda centrada en el desarrollo sostenible, la protección de los derechos humanos, la lucha contra la crisis climática y la reducción de las desigualdades económicas, sociales y de género. Se trata de una agenda esencialmente progresista y cosmopolita que ha ido enfrentando cada vez más a la onu con eeuu, y con todos los gobiernos autoritarios y de extrema derecha6.

El gobierno del presidente Jimmy Carter (1977-1981) fue el último en pagar íntegramente y en el plazo establecido las cuotas de financiación adeudadas a la onu. El de Ronald Reagan (1981-1989), promotor de la exportación de la contrarrevolución neoliberal a escala mundial, fue muy influenciado por think tanks conservadores como la Heritage Foundation, que consideraba a la onu como un brazo propagandístico de la urss, hostil al capitalismo y trampolín para el radicalismo del Tercer Mundo. La Heritage Foundation propuso que eeuu reafirmara su control sobre la organización, condicionando el pago de sus contribuciones a la realización de ciertas «reformas» en su funcionamiento, o simplemente negándose a pagar por programas que consideraba objetables7. Al final del mandato de Reagan, Washington debía a la onu contribuciones atrasadas por un total de 495 millones de dólares, equivalentes a cerca de 1.200 millones de dólares actuales.

Después de Reagan, ninguna administración estadounidense, ni demócrata ni republicana, ha pagado íntegramente las cuotas atrasadas, y las relaciones con la onu siguen siendo complicadas y tendencialmente conflictivas. Antes de los enfrentamientos con Trump, uno de los momentos de mayor fricción se produjo durante la presidencia del demócrata Bill Clinton, quien en 1996 determinó el veto a la reelección para un segundo mandato del entonces secretario general, el diplomático egipcio Boutros Boutros-Ghali. Los funcionarios estadounidenses justificaron la decisión alegando una «pérdida de confianza» en la capacidad de Boutros-Ghali para reformar la onu, señalando los desacuerdos sobre las misiones de los Cascos Azules en Bosnia, Somalia y Ruanda, y su presión sobre Washington por el pago de más de 1.000 millones de dólares en contribuciones atrasadas. Ocho años más tarde, en 2004, bajo el mandato de George W. Bush, el presidente, el Congreso y los medios conservadores de eeuu lanzaron una violenta campaña de difamación contra el entonces secretario general, Kofi Annan, uno de los más brillantes y respetados jefes en toda la historia de la onu, pidiendo su destitución tras acusarlo de haber encubierto un escándalo de corrupción en el programa Petróleo por Alimentos en Iraq. En realidad, Annan pagó el precio de haberse opuesto a la invasión estadounidense de Iraq en 2003, al definirla como ilegal por no haber sido aprobada por el Consejo de Seguridad de la onu.

No obstante, a pesar de conflictos y tensiones, durante un cuarto de siglo, entre el final de la Guerra Fría y mediados de la década de 2010, eeuu y sus aliados europeos siguieron considerando el sistema multilateral construido en torno de la onu como un instrumento útil para alcanzar objetivos diplomáticos globales. En 2005, en una cumbre mundial convocada en ocasión del 60o aniversario de la organización, la Asamblea General aprobó la histórica Resolución 60/01, que actualizaba la misión de la onu en relación con su mandato original, afirmando que «la paz y la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos son los pilares del sistema de las Naciones Unidas y los fundamentos de la seguridad colectiva y el bienestar» y que «el desarrollo, la paz y la seguridad y los derechos humanos están interrelacionados y se refuerzan mutuamente». La resolución también creó el Consejo de Derechos Humanos y sancionó el principio de la «responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes contra la humanidad»8. Diez años después, a finales de 2015, en su 70o aniversario, la onu logró la aprobación unánime de dos hitos históricos: la Agenda 2030 (un plan global para orientar el desarrollo sostenible hasta 2030 a través de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas que integran las dimensiones económica, social y ambiental, con el fin de erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar prosperidad y paz para todas las personas) y el Acuerdo de París, con el fin de intentar limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y el consiguiente calentamiento global. Este fue, posiblemente, el canto del cisne del multilateralismo que surgió de la Segunda Guerra Mundial.

En 2016, dos acontecimientos electorales –el referéndum en el Reino Unido que decidió la salida de la Unión Europea (Brexit) y la elección de Trump– marcarían el inicio de una fase histórica de «interregno», en el sentido sugerido por Antonio Gramsci: la crisis consiste en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo aún no puede nacer; en ese intervalo, se producen los más variados fenómenos mórbidos. Este fue también el año del golpe parlamentario contra Dilma Rousseff en Brasil, que abrió el camino para la elección de Jair Bolsonaro dos años más tarde y, de hecho, cerró la fase ascendente de la «marea rosa» de los gobiernos progresistas en América Latina.

La nueva fase histórica se viene caracterizando por el creciente peso de la extrema derecha en la escena mundial

La nueva fase histórica se viene caracterizando por el creciente peso de la extrema derecha en la escena mundial, la crisis de las democracias liberales en los países occidentales, la degradación generalizada de los derechos humanos, el colapso de la globalización comercial, la explosión de la desigualdad económica y de la influencia política de los multimillonarios, la profundización de la emergencia climática, el gran crecimiento de los flujos migratorios y el deterioro progresivo de la seguridad internacional, con la multiplicación de conflictos y violaciones constantes del derecho internacional, a menudo por parte de los propios miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la onu. La utilización (o la amenaza de uso) de la fuerza bruta del poder militar volvió a ser el principal instrumento de las relaciones internacionales. Del diálogo y la negociación, las herramientas claves del multilateralismo, se regresó al unilateralismo de la acción militar9. No se trata solo del secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro en una acción militar de eeuu, de la agresión rusa contra Ucrania o de la aniquilación de Gaza y sus habitantes por parte de Israel, con la protección y ayuda de eeuu y Europa occidental, aunque estas crisis hayan puesto en evidencia la marginalización política de la onu y la impotencia del Consejo de Seguridad, paralizado por los vetos cruzados de los países con derecho a vetar. Según un estudio del Conflict Data Program de la Universidad de Uppsala (ucdp), en 2024 se produjo el mayor número de conflictos con participación de actores estatales desde 1946: se registraron 61 conflictos, que afectaron a 36 países diferentes10.

El primer gobierno de Trump (2017-2021) impulsó una política abiertamente hostil hacia la onu y el multilateralismo. Rompió con el Acuerdo de París sobre cambio climático y se retiró del Consejo de Derechos Humanos, alegando sesgo «antiisraelí» y falta de reformas. Redujo o bloqueó fondos destinados a entes como la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (unrwa, por sus siglas en inglés) –que se encarga de la ayuda a los refugiados palestinos– y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (unfpa) –especializado en derechos reproductivos y sexuales–, utilizando la financiación como instrumento de presión política. Anunció la retirada de eeuu de la Organización Mundial de la Salud (oms) en pleno apogeo de la pandemia de covid-19, cuestionando la credibilidad del sistema multilateral de salud. Retomó la línea dura histórica contra la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y amplificó el discurso de que las organizaciones internacionales erosionan la soberanía estadounidense. En la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, la retórica «America First» [eeuu primero] subordinó la cooperación multilateral a objetivos bilaterales transaccionales. El resultado fue un aumento significativo de los atrasos financieros de eeuu con la onu y un debilitamiento deliberado de normas y foros multilaterales, especialmente en derechos humanos, clima y migración.

El segundo mandato de Trump está siendo mucho más agresivo que el primero en relación con el sistema multilateral

Tras el paréntesis de Joe Biden, el segundo mandato de Trump está siendo mucho más agresivo que el primero en relación con el sistema multilateral. Como en la época de Reagan, el plan de ataque contra la onu fue elaborado por la Heritage Foundation; en este caso, el 2025 Presidential Transition Project [Proyecto de transición presidencial 2025], un volumen de más de 800 páginas que expone planes detallados para ampliar las potestades del Poder Ejecutivo en detrimento de los demás poderes, reestructurar y reducir las agencias federales e implementar una agenda política unilateralista y de extrema derecha. Las instituciones multilaterales son descritas como escenarios en los que los actores «autoritarios» y «globalistas» se apropian de las normas, y por eso la Heritage Foundation sugiere que toda participación de eeuu sea explícitamente transaccional: la financiación y la cooperación deben estar subordinadas a la alineación con las prioridades de Washington, especialmente en lo que respecta a Israel, la migración, la «soberanía» y las cuestiones sociales11.

El mismo día de la toma de posesión, el 20 de enero de 2025, Trump firmó 26 órdenes ejecutivas que, entre otras decisiones, determinaban nuevamente la retirada de eeuu del Acuerdo de París y de la oms, pero también un congelamiento inmediato sin precedentes de los fondos de asistencia humanitaria y cooperación internacional. En las dos semanas siguientes, se anunció el desmantelamiento de la Agencia para el Desarrollo Internacional (usaid), la gigantesca estructura de ayuda bilateral creada en 1961 por el presidente John F. Kennedy –y que sirvió con gran eficacia al soft power estadounidense–, así como la salida del país, por segunda vez, de la unrwa, del Consejo de Derechos Humanos de la onu y, una vez más, de la Unesco. La Casa Blanca también anunció que impondría sanciones contra la Corte Penal Internacional, acusándola de hostilidad hacia eeuu y sus aliados, como Israel.

Otra orden ejecutiva, emitida el 4 de febrero de 2025, acusaba a algunas agencias y órganos de la onu de alejarse de su misión fundacional de paz y seguridad, propagar el antisemitismo y actuar «en contra de los intereses de eeuu». En ese marco, se inició una revisión de la participación y las contribuciones estadounidenses en todas las organizaciones internacionales, con el fin de determinar si están alineadas con los intereses nacionales. Con cuatro meses de retraso, el 7 de enero de 2026, se anunció que, como resultado de la revisión, eeuu se retiraría de 35 organizaciones y tratados internacionales y de 31 departamentos y organismos especializados de la onu12.

Desde el punto de vista práctico, el gobierno de Trump suspendió el pago de las contribuciones financieras atrasadas de 2024 para la onu y de todas las contribuciones de 2025, además de interrumpir la casi totalidad de la ayuda humanitaria. Incluyendo todos los capítulos de gasto (Secretaría, operaciones de mantenimiento de la paz, tribunales internacionales), se calcula que a finales de 2025 la deuda estadounidense con la onu totaliza alrededor de 3.000 millones de dólares.

La reacción del secretario general ante la renovada ofensiva de Trump fue lanzar, en marzo de 2025, un plan de reducción generalizada de personal y actividades, bautizado un80, en referencia a las ocho décadas desde la creación de la organización. En los meses siguientes, todo el sistema de la onu comenzó a recortar su plantilla y sus operaciones sobre el terreno. Según algunas estimaciones, el presupuesto total del sistema de la onu debe reducirse en 25% para finales de 2026, es decir, pasar de 66.000 millones de dólares en 2024 a 50.000 millones en 202613; descontada la inflación, es una disminución real de alrededor de 35% con respecto al presupuesto del sistema en 2016. En relación con los funcionarios, la reducción debería ser, en promedio, de entre 18% y 20% de los 131.000 puestos contabilizados en 202414: en total, entre 23.000 y 26.000 puestos menos, sin tener en cuenta el corte de miles de contratos de consultores, voluntarios y becarios.

Se trata de cifras casi insignificantes en términos de presupuestos públicos. Solo la ciudad de Nueva York tenía, en 2024, 281.000 empleados y un presupuesto de 115.000 millones de dólares. Aun así, eeuu viene presionando incluso para reducir los salarios de los funcionarios de la onu. Mientras tanto, en el Palacio de las Naciones, sede de la onu en Ginebra, se han dejado de utilizar las escaleras mecánicas y los ascensores, se ha reducido la temperatura de la calefacción en invierno y la limpieza de los baños se realiza solo algunos días a la semana. En Nueva York, también se anunció que no habrá más toallas de papel en los baños15.

De todas las áreas de actividad de la onu, la asistencia humanitaria se ha visto especialmente afectada

De todas las áreas de actividad de la onu, la asistencia humanitaria se ha visto especialmente afectada, lo que ha profundizado una tendencia que, en realidad, había comenzado antes de la elección de Trump. Las contribuciones de los países a la asistencia humanitaria han caído 53% en dos años, pasando de 43.300 millones de dólares en 2022 a 20.300 millones de dólares en 2025. eeuu recortó su contribución de 14.100 millones de dólares a 3.060 millones, y ningún país o bloque de donantes está en condiciones de o dispuesto a suplir lo que se ha perdido. Para algunas agencias especializadas, los recortes han sido especialmente duros.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur), por ejemplo, recibió en 2025 3.900 millones de dólares en contribuciones, es decir, 1.300 millones menos que en 2024, y tuvo que despedir a 30% de su personal y reducir sus operaciones a escala mundial16. La acnur volvió así al nivel de financiación de 2015, cuando el número total de refugiados, personas desplazadas por la fuerza, solicitantes de asilo y otras personas que necesitaban ayuda internacional era la mitad del actual: 60 millones en 2015 frente a 118 millones en 202417. Siempre comedido en sus declaraciones, el italiano Filippo Grandi, uno de los más experimentados altos funcionarios de la onu, poco antes de dejar su cargo como Alto Comisionado para los Refugiados no ocultó su frustración con los países occidentales. «Cuántas veces he ido a Bruselas y otras capitales europeas a decir: ‘Somos demasiado dependientes de la financiación de eeuu. Tienen que ayudarnos’. Mi error fue no ser más insistente. No hicimos lo suficiente para salir de esta dependencia por la que estamos pagando un gran precio ahora», admitió. «Muchos países europeos que están recortando [ayuda humanitaria] o retirándose también dicen: ‘Oh, tenemos demasiados refugiados’. ¡Claro! Estás recortando en Chad, en Sudán, en el Sahel. ¿De qué se sorprenden? No seamos ridículos. Estoy furioso con los europeos por este asunto»18.

Los países más ricos también han reducido significativamente la ayuda bilateral a los países en desarrollo. Según las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde), que reúne a 38 de los principales países industrializados, la ayuda oficial al desarrollo (aod) debería registrar una caída total de entre 9% y 17% en 2025, que se suma a la disminución de 9% observada en 2024. La aod incluye subvenciones y préstamos concedidos por Estados, grandes ong internacionales y organismos multilaterales al sector público de países de ingresos bajos y medios o en contextos de crisis, y constituye una fuente central de financiación para esas economías. Esta caída se debe esencialmente a las reducciones anunciadas por los cuatro mayores donantes mundiales: eeuu, Alemania, Francia y el Reino Unido. Es la primera vez en 30 años que los cuatro países reducen al mismo tiempo su aod. En 2025, los países más pobres sufrirán una reducción de entre 13% y 25% de la aod bilateral neta. Esta reducción podría alcanzar entre 16% y 28% para los países de África subsahariana, los más pobres del mundo19. Un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona estima que, si la reducción de la aod se mantiene hasta 2030, la reversión en la reducción de las muertes por vih, malaria y otras enfermedades tropicales podría provocar más de 22,6 millones de muertes adicionales20, lo que equivale a casi la mitad de la población de Argentina21. Si esta proyección se confirma, el impacto letal sería tres veces superior al de la pandemia de covid-19, que, según la oms, fue responsable de alrededor de 7,1 millones de muertes en todo el mundo22.

Otras áreas muy afectadas por los recortes de fondos fueron los derechos humanos y las operaciones de mantenimiento de la paz

Otras áreas muy afectadas por los recortes de fondos fueron los derechos humanos y las operaciones de mantenimiento de la paz. En el marco de la iniciativa un80, se propuso una reducción de alrededor de 15% en el presupuesto de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ohchr, por sus siglas en inglés) a partir de 2026, que se suma a la congelación de parte de los fondos asignados para 2025 y a la brusca disminución de las contribuciones voluntarias. En total, el sistema de derechos humanos de la onu sufrirá una reducción de alrededor de 27% de sus recursos en relación con 2023-2024. Como consecuencia, entre otras medidas, el organismo tuvo que recortar más de un tercio de las misiones sobre el terreno, reducir los equipos que investigan las violaciones de los derechos humanos (en Sudán, Ucrania, Palestina, etc.) y disminuir el número de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. El ataque contra los recursos financieros de la oacdh representa una alianza de facto entre los eeuu de Trump, Rusia y China. Mientras que eeuu ha suspendido sus pagos, Rusia y China llevan años actuando para bloquear o reducir los fondos del Alto Comisionado en los órganos encargados de la asignación de recursos, como la Quinta Comisión de la Asamblea General y el Comité Asesor en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (acabq, por su sigla en inglés)23.

En cuanto a las misiones de mantenimiento de la paz, en octubre de 2025 Guterres anunció que había solicitado a las nueve misiones en curso una reducción de 15% en los gastos y que en los meses siguientes se repatriaría «25% del personal uniformado y su equipo»: el número total de cascos azules que podrían sufrir un recorte es de entre 13.000 y 14.000 efectivos. Al comienzo del ciclo presupuestario de las operaciones de mantenimiento de la paz, el 1 de julio de 2025, los retrasos en los pagos sumaban 2.100 millones de dólares.

Para el estratégico puesto de embajador ante la onu, Trump nombró en su segundo mandato a un congresista republicano de Florida, el teniente coronel (en la reserva) de las fuerzas especiales del ejército Mike Waltz, conocido por sus posiciones ultraconservadoras en política internacional y contra el derecho al aborto. Waltz asumió el cargo a finales de septiembre de 2025 y, de manera reveladora, eligió el sitio web de noticias de extrema derecha Breitbart para anunciar las prioridades del gobierno de Trump en relación con la onu. Justificó la participación de eeuu en la organización en términos de intereses comerciales («Queremos utilizar la presencia de la onu en todo el mundo para reducir las barreras de entrada a las empresas estadounidenses»); remarcó el papel de la onu en la definición de normas globales para las telecomunicaciones, el espacio y las órbitas de los satélites, el transporte marítimo y aéreo («Si no estamos presentes, China, Rusia, los europeos y otros estarán allí estableciendo esas normas que, entonces, nos afectarán»); reivindicó el mérito de los recortes previstos en el plan un80 («Es la primera vez que un secretario general propone, a petición nuestra, reducir este lugar»); y prometió hacer más eficiente a la organización quitando a «burócratas y funcionarios del camino» y reduciendo el número de agencias, posiblemente con la ayuda de China («[los chinos] están analizando la burocracia aquí y, de hecho, trabajando con nosotros para reducirla un poco»). Para Waltz, «Make the un Great Again» es volver al concepto inicial de la onu de 1945, es decir, centrarse exclusivamente en cuestiones de paz y seguridad («volver a esa visión original posterior a la Segunda Guerra Mundial»), ignorando los demás pilares establecidos en la resolución 60/1 20 años antes. En la larga entrevista, Waltz no hizo ninguna referencia al trabajo de la onu en materia de asistencia humanitaria, derechos humanos o desarrollo sostenible. Sin embargo, aseguró: «Vamos a tratar a la onu con rigor. Creo que la vamos a salvar de sí misma»24.

En los foros multilaterales que no pueden controlar, los eeuu de Trump prefieren simplemente no participar

La visión de Waltz refleja la dualidad expresada por el propio Trump, que acostumbra atacar a la onu pero también ha afirmado que la apoya «totalmente» «porque el potencial para la paz de esta institución es enorme»25. eeuu parece dispuesto a mantener cierto nivel de compromiso con las Naciones Unidas, pero solo en la medida en que esta organización sea funcional o instrumental a sus intereses unilaterales. En los foros multilaterales que no pueden controlar, los eeuu de Trump prefieren simplemente no participar. Este fue el caso tanto de la cop30, la cumbre anual de la onu sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que se celebró en Belém do Pará (Brasil) del 10 al 21 de noviembre de 2025, como de la Cumbre Presidencial del g-20, el grupo de países más industrializados, que se reunió los días 22 y 23 de noviembre de 2025 en la ciudad sudafricana de Johannesburgo. Por primera vez en la historia de la cop y del g-20, el gobierno de eeuu no envió ningún representante.

En resumen, el multilateralismo del gobierno de Trump es declaradamente à la carte: un instrumento que se utiliza cuando se considera útil, pero nunca un método que pueda imponer algún límite al aislacionismo reaccionario que caracteriza la visión del mundo maga. Como afirmó el propio Trump en el documento Estrategia de Seguridad Nacional de eeuu, divulgado a principios de diciembre de 2025: «En todo lo que hacemos, estamos poniendo a eeuu primero». El texto deja claro que la hostilidad no se limita a la onu, sino que se extiende a «la Unión Europea y otros organismos transnacionales que socavan la libertad política y la soberanía», a través de «políticas migratorias que (...) crean conflictos, censuran la libertad de expresión y reprimen la oposición política, provocan una caída acentuada de las tasas de natalidad y la pérdida de las identidades nacionales y la confianza en sí mismas»26.

La onu del siglo xxi es muy diferente de la organización dominada por un restringido grupo de potencias que diseñaron Roosevelt, Hull y Pasvolsky, con sus mejores intenciones. Pese a todos los problemas y disfuncionalidades, la Asamblea General, con su cacofonía de lenguas, trajes tradicionales, demandas, contradicciones y rasgos físicos de los habitantes de los 193 diferentes países miembros, finalmente se parece al «parlamento de la humanidad» evocado en un poema de Alfred Tennyson hace casi 200 años. eeuu se encuentra casi siempre en extrema minoría en las votaciones de la Asamblea General sobre temas políticamente sensibles, como Gaza, la Corte Penal Internacional o el embargo contra Cuba: Washington solo cuenta con el apoyo sistemático de un pequeño grupo de países aliados (sobre todo Israel, Hungría, Fiji, Micronesia, Palau, Papúa Nueva Guinea, Nauru y Macedonia del Norte). En América Latina, hoy los aliados incondicionales de Trump son Argentina, Paraguay y El Salvador; aún no está claro cuál será la actitud de Chile tras la toma de posesión de José Antonio Kast.

El problema del interregno gramsciano es que la alta burocracia de la onu y las cancillerías de los países occidentales aún no parecen siquiera capaces de imaginar un sistema multilateral que, para bien o para mal, deje de girar en torno de Washington. La cuestión central para el futuro, antes incluso de las dificultades financieras, es imaginar cuál puede ser el papel de la onu en un mundo que se volvió efectivamente multipolar, donde China disputa palmo a palmo la hegemonía económica y diplomática (aunque todavía no en el plano militar) con eeuu, Europa se está volviendo políticamente marginal y el Sur global ya no puede ser ignorado27. Desde 2000, China ha venido aumentando su contribución para el presupuesto de la Secretaría General de la onu, pasando de 1% a 20% del total; como eeuu congeló sus pagos, Beijing es hoy el principal financiador. En el mismo periodo, Francia ha reducido su contribución de 6,5% a 3,8%, y el Reino Unido, de 5% a 3,9%. Aun así, el peso político en la onu de las antiguas potencias coloniales europeas sigue siendo superior al de China y Rusia o de cualquier país del Sur global. Sin embargo, el plan un80 propuesto por Guterres no aborda ninguna cuestión estructural, sino que se limita a una lista de recortes que responde a las exigencias de eeuu y otros países occidentales, que han decidido retirar recursos del sistema multilateral para aumentar los gastos militares. El secretario general, que en sus intervenciones públicas parece cada vez más cansado y abatido, ya no tiene capital político para gastar. Su mandato terminará a finales de 2026 y el proceso de selección de su sucesor –o sucesora– está en marcha.

De acuerdo con la regla informal de rotación geográfica, correspondería que el próximo secretario general fuera latinoamericano28. Por primera vez en la historia de la onu, podría ser una mujer. Las candidaturas oficiales son las de Rebeca Grynspan, ex-vicepresidenta de Costa Rica y actual secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (unctad, por sus siglas en inglés), y Michelle Bachelet, dos veces presidenta de Chile y ex-alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Otra candidatura considerada fuerte en los pasillos de la onu es la del argentino Rafael Grossi, actual director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (aiea), el organismo de onu responsable de prevenir la proliferación de armas nucleares. Podrán lanzarse otras candidaturas. Sea quien fuere el elegido o la elegida, evitando los vetos cruzados de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, heredará una situación extremadamente difícil, con fondos y personal insuficientes dentro de la organización y un panorama político global en rápida evolución.

El plan un80 ignora totalmente las demandas del Sur global para reducir las asimetrías de poder en el funcionamiento de la onu. Según el politólogo alemán Ronny Patz, que lleva meses analizando minuciosamente los debates presupuestarios de la organización, «esta reforma es la última gran batalla que libra eeuu para moldear la organización según sus intereses, antes de que los intereses de China cobren mayor importancia y, con el auge chino, el Sur global pueda volverse una verdadera potencia de la política mundial». El próximo secretario general tendrá la difícil tarea de guiar a la onu hacia el nuevo mundo post-estadounidense.

Giancarlo Summa: es un politólogo y periodista italobrasileño. Se desempeñó como director de comunicación de las Naciones Unidas en Brasil, México y África occidental. Es uno de los fundadores del Instituto Latinoamericano para el Multilateralismo (ilam), en Río de Janeiro. Su último libro, que editó junto con Monica Herz, es Multilateralismo na mira: a direita radical no Brasil e na América Latina (Hucitec, San Pablo, 2024).

Palabras claves: multilateralismo, Organización de las Naciones Unidas (onu), Donald Trump, Estados Unidos.

1. «Mensaje del Secretario General con ocasión del Día de las Naciones Unidas», declaración, 24/10/2025.

2. Vibhu Mishra: «un Faces ‘Race to Bankruptcy’ as Guterres Unveils Sharply Reduced 2026 Budget» en un News, 17/10/2025.

3. Una excelente reconstrucción del proceso de nacimiento de las Naciones Unidas se encuentra en el libro de Stephen C. Schlesinger: Act of Creation: The Founding of the United Nations, Westview Press, Boulder, 2003.

4. En 1949, con la victoria del Partido Comunista y la proclamación de la República Popular China, el gobierno nacionalista se retiró a Taiwán. El puesto de China en el Consejo de Seguridad se transfirió a la República Popular solo en 1971, con un voto de la Asamblea General, cuando en el marco de la política de apertura promovida por el gobierno de Richard Nixon, eeuu dejó de bloquear el acceso de Beijing.

5. En 1965, el número de miembros no permanentes (y sin derecho a veto) del Consejo de Seguridad se amplió de seis a diez, la única reforma de este tipo aprobada en los 80 años de funcionamiento de la onu.

6. Monica Herz y G. Summa: «La extrema derecha como amenaza para la gobernanza mundial» en Nueva Sociedad No 315, 1-2/2025, disponible en <nuso.org>.

7. En 1983, el gobierno de Reagan anunció la retirada de eeuu de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Uno de los principales motivos de ruptura fue el informe «Many Voices, One World» [Muchas voces, un solo mundo] de la Comisión MacBride (1980), que proponía un nuevo orden mundial de la información, criticaba el predominio mediático occidental y exigía normas para reequilibrar los flujos de información globales. La agenda del «Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación» (nwico, por sus siglas en inglés) se convirtió en uno de los símbolos de la «agenda antioccidental» atribuida a la Unesco. eeuu regresó en 2003, durante la presidencia de George W. Bush. En 2011, el gobierno de Barack Obama suspendió el pago de sus contribuciones, para manifestar su oposición a la admisión de Palestina como miembro de la organización. Durante la primera presidencia de Trump, se anunció nuevamente la salida de eeuu de la Unesco en 2017. En 2023, el país volvió a ingresar formalmente bajo la presidencia de Joe Biden y pagó una parte sustancial de las cuotas atrasadas. Tras el retorno de Trump a la Casa Blanca, Washington ha anunciado una nueva retirada (la tercera), que entrará en vigor a finales de 2026.

8. Naciones Unidas: «Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de septiembre de 2005 [sin remisión previa a una Comisión Principal (a/60/l.1)] 60/1. Documento Final de la Cumbre Mundial 2005», 24/10/2005.

9. M. Herz y G. Summa: «América Latina y la caja de Pandora del unilateralismo de las grandes potencias» en Nueva Sociedad No 305, 5-6/2023, disponible en <nuso.org>.

10. Siri Aas Rustad: «Conflict Trends: A Global Overview, 1946–2024», prio, Oslo, 2025.

11. Paul Dans y Steven Groves (eds.): Mandate for Leadership: The Conservative Promise, The Heritage Foundation, Washington, dc, 2024.

12. La lista incluye agencias especializadas (como el Fondo de Población de las Naciones Unidas [unfpa] y onu Mujeres), pero también una serie de departamentos y organismos que son componentes estatutarios de la organización, establecidos en virtud de la Carta de las Naciones Unidas o por decisión de la Asamblea General, como, entre otros, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (desa) de la Secretaría de la onu (no casualmente, dirigido por un diplomático de carrera chino, Li Junhua), el Consejo Económico y Social de la Asamblea General (ecosoc), y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (unctad). El anuncio parece más simbólico que práctico, porque para eeuu sería imposible salir de estos organismos sin dejar la onu como un todo.

13. Guy Ryder, subsecretario general de Políticas de la onu y presidente del Grupo de Trabajo un80, presentó esta estimación en una sesión informativa informal para los países miembros el 14 de noviembre de 2025. El video de la sesión informativa está disponible en <https://webtv.un.org/en/asset/k1j/k1jax5ye21>.

14. Los datos sobre la plantilla del sistema de las Naciones Unidas están disponibles en <https://unsceb.org/hr-organization>.

15. Damilola Banjo: «No More Paper Towels for Some unhq Restrooms in Latest Austerity Step» en PassBlue, 11/12/2025.

16. Thomas Byrnes: «Grandi’s Final Briefing: The Numbers that Confirm System Collapse», documento de trabajo, 2025.

17. acnur: «Tendencias globales: Personas desplazadas por la fuerza en el mundo | 2015 - 2024», 6/2025, disponible en <www.unhcr.org/global-trends>.

18. Lola Hierro: «Filippo Grandi, alto comisionado de Acnur: ‘Escríbalo así: estoy furioso con los europeos por recortar ayudas a los refugiados y luego exigir resultados’» en El País, 10/12/2025.

19. ocde: «Réductions de l’aide publique au développement. Projections de l’ocde pour 2025 et à court terme», nota de síntesis, ocde, 2025.

20. Andréa Ferreira da Silva y Rodrigo Volmir Anderle: «The Impact of Two Decades of Humanitarian and Development Assistance and the Projected Mortality Consequences of Current Defunding to 2030: Retrospective Evaluation and Forecasting Analysis», Universidad Federal de Bahía, 2025, disponible en <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5765121>.

21. Una de las medidas de reorganización previstas en el plan un80 es el fin de onusida, la agencia especializada en la prevención de la propagación del virus del vih y la asistencia a las personas portadoras del virus, que se ha visto gravemente afectada por los recortes en las contribuciones voluntarias de eeuu. Las funciones de onusida serán asumidas por otras entidades de la onu, pero varios expertos han advertido que el fin de la agencia puede empeorar aún más las condiciones de supervivencia de millones de portadores de vih en los países más pobres de África.

22. V. datos en oms: «who covid-19 Dashboard», disponible en <https://data.who.int/dashboards/

covid19/deaths>.

23. Angeli Datt: Budget Battles at the un: How States Try to Defund Human Rights, International Service for Human Rights, 2025.

