NUEVA SOCIEDAD

es una revista latinoamericana abierta a las corrientes

de pensamiento progresista, que aboga por el desarrollo de

la democracia política, económica y social.

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Nueva Sociedad No 320

Diseño original de portada: Horacio Wainhaus

Diagramación: Fabiana Di Matteo

Ilustraciones: Ezequiel García

Fotografía de portada: ap Photo/Esteban Felix

Corrección: Germán Conde, Vera Giaconi

Traducción al inglés de los sumarios: Ingrid Reca

Impreso en Talleres Gráficos Nuevo Offset,

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NUEVA SOCIEDAD | 320

Noviembre-Diciembre 2025

Índice

coyuntura

5061 Antulio Rosales. La nueva era del criptoautoritarismo

Tribuna global

5062 Manuel Pastor. ¿Por qué tantos latinos apoyan a Trump?

tema central

5063 Juan Pablo Luna. Democracias estalladas o el desborde del crimen organizado

5064 Gabriel Kessler / María Victoria Murillo. La década del malestar político en América Latina. Descontento vertical y horizontal

5065 Viri Ríos / Humberto Beck. El México de Morena: ¿una inspiración para la izquierda?

5066 José Natanson. Argentina bajo Milei, ¿hacia un «modelo peruano»?

5067 Cristóbal Bellolio Badiola. Chile: tres derechas y un sillón

5068 Fernando Molina. ¿Capitalismo para todos? Las elites, lo popular y el giro a la derecha boliviano

5069 Agustín Canzani. El vaso medio lleno: la nueva gestión de la izquierda uruguaya

5070 Hans-Jürgen Burchardt. Nuevas perspectivas frente a la extrema derecha. Las fallas y opciones del progresismo

5071 Soledad Vallejos. Escenas de las batallas culturales de las nuevas derechas

ensayo

5072 Hito Steyerl. Las imágenes en la era del calor

SUMMARIES

Segunda página

La democracia latinoamericana muestra un proceso de deterioro en el marco de un fuerte cuestionamiento a los políticos tradicionales, a quienes algunos han comenzado a denominar «la casta». Las razones de este proceso son muy diversas y varían de país a país. No obstante, es posible pensar en conjunto la situación de las democracias desbordadas latinoamericanas, amenazadas por una crisis múltiple y de difícil solución. Y a ello se dedica el Tema Central de este número de Nueva Sociedad.

En el artículo que abre el dossier, Juan Pablo Luna advierte que la crisis de las democracias en la región no se debe solamente a razones de tipo político-institucional –ni solo a fenómenos como los populismos, la extrema derecha o la polarización–, sino también a factores mucho más profundos, entre ellos el crimen organizado. Este –que infiltra cada vez más las instituciones– no afecta únicamente a Estados débiles: en países como Chile y Uruguay, además de Argentina, estresa cada vez más los sistemas democráticos.

Estos sistemas están también atravesados por un creciente descontento social y una impugnación a las elites políticas. Gabriel Kessler y María Victoria Murillo analizan el ciclo de malestar posterior al auge de los precios de los commodities (2003-2014), que permitió una mejora significativa de los indicadores sociales. Ese descontento puede expresarse de dos modos: el descontento horizontal produce una polarización electoral y social en la que existen organizaciones que representan y movilizan a los actores de diversos bandos, mientras que el descontento vertical resulta en fragmentación electoral y expresa un rechazo a las elites políticas y una desconexión con las organizaciones sociales. Ambos tipos de descontento explican la crisis de los sistemas políticos, con crecientes dificultades para procesar las demandas sociales en un contexto de profundas transformaciones sociotecnológicas.

Hans-Jürgen Burchardt, por su parte, se enfoca en las oportunidades perdidas durante la llamada «marea rosa» y cómo esos déficits alimentan hoy a las nuevas derechas radicales que se han expandido en la región.

Varias escenas de la «batalla cultural» protagonizada por esas derechas son abordadas en el artículo de Soledad Vallejos. El crecimiento de una derecha radical que mezcla a libertarios, conservadores y reaccionarios se fue jalonando con eventos, interacciones y construcción de espacios transnacionales. Y si hasta hace poco estos grupos parecían arar en el desierto, hoy sienten que los vientos cambiaron de dirección y ello ha potenciado sus redes y sus discursos.

Varios artículos abordan casos concretos, de manera de tratar de captar en ellos tendencias más amplias. Viri Ríos y Humberto Beck presentan dos miradas divergentes sobre México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum tiene un amplio respaldo popular y su gran popularidad parece haber bloqueado, al menos hasta el momento, la emergencia de una derecha radical poderosa. Con una izquierda que llegó al poder más tarde que en los países de la «marea rosa» de mediados de la década de 2000, el caso mexicano aparece como una inspiración para otras izquierdas. No obstante, la fuerte hegemonía de Morena y las reformas que impulsó generan en el campo progresista visiones encontradas sobre los avances y los riesgos. Por su parte, el caso argentino, analizado por José Natanson, muestra un largo proceso de deterioro económico y social capitalizado por el libertario Javier Milei con un proyecto radical y un estilo disruptivo. Aliado incondicional de Donald Trump, Milei recibió de este un apoyo financiero y político que resultó clave en la victoria electoral de La Libertad Avanza (lla) en las elecciones de medio término de 2025. Del otro lado de los Andes, en el caso que examina Cristóbal Bellolio Badiola, Chile se encamina también hacia un gobierno de extrema derecha, si se confirman los pronósticos y José Antonio Kast llega a La Moneda en la segunda vuelta de diciembre de 2025. Si la derecha chilena conquistó la Presidencia en forma democrática, en una versión moderada, recién 20 años después de que Pinochet la abandonara tras su derrota en el referéndum de 1988, hoy lo haría en una versión radical, tras el sorpasso de la «derecha sin complejos» a la centroderecha.

También Bolivia, tras dos décadas de fuerte hegemonía del Movimiento al Socialismo (mas), vive un cambio de signo ideológico, luego de la victoria electoral de Rodrigo Paz Pereira, un político pragmático que ve que hoy los vientos soplan hacia la derecha. Fernando Molina inscribe este resultado electoral en las pujas políticas e ideológicas que se vienen desarrollando en el interior de la oposición a Evo Morales.

Finalmente, Agustín Canzani analiza el «vaso medio lleno» de Uruguay, donde la izquierda volvió al gobierno a comienzos de 2025, ya sin los liderazgos históricos del Frente Amplio. En este contexto de renovación, el país se enfrenta a nuevos desafíos: económicos, sociales y de seguridad. Aunque sus instituciones pueden ser la envidia de otros Estados latinoamericanos, cuestiones como el incremento del crimen organizado vienen encendiendo las alarmas. ¿Uruguay puede pasar de ser un modelo a ser un museo?

En esta pregunta se jugará gran parte del futuro próximo en la región que, pese a todo, es la más democrática del Sur global.

| coyuntura

La nueva era del criptoautoritarismo

Antulio Rosales

Las criptomonedas se han convertido en un componente clave en el retroceso global de la democracia. La imbricación de las criptomonedas y los autoritarismos actuales ha sido ampliamente subestimada y malinterpretada como una anécdota peculiar en el proceso de autocratización y en la mezcla de los intereses públicos y privados promovidos por diversos líderes políticos.

El viernes 14 de febrero de 2025, el presidente argentino Javier Milei publicó en x un mensaje que promocionaba el proyecto de criptomoneda $libra. La moneda acababa de lanzarse y mostraba explícitamente imágenes asociadas al movimiento político de Milei, La Libertad Avanza (lla). Poco después de su promoción, el precio de la moneda se disparó. Antes de que terminara el fin de semana, los creadores del proyecto y un puñado de personas con información privilegiada retiraron sus participaciones, lo que provocó el desplome del valor de la moneda y dejó a más de 70.000 inversores con las manos vacías. Más que una estafa grotesca y poco refinada, este rug pull [tirón de la alfombra] en el que se ha visto implicado el presidente de una economía del g-20 es sintomático del encuentro entre las innovaciones en criptomoneda y las formas autoritarias de gobierno.

Bitcoin, la criptomoneda más importante del mundo, surgió a raíz de la crisis financiera mundial de 2008-2009. Producto de la desconfianza generalizada hacia los bancos, las instituciones financieras internacionales y los gobiernos, las criptomonedas emergieron como parte de una crítica al sistema económico hegemónico. Bitcoin se lanzó como una moneda alternativa: una herramienta que podía soportar intercambios entre pares (p2p), sin necesidad de intermediarios, a través un registro contable descentralizado, la blockchain o cadena de bloques. En resumen, el cripto se concibió como una herramienta para la libertad y la descentralización.

Las inspiraciones iniciales del bitcoin se proponían fomentar la interconexión directa entre pares y el compromiso con la privacidad y el anonimato, y se basaban en principios anarcocapitalistas que rechazaban la intervención gubernamental en el suministro de dinero y la influencia de las grandes instituciones financieras en los mercados.

Sin embargo, con el tiempo, los entusiastas del bitcoin y el ecosistema de criptomonedas asociado a ellos –nuevos tipos de intermediarios (carteras digitales, intercambios) y otros proyectos vinculados a la cadena de bloques– pasaron a depender en gran medida de normativas flexibles, incentivos gubernamentales y vínculos con el sistema financiero tradicional. Bitcoin y otras criptomonedas cosecharon críticas por su volatilidad y su uso con fines ilegales, incluidas grandes estafas y pequeños fraudes. Además, el protocolo Proof-of-Work (pow), que valida las transacciones de bitcoin y permite a los mineros registrar un nuevo token en la blockchain, consume mucha energía. Como resultado, el bitcoin depende de grandes infraestructuras energéticas, a menudo alimentadas por combustibles fósiles. Su necesidad de un suministro abundante de energía, preferiblemente con regulaciones favorables y precios bajos y estables, lo convierte en una amenaza potencial para las políticas de mitigación del cambio climático y las transiciones hacia energías limpias.

A pesar de sus orígenes anarcocapitalistas, el bitcoin y el ecosistema de las criptomonedas se fusionaron con los intereses de algunos gobiernos. Los principales inversores y entusiastas de las criptomonedas identificaron oportunidades al aliarse con funcionarios y, de esa forma, comenzaron a participar en debates políticos y a unir fuerzas con movimientos y líderes.

En el plano ideológico, los inversores y entusiastas de las criptomonedas participan y alimentan círculos mediáticos alternativos, espacios que fomentan la desinformación y las teorías de la conspiración, el agravio masculino y blanco, y la desconfianza general hacia las instituciones y políticas públicas. En términos prácticos, han fomentado alianzas con líderes y regímenes autoritarios que han concedido a individuos asociados con activos de criptomoneda privilegios sin restricciones, a menudo con efectos dudosos o impactos abiertamente negativos para el bienestar general de sus sociedades. En muchos de estos casos, como sugiere el fraude de $libra en Argentina, líderes con tendencias autoritarias se han visto implicados en maniobras que facilitan el enriquecimiento de un puñado de personas bien conectadas a través de activos digitales. En ocasiones, como ocurre con el gobierno de Donald Trump, el propio presidente y su familia forman parte de un ecosistema más amplio de negocios de criptodivisas, en el cual las líneas entre su posición política y sus intereses empresariales son difusas.

A pesar de sus inspiraciones idealistas originales, las criptomonedas han sido un componente clave en el retroceso democrático presenciado a escala mundial en los últimos años. La imbricación de las criptomonedas y la propagación de los autoritarismos actuales se ha subestimado en gran medida y se ha malinterpretado como un conjunto de anécdotas extravagantes o aisladas. Pero las criptomonedas son algo más que una moda financiera: son una parte constitutiva de la formulación de políticas autoritarias contemporáneas, sea como herramientas para ayudar a los autócratas a centralizar el poder o como mecanismos para el enriquecimiento de los titulares y las elites conectadas.

Mezcla de intereses públicos y privados

Durante su segundo mandato, que comenzó en enero de 2025, Trump ha sido noticia por su firme apoyo a las criptodivisas y la aplicación de políticas diseñadas para afianzar una agenda nacionalista criptoeconómica1. Ello va de la mano con la visión más amplia de Trump sobre la economía, privilegiando los aranceles, el bilateralismo (en oposición a las instituciones y acuerdos multilaterales) y la desregulación. También adopta una serie de herramientas relacionadas con las criptomonedas de forma que se difuminan las distinciones entre los objetivos financieros personales del presidente y los del gobierno estadounidense, lo que consolida el vínculo entre las tendencias de retroceso democrático y los ecosistemas de criptomonedas. Esta forma de nacionalismo económico está estrechamente alineada con los intereses de la industria de los combustibles fósiles y aumenta el poder de una tecnooligarquía emergente.

La administración Trump ha realizado cambios políticos que afectan el ciclo de producción, circulación y valoración de las criptodivisas para beneficiar a la criptoindustria. A su vez, diversas entidades vinculadas a Trump participan y se benefician de cada una de esas etapas del proceso de la industria. Bajo el mandato del republicano, el gobierno estadounidense ha aprobado dos importantes políticas que revelan la superposición de los intereses de las criptomonedas y los del presidente. En primer lugar, en marzo de 2025, el gobierno creó la llamada Reserva Estratégica de Bitcoin y una Reserva de Activos Digitales de eeuu2. La decisión fue seguida de un aumento inmediato del valor de las cinco monedas que forman parte de la reserva. En segundo lugar, la Casa Blanca presionó al Congreso para que aprobara la Ley para Promover e Implementar la Innovación Nacional en Monedas Estables en eeuu (genius, por sus siglas en inglés), un proyecto de ley para regular y promover la emisión de stablecoins o criptomoneda estable (un tipo de criptodivisa que pretende mantener su valor igual a un dólar estadounidense), al tiempo que restringe la emisión de una moneda digital del banco central en eeuu3. La Ley genius fue aprobada con un infrecuente apoyo bipartidista en ambas cámaras del Congreso.

Estas políticas coinciden con importantes nombramientos en la administración Trump que señalan un apoyo inquebrantable, incluido el nombramiento de David Sacks, conocedor de la industria, como zar de las criptomonedas y la inteligencia artificial. Además, a los pocos días de asumir su segundo gobierno, el presidente indultó a Ross Ulbricht, creador del mercado negro clandestino de internet Silk Road, donde durante muchos años se vendieron sustancias y productos ilegales utilizando bitcoins.

El vehículo más importante que conecta a Trump con el mercado de criptodivisas es World Liberty Financial (wlf), una plataforma de criptomonedas que también emite su propio token. Al igual que con las memecoins de Donald y Melania Trump –instrumentos de inversión arriesgados diseñados para obtener beneficios a través de una rápida explosión de expectativas–, la familia Trump recibió una gran parte de estos tokens. El valor de este alijo se ha disparado a más de 1.000 millones de dólares. La investigación pericial publicada en medios como The New York Times4 y Politico5 ha descubierto que wlf podría haber sido una solución para eludir las limitaciones legales sobre las contribuciones de intereses extranjeros a Trump para su campaña presidencial de 2024 y su toma de posesión.

Tales contribuciones podrían resultar rentables para esos inversores. En su primer viaje al extranjero durante su nuevo mandato, Trump se mostró especialmente deferente con Emiratos Árabes Unidos, al parecer uno de los principales contribuyentes a wlf. En mayo de 2025, Trump organizó una cena en su club de golf de Virginia para los 220 principales titulares de la memecoin $trump, lo que dio acceso especial a las personas que habían contribuido directamente a aumentar su riqueza personal.

Una entidad corporativa de Trump posee alrededor de 60% de wlf y está gestionada por los hijos del presidente, junto con Chase Herro y Zachary Falkman, dos personajes opacos con antecedentes de prácticas empresariales turbias. Zach Witkoff, hijo de Steve Witkoff –enviado especial del presidente para Oriente Medio y negociador con Rusia y Ucrania–, es otro de los fundadores de la firma. Los Trump tienen derecho a 75% de los ingresos de la empresa.

wlf pretende operar como un banco (concediendo préstamos mediante el apalancamiento de criptodivisas) y establecerse como un gigante en el negocio de las stablecoins. Ya ha recibido inversiones por más de 1.000 millones de dólares para su stablecoin (usd1). Las stablecoins suelen estar respaldadas por bonos del Tesoro estadounidense, pero también, como en el caso de Tether, la más conocida, por cestas de criptomonedas, sobre todo bitcoin.

Las stablecoins son conductos claves entre el ecosistema de las criptomonedas y el mundo del dinero fiduciario emitido por los bancos centrales. En algunos casos, se utilizan para transferir riqueza ilícita oculta en bitcoin a la economía regular. En otros casos, las stablecoins se han utilizado en países que experimentan una alta inflación y otras crisis como cobertura contra la volatilidad.

El apoyo de la administración Trump a las stablecoins llega en un momento en el que la confianza mundial en el liderazgo estadounidense y en el dólar es baja. Crecen las dudas sobre la solidez de las decisiones económicas en eeuu, debido al caprichoso uso de los aranceles por parte de Trump y a los ataques partidistas a la Reserva Federal y a la Oficina de Estadísticas Laborales.

Pero el nuevo respaldo a las stablecoins puede tratar de aprovechar, con el auge del wlf, una herramienta privada para apuntalar la carga de la deuda estadounidense. El gobierno ha defendido la medida como un medio para contrarrestar la tendencia a la desdolarización de las reservas de divisas a escala mundial y mantener el dominio del dólar estadounidense. El objetivo, en resumen, es que la hegemonía del dólar dependa menos de que los países extranjeros utilicen sus superávits comerciales para mantener bonos del gobierno estadounidense en sus reservas, y más del aumento de la demanda de deuda estadounidense en el sector privado, con la promoción de stablecoins como mecanismo clave. wlf se posiciona en el centro de esta estrategia, oscureciendo la línea entre los intereses estratégicos de eeuu y los intereses privados del presidente y su familia.