24. Matthew Boyle: «‘munga’: Ambassador Waltz Unveils Trump’s Plan to ‘Make the un Great Again’» en Breitbart, 3/11/2025.

25. «Trump Tells Guterres He Supports un despite Disagreements» en pbs, 23/9/2025.

26. The White House: National Security Strategy of the United States of America 2025, 11/2025, disponible en <www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-Strategy.pdf>.

27. Según datos del Fondo Monetario Internacional (fmi) de 2024, 10 de las 20 economías más importantes del mundo son países del Sur global. En orden decreciente del pib, los países son: China, la India, Brasil, Rusia, Corea del Sur, México, Indonesia, Arabia Saudita, Turquía y Argentina. Juntos, representan alrededor de 40% del pib mundial.

28. La onu ha tenido hasta ahora nueve secretarios generales: cuatro de ellos europeos, dos africanos, dos asiáticos y solo uno latinoamericano, el peruano Javier Pérez de Cuéllar (1982-1991).

El desconcierto latinoamericano frente al (previsible) acoso de Donald Trump

Guadalupe González / Juan Gabriel Tokatlian

La actual reconfiguración de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe bajo el segundo gobierno de Donald Trump se caracteriza por el avance de formas más crudas de dominación. En esta fase disruptiva, Washington recurre a sanciones, intervenciones y bilateralismos agresivos para reinstalar el control sobre su zona de influencia y frenar a potencias rivales, pero este impulso choca con un límite reputacional: el marcado cambio de ánimo de la opinión pública regional hacia eeuu.

Las relaciones de Estados Unidos con América Latina y el Caribe atraviesan una de sus reconfiguraciones más significativas en décadas, al mismo tiempo que resucitan, bajo formas actualizadas, principios y prácticas que se creían anacrónicos, como la Doctrina Monroe. Se trata de un momento disruptivo, turbulento y sumamente incierto, en el que la preeminencia tradicional de eeuu cede paso a una lógica de aleccionamiento orientada a reinstalar de manera explícita su esfera de influencia, eje del movimiento maga (Make America Great Again) y del segundo gobierno de Donald Trump. La comunicación del Departamento de Estado tras la captura en Caracas de Nicolás Maduro en enero de 2026 fue inequívoca: «Este es nuestro hemisferio. Y el presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad sea amenazada». El mensaje, fatuo y sin ambigüedades, redefine la relación con la región en clave de seguridad y con el objetivo explícito de frenar y revertir la influencia de potencias rivales, en especial China. Este giro obliga a repensar las relaciones continentales ya no en términos de hegemonía sino de dominación, y a leer la nueva etapa como un ejercicio de poder más directo, coercitivo y jerárquico, que sofistica las herramientas convencionales del poder militar y económico con instrumentos del siglo xxi ligados a la inteligencia artificial, la digitalización y formas más performativas de la política exterior.

El concepto de hegemonía en las relaciones internacionales remite a la capacidad de un Estado para combinar sus diversos atributos de poder, y mediante la persuasión de manera preferente y la coerción de forma ocasional, asegurar su superioridad y predominio. Lo esencial del liderazgo efectivo radica en la aptitud del Estado y de su elite dirigente para lograr influencia y consentimiento sin recurrir de manera habitual a la amenaza ni al uso de la fuerza. Cuando, por el contrario, el acatamiento o la obediencia se buscan de forma persistente a través de la coacción, lo que se pone de manifiesto no es una vocación de conducción, sino un afán de dominación. El hegemón aspira a conducir; el dominador ambiciona sojuzgar. Mientras el primero despliega de manera destacada su soft power para atraer y suscitar adhesión, el segundo recurre de forma regular al hard power para imponer y someter.

De hegemonía a dominación: la disrupción y el bilateralismo como tácticas

América Latina y el Caribe asiste hoy, de manera llamativamente pasiva frente a anuncios, medidas, sanciones y acciones, al intento de dominación de Washington, sin que existan la disposición ni la capacidad necesarias para reconstruir una hegemonía como la de otros tiempos. La política exterior estadounidense hacia la región se aparta del guion liberal y la negligencia benigna de la Posguerra Fría, y reactualiza una visión estratégica intervencionista que hunde sus raíces en la diplomacia de las cañoneras y de la contención anticomunista. De ahí la sensación simultánea de ruptura y de déjà vu por la que atraviesa la relación. En este contexto, la región se ha convertido, como advertimos en abril de 2025, en un laboratorio de control y una arena de experimentación donde se ponen a prueba las prácticas de coerción y los alcances y límites de un renovado impulso por recuperar la primacía hemisférica frente a la competencia global, sin arriesgar demasiado ni incurrir en costos excesivos1.

América Latina y el Caribe asiste hoy, de manera llamativamente pasiva, al intento de dominación de Washington

Asistimos, sin eufemismos, al inicio de una etapa de intervencionismo y arrogancia por parte de eeuu similar a otras anteriores, pero con rasgos distintivos. En esta oportunidad, para frenar la creciente proyección económica, tecnológica y diplomática de China en el área de influencia estadounidense. Aunque también hay que registrar que en la actualidad Washington sabe que no puede moldear el sistema internacional tal cual lo intentó a partir del final de la Guerra Fría: se clausuró hace ya unos años el «momento unipolar». Así, eeuu ensaya hoy la reafirmación de su proverbial esfera de influencia en Latinoamérica con cuatro propósitos interrelacionados: primero, restablecer la iniciativa estratégica y el trato económico ventajoso para las empresas estadounidenses en una región que décadas atrás conoció un debilitamiento de su hegemonía; segundo, evitar cualquier señal de vacilación en lo que históricamente fue concebido como su «patio trasero»; tercero, activar y desplegar recursos de poder duro (hard power), en particular aquellos vinculados al uso de la fuerza –presencia militar, ataques letales, sanciones unilaterales, deportaciones masivas, operaciones de inteligencia encubiertas y aranceles discrecionales– para asegurar su control en el área y un acceso preferente a recursos, sectores e infraestructura estratégicos; y, por último, emitir un mensaje geopolítico amplio y contundente, según el cual el éxito de Washington en esta parte del mundo confirmaría su disposición a hacer todo lo necesario para sostener, o al menos escenificar, una primacía hoy erosionada y disputada.

El registro de las acciones del primer año del segundo gobierno de Trump revela tres aspectos de esta mutación de hegemonía en dominación: un activismo inédito y persistente en América Latina y el Caribe, la mayor centralidad de la región desde los años 80 –compitiendo por momentos con Europa y Oriente Medio– y la aplicación diferenciada de tácticas de control y realineamiento, ya sea forzado o voluntario, mediante un sistema de castigos y recompensas contingentes, por la vía estrictamente bilateral. La Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 condensa con precisión las nuevas pautas, reordena prioridades regionales y articula una agenda soberanista que combina contención de China (principalmente) y Rusia (complementariamente), control migratorio, combate contra el narcotráfico y el terrorismo, preponderancia energética, autosuficiencia y reindustrialización. La transformación de la lógica estratégica estadounidense introduce reformas institucionales y burocráticas de gran calado tanto en la arquitectura militar y de defensa, con la creación del Comando del Hemisferio Occidental (West-Hemcom), como en el aparato diplomático, con el desmantelamiento de la Agencia de eeuu para el Desarollo Internacional (usaid) y el reordenamiento del Departamento de Estado. El evento más extremo de la nueva lógica de dominación es la operación militar unilateral llevada a cabo por el gobierno de Trump. En los primeros días de 2026, eeuu penetró en territorio venezolano con el objetivo de secuestrar al presidente Nicolás Maduro y someterlo a la justicia estadounidense. El episodio sienta un precedente peligroso, con profundas implicaciones políticas y normativas a escala regional y global, al erosionar consensos básicos sobre la soberanía estatal, la legalidad internacional, el debido proceso, la extraterritorialidad de la justicia, la defensa de la democracia, el uso legítimo de la fuerza y la identidad internacional de América Latina y el Caribe como zona de paz. Adicionalmente, Washington instauró un «experimento» inédito que combina descabezamiento presidencial sin cambio de régimen, apropiación unilateral de recursos petroleros, amenaza de potenciales nuevos ataques y convivencia temporal (de acuerdo con criterios personales del mandatario), sin énfasis en el valor de la democracia. Se trata de un modelo de tutela que pareciera oscilar, al menos en su concepción, entre un neoprotectorado impuesto y uno consentido sobre Venezuela. Habrá que ver cómo evoluciona este «experimento» singular y, por el momento, frágil y temerario.

Se trata de un modelo de tutela que pareciera oscilar, al menos en su concepción, entre un neoprotectorado impuesto y uno consentido sobre Venezuela

La situación encierra una ironía difícil de pasar por alto: justo cuando en América Latina y el Caribe se multiplicaron durante años los diagnósticos sobre su creciente irrelevancia internacional –confundiendo pérdida de gravitación global con irrelevancia estratégica–, Washington vuelve a situar la región como prioritaria, aunque no en los términos que esta demandaba, sino estrictamente en función de sus intereses presentes. Sin duda, se trata de una revalorización asimétrica de la subordinación. No es la región la que «regresa» al mapa, sino eeuu quien reordena sus prioridades y vuelve a mirarla desde una lógica de seguridad, competencia geopolítica y comando. Otra vez, como en la Guerra Fría, reinstala la idea de «con nosotros o contra nosotros». La Estrategia de Seguridad Nacional de Trump durante su segundo mandato es absolutamente transparente al respecto cuando afirma: «los países deben elegir si quieren vivir en un mundo liderado por eeuu (…) o en un mundo paralelo en el que están influenciados por países situados al otro lado del globo». Si antes fue explícitamente la Unión Soviética, ahora se trata tácitamente de China. Los múltiples costos políticos, económicos e institucionales que padeció América Latina durante la contienda entre Washington y Moscú fueron enormes, y la región no necesita una segunda Guerra Fría en momentos extremadamente complicados para ella y hondamente peligrosos para el mundo. En ese contexto restrictivo e incierto, el subcontinente enfrenta el desafío de eludir y gestionar las presiones constantes que lo colocan en situación de tener que elegir entre plegarse a las exigencias de Trump o afrontar la ira descontrolada del mandatario.

Sin embargo, la dinámica de control por intimidación o tutoría del actual liderazgo estadounidense tiene problemas de cálculo, contradicciones y limitaciones intrínsecas. Por un lado, la exageración de las amenazas y el uso recurrente del garrote pueden alejar a socios y aliados históricos en la región, como Colombia y México, o provocar escenarios de inestabilidad política, crisis económica y vacíos de poder, con efectos contraproducentes en materia migratoria y el combate contra el crimen organizado. La historia regional y global está plagada de casos en que el intervencionismo estadounidense no logra instaurar gobiernos clientelares estables ni aliados confiables. Por otra parte, el golpeteo comercial y la ausencia de incentivos reales en inversión y trato comercial preferencial impulsan la búsqueda de socios extrarregionales, ya sea Europa o países del Sur global. La reciente aprobación en Europa del esperado acuerdo comercial con el Mercado Común del Sur (Mercosur) abre una vía relevante para diversificar alianzas y contrarrestar la estrategia trumpista de reducir las opciones regionales a su preeminencia exclusiva. En este marco, la propia lógica del juego de dominación empuja a las partes subordinadas a buscar espacios y nichos para promover y proteger sus intereses dentro de la asimetría –ya sea mediante seguidismo, apaciguamiento, negociación, cooperación contingente, equidistancia o resistencia–, como estrategia para preservar y eventualmente ampliar los márgenes de maniobra.

Cabe advertir, sin embargo, que esa capacidad de agencia no es automática: exige condiciones políticas y liderazgos adecuados, sobre todo para articular la acción colectiva regional. Hoy eso resulta difícil en América Latina y el Caribe, al menos en el corto plazo, no solo por la activa promoción estadounidense del ascenso de derechas afines, sino por el efecto acumulado de años de déficit de diálogo sustantivo y de diplomacia personalista.

¿Cuál es la situación regional que encuentra Trump?

América Latina y el Caribe se hallan en tal grado de fragmentación, vacilación y descoordinación que la región ha ido horadando notablemente su condición de actor con capacidad de agencia, sin respuestas comunes ni concertadas. La pregunta relevante es: ¿cuáles son los leitmotivs de los gobiernos latinoamericanos y sus posicionamientos hacia eeuu? ¿Existen espacios y oportunidades para disputar el sentido, los alcances y las condiciones de esa lógica de dominación? Es posible identificar algunas líneas interpretativas para explicar el estado de indefensión colectiva de la región. A nuestro entender, estamos en presencia de una situación en la cual es imperativo analizar un amplio abanico de factores que agudizan la división interregional. Sin que esto sea un orden de prioridades o de prime-movers, nos parece importante destacar lo siguiente.

La región ha ido horadando notablemente su condición de actor con capacidad de agencia, sin respuestas comunes ni concertadas

Un lugar común para explicar nuestras grietas y desencuentros es la ideología de los gobiernos, que establece la línea demarcatoria entre las variedades de ultraderecha y los llamados progresismos. Si en el primer grupo se identifican hoy ejemplos como el de Argentina, El Salvador y Ecuador, en el segundo se ubican Brasil, Colombia y México. Cabe mencionar que a la denominada «marea rosa» de comienzos de siglo –en general, bastante moderada– le siguió una oleada variopinta de derecha, con algunos casos claramente conservadores y otros, más escasos, radicalizados. Hoy avanza una marejada de extrema derecha que no parece fugaz. Indudablemente, las diferencias ideológicas inciden de manera notoria, pero no son las únicas determinantes de la palpable desunión. En los años 80, con las transiciones democráticas, y todavía a comienzos del siglo xxi, con el auge de los precios de los productos primarios, hubo experiencias político-partidistas diversas que, sin embargo, pudieron alcanzar convergencias relevantes: entre otras, la conformación del Grupo de Contadora (y su Grupo de Apoyo) en busca de una salida negociada a las múltiples crisis de América Central; el consenso para cuestionar la Ley Helms-Burton que reforzó el embargo a Cuba y que llevó, a pedido de los gobiernos del área, a que el Comité Jurídico Interamericano opinara sobre la ilegitimidad del principio de extraterritorialidad de esa legislación; la creación del Consejo de Defensa Suramericano en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), como respuesta al restablecimiento por eeuu de la Cuarta Flota, desactivada en 1950.

Existe también un severo problema que llamamos «darwinismo institucional», entendido como un proceso gradual de «vaciamiento regional»2. Los organismos existentes están paralizados, no se invocan o parecen desaparecidos sin que se hayan construido espacios que los sustituyan. Tradicionalmente, América Latina ha tenido una institucionalidad lábil. No obstante, estamos atravesando una nueva fase en la que casi nada tiende a convocar a la región, en términos minilaterales o multilaterales y con una voz propia. La Unasur colapsó; un sustituto parcial y endeble como el Consenso de Brasilia no despierta entusiasmo suficiente. El Foro para el Progreso de América del Sur (prosur), un espacio que desde la derecha pretendió reemplazar en 2019 a la Unasur, no pasó de ser un grupo de WhatsApp. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) fue rebajando su perfil –sobre todo, con la salida temporal de Brasil– y no alcanzó a relanzarse con fuerza, pues no hay forma de que sus resoluciones principales sean aprobadas por unanimidad. La Alianza del Pacífico (ap), integrada por Chile, Colombia, Perú y México, que tuvo su hora de alto perfil hace tres lustros, hoy no muestra signos de activismo. Más recientemente, la Comunidad del Caribe (Caricom) emitió un comunicado sobre la preservación del Caribe como zona de paz y no contó con el acompañamiento de Trinidad y Tobago. Por su parte, en el Mercosur, en una fase de estancamiento, la aprobación del acuerdo comercial con la Unión Europea, tras 25 años de negociaciones, podría aportar aire.

Ningún foro regional o interamericano abordó hasta la fecha la política de ejecuciones extrajudiciales que, a modo de masacre por goteo, aplica eeuu a lancheros en el Caribe y el Pacífico.

Es importante subrayar que, como ocurre en otros países y regiones, es cada día más evidente que en América Latina y el Caribe prima la política doméstica, ya sea electoral, partidista o personal. Es natural y comprensible que la política exterior busque un sutil balance entre el imperativo interno y la responsabilidad externa. Ahora bien, hoy tiende a predominar la racionalidad doméstica, a tal punto que algunos países están abandonando posturas históricas en materia internacional. Un caso emblemático es el de la Argentina de Javier Milei, que sigue los pasos de Trump y se ha alineado incondicionalmente con eeuu e Israel. También los cambios en las coaliciones gobernantes derivaron, en varios casos, en oscilaciones manifiestas en cuanto a posicionamientos intra y extrarregionales y sobre temas diversos. En ese vaivén, han ido perdiendo lugar el discurso y la práctica en torno de la cooperación y la integración, palabras casi en desuso en algunos países.

Se suma, en varias naciones, un paulatino desmantelamiento de la diplomacia profesional y una preferencia por la diplomacia presidencial mediática

A lo anterior se suma, en varias naciones, un paulatino desmantelamiento de la diplomacia profesional y una preferencia por la diplomacia presidencial mediática. El personalismo, los recortes en capacidades de los servicios exteriores y el fortalecimiento de otras burocracias que restan autonomía y capacidades a las cancillerías han llevado a que los ministerios de Defensa y de Economía, por ejemplo, desplacen el foco decisorio. El avance que significó el lento enraizamiento de funcionarios de carrera en las cancillerías se ha frenado o incluso ha retrocedido, lo que deriva en un doble proceso que afecta la continuidad de líneas de acción en el frente internacional: la personalización y politización de los ministerios de Relaciones Exteriores. En los vínculos intrarregionales, ello ha abonado el terreno para una ideologización de la agenda que, a su turno, impone constreñimientos a la posibilidad de acordar y converger.

A lo largo y ancho de América Latina y el Caribe predominó por más de un siglo una suerte de Realpolitik de la periferia. Con matices de diferente orden, consistió en un trípode: defensa del derecho internacional, compromiso con el multilateralismo y fomento del regionalismo. Hoy esos pilares están resquebrajados. En los más recientes asuntos que han marcado las relaciones entre eeuu y la región en el primer año del segundo mandato de Trump, se han socavado normas, reglas y principios, ante el mutismo colectivo de latinoamericanos y caribeños. Acciones como la deportación masiva de personas, la imposición arbitraria de aranceles y el uso directo de la fuerza han violado tratados, convenciones y regímenes sin que la región recurriera, en conjunto o en un número amplio, a fuertes argumentos jurídicos existentes para ilegitimar las acciones del gobierno estadounidense. Eso prueba la envergadura de la fractura regional y la dificultad para recurrir al ámbito que los actores del área históricamente han invocado para frenar la arbitrariedad del poderoso: el derecho.

Además, es relevante subrayar el debilitamiento de la interdependencia económica entre los países de la región. En América Latina y el Caribe prevalece, al menos en la retórica, una alta valoración de la asociatividad. Pero esta no ha facilitado necesariamente una real integración. Varios elementos operan en desmedro de esta última: entre otros, (a) la vacilación política debido al lugar distinto que cada gobierno le ha otorgado a la integración; (b) la escasa disposición o capacidad innovadora de los empresariados; (c) la fragilidad social derivada de la débil participación de la ciudadanía en esos proyectos; (d) la insuficiencia infraestructural por la ausencia de una base física (puertos, fuentes de energía, etc.) y comunicativa (transporte, vías, etc.) acorde con la necesidad de intercambio comercial y contacto humano; (e) el bajo nivel de cumplimiento de los compromisos comerciales adquiridos; (f) la divergencia en las opciones estratégicas de política exterior y de defensa de los países; (g) los distanciamientos o tensiones geopolíticas entre las principales potencias regionales; (h) la insatisfacción de las naciones menores por los limitados beneficios logrados y por la persistencia de asimetrías no corregidas. Hace tiempo también que se han instalado otras tendencias que erosionan todavía más la posibilidad de abordar la reprimarización de las economías, los incentivos para expandir relaciones comerciales extrarregionales en detrimento del comercio intrarregional y los problemas de infraestructura, comunicación y conectividad en el área.

Por último, es fundamental ponderar el hecho de que las grandes potencias –eeuu (especialmente) y China (adicionalmente)– son fuerzas centrífugas para la región. De esa manera, hay escasos incentivos para actuar en conjunto. El actual bilateralismo agresivo de Washington y el bilateralismo comercial de Beijing profundizan esa dinámica, todo lo cual robustece la idea de alternativas individuales para los países del área; algo que, a su vez, conlleva a un juego de suma cero en el que termina predominando un gigantesco dilema del prisionero.

En breve, una conjunción de factores se yuxtapone para que América Latina y el Caribe se muestre perpleja y paralizada frente al vendaval coercitivo del gobierno de Trump. Inadvertidamente, eso contribuye a que la gestión republicana perciba que puede seguir adelante con exigencias, chantajes y abusos. Pero mientras eso acontece en relación con los gobiernos del área, ¿qué sucede con las sociedades?

El imaginario latinoamericano: dominación sin hegemonía, poder sin atracción

Toda hegemonía duradera requiere algo más que capacidad material. Antonio Gramsci insistía en que el poder estable no se sostiene únicamente en la coerción, sino en una combinación de fuerza y consentimiento que permite a un orden social presentarse como legítimo, natural y, en cierta medida, deseable. Desde esta perspectiva, la pregunta clave para el actual momento continental no es si eeuu conserva los medios para imponer condiciones en América Latina y el Caribe, sino si dispone todavía del capital simbólico necesario para transformar esa capacidad en una nueva hegemonía. Los estudios de opinión pública en América Latina sobre asuntos internacionales y, en particular, sobre la competencia global entre eeuu, China y la ue, indican que la era de la hegemonía estadounidense probablemente quedó atrás. A la luz de estos datos, el intento de reconfigurar el orden regional de forma asimétrica y coercitiva bajo la consigna de America First revela una brecha creciente y visible entre el poder estructural estadounidense y su legitimidad simbólica ante las sociedades latinoamericanas, una tensión que remite a la noción gramsciana de hegemonía, al concepto de soft power (poder blando) de Joseph S. Nye y al análisis de Pierre Bourdieu sobre el poder simbólico y los campos sociales. ¿Cómo evaluar la hegemonía a la luz de las encuestas? Analizando distintos indicadores sobre los sentimientos de los latinoamericanos hacia eeuu, sus actitudes sobre el impacto en el escenario mundial de las decisiones del gobierno de Trump y sus percepciones sobre las bases materiales y normativas de la influencia y el liderazgo estadounidense.

Según la reciente encuesta regional auspiciada en 2025 por Nueva Sociedad y la Fundación Friedrich Ebert y realizada por Latinobarómetro, el imaginario de las sociedades latinoamericanas hacia eeuu está atravesado por una constelación de emociones negativas que superan claramente a las positivas3. En conjunto, la desconfianza (30%), el miedo (8%) y el desprecio (8%) pesan más que la esperanza (19%), la seguridad (12%) o la admiración (10%). Desde una lectura gramsciana, este desequilibrio indica un colapso parcial del consentimiento: eeuu puede seguir ejerciendo poder, pero encuentra crecientes dificultades para hacerlo sin fricción social y cultural.

Este déficit de hegemonía se vuelve aún más evidente cuando se examina el liderazgo personal de Trump (v. gráfico 2). Este aparece a la cabeza de los líderes mundiales en los que menos confían los latinoamericanos (25%) y supera ampliamente los niveles de desconfianza hacia figuras como Vladímir Putin (12%), Nicolás Maduro (5%) o Xi Jinping (5%). El dato es políticamente significativo: incluso líderes asociados al autoritarismo generan menos rechazo que el presidente de eeuu. En términos simbólicos, el problema no es solo la política estadounidense, sino la erosión de su autoridad moral y cultural. Es precisamente en este punto donde la noción de soft power de Nye adquiere relevancia como herramienta interpretativa útil para comprender el momento actual de las relaciones entre eeuu y América Latina y el Caribe. Para Nye, el poder no se reduce a la capacidad de coaccionar, sino que incluye la habilidad de atraer, persuadir y moldear preferencias ajenas. Vistos desde esta perspectiva, los datos de la encuesta revelan un agotamiento del poder blando estadounidense en la región. Se trata de un actor que genera miedo y desconfianza, que puede imponer condiciones y comportamientos, pero difícilmente puede liderar, moldear preferencias o producir adhesión: ejerce poder, pero no seduce; domina, pero no convence.

Las percepciones latinoamericanas del impacto global de las políticas trumpistas confirman este diagnóstico (v. gráfico 3). 55% de los encuestados considera que las políticas internacionales de Trump tendrán un impacto negativo en el mundo, frente a solo 27% que anticipa efectos positivos. El saldo neto negativo (-28 puntos porcentuales) no es simplemente una evaluación crítica: es un indicador de que eeuu ya no logra presentarse como proveedor de orden, estabilidad o futuro compartido. En términos de Nye, se trata de poder sin atracción; en términos de Gramsci, de dominación sin hegemonía.

Las variaciones nacionales refuerzan esta interpretación. En países estratégicamente centrales para la política estadounidense, como México (-65%), Guatemala (-49%), Costa Rica (-40%) y Colombia (-35%), el rechazo a la política exterior del proyecto maga es particularmente intenso. Estos países no solo están más expuestos a las políticas de Trump; también son los que experimentan con mayor claridad la asimetría estructural de la relación interamericana. La desaprobación no nace de la distancia, sino de la cercanía forzada. En contraste, países como Argentina (-13%), Bolivia (-14%) y Chile (-14%) presentan balances negativos más moderados, lo que sugiere una relación no tan directamente atravesada por la coerción cotidiana. El caso de Venezuela, con un balance ligeramente positivo (+1,5%), no contradice el argumento: refleja más bien cómo el conflicto interno puede reconfigurar la percepción del actor externo, incluso cuando ese actor ejerce presión severa.

Otros resultados de la misma encuesta evidencian el alto costo reputacional que ha tenido para eeuu el giro hacia un ejercicio del poder asentado en la coerción y la imposición bajo el proyecto maga del segundo mandato de Trump. Entre 2021 y 2025, la opinión favorable hacia eeuu cae de manera generalizada en la región, con un descenso promedio de 17 puntos porcentuales (v gráfico 4). Las caídas no son marginales y resultan más pronunciadas en países con vínculos históricos, económicos y políticos estrechos que han resentido con mayor intensidad los embates trumpistas, como Colombia (-29), Costa Rica (-25), Guatemala (-25) y México (-24). El deterioro alcanza también a socios sudamericanos relevantes como Chile (-14), Brasil (-11) y Uruguay (-25), lo que confirma un desgaste transversal del atractivo estadounidense.

Sin embargo, el déficit hegemónico estadounidense no se agota en el plano emocional o valorativo. Se proyecta también en la manera en que las sociedades latinoamericanas perciben la posición estructural de sus países en la competencia geopolítica global entre las grandes potencias, en particular entre eeuu y China (v. gráfico 5). Cuando se les pregunta si su país se ve forzado a tomar partido en esa disputa, casi la mitad de los encuestados a escala regional (49%) está de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación, lo que revela una percepción extendida de presión externa y margen de maniobra reducido. En contraste, 31% rechaza esa idea, lo que sugiere que una parte significativa de la región aún percibe espacios de autonomía y la posibilidad de sostener estrategias de no alineamiento y equidistancia.

La sensación dominante no es de elección soberana, sino de condicionamiento estructural. Aquí resulta pertinente incorporar la mirada de Pierre Bourdieu. Para este autor, el poder simbólico opera precisamente cuando las estructuras objetivas se interiorizan como límites subjetivos de lo posible. La percepción de estar «obligados a tomar partido» no es solo una reacción política: es la interiorización de una posición subordinada en el campo internacional. Los países no solo enfrentan presiones externas: incorporan esas presiones como horizonte de expectativas. Este sentimiento de coerción geopolítica se manifiesta con mayor fuerza en Guatemala, Bolivia, Venezuela y México, donde la vulnerabilidad económica, la dependencia estratégica o la centralidad en la agenda estadounidense reducen los márgenes de maniobra. En estos casos, la competencia entre grandes potencias no se vive como oportunidad, sino como imposición. Por el contrario, en Costa Rica (19%), Colombia (13%) y Argentina (12%), la percepción de estar obligados a tomar partido es considerablemente menor, mientras que en Chile y Uruguay (1%) es prácticamente inexistente. Estos países exhiben una mayor distancia entre poder objetivo y percepción subjetiva de autonomía, lo que les permite amortiguar simbólicamente la presión estructural. El caso de Brasil es particularmente revelador. Es la única nación donde una pluralidad significativa (40%) no concuerda con que su país esté obligado a tomar partido, frente a poco más de un tercio que sostiene lo contrario. Esta diferencia, aunque estrecha, es teóricamente crucial. Brasil conserva no solo capacidades materiales, sino también lo que Bourdieu llamaría capital simbólico internacional: la percepción –interna y externa– de que puede actuar como sujeto relativamente autónomo en el campo global.

En conjunto, estos datos permiten afinar el argumento central: el intento trumpista de reconfiguración del orden interamericano contemporáneo se sostiene sobre una brecha creciente entre poder estructural y legitimidad simbólica. eeuu conserva recursos coercitivos suficientes para influir decisivamente en la región, pero ha perdido gran parte de su capacidad de atracción y de producción de consenso. Desde Gramsci, esto implica hegemonía fallida; desde Nye, soft power erosionado; desde Bourdieu, un campo internacional donde la dominación ya no logra naturalizarse plenamente. En este contexto, cualquier intento de «retorno» estadounidense a América Latina y el Caribe difícilmente podrá traducirse en credibilidad efectiva y liderazgo legítimo. Sin consentimiento, sin atracción y sin reconocimiento simbólico, la dominación tiende a volverse más visible, más costosa y, paradójicamente, más frágil.

A modo de conclusión

Este texto refleja varias brechas que, probablemente, presagien más inestabilidad política y menos colaboración institucional en las Américas. eeuu bajo un Trump acosador «regresa» a la región en momentos en que, en conjunto, América Latina y el Caribe atraviesa una suerte de nueva «década perdida», si se observan los datos agregados en materia social y económica y en cuanto a la violencia y la injusticia. El anunciado «corolario Trump» a la Doctrina Monroe es tanto anacrónico como amenazante: bajo esa premisa, la cooperación interamericana es una quimera. Un eeuu que parece deslizarse hacia el autoritarismo no solo deja de ser el presunto «faro de la democracia», sino que puede alentar una expansión autoritaria en la región. Una América Latina fragmentada y descoordinada refuerza la disgregación y desalienta la posibilidad de una voz medianamente unificada. No sería sorprendente que la división en el área conduzca al establecimiento de uno o más bloques en oposición; lo cual, sin duda, debilitará más a la región en cuanto a su posibilidad de actuar en conjunto frente a Washington en asuntos en los que los distintos intereses objetivamente pudieran coincidir.

A su turno, las posturas estadounidenses hacia la región no parecen encontrar eco en las sociedades, en especial, en la mirada que actualmente tienen sobre la potencia del Norte y su mandatario. Pero esta divergencia no pareciera incidir en las políticas de algunos gobiernos del área, al menos en el presente. Tampoco pareciera que estimula a que, a pesar de las diferencias ideológicas de las administraciones, los líderes procuren generar espacios de reflexión conjunta y posicionamiento común, en particular, respecto a Washington.