La otra gran política de Trump vinculada a la industria de las criptodivisas, la Reserva Estratégica de Bitcoin, ha recibido comparativamente menos atención, pero no es menos preocupante. Los entusiastas la ven como un profundo compromiso con la promesa de la criptodivisa. La creación de una reserva de este tipo podría tener efectos significativos en el sistema monetario mundial, empujando potencialmente los activos volátiles en las reservas gubernamentales convencionales, al tiempo que refuerza aún más la valoración de bitcoin y fomenta más minería de esta criptomoneda.

Las instalaciones de bitcoin requieren un suministro de energía cada vez mayor. El protocolo pow, mediante el cual se registra un nuevo bitcoin, extrae grandes suministros de energía de comunidades e infraestructuras que podrían utilizarse mejor para demandas locales, lo que complica los esfuerzos por reducir las emisiones de carbono. Las granjas de minería de Bitcoin han sido presentadas como «centros de datos» de alta gama que promueven el progreso tecnológico y la mejora industrial, pero en realidad ofrecen muy poco en términos de empleo o vínculos productivos con otras industrias.

La propuesta de una reserva estadounidense pretende elevar el bitcoin a recurso estratégico desde el punto de vista militar, como el petróleo. La reserva estratégica permite al gobierno federal mantener la custodia de bitcoins y otras criptodivisas incautadas por la justicia en casos penales. Pero la necesidad de mantener estas reservas también podría empujar al gobierno a entrar en el negocio de la criptominería o a proteger directamente los intereses mineros privados. Al igual que otras políticas de la administración, la reserva estratégica de bitcoin tiene conexiones con los intereses empresariales privados de Trump.

La apuesta del gobierno por las criptomonedas es a la vez una decisión política y una decisión empresarial de la que pueden sacar provecho las empresas de Trump. El Trump Media and Technology Group, cuyo mayor accionista es el propio presidente, anunció en mayo de 2025 que invertiría más de 2.000 millones de dólares en bitcoin y valores relacionados como parte del llamado «plan de tesorería bitcoin» de la corporación. Eric Trump anunció su participación como director de estrategia de American Bitcoin, una nueva empresa de minería de bitcoin. Eric y Donald Jr., los hijos mayores de Trump, poseen 20% de las acciones de American Bitcoin. Esta empresa y la serie de políticas que promueven las reservas y la minería de bitcoin afianzan aún más los vínculos entre la criptogobernanza, los intereses energéticos convencionales y la familia presidencial y la administración estadounidenses.

Si bien las conexiones entre la criptogobernanza y la gobernanza autoritaria son cada vez más flagrantes en eeuu, con posibles implicaciones para la economía mundial, el gobierno de Trump no es el único ejemplo de ello. Otros líderes han creado herramientas políticas que conectan los intereses comerciales y la industria de la criptodivisa con la gobernanza autoritaria.

Criptorrevolución en El Salvador

Trump fue descrito en un informe de The New York Times de abril de 2025 como «no solo un importante operador de criptomonedas; sino también como un importante policy maker del sector»6. Pero no fue el primero en mezclar ambas cosas. Aunque a una escala mucho menor, el pionero en este ámbito fue el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Hace cuatro años, Bukele tomó lo que muchos consideraron una medida revolucionaria, que parecía tener el potencial de mejorar las perspectivas de desarrollo de su país y cambiar el panorama monetario mundial. En junio de 2021, Bukele declaró el bitcoin moneda de curso legal en una conferencia en Miami y presentó un proyecto de ley a tal efecto para su aprobación legislativa. El proyecto fue aprobado rápidamente por la supermayoría parlamentaria de su partido, sin apenas debate sobre las complicaciones técnicas y políticas o los posibles inconvenientes. Junto con miembros de su familia (que forman parte del círculo íntimo de toma de decisiones en el país), Bukele no solo poseía bitcoins, sino que era un entusiasta de las criptomonedas.

El caso salvadoreño es ilustrativo de los vínculos entre la gobernanza autoritaria y el respaldo a las criptomonedas en tres sentidos. En primer lugar, la aprobación y aplicación de la política sobre bitcoins se caracterizó por la opacidad y la arbitrariedad en la toma de decisiones, ya que las grandes mayorías parlamentarias y el Poder Ejecutivo a menudo se impusieron a la deliberación y los mecanismos de supervisión. En segundo lugar, la Ley Bitcoin ha sido un vehículo para la creación de entidades turbias en las que un selecto grupo de individuos se beneficia del uso de fondos públicos, mientras que las poblaciones vulnerables quedan expuestas a estafas y fraudes. En tercer lugar, un grupo de entusiastas extranjeros e inversores cuestionables, en su mayoría ciudadanos estadounidenses, ha ganado influencia en los círculos gubernamentales, operando en funciones informales de asesoramiento mientras reciben amplias oportunidades de negocios en El Salvador7.

El gobierno promovió la política del bitcoin como medio para fomentar la inclusión financiera, proporcionando herramientas accesibles a personas ajenas al sector bancario, así como el desarrollo y la inversión. La ley también obligaba a empresas y comercios a aceptar el bitcoin como medio de pago junto con el dólar estadounidense. La política se llevó a cabo mediante la creación de un monedero nacional llamado Chivo. El Parlamento aprobó una asignación de 200 millones de dólares para financiar el proyecto, que incluía un incentivo de 30 dólares a cada salvadoreño que descargara la aplicación Chivo.

Se creó entonces un fondo fiduciario de 150 millones de dólares para permitir la convertibilidad automática entre bitcoin y dólares. Se instalaron unos 200 cajeros automáticos de Chivo en todo el país, así como en los consulados salvadoreños en eeuu y Canadá. El gasto total del proyecto fue de más de 400 millones de dólares, más de la mitad de los cuales no se contabilizaron en los procedimientos presupuestarios ordinarios8.

Muchos salvadoreños descargaron el monedero Chivo únicamente para conseguir el bono de 30 dólares. Por muchas razones, la mayoría de los usuarios no siguió utilizando el monedero digital después de recibir el bono. La preferencia de muchos salvadoreños por el dinero en efectivo, junto con los problemas de confianza que rodean al monedero digital, dificultaron el éxito de Chivo. El apresurado lanzamiento de la aplicación provocó fallos técnicos y de seguridad. Proliferaron los fraudes que prometían grandes y rápidos beneficios a cambio de información, lo que provocó el robo de datos personales.

Más allá de la funcionalidad de la aplicación, han surgido dudas sobre la gobernanza de Chivo. La empresa fue creada con fondos estatales, pero se considera privada. Su consejo de administración, compuesto por estrechos colaboradores de Bukele, fue nombrado directamente por el gobierno. La empresa funciona como una institución financiera, pero los reguladores no la tratan como tal y, adicionalmente, está protegida por el secreto de Estado. Esta ambigüedad estratégica refleja patrones históricos de las elites salvadoreñas que utilizan las instituciones estatales para aumentar su riqueza privada.

Mucho antes de que eeuu creara una reserva estratégica de bitcoin, Bukele era un ávido inversor en bitcoin como parte de la política gubernamental. A pesar de los llamamientos para aumentar la transparencia y la información, todavía no está claro cómo el gobierno salvadoreño ha financiado las continuas inversiones en bitcoin de Bukele, y cómo estas inversiones afectan la gestión de las reservas de divisas del país. Al tiempo que fomentaba una coalición empresarial nacional que surgiría como una fuerza importante entre la elite salvadoreña, la Ley Bitcoin también apoyaba a ciertos constituyentes internacionales. Bukele ha aprovechado la narrativa del bitcoin, presentándolo como un símbolo de pensamiento futurista, disrupción e innovación sin precedentes, para definir la identidad de El Salvador en el escenario mundial. Este rebranding se centró en cultivar a los entusiastas de las criptomonedas como inversores potenciales en el país, dándoles la bienvenida con regulaciones laxas y promesas de residencia y ciudadanía a cambio de modestos compromisos de inversión. El país pronto atrajo la atención de los criptobros y los capitalistas de riesgo vinculados a los evangelistas del bitcoin del Norte global9.

Los entusiastas de las criptomonedas han adquirido una enorme influencia sobre el gobierno de Bukele. El criptomillonario Jack Mallers y su empresa Strike ayudaron a diseñar el monedero Chivo. También participaron en el experimento de crear una «playa bitcoin» en la pobre localidad costera de El Zonte, donde un donante anónimo introdujo la criptomoneda con el objetivo de crear una economía digital «circular»: la gente gastaría sus ingresos en bitcoin en la localidad y, en última instancia, los activos digitales sustituirían al efectivo y al dólar estadounidense. Mallers ha sido muy explícito sobre su papel en la configuración de la Ley Bitcoin del país, gestionándola a través de uno de los hermanos de Bukele.

La estrategia proactiva de bitcoin de El Salvador condujo a un auge del criptoturismo. Algunos entusiastas de las criptomonedas han participado en la compra de terrenos en El Zonte, que se ha convertido en un centro de criptomonedas y surf, así como en otras zonas del país, como La Unión, donde se suponía que se iba a construir una ciudad futurista de bitcoins. Pero al no obtener suficiente apoyo financiero, el proyecto se ha archivado. No obstante, el acaparamiento de criptomonedas sigue afectando a las comunidades locales, con expropiaciones de tierras por parte del Estado, subidas de precios y compras especulativas por parte de extranjeros.

Dos conocidos entusiastas extranjeros de las criptomonedas, Stacy Herbert y su esposo Max Keiser (antiguo presentador de televisión de la cadena Russia Today) han acumulado una influencia excepcional en el gobierno salvadoreño. La pareja fue nombrada para dirigir la Oficina Nacional del Bitcoin, con autoridad para diseñar y aplicar criptopolíticas en el país. Destacaron en la promoción de los «bonos volcán», un plan para recaudar 1.000 millones de dólares de inversores privados para que el gobierno construyera la proyectada ciudad bitcoin en La Unión, pero no se logró concretar compromisos significativos.

En El Salvador, el impulso de la política del bitcoin se desvaneció con el tiempo, dejando a las poblaciones marginadas tan desconectadas de los sistemas financieros formales como antes. Ante el fracaso masivo del plan de bonos volcán, el gobierno se vio obligado a solicitar ayuda al Fondo Monetario Internacional (fmi) en 2024 para seguir haciendo frente al servicio de su deuda. El fmi impuso una reforma de la Ley Bitcoin, que convirtió el activo en una forma de pago voluntaria en lugar de obligatoria. El gobierno aprobó los cambios con sigilo en el Parlamento, pero sigue promocionando el país como paraíso del bitcoin y anunciando compras de la criptomoneda con dinero público.

Los partidarios extranjeros de Bukele siguen elogiándolo como un visionario de la política, incluso cuando organizaciones de derechos humanos han criticado las detenciones de miles de presuntos miembros de pandillas sin el debido proceso en su draconiana represión de la delincuencia. Los entusiastas de las criptomonedas no se dejaron intimidar por el hecho de que Bukele se saltara los límites constitucionales para presentarse a la reelección en 2024. Siguen apoyándolo después de que los legisladores eliminaran por completo los límites de mandato en julio de 2025.

Bukele visitó la Casa Blanca en abril de 2025, donde resaltó su amistad con Trump y su predilección común por emplear medidas severas contra presuntos miembros de pandillas. Bukele ha sido un notorio colaborador en el cuestionable uso por parte de la administración Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a cientos de migrantes sin el debido proceso a una prisión de alta seguridad en El Salvador, entre otros lugares. Pero más allá de sus similitudes de «mano dura» contra el crimen, Bukele y Trump son ambos criptohermanos probados y pioneros en la descarada mezcla de intereses públicos y privados en criptoempresas.

Peligros para los autócratas

Por el momento, líderes autoritarios como Trump y Bukele se han beneficiado de las criptomonedas. El panorama es diferente para Milei, cuyo escándalo de $libra ha atraído un creciente escrutinio sobre el libertario presidente argentino y su círculo íntimo. En Rusia, mientras tanto, las criptomonedas se han utilizado sin escrúpulos para el esfuerzo bélico en Ucrania y para evadir sanciones10.

El Kremlin ha animado a las elites a utilizar el criptointercambio Garantex y otra plataforma respaldada por el Estado para eludir las sanciones a las transacciones transfronterizas. El gobierno confía en Tether para acuerdos de armas y para apoyar los esfuerzos separatistas sobre el terreno en Ucrania. Yevgeni Prigozhin, el difunto líder del Grupo Wagner y aliado del presidente Vladímir Putin hasta que lideró un breve motín en 2023, estaba vinculado a una cartera bitcoin que contenía el equivalente a miles de millones de dólares estadounidenses para financiar sus operaciones mercenarias internacionales.

Rusia ha tomado medidas para centralizar las operaciones de minería de bitcoin, restringiendo esta actividad en algunas zonas del país y permitiéndola en otras para proteger las instalaciones y el suministro de energía. Al mismo tiempo, ha creado un registro de «superinversores» a los que se permite y anima a utilizar las bolsas autorizadas por el gobierno. Esta centralización de la criptogobernanza sirve tanto para consolidar la soberanía económica en un contexto de sanciones internacionales como para habilitar selectivamente redes extralegales alineadas con los objetivos del Estado, al tiempo que impide la acumulación autónoma de riqueza por parte de adversarios, como ha ocurrido en otros contextos.

En 2017, Nicolás Maduro, el autoritario presidente de Venezuela, anunció la creación de una criptodivisa emitida por el gobierno, el petro, la primera de este tipo. Maduro afirmó que el petro estaba respaldado por una «cesta de materias primas» de recursos naturales, incluidos 5.000 millones de barriles de petróleo crudo sin explotar de la Faja del Orinoco. Un petro iba a valer 60 dólares estadounidenses, aproximadamente lo que valía un barril medio de petróleo en aquel momento. El gobierno intentó frenar el aumento de la inflación vinculando los salarios, las transferencias de ayuda social y los tipos impositivos al valor del petro. Además del uso del petro como unidad de cuenta, creó un monedero oficial, similar al que Bukele estableció en El Salvador, para distribuir fondos sociales en bolívares anclados en el valor fijo del petro. Sin embargo, a pesar de denominarse moneda digital, el petro nunca llegó a funcionar como tal. En lugar de ello, el gobierno esperaba utilizarlo como una herramienta encubierta para recaudar ingresos, de forma similar a las memecoins actuales, utilizadas tanto por actores privados como por funcionarios del gobierno y sus familiares, al igual que en eeuu. Pero la estrategia fracasó, entre otras cosas debido a las sanciones impuestas por eeuu contra el activo digital.

Ante las sanciones a la industria petrolera y una profunda crisis económica de hiperinflación y escasez de dólares, el gobierno venezolano creó un marco regulatorio y un entorno acogedor para los criptoinversores, lanzando la Superintendencia Nacional de Criptomonedas y Actividades Conexas (Sunacrip). Estas acciones promovieron la expansión de la minería de bitcoin en Venezuela, con la aquiescencia y el apoyo directo del gobierno.

En 2023, sin embargo, el propio gobierno anunció una investigación sobre una trama de corrupción en la que funcionarios públicos, en coordinación con la Sunacrip, utilizaban criptocarteras y activos para eludir las sanciones petroleras y vender petróleo venezolano en los mercados internacionales apropiándose de una parte de esos ingresos. En esas transacciones se habrían malversado unos 3.000 millones de dólares. La investigación condujo al encarcelamiento del entonces ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, y del superintendente de Sunacrip, Joselit Ramírez, entre otros altos funcionarios. El esquema puede haber costado a la petrolera nacional, pdvsa, entre 16.000 y 21.000 millones de dólares debido a las ventas de petróleo desviadas.

El gobierno se había vuelto contra una de las herramientas a la vanguardia de su lucha contra las sanciones. Reorganizó pdvsa y Sunacrip, así como el Ministerio de Finanzas, y procesó a decenas de altos funcionarios. Estas investigaciones apuntan a una lucha interna más amplia en la cúpula del Estado. Posteriormente, el gobierno desmanteló el criptoecosistema oficial que había fomentado durante años y comenzó a perseguir a sus participantes. Incluso ha lanzado redadas para desmantelar operaciones mineras. Muchas granjas de criptominería dejaron de operar por iniciativa propia, incluso antes de ser allanadas.

El caso pdvsa-cripto, como se conoce en Venezuela, es una muestra de cómo el uso intencionado de los criptoecosistemas también puede resultar contraproducente para los autócratas. Más allá de la investigación por corrupción, representa la aparición de un círculo interno que pudo haber alcanzado la autonomía suficiente para independizarse de Maduro y sus aliados.

El gobierno se inclinó inicialmente por apoyar el ecosistema de criptodivisas al servicio de sus objetivos estratégicos. El fin principal era eludir las sanciones y facilitar las transacciones transfronterizas de petróleo. Pero la expansión de este ecosistema permitió a los actores privados y a los funcionarios del Estado construir una fuerza alternativa dentro de las filas del gobierno que potencialmente podría amenazar el poder de la elite establecida. El ecosistema de las criptomonedas ofrece una ventaja especial para la aparición de un nexo autónomo entre la política y los negocios gracias al anonimato, un riesgo con el que tendrán que lidiar otros líderes autoritarios que participen en el mundo de las criptomonedas.

Acelerador de la policrisis

En los últimos años, el mundo se ha enfrentado a una serie de crisis complejas, desde una pandemia mundial a perturbaciones del comercio, guerras, cambio climático y millones de migrantes que buscan protección frente a la violencia y la miseria. Los expertos han calificado esta situación de policrisis, en la que varias perturbaciones y sus efectos se refuerzan mutuamente11. El auge de la gobernanza autoritaria en este contexto es un signo de una tendencia antidemocrática mundial que favorece el unilateralismo, niega el cambio climático y rechaza incluso los intentos modestos de conseguir mayores niveles de justicia social e igualdad. Parte de esta ola autoritaria incluye el respaldo a nuevas herramientas financieras como las criptodivisas, que aúnan los intereses de las nuevas elites y los oligarcas tecnológicos.

El criptoautoritarismo está sazonado en el discurso popular por una ideología «anti-woke» y un creciente énfasis en el resentimiento masculino y blanco. De manera concreta y material, esta forma de autoritarismo surge de la alianza entre funcionarios estatales y los intereses de la industria de las criptodivisas. El resultado es la promoción de instrumentos que transfieren dinero público a manos privadas, promueven estafas y recompensan actividades ilegales y violentas.

En la era del criptoautoritarismo, las elites no solo buscan extraer beneficios de la regulación estatal; los criptobros también aspiran a manejar ellos mismos los resortes del poder. Al depender de un ecosistema sumido en la volatilidad y el fraude, y en constante necesidad de insumos energéticos, el auge del criptoautoritarismo solo puede ser un acelerador de las crisis financieras, medioambientales y políticas.

Antulio Rosales: es profesor asistente del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de York en Toronto, Canadá.

Palabras claves: autocracias, bitcoin, criptomonedas, Donald Trump, Nayib Bukele.

Nota: una primera versión de este artículo, en inglés, se publicó en Current History vol. 124 No 865, 2025.

1. A. Rosales y Ty Tarnowski: «El nacionalismo criptoeconómico de Trump 2.0» en Nueva Sociedad edición digital, 1/2025, disponible en <nuso.org>.

2. Casa Blanca: «Establishment of the Strategic Bitcoin Reserve and United States Digital Asset Stockpile», Washington, dc, 6/3/2025.

3. Casa Blanca: «Fact Sheet: President Donald J. Trump Signs genius Act into Law», Washington, dc, 18/7/25.

4. Eric Lipton, David Yaffe-Bellany y Ben Protess: «Secret Deals, Foreign Investments, Presidential Policy Changes: The Rise of Trump’s Crypto Firm» en The New York Times, 29/4/2025.

5. Daniella Cheslaw: «Trump’s Crypto Bond with the uae» en Politico, 9/12/2024.

6. E. Lipton, D. Yaffe-Bellany y B. Protess: ob. cit.

7. Titus Meijering y A. Rosales: «Bitcoin as Tool for Financial Inclusion in El Salvador: The Perils of Authoritarian Governance» en Journal of Politics in Latin America vol. 17 No 2, 2025.

8. MacKenzie Sigalos; «El Salvador’s $425 Million Bitcoin Experiment Isn’t Saving the Country’s Finances» en cnbc, 25/6/2022.

9. Nelson Rauda Zablah: «Los apóstoles del bitcoin que conquistaron El Salvador» en Nueva Sociedad No 300, 7-8/2022, disponible en <nuso.org>.

10. «Rusia elude las sanciones de eeuu con una nueva criptomoneda, afirman expertos» en Swiss Info, 26/7/2025.

11. Eric Helleiner: «Economic Globalization’s Polycrisis» en International Studies Quarterly vol. 68 No 2, 6/2024.

| tribuna global

¿Por qué tantos latinos apoyan a Trump?

Manuel Pastor

Los progresistas en Estados Unidos conseguirán avances duraderos entre los votantes latinos únicamente si examinan no solo por qué Donald Trump fue atractivo para ellos, sino también por qué los demócratas no lo fueron. Eso requiere abandonar ideas preconcebidas sobre la identidad latina e indagar sobre la realidad de un mundo heterogéneo, incluyendo variables económicas –y de clase–, y prestar atención a los imaginarios sociales de estas comunidades.

La deriva hacia la derecha de los latinos –especialmente de los varones– en las elecciones presidenciales de 2024 conmocionó al establishment político. Según sondeos a boca de urna de nbc News, 54% de los varones latinos y 39% de las mujeres latinas votaron por Donald Trump, lo suficiente para echar por tierra los sueños de una remontada demócrata1. Para muchos esto fue desconcertante: ¿no era Trump un xenófobo que se deleitaba separando familias, menospreciando la diversidad y recortando el gasto social? Sin embargo, no debería haber sido una sorpresa.

Al fin y al cabo, ya había una ligera inclinación conservadora en el voto latino allá por 2020, pero algunos consultores políticos no le dieron importancia2. Mientras tanto, cualquiera que estuviera atento a lo que ocurría en el verano boreal de 2024 escuchaba las quejas de latinos de origen inmigrante nacidos en Estados Unidos, así como de latinos con muchos años de residencia, que se preguntaban por qué la nueva ola de inmigrantes de 2022 y 2023 obtenía un apoyo «especial», que incluía asistencia de vivienda temporal y permisos de trabajo para quienes solicitaban asilo.

Este (para algunos) sorprendente impulso antiinmigrante se sumaba al malestar provocado por una economía que parecía a la vez demasiado anémica y con un nivel de precios demasiado elevado. Los votantes latinos son en su inmensa mayoría de clase trabajadora y, por lo tanto, especialmente sensibles a los estragos de la inflación3. Su orientación de clase también es compleja, moldeada menos por el resentimiento hacia los ricos que por la sensación de que el trabajo debe ser recompensado. Por ello, la condición de empresario exitoso de Trump –o, al menos, el hecho de que haya interpretado a uno en la televisión– no es necesariamente poco atractiva para los votantes hispanos que sueñan con iniciar sus propios pequeños negocios.

La marea roja latina (el rojo es el color de los republicanos) fue, por supuesto, recibida con alegría por las fuerzas de maga (Make America Great Again): finalmente, un avance hacia el grupo minoritario más grande y en constante crecimiento del país; un avance tal que podría impulsar un realineamiento permanente de una clase trabajadora cada vez más multicultural detrás de principios conservadores o, al menos, trumpistas. Por el contrario, los resultados causaron desazón entre las fuerzas progresistas que durante mucho tiempo habían considerado (y malinterpretado) a la población «latinx» a través de exactamente el mismo prisma ideológico distante que las llevó a adoptar esa palabra, «latinx», una formulación que en 2023 fue utilizada únicamente por 4% de la población en cuestión (75% de quienes de hecho habían escuchado el término dijo que no debía utilizarse)4.

Mientras tanto, algunos analistas y figuras políticas de la población negra lamentaban la derrota de una mujer negra (Kamala Harris) a causa y por los votos de varones de tez morena (brown)5. El análisis optimista de Steve Phillips en Brown Is the New White [El moreno es el nuevo blanco] había concebido una coalición emergente de personas multicolor junto a blancos progresistas para formar una nueva mayoría estadounidense. Pero, al parecer, los morenos se habían inclinado por los viejos blancos; y algunos estadounidenses negros sintieron que el reino de terror prometido por Trump (y ahora en curso) contra los inmigrantes era el castigo merecido para un grupo que tomó el camino equivocado.

¿Qué salió mal?

El hecho mismo de preguntar qué salió mal implica suponer que debido a la latinidad un cierto resultado estaba predeterminado. Al hacerlo se pierde de vista que la identidad latina siempre ha sido algo construido6, a veces por empresas mediáticas que intentan crear un mercado unificado de consumidores procedentes de muchos países diferentes, pero también por emprendedores de la política –tanto latinos como no latinos– que pretenden crear y manipular un sentido de comunidad con el fin de servir a proyectos políticos particulares.

De hecho, la denominación «hispano» se popularizó cuando Richard Nixon destrozó la relación del Partido Republicano con los votantes negros por la adopción de la «estrategia sureña», que apuntaba a captar a los demócratas blancos descontentos con la reforma de los derechos civiles. Mientras los republicanos buscaban un nuevo grupo minoritario al que cortejar –uno que les permitiera atraer a nuevos votantes blancos resentidos y, al mismo tiempo, negar las acusaciones de racismo–, a los «hispanos» se les dio una nueva categoría censal, respaldo a las pequeñas empresas y, finalmente, una amnistía apoyada por Ronald Reagan a mediados de la década de 1980 que proporcionó un camino hacia la ciudadanía para una generación previa de inmigrantes indocumentados.

Estas medidas podrían haber cimentado una relación positiva –Reagan sigue siendo un icono para muchos estadounidenses mayores de origen mexicano–, pero la oportunidad de un realineamiento político fue rápidamente desperdiciada. Para el momento en que la mayor parte de la población recién legalizada había satisfecho los requisitos de residencia para obtener la ciudadanía, el gobernador republicano de California Pete Wilson manchó la marca del partido al vincular su campaña de reelección en 1994 con la Proposición 187, una medida electoral de alcance estatal que amenazaba con negar servicios fundamentales a quienes estaban en el país sin autorización.

La iniciativa fue aprobada por una mayoría abrumadora (aunque posteriormente un juez federal la declaró inconstitucional). En las décadas de 1970 y 1980, casi la mitad de los nuevos inmigrantes llegados a eeuu se había radicado en California, el tipo de «shock inmigrante» que luego alimentó la reelección de Trump en 2024. Pero el triunfo de la Proposición 187 impulsó también una ola de activismo latino, que surgió justo cuando California se estaba convirtiendo en un estado con mayoría de minorías. Este cambio demográfico hizo que la idea de una coalición de «gente de color» pareciera no solo viable, sino también políticamente relevante. Los votantes recién naturalizados y comprometidos trajeron cambios: hubo un aumento brusco del número de funcionarios electos latinos en el estado, que generalmente trabajaban en alianza con dirigentes políticos negros, y California comenzó a liderar el país en temas de inclusión de inmigrantes7.

La idea de que los latinos optan generalmente por la izquierda se fortaleció en la década de 2010, cuando el ataque de Arizona a los inmigrantes a través de la ley sb 1070 (conocida como la ley «Muéstrame tus papeles», que obligaba a las fuerzas de seguridad locales a preguntar por el estatus migratorio en controles rutinarios) provocó otra ola de activismo latino en ese estado. Entre 2008 y 2018, ningún candidato demócrata ganó una elección estatal en Arizona; hoy, el gobernador, ambos senadores, el secretario de Estado y el fiscal general son demócratas, si bien la legislatura estatal tiene una sólida mayoría republicana. Esto es así, en parte, porque estas experiencias en el sudoeste –junto con la tradicional inclinación demócrata de los votantes de Puerto Rico– llevaron a muchos a suponer que los hispanos eran progresistas por naturaleza. (Una excepción son los estadounidenses de origen cubano, aunque también en este grupo Barack Obama logró grandes avances y aumentó las esperanzas demócratas de un realineamiento).

Por ello, pocos pronosticadores se jugaban por la probabilidad de una casi victoria de Trump entre los votantes latinos. Seguramente –pensaban– ningún latino que se precie de tal se arriesgaría a la deportación de un ser querido, al dolor por la separación de su familia o al duro golpe de las medidas coercitivas que enviarían a los inmigrantes a países (y prisiones) de los que no habían emigrado o que ni siquiera habían visitado.

Algunos parecen creer que simplemente hay que esperar algo similar al síndrome del arrepentimiento del votante para que los latinos y otros vuelvan al redil progresista. Después de todo, el gobierno de Trump ha renunciado a los huevos baratos y ha apoyado aranceles elevados. Ha violado el debido proceso, ha celebrado la crueldad y ha negado el estatus de protección a los venezolanos y otros que esperaban ser salvados y que se atacara a sus países de origen con gobiernos de izquierda. Además, ha propuesto recortes al gasto público que limitarán las oportunidades para los jóvenes latinos, que ahora representan 26% del total de jóvenes en eeuu, con lo que duplican a la juventud negra.

Por cierto, el caos en las calles de Los Ángeles debería ser suficiente para provocar un replanteo de las alianzas políticas. Se le ha dado plena libertad al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ice, por sus siglas en inglés), en cooperación con otras agencias federales, para llevar a cabo redadas que muy probablemente atraparán a alguien que lava autos con 30 años de permanencia en eeuu antes que a un pandillero de ingreso reciente. Los miembros de la comunidad han participado en protestas masivas y también han respondido de manera directa, grabando arrestos e insultando a agentes del ice enmascarados que se niegan a identificarse.

Pero confiar en la ira desatada y el resentimiento latente para curar el sentimiento pro-Trump que contagió a muchos votantes latinos es, en el mejor de los casos, una estrategia reactiva. Los progresistas solo lograrán avances duraderos entre los votantes latinos si su estrategia incluye un análisis profundo no solo de por qué Trump fue atractivo para ellos, sino también de por qué el progresismo no lo fue. Esto, a su vez, requiere ir más allá de la campaña electoral y abordar las tareas más básicas de organización comunitaria, concientización y formación de alianzas: el terreno de los movimientos, no de ambiciosos emprendedores de la política.

Una disección de la identidad

Es en acción, y en ausencia de ella, como se determinan las mentalidades políticas. La mayoría de los esfuerzos electorales supone que existe un grupo que hay que activar, en caso de que se logre llegar a él. Esta es la base de la eterna visión de la comunidad latina como un «gigante dormido» que puede ser impulsado hacia la izquierda con el empujón justo para despertarlo y ponerlo en acción. Pero esta ambición de reproducir eficazmente el impacto provocado por la Proposición 187 es inapropiada. No se puede despertar de su letargo político a una comunidad muy diversa, profundamente dividida tanto por país de origen como por región de residencia, con un enfoque único8.

Por el contrario, la organización comunitaria da por sentado que la identidad debe forjarse y que muchas identidades diferentes se solidifican en alianza con otras. Lamentablemente, este tipo de organización de base ha ido erosionándose en eeuu, un problema para todas las campañas progresistas. En su lugar, hemos visto una dependencia demasiado frecuente de la movilización, que apela de forma estrecha a quienes ya están convencidos para que acudan a una manifestación donde el lenguaje es el correcto, los cánticos se practicaron previamente y las cuestiones están zanjadas9.

Organizarse es más complejo que eso. Implica esfuerzos individuales para construir relaciones escuchando experiencias vividas, opiniones políticas y perspectivas racializadas que a priori podrían ser polémicas. Para comunicar, necesitamos poner menos énfasis en posturas inmaculadas y pronunciamientos concisos dirigidos a quienes ya están de acuerdo con nosotros, y concentrarnos más en atraer a nuevos electorados (y abordar los problemas y sesgos que impiden la formación de coaliciones). Esta es la única manera de contrarrestar la estrategia de «divide y reinarás» que la derecha ha explotado durante mucho tiempo. Para la comunidad latina, una tarea clave en ese sentido es abordar la antinegritud, la mezcla tóxica de racismo y colorismo que persiste aun a pesar de que alrededor de 5% de los latinos en eeuu también se identifican como negros o parcialmente negros en los cuestionarios censales.

Hay muchos ejemplos que muestran cómo los activistas están llevando a cabo el arduo trabajo de unir de manera productiva a las comunidades negras, morenas, asiáticas y otras. Mi propia investigación sobre la formación de la identidad y la política latinas en el sur de Los Ángeles pone de relieve cómo la difusión y el activismo comprometidos lograron transformar un conjunto de tensiones iniciales entre negros y morenos por empleos y vivienda –que también estallaron en muy publicitadas peleas entre estudiantes que compartían (y no compartían) espacio en escuelas locales que estaban cambiando rápidamente– en coaliciones duraderas que luchan por la justicia y por oportunidades para todos los residentes10.

Esto no fue el resultado de una estrategia puramente transaccional, basada en estrechos intereses personales. Por el contrario, los activistas lograron desarrollar una solidaridad local en la que la identidad latina se forjó a partir de un sentido de lucha compartida con sus vecinos afroestadounidenses. Y eso no pasó solamente en Los Ángeles. En su análisis de las cada vez más populosas comunidades latinas en el sur, la socióloga Jennifer Jones destaca cómo las experiencias de racismo y exclusión dieron origen a un sentimiento de «destino vinculado a una minoría». Este resultado no fue automático: requirió la colaboración de ambos grupos, incluidos líderes afroestadounidenses que se oponían activamente a las políticas y el discurso antiinmigrantes, y supuso trabajar en una conciencia política compartida, así como unir a las comunidades a través de instituciones religiosas. Como lo expresa elocuentemente Jones, «los demócratas pueden construir una nueva coalición. Solo tienen que analizar los hechos sobre el terreno para lograrla»11.

Los atajos para promover la participación de los votantes (get out the vote) que solo involucran a la gente durante las elecciones no pueden reemplazar el paciente trabajo comunitario capaz de forjar relaciones duraderas. Las estrategias de compromiso integral del votante (ive, por sus siglas en inglés) –donde la organización comunitaria a lo largo de todo el año se combina con las coyunturas electorales– pueden tender un puente entre estos dos mundos. Conocidas también a veces como «sondeo profundo», estas estrategias han sido eficaces en lugares tan variados como Michigan, Georgia y Virginia. En California, las acciones con ive realizadas por coaliciones como el Million Voters Project han sido claves para mantener al electorado latino del «Golden State» más cerca del lado progresista de la ecuación (si bien, incluso allí, Trump logró avances que probablemente contribuyeron a que los demócratas perdieran su mayoría en la Cámara de Representantes). En resumidas cuentas: ganarse el corazón y la mente de los latinos (y de otros) requiere menos de alta tecnología (high tech) y más de contacto humano directo (high touch).