En consecuencia, atravesamos tiempos desconcertantes en América Latina y el Caribe ante un eeuu cada día más predecible. eeuu, para ser claros, nunca «se fue» de América Latina: siempre vuelve. Esta vez, con su peor rostro.

Guadalupe González: es licenciada en Relaciones Internacionales por El Colegio de México (Colmex) y magíster en Sociología por la London School of Economics and Political Science. Se desempeña como investigadora y analista en el Colmex.

Juan Gabriel Tokatlian: es sociólogo, con un doctorado en Relaciones Internacionales por la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins en Washington, dc. Es profesor plenario del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Di Tella (Argentina), de la cual fue vicerrector.

Palabras claves: hard power, hegemonía, soft power, Donald Trump, América Latina, Estados Unidos.

1. Carlos A. Romero, Carlos Luján, G. González, J.G. Tokatlian y Monica Hirst: «Trump y América Latina y el Caribe: ¿un laboratorio de control?» en Nueva Sociedad edición digital, 4/2025, disponible en <nuso.org>.

2. G. González, M. Hirst, C. Luján, C.A. Romero y J.G. Tokatlian: «Coyuntura crítica, transición de poder y vaciamiento latinoamericano» en Nueva Sociedad No 291, 1-2/2021, disponible en <nuso.org>.

3. Fundación Friedrich Ebert (fes), Nueva Sociedad, Grupo Diálogo y Paz y Latinobarómetro: «Encuesta sobre las relaciones entre América Latina y Europa». La encuesta se realizó entre el 3 de octubre y el 18 de noviembre de 2025; se entrevistó una muestra por cuotas de 1.200 personas representativa de la población nacional de 18 años y más, con educación media completa o superior, a través de un panel wapi (entrevista personal asistida por la web), en los siguientes países de América Latina: Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Uruguay y Venezuela.

Nadie se salva solo: articulaciones progresistas en el cambio de época

Giorgio Jackson / Patricia González Viñoly

En un contexto de auge de las extremas derechas –y de nuevas ambiciones recolonizadoras por parte de los Estados Unidos de Donald Trump–, el progresismo enfrenta el declive de sus propias instancias de articulación internacional, en medio de una crisis de los procesos de integración latinoamericana. ¿Es posible regenerar la energía que tuvieron los foros regionales del pasado reciente?

¿Integración o sálvese quien pueda?

Este artículo no iba a comenzar así. Sin embargo, los sucesos del pasado 3 de enero constituyen un punto de inflexión que no podemos ignorar. La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la sustracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores desde el Fuerte Tiuna, en Caracas, para ser trasladados a Nueva York bajo cargos de «narcoterrorismo», retratan de forma cruda el momento que vive América Latina.

En primer lugar, estos hechos exponen el fracaso rotundo de la diplomacia regional. Tras años de negociaciones orientadas a que Venezuela pudiera resolver democráticamente su propio destino y salir de la crisis política, económica y social, la comunidad internacional se mostró impotente frente al fraude electoral que mantuvo a Nicolás Maduro en el poder. Esa incapacidad institucional y diplomática creó el vacío que hoy llena la fuerza bruta.

En segundo lugar, los sucesos de enero dejan al descubierto los intereses reales de eeuu al ejecutar una operación que vulnera tanto el derecho internacional como su propia Constitución. A diferencia de tiempos pretéritos, esta vez no hubo intermediarios ni ambigüedades: fueron el propio Donald Trump, junto con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quienes reconocieron públicamente, en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, que eeuu gobernará Venezuela hasta concretar una transición. Lo explícito de los objetivos –el control de la infraestructura petrolera por empresas estadounidenses, la compensación por el «petróleo robado» y la referencia textual al resto del continente como «patio trasero»– remite a una lógica imperialista que parece sacada de una ficción conspiranoica. Pero como remarca Pablo Stefanoni, «el desprestigio de Maduro es tan grande que ha paralizado en todos lados las acciones contra la más grave, e impune, intervención imperialista de los últimos tiempos»1.

En tercer lugar, este episodio no constituye un hecho aislado. Se inscribe en una secuencia de acciones coherentes con la actualización explícita de la Doctrina Monroe presentada en diciembre de 20252. Durante su mandato, Trump ha operado bajo una lógica de premios y castigos que recuerda al «gran garrote» de Theodore Roosevelt: desde el salvataje económico en Argentina, condicionado a resultados favorables para Javier Milei en las elecciones de medio término, hasta el indulto al ex-presidente hondureño Juan Orlando Hernández –condenado en eeuu por narcotráfico– a días de las elecciones, pasando por la injerencia en el sistema judicial brasileño por la condena a Jair Bolsonaro o las últimas provocaciones contra el presidente Gustavo Petro y la presidenta Claudia Sheinbaum, todas estas acciones son parte de la misma estrategia. La advertencia de Hegseth respecto de la eficacia de sus Fuerzas Armadas no deja lugar a dudas o interpretaciones: «eeuu puede proyectar su voluntad en cualquier lugar y en cualquier momento».

Como último elemento, por cierto, está el hecho de que este debate sobre soberanía y derecho internacional contrasta de manera frontal con los festejos de la diáspora venezolana en distintos rincones del mundo, que traumada por la experiencia de la última década en su país pareciera abrazar sin muchas condiciones la tutela extranjera por sobre una dictadura local. Esta tensión constituye un gran dilema regional y debe ser parte de los desafíos si queremos abordar de forma integral el proyecto de integración latinoamericana.

El diagnóstico estructural: el Sur global y la periferia

Este escenario no resulta tan sorpresivo visto desde la perspectiva que la sociología latinoamericana denominó de centro-periferia. La posición periférica es un rasgo estructural de una economía mundial jerarquizada que, sumada a la lógica del «divide y vencerás», hace que todos los países latinoamericanos queden expuestos a decisiones de las grandes potencias. Cuando un Estado ya no tiene verdadera libertad para definir su rumbo sin enfrentar presiones externas decisivas, la noción misma de soberanía se convierte en una cáscara vacía. Como en su momento señaló la teoría de la dependencia, es en ese vacío donde el imperialismo adquiere un papel protagónico. Y dado que el aislamiento, como fórmula, no basta para enfrentar la subordinación, no queda más que la acción colectiva. La vieja enseñanza de que «la unión hace la fuerza» se aplica particularmente en este contexto, aunque suena muchísimo más fácil escribirlo que practicarlo. Pero en esta materia debemos aprender de la historia: no se trata solo de afinidad ideológica de los países, sino de tener una mínima racionalidad de bloque.

Este escenario no resulta tan sorpresivo visto desde la perspectiva que la sociología latinoamericana denominó de centro-periferia

Añadir una capa más de exigencia al debate público, y encima respecto a algo que suena tan abstracto como la integración latinoamericana, es algo que en el contexto de policrisis, interregno o, como lo denomina Álvaro García Linera, tiempo liminal, parece imposible3. Pero la paradoja es que son precisamente esos factores los que le imprimen urgencia a pensar en el bienestar colectivo de mediano y largo plazo. Tenemos que lograr abrir un debate que permita confrontar los beneficios de la integración regional con los costos de su omisión, ya que en un contexto geopolítico como el que observamos, nadie se salva solo.

Patria Grande y pragmatismo regional

No es casual que los primeros proyectos de unidad surgieran con las independencias de las naciones latinoamericanas. Francisco de Miranda y Simón Bolívar no eran románticos abstractos; eran políticos y militares con ideales y con sentido de la oportunidad política, pero también eran pragmáticos. Comprendieron que la libertad sería frágil si los nuevos Estados permanecían fragmentados. La idea de la Patria Grande también contenía un cálculo geopolítico elemental: la unidad ampliaba las posibilidades de desarrollo y reducía la vulnerabilidad. El fracaso de los objetivos del Congreso de Panamá hace 200 años dio paso a que en 1890 eeuu convocara, desde un proyecto ya influenciado por la Doctrina Monroe, a la Primera Conferencia Panamericana, que sentaría las bases para la futura formación de la Organización de Estados Americanos (oea). Desde entonces ha habido múltiples intentos de forjar unidad entre países latinoamericanos y del Caribe; sin embargo, ninguno ha logrado establecer niveles de coordinación multilateral duraderos.

No ha sido el único continente que lo ha intentado. A menudo miramos hacia Europa y su proceso de integración con una mezcla contradictoria de admiración, distancia y escepticismo. Sin embargo, su mayor enseñanza es el pragmatismo. Europa no se integró por alineamiento ideológico, sino como respuesta política al trauma de dos guerras mundiales. Países con múltiples idiomas y memorias enfrentadas en conflictos bélicos aceptaron coordinarse para ganar escala como continente. Esta integración no eliminó las diferencias, ni las identidades, ni los conflictos entre países, pero estableció un marco común para gestionarlos sin romper el proyecto colectivo. Desde entonces, la integración se tradujo en beneficios tangibles para millones de europeos.

La comparación resulta inevitable. Si consideramos en conjunto América Latina y el Caribe, estamos hablando de una población que supera los 660 millones de habitantes y de un pib agregado por sobre los 7 billones de dólares, una magnitud que situaría a la región entre las economías más relevantes del mundo si actuara como bloque. Sin embargo, ese potencial se diluye en la fragmentación: mientras el comercio intrarregional no alcanza 20% del total, en la Unión Europea bordea el 60%, una brecha que da cuenta de la enorme oportunidad desaprovechada para los sectores productivos regionales.

¿Qué puede cambiar con la integración?

América Latina y el Caribe tienen hoy mucho más en común de lo que tenía Europa cuando decidió integrarse. A partir de esa base, y solo tomando la dimensión utilitaria, la región podría identificar áreas concretas en las que la coordinación permitiría mejores resultados que la fragmentación: hablamos de asuntos prácticos como la soberanía sanitaria, la infraestructura estratégica, los mecanismos de seguridad transnacional, la gestión de los flujos migratorios, el poder de negociación colectivo sobre recursos estratégicos, la cooperación científica y educativa, el fortalecimiento del comercio regional y posibles pisos regulatorios comunes, evitando las presiones para competir por peores condiciones laborales, ambientales o tributarias que los vecinos. Varios de estos temas han sido abordados por los diversos organismos multilaterales que se han creado –y disuelto– hasta la fecha, pero siguen siendo volátiles y dependen de la prioridad y continuidad que les otorgue cada gobierno de turno.

En un mundo que vuelve a organizarse desde la fuerza y la imposición, además de apelar al derecho internacional y al multilateralismo como formas de resolver los conflictos, la integración regional aparece como una estrategia pragmática para ampliar los márgenes de autonomía regional. Volver sobre esta idea no es un ejercicio de nostalgia, sino de urgencia política. ¿Cómo pueden los países latinoamericanos defender, de otra manera, la posibilidad de decidir su propio destino? ¿De qué forma pueden las organizaciones progresistas o de izquierdas en la región articularse y sumar fuerzas para que la integración regional sea vista como una prioridad en cada uno de nuestros países, y no una pérdida de tiempo? ¿Qué aprendizajes podemos sacar de las experiencias pasadas?

Nadie se salva solo

Identificar tensiones y producir nuevas elaboraciones en torno de aquello que, bajo la etiqueta de «socialismo del siglo xxi», las derechas suelen reducir a caricatura, no es un ejercicio nostálgico ni defensivo. Es, en el contexto actual, una necesidad política concreta. Frente a un mundo que vuelve a ordenarse por la fuerza, y a una región expuesta a la injerencia externa, el problema central no es solo qué modelo se defiende, sino cómo se construye capacidad colectiva para sostenerlo.

En este sentido, resulta necesario profundizar en dos niveles de desafíos que enfrentan hoy las izquierdas latinoamericanas. En primer lugar, los vinculados a las ideas progresistas: cómo construir modelos capaces de ser soberanos y justos, que efectivamente redistribuyan; cómo repensar qué significa ser de izquierda democrática en América Latina; qué objetivos perseguimos y qué disputas de sentido común damos más allá del ejercicio del gobierno; y qué objetivos comunes estamos dispuestos a poner a disposición de una izquierda de alcance global.

En un segundo nivel, aparece el debate sobre los sujetos políticos que necesitamos ser para aportar, desde cada país y desde cada trayectoria, a la integración política de los Estados, incluso en los gobernados por la derecha. Esto implica preguntarse cómo avanzar colectivamente en una lógica de cesión de poder nacional en función de un objetivo superior: la construcción de una unidad política entre Estados que permita impulsar modelos de desarrollo convergentes, capaces de integrar tensiones y desafíos propios, y de fortalecer nuestra capacidad común de negociación en un escenario internacional crecientemente adverso.

Si la entropía indica que todo sistema que se rompe se desordena y cuesta volver a organizar, también es cierto –como recuerda Jorge Drexler– que «nada se pierde, todo se transforma». Revisar lo que nos trajo hasta aquí no implica volver atrás, sino asumir con responsabilidad histórica que, ante el avance de proyectos autoritarios y neocoloniales en la región, la colaboración deja de ser una opción moral para convertirse en una condición de supervivencia política. Para ello, nos proponemos recorrer el camino de las ideas, situándolas en los tiempos y espacios en los que, en los últimos años, se han elaborado y puesto en diálogo propuestas globales y locales en torno de una democracia progresista en la región.

El pensamiento progresista latinoamericano

Para pensar el recorrido de las ideas, resulta necesario analizar la intersección entre los espacios del progresismo global y las formas propias de elaboración política latinoamericana.

La izquierda desde su origen es, en esencia, internacionalista

El trayecto de transformación de la escena política de las izquierdas a escala mundial atravesó diversas etapas a lo largo del siglo xx. Marcar un punto de inicio resulta siempre un ejercicio arbitrario; sin embargo, la izquierda desde su origen es, en esencia, internacionalista. Las internacionales comunistas y socialistas conformaron una primera arquitectura del internacionalismo político, institucionalizada y anclada en contextos europeos, que asumían que las ideas políticas no emergen de manera espontánea, sino que requieren marcos organizativos, tiempo histórico y espacios compartidos para desarrollarse.

En esa primera arquitectura del internacionalismo se inscriben la Internacional Socialista, creada en 1951 como referencia central de la socialdemocracia, y, más recientemente, la Alianza Progresista, surgida en 2013 como propuesta de aggiornamento organizativo impulsado principalmente por la socialdemocracia alemana. Ambas experiencias evidencian los límites de las arquitecturas partidarias globales tradicionales: su débil anclaje en América Latina, las tensiones derivadas de la heterogeneidad regional y, sobre todo, el dilema persistente de las pertenencias, quiénes ingresan, quiénes quedan fuera y bajo qué criterios ético-políticos (esto es muy relevante cuando vemos partidos que ejercían o ejercen gobiernos no democráticos en esas organizaciones). Integradas casi exclusivamente por estructuras partidarias y con escasa incorporación de movimientos sociales o liderazgos no partidarios, estas redes funcionaron más como antecedentes inspiradores que como espacios capaces de dialogar plenamente con las transformaciones del progresismo latinoamericano, aunque dejaron aprendizajes relevantes en materia de coordinación internacional, deliberación política y construcción de consensos que influirían en experiencias posteriores.

América Latina, sin embargo, no se limitó a reproducir estas trayectorias. A comienzos de la década de 1990, el surgimiento del Foro de San Pablo marcó un hito fundante en la construcción de una institucionalidad política regional propia. Impulsado por Luiz Inácio Lula da Silva y Fidel Castro, el Foro reunió a una pluralidad inédita de fuerzas –partidos comunistas, frentes de liberación y partidos socialdemócratas– y se consolidó como un espacio sostenido de intercambio estratégico, síntesis política y aprendizaje colectivo. Su carácter amplio y flexible lo convirtió, a la vez, en uno de los dispositivos más cuestionados por las derechas regionales, precisamente por su capacidad de articular diferencias y sostener debates prolongados en el tiempo.

Más allá de las críticas a su rol en la última década, se podría argumentar que el Foro de San Pablo fue central, a finales del siglo xx, en la elaboración de marcos comunes de interpretación, agendas y sentidos compartidos que permitieron a las izquierdas disputar el gobierno en distintos países de la región. No se trató únicamente de coordinación política coyuntural, sino de un espacio donde las ideas pudieron circular, tensionarse y madurar colectivamente. Esa acumulación de pensamiento estratégico resultó clave para la capacidad de los proyectos progresistas de delinear estrategias nacionales propias, ganar elecciones y sostenerse en el gobierno, aun en contextos profundamente heterogéneos4.

Con el avance del siglo xxi y la llegada de numerosas fuerzas progresistas al gobierno, emergieron nuevas tensiones. El ejercicio del poder estatal, el impacto de los movimientos feministas y ambientalistas, y el debate sobre los centros reales de poder pusieron en cuestión las formas tradicionales de organización partidaria. En ese escenario, el Grupo de Puebla, surgido en 2019, se configuró como una respuesta política frente al interregno conservador, el lawfare y la articulación de las derechas de entonces en torno del Grupo de Lima. A diferencia del Foro de San Pablo, el Grupo de Puebla se constituyó como una red de personas, que incorporó liderazgos políticos, parlamentarios e intelectuales y amplió las agendas del progresismo regional. Su lógica responde menos a la construcción orgánica y más a la necesidad de articulación política frente a coyunturas críticas.

En una lógica distinta, pero complementaria, desde comienzos de los años 2000 funciona el Foro Progresista de Partidos Políticos

En una lógica distinta, pero complementaria, desde comienzos de los años 2000 funciona el Foro Progresista de Partidos Políticos, impulsado por la Fundación Friedrich Ebert (fes). Este espacio operó como un laboratorio político regional: un ámbito menos visible, pero fundamental para pensar los dilemas del ejercicio del gobierno, las tensiones entre gestión y proyecto y los desafíos de la organización partidaria, incluso –y especialmente– en contextos de derrota electoral o repliegue opositor. Su continuidad en el tiempo permitió sostener debates estratégicos cuando otras redes se debilitaban, evidenciando nuevamente la importancia del tiempo político en la construcción de pensamiento colectivo.

En una escala distinta, el Congreso Panamericano de Parlamentarios, en sus dos años de funcionamiento, está ampliando el horizonte de la integración del amplio arco progresista hacia una dimensión hemisférica. Al incorporar a parlamentarios de América Latina, el Caribe, eeuu y Canadá, introdujo un desplazamiento relevante respecto de las experiencias tradicionales de articulación Sur-Sur. Su apuesta combina una dimensión institucional con una dimensión política: generar lenguajes comunes, identificar agendas compartidas y construir confianza entre actores que operan en sistemas políticos diversos, entendiendo que la integración también se produce en el terreno de la práctica legislativa.

A estas experiencias se suman las redes generacionales, que cumplen una función estratégica en la renovación del progresismo. La Red Futuro es un ejemplo de ello. Concebida como un espacio de articulación de liderazgos jóvenes, reúne a dirigentes que participan en gobiernos progresistas, parlamentos u otras redes regionales. Su especificidad radica en la combinación entre formación política, intercambio de experiencias de gestión y construcción de vínculos duraderos, elementos indispensables para sostener proyectos de largo aliento y para que las ideas no se agoten en una sola generación.

En confluencia con los avances regionales, el progresismo comenzó a ensayar articulaciones de alcance global. En 2019, la Internacional Progresista representó un salto de escala en la integración política al proponer un internacionalismo que articula partidos, movimientos sociales y organizaciones sindicales. Con líderes como Bernie Sanders y Yanis Varoufakis, esta red puso en el centro la necesidad de construir infraestructura política transnacional, entendiendo que las ideas progresistas, para incidir en un mundo globalizado, requieren espacios estables de coordinación más allá de los Estados-nación.

Finalmente, la cumbre Democracia Siempre, celebrada por primera vez en julio de 2025 en Santiago de Chile, expresa una modalidad distinta de articulación progresista. A diferencia de las redes partidarias o de pensamiento, se trata de una iniciativa impulsada desde los Estados, orientada a responder de manera coordinada al deterioro democrático, el avance autoritario y la desinformación. Su relevancia radica en que recupera la dimensión estatal de la integración sin renunciar al diálogo con la sociedad civil, la academia y los organismos internacionales, reafirmando que la democracia también necesita espacios de deliberación sostenidos para defenderse y proyectarse.

En conjunto, estas experiencias muestran que la integración progresista no adopta una forma única ni responde a un modelo homogéneo. Se configura, más bien, como una ecología de espacios –partidarios, personales, estatales, parlamentarios y generacionales– que cumplen funciones distintas, pero complementarias. Todas ellas comparten la premisa de que las ideas políticas no surgen ni se consolidan en el vacío. Requieren tiempo, espacios de encuentro, debates sostenidos y marcos colectivos que permitan que las diferencias se procesen y que los proyectos se construyan más allá de la coyuntura. En un contexto regional e internacional crecientemente adverso, esta acumulación paciente de pensamiento colectivo constituye, quizás, una de las principales fortalezas del progresismo contemporáneo. Incluso más cuando la época exige premura.

Desafíos de la integración progresista

Las organizaciones y redes progresistas enfrentan distintos niveles de desafíos. Aquí nos detendremos en algunos de ellos, tanto organizativos, vinculados a las formas de funcionamiento y de articulación, como aquellos relacionados con la producción y la puesta en discusión de nuevas ideas que el presente exige problematizar.

En primer lugar, aparece el dilema que plantean los partidos que, una vez en el gobierno, implementan políticas que no siempre resultan coherentes con los valores y principios compartidos en el marco de la red. Esto no solo ocurre cuando se alejan de agendas progresistas, sino también –y de manera más preocupante– cuando dejan de sostener estándares democráticos básicos. Como se señaló al inicio, el caso venezolano ocupa un lugar central en este debate. Mientras una parte de los partidos y organizaciones acompañaron el avance del proyecto bolivariano, otros comenzaron a cuestionar el deterioro democrático que derivó en el mayor flujo migratorio intrarregional de América Latina. Qué decir, o no decir, sobre Venezuela se transformó así en un punto crítico en campañas electorales, en la legitimidad de los liderazgos progresistas y, en muchos casos, en un límite concreto que impidió a distintos actores sentarse en una misma mesa.

En segundo lugar, las redes conformadas por personas enfrentan tensiones propias de la relación entre el poder político que los integrantes detentan en sus países y el peso relativo que adquieren dentro de los espacios regionales o transnacionales. El conflicto suele emerger cuando esas asimetrías nacionales se proyectan sobre las dinámicas internas de las redes. Esta tensión entre partidos y liderazgos constituye un problema clásico de la política y remite a debates persistentes sobre los centros reales del poder. Un ejemplo reciente es el caso de Bolivia: la crisis interna del Movimiento al Socialismo (mas) y el conflicto entre Luis Arce y Evo Morales trascendieron rápidamente la escala nacional y tuvieron impacto directo en los espacios progresistas regionales, trasladando disputas locales a ámbitos de articulación más amplios.

En una tercera escala aparece el desafío de la representatividad. Pensar la política exclusivamente entre actores políticos institucionalizados abre interrogantes sobre la capacidad real de los partidos para expresar las demandas sociales y para construir pensamiento político común junto con otros actores relevantes, como la sociedad civil, la academia o el movimiento sindical. En este escenario, tanto los partidos emergentes como las estructuras tradicionales de la izquierda, así como los movimientos populares, enfrentan desafíos comunes de reconocimiento mutuo, articulación y construcción de agendas que no se agoten en la lógica electoral.

Finalmente, emerge el desafío de la legitimidad pública. En un escenario de alta polarización, los espacios de encuentro progresista son frecuentemente presentados por las derechas como ámbitos opacos, conspirativos o ajenos a la voluntad popular. Disputar ese sentido común implica no solo defender su legitimidad democrática, sino también construir formas de comunicación y de apertura que los anclen en las preocupaciones concretas de las sociedades. A ello se suma el desafío de la traducción política: convertir el pensamiento compartido, los consensos estratégicos y las elaboraciones colectivas en políticas públicas concretas sigue siendo uno de los nudos más complejos de la acción progresista. Mientras las redes piensan en horizontes de mediano y largo plazo, la competencia electoral impone urgencias y respuestas inmediatas, generando tensiones permanentes entre estrategia y coyuntura.

En un escenario de alta polarización, los espacios de encuentro progresista son frecuentemente presentados por las derechas como ámbitos opacos, conspirativos

No obstante, resta plantear dos puntos centrales sobre el debate de las ideas. García Linera sostiene que si bien la experiencia progresista latinoamericana mostró avances sustantivos en reducción de la pobreza, ampliación de derechos y construcción de soberanía, también dejó al descubierto límites estructurales que hoy se vuelven lecciones estratégicas: la dificultad para garantizar la sostenibilidad económica de los procesos de transformación; la fragilidad de las disputas por el sentido común frente a la persistencia de matrices culturales conservadoras; y la tensión no resuelta entre crecimiento económico y límites ecológicos5. A ello se suma un desafío político de fondo: reconstruir bloques sociales amplios, plurales y duraderos, capaces de articular Estado, movimientos sociales y ciudadanía en un tiempo marcado por la fragmentación, la desinformación y el avance de derechas que ya no ofrecen proyectos de futuro, sino políticas de exclusión y resentimiento. La cultura y las formas de acción como el eje de la disputa por la hegemonía de las ideas.

Por otro lado, surge el problema de los límites materiales del modelo de desarrollo posible en la época. Como advierten José Miguel Ahumada y Ha-Joon Chang, mientras las potencias centrales reactivan políticas industriales, subsidios estratégicos y proteccionismo tecnológico, el Sur global continúa operando bajo reglas comerciales, financieras y de propiedad intelectual que limitan severamente su margen de acción6. Para la región, el desafío no es solo revertir la reprimarización o crecer más, sino construir capacidades productivas propias, disputar acceso al conocimiento, gestionar recursos estratégicos y evitar que la transición digital y ecológica profundice nuevas dependencias. Esto exige políticas industriales activas, coordinación regional para ganar escala y una acción colectiva capaz de negociar reglas diferenciadas en comercio, tecnología y financiamiento. Sin integración regional, estos objetivos resultan inalcanzables; sin una estrategia común, la región corre el riesgo de quedar atrapada, una vez más, en un lugar subordinado del nuevo orden económico global.

¿Quién dijo que todo está perdido?

Escribimos este artículo en un momento excepcional. eeuu invade militarmente Venezuela, tras más de tres décadas sin intervenciones directas de este tipo en la región, y la integración latinoamericana aparece lejana, debilitada y casi fuera de agenda. Más allá de las valoraciones ideológicas sobre cada gobierno, el escenario regional muestra una fragmentación profunda.

En este contexto histórico, nos importa detenernos a hablar de nosotros: de lo que somos y, sobre todo, de lo que no hemos sido capaces de construir. Abundan los diagnósticos sobre América Latina, en particular aquellos que explican el avance de las derechas. Mucho menos frecuentes son los ejercicios de reflexión crítica sobre las responsabilidades, límites y dilemas del progresismo regional. La región está atravesada por una tensión geopolítica creciente que se expresa en palabras de Daniela Pastrana como un verdadero «duelo de titanes»7. El avance explícito de eeuu, articulado alrededor de discursos sobre seguridad, control de recursos energéticos y recomposición del poder hemisférico, convive con el interés cada vez más estructural de China, que, sin intervención militar ni injerencia política, despliega una estrategia sostenida basada en la construcción de infraestructura, financiamiento e impulso al comercio y la cooperación tecnológica en múltiples países del continente.

A diferencia del vínculo histórico con eeuu, la presencia china se organiza a partir de una lógica pragmática de largo plazo, que reconfigura silenciosamente las dependencias económicas y las capacidades estatales, al tiempo que amplía los márgenes de maniobra de los gobiernos latinoamericanos. En paralelo, una Europa desorientada y atravesada por una profunda crisis de sentido observa desde la distancia, mientras la integración africana también se encuentra en disputa frente a su propia agenda de poder. En este escenario de competencia por el Sur global, América Latina enfrenta una pregunta decisiva: cómo posicionarse frente a esta disputa sin quedar atrapada en una lógica de alineamientos automáticos, sin perder autonomía estratégica y sin diluir la posibilidad de una soberanía colectiva construida desde la integración regional.

La integración implica construir un nosotros regional, capaz de reconocer los problemas de la región como problemas propios

Nos preguntamos cuál es hoy la capacidad real de los progresismos para impulsar mecanismos de integración regional entre Estados, incluso en contextos políticos adversos, como los liderados por José Antonio Kast, Javier Milei o Nayib Bukele, y en un clima de persecución política y de relanzamiento de discursos orientados a combatir todo lo que huela «zurdo». Así las cosas, la integración requiere algo más que acuerdos entre nosotros. Requiere, a su vez, construir sujetos políticos latinoamericanos. Sujetos diversos, discrepantes, sujetos de izquierda y de derecha, que reflejen las diversidades políticas, étnicas, lingüísticas y culturales. Como señaló José Mujica, implica construir un «nosotros»: un nosotros regional, capaz de reconocer los problemas de la región como problemas propios. En este punto, es necesario asumir una autocrítica: la primera ola progresista no logró una integración efectiva desde los gobiernos ni consolidó un proyecto latinoamericanista sostenible. También debemos hacernos cargo del avance de la polarización política que hoy atraviesa el continente.

En América Latina conviven múltiples identidades políticas, y quienes somos de izquierda seguiremos disputando nuestras ideas. Pero el desafío es otro: en cada país, en cada espacio, sembrar las condiciones para hacer una pausa en la polarización y proponer la integración latinoamericana como una salida transversal al desgaste permanente del conflicto. El juego del gato y el ratón ya no nos sirve.

La integración exige ceder poder, relocalizar recursos económicos y reformular la manera de entender las ganancias propias. No queremos sonar ingenuos. Escribimos desde la convicción de que este momento histórico exige sujetos políticos capaces de trabajar más y mejor, de priorizar lo importante y de construir colectivamente.

Este tiempo demanda grandeza política. Demanda tender puentes. Demanda que América Latina vuelva a ser capaz de marcar un camino de construcción colectiva para imaginar un mundo nuevo.

Giorgio Jackson: es ingeniero en Tecnologías de la Información por la Pontificia Universidad Católica de Chile (puc) y doctorando en Sociología en la Universidad de Barcelona. Ejerció en Chile como ministro de Estado (2022-2023) y como diputado de la República (2014-2022).

Patricia González Viñoly: es politóloga. Integra la coordinación del Foro Progresista de Partidos Políticos de la Fundación Friedrich Ebert (fes) en América Latina.

1. P. Stefanoni: «¿Un Muro de Berlín para la izquierda latinoamericana?» en El País, 6/1/2026.

2. Reginaldo Nasser: «La Doctrina Monroe, 200 años después» en Nueva Sociedad No 308, 11-12/2023, disponible en <nuso.org>.

3. Á. García Linera: «¿Policrisis? ¿Interregno? ¿Tiempo liminal?» en Diario Red, 21/12/2025.

4. Ruslán Kostiuk: «Izquierda en América Latina. Foro de São Paulo: internacional unida de izquierda del siglo xxi» en Iberoamérica No 4, 2019.

5. Á. García Linera: «El futuro de la izquierda y la dignidad humana» en Daniel Filmus y Lucila Rosso (eds.): Las sendas abiertas en América Latina. Aprendizajes y desafíos para una nueva agenda de transformaciones, Clacso, Buenos Aires, 2019.

6. J. M. Ahumada y Ha-Joon Chang: A New International Economic Order for the Twenty-First Century: An Agenda for Industrial and Trade Policy, Oxford up, Oxford, 2025.

7. D. Pastrana: «Duelo de titanes en América Latina y el Caribe» en Diario Red, 15/2/2025.

La Unión Europea y América Latina en tiempos de «vasallización»

José Antonio Sanahuja

El gobierno de Donald Trump está transformando las relaciones hemisféricas y transatlánticas. Las aspiraciones de autonomía y desarrollo compartido presentes en la asociación entre la Unión Europea y América Latina se tornan aún más relevantes, pero la cumbre que ambas regiones han celebrado en Santa Marta (Colombia) en noviembre de 2025 pone en duda su capacidad y voluntad de mantener vivos esos objetivos.

La cumbre ue-Celac de Santa Marta: ausencias y fragmentación

El 9 de noviembre de 2025 se reunió en la ciudad colombiana de Santa Marta la iv Cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Pese a las elevadas expectativas iniciales, la reunión dejó una imagen desoladora. Frente al despliegue, a pocos cientos de millas, de una poderosa fuerza aeronaval estadounidense y sus ataques ilegales a presuntas «narcolanchas», solo acudieron a la reunión 9 de los 60 jefes de Estado y de Gobierno convocados1. De los países europeos con más peso, únicamente estuvieron el español Pedro Sánchez y el portugués Luis Montenegro, por su especial conexión iberoamericana. Por parte de las instituciones de la ue, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, delegó la representación en la vicepresidenta y alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas. Un intento de última hora desde el lado europeo para rebajar la cumbre al nivel ministerial fue abortado por las gestiones de la Presidencia colombiana de la Celac y por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, cuando anunció que asistiría a la cumbre, lo que aún no había asegurado. Solo entonces el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, confirmó su asistencia. Lula da Silva fue explícito sobre la necesidad de acudir a la reunión, como gesto de unidad regional y reconocimiento de la importancia de la relación con la ue. En sus propias palabras, «la reunión solo tiene sentido en este momento si discutimos esta cuestión de los buques de guerra estadounidenses en los mares de América Latina»2.

Meses antes, las previsiones sobre la asistencia de líderes aún eran optimistas, especialmente por parte de una ue interesada en afirmar una presencia autónoma en América Latina. La fragmentación política que vive esta región llevó a que, en un momento dado, la lista de asistentes del lado europeo fuera más numerosa que la prevista del lado de la Celac. A las malas relaciones entre líderes y países, enfrentados ideológicamente, se sumaba la ruptura de relaciones diplomáticas entre Ecuador y México, y posteriormente entre Perú y México. Pocos días antes de la Cumbre de Santa Marta, República Dominicana anunciaba, con el respaldo de Washington, que se posponía a 2026 la Cumbre de las Américas. Ello respondía, como expresión de esa fractura ideológica, a la negativa de Estados Unidos a invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que era rechazado por Colombia y México.

Por otro lado, el contexto de la cumbre se tornó más difícil con las sanciones adoptadas por el gobierno estadounidense contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, al que Trump acusó en octubre de ser «un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas». A ello se sumó el inicio de las operaciones militares en el Caribe con objetivos declarados de lucha contra el narcotráfico, pero que apuntaban al cambio de régimen en Venezuela. Según fuentes diplomáticas, las ausencias se debían en casi todos los casos a problemas de agenda –la cop30 se iniciaba un día después en la ciudad brasileña de Belém do Pará–, y la elección como sede de Santa Marta –que celebraba el quinto centenario de su fundación– tampoco ayudaba, al no ofrecer buenas comunicaciones con el exterior. Sin embargo, la escasa afluencia de líderes se explica mejor por el temor a posicionarse frente a Trump y tener que tomar partido contra el creciente intervencionismo estadounidense en la región3. En octubre, Petro denunció presiones de Washington a países del Caribe para no acudir a la cita, y a través de las redes sociales, afirmaba el 3 de noviembre: «Fuerzas ajenas a la paz de América han querido que la cumbre Celac/Europa fracase»4. En un rápido goteo, la mayor parte de los líderes europeos se descolgaron para no verse arrastrados a un enfrentamiento con eeuu a cuenta de América Latina, cuando las relaciones transatlánticas también estaban tensionadas. En ese escenario, la retórica confrontativa de Petro, en respuesta a las provocaciones de Trump, fue más obstáculo que ayuda. La agencia Bloomberg, citando fuentes diplomáticas europeas, señaló que «la ue huye asustada de la Cumbre con América Latina mientras Trump presiona a la región», y añadía que «en un momento en que la ue está tratando de profundizar relaciones más allá de eeuu, la decisión de la mayoría de los líderes de la ue de mantenerse al margen no pinta bien y sugiere que el temor a antagonizar a Trump supera al interés en la autonomía estratégica»5.

La agencia Bloomberg señaló que «la ue huye asustada de la Cumbre con América Latina mientras Trump presiona a la región»

Ya en Santa Marta, el buen hacer de las cancillerías, del Servicio Europeo de Acción Exterior y de la Presidencia colombiana de la Celac permitió aprobar una declaración final que suscribieron –con reservas– 58 países, lo que, pocos días antes, parecía difícil6. Nicaragua no se adhirió, y Venezuela, que participó activamente, se retiró en la fase final debido al desacuerdo sobre la guerra de Ucrania, pese a que el lenguaje utilizado era similar al de la cumbre anterior7. Dadas las circunstancias, el logro de ese acuerdo es un resultado a destacar. Para ello se permitió que algunos países se «disociaran» de los puntos que no aceptaban, algo inusual en la diplomacia de cumbres. Pero esa flexibilidad no evitó que la regla del mínimo común gravitara sobre el texto, bastante tibio y con visibles omisiones, elipsis y sobreentendidos.

En otras circunstancias, las invocaciones al multilateralismo, a la Carta de las Naciones Unidas y a los principios básicos de derecho internacional –respeto de la soberanía y no intervención, integridad territorial, abstención del uso de la fuerza, resolución pacífica de las disputas– habrían sido parte del ritual y de la retórica propia de la diplomacia de cumbres. En esta ocasión cobraban un significado especial a pesar de su tibieza, ante el despliegue militar y los actos de fuerza de eeuu, apoyados o tolerados por algunos países presentes. Un recurso a la fuerza que, en enero de 2026, escalaría con la intervención armada ilegal en Venezuela. eeuu, verdadero elefante en la habitación, no aparece en la declaración, pero las menciones a normas internacionales aluden claramente a las políticas de Trump8. Pero su alcance y desigual respaldo muestran con claridad la fragmentación política latinoamericana y la influencia de un eeuu más intervencionista: del punto que reafirma a la Celac como «zona de paz», la importancia de la seguridad marítima en el Caribe y el respeto al derecho internacional en la lucha contra el narcotráfico, se «disoció» un «frente trumpista» integrado por Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. De distinta forma –y con Argentina y Paraguay como los casos más extremos–, los países de ese frente también se disociaron de lo acordado sobre la guerra de Gaza, alineándose con Israel; del rechazo a las sanciones extraterritoriales contra Cuba, rompiendo en este último caso un consenso birregional de décadas; de los acuerdos de la Organización de las Naciones Unidas (onu) –Pacto por el Futuro, Agenda 2030– y, en particular, de la agenda de igualdad de género; y, finalmente, de una regulación digital basada en los derechos humanos (Argentina) y la necesidad de enfrentar la desinformación y los discursos de odio, incluidos aquellos que suponen violencia y discriminación de género (Argentina y Paraguay). Hay, no obstante, algunas excepciones al libreto antiglobalista de las extremas derechas: reconociendo la particular vulnerabilidad de América Latina frente al cambio climático, todos los países respaldaron los compromisos de reducción de emisiones del Acuerdo de París. Igualmente, se respaldó un sistema multilateral de comercio basado en las reglas de la Organización Mundial del Comercio (omc) y se afirmó la necesidad de reducir «tensiones comerciales» en un mensaje dirigido a Washington9. Pese al papel del Acuerdo ue-Mercado Común del Sur (Mercosur) como evidente respuesta a esas «tensiones», la declaración no lo menciona, en esta ocasión por el rechazo de Francia.

Búsqueda de autonomía y racionalidad geopolítica

La Cumbre de Santa Marta es el hito más inmediato en una trayectoria de más de cuatro décadas de diálogo político, cooperación y vínculos económicos que es necesario recordar para valorar el significado político de esas ausencias y de lo finalmente acordado. Desde su inicio en la década de 1980, en la política de la ue hacia América Latina puede rastrearse la voluntad de ampliar la autonomía de ambas regiones frente a fuerzas hegemónicas y, a través de una lógica interregional, promover una mejor gobernanza global. Asumiendo la existencia de asimetrías o intereses económicos, ha sido una relación de elección, y no «natural» o dada, por mucho que se justifique con una retórica centrada en valores o vínculos históricos o socioculturales. Pero la presencia europea en lo que se consideraba el «patio trasero» de eeuu no llegaba a cuestionar las relaciones transatlánticas o el anclaje de ambas regiones, en mayor o menor medida, en el bloque occidental10.

En la política de la ue hacia América Latina puede rastrearse la voluntad de ampliar la autonomía de ambas regiones

Antes de que apareciera el diálogo entre gobiernos, el protagonismo fue de las internacionales políticas, en defensa de los derechos humanos y la solidaridad frente a las dictaduras militares y los rígidos alineamientos de la Guerra Fría. En 1984 comienza la relación intergubernamental a través del llamado Diálogo de San José para apoyar los procesos de paz del grupo Contadora y Esquipulas en América Central. De entonces data un precedente de interés para lo ocurrido en Santa Marta: en vísperas de la primera reunión de San José, propuesta por el entonces presidente de Costa Rica, Luis Alberto Monge, el secretario de Estado del gobierno de Ronald Reagan, George Shultz, intentó frenar la mediación europea en los conflictos internos centroamericanos pidiendo que la reunión no se celebrase. Pero la carta enviada por Shultz fue filtrada a los medios por el gobierno socialista francés. Al hacerse públicas esas presiones, Europa respondió elevando esa reunión, inicialmente de bajo perfil, a rango ministerial. En 1990, se inició el diálogo ue-Grupo de Río, ya con todos los gobiernos democráticos de América Latina, centrado en el impulso de la paz en América Central y de los procesos de transición y consolidación democrática en toda la región. Al terminar la Guerra Fría y comenzar los procesos de globalización, la agenda se amplió al apoyo al regionalismo y la promoción del comercio y la inversión, lo que dio paso a una estrategia interregional basada en acuerdos de asociación aún vigente, con el Acuerdo ue-Mercosur como última tarea pendiente. En 1999, el diálogo político, de rango ministerial, dio paso a las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno, que, con distinta periodicidad, llevan directamente a la Cumbre de Santa Marta.

De ese acervo se extraen aprendizajes valiosos: que la relación birregional permite ampliar los márgenes de autonomía de ambas partes, frente a la bipolaridad de entonces y la pretensión de hoy de levantar una nueva bipolaridad o recrear áreas de influencia; respecto a la importancia del regionalismo y la integración regional y su contribución al desarrollo y al multilateralismo; sobre la importancia de una cooperación al desarrollo con objetivos políticos en torno de la democracia, la paz o la reducción de la desigualdad, frente a enfoques tecnocráticos o economicistas; o sobre el significado geopolítico de los acuerdos comerciales. En el escenario de competencia económica de la Posguerra Fría, los acuerdos de asociación fueron una estrategia para diversificar y asegurar mercados frente al proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (alca) y, cuando este encalló, frente a tratados bilaterales –versiones a pequeña escala del alca– que Washington firmó con países concretos. Ese mismo papel –diversificar, dar acceso y certidumbre, que hoy se define en términos de resiliencia o seguridad económica– es el que habrían de cumplir ahora los acuerdos entre la ue y América Latina frente a la competencia económica y tecnológica entre China y eeuu. Finalmente, el interregionalismo entre la ue y América Latina ha podido responder a intereses «duros» como la diversificación de relaciones o el acceso a mercados. Pero también expresa una visión normativa que ve a los grupos regionales como parte del multilateralismo y la gobernanza global, asumiendo las mayores interacciones económicas y las afinidades ideacionales y políticas propias del regionalismo11.

El mundo de la Posguerra Fría y la globalización para el que se diseñó esa estrategia interregional ha dejado de existir

Sin embargo, el mundo de la Posguerra Fría y la globalización para el que se diseñó esa estrategia interregional ha dejado de existir. El sistema internacional está sumido en una larga etapa de policrisis o interregno, de incierta salida. Está signado por transformaciones económicas y tecnológicas de gran alcance, crisis y emergencia ambiental, rápidos procesos de transición de poder y una creciente contestación del orden internacional liberal. El primer mandato de Trump fue más que un aviso: abrió una fase de guerras comerciales y cuestionamiento de la globalización y su gobernanza. Todo ello se ha visto agravado por la pandemia de covid-19 y la guerra de Ucrania, que han reforzado tendencias previas de fragmentación, vulnerabilidad y repliegue de vínculos económicos, y han revalorizado, a su vez, la noción de seguridad y resiliencia frente a las lógicas de liberalización y eficiencia de la globalización. El segundo mandato de Trump, más estratégico, disruptivo y radical que el anterior, cuestiona la noción misma de Occidente, el vínculo transatlántico y las relaciones hemisféricas y, como se señala más adelante, plantea una amenaza directa de resubordinación. Todo ello exige redefinir estrategias de desarrollo e inserción internacional, de seguridad y resiliencia y, en última instancia, revisar las relaciones entre la ue y América Latina y valorar qué se puede hacer conjuntamente para responder a las crisis y seguir teniendo márgenes de autonomía y vías propias para responder al cambio tecnológico y productivo y a la reconfiguración de la economía y la política mundial.

Ante ese escenario, la interrupción del diálogo político ue-Celac desde 2015 fue un hecho anómalo y preocupante. La cancelación de la Cumbre ue-Celac prevista en 2017 se debió, en primera instancia, a la estrategia de aislamiento de Venezuela por parte del Grupo de Lima, expresión de un «trumpismo subalterno» que bloqueó plataformas regionales como la Celac o la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Ello, a su vez, reflejaba fracturas políticas más amplias en América Latina: entre izquierda y derecha, y entre izquierdas democráticas y autoritarias, que erosionaron los mínimos de cohesión y agencia que exige el interregionalismo.

Pero el estancamiento de las relaciones birregionales también puede imputarse a la negligente actitud europea hacia América Latina y a visibles errores de política: la Estrategia Global y de Seguridad de 2016, impulsada por Federica Mogherini como alta representante, asignó un lugar periférico a América Latina y apostó por un entendimiento con eeuu que, con Trump en la Presidencia, no fue posible; y la cooperación al desarrollo se retrajo, a causa de la «graduación» errada de los países de mayor renta, que respondía a una visión tradicional Norte-Sur de la ayuda externa12. El acuerdo ue-Mercosur de 2019 quedó paralizado por el rechazo a la política ambiental de Jair Bolsonaro en Brasil y las pulsiones proteccionistas en algunos Estados de la ue, como Francia.

La primera Comisión Von der Leyen (2019-2024), el entonces alto representante Josep Borrell y la Presidencia española del Consejo de la ue en 2023 impulsaron una revisión y renovación de las relaciones, con una nueva estrategia para América Latina presidida por la búsqueda de autonomía estratégica frente a eeuu y China13. Se recuperó el diálogo político con una nueva Cumbre ue-Celac –la primera en ocho años– celebrada en Bruselas en julio de ese año. Se actualizó la política de desarrollo con una lógica más horizontal, basada en el interés común, que incorporó iniciativas emblemáticas y recursos financieros adicionales para impulsar las transiciones verde y digital, como el programa de inversiones Global Gateway. Con importantes concesiones por ambas partes, bajo la lógica de la autonomía estratégica, se revisó el acuerdo ue-Mercosur. Que se pudiera cerrar en diciembre de 2024 se debió al temor a un nuevo mandato de Trump. Más que la mera supresión de barreras comerciales, ahora se trataría de establecer un área económica común sometida a reglas, en la lógica del friendshoring, que permita la política industrial y de desarrollo productivo, frente al desmantelamiento del sistema multilateral de comercio, las guerras comerciales y el uso coercitivo (weaponisation) de las interdependencias por eeuu.

En cuanto al diálogo político, la Cumbre ue-Celac de Bruselas afirmó esas metas: ampliar la autonomía y la resiliencia, sostener el multilateralismo e impulsar asociaciones económicas y de cooperación funcionales a transiciones justas, dejando atrás la vieja lógica vertical Norte-Sur en la que se enmarcó en su origen. Ello no suponía obviar los desacuerdos. La guerra de Ucrania, por ejemplo, evidenció coincidencias en principios y diferencias de posición respecto a los contendientes, lo que empujó a una declaración final de mínimo denominador común; pese a ello, Nicaragua no se sumó a la declaración14.

De la autonomía al vasallaje: América Latina y la ue en el mundo de Trump

Ante la estrategia acelerada de contestación del orden internacional de Trump, la espantada de los líderes en Santa Marta podría ser vista como un asunto menor. Sin embargo, es resultado de una estrategia política en la que eeuu ve el mundo en términos de esferas de influencia, en una lógica tecnoimperial que remite tanto al siglo xix como al xxi, y apuesta por la subordinación estratégica de ambas regiones, además de promover gobiernos afines con fuerzas políticas de extrema derecha15. Así se establece en la Estrategia de Seguridad Nacional que la Casa Blanca hizo pública en diciembre de 202516. Esa estrategia de «vasallización» –un término utilizado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron17– afecta de manera determinante tanto a Europa como a América Latina: actualiza la secular aspiración de autonomía presente en la relación birregional. Pero también revela que en ambas regiones hay gobiernos y elites dispuestos a aceptar gozosamente ese vasallaje18.

Con relación a América Latina, la política de Trump reactiva un imaginario de excepcionalismo y «destino manifiesto». Esto remite al nacionalismo imperial de finales del siglo xix y a la Doctrina Monroe, a la que se añade un «corolario Trump» que nuevamente recurre a la fuerza militar y a instrumentos económicos. En esa lógica, en primer lugar, se pretende subordinar a América Latina al control migratorio, concebido como prioridad de seguridad, con distintas medidas de presión –aranceles, en particular– para la externalización del control fronterizo. Se alientan políticas de «mano dura» que normalizan restricciones de derechos y una deriva autoritaria como solución de seguridad, con riesgos para el Estado de derecho y los estándares democráticos. El Salvador es un país clave. Frente a la concentración de poder, el deterioro de contrapesos democráticos y el régimen de excepción, Washington ha elogiado el liderazgo de Nayib Bukele, con lo que ha contribuido, de facto, a normalizar su proceso de autocratización como modelo exportable. En segundo lugar, aunque no es una novedad, se prioriza la agenda antidrogas, crecientemente securitizada, lo que incluye la calificación de los cárteles como amenazas terroristas así como respuestas unilaterales y militarizadas. En tercer lugar, aparece la contención de China: se impulsan el nearshoring y la reconfiguración de cadenas de suministro, y se acompañan de presiones sobre infraestructuras críticas, como el Canal de Panamá. Finalmente, a la política hemisférica se añade la dimensión ideológica, con presiones directas hacia Cuba, Nicaragua y, sobre todo, Venezuela. La dimensión más disruptiva es el recurso a la fuerza frente al «narcoterrorismo» en el Caribe, con un imponente despliegue aeronaval que, con ese pretexto, apunta en realidad a tomar el control de Venezuela y sus recursos y a un posterior cambio de régimen en ese país, y también pretende reafirmar la influencia de Washington en todo el hemisferio19.

La dimensión más disruptiva es el recurso a la fuerza frente al «narcoterrorismo» en el Caribe, con un imponente despliegue aeronaval

La manifestación más palmaria de esa nueva proyección imperial, hasta ahora, ha sido la intervención armada en Venezuela del 3 de enero de 2026. Pudo existir un «efecto sorpresa» respecto a la acción militar en sí, pero esa intervención estadounidense era esperada. Tras el ataque, Trump y Marco Rubio insistieron en el argumento de las drogas y la inmigración, en clave de política interna. Anunciando un entendimiento con el chavismo, apenas utilizaron el término «democracia» y sí, y muchas veces, «estabilidad» y «petróleo», para vincularlo también a los intereses nacionales y la política America First. Es parte de una estrategia anunciada antes del inicio del segundo mandato de Trump, y que confirmó la Estrategia de Seguridad Nacional 2025, difundida pocas semanas antes del ataque, que reivindica de manera explícita el retorno de la Doctrina Monroe a las relaciones hemisféricas. No es casual que la expresión utilizada por el presidente estadounidense para caracterizar la intervención en Venezuela –una «operación militar extraordinaria»– sea casi la misma que la utilizada por Vladímir Putin en Ucrania.

Ese nuevo intervencionismo, combinado con medidas de coerción y apoyo selectivo, se despliega más allá del Caribe: el Brasil de Lula es objeto de presiones –incluidos aranceles y sanciones al Poder Judicial– en respaldo al ex-presidente Jair Bolsonaro. La Argentina de Milei recibió un amplio rescate financiero del Tesoro estadounidense sin condicionalidad económica aparente, pues su función era estabilizar al gobierno a corto plazo frente a unas elecciones difíciles20.

En Honduras, a la abierta interferencia en las elecciones generales de noviembre de 2025 se ha sumado el indulto al ex-presidente Juan Orlando Hernández, condenado por un tribunal federal por delitos de narcotráfico y tráfico de armas –análogos a los esgrimidos para capturar a Nicolás Maduro y su esposa–, lo que muestra que en realidad son un pretexto que se aplica de manera selectiva e interesada al servicio de ese nuevo proyecto imperial.

El regreso de Trump a la Casa Blanca también ha replanteado las relaciones transatlánticas. Al iniciar su segundo mandato, Trump acusó a la ue de haber «nacido para joder a eeuu» y amenazó con imponer aranceles elevados. Esa amenaza responde a un objetivo geopolítico: forzar la subordinación europea y liberar recursos hacia el Indo-Pacífico. Sin plantear la salida de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (otan), exige que los europeos asuman los costos de la guerra de Ucrania y mantiene la ambigüedad sobre las garantías de seguridad, incluido el paraguas nuclear. En febrero de 2025, esas posiciones se expresaron en el Grupo Ramstein –conformado por decenas de países en apoyo de Ucrania– y, en la Casa Blanca, con la presión a Volodímir Zelensky para aceptar una pax trumpiana muy parecida a la pax russica. Para buena parte de Europa central, nórdica y báltica, Rusia es una amenaza existencial; por eso el viraje estadounidense y su alianza de facto con Moscú se viven como una retirada de la seguridad europea. Trump explota ese miedo y lo utiliza como palanca negociadora, situando a la ue en una «tormenta perfecta»: si no cede en comercio o en gasto militar, presiona con Ucrania y el compromiso con la otan, lo que deja a Europa atrapada en una triple y muy ardua negociación21. Así pudo verse en la cumbre de la Alianza Atlántica en La Haya, en la que sus socios europeos se vieron forzados a elevar el gasto militar a 5% del pib y a comprar más armas a eeuu para evitar así la ruptura con Trump, como simbolizó el mensaje obsequioso de su secretario general, Mark Rutte22.

En el frente comercial, Trump amenazó con aranceles «recíprocos» de 50% desde agosto de 2025. Bruselas optó por doblegarse y evitar daños mayores con el desastroso acuerdo de Turnberry de julio de 202523. A pesar de su compromiso declarado con el multilateralismo, la ue validó la ruptura de las normas de la omc y perdió así el capital político que hubiera permitido liderar una coalición internacional en defensa del comercio basado en reglas, en la que podrían haber participado socios latinoamericanos de peso, como Brasil24. El acuerdo también supone un amplio retroceso normativo, que beneficiará a las corporaciones estadounidenses al extinguir el llamado «efecto Bruselas», que alude al rol de la ue como potencia regulatoria global.

En suma, con la amenaza de abandonar su compromiso noratlántico, eeuu exige a Europa una relación subalterna y esto plantea un doble dilema, entre fragmentación o unidad, y entre subordinación o autonomía estratégica. Esta última meta sigue presente en planes como ReArm eu, en las políticas de energía, industria, defensa, o en la regulación digital. También en la búsqueda de nuevos socios comerciales, como el Mercosur o la India. Pero las elites atlantistas –cada vez más próximas a fuerzas de extrema derecha cercanas a Trump– siguen apostando por el apaciguamiento y la contención de daños, a un precio cada vez más alto, esperando recuperar el vínculo con Washington25. Así lo indican las tibias y fragmentadas respuestas de la ue a la agresión a Venezuela y a las crecientes amenazas de eeuu sobre Groenlandia.

En ese marco, la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 fija una agenda muy ideologizada hacia la ue. Hay prioridades transaccionales –abrir mercados a bienes y servicios estadounidenses–, pero también se presenta a la ue como amenaza woke a las naciones soberanas y a la civilización occidental; se propone «cultivar la resistencia» a la Unión y apoyar a las fuerzas «patrióticas», con una voluntad intervencionista que puede tensionar la cohesión interna de la ue. La tendencia apunta a la desaparición del vínculo transatlántico tradicional. En este escenario, Europa enfrenta el reto de redefinir su papel: aceptar la subordinación y el vasallaje, o avanzar en una autonomía estratégica que, aunque costosa y arriesgada, parece ser la única vía para garantizar su seguridad y relevancia global.

Más allá de Santa Marta: una agenda de progreso para la ue y sus relaciones con América Latina

Frente a esas presiones, y más allá de los resultados de la cumbre de Santa Marta, con sus luces y sombras, ¿cuál es el papel que puede jugar la relación eurolatinoamericana? Hoy enfrenta a un Washington abiertamente intervencionista, a una China más presente, un orden internacional en cuestión y una economía política global más fragmentada e incierta. En ese escenario, cabe preguntarse si la ue puede seguir apostando por la autonomía estratégica y converger con las aspiraciones latinoamericanas de desarrollo y de diversificación de relaciones, diplomacia emprendedora o no alineamiento activo, por citar algunas de las fórmulas latinoamericanas de búsqueda de autonomía y mejor inserción internacional. Esa racionalidad es ahora más perentoria para afrontar las dinámicas de vasallización.

Con un eeuu hostil y un vínculo transatlántico en vías de desaparición, la ue tiene que asumir plenamente su «soledad estratégica»

Con un eeuu hostil y un vínculo transatlántico en vías de desaparición, la ue tiene que asumir plenamente su «soledad estratégica», buscar nuevos socios y mirar más y de distinta forma al Sur global y, en particular, a América Latina. Debe decidir de una vez si la región será un socio periférico o estratégico, y adoptar un enfoque más horizontal e igualitario en esa relación. Como la denominan Stefano Manservisi y Mario Pezzini, es necesaria una estrategia de «autonomía cooperativa» basada en interdependencias más simétricas. Para América Latina, la relación con la ue también puede ser útil para balancear presiones de Washington y Beijing en un momento en el que como región pierde gravitación internacional. Ello exige que prime la acción conjunta, a partir de intereses compartidos, en cuestiones como el acceso mutuo a mercados y financiación, la seguridad de los suministros, la transición climática, la transformación digital, y la defensa y reforma de un orden multilateral, en un momento en el que eeuu ha reactivado, sin pudor, una política intervencionista que remite directamente al corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe. Se trata de ser socios estables y confiables para promover el desarrollo y diversificar relaciones en inversión y comercio, basadas en normas predecibles, incluyendo estándares sociales y ambientales más elevados, y el compromiso con el multilateralismo26.

eeuu ha reactivado, sin pudor, una política intervencionista que remite directamente al corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe

No es una tarea fácil. En el terreno de los imaginarios y las narrativas, Europa debe superar la nostalgia de los relatos histórico-culturales, su «blanquitud» civilizatoria, en la que aún anidan discursos de superioridad moral27, o la invocación ritualista a supuestos valores compartidos. Lo cierto es que ambas regiones comparten una visión del mundo basada en normas y el multilateralismo, y no en áreas de influencia o la primacía de la fuerza. Un enfoque más horizontal y cooperativo, sin condescendencia, asumiendo responsabilidades históricas, puede contribuir a superar los recelos históricos que aún existen en América Latina, donde Europa es vista como parte del Norte global. La ue cuenta con mejor imagen que eeuu o China en áreas como la transición verde, los derechos sociales o la igualdad de género, pero debe ser más sensible a las asimetrías, y desde Europa hay que asumir que los dobles raseros con las vacunas y, sobre todo, en la guerra genocida de Gaza, han dañado, quizás irreversiblemente, el ascendiente moral de Europa como potencia normativa.

Junto a los intereses europeos en juego –acceso a materias primas críticas, diversificar mercados, asegurar inversiones y cadenas de suministro, y promover estándares ambientales y laborales más exigentes–, se deben incorporar también los de América Latina en su agenda de autonomía y desarrollo: la región reclama financiación, transferencia tecnológica y espacio de política para la industrialización, así como apoyo en materia social y sanitaria, y cooperación frente a la crisis de seguridad ciudadana que está sufriendo. Ambas regiones necesitan diálogo regulatorio en áreas como las transiciones verde y digital, y promover y defender conjuntamente los estándares laborales, ambientales y sociales ya mencionados28. La necesidad de asegurar la soberanía digital también interpela a ambas regiones y requiere de trabajo conjunto.

En esas agendas comunes, el acuerdo ue-Mercosur es determinante. A pesar de las resistencias internas en la ue, en enero de 2026 fue aprobado por el Consejo, lo que ha permitido su firma en Asunción y el inicio del proceso de ratificación en el Mercosur. Habría sido difícil de entender que, frente a la ofensiva arancelaria de Trump, no pudiera salir adelante. Sin ese acuerdo, sería difícil seguir hablando de una verdadera «Europa geopolítica».

En ese marco, es necesario abordar las disputas aún presentes. Las normas europeas para luchar contra la deforestación –una demanda democrática de la ciudadanía europea– han sido cuestionadas por su enfoque jerárquico y unilateral; su aplicación escalonada debe combinar ambición climática con viabilidad operativa. Más que posponer su aplicación o diluir las normas del Pacto Verde Europeo, como reclaman intereses empresariales, hay que aplicarlas de manera gradual y con cooperación técnica, con los países afectados como copartícipes.

Lo mismo puede decirse del programa Global Gateway, que solo será creíble si supone acceso real a financiación, genera proyectos tangibles y beneficios compartidos en sus áreas prioritarias –infraestructuras de conectividad física y digital, transición verde, brechas educativas o sanitarias– y no responde únicamente a los intereses de las empresas o los gobiernos europeos. En particular, no debiera alentar un nuevo ciclo extractivista. Global Gateway necesita una mejor gobernanza, mayor apropiación latinoamericana y movilización efectiva de financiación, sin sacrificar en nombre de esa agenda de inversiones otras modalidades valiosas de cooperación al desarrollo29. Algunas iniciativas presentadas en Santa Marta –el gran proyecto de interconexión eléctrica en Centroamérica o el programa de renovables en Colombia– van en esa dirección.