Es la economía, estúpido

Entonces, ¿qué les atrae de Trump a los latinos? Para decirlo en pocas palabras: se dirigió con firmeza al sufrimiento financiero de la gente. Para muchos votantes blancos, es posible que la «ansiedad económica» haya sido a veces solo una excusa para consentir temores raciales, pero la inflación, el empleo y los costos de la vivienda parecen haber sido lo prioritario para los votantes latinos a la hora de decidir taparse la nariz y emitir su voto.

Esta situación podría propiciar otro tipo de reacción pasiva: simplemente señalemos dónde están los déficits de Trump (¿no siguen siendo caros los huevos?), enfaticemos el impacto dispar de sus políticas (¿no se verán aún más afectadas las familias latinas por los recortes en el Medicaid?) y esperemos que el gigante latino, que lleva tanto tiempo dormido, finalmente despierte. Esto representa al menos una pequeña mejora respecto al enfoque demócrata previo, que consistía, en efecto, en pedir a la gente que creyera en los buenos datos económicos y no en su propia experiencia, y luego hacer una presentación en PowerPoint sobre el lado positivo de la política industrial posneoliberal12.

Es un discurso difícil de digerir, por supuesto. Y, claramente, no funcionó. Un problema es que, cuando los progresistas han pensado en las guerras culturales, han tendido a referirse únicamente a cuestiones de religión y etnicidad. Pero la clase también es cultura. Por ejemplo, el debate sobre la experiencia de la clase trabajadora blanca se ha enriquecido al considerar no solo la pérdida de ingresos derivada de la desindustrialización, sino también la concurrente pérdida de significado y autoestima cuando desaparecen los empleos. Comprender esto puede ser crucial para recuperar el Medio Oeste, pero también para las identidades y prioridades políticas latinas, que se definen no solo por el idioma y la ascendencia, sino también por las circunstancias económicas.

De hecho, según una definición de «clase trabajadora» ofrecida por el Centro para el Progreso Estadounidense –que la restringe a quienes tienen o buscan empleo y carecen de título universitario de una carrera de cuatro años–, casi 80% de los latinos pertenecen a este grupo, en comparación con aproximadamente 70% de los afroestadounidenses y solo 55% de los estadounidenses blancos13. La conclusión obvia es que cualquier noción de clase trabajadora debe ser multirracial. Pero la lección más sutil es que ignoramos de qué manera la clase determina la cultura y la identidad, lo que es un gran error político.

Crecí dentro de una comunidad multirracial de clase trabajadora en el sur de California. Nos definían ciertos valores claves compartidos, en especial la conexión con el trabajo, el oficio y la solidaridad. Esto último me quedó grabado a fuego después de que mi padre sufriera una grave lesión en su trabajo, que le costó la mayor parte de un pulmón y dejó a nuestra familia en una situación de gran precariedad económica. Cuando finalmente se recuperó, su sindicato estaba en huelga. Naturalmente, la empresa le pidió que volviera a sus tareas, con la esperanza de que la necesidad de mantenernos lo impulsara a aceptar. Por el contrario, él se unió a la protesta. Privados del pago por enfermedad de la empresa y dependiendo, en cambio, de los escasos fondos de huelga, estábamos un poco hambrientos pero muy orgullosos, y nunca olvidé esa lección.

La cultura son los valores que compartimos, tanto como los alimentos que comemos y los idiomas que hablamos. El mensaje económico progresista suele ser algo así como «Hay suficiente riqueza para todos». Pero un mensaje más ganador, particularmente para los latinos que aspiran a la movilidad social, podría ser: «Hay suficiente trabajo para todos». Hay suficientes formas de ganarse la vida, ser propietario y prosperar. Y la política económica debería incluir una red de seguridad, sin duda, pero también debería proporcionar un trampolín desde el cual el trabajo sea recompensado con salario y dignidad.

Este es un problema general: los demócratas y los progresistas necesitan un mejor relato sobre economía. La clave es hablar no solo de redistribución, sino también de producción y oportunidades. Además, es crucial imaginar a los trabajadores no solo como obreros metalúrgicos y ensambladores de automóviles que sufren los efectos de la desindustrialización, sino también como personal doméstico, jardineros, cuidadores de ancianos, trabajadores de servicios y otros que hacen el trabajo de asistencia y cuidado que nos ayuda a todos a prosperar. Los latinos son parte clave del proyecto de clase, y la atención que los sindicatos han prestado en las últimas décadas a organizar a los trabajadores latinos es bienvenida.

Una lectura errónea de la inmigración

En 2008, el número de jóvenes ciudadanos latinos que cumplían 18 años era aproximadamente una vez y media el de los inmigrantes latinos adultos que se naturalizaban y obtenían la ciudadanía. En aquel entonces, si había que elegir entre poner el foco en la inmigración o, por ejemplo, en la educación y la economía, era razonable poner al menos parte del énfasis en los derechos de los inmigrantes. Pero en los últimos años, la cantidad de jóvenes ciudadanos latinos que obtienen el derecho al voto por llegar a la mayoría de edad triplica aproximadamente la de inmigrantes latinos que lo obtienen por naturalizarse.

La demografía no siempre es el destino, pero estos números nos ayudan a entender por qué otros temas, además de la inmigración, dominan la conciencia de los votantes latinos. Un factor adicional son las recientes oleadas de migrantes que han llegado al país. A pesar de la histeria por la inmigración de Trump de la última década, los flujos migratorios desde México hacia eeuu rondaban el cero neto –es decir que ingresaban aproximadamente tantos mexicanos como los que salían–, si tomamos el periodo que va desde 2005 hasta poco antes de la pandemia14. Además, hasta aproximadamente 2021, la cantidad de inmigrantes no autorizados en el país disminuyó de manera constante, en parte porque la crisis financiera de 2008 evaporó las oportunidades económicas y obligó a mucha gente a regresar a sus países de origen.

Eso significaba que, en promedio, quienquiera que estaba en eeuu había estado allí por más tiempo. Tanto en 1980 como en 1990, menos de la mitad de los inmigrantes latinos llevaban más de diez años en el país; para 2021, casi 80% de los inmigrantes latinos habían vivido en el país más de diez años. Estos inmigrantes de larga data empezaron a pensar como sus vecinos nacidos en eeuu: muchos de ellos vieron con recelo la oleada de migrantes que llegaron a la frontera durante la era Biden entre 2021 y 2023, un periodo en el que la población indocumentada de eeuu creció cerca de 20%15.

No fue solo la magnitud del cambio lo que hizo reflexionar a algunos inmigrantes latinos asentados, sino el hecho de que muchos de los nuevos inmigrantes provenían de nuevos países de origen, como Venezuela y Haití. El discurso del «desorden en la frontera» también transmitía una imagen de caos que inspiraba miedo y falta de empatía hacia los nuevos inmigrantes. Y el hecho de que algunos recién llegados recibieran apoyo como solicitantes de asilo provocó un notable cambio de opinión incluso entre residentes indocumentados de larga data, que señalaban que ellos habían sobrevivido sin esa ayuda. Esto probablemente influyó en sus familiares de estatus mixto para inclinarse hacia la derecha a la hora de votar.

La situación actual ha puesto a los grupos progresistas que defienden los derechos de los inmigrantes en una posición incómoda. Estos grupos creen fundamentalmente en el derecho de las personas a buscar oportunidades, especialmente en un momento en que el cambio climático está forzando un éxodo mundial desde países gravemente afectados por huracanes, sequías y hambrunas. Aceptar más inmigrantes tiene mucho sentido; eeuu debería ser un país que los reciba bien, sobre todo teniendo en cuenta su papel en el calentamiento del planeta. Pero las «fronteras abiertas» –que más que un proyecto político real son una expresión a disposición de críticos oportunistas que sacan rédito de ella– son difíciles de vender incluso para los latinos.

Según una encuesta reciente encargada por Unidosus y varias otras organizaciones latinas, solo un poco más de la mitad de los latinos están a favor de un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados que han estado en el país durante mucho tiempo, mientras que casi la mitad está a favor de tomar medidas enérgicas contra «traficantes de personas y narcotraficantes»16. Pero cuando se les da a los encuestados la opción entre deportar a todos los inmigrantes indocumentados o solo a los «criminales peligrosos», más de las tres cuartas partes de ellos eligen esta última alternativa, lo que sugiere preocupaciones reales por la seguridad fronteriza, pero también una gran empatía hacia los residentes indocumentados que han estado en el país durante algún tiempo.

Aquí se ve, nuevamente, que la identidad latina es compleja, controvertida y construida. Incluso antes de que la vida de los latinos de Los Ángeles se viera alterada por la oleada de temerarias redadas del ice, había evidencia de que estos comenzaban a pensar que el gobierno de Trump estaba yendo demasiado lejos en sus medidas de control y que sus promesas de prosperidad económica no se estaban cumpliendo. Pero encontrar consuelo político en tal incomodidad de la comunidad –pensando que seguramente esto hará que se incline nuevamente hacia la izquierda– ha sido durante mucho tiempo el talón de Aquiles de quienes buscan organizar a los latinos.

Limitarse a movilizar a la gente contra lo que resulta amenazante del otro bando no garantiza una mayoría duradera. Para ello, es necesario proponer qué mejorar, no solo qué resistir. Las últimas primarias para la Alcaldía de Nueva York –en las que un progresista de origen sudasiático, Zohran Mamdani, se ganó a los votantes latinos y a otros grupos con una sólida estrategia de base y apoyos claves, pero también con un enfoque preciso en la economía y la calidad de vida– sugieren lo que es posible.

Movimientos e impulso

De hecho, los latinos son receptivos a una agenda positiva, progresista y práctica. Años de investigación mediante encuestas en California muestran que a los latinos en realidad les preocupa mucho más el cambio climático que a los residentes blancos del estado, es decir que el compromiso con el ambientalismo es un argumento convincente17. La población latina también pertenece mayoritariamente a la clase trabajadora: las oportunidades económicas y la equidad, así como el acceso a la educación y la atención médica, surgen como las principales preocupaciones en la mayoría de las encuestas. Mientras que el ice de Trump puede lograr que los latinos regresen tentativamente al redil progresista, por el momento, el mensaje central sigue siendo el mismo: cortejar a los latinos para el futuro es en gran medida un asunto que implica múltiples temas.

Esto representa una oportunidad política para los progresistas que se preocupan por el planeta, se inquietan por los excesos del capitalismo contemporáneo y creen en un papel activo del Estado. Pero para aprovecharla, hay que dejar de intentar ocultar las deficiencias de Kamala Harris –que, después de todo, podría dirigirse mejor al 60% de los hombres blancos que votaron por Trump18– y, en lugar de ello, buscar una respuesta a por qué tantos latinos y otros se sintieron tentados por un aspirante a hombre fuerte.

La realidad es que el autoritarismo ha sido atractivo porque la economía estadounidense no funciona bien para la mayoría, y la culpa es el único commodity en abundancia; porque nuestros movimientos han sido de escala insuficiente y su crecimiento reciente se ha visto obstaculizado por divisiones internas, un deterioro de la formación de líderes comunitarios y una falta de habilidades para construir frentes populares amplios; y porque la política actual a menudo opera con parámetros más orientados a ganar elecciones en el corto plazo que a guiar movimientos duraderos en el largo plazo.

El arduo trabajo de organizar este tipo de movimientos implica pasar de los problemas a la visión y convencer a la gente de un propósito compartido, un propósito que la lleve no solo a las urnas cada tantos años, sino a las barricadas del cambio. Es una tarea que se ha visto intensificada por la llegada del tecnoautoritarismo, una era en la que Silicon Valley ya no es una fuente de tecnología potencialmente liberadora, sino de ideas para el control totalitario.

Los latinos no han estado dormidos, más bien han sido ignorados e incomprendidos con demasiada frecuencia. Para que el movimiento progresista no solo resista el autoritarismo de derecha, sino que además construya poder en este momento, necesitará crear, y no dar por sentada, una identidad; construir un programa económico que resuene con la experiencia vivida; y ofrecer una visión de oportunidad, comunidad y dignidad que trascienda aquello que nos divide.

Manuel Pastor: es profesor distinguido de Sociología en la Universidad del Sur de California, donde dirige el Instituto de Investigación de Equidad y ocupa la cátedra Turpanjian de Sociedad Civil y Cambio Social.

Palabras claves: economía, latinos, Donald Trump, Make America Great Again [maga], Estados Unidos.

Nota: la versión original de este artículo, en inglés, se publicó en Dissent, otoño de 2025, con el título «Por qué maga?». Traducción: Carlos Díaz Rocca.

1. nbc News: «Exit Polls», 5/11/2024, disponible en <www.nbcnews.com/politics/2024-elections/exit-polls>.

2. Equis Research: «2020 Post-Mortem (Part One): Portrait of a Persuadable Latino» en Medium, 2/4/2021.

3. «What Policymakers Need To Know About Today’s Working Class» en American Progress, 6/4/2023.

4. Luis Noe-Bustamante, Gracie Martinez, Mark Hugo Lopez: «Latinx Awareness Has Doubled Among us Hispanics Since 2019, but Only 4% Use It», informe, Pew Research Center, Washington, dc, 12/9/2024.

5. Brown es una categoría ambigua y contextual (no censal) que a menudo se usa para describir a personas de piel morena, que no se identifican completamente como white (blancas) ni como black (negras). Puede referir a latinos y personas de Oriente Medio y el sur de Asia [n. del e.].

6. Geoffrey Fox: Hispanic Nation: Culture, Politics, and the Constructing of Identity, The University of Arizona Press, Tucson, 1997.

7. Ben Christopher y Mikhail Zinshteyn: «From Save Our State to Sanctuary, California’s Immigration Views Have Shifted Dramatically» en CalMatters, 20/6/2025.

8. Andrea Silva: «2024 Post-Election Reflection Series: Cultural Values and Economic Priorities: The Not-So-Shocking Rise of Latino Support for Trump» en Political Science Now, 25/3/2025.

9. Daniel Mackintosh: «Mobilising or Organising?» en The Iron Rule, 23/8/2017.

10. M. Pastor y Pierrette Hondagneu-Sotelo: South Central Dreams: Finding Home and Building Community in South la, nyu Press, Nueva York, 2021.

11. J.A. Jones: The Browning of the New South, The University of Chicago Press, Chicago, 2019.

12. David Dayen y Matt Stoller: «Moving Past Neoliberalism Is a Policy Project» en The American Prospect, 27/6/2023.

13. «What Policymakers Need To Know About Today’s Working Class», cit.

14. Ana Gonzalez-Barrera: «Before covid-19, More Mexicans Came to the us than Left for Mexico for the First Time in Years», Pew Research Center, Washington, dc, 9/7/2021.

15. Jennifer Van Hook, Ariel G. Ruiz Soto y Julia Gelatt: «The Unauthorized Immigrant Population Expands amid Record us-Mexico Border Arrivals», Migration Policy Institute, Washington, dc, 2/2025.

16. «2025 1st 100 Days Poll of Hispanic Electorate», disponible en <https://unidosus.org/hispanicvote/polling-issues/>.

17. M. Pastor, J. Mijin Cha, Michael Méndez y Rachel Morello-Frosch: «California Dreaming: Why Environmental Justice Is Integral to the Success of Climate Change Policy» en pnas vol. 121 No 32, 7/2024.

18. Encuesta disponible en <www.nbcnews.com/politics/2024-elections/exit-polls>.

Democracias estalladas o el desborde del crimen organizado

Juan Pablo Luna

La crisis de las democracias latinoamericanas no se debe solamente a razones de tipo político-institucionales –ni a fenómenos como los populismos o la polarización–, sino también a factores mucho más profundos, entre ellos el crimen organizado. Este no afecta únicamente a Estados débiles: en países como Chile y Uruguay, además de Argentina, tiñe la agenda política y electoral.

En la última década, la expansión del crimen organizado se ha consolidado como un desafío fundamental para los Estados latinoamericanos y sus democracias. Si en el pasado pensábamos que este problema superaba solo a Estados débiles, con poca capacidad de proyectar su autoridad y presencia en amplias zonas de sus territorios, hoy es claro que también genera graves problemas entre los más fuertes de la región, como Costa Rica, Chile y Uruguay, países que han visto incrementar notoriamente los niveles de violencia criminal en la última década. Lo mismo ocurre con naciones del Primer Mundo que son emblema de la socialdemocracia, como Suecia, Países Bajos y Bélgica, que enfrentan niveles de violencia «narco» sin precedentes1.

Para entender la naturaleza del crimen organizado y su relación con la democracia y el Estado, es necesario problematizar una serie de supuestos que subyacen a nuestra visión convencional sobre el tema. Por un lado, usualmente asociamos crimen organizado a altos niveles de violencia visible (por ejemplo, a homicidios). Pero en realidad, la violencia es mala para el negocio porque genera visibilidad social y atrae la atención de la opinión pública. El mejor crimen organizado y el más próspero es el que no se ve.