Hay áreas de colaboración estratégica con potencial de cooperación, por ejemplo, en materia aeroespacial y de soberanía digital, como ilustra el programa Copernicus. El proyecto europeo iris 2 (Infraestructura para la Resiliencia, Interconexión y Seguridad por Satélite), para crear una red satelital de acceso a internet que busca ser alternativa al cuasimonopolio Starlink, de Elon Musk, también abre oportunidades de colaboración con socios claves de América Latina.

En otras áreas de cooperación, se ha optado por asociaciones voluntarias, aunque abiertas a todos, como las acordadas al margen de la declaración final de Santa Marta. Se trata de la Alianza para la Seguridad Ciudadana ue-América Latina y el Caribe30 y el Pacto Birregional por los Cuidados31. La primera agrupa a 17 países latinoamericanos y al conjunto de la ue, con la notoria ausencia de Argentina y El Salvador, y pretende reforzar la cooperación contra redes delictivas transnacionales, con un enfoque multilateral y del conjunto de la sociedad, basado en evidencias, distanciándose de enfoques securitarios e ideologizados. Cuando la seguridad se convierte en coartada para tendencias autocráticas –como ilustra el «modelo Bukele»–, es necesario promover un nuevo modelo de seguridad ciudadana democrática basado en el Estado de derecho y los derechos humanos. El Pacto de los Cuidados agrupa a la ue y 16 países latinoamericanos, con Argentina y Perú ausentes, y resitúa las cuestiones de igualdad de género y la agenda social en el lugar que no pudo tener en la cumbre de 2023 en Bruselas. Establece un foro permanente de diálogo, intercambio y aprendizaje mutuo, con puntos focales nacionales, sobre normas, políticas y financiación de los cuidados.

Un comentario final

Apenas ha transcurrido un año desde el inicio del nuevo mandato de Trump, y la ue y América Latina han tenido que afrontar a un eeuu que ha transformado, para peor, el sistema de relaciones internacionales, las relaciones hemisféricas y el vínculo transatlántico. La alianza de facto de eeuu con Rusia, la intervención en Venezuela o el anuncio de una «toma» de Groenlandia, territorio de un Estado miembro de la ue, son parte de esa mutación. Es una política de vasallización para un mundo de esferas de influencia, sin reglas ni orden, llena de riesgos e incertidumbre, que no abre horizontes de desarrollo ni de democracia. Pero que, paradójicamente, puede dejar espacio a América Latina y la ue para ser socios más confiables y cercanos.

Tras la Cumbre de la otan en La Haya y el mal acuerdo comercial en Turnberry, la ue, presa de sus temores respecto a la guerra de Ucrania, parece haber optado por una estrategia de acomodamiento o subordinación para evitar males mayores. Hasta ahora, el patrón de relaciones que presenta América Latina respecto de la administración Trump oscila entre el trumpismo subalterno de los gobiernos ideológicamente afines, la postración de los más débiles, o el acomodamiento transaccional y la contención de daños de los países de mayor peso. El Sur global también parece seguir ese patrón, sin acción concertada. En ese contexto, Santa Marta no ha sido, y tampoco podía ser, una ruidosa reunión «contra Trump», y terminó siendo un encuentro deslucido debido a las ausencias de líderes y la tibieza de su declaración final. Sin embargo, con o sin las políticas de Trump, la relación birregional aún puede ser útil para evitar la dinámica de subordinación que Trump y sus aliados en ambas regiones –parte de una verdadera internacional reaccionaria global– ya han iniciado. En suma, frente a Trump y al trumpismo subalterno que anida en su interior, ambas regiones necesitan de un vínculo más fuerte, que sirva al desarrollo, a una autonomía cooperativa y a la mejora de su inserción internacional. La hoja de ruta debiera estar clara.

José Antonio Sanahuja: es catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Entre 2020 y 2024 fue asesor especial para América Latina y el Caribe del alto representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell.

Palabras claves: asociación estratégica, autonomía, vasallización, Donald Trump, Unión Europea, América Latina.

1. «Solo nueve jefes de Estado y de Gobierno llegan a Colombia para participar de la Cumbre Celac-ue» en Efe , 9/11/2025.

2. Juan Esteban Lewin y Silvia Ayuso: «La confirmación de última hora de Lula salva una Cumbre ue-Celac lastrada por las ausencias» en El País, 4/11/2025.

3. Henry Foy, Anne-Sylvane Chassany y Michael Stott: «eu Leaders to Sip Summit in Colombia after Trump Sanctions» en Financial Times, 4/11/2025.

4. Tuit, 3/11/2025, disponible en <https://x.com/petrogustavo/status/1985384547123593632?s=20>.

5. Suzanne Lynch: «eu Runs Scared From Latin America Summit as Trump Pressures Region» en Bloomberg, 4/11/2025.

6. «Declaración conjunta de la Cumbre Celac-ue 2025, 9 de noviembre de 2025», comunicado de prensa, disponible en <www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2025/11/09/joint-declaration-of-the-

celac-eu-summit-2025-9-november-2025/>.

7. Federico Rivas: «El ‘suicidio diplomático’ de Venezuela en la cumbre de la Celac-ue desconcierta a las cancillerías» en El País, 11/11/2025.

8. Juan Esteban Lewin: «Kaja Kallas: ‘La declaración de Santa Marta no menciona a eeuu porque de lo contrario menos países habrían firmado’» en El País, 10/11/2025.

9. Carolina Zaccato: «La ‘otra’ alianza transatlántica. La Cumbre Celac-ue de Santa Marta y la necesidad de profundizar el vínculo entre la Unión Europea y América Latina en tiempos de impugnación al orden internacional», 15/11/2025 en Revista Derecho y Economía de la Integración, en prensa.

10. V. un amplio análisis de esas relaciones en J.A. Sanahuja y Roberto Domínguez (eds.): The Palgrave Handbook of eu-Latin American Relations, Palgrave Macmillan, Cham, 2025.

11. J.A. Sanahuja: «La vía latinoamericana de Europa» en El Grand Continent, 17/6/2023.

12. La graduación es el sistema que clasifica a los países según su nivel de desarrollo para definir si reciben, y en qué medida, o si dejan de recibir cooperación internacional.

13. Comisión Europea y Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad: «Comunicación conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo. Una nueva agenda para las relaciones entre la ue y América Latina y el Caribe», join (2023) 17 final, Bruselas, 7/6/2023.

14. R. Domínguez y J.A. Sanahuja (eds.): «Una asociación renovada. Balance y perspectivas de la Cumbre ue-Celac y las relaciones eurolatinoamericanas», Documentos de Trabajo No 90, Fundación Carolina, 2023.

15. J. Borrell y J.A. Sanahuja: «Frente a Trump, el futuro de Europa está con América Latina» en El Grand Continent, 8/11/2025.

16. The White House: National Security Strategy of the United States of America 2025. Para una buena traducción al español, v. «Estrategia de seguridad nacional estadounidense: el plan de la Casa Blanca contra Europa» en El Grand Continent, 7/12/2025.

17. E. Macron: «Construir un nuevo paradigma europeo. El discurso completo de Emmanuel Macron en La Sorbona» en El Grand Continent, 25/4/2024.

18. Gilles Gressani: «Europe’s ‘Happy Vassal’ Complex» en Financial Times, 11/8/2025.

19. Michael Stott: «Trump Revives Gunboat Diplomacy in Venezuela Stand-Off» en Financial Times, 23/10/2025.

20. Gillian Tett: «America’s Risky Bid to Make Argentina Great Again» en Financial Times, 24/10/2025.

21. H. Foy: «Europe Confronts Trump’s Triple Threat on Ukraine, nato and Trade» en Financial Times, 4/6/2025.

22. «At a Tricky nato Summit, The Trumpian Meltdown is Averted» en The Economist, 25/6/2025.

23. Firmado el 27 de julio de 2025 entre Trump y Von der Leyen en el campo de golf Trump Turnberry (Escocia), el acuerdo establece básicamente aranceles de 15% sobre los productos europeos importados y un compromiso de la ue de comprar energía por valor de 750.000 millones de dólares y de realizar inversiones adicionales por valor de 600.000 millones en eeuu.

24. «The eu Has Validated Trump’s Bullying Trade Agenda» en Financial Times, 30/7/2025.

25. J.A. Sanahuja: «La cumbre de la otan y la crisis del atlantismo» en Nueva Sociedad edición digital, 7/2025, disponible en <nuso.org>.

26. S. Manservisi y M. Pezzini: Europa 360º. Un ensayo sobre prioridades inmediatas de la Unión Europea en la nueva situación geopolítica mundial, Fundación Avanza, Madrid, 2025.

27. Hans Kundnani: Euro-Whiteness: Culture, Empire and Race in the European Project, Hurst, Londres, 2023.

28. Lorena Ruano y Mauricio Polin: «Maximizar las oportunidades para inversiones sostenibles y comercio justo en la Asociación Estratégica entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe», documento de discusión, Fundación eu-lac, 10/2025.

29. Fernando de la Cruz: «La Cumbre ue-Celac y el Global Gateway 2.0» en El País, 5/6/2025.

30. Declaración disponible en <https://eulacfoundation.org/sites/default/files/attachments/2025-11/

eu-lac-alliance-for-citizen-security-joint-declaration_0.pdf >.

31. Disponible en <https://eulacfoundation.org/es/pacto-birregional-por-los-cuidados-union-europea-america-latina-y-el-caribe>.

La idea fija del nacionalismo imperial ruso

Andriy Movchan

El argumento de que Rusia invadió Ucrania debido a la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (otan) –a menudo enarbolado por sectores de la izquierda occidental– no resiste un cuidadoso análisis de los propios discursos de Vladímir Putin. La verdadera idée fixe de la cúpula del Kremlin es que Rusia y Ucrania son un mismo pueblo; una justificación primordialista de su «derecho» a poseer Ucrania y revertir el «error» de Lenin.

La «guerra defensiva de Rusia contra la expansión de la otan [Organización del Tratado del Atlántico Norte]» es un concepto que se ha vuelto casi axiomático para muchos izquierdistas occidentales. Este concepto sirve convenientemente tanto para racionalizar las acciones de Rusia como para radicalizar las críticas a los propios gobiernos. Pero ¿qué papel asigna el mismo Vladímir Putin a la supuesta amenaza de la otan? Una lectura atenta de sus principales discursos revela que Putin niega explícitamente cualquier peligro de un ataque de la otan contra Rusia. En su lugar, toda la atención y la pasión del gobernante se centra en otra cosa: en la cuestión de la «justicia histórica» primordial. Putin desempolva crónicas milenarias y encuentra en ellas la prueba de su utopía reaccionaria, su imaginado derecho histórico a poseer Ucrania. Hablemos entonces de la causa más subestimada de esta guerra: la obsesión ideológica. La idée fixe rusa.

1.300 kilómetros. Así de extensa se hizo la frontera de Rusia con el bloque militar de la otan en 2022, después de que dos países previamente neutrales –Suecia y Finlandia– se unieran a la alianza atlántica. El mar Báltico se convirtió en un mar interior de la otan. San Petersburgo, la capital septentrional de Rusia, se encuentra ahora a solo 148 kilómetros de la frontera de un bloque hostil. ¿Cuál fue la reacción de Rusia? ¿Lanzó Putin un ultimátum militar? ¿Amenazó con una operación preventiva? ¿Concentró tropas en la frontera? No. Nada de eso ocurrió.

Si, en el contexto de Ucrania, la cuestión de la otan sigue apareciendo en el discurso ruso, la izquierda occidental le asigna un papel aún mayor1. Y ello, a pesar de que a Ucrania se le denegó el ingreso en 20082. Alemania, Francia y muchos otros Estados se opusieron abiertamente a la adhesión de Ucrania, cuando el veto de un solo miembro basta para bloquearla. La propia presencia de la base naval rusa en Sebastopol hizo ya casi imposible la adhesión de Ucrania a la otan. Tras la anexión de Crimea y el estallido de la guerra en Dombás, ese ingreso se hizo aún más impensable: la existencia de disputas territoriales y conflictos en curso cierra automáticamente las puertas de la alianza a cualquier aspirante3.

Resulta entonces que la entrada del vecino del norte de Rusia en la otan no supone ninguna amenaza para ella, mientras que Ucrania, que no tenía ninguna posibilidad de ingresar, se convirtió en el objetivo de una invasión a gran escala4. ¿Cómo se explica esto? Demos la palabra al propio Putin.

La Rusia mitológica

Volvamos a febrero de 2024. Moscú. Tras dos años de boicot por parte de los medios occidentales, un periodista estadounidense llega a la capital rusa, cubierta de nieve, para entrevistar a Putin. Ese periodista es Tucker Carlson, un bloguero conservador en ese entonces partidario de Donald Trump. Escéptico ante las explicaciones de los medios liberales sobre las razones de la invasión rusa, quiere escuchar de primera mano qué llevó a Putin a lanzar la mayor guerra terrestre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Después de todo, el líder de la mayor potencia nuclear del mundo no podría haber enviado columnas de tanques hacia una capital vecina sin razones de peso. ¿Quizás hubo algo que empujó a Putin a tomar esta difícil decisión, algo que la audiencia occidental desconoce? Es más, Carlson ya tiene sus propias conjeturas al respecto5: lo más probable es que todo se deba a los gobiernos demócratas y su política sobre la expansión hacia el este de la otan, que, según sospecha, provocó que Rusia diera este paso desesperado, sin dejarle otra opción.

Tucker Carlson formula su primera pregunta:

El 24 de febrero de 2022, cuando comenzó el conflicto en Ucrania, usted se dirigió a su país en su discurso y dijo que actuaba porque había llegado a la conclusión de que eeuu a través de la otan podría iniciar, cito, un «ataque sorpresa contra nuestro país». Y a oídos estadounidenses eso suena a paranoia. Díganos por qué cree que eeuu podría atacar a Rusia por sorpresa. ¿Cómo ha llegado a esa conclusión?6

La pregunta es tan precisa como justa. Después de todo, en el siglo xxi, ningún Estado puede emprender abiertamente una guerra de conquista sin enmarcarla en la defensa contra una amenaza exterior. Todos los agresores –desde Adolf Hitler hasta Benjamin Netanyahu– han llamado a sus guerras «defensivas» (las iniciaron tras «quedarse sin opciones») y adujeron que fueron provocadas desde el exterior: una respuesta al peligro al que se enfrentan el Estado y sus ciudadanos. Y si Rusia se ve a sí misma como un país que ataca en legítima defensa, entonces seguramente debe tener los argumentos más sólidos posibles para hacerlo. ¿Qué amenazaba a Rusia? ¿Qué peligro intentaba evitar Putin?

«No es que eeuu se estuviera preparando para lanzar un ataque sorpresa contra Rusia, yo nunca he dicho eso». Putin elude la pregunta. «¿Esto es un talkshow o una conversación seria? Solo le robaré 30 segundos o un minuto de su tiempo para hacerle una breve reseña histórica. ¿No le importa?».

En un intento de explicar a la audiencia occidental sus verdaderos motivos para atacar a Ucrania, Putin pronuncia una conferencia pseudohistórica de 25 minutos. En ella, los asombrados estadounidenses escuchan por primera vez nombres como el de Riúrik, príncipe de la antigua Rus, los príncipes Oleg y Yaroslav i el Sabio, los líderes mongoles Gengis Kan y Batú Kan, el hetman cosaco Bogdán Jmelnitski y la emperatriz Catalina ii. Putin habla de la unidad sanguínea y espiritual de ucranianos y rusos, llamándolos «un solo pueblo». Incluso intenta entregar a Carlson una pila de cartas de archivo del siglo xvii que supuestamente prueban que los ucranianos son inseparables de los rusos.

En un intento de explicar a la audiencia occidental sus verdaderos motivos para atacar a Ucrania, Putin pronuncia una conferencia pseudohistórica de 25 minutos

Todos los esfuerzos de Carlson por interrumpir y volver a la cuestión principal –¿qué amenazaba exactamente a Rusia en 2022?– fracasan. Putin sigue arrastrando al estadounidense a través de los siglos, tratando de explicar cómo los enemigos de Rusia «separaron artificialmente» a los ucranianos de un único pueblo ruso. Todo esto, insiste Putin, debe entenderse para comprender las causas más profundas de la invasión.

Durante media hora, el líder ruso, refiriéndose a crónicas antiguas y cartas medievales, intenta convencer al estadounidense de que las tierras ucranianas han pertenecido a Rusia desde tiempos inmemoriales. La nación ucraniana y su condición de Estado, argumenta, son artificiales, un accidente histórico, un torpe error que ya es hora de corregir.

«Quieren atacar a Rusia», «Quieren destruir a Rusia», «El país se enfrenta a una invasión militar», «Nuestros ciudadanos podrían ser víctimas de una agresión», «Se están apoderando de nuestro territorio internacionalmente reconocido»: no se dijo ni una sola de estas frases, ni podría haberse dicho.

El propio Putin lo admite: la Federación Rusa como Estado no se enfrentaba a ninguna amenaza. El peligro se cernía sobre otra Rusia: la Rusia mitológica y milenaria que abarcaba tierras «históricas» más amplias. La Federación Rusa dentro de las fronteras de la antigua República Socialista Federativa Soviética de Rusia (rsfsr), trazadas en su día por los bolcheviques, no es más que un fragmento del territorio de la antigua gran Rus, incluidas Bielorrusia y Ucrania. La separación y la salida definitiva de Ucrania del imaginado espacio espiritual y político del «mundo ruso»: esa es la amenaza que Putin trata de evitar. Y al final de la conversación, se lo dice directamente a Carlson: «La reunificación [de un pueblo] sucederá. Ese lazo nunca se rompió», concluye con seguridad.

Derecho sobre Ucrania

Preguntémonos: si el líder de un país en guerra pronuncia una larga conferencia sobre las profundidades de la historia para explicar sus motivos, ¿le importa? Claro que le importa. Nada importa más. «Una conversación seria».

Putin disponía de dos horas de emisión para explicar al mundo que no es un villano y que se limita a defender a Rusia de la amenaza de la otan. Sin embargo, en lugar de eso, dedica la mayor parte de ese tiempo a lo que él considera lo más importante: una justificación primordialista de su supuesto «derecho» a poseer Ucrania. ¿Qué nombre deberíamos darle a esto? Una obsesión ideológica, una idée fixe.

A diferencia de los miles de marxistas occidentales que insisten en que Rusia se enfrenta a una amenaza de la otan, el propio Putin no afirma nada por el estilo7. Al contrario, lo niega rotundamente. Nadie planeaba –ni planea– atacar a la Federación Rusa. La razón de la guerra, dice Putin, es la «ilegal», «blasfema» e «históricamente criminal» eliminación de la mítica cuna de Rusia –Kiev y las tierras circundantes del sur de Rus– de su esfera de influencia8.

No es de extrañar que Putin muestre total indiferencia hacia la entrada de Suecia y Finlandia en la otan. La razón es simple: no pertenecen al imaginado espacio primordial conocido como el «Mundo Ruso». La gente allí no habla ruso; no hay iglesias de la antigua Rus, ni lugares de grandes batallas, ni artefactos sagrados de la mitología nacionalista. Los finlandeses difícilmente pueden considerarse «un solo pueblo» con los rusos. Pero Ucrania es otra historia: su posesión es la idée fixe del nacionalismo imperial ruso y de Putin personalmente.

De hecho, el gobernante de Rusia considera que la guerra es defensiva. Pero ¿en qué sentido? Sencillamente, no está «defendiendo» la Federación Rusa dentro de sus fronteras de 1991, sino las fronteras de un antiguo imperio que, en su más profunda convicción, fueron arrancadas ilegal y artificialmente por los enemigos del seno del Estado milenario de Rusia.

Así como los dirigentes sionistas creen firmemente que su derecho a Judea y Samaria está escrito en la Biblia, los dirigentes rusos han llegado a creer que su derecho a poseer Ucrania está confirmado por las crónicas de la Rus de Kiev y las cartas de Bogdán Jmelnitski9. Tanto para Israel como para Rusia, el concepto de derecho internacional es demasiado joven y aún no ha superado la prueba del tiempo. El sistema de derecho internacional basado en la onu solo tiene 80 años; el tratado europeo sobre la inviolabilidad de las fronteras, apenas 50. ¿Qué son estas tonterías comparadas con crónicas milenarias y textos sagrados?

Si el derecho internacional humilla a Rusia negándole sus «legítimas reivindicaciones» sobre la cuna de la civilización rusa, ¡entonces debe ser un mal derecho internacional! Si no permite la devolución de tierras históricas, sirve a los enemigos de Rusia. Si perpetúa el desmembramiento del otrora unificado Imperio Ruso, si permite que los ucranianos abandonen el seno del «Mundo Ruso», entonces seguir esa ley no solo es perjudicial, sino también criminal. Esta es, a grandes rasgos, la lógica de la cúpula del Kremlin.

Pocos dudarían de los profundos motivos ideológicos que impulsan a los dirigentes israelíes en su guerra permanente por la expansión territorial. ¿Por qué, entonces, la izquierda internacional se niega a ver los impulsos ideológicos similares que hay detrás de los dirigentes rusos? Ignorar lo obsesionado que está Putin con la conquista de Ucrania requiere un tipo de ceguera excepcional.

El concepto de un «pueblo dividido»

¿Quizás una entrevista no sea suficiente para sacar conclusiones? Pasemos a otros discursos y declaraciones claves de Putin.

Seis meses antes de la invasión, en julio de 2021 –cuando el mundo apenas empezaba a recuperarse de la pandemia y nadie podía imaginar que estuviera próxima una guerra a gran escala–, Putin publicó su infame artículo «Sobre la unidad histórica de rusos y ucranianos»10. En él, expuso por primera vez una declaración exhaustiva de su compromiso con el mito primordialista, preparando el terreno ideológico para su futura invasión. En este artículo completamente pseudocientífico, lleno de manipulaciones y afirmaciones falsas, Putin declara que rusos, bielorrusos y ucranianos no son naciones distintas, sino ramas de un único pueblo ruso. La idea principal que recorre todo el artículo es clara: la identidad ucraniana fue construida y alimentada artificialmente por los enemigos de Rusia para dividir a un pueblo y enfrentar a sus partes entre sí.

A los ucranianos se les niega una identidad nacional propia, su condición de Estado y la capacidad de ejercer la soberanía como mejor les parezca

A los ucranianos se les niega una identidad nacional propia, su condición de Estado y la capacidad de ejercer la soberanía como mejor les parezca. Por primera vez, Putin expone sistemáticamente sus opiniones sobre el orden mundial adecuado: Ucrania debe existir exclusivamente dentro del «espacio espiritual y político» ruso. Cualquier intento de los ucranianos de salir de esta esfera se considerará una violación de la integridad de la armonía primordialista. ¿Qué es esto, sino una declaración directa de los motivos ideológicos de la guerra?

Algunos dirán: «Tal vez esta sea solo una de las muchas declaraciones. Seguro que hay otras en las que Putin describe pragmáticamente las amenazas del imperialismo occidental para Rusia». No, Putin no ha escrito ningún otro artículo programático. Su pieza «Sobre la unidad histórica» sigue siendo el único y definitorio manifiesto para justificar la invasión.

Putin repitió las mismas tesis en su discurso clave del 21 de febrero de 2022, tres días antes del inicio de la invasión. «Desde la Antigüedad, los habitantes de las tierras históricas del suroeste de la Rus de Kiev se consideraban a sí mismos rusos y ortodoxos»: así comienza su otro excursus pseudohistórico11. Exactamente la mitad de su discurso está dedicada al argumento ideológico de que Ucrania es un Estado artificial, creado por los bolcheviques. Que el error criminal de Lenin en política nacional tuvo como resultado la escisión del Imperio Ruso unificado de un «feo engendro»: una Ucrania independiente12. Y, al parecer, ahora le corresponde a él corregir este fatídico error.

Sí, este discurso también se refiere a la expansión de la influencia militar de la otan en Ucrania. Pero lo que importa es el contexto en que se menciona. El problema, desde la perspectiva de Putin, es el siguiente: las ciudades costeras de Ucrania fueron conquistadas en el siglo xviii por los caudillos zaristas rusos a costa de la sangre de soldados rusos, por lo que la presencia de bases de la otan allí sería una burla a la memoria de los heroicos colonizadores rusos.

En aras de la equidad, cabe señalar que, en dos breves párrafos, Putin sí menciona una posible amenaza de la otan al territorio internacionalmente reconocido de Rusia. Advierte que si los estadounidenses despliegan sus misiles y bombarderos estratégicos en Ucrania, sería un «cuchillo en la garganta». Pero... En primer lugar, estos breves pasajes se pierden completamente en el telón de fondo de su extensa justificación primordialista de la guerra. Si defenderse de una hipotética agresión militar de la otan fuera realmente el motivo principal, habría tenido un sitio más destacado. En segundo lugar, la hipótesis de que pudieran desplegarse armas nucleares en Ucrania y los estadounidenses atacaran a la mayor potencia nuclear del mundo es totalmente inverosímil, algo que el propio Putin reconocería dos años después en la entrevista de Carlson citada anteriormente. En tercer lugar, como ya se ha mencionado, cuando el «cuchillo en la garganta» vino de Finlandia, Putin… ¡no hizo nada!

¿Qué nos queda? Las dos principales encíclicas de Putin sobre la invasión se erigen como puras destilaciones de ideología.

Argumento central

Después de cuatro años de guerra, después de los enormes sacrificios realizados por el pueblo ucraniano para resistir la invasión, después de que los ucranianos han demostrado con cada acción que se niegan a vivir bajo el dominio ruso, ¿quizás Putin ha adoptado una postura más pragmática y ha abandonado su idée fixe de «reunificar a los pueblos divididos»? No, sigue fiel a su utopía reaccionaria.

«Los pueblos ruso y ucraniano son, de hecho, un solo pueblo. En ese sentido, toda Ucrania es nuestra»

«He dicho muchas veces que considero que los pueblos ruso y ucraniano son, de hecho, un solo pueblo. En ese sentido, toda Ucrania es nuestra», declaró Putin en el verano de 202513. Ese mismo verano, Donald Trump decidió sacar a Rusia del aislamiento internacional e invitó a Putin a una cumbre en Alaska. Ofreciendo concesiones bastante generosas, esperaba que el líder ruso, como político pragmático, llegara a un acuerdo y firmara la paz. Pero Trump se equivocó. No hubo acuerdo. Un artículo en Irish Times describe los detalles de la reunión a puertas cerradas de la siguiente manera:

Putin rechazó la oferta de eeuu de aliviar las sanciones a cambio de un alto el fuego, insistiendo en que la guerra solo terminaría si Ucrania capitulara... El presidente ruso pronunció entonces un discurso histórico incoherente que abarcaba a príncipes medievales como Rurik de Nóvgorod y Yaroslav el Sabio, junto con el jefe cosaco del siglo xvii Bogdán Jmelnitski, figuras que cita a menudo para apoyar su afirmación de que Ucrania y Rusia son una sola nación. Sorprendido, Trump levantó la voz varias veces y en un momento dado amenazó con marcharse. Finalmente, interrumpió la reunión y canceló un almuerzo que tenían planeado.14

Reiteremos este punto. En las primeras conversaciones desde 2022 entre los líderes de las dos mayores potencias nucleares del mundo, Putin no discute con su homólogo el «cerco de Rusia por las bases de la otan», ni las armas nucleares estadounidenses en Europa, ni las «preocupaciones de seguridad de Rusia», ni los misiles de alcance intermedio o la defensa antimisiles; en resumen, ninguna de las cuestiones citadas constantemente por la izquierda occidental cuando discute la supuesta guerra defensiva de Rusia contra la expansión de la otan. No, Putin está preocupado por asuntos totalmente diferentes. En una reunión de alto nivel con el presidente estadounidense, invoca leyendas medievales como el argumento más importante para reconocer su «derecho a Ucrania». Una y otra vez, profiere largas disertaciones, con la esperanza de que los líderes occidentales comprendan por fin el concepto de «un solo pueblo» arraigado en la antigüedad profunda y reconozcan que es correcto.

Si esto no es obsesión ideológica, ¿qué es?

Praxis

Por supuesto, se podría suponer que esta idée fixe primordialista de «reunificar a un pueblo dividido» no va más allá de las conferencias cuasi históricas de Putin en actos públicos; que, en la práctica, Rusia simplemente actúa de forma pragmática para eliminar amenazas externas. Pero no es así. Los principios ideológicos de la utopía reaccionaria de Rusia se están cumpliendo plenamente en el curso de esta guerra.

En los últimos cuatro años, Rusia se ha visto arrastrada por una campaña ideológica masiva destinada a negar la existencia misma de Ucrania15. Los alumnos de todas las escuelas rusas a partir del primer curso asisten ahora a «conversaciones sobre cosas importantes», lecciones semanales de propaganda chovinista estatal16. En 2023, los manuales escolares fueron reescritos personalmente por el ministro de Cultura, Vladímir Medinsky, uno de los que ejercen una fuerte influencia ideológica sobre Putin17, para describir a Ucrania como una formación artificial creada por los bolcheviques. Dmitri Medvédev, un alto funcionario, pide públicamente que la independencia ucraniana «desaparezca para siempre» con el telón de fondo de un mapa gigante que muestra dos tercios de las tierras ucranianas anexionadas por Rusia. Propagandistas televisivos como Vladímir Soloviov van mucho más allá de la simple negación de Ucrania, pidiendo incluso la destrucción de las megaciudades ucranianas si sus residentes no se rinden ante el Ejército ruso y aceptan una identidad rusa18. El filósofo ultraderechista Aleksandr Dugin, vinculado al Kremlin, califica a Ucrania de «mancha tóxica en nuestro territorio» y argumenta que, tras la ocupación total, habrá que erradicar la identidad ucraniana durante décadas para evitar su resurgimiento19.

La encarnación más elocuente de las ideas primordialistas de Putin es la política aplicada en los territorios ocupados

Pero la encarnación más elocuente de las ideas primordialistas de Putin es la política aplicada en los territorios ocupados. Un informe del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas de 2025 reconocía una campaña sistemática para borrar la identidad cultural ucraniana en las zonas anexionadas por Rusia:

la población de las zonas bajo el control efectivo de Rusia sigue sufriendo graves restricciones a la realización de su derecho a participar en la vida cultural, incluido el derecho a utilizar y enseñar las lenguas minoritarias, la historia y la cultura. [Existe] una campaña a gran escala para borrar sistemáticamente la historia, la cultura, la identidad cultural y la lengua ucranianas, reescribiendo los planes de estudios históricos y reprimiendo los símbolos culturales locales, así como el menoscabo general de la identidad lingüística de las minorías étnicas en las zonas bajo el control efectivo de Rusia.20

Pero la labor ideológica fundamental de erradicación de la identidad ucraniana se lleva a cabo entre los niños de los territorios ocupados. La lengua ucraniana ha sido eliminada de los programas escolares21. Los niños que siguen hablando ucraniano son acosados y sus padres, presionados. Se recluta a adolescentes ucranianos en grupos paramilitares que los adoctrinan con el chovinismo ruso y la hostilidad hacia la identidad ucraniana. Además, toda una red de campamentos «militar-patrióticos» entrena a adolescentes de las zonas ocupadas en el manejo de armas, tácticas de pequeñas unidades, operación de drones y medicina de campo de batalla, preparándolos para luchar contra Ucrania. Las prácticas sistemáticas de secuestro, adopción forzosa y reeducación de niños de las zonas ocupadas llevaron a la Corte Penal Internacional a emitir una orden de arresto contra Putin en 2023.