Por otro lado, cuando pensamos en crimen organizado tendemos a asociarlo al narcotráfico, y cuando pensamos en narcotráfico, tenemos en mente a los grandes carteles mexicanos o colombianos, que controlan toda la cadena de valor del negocio. Es decir, imaginamos una sola organización, integrada verticalmente, que produce, distribuye, vende localmente, exporta y lava dinero. Sin embargo, la realidad del crimen organizado es sumamente compleja, varía rápidamente y se adapta a las nuevas oportunidades y a las ventajas competitivas que ofrecen distintos países y economías locales. En esa realidad conviven, compiten y cooperan múltiples organizaciones (algunas locales, algunas transnacionales) que explotan una diversidad de mercados ilegales. Es decir, el «narco» es solo uno de esos negocios.

Las estructuras criminales pueden lograr la integración horizontal (desarrollando varios negocios) y la integración vertical (controlando distintas etapas de un mismo negocio), pero también pueden funcionar de forma más atomizada. Entender mejor los niveles de integración horizontal y vertical de los intercambios que ocurren en un territorio determinado es una de las claves para comprender su «lugar» en el mapa del crimen organizado, así como el tipo de estructura criminal que desafía y coopera con agentes estatales y actores políticos en cada país.

Como dijimos, los mercados ilegales son variados. Incluyen actividades como la trata de migrantes y la trata sexual, la explotación laboral, el sicariato, el microcrédito, la extorsión (desde el impuesto de seguridad y la «vacuna» a comercios locales hasta el secuestro extorsivo), el tráfico de terrenos y lotes para vivienda, la explotación de productos primarios como la madera, la fruta y la minería, y el tráfico de especies protegidas. El tráfico de arena, catalizado por la expansión de la industria de la construcción, constituye otro negocio próspero en la región2. El reportaje «La noche de los caballos», ganador del Premio Gabo en 2024, que relata la operación de un enorme negocio de exportación de equinos robados desde Argentina hacia Europa, nos ha vuelto a mostrar la variedad que alcanza el negocio ilegal3.

De la gran mayoría de estos mercados no hablamos. En Chile, por ejemplo, están casi completamente ausentes del debate público sectores muy dinámicos como el de las máquinas tragamonedas presentes en buena parte de los almacenes en los barrios populares, el tráfico de medicamentos en ferias, o el mercado ilegal de la ropa usada (importada y luego vendida informalmente en el mercado nacional e internacional). La extorsión en varias de sus expresiones es otro negocio en expansión del que casi no hablamos.

Esta falta de análisis hace que no percibamos lo dúctiles que estas organizaciones pueden ser. Por ejemplo, los carteles que operan en el estado de Michoacán han comenzado a especializarse en la exportación de palta (aguacate) y limón hacia Estados Unidos, donde se los sindica como responsables del alto precio de esos productos, mientras que el Clan del Golfo (también conocido como los Gaitanistas, un grupo originado en las autodefensas colombianas) domina el tráfico de migrantes cuyo epicentro es la región del Darién en Panamá. Por esa ruta migran hacia eeuu, bajo la «protección» y «guía» del Clan, latinoamericanos, pero también asiáticos. En 2023, transitaron por ese paso al menos 500.000 personas4.

La expansión de los «nuevos negocios» nos obliga a pensar en el crimen organizado de otra manera

En América del Sur, la tala, la minería ilegal, el tráfico de hidrocarburos, el mercado de apuestas, la extorsión a negocios, y el tráfico y explotación de migrantes se han convertido en negocios prósperos de importantes organizaciones que solo identificamos como traficantes de droga.

Aunque por sus altas rentas y la violencia que suele generar en el ámbito barrial el narcotráfico acapara la atención en el debate sobre seguridad en nuestros países, lo cierto es que la expansión de los «nuevos negocios» nos obliga a pensar en el crimen organizado de otra manera. A continuación, expondré cinco argumentos para perfilar las características que tiene el crimen organizado en nuestro continente hoy.

Primero, como dijimos, en nuestros países asociamos el crimen organizado al narco, y el narco al microtráfico, el cual ubicamos especialmente en las periferias urbanas. A partir de esto se argumenta que la lucha contra la venta de droga (microtráfico) impactará en la vitalidad de las organizaciones criminales. Esta idea es engañosa. Aunque tiende a ser muy visible, pues produce violencia en las periferias urbanas, el microtráfico es hoy la actividad narco que menos renta genera. Esas ganancias se redujeron durante la pandemia, a partir del exceso de stock de droga que se generó en la región con el enlentecimiento del comercio internacional. Esa caída en los réditos generó incentivos para la diversificación de negocios criminales locales como la extorsión a comercios (las llamadas «vacunas») y personas.

Ese giro ha ocurrido en varios países de la región y ha tendido a que las organizaciones busquen aumentar su control territorial (lo que hace posible la extorsión) e integren horizontalmente sus negocios (es decir, que multipliquen los mercados ilegales que explotan). También ha sucedido que bandas especializadas en alguna actividad transversalmente útil para la operación de mercados ilegales (el sicariato es un ejemplo) pasen a ser subcontratadas por otras bandas para operaciones específicas.

Una consecuencia de este proceso es que en el ámbito territorial ha llevado a un aumento de la competencia entre bandas que pujan por el control de estos lugares, lo que conduce a una escalada de violencia y corrupción (porque las bandas buscan mejorar las condiciones en que operan comprando voluntades en la política y en las agencias estatales relevantes). Sin embargo, enfocarse solamente en el microtráfico, y más ampliamente, en los mercados criminales que operan en las periferias urbanas, reduce la atención pública sobre actividades mucho más lucrativas para las organizaciones criminales, como son la venta de droga en sectores altos, el tráfico internacional y el lavado de dinero. Estos negocios son menos violentos que el microtráfico porque no dependen del control territorial, pero generan más potencial de corrupción e infiltración de la política y el Estado en las zonas en que se realizan (los puertos, las aduanas, las fronteras, el sistema financiero, etc.).

Así, mientras los operadores del microtráfico en las periferias urbanas tienden a comprar estructuras políticas y agentes estatales en el nivel local, quienes operan otros mercados y actividades tienden a infiltrar la institucionalidad política y estatal a más alto nivel.

Una consecuencia es que los primeros tienen más probabilidad de terminar presos (especialmente los integrantes menos relevantes de cada organización, como las mujeres que complementan sus ingresos con microtráfico). Quienes operan los mercados de alta renta rara vez enfrentan a la justicia y son socialmente invisibles. El crimen organizado más lucrativo no se ve, porque funciona comprando voluntades en los intersticios del Estado y la política.

Segundo, el debate público de los distintos países suele activar las alarmas cuando la policía detecta la operación en el territorio de alguno de los grandes carteles de droga. Hoy preocupan especialmente el Tren de Aragua de Venezuela y el Primer Comando de la Capital (pcc) de Brasil, como hace una década generaban miedo los carteles mexicanos o colombianos. Esta idea también resulta engañosa.

Lo cierto es que los grandes operadores del mercado ilegal pueden o no integrarse verticalmente con los pequeños traficantes locales. En los casos emblemáticos de Colombia y México, las grandes organizaciones sí tenían integración vertical de sus negocios, y también lo tienen hoy las grandes bandas carcelarias brasileñas –como el Comando Vermelho o el pcc– que operan en buena parte de la región y son jugadores claves en el tráfico hacia el mercado europeo. Sin embargo, países por los que pasan grandes cargamentos, como Uruguay y Chile, pueden no contar con integración vertical, siendo escasos los vínculos orgánicos entre operadores internacionales y bandas que operan en el territorio.

Los equilibrios asociados a la interacción entre el crimen organizado y el Estado pueden cambiar con bastante rapidez

La integración vertical, así como la dinámica del negocio, se transforman a un ritmo vertiginoso. A modo de ejemplo, con el auge de las drogas sintéticas (como las metanfetaminas, los opioides y, más recientemente, el fentanilo), China se ha convertido en un proveedor privilegiado de los insumos y precursores que son utilizados en México para su fabricación y exportación a eeuu. La misma cadena logística que une México y China, por la que circulan numerosos productos legales, también se ha ido convirtiendo en un vehículo para la exportación de especies protegidas y fauna exótica entre ambos países5.

Tercero, los equilibrios asociados a la interacción entre el crimen organizado y el Estado pueden cambiar con bastante rapidez. Un ejemplo es Ecuador, que pasó de tener una baja tasa de homicidios a convertirse en el país más violento de América Latina, con 45 homicidios cada 100.000 habitantes en 2023. Este cambio se explica por la combinación de dinámicas internas y factores externos que transformaron a Ecuador en el epicentro de las actividades de tráfico y lavado de bandas internacionales con alto poder de fuego (¡y de compra!).

Otro caso de cambio rápido entre un equilibrio poco violento y una espiral de violencia homicida es Rosario, Argentina. Desde hace más de una década, esa ciudad constituye una excepción en un país que cuenta con los índices más bajos de homicidios en la región. Aunque la espiral de violencia ha sido influida por la posición estratégica de Rosario en la hidrovía que enlaza zonas productoras en Bolivia y Paraguay con zonas exportadoras que se han vuelto más relevantes (los puertos de la propia Rosario, Buenos Aires y Montevideo), las causas más importantes tienen más que ver con dinámicas internas del mercado ilegal.

Cuarto, el crimen organizado explota debilidades en cada país, pero también saca ventaja de las fortalezas que ellos poseen respecto al desarrollo de negocios legales. En algunos casos esto pasa por reconvertir (o utilizar) viejas rutas de contrabando o corredores logísticos entre países. A modo de ejemplo, Paraguay tiene una larga tradición de importar vehículos usados desde Japón y eeuu, los que ingresan a Chile por los puertos del norte del país. Esos autos son luego conducidos, por tierra, hacia Paraguay, por pilotos paraguayos. En los últimos años, parte de esos vehículos han alimentado el mercado de autos «chutos» en Bolivia (autos que ingresan ilegalmente a ese país y que circulan sin patente, hasta que son eventualmente legalizados por el Estado boliviano, con el objetivo de cobrarles por el trámite y la oficialización)6. El mercado de «chutos» también se alimenta de autos de alta gama sustraídos en Argentina, Brasil y Chile, los que en ocasiones son transados en Bolivia a cambio de algunos kilos de cocaína. El corredor logístico que transitan los autos que sí llegan a Paraguay también parece estar siendo utilizado por bandas brasileñas para el tráfico de armas7.

Los flujos de personas se vinculan asimismo con el desarrollo y la expansión de mercados ilegales en un momento determinado. En la década de 1980, por ejemplo, la llegada a la periferia de Buenos Aires de ex-guerrilleros del grupo peruano Sendero Luminoso que buscaban refugio tuvo un rol relevante en masificar el consumo de cocaína en la ciudad, pues los ex-senderistas tenían vínculos en zonas productoras en su país de origen8. Sin embargo, las ventajas que cada país ofrece al crimen organizado no solo se vinculan con «vacíos» estatales, sino también con el tipo de actividad legal que desarrollan. Por ejemplo, los países mineros poseen un amplio stock de químicos con los que los narcos pueden cocinar drogas sintéticas. También resultan interesantes para el crimen organizado los países que destacan por su capacidad logística. En ese sentido, los puertos de Chile y Uruguay, que poseen alto volumen de tráfico y buena reputación en los puertos de llegada, se han convertido en atractivos para el negocio de la exportación de droga hacia destinos del Primer Mundo. Más aún si estos les dan un trato de fast track (asociado a menos controles) pues exportan grandes cantidades de mercaderías perecibles.

Quinto, más que un problema de seguridad, el crimen organizado debe comenzar a considerarse un problema de desarrollo9. Usualmente se argumenta que los países de ingreso medio, como lo son Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, enfrentan una «trampa» que está dada por la explosión de expectativas (y de descontento) ante una trayectoria de crecimiento sostenido que aún no logra satisfacer la demanda ciudadana que ese mismo recorrido estimuló. Las protestas sociales que ocurrieron en Brasil en 2013, así como el estallido chileno de 2019 (también una ola de protestas masivas), suelen ser descritos como episodios que ilustran esa trampa.

El crecimiento económico que trajo el boom de los commodities estimuló el desarrollo de múltiples mercados ilegales

Mi impresión es que los países latinoamericanos enfrentan un problema de desarrollo diferente y eventualmente complementario. Por una parte, el crecimiento económico que trajo el boom de los commodities estimuló el desarrollo de múltiples mercados ilegales. Esos mercados terminaron siendo dinamizados por la circunstancia de la pandemia del covid-19 y por el estancamiento económico que trajeron las restricciones de movilidad, así como por el frenazo del boom. Ante una economía menos dinámica, que no logra satisfacer las demandas de amplios sectores de la ciudadanía, los mercados ilegales comenzaron a ofrecer una alternativa de empleo y movilidad social.

Además de generar crecimiento económico y proveer empleo y recursos a quienes no logran obtenerlo en el mercado formal, la expansión de mercados informales e ilegales también incrementó la infiltración de instituciones estatales y de los sistemas políticos de la región. Si los economistas argumentan que el crecimiento económico requiere de instituciones de buena calidad, el crecimiento económico en la región (inestable, con altos niveles de desigualdad) ha contribuido más bien a minar la calidad de aquellas instituciones. Como confesó un entrevistado en Uruguay, mientras la ilegalidad genere crecimiento económico y no aumente la violencia, «el político» tiene todos los incentivos para «hacerse el gil y mirar para el costado». Los límites de este razonamiento están en que la fuerza de los mercados ilegales y la debilidad de nuestros Estados, paulatinamente colonizados por la ilegalidad, van dejando sin margen de acción a los sistemas políticos.

Además, es importante subrayar una obviedad que, sin embargo, usualmente pasamos por alto debido a nuestros sesgos normativos. Mientras buena parte de nosotros tendemos a ver una demarcación clara entre lo legal y lo ilegal, entre la política institucional y la violencia, en la realidad, esas esferas poseen interfases porosas. Lo legal y lo ilegal se determinan mutuamente y constituyen, en conjunto, el tipo de orden que observamos en distintos niveles sociales y territoriales.

La policía como coordinadora de mercados ilegales

América Latina es la región más violenta del mundo. Nuestras ciudades figuran entre aquellas con mayores tasas de homicidios a escala global. En el top de la tabla suelen estar localidades de México, Colombia, Venezuela y de los países del triángulo norte de América Central, pero recientemente la violencia ha aumentado fuertemente en localidades de países como Costa Rica y Ecuador.

La violencia también ha aumentado en otros países que solían tener niveles bajos de homicidios, como Chile y Uruguay. Este último es un caso muy preocupante, pues tiene más del doble de homicidios cada 100.000 habitantes que Chile. Entre los países menos violentos de la región encontramos a Argentina, Bolivia y Paraguay. La situación paraguaya, sin embargo, posee varias similitudes estructurales con la configuración observada en México antes de 2000, es decir poco antes de que estallara la guerra contra el narco y comenzara un proceso en cuyos primeros diez años murieron unas 170.000 personas10. Hoy se calcula que México ya ha superado las 250.000 muertes.

Mientras tanto, la ciudad de Rosario en Argentina constituye la excepción más flagrante al patrón de baja violencia homicida que tiene ese país. En esa ciudad de la provincia de Santa Fe, la tasa de homicidios sobrepasa los 22 cada 100.000 habitantes y es aproximadamente cinco veces mayor que el promedio argentino. La escalada de violencia coincide con la ruptura del pacto de protección tradicional entre policías, políticos y operadores del crimen organizado que caracteriza el «manejo» de la violencia en el resto del país. Ese pacto se rompió (sin que haya sido posible reinstaurarlo) hacia 2007, luego de la alternancia entre el peronismo (que había estado en el poder provincial desde el retorno a la democracia y durante seis periodos consecutivos) y el Partido Socialista (que terminó gobernando la provincia por tres periodos, hasta que se produjo alternancia primero hacia el peronismo y, más recientemente, hacia la Unión Cívica Radical en 2023).

Los trabajos de Hernán Flom, Marcelo Sain, Matías Dewey y Javier Auyero y Katerine Sobering permiten entender cómo funciona la coordinación del crimen organizado en el caso argentino11. El siguiente pasaje del libro de Sain, estudioso del fenómeno, así como ex-funcionario del gobierno provincial, permite entrever cómo funcionaba el viejo pacto. La cita corresponde al testimonio de un narcotraficante en una audiencia judicial:

[Acá] nadie vende drogas si no es con el permiso de la policía. La policía controla el narcotráfico. Dice quién vende y quién no y todo el mundo lo sabe (...) la Brigada de Drogas Peligrosas, no toda, pero la gente más fuerte, es la que maneja la droga. Ellos dicen quién vende y quién no vende, ellos dicen, «este arregla y este no» y va preso. La policía arregla con las personas que le sirven. Al resto de los que venden drogas y no pueden arreglar los utilizan para hacer procedimientos que le son útiles para limpiarse. El razonamiento de ellos es: a algunos los tenemos para meterlos presos y a otros para trabajar. Es sencillo. Si uno no tiene drogas, ellos [la policía] se la proveen. Y si la tiene, se le paga mensualmente a la policía para poder trabajar.12

Como puede colegirse del pasaje citado, el pacto de protección tiene a la policía como actor fundamental, que articula y organiza el mercado criminal de venta de droga. Esta coordinación policial, que según muestran estudios como el de Dewey, opera en otros mercados criminales (como el robo de vehículos, la venta clandestina de autopartes, la producción, explotación laboral y venta de textiles falsificados, etc.) hace posible que los mercados ilegales funcionen «ordenadamente», reduciendo los niveles de violencia abierta.

Si usualmente pensamos que el crimen organizado prospera en espacios de vacío estatal, el caso argentino ilustra la situación contraria

En este sentido, es relevante subrayar un elemento crucial: la posibilidad de regulación policial depende de la capacidad estatal de hacer regir la ley (ante aquellos que no cumplen con el pacto). Es decir, las policías pueden suspender selectivamente la vigencia de la ley en beneficio de quienes adhieren al sistema de coordinación policial. Si usualmente pensamos que el crimen organizado prospera en espacios de vacío o ausencia estatal, el caso argentino ilustra la situación contraria. El crimen organizado está presente y solo puede funcionar con habilitación estatal. A modo de ejemplo, las policías segmentan el territorio que «liberan» para que distintas bandas operen, evitando la competencia territorial. Esto se explica también porque, aunque la violencia homicida es baja en Argentina, la prevalencia de otros delitos (como el robo), así como la corrupción, son desproporcionadamente altas.

El trabajo de Matías Dewey también muestra cómo las policías actúan con poderes delegados por parte del poder político, pero asimismo en concertación con otros actores como las compañías textiles legítimas, o las aseguradoras de autos (ambas eventualmente negocian beneficios por debajo de la mesa, o en el caso de las aseguradoras, umbrales máximos para el robo de autos, de forma tal de hacer rentable y viable su negocio). Las policías también obtienen beneficios monetarios directos de esta coordinación, que proveen la base para el enriquecimiento ilícito de la oficialidad y sus jerarquías. Esos fondos, sin embargo, también financian insumos para el funcionamiento de las comisarías (Dewey documenta cómo, ante la austeridad o ausencia de transferencias oficiales, las coimas a veces se utilizan para comprar tinta para las impresoras con que se imprimen las denuncias de robos). Esos fondos, a su vez, también se vuelcan al financiamiento de campañas políticas. Así, si un candidato «arregla» con la policía, puede obtener fondos para su campaña, mientras que si no lo hace, de resultar electo, seguramente deba enfrentar una crisis de seguridad en su distrito, propiciada por la misma capacidad de las policías de regular el funcionamiento de los mercados ilegales.

El nivel de comunicación entre las distintas fuerzas policiales (provincial, de la ciudad y federal) y las bandas de crimen organizado es tal que, para uno de los operativos claves en contra de una de las principales organizaciones delictivas de Rosario, conocida como Los Monos, se tuvo que llevar desde Buenos Aires a una policía especializada en otra área (la gestión de aeropuertos) para evitar que el operativo fuera avisado desde la propia fuerza a los miembros de la banda.

Los trabajos de Sain y Dewey (así como el de Auyero y Sobering para Rosario) también muestran que los políticos delegan en la policía la tarea de coordinar los mercados ilegales y bajar la violencia. Esto último, en tanto la violencia homicida es la que genera más atención y costos políticos. Otro resorte fundamental del Estado que tiene vínculos porosos con la corrupción policial y la política es el sistema judicial. Esto ha generado que la justicia se politice (mediante los mecanismos de nominación y promoción de actores judiciales afines) y la política se judicialice (mediante las operaciones que pueden hacer los actores judiciales para perseguir o proteger a los liderazgos políticos según sean amigos o enemigos). Este ejemplo ilustra uno de los mecanismos claves a través de los que se erosiona la calidad institucional de las democracias actuales (la politización de la justicia y la judicialización de la política).

Paradójicamente, a pesar de este intrincado sistema de penetración cruzada entre actores criminales, la política, fuerzas policiales y miembros del sistema de justicia, Argentina ha logrado mantenerse como uno de los países menos violentos de la región. ¿Cómo se explica entonces la epidemia homicida en Rosario?

El crecimiento económico asociado al boom de la soja en la pampa argentina aumentó la demanda de droga y amplió la posibilidad de lavar el dinero

Confluyeron en este caso varios factores que fragmentaron los pactos de protección entre la política, los criminales y las policías. Esa fragmentación se produjo tanto en el mundo criminal como en el espacio político y estatal. Del lado criminal, el crecimiento económico asociado al boom de la soja en las provincias de la pampa argentina aumentó la demanda de droga y amplió la posibilidad de lavar el dinero, por ejemplo, vía inversión en agronegocios, mercados financieros y construcción. Esto sucedió en mercados de alto poder adquisitivo, pero también en los cinturones urbanos de la ciudad de Rosario, a la que el crecimiento económico convirtió en polo de atracción para migrantes pobres, provenientes del Norte argentino, así como de la zona del Chaco boliviano y paraguayo. A esto también contribuyó la mayor centralidad de los puertos del Río de la Plata como hub logístico para la exportación de grandes embarques de droga hacia África y Europa. La ubicación central de Rosario en la hidrovía que conecta los ríos Paraná, Uruguay y el Río de la Plata la convierte en uno de los puertos con más tráfico del mundo. También la transforma en un punto nodal para la logística asociada al tráfico de grandes cantidades de droga. Si bien no existe evidencia de una articulación sistemática entre los exportadores de droga y las bandas de microtráfico locales, la centralidad de Rosario para el negocio internacional puso mucha droga a disposición del mercado minorista de la ciudad, vía pago en especies a las bandas que asistían en la logística y seguridad del negocio.

En este contexto, las dos grandes estructuras que dominaban el microtráfico en la ciudad –Los Monos y el Clan Alvarado– entablaron abiertas disputas territoriales. Además, como resultado del desarrollo de un sistema de franquicias y de las disputas internas, estos grupos comenzaron a fragmentarse y generaron organizaciones más pequeñas. En sus investigaciones, Sain y Flom argumentan que las estructuras que hoy compiten en Rosario son fundamentalmente precarias y poco sofisticadas, lo que contribuye a un nivel mayor de violencia.

Por su parte, la alternancia política ocurrida en 2007, así como la mayor competencia entre partidos, liderazgos provinciales y nacionales, generó descoordinación en la respuesta política a la violencia criminal. Esto se tradujo en que distintos sectores de la política y la justicia comenzaran a competir por la protección de diversos grupos criminales. En suma, mientras Argentina ilustra las posibles «virtudes» de un sistema de coordinación de los mercados criminales para reducir la violencia letal, Rosario muestra cómo esa coordinación puede quebrarse ante shocks que alteren la estructura de incentivos que enfrentan los actores que conforman el sistema local.

La bukelización de América Latina

En el caso chileno, la configuración del debate público y de la competencia política que está emergiendo es similar a la que ha facilitado la irrupción del «modelo Bukele» en El Salvador y su difusión en la región. Aunque sabemos que el «populismo punitivo» no funciona en términos de proveer soluciones sostenibles de política pública, sí lo hace como lógica de competencia electoral para actores orientados al corto plazo13. ¿Con qué argumentos afirmar que la «mano dura» no es solución, ante el «éxito» de Nayib Bukele en cuanto a la reducción de la violencia en El Salvador14? Los argumentos son tres. Primero, por varias razones, el experimento Bukele no es replicable en buena parte de la región. Por un lado, El Salvador es un país muy pequeño, en el que además operaban organizaciones criminales con una estructura de liderazgo piramidal con las que Bukele negoció treguas, así como la entrega de miembros de cada organización. Países de dimensiones mayores, con estructuras criminales y aparatos de seguridad más complejos, no tienen condiciones que hagan posible cuadrar una estrategia de este tipo «desde arriba» y en los plazos (muy comprimidos) en que Bukele desarrolló su estrategia de encarcelamiento masivo. La evidencia con que contamos respecto a enfoques de «mano dura» y militarización de la seguridad en contextos de mayor complejidad es apabullante: en Brasil, Colombia y México, la «mano dura» terminó escalando simultáneamente la violencia y la corrupción15.

Segundo, el esquema de encarcelamiento masivo de Bukele no tiene una estrategia de salida. Las cárceles en América Latina son criminógenas, en el sentido de que expanden y complejizan el fenómeno criminal, más que atenuarlo y prevenirlo. ¿Por cuánto tiempo son sostenibles, entonces, los logros de Bukele en cuanto a seguridad? ¿Quiénes y en qué condiciones comenzarán eventualmente a salir de las cárceles salvadoreñas? La falta de respuesta a estas interrogantes anticipa el tercer argumento: la estrategia Bukele implica la caída de las libertades civiles y de la vigencia de los derechos humanos que son constitutivos de un régimen democrático. Un porcentaje importante de la ciudadanía salvadoreña se siente, no sin razón, más segura que en el pasado. Sin embargo, ellos y sus hijos corren el riesgo de encontrarse en cualquier momento con la arbitrariedad de las autoridades salvadoreñas y terminar en las mazmorras de Bukele. Y ante esa eventualidad, no tendrán a quien recurrir sin correr el riesgo de empeorar aún más su condición.

Recientemente, ante el alza de precios y enfrentando una caída en su popularidad por la situación económica, Bukele amenazó a los empresarios (que hasta entonces lo apoyaban abiertamente) con perseguirlos judicialmente si no bajaban los precios. Lo hizo afirmando que «todos estaban fichados», a lo que añadió «ustedes saben los delitos que han cometido. No va a ser la multa por el incremento de los alimentos lo que les vamos a poner. No es broma. Como se lo dijimos a las pandillas en 2019, y se dieron cuenta de que no era broma. Entonces, importadores, distribuidores, comercializadores y mayoristas de alimentos: paren de abusar»16. Es probable que, al igual que como obró con las pandillas, al tiempo de hacer pública su amenaza, Bukele haya estado negociando la política de ajuste de precios con las empresas por debajo de la mesa.

En suma, que un porcentaje relevante de la población prefiera vivir con incertidumbre respecto a las arbitrariedades del régimen de Bukele antes que preservar sus libertades civiles dice mucho más de los déficits de la democracia salvadoreña que antecedió al mandatario (y por extensión, de varias de las democracias latinoamericanas contemporáneas) que del éxito de este último en generar una alternativa sostenible y normativamente razonable de política pública.

Evité aquí de modo consciente referirme a los vínculos evidentes entre el crimen organizado y las tres dictaduras hoy vigentes en la región (Cuba, Nicaragua y Venezuela), porque lo que me interesaba era explorar las relaciones entre regímenes democráticos y las dinámicas del crimen organizado. Desde esta perspectiva, el caso de Bukele es relevante porque señala una vía electoral y democrática hacia el autoritarismo. Esa vía ilustra cómo un sistema de partidos que se encontraba entre los más estables e institucionalizados de la región (junto con los de Argentina, Chile y Uruguay) terminó siendo barrido en una elección por un outsider que logró explotar la desesperación de la ciudadanía ante el problema de la seguridad. A su vez, el camino salvadoreño es uno que, a diferencia de los procesos de dictaduras anacrónicas, hoy cuenta con una gran estrategia de marketing y viento a favor.

Juan Pablo Luna: es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Desde 2025 dirige la cátedra Diamond-Brown de Estudios Democráticos en la Universidad McGill (Montreal). También es profesor en la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile (pucc). 

Palabras claves: crimen organizado, democracia, Estado, violencia, América Latina.

Nota: este artículo es un extracto de ¿Democracia muerta? Chile, América Latina y un modelo estallado (Ariel, Santiago de Chile, 2024).

1. Sobre el fenómeno del nuevo crimen organizado en Europa (y sus ramificaciones en Oriente Medio), vale la pena escuchar el pódcast de Miles Johnson, Patricia Nilsson y Alex Barker: Hot Money: The New Narcos, Pushkin, 2022-2025, disponible en <www.pushkin.fm/>. V. tb. Hanne Cokelaere: «Belgian Government Presents Plan to Fight Drug Violence that’s Become ‘Narco-Terrorism’» en Politico, 16/2/2023; Jean-Pierre Stroobants: «‘Narco-State’ Fears in Belgium after Summer of Violence» en Le Monde, 21/9/2022 y «Drug Trafficking and Gang Violence on the Rise in Brussels» en Le Monde, 15/3/2024; Femke Halsema: «As the Mayor of Amsterdam, I Can See the Netherlands Risks Becoming a Narco-State» en The Guardian, 5/1/2024; Charlie Duxbury: «Sweden’s Narco Wars Dominate Election Campaign» en Politico, 5/9/2022; «Swedish Criminal Gangs Using Fake Spotify Streams to Launder Money» en The Guardian, 5/9/2023.

2. Marina Cavalari: «Las mafias detrás del tráfico de arena en América Latina» en InSight Crime, 8/7/2024.

3. Diego Fernández Romeral: «La noche de los caballos: el rescate equino más grande de América del Sur» en Gatopardo, 19/1/2024.

4. Defensoría del Pueblo de Colombia: «Más de 520.000 personas migrantes atravesaron la selva del Darién en el 2023», comunicado No 495, Bogotá, 26/1/2024.

5. Nathaniel Parish Flannery y Vanda Felbab-Brown: «How Is China Involved in Organized Crime in Mexico?» en Brookings, 23/2/2022.

6. «En Bolivia hay 52 ‘zonas rojas’ de venta de autos ‘chutos’ donde existe riesgo de realizar operativos» en Correo del Sur, 12/7/2023.

7. Ashley Pechinski: «Traficantes de armas tienen en la mira puerto de Chile» en InSight Crime, 6/8/2021.

8. Cristian Alarcón: Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, Aguilar, Buenos Aires, 2012 y Si me querés, quereme transa, Aguilar, Buenos Aires, 2012.

9. Exponemos este argumento in extenso en Andreas E. Feldmann y J.P. Luna: Criminal Politics and Botched Development in Contemporary Latin America, Cambridge up, Cambridge, 2023.

10. «Una guerra sin rumbo claro» en El País, especial, 2016.

11. V., entre otros, J. Auyero y K. Sobering: Entre narcos y policías. Las relaciones clandestinas entre el Estado y el delito, y su impacto violento en la vida de las personas, Siglo xxi Editores, Buenos Aires, 2021; M. Dewey: El orden clandestino. Política, fuerzas de seguridad y mercados ilegales en la Argentina, Katz, Buenos Aires, 2015; H. Flom: The Informal Regulation of Criminal Markets in Latin America, Cambridge up, Cambridge, 2022; M. Sain: El Leviatán azul. Policía y política en la Argentina, Siglo xxi Editores, Buenos Aires, 2019.

12. M.F. Sain: Ciudad de pobres corazones. Estado, crimen y violencia narco en Rosario, Prohistoria, Rosario, 2023.

13. Alejandra Luneke y J.P. Luna: «Democracias violentas» en Tercera Dosis, 13/10/2023.

14. Sobre este fenómeno, recomiendo escuchar Bukele: el señor de los sueños, pódcast, Radio Ambulante, 23/1/2024, disponible en <https://radioambulante.org/audio/bukele-senor-de-los-suenos>.

15. Benjamin Lessing: Making Peace in Drug Wars: Crackdowns and Cartels in Latin America, Cambridge up, Cambridge, 2017.

16. «Bukele amenaza a las empresas alimentarias: ‘Mañana mismo tienen que bajar los precios’», video en Libertad Digital Televisión, disponible en <www.dailymotion.com/video/x91vm0u>.

La década del malestar político en América Latina

Descontento vertical y horizontal

Gabriel Kessler / María Victoria Murillo

Luego del boom de las materias primas, la región vive un nuevo ciclo de malestar expresado en el voto en contra de los oficialismos, así como en las protestas antigubernamentales. Este malestar puede manifestarse de dos modos. El descontento horizontal produce una polarización electoral y social en la que existen organizaciones que representan y movilizan a los actores. El descontento vertical resulta en fragmentación electoral y expresa un rechazo a las elites políticas y una desconexión con las organizaciones sociales.

Introducción

El 2 de octubre de 2019, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno eliminó los subsidios a los combustibles para reducir el gasto público, lo que provocó un aumento en el precio del transporte. Los sindicatos de transportistas convocaron una huelga de dos días y los estudiantes salieron a protestar y fueron reprimidos. Al día siguiente, el movimiento indígena se sumó a las manifestaciones, seguido por otros sindicatos y, posteriormente, por organizaciones vinculadas al ex-presidente Rafael Correa. Las movilizaciones paralizaron el país y hubo confrontaciones violentas. Once días después de la medida, el gobierno negoció con el movimiento indígena el fin de la protesta y revocó el aumento tarifario.

Pocos días después, en Chile, un aumento en la tarifa del transporte público desencadenó protestas de estudiantes secundarios. Su represión causó una movilización social mayor apoyada en redes sociales. El 18 de octubre, ataques violentos llevaron a la paralización del sistema de transporte de Santiago. En los días siguientes, amplios sectores de la población salieron a las calles protestando por múltiples temas y exigiendo cambios al gobierno y al sistema político. Pero los diferentes grupos no lograron articular una coalición que unificara las demandas o negociara colectivamente; como resultado, incluso cuando el gobierno prometió reformas de política social, las protestas pacíficas continuaron y la violencia no pudo ser contenida. Los políticos eran repudiados por los manifestantes cuando intentaban sumarse a las protestas. Ante la imposibilidad de contener el estallido social, un acuerdo entre todos los partidos políticos prometió un plebiscito sobre la reforma constitucional para canalizar el descontento, aunque ninguno de los firmantes representara a la movilización social en las calles.

Estas protestas ejemplifican la amplia ola de descontento político que cubrió la región antes de la pandemia y persistió tras ella

Estas protestas ejemplifican la amplia ola de descontento político que cubrió la región antes de la pandemia y persistió tras ella. Aunque políticas de austeridad gatillaron los reclamos en ambos países, su organización y resolución ilustran distintos patrones: mientras que las protestas antigubernamentales en Ecuador estuvieron lideradas por organizaciones con capacidad de negociación, las chilenas fueron espontáneas, convocadas por grupos con demandas diversas y solo unidas por el rechazo a las elites políticas y económicas.