¿Se supone que todo lo anterior son también «medidas defensivas provocadas contra la amenaza exterior de la otan»? Por supuesto que no. Lo que estamos presenciando es una política coherente de expansión territorial y asimilación étnica de los ucranianos: la aplicación literal de la doctrina de «un solo pueblo» de Putin.

Carthago delenda est

Los marxistas suelen ver con recelo los motivos ideológicos de la guerra, recurriendo a menudo al determinismo económico o a explicaciones pragmáticas, como la teoría actualmente popular del «realismo ofensivo»22. Sin embargo, cuando se trata de un sistema en el que el gobernante supremo concentra un poder prácticamente ilimitado y posee el mayor arsenal nuclear del mundo, sus obsesiones ideológicas se convierten en un factor crucial que configura la realidad.

Un ejemplo cercano puede encontrarse en la mencionada utopía reaccionaria de la extrema derecha israelí, que sin duda ha servido de base para el genocidio en Gaza y la permanente limpieza étnica en Cisjordania. Pocos observadores de izquierda negarían la importancia de las doctrinas sionistas en la configuración de la política de Oriente Medio.

Entonces, ¿por qué la ideología primordialista del expansionismo ruso es ignorada casi por completo por los referentes de izquierda? Podemos debatir largo y tendido cómo Putin llegó a sus ideas, en qué momento y por qué razones se radicalizaron, convirtiéndose en una fuerza impulsora de la guerra. Pero negar su influencia en la realidad material es ignorar la realidad de los hechos.

La izquierda critica el eurocentrismo. Sin embargo, a menudo ella misma cae en su trampa, prefiriendo creer que las elites de los países occidentales son las únicas culpables de todos y cada uno de los problemas del mundo. Esta misma suposición subyace al concepto de «guerra defensiva de Rusia contra la expansión de la otan». Tal visión eurocéntrica despoja por completo a Rusia de agencia, ignorando sus propios motivos y aspiraciones internas.

La Rusia de Putin es sin duda un actor en la escena mundial. No se limita a responder a desafíos externos, sino que impone su voluntad. Tiene su propia visión del orden mundial adecuado, su utopía reaccionaria. Un elemento central de esta utopía, la de «un solo pueblo», es la subyugación de Ucrania y la remodelación radical de la identidad de sus ciudadanos, cuyo laboratorio puede observarse en los territorios anexionados.

La existencia de una nación ucraniana separada e insumisa se convirtió, para Putin, en una especie de «Cartago que debe ser destruida». Sin entender este hecho, el 24 de febrero de 2022 sigue siendo incomprensible, al igual que la recurrente frase enigmática sobre «eliminar las causas profundas del conflicto».

Andriy Movchan: es un activista ucraniano de izquierda que se vio obligado a abandonar Ucrania debido a la persecución política de la extrema derecha. Ahora reside en Barcelona, donde se dedica al activismo mediático, el arte y el periodismo. Su trabajo se centra en el contexto soviético y postsoviético.

Palabras claves: imperio, primordialismo, Vladímir Putin, Rusia, Ucrania.

Nota: la versión original de este artículo, en inglés, se publicó en Counterpunch, 1/2026, con el título «The Russian Idée Fixe». Traducción: Pablo Stefanoni.

1. Branko Marcetic: «Orwellian Attacks on Critics of nato Policy Must Stop» en Jacobin, 3/2022.

2. Ian Traynor: «nato Allies Divided over Ukraine and Georgia» en The Guardian, 2/12/2008.

3. Sergey Sukhankin: «Ukraine’s Thorny Path to nato Membership: Mission (Im)Possible?», International Centre for Defense and Security (Estonia), 22/4/2019.

4. Victor Jack: «Putin Says Russia Has ‘No Problems’ with Finland, Sweden in nato» en Politico, 16/5/2022.

5. «Tucker Carlson: Americans Have Been Trained to Hate Putin, and Will Suffer Because of It» en Fox News, 23/2/2022, disponible en <www.foxnews.com/opinion/tucker-carlson-hate-putin-americans-suffer>.

6. «Tucker Carlson Interviews Vladimir Putin Transcript», 6/2/2024, disponible en <www.rev.com/transcripts/tucker-carlson-interviews-vladimir-putin-transcript>.

7. B. Marcetic: «We Don’t Need More Brinkmanship with Russia» en Jacobin, 12/2021.

8. «Putin: ‘Kiev Is the Mother of All Russian Cities’» video en The Washington Post, 18/3/2014.

9. Jacob Wolfe: «Imperial Nostalgia: The War for the Kievan Rus legacy», tesis de maestría, Universidad de Louisville.

10. V. Putin: «Article by Vladimir Putin ‘On the Historical Unity of Russians and Ukrainians’» en Presidencia de Rusia, 12/7/2021.

11. V. Putin: «Address by the President of the Russian Federation» en Presidencia de Rusia, 21/2/2022.

12. afp: «Vladimir Putin Accuses Lenin of Placing a ‘Time Bomb’ under Russia» en The Guardian, 25/1/2016.

13. Guy Faulconbridge y Vladimir Soldatkin: «Putin Says ‘The Whole of Ukraine is ours’ - In Theory» en Reuters, 20/6/2025.

14. Max Seddon, Henry Foy, Christopher Miller y Amy Mackinnon: «How Putin’s History Lecture in Alaska Nudged Trump Closer to Ukraine» en Irish Times, 17/10/2025.

15. «Do Not Call Ukraine Invasion A ‘War’, Russia Tells Media, Schools» en Aljazeera, 2/3/2022.

16. «‘Important Conversations for Preschoolers’: Moscow Brings its Pro-War Lesson Series to Kindergartens across Russia and Occupied Ukraine» en Meduza, 2/9/2025.

17. Pjotr Sauer y agencias: «Russia Releases History Schoolbook Praising Ukraine Invasion» en The Guardian, 8/8/2023.

18. «Vladimir Solovyov on Russia’s main state channel ‘Russia-1’ expressed direct calls for brutality and the destruction of Ukrainian cities», reel en Instagram, disponible en <www.instagram.com/reel/dqaalucdkly/>.

19. «Александр Дугин: ‘Мира больше не будет вообще никогда. Лучше считать именно так’» en Stolica, 30/10/2025.

20. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: «un Committee on Economic, Social and Cultural Rights Publishes Findings on Chile, Colombia, Laos, Netherlands, Russia, and Zimbabwe», comunicado de prensa, 20/9/2025.

21. Human Rights Watch: «Ukraine: Forced Russified Education Under Occupation», comunicado de prensa, 20/6/2024.

22. Daniel Bessner: «How Should the Left Think About Realism in Foreign Policy?» en Jacobin, 7/2022.

La otra «última utopía»

La sociedad civil global a 25 años de Porto Alegre

Martín Bergel

¿Qué quedó de los movimientos que hace más de dos décadas movilizaron una serie de imaginarios de cambio social y encarnaron múltiples promesas y expectativas? ¿Se ha agotado la energía contenida en experiencias como el Foro Social Mundial? ¿A qué se debe el declive de diversas formas de resistencia a la globalización neoliberal? En medio de la ola reaccionaria, volver sobre las huellas del concepto de «sociedad civil global» puede servir para anudar algunas experiencias actuales con las de un pasado no tan lejano.

Dentro del panorama mundial de los acontecimientos políticos y los procesos de movilización social que tuvieron como protagonistas a diferentes expresiones de las izquierdas en el año 2025 que acaba de finalizar, le cupo un lugar destacado a la Flotilla Global Sumud (gsf, por sus siglas en inglés), el proyecto de acción directa ciudadana que, atravesando el mar Mediterráneo, se propuso desafiar el escenario de guerra contra la población palestina llevada a cabo por el Estado de Israel. La iniciativa, surgida de la convergencia de diferentes estratos de activismo y tradiciones de desobediencia civil, alcanzó una notable repercusión global1. Y aunque asediada y finalmente desbaratada y reprimida por el poderoso Ejército israelí, no alcanzó a cumplir sus fines humanitarios inmediatos, logró impulsar una ola de movilización mundial que se ramificó en diversas direcciones.

Pero la relevancia de esta experiencia no radicó solamente en sus logros sobre el tablero o en sus efectos políticos derivados, sino también en los rasgos de su propia morfología. Conformada por cerca de 60 veleros que zarparon desde puertos como Barcelona, Génova o Túnez y que navegaron el Mediterráneo durante semanas –en las cercanías de Gaza fueron finalmente interceptados 42–, con 462 activistas provenientes de 45 países de todos los continentes, la iniciativa se presenta en su página web como «la más grande flotilla civil alguna vez organizada». Las imágenes de la flotilla ‒definida en su carácter como expresamente no violenta‒ surcando cansinamente con banderas palestinas el azul profundo del viejo Mare Nostrum evocaban en su precariedad explícita un combate redivivo de David contra Goliat, al tiempo que en su estética podían traer resonancias de historias inmemoriales de esos escenarios marítimos visitados por el cine o la literatura (o por la historia, como en el clásico libro de Fernand Braudel2). Como en otras tradiciones de desobediencia civil, la fortaleza de la flotilla proviene de su sentido moral –omnipresente en el discurso y la gestualidad severa y consecuente de la activista sueca Greta Thunberg–, que se recorta contra la barbarie de la guerra y el genocidio. Pero además, en la flotilla floreció un mundo. Cada una de las embarcaciones de la iniciativa, autodefinida como «una coalición de gente corriente (…) que cree en la dignidad humana y el poder de la acción colectiva», un proyecto «independiente, internacional y no afiliado a ningún gobierno o partido político»3, fue en la práctica una microsociedad cosmopolita en movimiento, un espacio configurado a través de estrictas reglas de convivencia y cooperación.

Aunque hay distintos modos de pensar o definir al sujeto político que cobró entidad en este experimento, ninguna noción parece caberle mejor que la de germen de una «sociedad civil global». Este concepto, acuñado a inicios de la década de 1990, tuvo en los siguientes 20 años su ciclo de mayor apogeo. Precisamente en estos días se está cumpliendo un cuarto de siglo de la puesta en marcha del ensayo probablemente más ambicioso de articulación y dinamización de la sociedad civil planetaria: el Foro Social Mundial, cuya primera edición tuvo lugar en la ciudad brasileña de Porto Alegre entre el 25 y el 30 de enero de 2001. Bajo el amplio horizonte de construcción de «otro mundo posible» (un mundo alternativo al del capitalismo neoliberal), el Foro se propuso como una red de redes, un «movimiento de movimientos» que confrontaba con todas las formas de explotación y opresión contemporáneas.

En un influyente libro, el historiador estadounidense Samuel Moyn trazó el perfil de los derechos humanos como una «última utopía». Contrariamente a la historia de larga duración bajo la cual suele ubicarse su égida, para este autor es apenas en la década de 1970, ante el desvanecimiento de horizontes de transformación como la revolución y los movimientos de descolonización, cuando el discurso de los derechos humanos –con todas sus promesas, pero también con sus limitaciones– se establece como paisaje utópico de relevo4. Pues bien, desde la década de 1990 es posible pensar que, tras esa era de auge de los derechos humanos, la sociedad civil global emerge como otra «última utopía».

Desde la década de 1990 la sociedad civil global emerge como otra «última utopía»

Este artículo ofrece una breve exploración de ese ciclo histórico, que a pesar de su proximidad en el tiempo ha sido poco revisitado (a punto tal que es poco conocido por las generaciones más jóvenes). En primer lugar, trazo una breve reconstrucción del concepto de sociedad civil, incluyendo sus conexiones con el pensamiento marxista y socialista, hasta su reformulación contemporánea como «sociedad civil global». A continuación, en diálogo con esa genealogía conceptual, reconstruyo la historia de algunas de sus cristalizaciones políticas más relevantes, del zapatismo mexicano al Foro Social Mundial, y aún más allá. Finalmente, discuto algunas razones del debilitamiento e incluso de la crisis de ese ciclo histórico, y conjeturo acerca de sus posibilidades de sobrevida y reinvención.

Aventuras de un concepto polimorfo

1994 puede ubicarse como el momento en que se afirman el concepto y un haz de prácticas que renuevan un imaginario de sociedad civil global. En los primeros días de ese año, el alzamiento zapatista en el sureste mexicano se instaló como un fenómeno mundial que, desde sus primeros comunicados, sorprendió al interpelar a un espacio difuso que aparecía bajo el nombre de sociedad civil nacional e internacional. Pocos meses después, el filósofo político Michael Walzer firmaba el prólogo del libro colectivo Towards a Global Civil Society [Hacia una sociedad civil global], que vio la luz al año siguiente con contribuciones de figuras como Eric Hobsbawm, Elmar Altvater, Chantal Mouffe y Miloš Hájek5. El volumen inauguraba la serie International Political Currents, promovida por la oficina en Washington de la Fundación Friedrich Ebert, y fue reimpreso en cinco oportunidades en los siguientes 15 años. Si la emergencia en la década anterior de los llamados «nuevos movimientos sociales» y la activación convergente de actores sociales y políticos en el proceso de crisis de los regímenes autoritarios en los países del llamado «socialismo real» habían revitalizado el debate sobre los alcances del concepto de sociedad civil como esfera autónoma en relación con el Estado, el despegue del debate sobre la globalización a inicios de los años 90 rápidamente invitó a prolongar esas discusiones a escala mundial. «Sociedad civil global», una fórmula acuñada en los albores de esa década6, apareció rápidamente como una expresión que relanzaba las discusiones sobre el futuro de las democracias y de los proyectos de emancipación.

1994 puede ubicarse como el momento en que se afirman el concepto y un haz de prácticas que renuevan un imaginario de sociedad civil global

Alimentado por una cadena de procesos, el horizonte de expectativas que despertaba la noción se robusteció en el cambio de siglo. Por caso, un entusiasmo difícil de ocultar se aprecia en el prólogo de Anthony Giddens a la primera edición del anuario Global Civil Society [Sociedad civil global], una iniciativa que congregó a varios centros de investigación y a decenas de académicos y que apareció en 2001. Según ponderaba allí el sociólogo británico,

El surgimiento de una sociedad civil global es quizás uno de los acontecimientos más trascendentales que están teniendo lugar en el mundo actual, y su exploración uno de los principales retos para las ciencias sociales en los próximos años (...) asistimos a una oleada de «globalización desde abajo» en la que participan muchos millones de personas corrientes, así como grupos organizados de todo tipo. En la era de la globalización de principios del siglo xxi, los Estados, al igual que las empresas transnacionales, no pueden escapar a la vigilancia de la más amplia comunidad mundial (…) Existen empresas sin escrúpulos, al igual que existen Estados sin escrúpulos, pero ambos están cada vez más bajo el escrutinio de la sociedad civil global.7

El conjunto de transformaciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas que la noción de globalización buscaba atrapar, y dentro de ella el perfil específico de una sociedad civil global, fue leído bajo el prisma de una ruptura epocal que, para la comprensión de sus dinámicas, requería una renovación completa del herramental heurístico de las ciencias sociales y las humanidades. En la perspectiva que entonces ofrecía Ulrich Beck, uno de los intérpretes del proceso, «está constituyéndose un nuevo tipo de capitalismo, un nuevo tipo de economía, un nuevo tipo de orden global, un nuevo tipo de sociedad y un nuevo nuevo tipo de vida personal (…) Por tanto, sociológica y políticamente necesitamos un cambio de paradigma, un nuevo marco de referencia»8.

No se trató solo de visiones articuladas desde universidades estadounidenses o europeo-occidentales. Minoritarios pero significativos, hubo enfoques análogos esgrimidos también desde América Latina. De hecho, al brasileño Octavio Ianni, uno de los principales sociólogos del último cuarto del siglo xx en la región, se debe una de las miradas más radicales en esa dirección, al mismo tiempo que una de las primeras formulaciones de la idea de una sociedad civil mundial. En su libro A sociedade global, fechado en enero de 1992 y reeditado 15 veces en las dos décadas siguientes, escribía: «Los conceptos envejecieron, se distanciaron de la realidad, puesto que la realidad continúa moviéndose y transformándose. En ciertos momentos ella parece repetirse de modo aburrido, pero en otros se revela diferente, nueva, fascinante, insólita, sorprendente. Bajo varios aspectos, puede decirse que hoy está recomenzando la historia»9.

Figuras como José Carlos Mariátegui habían escrito, con similar curiosidad y entusiasmo (y con un dejo de humor), acerca de la fisonomía emergente de una sociedad mundializada

En esas aproximaciones, la novedad radical atribuida al periodo a menudo se morigeraba a través de menciones a procesos preexistentes, como las referencias al internacionalismo fundacional de las tradiciones de izquierda. Pero, de conjunto, predominaba una visión que enfatizaba las promesas y los desafíos, tanto analíticos como políticos, del contexto mundial emergente. Fue solo cuando ese momento de euforia se aplacó cuando pudieron sopesarse líneas de continuidad y comenzaron a interrogarse procesos parciales de globalización muy distantes en el tiempo (sobre todo a partir del auge, en las últimas dos décadas, de los enfoques en historia transnacional y global)10. Por caso, ya en la década de 1920, en el mundo previo a las conferencias internacionales sobre medio ambiente, la proliferación de ong y la existencia de plataformas como internet –es decir, antes del perfilamiento de algunos de los pilares de la sociedad civil global–, figuras como el marxista peruano José Carlos Mariátegui habían escrito, con similar curiosidad y entusiasmo (y con un dejo de humor), acerca de la fisonomía emergente de una sociedad mundializada:

En todas las actividades intelectuales, artísticas, científicas, filantrópicas, morales, etc., se nota hoy la tendencia a construir órganos internacionales de comunicación y de coordinación. En Suiza existen las sedes de más de 80 asociaciones internacionales. Hay una internacional de maestros, una internacional de periodistas, hay una internacional feminista, hay una internacional estudiantil. Hasta los jugadores de ajedrez, si no me equivoco, tienen oficinas internacionales o cosa parecida. Los maestros de baile han tenido en París un congreso internacional en el cual han discutido sobre la conveniencia de mantener en boga el fox trot o de resucitar la pavana. Se han echado así las bases de una internacional de los bailarines.11

Pero más allá de las discusiones posibles sobre su periodización empírica, el concepto de «sociedad civil global» emergía en los años 90 envuelto en una paradoja: su potencial político emancipatorio no lo salvaba de sus ambigüedades; aún más, eran quizás sus confines inciertos, incluso su «vaguedad», los que permitían amplificar el espectro de las expectativas y promesas que despertaba12. En rigor, sus indeterminaciones teóricas y sus oscilaciones descriptivas y normativas hundían sus raíces en la propia historia de la idea. Incluso haciendo abstracción de los enfoques diversos existentes dentro de la tradición contractualista (de Hobbes a Rousseau), su trayectoria posterior había sido también sinuosa, aunque conectada siempre con núcleos cardinales de los debates de la filosofía política moderna. En su primera formulación sistemática en el seno de la llamada Ilustración escocesa, en Ensayo sobre la historia de la sociedad civil de Adam Ferguson (1767), la sociedad civil es el marco de una vida social activa y del renacimiento de la virtud pública. Hegel lee y retoma este ensayo, pero opera un desplazamiento sustantivo. La sociedad civil sigue siendo una esfera separada de la familia, pero es anterior al Estado. Y sobre todo, atañe menos a la actividad política y asociativa de los individuos que a sus interacciones materiales. Esa impronta es finalmente la que llega a Karl Marx, quien en un conocido fragmento de la Contribución a la crítica de la economía política (1859) escribe que, consustanciada con «las relaciones materiales de existencia (…) la anatomía de la sociedad civil se ha de buscar en la economía política»13.

En paralelo, Alexis de Tocqueville predicaba que la salud de las democracias modernas radicaba en las instituciones intermedias, garantes tanto de las libertades individuales como de un espíritu cívico común. En La democracia en América (1835), observaba que eran la prensa libre, las instancias locales de autogobierno, y sobre todo los actores que daban cuerpo a una vida asociativa, los resortes fundamentales para la política democrática.

Ya en el siglo xx, se debió a la obra de Antonio Gramsci la principal reformulación del horizonte de la sociedad civil dentro de la tradición marxista y socialista, según reconstruyó en un admirable ensayo Norberto Bobbio. En el diagrama conceptual de Marx y Engels, la sociedad civil mantiene su carácter autónomo en relación con el Estado, que es –de acuerdo con el esquema clásico que proponen– un derivado superestructural de las relaciones económicas. En esta concepción, la sociedad civil aparece nítidamente separada del Estado y constituye el polo dinámico del desarrollo histórico, pero circunscripta a la esfera infraestructural del movimiento de las clases sociales y las fuerzas productivas. Como muestra Bobbio, es con Gramsci con quien la sociedad civil abandona su referencia en las estructuras económicas y pasa a ser el espacio por excelencia de desarrollo de las instituciones superestructurales ideológicas y culturales, claves en su concepción de la hegemonía. Así, la dominación burguesa descansa en la tramitación de la dirección de la sociedad a través de instancias como la prensa, los intelectuales y las organizaciones culturales, factores todos independientes de la acción directa del Estado. Como contrapartida, ese mismo espacio en disputa es crucial para los proyectos socialistas, puesto que «la conquista definitiva del poder por parte de las clases subalternas es considerada siempre en función de la transformación que anteriormente debe realizarse en la sociedad civil»14.

Quedaba así delimitado un espacio específico de la sociedad civil, a distancia del Estado pero también de la esfera propiamente económica

Quedaba así delimitado un espacio específico de la sociedad civil, a distancia del Estado pero también de la esfera propiamente económica. Y fueron esas las premisas fundantes del redescubrimiento y la revitalización del concepto en las décadas finales del siglo xx. En términos teóricos, la visión más penetrante y abarcadora la brindaron Jean L. Cohen y Andrew Arato en su monumental Civil Society and Political Theory [Sociedad civil y teoría política] (1992), devenida obra canónica de referencia15. Aunque bajo inspiración declarada de procesos históricos recientes, como la activación social contra los regímenes del comunismo burocrático en Europa del Este y las luchas civiles contra las dictaduras en América Latina, el libro se propuso articular un concepto normativo universalizable, piedra de toque de todo horizonte de radicalización de las democracias realmente existentes tras la caída del Muro de Berlín. Recuperando el foco tocquevilliano en el tejido asociativo como savia democrática, y las perspectivas gramscianas sobre la dinámica política conflictual en la esfera pública alimentada por intelectuales y organizaciones sociales y culturales –una composición que, en diálogo crítico con la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas, se cimentaba tanto en los modelos de democracia deliberativa y de construcción colectiva de la razón pública, como en el resguardo indeclinable del pluralismo–, el estudio de Cohen y Arato resultó exitoso en proveer un marco teórico que sintonizó con el momento histórico. Así, fue una referencia que podía funcionar como sustento teórico para los modelos de sociedad civil asociados al cabildeo ciudadano y la acción de las ong; pero también para versiones más radicales, basadas en la praxis de los movimientos sociales y aun en perspectivas de desobediencia civil no violenta (cuestión a la que los autores consagran el último capítulo del libro).

De inmediato, como ya se vio, el mismo contexto histórico impulsó a que ese reverdecer de la sociedad civil se continuara y expandiera a escala mundial, y así emergió poderosamente el horizonte de una sociedad civil global. De un lado, si el núcleo conceptual de la noción se había afincado en la fundación de un espacio para la acción política autónoma en relación con el Estado, resultó casi natural imaginar una praxis que se desarrollara no solamente en un nivel subestatal, sino también en el «más allá» de lo estatal-nacional. El componente libertario del empoderamiento local se proyectaba en la imaginación de un sujeto político allende las fronteras nacionales y culturales, que extraía parte de su épica de esa convergencia multicultural (como en las antiguas Internacionales). De otro lado, proyectando su praxis en esa escala global, la sociedad civil se conectaba con las filosofías del cambio de mundo, y así se relanzaba a través de un imaginario más nítidamente vinculado a la discursividad de las utopías.

Con todo, todavía en este plano conceptual no quedaban disueltas las ambigüedades ni las indeterminaciones. Hubo de hecho quienes se mostraron escépticos, o señalaron los «usos y abusos» de lo que Ellen Meiksins Wood llamó «el culto de la sociedad civil»16. La conocida filósofa política canadiense anticipó allí el núcleo argumentativo de los críticos de izquierda: en su voluntad de trascendencia del economicismo marxista, el discurso de la sociedad civil disolvía las contradicciones de clase en beneficio de lo que ya allí llamaba las «políticas de la identidad» (situándose al inicio de una saga que, con algunos momentos de debate refinado, como la polémica entre Judith Butler y Nancy Fraser de mediados de los años 90, llega a la actualidad en las críticas al wokismo). No obstante, otras voces, en particular de activistas, partían de concepciones de la sociedad civil que involucraban instancias de conflictos materiales muy concretos, desde comunidades que se rebelaban frente a procesos de mercantilización que afectaban sus formas de vida, hasta denuncias de la hegemonía del capital financiero y especulativo. En suma, toda una pluralidad de movimientos que actuaba a escala local-transnacional y que, de conjunto, daba vida a la «irresistible emergencia de un anticapitalismo global»17. Además, el renacimiento simultáneo del concepto de «multitud» en el seno de la tradición del operaísmo italiano aparecía como una tentativa paralela de tematizar la pluralidad en movimiento –lo múltiple irreductible al Uno y al Estado–, partiendo de la base de las mutaciones en la era posfordista de la fisonomía material y cultural de las clases sociales que viven de su trabajo18. No casualmente, la «Batalla de Génova» de julio de 2001, en ocasión de la reunión anual de los representantes de los países del g-8, escenificó el pico del «movimiento de movimientos» en su fase más aguda de convergencia de sujetos sociales subalternos –trabajadores precarios, migrantes, mujeres, comunidades rurales, etc.– en busca de la conquista de nuevos derechos y de la redefinición radical de la democracia a través de acciones masivas de desobediencia civil y movilizaciones callejeras.

Porto Alegre era una fiesta

2001 fue también el año de nacimiento del Foro Social Mundial (fsm), espacio de convergencia y debate de movimientos sociales, sindicatos, organizaciones campesinas, intelectuales, ong, activistas y ciudadanos de a pie de todos los rincones del planeta. La primera edición, que se realizó del 25 al 30 de enero en la ciudad de Porto Alegre, contó con la participación de más de 15.000 personas. El encuentro fue considerado un éxito resonante, no solamente por la proyección pública mundial que efectivamente tuvo, sino además por la intensidad de las jornadas y las alianzas y conexiones múltiples que se gestaron en ellas: desde un nutrido espectro de ejes de discusión pública, a una agenda común de movilizaciones que incluía citas en ciudades acompañadas por Días de Acción Global, el formato que se había ensayado ya en «contracumbres» como la de Seattle, el 30 de noviembre de 1999, en ocasión de la Ronda del Milenio de la Organización Mundial del Comercio (omc) –verdadero espaldarazo para el desde entonces denominado (equívocamente) «movimiento antiglobalización»19–. El Llamado de Porto Alegre, que incluía en su mapa de movilizaciones las contracumbres contra el Área de Libre Comercio de las Américas (alca) a realizarse en Buenos Aires y Quebec en abril de 2001, contra la nueva reunión de la omc en Qatar, en diciembre, y ciertamente contra el g-8 en Génova en julio del mismo año, estaba firmado por centenas de organizaciones sociales, como la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (cloc), la Marcha Mundial de las Mujeres, Amigos de la Tierra, distintos grupos nacionales de la red attac (Asociación por la Tributación de las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana), la tailandesa Focus on the Global South o el Transnational Institut de Holanda, entre muchos otros. En suma, para los asistentes, los fraternales y energizantes días de Porto Alegre parecieron darle carnadura visible al lema del Foro: «Otro mundo es posible».

La elección de Porto Alegre obedecía a que la ciudad del sur de Brasil fue durante décadas un bastión de los sectores de izquierda del pt

Una parte importante del éxito del fsm derivó de su expresa realización en coincidencia temporal con los días en que la ciudad de Davos, en los Alpes suizos, acogía el encuentro anual del Foro Económico Mundial, cita de las elites y del gran empresariado mundial. Así, nacido de la convergencia inicial de asociaciones brasileñas de izquierda y el núcleo originario francés de la red attac (el movimiento mundial constituido sobre la bandera de un impuesto global a las transacciones financieras), Porto Alegre se construyó, en sus centenas de talleres y encuentros y también en su proyección en la opinión pública mundial, como la vibrante contracara de Davos. La elección de la plaza obedecía a que la ciudad del sur de Brasil fue durante décadas un bastión de los sectores de izquierda del Partido de los Trabajadores (pt), que habían ensayado allí innovaciones institucionales como el presupuesto participativo. Pero, más allá de la hospitalidad local, en la Carta de Principios del Foro, surgida a partir del encuentro de 2001, se establecía claramente su carácter no gubernamental. El fsm, se leía en el primer artículo, «es un espacio abierto de encuentro para intensificar la reflexión, realizar un debate democrático de ideas, elaborar propuestas, establecer un libre intercambio de experiencias y articular acciones eficaces por parte de las entidades y los movimientos de la sociedad civil que se opongan al neoliberalismo y al dominio del mundo por el capital». El Foro Social Mundial, se abundaba en otros artículos, «es un proceso de carácter mundial (…) que reúne y articula a entidades y movimientos de la sociedad civil de todos los países del mundo»20.

Entre los antecedentes más o menos directos del proceso, el movimiento zapatista surgido en el estado mexicano de Chiapas constituía una referencia común para el conjunto de actores del Foro. En un temprano comunicado de febrero de 1994, dirigido a «todas las Organizaciones No Gubernamentales de México», el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln) proclamaba sus expectativas en «un futuro en el que la sociedad civil, con su fuerza de justicia verdadera, haga innecesarias no solo las guerras sino también los ejércitos, y un futuro en el que los gobiernos, cualquiera sea su tendencia política, tengan por encima de ellos la vigilancia constante y severa de una sociedad civil libre y democrática»21. Posteriormente, motorizado por esa voluntad de diálogo con una miríada de actores nacionales e internacionales –el escritor Carlos Monsiváis hablaba de la «obsesión epistolar» del subcomandante Marcos–, el ezln auspició en agosto de 1996 el Primer Encuentro Intergaláctico por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, que reunió a decenas de organizaciones y miles de participantes de un amplio espectro del globo, y que puede ser en efecto visto como un momento que anticipó el espíritu del Foro Social Mundial. Las redes globales de apoyo al zapatismo prohijaron directamente la conformación de la Acción Global de los Pueblos (agp), y fueron una de las referencias fundamentales para los Centros Sociales italianos en los que se gestó la generación de Génova.

En las ediciones anuales que siguieron al momento fundacional de 2001, el Foro creció y se diversificó, hasta llegar a reunir en su quinto encuentro de 2005 (que volvía a Porto Alegre, tras una edición realizada en Mumbai, India) a alrededor de 170.000 personas. Solamente el Campamento Intercontinental de la Juventud, apostado en el Parque Harmonia, congregó a unos 40.000 jóvenes. Según algunos de sus más atentos intérpretes, el Foro Social Mundial daba cuerpo a «un nuevo internacionalismo», que contenía pero rebasaba largamente al obrerismo de las Internacionales históricas, a partir de dar cobijo a «una pléyade de movimientos»22. Para otros, el Foro evocaba el «espíritu de Bandung», en su voluntad de dar expresión a la multiplicidad de voces de los desheredados de la tierra, y de «globalizar más aún el ciclo de luchas que se había desplegado de Seattle a Génova»23.