Ese mismo año, el descontento político también se expresó en las urnas en el voto contra los partidos de gobierno, con diferentes patrones de comportamiento electoral. En las elecciones presidenciales guatemaltecas de junio de 2019 solo participó 60% de los votantes y el voto en blanco recibió 10% de apoyo. Las dos candidaturas más votadas fueron las de Sandra Torres, con 25%, y Alejandro Giammattei, con 14%, quien finalmente derrotó a Torres en la segunda vuelta. El oficialismo recibió menos de 5% de los votos, lo que expresaba el malestar de los votantes, pero la baja participación electoral y la alta fragmentación del voto indicaban también la falta de entusiasmo por las alternativas. En contraposición, en las elecciones presidenciales argentinas del mes de octubre del mismo año votó más de 80% del padrón electoral y las preferencias se polarizaron entre dos candidatos: el peronista opositor, Alberto Fernández, recibió 48% de los votos y derrotó al presidente en ejercicio, Mauricio Macri, con 40%. El descontento de los argentinos se centró en un candidato opositor, en contraste con el de los guatemaltecos.

Estos episodios evidencian que el descontento político puede expresarse de dos modos. El primero, que calificamos como descontento horizontal, produce una polarización electoral entre una opción y su antítesis, y una polarización social en la que existen organizaciones que representan y movilizan a los actores involucrados en las protestas. La expresión es dicotómica entre una identidad positiva y otra negativa. El segundo, que denominamos descontento vertical, resulta en fragmentación electoral ante la falta de entusiasmo hacia todas las opciones y expresa un rechazo generalizado al conjunto de las elites políticas y una desconexión con las organizaciones sociales1.

Ambas expresiones forman parte del tsunami de descontento político que emergió en la década posterior al auge de las materias primas. La reducción de ingresos generada por la caída en los precios de las materias primas llevó a procesos de ajuste que hicieron más visible la limitada capacidad de los Estados latinoamericanos y la debilidad de sus instituciones. Frente a una desaceleración del crecimiento económico, estos procesos erosionaron las expectativas de mejora económica que el boom había generado en la ciudadanía. Para muchos, las promesas incumplidas de la democracia quedaron al descubierto, y su desazón se expresó en enojo político contra los gobernantes, manifestado como descontento horizontal o vertical dependiendo del país.

La paradoja del progreso y el enojo

La paradoja es que las condiciones de este descontento no son las de una crisis, como las que experimentó la región desde la crisis de la deuda en la década de 1980. Por el contrario, desde el comienzo del nuevo milenio, la democracia (y el auge de las materias primas) había producido mejoras sustantivas en la calidad de vida de los latinoamericanos. En 2023, la pobreza en América Latina alcanzó su nivel más bajo desde 1990. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de ingresos, cayó de alrededor de 0,55 en los años 90 a 0,452 en 2023. La cobertura de educación superior aumentó de 21% en 2000 a 52% en 2018, y el promedio de años de escolaridad alcanzó los 9,3 años hacia 2019, mientras que diez años antes era de 7,7. El acceso a internet pasó de 4% de la población en 2000 a 81% en 2023. En el ámbito de la salud, las muertes de niños menores de cinco años disminuyeron 60% entre 2000 y 20222.

Pese a estas mejoras sociales, la década posterior al auge de las materias primas se caracterizó por el descontento político expresado en un aumento del voto en contra de los oficialismos, así como de las protestas antigubernamentales, como se puede ver en los siguientes gráficos. El gráfico 1 describe las protestas antigubernamentales en la región desde 2003 hasta 2024 y muestra un aumento significativo en la última década, comparado con el periodo de auge de las materias primas.

El gráfico 2 se enfoca en las elecciones democráticas de la región desde la década de 1980. El negro refleja las victorias del partido de gobierno y el gris, las de la oposición. El cambio de colores ilustra la tendencia a la reelección de los partidos de gobierno durante el periodo de auge económico y la prevalencia de sus derrotas en la década de descontento.

Ahora bien, es paradójico que esta ola de descontento ocurra cuando la región no está sufriendo una crisis económica como las experimentadas a fines del siglo xx y cuando los indicadores sociales han mejorado considerablemente. Estas son las dos caras de la fase actual de América Latina: en paralelo a la mejora de los indicadores sociales desde comienzos de siglo, el descontento político ha crecido de manera sostenida en la última década. ¿Cómo explicar esta situación? Es a todas luces distinto de lo que ocurre en Europa y Estados Unidos, donde el descontento político se debe en gran parte al aumento de la desigualdad y al deterioro de la situación de las clases medias y populares. Por lo demás, en la mayoría de los países de nuestra región, durante la mayor parte de la última década ha habido elecciones libres, limpias y competitivas que ofrecen un canal institucional para expresar ese descontento.

Privación relativa y descontento político

¿Por qué hablamos de descontento político? Stephen Craig y Michael Maggiotto lo definen como un estado emocional y cognitivo caracterizado por evaluaciones negativas del sistema político, motivadas por la percepción de que las instituciones y los actores políticos no han satisfecho las expectativas ciudadanas y no responden a sus necesidades más importantes3. Este sentimiento surge de la sensación de ineficacia estatal y puede llevar a las personas a participar políticamente de distintas maneras, desde votar en contra de los partidos en el poder hasta sumarse a protestas y manifestaciones públicas y, por supuesto, a diversas formas de desafección política.

En nuestro libro The Social Underpinning of Political Discontent in Latin America [Los fundamentos sociales del descontento político en América Latina]4, buscamos explicar las claves del descontento político que aqueja a la región con la colaboración de colegas que analizan diferentes facetas y actores de ese proceso. Nuestra explicación se enfoca en un estado persistente de privación relativa, surgido cuando las expectativas sociales formadas durante la década de auge de las materias primas se fueron desvaneciendo debido a la desaceleración del crecimiento económico y del ritmo de las mejoras sociales en la década posterior5. Como consecuencia, cuando las instituciones políticas ya no satisfacían las demandas ciudadanas de continuar con una trayectoria de aumento del bienestar y posibilidades de movilidad ascendente, se generó una sensación de malestar y frustración que impactó en la evaluación de los gobiernos, a los que se hacía responsables de tal interrupción.

La privación relativa hace referencia a la brecha percibida entre las condiciones sociales, económicas o políticas de las personas y las que ellas esperan y consideran justas cuando se comparan con sus expectativas, con otros, con ellas mismas en el pasado o con sus familias de origen6. En América Latina, esas expectativas incluyen tanto la democratización política y social como la mejora del bienestar económico. En efecto, las mejoras sociales y la expansión de derechos experimentada durante la década del auge de las materias primas fueron claves para redefinir las expectativas de la ciudadanía latinoamericana. Además de las mejoras mencionadas, cabe destacar que la proporción de la población urbana que vivía en asentamientos informales se redujo de 31,9% en 2000 a 17,7% en 2020. La participación femenina en el mercado laboral creció de forma sostenida y llegó a superar el 60% hacia 2010, y en el ámbito político la presencia de mujeres en los parlamentos nacionales pasó de niveles de un dígito en la década de 1990 a un promedio de 36% en 2025. En cuanto a derechos lgtbi+, mientras que en 2000 ningún país de la región reconocía el matrimonio igualitario o la unión civil entre personas del mismo sexo, para 2024 al menos 11 países lo habían legalizado.

En conjunto, estos datos reflejan mejoras sostenidas en múltiples dimensiones sociales a lo largo de las últimas dos décadas

Por su parte, los pueblos indígenas –que representan entre 8% y 10% de la población regional– han obtenido mayor reconocimiento constitucional, representación política y acceso a políticas específicas. En paralelo, se verificó una mejora en indicadores de por sí todavía muy por debajo de los promedios nacionales, y en ciertos países, como Brasil y Colombia, también ha habido políticas de reconocimiento y restitución para la población afrodescendiente. En conjunto, estos datos reflejan mejoras sostenidas en múltiples dimensiones sociales a lo largo de las últimas dos décadas. Por supuesto, estamos señalando promedios y no las desigualdades en cada indicador; pero más allá de los matices que un análisis detallado arrojaría, lo que queremos subrayar es que la gran mayoría de los indicadores sociales han mejorado en todos los países de la región7. Ahora bien, como resultado del fin del auge de las materias primas, el crecimiento económico se desaceleró, aunque no se revirtió por entero: casi todos los países –con la excepción de Argentina– siguieron creciendo, pero con tasas mucho menores que en la década previa. Si bien la crisis no tuvo un punto de inicio claro, a medida que avanzaba la década, muchos ciudadanos que creían haber escapado de la pobreza –pero que carecían de ahorros– enfrentaron el riesgo de volver a ella debido al estancamiento económico y el fin de las mejoras, incluso antes de la llegada del covid-198. Esta situación se agudizó con la llegada de la pandemia, cuando tanto el crecimiento económico como los indicadores sociales se estancaron o comenzaron a deteriorarse y se produjeron retrocesos sociales en una multiplicidad de dimensiones, que posteriormente tendieron a recuperarse. Es decir, si bien la pandemia impactó en el descontento político, este proceso la precede.

Daniela Campello y Cesar Zucco muestran que los gobiernos latinoamericanos suelen ser recompensados durante los auges económicos y castigados en las recesiones, incluso si esos ciclos son exógenos9. De este modo, cuando la situación económica empeora, problemas persistentes en América Latina –como las altas tasas de delincuencia y la corrupción, cuyo epicentro fue el caso Odebrecht en 2015-2016, escándalo que involucró a 10 países de la región– se vuelven menos tolerables. Por ello, incluso si durante los momentos de bonanza económica la población fue más tolerante con la corrupción y la inseguridad, su paciencia se agota durante el periodo de desaceleración del crecimiento económico. Por lo demás, la mejora de los indicadores sociales mencionados también contribuyó al descontento: años adicionales de educación, el aumento de la participación femenina en el mercado laboral y una nueva narrativa centrada en la expansión de derechos acrecentaron cualitativa (por nuevos tópicos) y cuantitativamente (por más beneficios en cada derecho) el empoderamiento de la sociedad y la percepción de la brecha entre los derechos prometidos y los concretamente obtenidos. En este marco, dependiendo del grupo de comparación de cada uno, la privación relativa afectó tanto a quienes se sentían con derecho a mantener sus logros previos como a quienes percibieron un deterioro en su situación, al ver a otros avanzar más gracias a políticas estatales que consideraron inequitativas.

Las dos formas del descontento político en América Latina

Como dijimos, la privación relativa es clave para entender el aumento del descontento político en la región durante la última década, así como para distinguir entre las diferentes expresiones del descontento político y su vinculación con la responsabilidad asignada por dicha privación relativa. Recordemos nuestra clasificación del descontento político en dos tipos: vertical y horizontal. El descontento vertical se enfoca en el sistema político en su totalidad y se dirige contra cualquier opción partidaria. Involucra diversas fuentes de malestar y reacciones contra lo que se percibe como una clase política que, sin diferencias, no responde a los intereses de la ciudadanía. Este tipo de desazón se expresa en altos niveles de volatilidad electoral (los votantes cambian sus preferencias entre elecciones porque se sienten defraudados por los sucesivos partidos de gobierno), mayor fragmentación del voto (ninguna de las opciones es suficientemente atractiva como para convocar a una porción significativa del electorado), menor participación electoral y, finalmente, menor satisfacción con la democracia. En las calles, el descontento vertical suele expresarse en protestas masivas y espontáneas, sin intermediación de organizaciones vinculadas al sistema político que articulen demandas o negocien concesiones. La elección guatemalteca de 2019, con una gran fragmentación del voto, y el estallido social chileno, con una desconexión entre las elites políticas y la protesta social, reflejan este tipo de descontento.

La privación relativa es clave para entender el aumento del descontento político en la región durante la última década

Por su parte, el descontento horizontal estructura la competencia electoral alrededor de ejes de polarización ideológica e identitaria con un punto focal que genera lealtades y antipatías. Esto ocurre con el clivaje kirchnerismo/antikirchnerismo en Argentina, el lulismo/antilulismo en Brasil o el correísmo/anticorreísmo en Ecuador. En estos casos, el descontento de los oponentes se centra en las diferencias entre grupos sociales y en los beneficios relativos que cada uno recibió de políticas estatales durante las gestiones de izquierda o nacional-populares. En los países que siguen este patrón, la volatilidad electoral tiende a ser menor debido a la consolidación de identidades partidarias y, por tanto, se reduce la fragmentación electoral por la polarización del voto en dos campos. A su vez, el miedo a que gane el otro aumenta la participación electoral, y la satisfacción con la democracia dependerá del signo del gobierno (cada grupo está más descontento cuando gobierna el partido opuesto y viceversa). La elección argentina de 2019, polarizada entre dos candidatos, y las protestas ecuatorianas organizadas por un movimiento social a las que se sumó el correísmo ilustran este tipo de descontento.

Ambos tipos se vinculan con la asignación de responsabilidades por parte de la ciudadanía frente a la situación de privación relativa. La narrativa que sostiene la polarización se centra en las diferencias entre grupos y en la percepción de los beneficios relativos que cada uno percibe haber recibido, los cuales pueden asociarse a políticas estatales previas10. En el caso del descontento vertical, se considera que las elites políticas ignoran a la ciudadanía y están desconectadas de su sufrimiento cotidiano. Ahora bien, ¿qué explica estas diferentes asignaciones de responsabilidad política frente a la privación relativa? Nosotros asociamos estos patrones de responsabilización por la privación relativa a la experiencia previa de redistribución democrática durante el periodo de auge entre 2003 y 2014. Diversos trabajos muestran que la desigualdad disminuyó más rápidamente bajo gobiernos de izquierda durante este periodo11. Los gobiernos de la «marea rosa», especialmente cuando controlaban el Congreso, mejoraron los indicadores tanto de desigualdad como de ingresos de los más pobres. Además, los autores demuestran que también existió impacto positivo en las pensiones no contributivas, el salario mínimo y los ingresos fiscales (aunque no necesariamente en las transferencias monetarias). También muestran que los gobiernos de izquierda aumentan el gasto social y la carga tributaria. Esto último puede haber alimentado el resentimiento entre trabajadores formales de clase media, que a menudo se perciben a sí mismos como los más gravados por los impuestos sin recibir beneficios a cambio.

Trayectorias de descontento

Para distinguir las trayectorias de los países durante la década del descontento, utilizamos indicadores asociados al comportamiento electoral. Nos basamos en cuatro, todos tomados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales: la volatilidad electoral extrasistema, la fragmentación del voto, el grado de polarización (considerando porcentajes obtenidos y distancia ideológica) y la participación electoral. Mayor volatilidad electoral y fragmentación del voto y menor polarización y participación electoral nos permiten distinguir el descontento vertical del descontento horizontal. Es decir, mayor volatilidad y fragmentación del voto, junto con menor polarización y participación electoral, son indicadores de descontento vertical. Asimismo, las tendencias de opinión pública que muestran una disminución en la satisfacción con la democracia son comunes a todos los países. No obstante, estas son más intensas en países que identificamos como de descontento vertical que en aquellos con descontento horizontal, donde están condicionadas por la identidad partidaria del gobierno: estoy más descontento cuando gobierna el partido opuesto.

Nos enfocamos en los 11 países de América Latina continental con elecciones competitivas durante la mayor parte del periodo (excluyendo Venezuela y Nicaragua) y observamos que hay una correlación entre los países con gobiernos continuos de la «marea rosa», donde la redistribución se puede asociar más claramente a la política pública y a la inclusión de nuevos grupos organizados en la política, y genera los patrones de descontento horizontal. Entre los países con gobiernos de izquierda por al menos tres periodos consecutivos, y vinculados a organizaciones sociales movilizadas, están Argentina (peronismo/kirchnerismo, 2003-2015), Brasil (Partido de los Trabajadores [pt], 2003-2016), Bolivia (Movimiento al Socialismo [mas], 2006-2019), Uruguay (Frente Amplio [fa], 2005-2020) y Ecuador (correísmo, 2007-2017)12. Estas coaliciones de izquierda generaron un punto focal que organizó la competencia electoral entre seguidores y adversarios en función de una identidad partidaria negativa.

En contraposición, los casos donde encontramos menor redistribución y, por lo tanto, descontento vertical, no tuvieron experiencias continuas de gobiernos de izquierda ni una vinculación que permitiera la llegada de organizaciones sociales al Estado para empujar sus políticas públicas, aunque muchas veces lo buscaran desde la protesta social. Estos casos son Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala y Perú13. La combinación entre una menor redistribución estatal que la implementada por gobiernos de la «marea rosa» y los indicadores de descontento vertical caracteriza a este grupo.