Ciertamente, el proceso se vio atravesado también por críticas y debates. Uno de los más significativos reflejaba la tensión entre dos posiciones que se daban en su interior, entre aquellos que defendían la naturaleza del Foro apenas como un «espacio abierto» (una arena para encuentros y convergencias, pero deliberadamente libre de pretensiones de representatividad y de disputas por la hegemonía interna), y quienes por el contrario juzgaban necesario un mayor direccionamiento político en sintonía con otros fenómenos que tenían lugar en el mundo24. Las críticas más corrientes adjudicaban al Foro Social Mundial un excesivo peso de las ong, un expediente comúnmente enarbolado también frente a otras manifestaciones de la sociedad civil. Con todo, a pesar de sus desequilibrios y sesgos, el Foro parecía dar lugar al pluralismo interno que desde Chiapas y Seattle había caracterizado al movimiento antiglobalización, capaz de contener tanto a opciones progresistas moderadas como a perspectivas radicales y anticapitalistas25.

Las críticas más corrientes adjudicaban al Foro Social Mundial un excesivo peso de las ong

Luego de su sexta edición en 2006, que tuvo como sede la ciudad de Caracas, el Foro Social Mundial perdió progresivamente fuerza, hasta convertirse en un evento que dejó de ser una referencia para los intelectuales y la opinión pública, precisamente cuando varias izquierdas accedían al poder en la región. La edición del anuario Global Civil Society de 2012 –que desde su subtítulo daba lugar a «10 años de reflexiones críticas»– todavía incluía materiales sobre el proceso en continuado del Foro, y en la pluma del sociólogo Geoffrey Players celebraba aún el modelo de una «internacionalización sin institucionalización» que había preservado su pluralismo interno26. Por entonces, Occupy Wall Street en Estados Unidos, el movimiento del 11-m y los indignados en España, y la Primavera Árabe en Túnez, Egipto, Libia y otros países, motorizaban la última ola expansiva de relieve del ciclo de la sociedad civil global.

A modo de cierre: declive… ¿y después?

El recorrido efectuado permite constatar que, contra una serie de imágenes bastante asentadas, el movimiento de la sociedad civil global no se reduce al rol de ong y activistas del «Primer Mundo». Por diversas vías, América Latina tuvo de hecho un rol protagónico en su despliegue. Como vimos, para autores como Cohen y Arato, los grupos e iniciativas que se opusieron a las dictaduras latinoamericanas de los años 70 y 80 fueron una de las principales canteras en las que se incubó el revival de la sociedad civil. Posteriormente, y en un plano intelectual/conceptual, a autores del continente como Ianni se debieron las primeras formulaciones sobre una sociedad civil global, mientras que otros, como el antropólogo brasileño Renato Ortiz, acuñaban la noción de «cultura internacional-popular» para referir a procesos contemporáneos de conformación de estratos culturales globales sobre los que se montaron proyectos de movilización y politización27. Finalmente, experiencias como las del zapatismo mexicano a partir de 1994 y el Foro Social Mundial de Porto Alegre tuvieron un rol decisivo en el emplazamiento de la sociedad civil global como horizonte emancipatorio. Añadamos de paso que de la configuración reciente de la flotilla mencionada al inicio de este artículo no solamente participaron decenas de latinoamericanos de países como Argentina, Brasil y México, sino que todo el proceso contó con el brasileño Thiago Ávila como uno de sus principales organizadores.

Con todo, salta a la vista que, al menos en los últimos diez años, el potencial de la sociedad civil internacional se ha ido desdibujando, incluso contemplando el peso que tuvieron a escala global las sucesivas olas del ambientalismo, el feminismo y otros movimientos. Las razones de ese declive son múltiples, y aquí no puedo más que listar algunas. En primer lugar, evidentemente los Estados e incluso líderes políticos particulares, tanto de izquierda como, en el último tiempo y más acusadamente, de extrema derecha, han recobrado un peso insospechado algunas décadas atrás. Ligado a ello, buena parte del pensamiento y las «estructuras de sentimiento» que ordenan las posiciones de la opinión pública de izquierda han acompañado acríticamente ese retorno de la política «desde arriba». El llamado «campismo» –el apoyo a regímenes autocráticos y autoritarios en nombre del antiimperialismo– y la hipóstasis de lo nacional-estatal, que han imantado una porción considerable de las visiones que van del progresismo al anticapitalismo en sus distintas versiones, se han cobrado parte de las energías y del horizonte estratégico de los internacionalismos y la movilización transnacional y transcontinental28. Finalmente, si hace 25 años las redes sociales prometían ser vehículo para la dinamización y organización horizontal de ciudadanos y movimientos sociales que trascendían fronteras nacionales, sociales y culturales (incluso para imaginar una disputa competitiva con el poder concentrado de los grandes medios), las lógicas superpuestas del algoritmo, la oligarquización y el narcisismo en los usos de las más conocidas redes virtuales han minado y vaciado su potencial político-emancipatorio29. Como resultado de ese proceso, la sociedad civil global ha pasado de un momento ofensivo y utópico a otro apenas defensivo y de contención de daños, como se deduce del llamado al mismo tiempo lacónico y desesperado del lema acuñado por Noam Chomsky: «internacionalismo o extinción»30.

¿Significa todo ello que el ciclo de la sociedad civil global está definitivamente acabado? Creo que sería apresurado extraer esa conclusión, y no solamente por experiencias recientes como la de la flotilla. Desde un punto de vista de la teoría política, el programa contenido en la definición normativa de Cohen y Arato de una sociedad civil más allá del Estado y del mercado capitalista no parece haber perdido vigencia:

Solo un concepto que se diferencie adecuadamente de la economía (y, por lo tanto, de la «sociedad burguesa») podría convertirse en el centro de una teoría política y social crítica (...) De lo contrario, tras las transiciones exitosas de la dictadura a la democracia, la versión indiferenciada del concepto implícito en el eslogan «sociedad contra Estado» perdería su potencial crítico. Así, solo una reconstrucción que implique un modelo tripartito que distinga la sociedad civil tanto del Estado como de la economía, tiene la posibilidad tanto de asegurar el dramático papel opositor de este concepto bajo los regímenes autoritarios, como de renovar su potencial crítico bajo las democracias liberales.31

Incluso más: frente a las críticas provenientes del marxismo y la izquierda ortodoxa que desprecian la noción por su supuesta cancelación de un enfoque de clase, podría pensarse que, en tiempos en los que la conciencia y la identidad como «trabajadores» se encuentran cada vez más diluidas, la sociedad civil global puede resultar una plataforma de agregación más amplia que interpele y contenga a una pluralidad de movimientos sociales y de posiciones en la esfera productiva y reproductiva, tanto de trabajo material como inmaterial, de cuidados, etc. Tal fue también la apuesta teórica y política del concepto «multitud». Uno de los últimos rostros significativos de la sociedad civil global, centrado en el clivaje entre el «1%» y el «99%» invocado por la ola de Occupy Wall Street para poner en cuestión los privilegios –especialmente impositivos– de los súper ricos, avanzó en esa dirección, reformulada luego por franjas del feminismo interseccional32.

Si en efecto la sociedad civil mundial puede eventualmente aspirar a constituir un proyecto o al menos a tener momentos en los que sea capaz de renovar su capacidad de interpelación, puede pensarse que aún tiene ante sí una larga sobrevida, y fases de nuevo esplendor. Al fin y al cabo, su ubicuidad no obedece solamente a la historia de sus zigzagueos conceptuales, sino también a que, como quería el colectivo Notes from Nowhere, apela a un «nosotros» que está en «todas partes»33.

Martín Bergel: es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina y del Centro de Historia Intelectual de la Universidad de Quilmes (unq). Publicó, entre otros trabajos, El Oriente desplazado. Los intelectuales y los orígenes del tercermundismo en Argentina (Editorial de la unq, Bernal, 2015) y La desmesura revolucionaria. Cultura y política en los orígenes del apra (La Siniestra, Lima, 2019).

Palabras claves: flotilla, globalización, sociedad civil global, Foro Social Mundial, Gaza.

1. Entre esas tradiciones convergentes cabe mencionar, en primer lugar, la saga de distintas flotillas que, al menos desde 2010, han buscado intervenir desde el mar sobre el conflicto palestino (una forma de activismo marítimo y mediterráneo, con puntos de contacto con las asociaciones que despliegan formas de acción directa para socorrer embarcaciones con migrantes que aspiran a ingresar en territorio europeo, como la italiana Mediterranea Saving Humans [Mediterránea Salvando a Humanos]); en segundo lugar, el más reciente activismo ambiental de Greta Thunberg, emblema del movimiento Fridays for Future [Viernes por el Futuro]; finalmente, y en un sentido más indirecto, las acciones de insubordinación de la propia población palestina, evocadas en la palabra de origen árabe sumud («resistencia prolongada» o «resiliencia»). La procedencia anarquista, trotskista o antimilitarista de algunos integrantes de la flotilla condujo a que en algunos relatos se punzaran memorias más antiguas, como las de las brigadas internacionalistas de la Guerra Civil Española.

2. El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe ii [1949], 2 vols., fce, Ciudad de México, 2006.

3. V. <www.globalsumudflotilla.org> (mi traducción).

4. S. Moyn: The Last Utopia: Human Rights in History, Harvard up, Cambridge, 2010.

5. Berghahn Books, Nueva York-Oxford, 2019.

6. John Keane: Global Civil Society?, Cambridge up, Nueva York, 2003, p. xi; Heikki Patomäki y Teivo Teivainen: Democracia global, Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 2008, p. 137.

7. A. Giddens: «Foreword» en Helmut Anehier, Marlies Glasius y Mary Kaldor (eds.): Global Civil Society 2001, Oxford up, 2001, Oxford, p. iii.

8. U. Beck: La sociedad del riesgo global, Siglo xxi Editores, Madrid, 2002, pp. 2-3.

9. O. Ianni: A sociedade global [1992], Civilização Brasileira, Río de Janeiro, 2013, p. 35.

10. Por ejemplo, en libros como Las cuatro partes del mundo: historia de una mundialización, de Serge Gruzinski (fce, Buenos Aires, 2010); The Transformation of the World: A Global History of the Nineteenth Century, de Jürgen Osterhammel (Princeton up, Princeton, 2014); o el flamante Capitalism: A Global History, de Sven Beckert (Penguin, Nueva York, 2025).

11. J.C. Mariátegui: «Internacionalismo y nacionalismo», conferencia pronunciada en la Universidad Popular de Lima en noviembre de 1923, reproducida en Mariátegui total, Amauta, Lima, 1994, pp. 909-910.

12. H. Anheier, M. Glasius y M. Kaldor: «Introducing Global Civil Society» en Global Civil Society 2001, cit., p. 15.

13. K. Marx: Contribución a la crítica de la economía política [1859], cit. en Norberto Bobbio: «Gramsci y la concepción de la sociedad civil» [1967] en aavv: Actualidad del pensamiento político de Gramsci, Grijalbo, Barcelona, 1977, p. 154.

14. N. Bobbio: «Gramsci y la concepción de la sociedad civil», cit., p. 166.

15. mit Press, Cambridge, 1994.

16. Michael Hardt: «The Withering of Civil Society» en Social Text No 45, 1995; E. Meiksins Wood: «The Uses and Abuses of Civil Society» en Socialist Register vol. 26, 1990.

17. Meghnad Desay y Yahia Said: «The New Anti-Capitalist Movement: Money and Global Civil Society» en H. Anheier, M. Glasius y M. Kaldor (eds.): Global Civil Society 2001, cit.; Notes from Nowhere: We Are Everywhere: The Irresistible Rise of Global Anticapitalism, Verso, Londres, 2003.

18. Paolo Virno: Gramática de la multitud. Para un análisis de las formas de vida contemporáneas, Colihue, Buenos Aires, 2003; Michael Hardt y Antonio Negri: Multitud. Guerra y democracia en la era del Imperio, Debate, Madrid, 2004.

19. A propósito de la resonante significación de esas movilizaciones, en un artículo en el diario Le Monde del 7 de diciembre de 1999 Edgar Morin escribió que «el siglo xxi ha comenzado en Seattle». La táctica de los Días de Acción Global, llamado a la acción mundial simultánea a propósito de algún tema o evento, surgió en verdad de la red anticapitalista Acción Global de los Pueblos, creada bajo inspiración zapatista a fines de los años 90. Ver M. Bergel y Pablo Ortellado: «Ação Global dos Povos (agp)» en Emir Sader e Ivana Jinkings (eds.): Enciclopédia contemporánea da América Latina e do Caribe, Boitempo, San Pablo, 2006.

20. Carta de Principios del Foro Social Mundial, disponible en <www.universidadepopular.org/site/media/documentos/carta_de_principios_del_foro_social_mundial.pdf>.

21. ezln: Documentos y comunicados, era, Ciudad de México, 1995, pp. 161-162.

22. José Seoane y Emilio Taddei: «De Seattle a Porto Alegre. Pasado, presente y futuro del movimiento anti-mundialización neoliberal» en J. Seoane y E. Taddei: Resistencias mundiales. De Seattle a Porto Alegre, Clacso, Buenos Aires, 2002, pp. 123-124.

23. M. Hardt: «Porto Alegre: ¿la Conferencia de Bandung de nuestros días?» en New Left Review No 14, 5-6/2002.

24. Chico Whitaker: «The wsf as Open Space» y Teivo Teivainen: «wsf: Arena or Actor?», ambos en Jai Sen, Anita Anand, Arturo Escobar y Peter Waterman (eds.): World Social Forum: Challenging Empires, The Viveka Foundation, Nueva Delhi, 2004.

25. P. Ortellado: «Aproximaciones al ‘movimiento antiglobalización’» en Cuadernos de la Resistencia Global No 1, Buenos Aires, 2002.

26. Geoffrey Players: «A Decade of World Social Forums: Internationalisation without Institucionalisation?» en M. Kaldor, Henrietta Moore y Sabine Selchow (eds.): Global Civil Society 2012: Ten Years of Critical Reflections, Palgrave Macmillan, Nueva York, 2012.

27. R. Ortiz: A moderna tradição brasileira, Brasiliense, San Pablo, 1988.

28. No abundan las reconstrucciones críticas del pensamiento «campista». Una valiosa excepción reciente puede verse en Amin Kianpour y Morteza Amanpour: «Many Shades of Campism: An Internationalist Critique» en Portolan Journal, 27/11/2025.

29. V. una reconstrucción de esa historia en Marta G. Franco: Las redes son nuestras. Una historia popular de Internet y un mapa para volver a habitarlas, Consonni, Bilbao, 2024.

30. N. Chomsky: Internationalism or Extinction, Routledge, Nueva York, 2019.

31. J. Cohen y A. Arato: ob. cit., pp. viii-ix.

32. V. por ejemplo Vandana Shiva y Kartikey Shiva: Unidad versus el 1%, lom, Santiago de Chile, 2020; y Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya y Nancy Fraser: Manifiesto de un feminismo para el 99%, Herder, Barcelona, 2019.

33. Notes from Nowhere: ob. cit.

El sindicalismo internacional en el marco de la ofensiva antiderechos

Victoria Basualdo

En el crítico momento actual de la clase trabajadora y el movimiento sindical, y en el marco de los procesos de reestructuración del capital y el ascenso de las derechas radicales, resulta clave analizar la situación, los límites y las potencialidades de las diversas instancias de organización sindical internacional para enfrentar, reforzando la articulación regional y global, los desafíos de esta nueva etapa histórica.

La crisis de la clase trabajadora y el movimiento sindical

Para abordar la ofensiva del poder económico a escala regional y global contra la clase trabajadora y sus organizaciones, en un tiempo de cambios tecnológicos de enormes implicancias, proponemos enfocarnos en tres direcciones: en primer lugar, las radicales transformaciones del capital en las últimas décadas; en segundo lugar, las transformaciones de la clase trabajadora y el movimiento sindical, y por último, los cambios en el papel del Estado y su tipo de intervención en la economía y la sociedad. Pueden destacarse, como grandes tendencias, la concentración y centralización del capital y la conformación de grupos económicos y conglomerados de peso global, la fragmentación de la clase trabajadora, el crecimiento del trabajo no registrado, la expansión de la tercerización en un amplio arco de actividades económicas del sector público y privado, la creciente precarización con diversas modalidades y una fuerte transformación del papel del Estado, con una ofensiva particular contra la normativa protectora conquistada, así como contra toda intervención progresiva desde el sector público tendiente a mitigar las asimetrías entre capital y trabajo. La pandemia de covid-19 sumó un impacto todavía no analizado en profundidad, en términos de aceleración sin precedentes de la digitalización y la hiperconexión, así como en el cambio de las relaciones laborales y la dinámica sindical a partir de las modificaciones en los lugares de trabajo, las consecuencias en la salud mental de la población, con particular peso en determinados sectores sociales más desprotegidos, en mujeres mayoritariamente responsables de tareas de cuidados, así como en determinados segmentos y profesiones.

El contexto crítico actual debe ser analizado además teniendo en cuenta las cuatro crisis significativas a escala mundial registradas durante la etapa de globalización, que tuvieron sus resonancias en América Latina: la de 1973; la de 1990-1991; la de 2001 y, la más cercana, la de 2008. A diferencia de las crisis que las precedieron, las crisis de la globalización fueron desencadenadas por el sector financiero. La crisis de 1973, conocida como la «crisis del petróleo», provocó, como se sabe, el aumento constante de los precios del crudo, con ganancias crecientes y de gran magnitud, hasta principios de los años 80; la crisis de 1990-1991 es recordada como el momento de la crisis de las cajas de ahorro en Estados Unidos, la caída de la inversión y la burbuja hipotecaria de los edificios comerciales; la de 2001 fue una crisis financiera de las empresas tecnológicas y de inversión; y, finalmente, la de 2008 fue una vez más una crisis financiera de los grandes bancos estadounidenses y mundiales1. Al mismo tiempo, tiene gran centralidad la dimensión geopolítica: el paso desde la Guerra Fría y la división del mundo en dos grandes polos con proyectos distintos hacia un nuevo orden en disputa, luego del derrumbe del bloque soviético. Desde comienzos de la década de 1990, los conflictos planteados en América Latina tuvieron lugar en el marco del intento de instalación del paradigma del «fin del trabajo» y la profundización del capitalismo en su vertiente occidental bajo el liderazgo estadounidense, en un tiempo de transformaciones del Sudeste asiático y de ascenso de China en las últimas décadas, factores fundamentales en las disputas actuales.

Las democracias conquistadas en la región tras el ciclo de dictaduras estuvieron marcadas por una intensa presión desde el poder económico respecto de su alcance, formato y dinámica, y por una ofensiva sostenida en distintas etapas para revertir las conquistas de derechos logradas en la segunda posguerra y para reestructurar la política estatal a fin de que funcionara en forma creciente en favor del capital, en lo que no fue claramente un retiro del Estado, sino más bien un cambio de prioridades de la política pública. Las fuerzas políticas que se propusieron reconfigurar el legado del neoliberalismo después del cambio de siglo, incluso cuando impulsaron transformaciones progresivas relevantes, no lograron alterar de manera significativa la enorme concentración del poder económico, que siguió condicionando el modelo de desarrollo. Los procesos de cambio tecnológico, reorganización de la producción y desmantelamiento sindical y un conjunto de estrategias como la tercerización laboral (con la consiguiente división de los colectivos laborales y el desdibujamiento de los actores patronales), así como las profundas asimetrías y discriminaciones en términos de género y raza, potenciaron la fragmentación, la precarización y la desigualdad de la clase trabajadora2. El endeudamiento externo se afianzó en esta etapa como un condicionante clave para el desarrollo de los países latinoamericanos y para su soberanía económica, política y social, y la injerencia e influencia del poder económico en un amplio arco de sectores del sistema político incidió fuertemente en la orientación de las políticas públicas en las últimas décadas, apuntando a bloquear el desarrollo de iniciativas transformadoras. Las dirigencias políticas y sindicales de la región fueron objeto tanto de concesiones, ventajas y beneficios en el caso de quienes se avinieran a aliarse con los sectores económicos más poderosos, como de persecución, disciplinamiento y represión en el de quienes buscaran desarrollar políticas representativas y combativas en el intento de superar los procesos de fragmentación y desigualdad.

Esta lectura estructural, abordada aquí en forma extremadamente breve y limitada, resulta indispensable para el análisis de la clase trabajadora y el movimiento sindical que, aunque frecuentemente invisibilizados, son sujetos centrales en esta historia. La magnitud de los esfuerzos y recursos invertidos por décadas para fragmentar su composición, diluir su identidad e intentar reducir su poder, alcance y capacidad de incidencia en los procesos históricos deben ser leídos como una clara demostración de su potencial para discutir y construir un mundo más igualitario y con perspectivas emancipadoras. En un marco de globalización y de concentración del poder económico global en un número decreciente de corporaciones, el análisis de las formas posibles de articulación internacional sindical resulta un tema de gran complejidad y relevancia.

El sindicalismo internacional en un mundo en transformación

El movimiento sindical ha tenido históricamente una dimensión internacional, que a lo largo de la historia asumió diversas formas y se plasmó en instituciones y construcciones específicas. Este apartado buscará en primer lugar proveer una síntesis de la realidad del sindicalismo internacional en la actualidad, para luego analizar algunos aspectos de su historia, así como algunas de sus características y líneas de trabajo, intentando abordar sus potencialidades y limitaciones.

El sindicalismo internacional jugó un papel importante en el marco de las grandes transformaciones mencionadas. Lejos de ser un factor marginal, las tres confederaciones sindicales mundiales tuvieron una agenda de trabajo a escala mundial y expresaron diversas corrientes y posiciones en la disputa política, económica y sindical durante la Guerra Fría. La Federación Sindical Mundial (fsm) fue fundada en París en octubre de 1945 para unificar el movimiento sindical tras la Segunda Guerra Mundial, y reunía sindicatos de diferentes ideologías pero con una fuerte incidencia de las organizaciones comunistas. Sin embargo, en el comienzo de la Guerra Fría, los principales sindicatos occidentales, incluyendo la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (afl-cio, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y el Congreso de Sindicatos (tuc, por sus siglas en inglés) británico abandonaron la fsm considerando que se encontraba en la órbita de la Unión Soviética. El Congreso Permanente de Unidad Sindical de los Trabajadores de América Latina y el Caribe (cpustal) fue el brazo regional en América Latina y el Caribe de la fsm, especialmente activo durante la Guerra Fría, y agrupó a sindicatos alineados con el bloque soviético y de países no alineados, buscando representar una corriente internacionalista y anticapitalista en el movimiento obrero latinoamericano.

A partir de la salida de las confederaciones de países occidentales de la fsm, se creó en 1949 la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (ciosl), con el propósito de lograr la unidad de los sindicatos que consideraban «libres y democráticos». La idea del «sindicalismo libre» había aparecido en el continente americano asociada con la propagación de la visión de la práctica sindical estadounidense centrada en la obtención de mejoras salariales para los trabajadores, sin cuestionar los fundamentos centrales del sistema económico y social3. Esta confederación buscó reivindicar los «valores democráticos» occidentales, rechazando durante sus dos primeras décadas de existencia todo contacto con sindicatos comunistas o bajo el control de los Estados de Europa del Este y la urss4. Poco después de su conformación, la ciosl estableció una red de organizaciones regionales; en el caso de las Américas, la Confederación Interamericana de Trabajadores (cit). En lo que se refiere a la presencia e incidencia de la afl-cio, luego de desempeñar un papel muy importante en una etapa temprana, hacia 1969 el creciente contacto bilateral con sindicatos comunistas y del Este europeo y una disputa sobre la afiliación de Trabajadores Automotrices Unidos (United Automobile Workers, uaw) causaron la partida de esta central sindical norteamericana de la ciosl, que solo se revirtió en 1982, cuando reingresó a esa organización5.

Una tercera línea durante la Guerra Fría fue el sindicalismo socialcristiano. Existían antecedentes diversos en América Latina de sindicalismo católico, pero en ese contexto la expansión del sindicalismo socialcristiano fue parte del intento de lograr un crecimiento de esta corriente sobre bases menos confesionales. La Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos (cisc), reorganizada en 1946, se transformó en 1968 en la Confederación Mundial del Trabajo (cmt), teniendo como base de conformación varias centrales minoritarias europeas. En América Latina, la Central Latinoamericana de Sindicatos Cristianos (clasc), fundada en 1954 y dependiente de cisc y luego de cmt, se transformó en 1971 en Central Latinoamericana de Trabajadores (clat). Esta central adoptó un programa en la política internacional tercermundista y proponía como modelo socioeconómico una sociedad comunitaria y autogestionaria, a partir de un movimiento sindical participativo. En este programa, la clat intentó establecer una posición propia entre la ciosl-orit y la fsm-cpustal6.

Asimismo, en América Latina se llevaron adelante otros intentos de organización regional, entre los que cabe mencionar dos significativos. En primer lugar, la Confederación de Trabajadores de América Latina (ctal), activa entre 1938 y 1953, constituyó un gran esfuerzo de unificación obrera en la región. Liderada por Vicente Lombardo Toledano, buscó una voz panamericana para los trabajadores, colaboró con la oit y marcó una etapa clave en la historia sindical latinoamericana con influencias ideológicas diversas, antes de su declive y la posterior aparición de otras organizaciones7. Por otra parte, en noviembre de 1952 se creó en un encuentro en México, con participación de 170 delegados de 18 países, una nueva organización sindical regional, que fue llamada Asociación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas (atlas), con sede permanente en Buenos Aires. atlas defendía lo que se denominó una «tercera posición», que intentaba establecer distancia no solo respecto a la urss y su proyecto de expansión comunista, sino también respecto a eeuu y su proyección sobre América Latina. Esta organización se debilitó muy fuertemente luego del derrocamiento del presidente argentino Juan Domingo Perón en 1955, pero marcó un hito en los intentos de organización sindical latinoamericana8.

Las transformaciones a partir de mediados de los años 70 tanto en el plano geopolítico como en el tecnológico, económico y laboral ocasionaron cambios de gran magnitud en la clase trabajadora y los movimientos sindicales alrededor del mundo, que se acentuaron con el final de la Guerra Fría a comienzos de la década de 1990. Las modificaciones en los procesos productivos, fruto de la intensificación tecnológica, no solo impactaron en las relaciones comerciales internacionales, sino que transformaron de manera muy profunda las relaciones laborales y la composición de la clase trabajadora, así como las formas, las dimensiones y el funcionamiento de las organizaciones sindicales, los modos de organización en los lugares de trabajo y las formas de protesta y negociación colectiva.

La arquitectura del sindicalismo internacional desarrolló cambios significativos en un contexto de expansión global del neoliberalismo

La arquitectura del sindicalismo internacional desarrolló cambios significativos en un contexto de expansión global del neoliberalismo, con un fuerte impacto en América Latina. En términos de las confederaciones mundiales, una transformación de gran magnitud fue la creación de la actual Confederación Sindical Internacional (csi), como resultado de la fusión de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (ciosl) y la Confederación Mundial del Trabajo (cmt). La fusión dio a luz a un gran conglomerado sindical internacional que, en junio de 2025, según datos de la propia organización, alcanzó a 346 organizaciones afiliadas en 171 países y territorios, representando a más de 190 millones de afiliados. En el caso de la csi y sus regionales, las afiliadas son las máximas instancias de representación sindical existentes en cada país y pueden adoptar diversas formas o nombres (centrales, confederaciones sindicales, etc.); en la mayor parte de los países, existe más de una organización afiliada. La fusión entre ciosl y cmt se acordó primero a nivel de la máxima representación internacional para luego trasladarse a las regiones, y en el caso de las Américas, el congreso fundacional de la csa se llevó adelante en 20089. Al mismo tiempo, la Federación Sindical Mundial continúa existiendo y, entre las organizaciones que la integran, se destacan las poderosas centrales de la India y China. Según datos recientes de la propia organización, la fsm representa a más de 100 millones de trabajadores, agrupados en unas 125 organizaciones sindicales nacionales de unos 110 países, afiliando sindicatos sectoriales y centrales nacionales de trabajadores de todo el mundo.

En lo que se refiere a las federaciones sindicales globales, se trata de una forma de organización sindical internacional por ramas de actividad que tiene una larga historia y un fuerte dinamismo actual10. Desde sus inicios a fines del siglo xix, fueron creadas más de 35 federaciones internacionales, de la gran mayoría de las ramas de la industria y los servicios, que fueron fusionándose hasta conformar las nueve grandes federaciones globales que existen en la actualidad. Se produjo, además, un proceso de expansión geográfica y una regionalización de las estructuras organizativas en África, las Américas y Asia, de alguna forma imitando la estructura de las confederaciones internacionales. Con relación a este último punto, y como vínculo con algunas de las tendencias más recientes, cabe destacar que entre las tareas de estos secretariados internacionales han cabido la de representación en instancias internacionales, en particular la oit, la de entrenamiento y debates de nuevos temas, técnicas y tecnologías, y también la promoción de la solidaridad obrera en el ámbito de las empresas multinacionales, ya sea en el nivel nacional en los lugares de trabajo, con acciones coordinadas entre trabajadores de las casas matrices y de filiales o eslabones de las cadenas productivas internacionales. De acuerdo con la información institucional, la sumatoria de todas las Federaciones Sindicales Globales (guf), reunidas en un espacio llamado el Consejo de las Global Unions, reúne a sindicatos de 151 países. Además de las guf, forman parte de este consejo la csi y el Comité Asesor Sindical de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde), que es el mecanismo sindical de interlocución con esta última entidad11.

En lo que se refiere a las coordinadoras regionales sindicales, su conformación estuvo vinculada, en el caso del Cono Sur, a los procesos de redemocratización de la región y a la expectativa y el protagonismo que los sindicalismos de Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay tuvieron en los procesos de integración regional. En la región andina, América Central y el Caribe, las articulaciones regionales de trabajadores se realizaron en conexión con experiencias de integración más tempranas que ocurrieron en esas regiones en las décadas de 1960 y 1970. La Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, la Confederación de Centrales Sindicales Andinas, la Coordinadora Sindical de América Central y Caribe y la Plataforma Sindical Común Centroamericana, el Congreso Laboral del Caribe, son las distintas plataformas regionales que se armaron para participar de los sistemas de integración regional, que en su mayoría tienen instancias específicas para los sindicatos, o que reservan espacio particular para las trabajadoras y los trabajadores en sus mecanismos de participación social a partir de foros o consejos consultivos12. Sin embargo, en el contexto actual de retroceso de la cooperación sindical internacional, y en el marco de la erosión real de los procesos regionales debido a cambios políticos y a los impactos de la ola de acuerdos comerciales y de inversiones en el desarme de los procesos de integración, la coordinación sindical regional está teniendo una evolución crítica13.

En lo que se refiere a las redes sindicales internacionales, muchas de ellas promovidas por las federaciones sindicales globales, uno de sus principales objetivos es el intercambio de información sobre las condiciones de trabajo y salariales en los diferentes países14. Desde los años 2000 se registra una mayor profusión de estas redes, en diversos sectores productivos y con suerte desigual respecto a su reconocimiento por parte de las empresas no europeas. Como producto de los «compromisos» logrados entre empresas y redes sindicales, surgieron los Acuerdos Marco Globales, que establecen una serie de condiciones básicas relacionadas con salarios, salud y seguridad, medio ambiente, etc., con el objetivo de que ciertos estándares mínimos se repliquen también en la cadena de suministros del capital rector que firma el acuerdo. La estrategia de redes, entre otras motivaciones, se inspiró en los llamados consejos europeos de empresa que, con la ayuda de las federaciones, dieron origen a versiones globales de estos comités: Comités Mundiales de Empresa (cme), como el de Volkswagen en 1999, Daimler Chrysler en 2002 y Ford en 2008, entre otros, que se multiplicaron al ser reconocidos por una directiva europea en 1994.

Sin embargo, aunque el sindicalismo internacional experimentó transformaciones relevantes en las últimas décadas, con una gran cantidad de estructuras globales tendientes a fortalecer su posición frente a un capital crecientemente internacionalizado y poderoso, su potencial no parece ser cabalmente aprovechado en este contexto crítico. En esta multiplicación de instancias, estructuras y espacios, parece haber un denominador común cuando se analizan sus declaraciones de objetivos y sus prácticas: el foco en el diálogo, los acuerdos y los entendimientos entre trabajadores y empleadores. Parecen relegarse perspectivas críticas sobre la concentración de poder de los actores económicos globales, su involucramiento directo en diversas formas de violencia y su influencia e impacto en las violaciones de derechos humanos y ambientales. Esta ausencia de análisis en profundidad de las estrategias, líneas de acción y prácticas de los núcleos de poder económico se vincula con que la gran mayoría de estas estructuras, organizaciones e instancias se proponen como espacios de diálogo y consenso, con actores de poder económico y con organismos internacionales directamente vinculados al retroceso y la pérdida de derechos laborales. Al mismo tiempo, la línea principal seguida en la relación con los empleadores es el entendimiento, teniendo como metas la elaboración de acuerdos no vinculantes, o en el caso muy excepcional de resultar vinculantes, con condiciones de mínima y formas insuficientes de fiscalización del cumplimiento por parte de las corporaciones.

El conflicto y las formas de protesta y deconfrontación, componente indisoluble de la acción sindical junto con la negociación, aparecen solo de manera secundaria en estas organizaciones

El conflicto y las formas de protesta y de confrontación, componente indisoluble de la acción sindical junto con la negociación, aparecen solo de manera secundaria en las preocupaciones y tareas de la mayoría de estas organizaciones. Si estas estructuras pudieran orientarse a elaborar una radiografía de las estructuras de poder y a detectar elementos estratégicos que fueran punto de partida para la planificación global de medidas de fuerza y la reconfiguración de formas contemporáneas de la huelga, en un tiempo de retroceso en las relaciones laborales y los derechos, el impacto del entramado de instituciones del sindicalismo internacional podría incrementarse en forma notable.

Esta prevalencia de dinámicas institucionales y de circuitos y figuras de peso en estos ámbitos con trayectorias en construcciones sindicales de actitud conciliadora, y hasta representantes del sindicalismo «empresarial», suma dificultades para establecer una conexión sólida con las actividades sindicales en los territorios y espacios de trabajo. Estas actividades también han atravesado procesos de enorme transformación en las últimas décadas, no solo a partir del descenso de la tasa de sindicalización y la precarización laboral a gran escala, sino también como resultado del brutal cambio tecnológico que promovió el trabajo remoto, extendió la jornada y motivó un proceso de conexión en muchos casos sin límite, con sesgos adicionales de género y raza, además de habilitar el trabajo de plataformas, que pretende negar la existencia de empleadores y trabajadores y de relaciones laborales. Si en la larga historia de la organización sindical y obrera siempre resultó un gran desafío la conexión de las instancias internacionales con los procesos de organización de base en los lugares y las acciones de lucha por salario, condiciones de trabajo y organización, resultaría crucial, en el contexto de avance de la agenda antisindical y antiobrera de la extrema derecha y de las limitaciones de las organizaciones sindicales nacionales, expandir y multiplicar las iniciativas y líneas de trabajo en este sentido, para aprovechar cabalmente herramientas de gran potencialidad para enfrentar la crisis actual de la clase trabajadora y el movimiento sindical15.

Victoria Basualdo: es doctora en Historia por la Universidad de Columbia (Nueva York) e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina.

Palabras claves: organizaciones sindicales, sindicalismo, trabajo, América Latina.

1. Marcello Carmagnani: Las conexiones del mundo y el Atlántico, 1450-1850, El Colegio de México / fce, Ciudad de México, 2021.

2. V. Basualdo y Diego Morales (coords.): La tercerización laboral. Orígenes, impacto y claves para su análisis en América Latina, Siglo xxi Editores, Buenos Aires, 2014.

3. Iniciativas previas en este sentido habían sido la Federación Panamericana del Trabajo (Pan-American Federation of Labor, pafl) en 1918, motorizada por Samuel Gompers, el máximo líder de la afl, ya débil en 1924 y cuya disolución formal fue decretada en 1941. Fue seguida por la Confederación Interamericana de Trabajadores (cit), también creada en eeuu, fundada en 1948 para defender a las organizaciones sindicales «libres» del hemisferio occidental, y que luego se convirtió en la ciosl.

4. Magaly Rodríguez García: «Free Trade Unionism in Latin America: ‘Bread-and-Butter’ or Political Unionism?» en Historical Studies in Industrial Relations No 18, 2004; M. Rodríguez García: «Trade Unionists and the World: European and Latin American Labour and the Creation and Maintenance of International Free Trade Union Organisations (1949-1969)», tesis de doctorado, Universidad Libre de Bruselas, 2008.

5. V. Basualdo: «El movimiento sindical argentino y sus relaciones internacionales: una contribución sobre la presencia de la ciosl y la orit en la Argentina desde fines de los 40 hasta comienzos de los 80» en Mundos do Trabalho, segundo semestre de 2013; V. Basualdo: «El sindicalismo ‘libre’ y el movimiento sindical argentino desde mediados de los años 40 a mediados de los años 50» en Anuario iehs No 28, 2014.

6. Para explorar fuentes relevantes sobre esta historia, v. Gabriela Scodeller: «La clasc/clat» en European Review of Latin American and Caribbean Studies/Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Nº 98, 4/2015.

7. Patricio Herrera González: En favor de una patria de los trabajadores. Historia Transnacional de la Confederación de Trabajadores de América Latina (1938-1953), Imago Mundi, Zamora, 2022.

8. Manuel Urriza: cgt y atlas. Historia de una experiencia sindical latinoamericana, Legasa, Buenos Aires, 1988; Daniel Parcero: La cgt y el sindicalismo latinoamericano, Editorial Fraterna, Buenos Aires, 1987.

9. Cecilia Anigstein: «Nuevos horizontes para el sindicalismo hemisférico: la Confederación Sindical de las Américas (csa)», Fundación Friedrich Ebert (fes), Buenos Aires, 2017; Álvaro Padrón: «Internacionalismo y renovación. Los desafíos del sindicalismo» en Nueva Sociedad No 232, 3-4/2011, disponible en <nuso.org>.

10. Julia Soul y C. Anigstein: «Global Unions and Transnational Labor» en Alessandra Mezzadri et al.: Handbook of Research on the Global Political Economy of Work, Edward Elgar, Cheltenham, 2023.

11. Gonzalo Berrón: «Sedimentos y desafíos. Lógicas sindicales de acción internacional» en Mario Gambacorta y Ana Miranda (comps.): Organización obrera en el siglo xxi: alcances y desafíos de la acción sindical global. Laboratorio en Relaciones del Trabajo, Flacso Argentina, Buenos Aires, 2019.

12. Ejemplos de ello son el Foro Económico y Social en el Mercado Común del Sur (Mercosur), el Consejo Consultivo en el Sistema de Integración Centroamericano (sica) y el Consejo Consultivo Laboral Andino en la Comunidad Andina (can).

13. G. Berrón: ob. cit.

14. J. Soul: «Globalización y organización sindical: de la solidaridad internacional al poder sindical global» en Revista Común, 16/7/2019; Hélio da Costa: «Redes sindicales de trabajadores: desafíos globales y locales» en Nueva Sociedad Nº 264, 7-8/2016, disponible en <nuso.org>.

15. Iniciativas interesantes que vinculan dinámicas globales con experiencias de organización de base son, por ejemplo, cut: «Guía para la construcción de redes sindicales en empresas multinacionales. Sistematizando la experiencia de la cut», fes, San Pablo, 2009, disponible en <https://collections.fes.de/publikationen/ident/fes/06988>.

| ensayo

Socialismo y libertad

Chris Maisano

La interconexión entre liberalismo, socialismo y republicanismo ofrece lecciones valiosas para las luchas actuales dentro de la izquierda. Dos libros recientes –Citizen Marx, de Bruno Leipold, y The Political Theory of Liberal Socialism, de Matthew McManus– hacen dialogar al socialismo con otras tradiciones emancipatorias, una tarea especialmente significativa en medio de las amenazas del presente.

En junio de 2025, entre cuatro y seis millones de estadounidenses participaron en las manifestaciones del No Kings Day (Día sin Reyes) en más de 2.100 ciudades y pueblos de todo el país. Según los observadores, fue la jornada de protesta más grande en la historia de Estados Unidos desde 1970, y superó incluso las masivas manifestaciones del movimiento por los derechos civiles y contra la guerra de Vietnam, las protestas contra la guerra de Iraq en 2003 y las movilizaciones contra la brutalidad policial tras el asesinato de George Floyd en 2020. La agrupación progresista Indivisible, formada durante el primer gobierno de Donald Trump, lideró las tareas de organización. Una amplia coalición de más de 200 colectivos, entre ellos sindicatos, activistas y grupos religiosos, se unieron a ella en una enorme muestra de desafío contra los intentos de Trump de consolidar un régimen autoritario, oligárquico y supremacista blanco.

La mayor organización socialista del país, Socialistas Democráticos de eeuu (dsa, por sus siglas en inglés), estuvo notablemente ausente de la lista de agrupaciones patrocinadoras, aunque muchos miembros de dsa (entre quienes me incluyo) y secciones locales se movilizaron por sus propios medios en marchas y mitines. Lamentablemente, esto fue consistente con la orientación política de la actual dirección nacional de dsa, cuya mayoría es demasiado cautelosa a la hora de trabajar en coalición con organizaciones y movimientos que no sean explícitamente socialistas. Por supuesto, no fue la primera vez que los socialistas adoptaron una postura sectaria en relación con acontecimientos ajenos a sus propias filas, ni será la última. A pesar de esta tendencia tercamente persistente, el movimiento socialista a menudo se ha enriquecido y renovado gracias al compromiso con otras tradiciones y movimientos políticos. En el momento actual, tradiciones como el republicanismo y el liberalismo, que se basan en la oposición a formas de gobierno arbitrarias y despóticas, parecen particularmente dignas de consideración.

En su excelente libro Citizen Marx: Republicanism and the Formation of Karl Marx’s Social and Political Thought [Ciudadano Marx. El republicanismo y la formación del pensamiento social y político de Karl Marx], el teórico político Bruno Leipold demuestra con gran detalle lo importante que fue este compromiso para el propio Marx. Leipold sostiene que el relato tradicional de las tres fuentes principales del marxismo –la filosofía alemana, la economía política inglesa y el socialismo francés– es incompleto, porque omite el papel formativo del republicanismo europeo del siglo xix en el pensamiento político de Marx. Entre sus muchas contribuciones valiosas a la vasta bibliografía sobre Marx y el marxismo, Citizen Marx establece, contra críticas como las de Hannah Arendt, lo fundamentalmente político y democrático que era el socialismo de Marx.

En Sobre la revolución, Arendt censura a Marx por su «obsesión con la cuestión social y su falta de voluntad para prestar seria atención a las cuestiones del Estado y del gobierno». Bajo la nefasta influencia de Marx, argumenta, los revolucionarios cambiaron la lucha por la libertad política por la conquista del pan para las masas, un giro fatídico que anunció la llegada de nuevos y aún más terribles despotismos. Sin embargo, aunque las concepciones de Marx sobre la política, el Estado y el gobierno también son, por cierto, pasibles de crítica, Leipold demuestra de manera concluyente que los juicios de Arendt describen con mayor precisión «las formas antipolíticas del socialismo que Marx intentó desterrar». Para Marx, era precisamente mediante el logro de la libertad política a través del establecimiento de una república democrática como se resolvería la «cuestión social».

Una fuerte orientación hacia la acción política democrática diferenciaba el socialismo de Marx y Engels de los socialismos comunitarios de Robert Owen, Charles Fourier, Saint-Simon y otros socialistas «utópicos» de principios del siglo xix. Owen, por ejemplo, pensaba que la transición al socialismo se lograría mediante la difusión de pequeñas comunidades previamente planificadas, como su New Lanark en Escocia o New Harmony en Indiana. «Esta transición comunitaria al socialismo», señala Leipold, «fue deliberadamente desarrollada en contraste con la insistencia republicana en la reforma política». Los trabajadores británicos del movimiento cartista, que hacían campaña por el sufragio masculino, elecciones parlamentarias anuales, representación equitativa y otras reformas políticas, estaban, en opinión de Owen, perdiendo el tiempo. Mediante el establecimiento de comunidades cooperativas bajo el patrocinio de industriales ilustrados, los trabajadores del mundo lograrían «la emancipación de sus sufrimientos actuales por un camino mucho más corto y seguro que a través de la agitación política».

Marx, que había seguido de cerca la lucha cartista por la democracia en Gran Bretaña, rechazó estos socialismos antipolíticos y desarrolló un nuevo tipo de socialismo republicano (Leipold utiliza «socialismo» y «comunismo» indistintamente a lo largo del libro). «Una de las grandes contribuciones de Marx», sostiene Leipold, «fue situar la política (y especialmente la política democrática) en el corazón del socialismo». Esto en sí mismo no es una idea original: Michael Harrington, por ejemplo, argumentó en su libro Socialism [Socialismo] de 1972 que «lo que diferenciaba [a Marx y Engels] de todos los demás radicales de la época era su insistencia en el carácter democrático de la revolución venidera»1. Lo novedoso de Citizen Marx es que Leipold documenta este compromiso político de manera concluyente, a través de una investigación exhaustiva de la fructífera vinculación de Marx con la tradición republicana.

Los pensadores y agitadores con los que Marx lidió querían derrocar a los regímenes autocráticos y establecer nuevas repúblicas que garantizaran iguales derechos civiles y políticos para todos. También reconocían que tales derechos no podían garantizarse sin un sistema económico que contrarrestara la desigualdad social e impidiera que los ciudadanos cayeran en un estado de dependencia material de los empleadores. Para los republicanos radicales como Félicité de Lamennais y William James Linton, la libertad significaba la ausencia de poder arbitrario; en palabras de Leipold, un estado de «no estar sujeto a la voluntad de otro y, en cambio, tener control democrático sobre las leyes a las que uno estaba sujeto». La concepción republicana de la libertad no aspira meramente a la no interferencia, sino a la no dominación; la dominación existe incluso donde los amos tratan a sus súbditos con liberalidad y amabilidad. Lamennais, Linton y otros republicanos del siglo xix expandieron las concepciones republicanas más antiguas y aristocráticas hacia abajo y hacia afuera, desde un rechazo del gobierno monárquico hasta un rechazo de la dependencia social de las mujeres y los trabajadores.

Esto suena mucho a socialismo. Pero los republicanos radicales no eran necesariamente socialistas. Querían una democracia de propiedad a pequeña escala ampliamente distribuida, y pensaban que la colectivización de la propiedad conduciría a un nuevo sistema de despotismo. Para Marx, el desarrollo capitalista moderno –con sus enormes empresas industriales y un creciente mercado mundial– había condenado a la extinción a esta visión esencialmente artesanal. La cuestión de la propiedad fue, por tanto, la principal línea divisoria entre republicanos y socialistas, y en retrospectiva, tanto Marx como sus interlocutores republicanos tenían razón. Marx tenía razón al insistir en que la expansión capitalista podía ayudar a sentar las bases de una sociedad libre e igualitaria, pero la experiencia comunista ha confirmado los temores republicanos sobre la colectivización total por parte del Estado.

La tradición social-republicana que Leipold desentierra no solo tiene un interés académico. Su énfasis en la libertad como un valor político cardinal, y en la lucha contra la dominación como un vínculo potencial entre diferentes movimientos emancipatorios, tiene una importancia práctica para construir coaliciones y alianzas desde la izquierda. También puede dar a los socialistas un contrapeso efectivo a las afirmaciones conservadoras de que cualquier tipo de socialismo es el camino a la servidumbre. A través de su insistencia en la libertad frente a todas las formas de dominación, incluida aquella ejercida por Estados represivos y antidemocráticos, el republicanismo puede ayudar al movimiento socialista a abordar algunos de sus puntos ciegos tradicionales y a llegar más allá de los ya convencidos.

***

Los liberales del siglo xix también querían derrocar a los regímenes despóticos y establecer derechos civiles y políticos básicos, pero no todos se sentían cómodos con la política de masas o con la participación de la clase trabajadora en los asuntos del Estado. Los liberales «creían en la importancia del gobierno representativo», escribe Leipold, «pero rechazaban extender el sufragio a todos, sosteniendo que la participación política debía limitarse a los capaces mediante requisitos de propiedad y educativos para votar». Si la cuestión de la propiedad separaba al republicanismo del socialismo, entonces la cuestión de la democracia era la línea divisoria entre el republicanismo y el liberalismo.

Mientras que es verdad que muchos liberales se oponían a la democracia por motivos elitistas, la marcada distinción de Leipold entre liberalismo y democracia es demasiado categórica. Como nos recuerda Matthew McManus en The Political Theory of Liberal Socialism [La teoría política del socialismo liberal], «es más preciso hablar de liberalismos que de liberalismo». Incluso en el siglo xix, existieron liberalismos con afinidad por la democracia, e incluso por ciertas concepciones del socialismo.

McManus describe su libro como un ejercicio de «recuperación», un concepto tomado del teórico político canadiense C.B. Macpherson. En el resumen de McManus, la recuperación implica reconstruir «los compromisos éticos claves de una tradición que ha resultado ocluida, calcificada o pervertida en ideología con el paso del tiempo»; en este caso, la tradición del socialismo liberal. Al hacerlo, busca construir un canon de ideas y pensadores socialistas liberales que van desde John Stuart Mill, a mediados del siglo xix, hasta Charles W. Mills, Chantal Mouffe y Axel Honneth, en el siglo xxi. McManus busca convencer al lector de que «la ideología liberal puede desprenderse del apoyo al capitalismo y que el socialismo puede hacerse conciliable con el liberalismo». Esto no es una tarea fácil, considerando que la propia palabra «liberal» se ha convertido en un término de desprecio multiuso en la izquierda actual. Los tipos de labor-liberals (laboristas liberales) a quienes Harrington una vez buscó atraer a un proyecto de reforma socialdemócrata hace tiempo que ya no existen. Para muchos socialistas más jóvenes, no es posible deletrear liberalismo sin el prefijo «neo». Para ellos, Barack Obama o Hillary Clinton son los liberales paradigmáticos, no Shirley Chisholm2 o Ted Kennedy. Sin embargo, lo admitan o no, incluso los socialistas más declaradamente antiliberales dan por sentados los predicados básicos del liberalismo, incluida la libertad de criticar públicamente al liberalismo. Por lo tanto, soy muy comprensivo con el objetivo de McManus, y su libro es un admirable primer paso hacia el desarrollo de una concepción distintiva del socialismo liberal. Sin embargo, hay lagunas notables en su canon y quedan en pie preguntas sobre cómo reconcilia el liberalismo y el socialismo.

Muchos marxistas y liberales postulan una relación orgánica entre el liberalismo y el capitalismo y niegan que el primero sea compatible con el socialismo. McManus busca refutar esta idea. Todos los liberales, sostiene, comparten un «compromiso con la igualdad normativa, o el igual valor, de todos los seres humanos y, relacionado con esto, su derecho fundamental a la igualdad de libertad (equal liberty) en la sociedad civil». Sin embargo, estos compromisos no son suficientes para pasar del liberalismo al socialismo. Para lograrlo, McManus introduce el republicanismo y la figura híbrida del «liberal republicano», que adopta los principios de solidaridad o fraternidad. Estos liberales republicanos parecen ser básicamente indistinguibles de los socialistas liberales, quienes también adoptan «el principio republicano de comunidad y solidaridad» y lo «extienden a la economía». El republicanismo, por tanto, desempeña un papel crucial, aunque no plenamente reconocido, en el marco de McManus: una especie de emulsionante que permite que los ingredientes potencialmente incompatibles del liberalismo y el socialismo se mezclen con éxito. Y hay similitudes recurrentes entre las elaboraciones del socialismo liberal de McManus y el republicanismo radical que Leipold examina en Citizen Marx.

«En términos generales», escribe McManus, «el socialismo liberal está comprometido con instituir una estructura social básica que asegure la emancipación igualitaria de todos los miembros de la sociedad como base para su prosperidad compartida a largo plazo. Las diversas teorías políticas del socialismo liberal intentan justificar y desarrollar este compromiso básico». Esto es bastante similar a la insistencia republicana en que la igualdad de derechos civiles y políticos no puede garantizarse sin un sistema económico complementario que contrarreste la desigualdad social y facilite la participación política popular. Según McManus, los socialistas liberales «destacan cómo las relaciones de poder impregnan muchas otras formas de relaciones humanas», incluidas la economía y la familia. Encontramos algo similar en Citizen Marx, donde Leipold describe la creencia del republicano radical William James Linton de que el matrimonio obligaba a las mujeres a «renunciar al derecho natural de soberanía y rebajarse a ser la propiedad y posesión de sus señores», y que las «amenazas de hambre como producto de un poder arbitrario» ponen a los trabajadores «bajo el poder de otra clase de hombres que disponen de ellos como mejor les parece».

Sin embargo, no queda claro en el libro de McManus si la búsqueda del socialismo liberal implica necesariamente la abolición de la propiedad privada, o algo menos que eso. Escribe, por ejemplo, que es una gran pregunta si una transición al socialismo liberal implicaría «una forma de socialismo de mercado caracterizado por cooperativas o una economía todavía nominalmente capitalista, pero orientada por empresas privadas fuertemente sindicalizadas cuya producción está determinada en gran medida por la inversión estatal». Un socialismo liberal no necesita adoptar una única perspectiva sobre cuestiones programáticas o institucionales para ser valioso. Pero esta cualidad algo indeterminada puede dificultar ver dónde comienza el socialismo liberal y dónde terminan el republicanismo o la socialdemocracia.

McManus examina con destreza a muchas figuras esenciales de un canon socialista liberal, incluyendo a Mill, Eduard Bernstein, Carlo Rosselli y John Rawls. Sin embargo, hay algunas omisiones notables, como J.A. Hobson, L.T. Hobhouse y otros defensores del Nuevo Liberalismo con conciencia social que surgió en Gran Bretaña y otros lugares a finales del siglo xix. En contraposición con el «viejo» liberalismo de laissez-faire de principios del siglo xix, estos liberales apoyaban la extensión de los derechos desde el ámbito político hacia la vida social y económica, y abogaban por una amplia redistribución para combatir la desigualdad rampante de la Gran Bretaña del cambio de siglo. Como señala Helena Rosenblatt en The Lost History of Liberalism [La historia perdida del liberalismo], «comenzaron a decir que a la gente se le debía conceder no solo libertad, sino las condiciones de la libertad». Esa posición llevó a Hobhouse a concluir que «el verdadero socialismo sirve para completar, más que para destruir, los principales ideales liberales»3. Mientras que el gobierno laborista de la posguerra construyó los principales pilares del Estado de bienestar británico, su arquitecto intelectual fue William Beveridge, un economista del Partido Liberal cuyo trabajo se centró en la seguridad social y el pleno empleo. John Maynard Keynes, a quien McManus incluye acertadamente en el canon socialista liberal, fue otro producto de este entorno, aunque McManus solo lo menciona de pasada. Una mayor atención al Nuevo Liberalismo no solo le habría dado al movimiento su merecido lugar en una «recuperación» socialista liberal; también podría haber ayudado a McManus a reducir su dependencia del republicanismo como término medio entre el liberalismo y el socialismo.

A pesar de estas reservas, McManus es digno de elogio por su trabajo en la reconstrucción de una tradición socialista liberal, y por contrarrestar la hostilidad hacia el liberalismo demasiado frecuente en la izquierda socialista. Su libro llega en un momento lamentablemente oportuno ante el giro autoritario del segundo gobierno de Trump, y nos recuerda que el liberalismo fue una vez una fe combativa cuyo legado radical vale la pena recuperar. Leipold y McManus también nos recuerdan lo intelectualmente fructífero y políticamente dinámico que puede ser poner las ideas socialistas en diálogo con otras tradiciones que comparten un interés en la emancipación humana y el desarrollo de nuestras capacidades individuales y colectivas. Esto siempre vale la pena hacerlo, pero especialmente en un momento en que todo lo que las personas democráticas y progresistas aprecian está bajo amenaza existencial. O permanecemos unidos o fracasaremos por separado4.

Chris Maisano: es sindicalista y miembro de la sección de Nueva York de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (dsa).

Palabras claves: igualdad, liberalismo, libertad, republicanismo, socialismo.

Nota: la versión original de este artículo, en inglés, se publicó en Dissent, otoño 2025, con el título «Coalition Socialism». Traducción: Mariano Schuster.

1. Harrington (1928-1989) fue escritor, activista y teórico, autor de The Other America [Los otros Estados Unidos] (1962). Fue uno de los fundadores de dsa [n. del e.].

2. Sherley St. Hill Chisholm (1924-2005) fue una política, educadora y escritora estadounidense. En 1968 se convirtió en la primera mujer afroestadounidense elegida para el Congreso de eeuu.

3. H. Rosenblatt: The Lost History of Liberalism: From Ancient Rome to the Twenty-First Century, Princeton up, Princeton, 2018.

4. Esta frase se atribuye tradicionalmente a Benjamin Franklin, quien la habría pronunciado en julio de 1776, durante la firma de la Declaración de Independencia de las Trece Colonias americanas contra el Reino Unido: «We must all hang together, or assuredly we shall all hang separately» [n. del e.].

Summaries
Resúmenes en inglés

Wilder Pérez Varona: Contested Imaginaries: How Is the Cuban Socio-Political Landscape Being Transformed? [5073]

The rise in inequalities, transnational networks, and the expansion of the digital ecosystem have weakened the Cuban government’s official discourse and the organizing power of the revolutionary imaginary. At the same time, the pluralization of discontent and the multiplication of repertoires of critique overflow the Castroism/anti-Castroism polarization, reconfigure the oppositional field, and open up disputes over the meaning of the nation both inside and outside the island.

Keywords: Digital Ecosystem, Political Imaginary, Protests, Revolution, Cuba.

Hugues Draelants: Beyond Denial: The Concealment of Climate Change [5074]

Why does scientific knowledge fail to trigger the necessary political action? Beyond denial or impotence, the cause may be more deeply rooted in the structural concealment of our conditions of existence. This is why «pedagogical» approaches do not work –that is, the strong tendency of modernity to turn structural political and economic problems into individual educational challenges.

Keywords: Climate Change, Concealment, Hypervisibility, Modernity, Pedagogy.

Giancarlo Summa: The un Crisis and Global Disorder [5075]

The United Nations (un) has turned 80 –and is about to face the election of a new Secretary-General– against the backdrop of a crisis of multilateralism intensified under Donald Trump’s second presidency. Amid budget cuts resulting from reductions in contributions by Washington and other Western powers, many hope the un will assume a more limited role, similar to the one it played at the time of its creation.

Keywords: Multilateralism, United Nations (un), Donald Trump, United States.

Guadalupe González / Juan Gabriel Tokatlian: Latin American Bewilderment in the Face of Donald Trump’s (Predictable) Harassment [5076]

The current reconfiguration of relations between the United States and Latin America and the Caribbean under Trump’s second administration is characterized by the advance of cruder forms of domination. In this disruptive phase, Washington resorts to sanctions, interventions, and aggressive bilateralism to reassert control over its sphere of influence and contain rival powers, but this drive runs up against a reputational limit: the marked shift in regional public opinion toward the us.

Keywords: Hard Power, Hegemony, Soft Power, Donald Trump, Latin America, United States.

Giorgio Jackson / Patricia González Viñoly: No One Is Saved Alone: Progressive Articulations at the Turn of the Era [5077]

In the context of the rise of the far right –and of new colonizing ambitions on the part of Donald Trump’s United States– progressivism is confronting the decline of its own mechanisms of international articulation, amid a crisis of Latin American integration processes. Is it possible to reignite the spark that regional forums had in the recent past?

Keywords: Integration, Internationalism, Left Parties, Right Parties, Latin America.

José Antonio Sanahuja: The European Union and Latin America in Times of «Vassalization» [5078]

Donald Trump’s administration is reshaping both hemispheric and transatlantic relationships. The shared aspirations for autonomy and development of the European Union and Latin America take on even greater relevance in this context; however, the summit they held in Santa Marta, Colombia, in November 2025 calls into question their capacity and willingness to keep these goals alive.

Keywords: Autonomy, Strategic Partnership, Vassalization, Donald Trump, European Union, Latin America.

Andriy Movchan: The Idée Fixe Idea of Russian Imperial Nationalism [5079]

The argument that Russia invaded Ukraine due to the expansion of the North Atlantic Treaty Organization (nato) –often brandished by sectors of the Western left– does not withstand careful analysis of Vladimir Putin’s own statements. The true idée fixe of the Kremlin leadership is that Russia and Ukraine are one and the same people; a primordialist justification of its «right» to possess Ukraine and to reverse Lenin’s «mistake.»

Keywords: Empire, Primordialism, Vladímir Putin, Russia, Ukraine.

Martín Bergel: The Other «Final Utopia»: Global Civil Society, 25 Years After Porto Alegre [5080]

What is left of the movements that, more than two decades ago, mobilized a series of imaginaries of social change and embodied multiple promises and expectations? Has the energy contained in experiences such as the World Social Forum been exhausted? What explains the decline of various forms of resistance to neoliberal globalization? Amid the reactionary wave, returning to the traces of the concept of «global civil society» may help to tie some current experiences to those of a not-so-distant past.

Keywords: Flotilla, Global Civil Society, Globalization, World Social Forum (wsf), Gaza.

Victoria Basualdo: International Trade Unionism in the Context of the Anti-Rights Offensive [5081]

In the current critical moment for the working class and trade unionism, amid processes of capital restructuring and the rise of the far right, it is essential to analyse the situation, limitations, and potential of the various international trade union organisations in order to confront the challenges of this new historical stage by strengthening regional and global coordination.

Keywords: Trade Union Organizations, Trade Unionism, Work, Latin America.

Chris Maisano: Socialism and Freedom [5082]

The intertwined relationship between liberalism, socialism and republicanism offers valuable lessons for current struggles on the left. Two recent books –Citizen Marx, by Bruno Leipold, and The Political Theory of Liberal Socialism, by Matthew McManus– bring socialism into dialogue with other emancipatory traditions, a task that is especially significant amid the threats of the present.

Keywords: Equality, Freedom, Liberalism, Republicanism, Socialism.

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