Brasil y Perú ilustran trayectorias contrastantes frente a un mismo ciclo económico favorable

A modo de ejemplo, Brasil y Perú ilustran trayectorias contrastantes frente a un mismo ciclo económico favorable. Ambos países redujeron drásticamente la pobreza durante el auge de las materias primas, pero mientras Perú lo hizo principalmente por efecto del crecimiento, Brasil combinó ese crecimiento con políticas redistributivas activas. Entre 2001 y 2019, la pobreza cayó en Brasil de 38% a 20% y en Perú, de 45% a 15%. Más allá de esta mejora general, Brasil mostró avances más amplios en la reducción de brechas estructurales. En el plano racial, políticas afirmativas (como las cuotas universitarias para afrodescendientes desde 2012) y programas sociales focalizados redujeron la brecha de ingresos entre blancos y no blancos, a la vez que promovieron el ingreso de estudiantes afrodescendientes e indígenas en la educación superior. En Perú, en cambio, las brechas entre población indígena y no indígena, aunque atenuadas por la caída general de la pobreza, siguieron siendo muy amplias. En cuanto al género, Brasil registró una reducción de la brecha salarial femenina de ocho puntos porcentuales (de 49% en 2001 a 41% en 2015), impulsada por la expansión educativa, el aumento sostenido del salario mínimo y programas sociales que beneficiaron a sectores donde predominan mujeres. En Perú, la brecha salarial femenina se mantuvo más estable, en torno a 26% hacia fines de la década de 2010. A su vez, Brasil avanzó en la ampliación de derechos sociales, incluida la legalización del matrimonio igualitario en 2013 y leyes antidiscriminatorias relacionadas con la población lgbti+, mientras que en Perú no hubo avances equivalentes. Estas divergencias de resultados también se explican en parte por modelos fiscales distintos: Brasil financió políticas sociales con una presión tributaria cercana a 33% del pib, mientras que en Perú esta se mantuvo en torno de 16%-20%. En síntesis, aunque ambos países redujeron la pobreza, Brasil combinó crecimiento y redistribución y logró así un mayor cierre de brechas sociales, mientras que en Perú el crecimiento económico, aunque eficaz en términos de reducción de la pobreza, fue menos potente para transformar desigualdades de fondo14.

Las diferentes trayectorias de política pública y redistribución se vinculan con la expresión del descontento

Las diferentes trayectorias de política pública y redistribución se vinculan con la expresión del descontento. Este se manifiesta como descontento horizontal en Brasil, donde las identidades políticas se asocian a los ganadores y los perdedores relativos del auge15. En contraste, señala Carlos Meléndez, el descontento es vertical en Perú, lo que refleja una desconexión de la ciudadanía con todas las opciones del sistema político que resulta en altos niveles de fragmentación y volatilidad electoral16.

La prevalencia de gobiernos de la «marea rosa» y su vinculación con organizaciones sociales que empujan por la inclusión de nuevos grupos en el sistema político están asociadas al impacto de los recursos naturales en la economía. Los exportadores de recursos naturales se beneficiaron especialmente por la suba de precios con mayores tasas de crecimiento económico gracias a la demanda china. En esos casos, los gobiernos de izquierda que llegaron al poder contaron con recursos para políticas redistributivas y, por ello, su reelección y control del Congreso fueron más prevalentes en Sudamérica. Los países de América Central y México, cuyo principal socio comercial es Estados Unidos, exportan manufactura y se beneficiaron menos del boom. En Perú y Colombia, sendos conflictos armados internos redujeron la posibilidad de gobiernos de izquierda durante la década de auge, mientras que en Chile, un fondo de estabilización y la desvinculación de la izquierda gobernante de las organizaciones sociales resultaron en una mayor concentración de la riqueza, aunque con mejoras en los niveles de pobreza. Finalmente, México y El Salvador son casos de descontento vertical antes de la aparición de líderes populistas como Andrés Manuel López Obrador y Nayib Bukele, respectivamente, lo que nos lleva a discutir la estabilidad de estos escenarios de descontento.

Del malestar al poder: cómo el descontento desafía la democracia

Ambas trayectorias de descontento pueden mantenerse en el tiempo o transformarse, por ejemplo, por la aparición de líderes populistas que aprovechan el deterioro de las condiciones económicas o de seguridad, así como los escándalos de corrupción, para capitalizar la promesa de un futuro mejor y llegar al poder modificando los escenarios de descontento. Tanto López Obrador como Bukele son ejemplos de estas posibles transiciones.

En el caso mexicano, la construcción de una nueva coalición política en función de políticas sociales y salariales que mejoran el bienestar de la población recuerda la emergencia de los populismos de la «marea rosa» a principio del milenio y parece haber generado patrones crecientes de lealtad electoral, incluso si la estructuración de la polarización parece restringida a lo económico y no tiene los aspectos sociales que caracterizaron otras experiencias de izquierda17. La vinculación con la economía estadounidense benefició esta estrategia de López Obrador, que puede tornarse más compleja para su sucesora, Claudia Sheinbaum, por las políticas proteccionistas del segundo gobierno de Donald Trump.

Bukele, en El Salvador, presenta una estrategia distinta, basada en la lucha contra el crimen y en pos de la seguridad pública a expensas de las libertades individuales. El impacto del crimen organizado explica la popularidad de esta estrategia no solamente en El Salvador, sino también en otros países de la región. El miedo a la violencia reduce la participación política, incluida la protesta, y la geografía del crimen se asocia al apoyo al punitivismo y una mayor tolerancia a sacrificar libertades civiles18. Sin embargo, creemos que es más difícil generar lealtades políticas de largo plazo basadas únicamente en la provisión de seguridad pública, sin beneficios que aumenten el bienestar económico de la población y generen proyecciones de mejora social, como las que ocurrieron en la primera década del siglo.

Menos discutida es la posibilidad de que el descontento vertical genere un círculo vicioso de permanente desconexión entre las elites políticas y la ciudadanía

La popularidad presidencial y la capacidad del Ejecutivo para concentrar poder generan desafíos para la democracia al erosionar la rendición de cuentas, y pueden amenazar el Estado de derecho. Si bien los riesgos de esa concentración de poder para la democracia han sido ampliamente analizados19, menos discutida es la posibilidad de que el descontento vertical genere un círculo vicioso de permanente desconexión entre las elites políticas y la ciudadanía. Tal círculo vicioso no permitiría la emergencia de presidentes con capacidad para gobernar y sostendría el desasosiego político20. La debilidad presidencial y el vacío de poder que pueden generarse permiten la captura del Estado por grupos de interés legales e ilegales que también erosionan el Estado de derecho y la rendición de cuentas, lo que erosiona a su vez la democracia21.

Aún no sabemos qué consecuencias tendrá esta ola de descontento sobre los sistemas políticos y si producirá efectos similares a los de la anterior, que ocurrió entre fines del siglo xx y comienzos del siglo xxi. Esta ola se focalizaba en las consecuencias de las reformas de mercado y la falta de alternativas que confrontaban los ciudadanos cuando estas eran implementadas por partidos populistas o de izquierda empujados por la crisis fiscal22. Como describe Kenneth Roberts, esta situación abrió la puerta a la reestructuración de los sistemas políticos de la región cuando nuevos partidos emergieron para oponerse al neoliberalismo23. En contraposición, durante el auge de las materias primas (2003-2014), la abundancia de recursos permitió a los gobiernos de izquierda implementar sus propias agendas. Era un «cambio de época» porque, mientras la era neoliberal sucedía a la denominada «década perdida» de los años 80, el boom prometía romper con décadas de ajuste fiscal y de desigualdad creciente. Como resultado, las comparaciones retrospectivas con esos años de bonanza resultaron centrales en la configuración del descontento político actual, que emergió de un shock de expectativas derivado de las promesas interrumpidas.

Por lo tanto, las dinámicas de descontento no surgen de un único momento de ruptura, sino de una relación cambiante entre ciudadanía y gobiernos, moldeada por la configuración política previa. Por eso distinguimos entre descontento horizontal y vertical: es la naturaleza de la oferta política existente –polarizada o fragmentada, receptiva o deslegitimada– la que canaliza el malestar hacia distintas trayectorias. A diferencia de lo ocurrido a fines del siglo pasado, el descontento de la década posterior al boom de las materias primas aún no ha producido una reestructuración estable de los sistemas de partidos. De hecho, esta ola de descontento político podría tener un impacto más amplio, que vaya más allá del colapso y reemplazo del sistema de partidos e involucre un desencanto con la democracia, particularmente en el contexto del retroceso democrático global, acentuado por las nuevas tecnologías de la comunicación24.

A modo de cierre: la singularidad del descontento latinoamericano

El descontento político actual no solo es diferente del registrado a fin del siglo anterior en América Latina, sino también del que ocurre en eeuu y Europa, en particular, expresado en la emergencia de las derechas radicales, ya que en nuestra región no hay experiencia previa de un Estado benefactor comprensivo como en el Norte global. Mientras que en las democracias del Norte global el descontento se monta sobre la pérdida de un modelo de Estado benefactor previo, frente a nuevas oleadas migratorias, su expresión enfatiza las diferencias culturales –incluso si su origen es económico–, ya que esas condiciones son más fáciles de movilizar para las elites políticas25. Estas experiencias contrastan con América Latina, donde incluso el ascenso de líderes populistas de derecha refleja una configuración distinta. Nuestra región, marcada por la desigualdad crónica, los mercados laborales fragmentados y los sistemas de bienestar débiles, difiere de la consolidación de la estructura social de posguerra que conocieron Europa y eeuu. Allí la privación relativa suele surgir de la percepción frente a pérdidas realmente acaecidas; aquí, de expectativas que nunca llegaron a materializarse y consolidarse plenamente. En pocas palabras, en otros contextos el declive sigue a largos periodos de estabilidad; en América Latina, la trayectoria es de transformación sin consolidación. El resultado es un descontento que adopta formas diversas: polarización, fatiga, protestas masivas y volatilidad electoral.

Esta década de descontento latinoamericano es diferente de las anteriores no solo porque no ha respondido a un shock, sino porque tampoco ha generado hasta ahora nuevos sistemas de partidos estables. El descontento horizontal y la polarización estructuran la competencia política, pero también profundizan la animosidad y la desconfianza. El descontento vertical, en cambio, genera fragmentación y abre espacio a actores externos que, a menudo, no logran institucionalizar proyectos políticos duraderos. En conjunto, estas tendencias incrementan los riesgos de erosión democrática, cinismo ciudadano y fragmentación social, los cuales a su vez son acentuados por la creciente velocidad de las demandas sociales que tornan más difícil su organización y articulación.

Las bases sociales del descontento político en América Latina subrayan la necesidad de analizar la interacción entre las estructuras sociales y los regímenes políticos. La investigación futura debe preguntarse: ¿en qué condiciones las organizaciones pueden representar de manera efectiva a los nuevos actores sociales que emergen de los cambios demográficos y culturales? ¿Qué ocurre cuando ni la sociedad civil ni los partidos políticos logran articular las demandas de personas que, sin embargo, se perciben a sí mismas como portadoras de derechos democráticos? Esta sigue siendo una pregunta urgente en la región más democrática del Sur global, donde crisis económicas recurrentes continúan redefiniendo el ciclo político y donde la brecha entre las expectativas y la capacidad estatal profundiza la frustración de la ciudadanía. Que las democracias latinoamericanas logren transformar esa frustración en una participación renovada o sucumban a la erosión dependerá de cómo respondan las instituciones, los líderes y los actores sociales. Lo que sí está claro es que esta era de descontento no es un momento transitorio, sino una condición estructural que exige nuevas formas de análisis, de imaginación y de innovación política.

Gabriel Kessler: es doctor en Sociología. Es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina. Entre otros libros, ha publicado La ¿nueva? estructura social de América Latina (con Gabriela Benza, Siglo xxi Editores, Buenos Aires, 2021) y La era del hartazgo. Líderes disruptivos, polarización y antipolítica en América Latina (con Gabriel Vommaro, Siglo xxi Editores, Buenos Aires, 2025).

María Victoria Murillo: es profesora titular de Ciencia Política y de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales y directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Columbia (Nueva York). Entre sus libros están La ley y la trampa. Por qué optar por el debilitamiento institucional puede ser una estrategia política (con Daniel Brinks y Steve Levitsky, Siglo xxi Editores, Buenos Aires, 2021).

Palabras claves: descontento horizontal, descontento vertical, malestar, protestas, América Latina.

Nota: este artículo tiene como base las ideas desarrolladas en el libro The Social Underpinning of Political Discontent in Latin America [Los fundamentos sociales del descontento político en América Latina], que será publicado en el primer semestre de 2026 por Cambridge up. Los autores agradecen al Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia y a la Fundación Ford por su apoyo a este proyecto.

1. Discutiendo la ola de descontento anterior a la pandemia, M.V. Murillo reconoce dos patrones de fragmentación y polarización en reacción al ajuste fiscal anterior a la pandemia. Ver M.V. Murillo: «Protestas, descontento y democracia en América Latina» en Nueva Sociedad No 294, 7-8/2021, disponible en <nuso.org>.

2. Los datos provienen de Banco Mundial: Datos sobre América Latina y el Caribe, 2024, disponible en <data.worldbank.org/region/latin-america-and-caribbean>; Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal): Panorama social de América Latina y el Caribe 2023, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2023 y Panorama social de América Latina y el Caribe 2024, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2024; Organización Panamericana de la Salud (ops) y Unicef: Situación de la mortalidad infantil en América Latina y el Caribe, 2023, disponible en <paho.org>; Organización Panamericana de la Salud (ops): Derechos lgtbi+ y salud, 2024, disponible en <paho.org>; Unesco: Global Education Monitoring Report: Latin America, 2021, disponible en <unesco.org>.

3. S. Craig y M.A. Maggiotto: «Political Discontent and Political Action» en The Journal of Politics vol. 43 No 2, 1981.

4. G. Kessler y M.V. Murillo: ob. cit.

5. Iván Albina, Jessica Bracco, Leonardo Gasparini y Luis Laguinge: «Slowing Down, Heating Up: Economic Deceleration and Social Discontent in Latin America», Documento de Trabajo No 349, cedlas, 2025.

6. W.G. Runciman y C.R. Bagley: «Status Consistency, Relative Deprivation, and Attitudes to Immigrants» en Sociology vol. 3 No 3, 1969.

7. Ver Gabriela Benza y G. Kessler: La ¿nueva? estructura social de América Latina, Siglo xxi Editores, Buenos Aires, 2020.

8. Nora Lustig: «Desigualdad y descontento social en América Latina» en Nueva Sociedad No 286, 3-4/2020, disponible en <nuso.org>.

9. D. Campello y C. Zucco: The Volatility Curse: Exogenous Shocks and Representation in Resource-Rich Democracies, Cambridge up, Cambridge, 2020.

10. G. Kessler y Gabriel Vommaro: La era del hartazgo. Líderes disruptivos, polarización y antipolítica, Siglo xxi Editores, Buenos Aires, 2025.

11. Germán Feierherd, Patricio Larroulet, Wei Long y N. Lustig: «The Pink Tide and Income Inequality in Latin America» en Latin American Politics and Society vol. 65 No 2, 2023.

12. Honduras es un caso atípico que presenta características de descontento horizontal pese a no haber tenido procesos sostenidos de redistribución, por una fuerte división partidaria y polarización entre el Partido Nacional, de derecha, y el Libertad y Refundación (libre) (populista de izquierda), resultado de un giro a la izquierda del liberal Manuel Zelaya, cuyo gobierno terminó en un golpe militar. Posteriormente, llegó a la Presidencia su mujer, Xiomara Castro, actualmente a cargo del Poder Ejecutivo.

13. También consideramos a Paraguay en este grupo, aunque, al igual que Honduras, es un caso atípico, ya que mantiene su sistema de partidos tradicional, anclado en el Partido Colorado y con la competencia dentro de este.

14. Los datos provienen de Banco Mundial: World Development Indicators (Poverty Headcount Ratio, Gini Index); fred-Federal Reserve Bank of St. Louis; Index Mundi y <CountryEconomy.com>; N. Lustig (ed.): Commitment to Equity Handbook: Estimating the Impact of Fiscal Policy on Inequality and Poverty, Brookings Institution Press / ceq Institute, Tulane University, Washington, dc-Nueva Orleans, 2023. La información sobre desigualdades étnico-raciales y políticas afirmativas en Brasil surge del Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (ipea), Cepal y Ley de Cuotas de 2012, cepalstat y ocde: Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean.

15. David J. Samuels, Fernando Mello y C. Zucco: «Polarization and Perceptions of Status Gain and Loss: The Case of Brazil», documento de trabajo, ssrn, 15/2/2024.

16. C. Meléndez: The Post-Partisans: Anti-Partisans, Anti-Establishment Identifiers, and Apartisans in Latin America, Cambridge up, Cambridge, 2022.

17. G. Kessler y G. Vommaro: «Scenarios of Discontent: Polarization, Generalized Unrest and Divisive Leadership» en G. Kessler y M.V. Murillo: ob. cit.

18. Sarah Daly y Eduardo Moncada: «Criminal Violence and Democratic Discontent» en G. Kessler y M.V. Murillo: ob. cit.

19. Steven Levitsky y Daniel Ziblatt: Cómo mueren las democracias, Ariel, Barcelona, 2018.

20. Juan Pablo Luna y Rodrigo M. Medel: «Better Polarized than Unstructured? The Underpinnings of Political Discontent with Democracy in Four (Small) Latin American Countries» en G. Kessler y M.V. Murillo: ob. cit.

21. Rodrigo Barrenechea y Alberto Vergara: «Peru: The Danger of Powerless Democracy» en Journal of Democracy vol. 34 No 2, 2023.

22. M.V. Murillo: Sindicalismo, coaliciones partidarias y reformas de mercado en América Latina, Siglo xxi Editores, Buenos Aires, 2005.

23. K.M. Roberts: Changing Course in Latin America, Cambridge up, Nueva York, 2014.

24. Philipp Lorenz-Spreen, Lisa Oswald, Stephan Lewandowsky y Ralph Hertwig: «A Systematic Review of Worldwide Causal and Correlational Evidence on Digital Media and Democracy» en Nature Human Behaviour No 7, 2023.

25. Sheri Berman: «The Causes of Populism in the West» en Annual Review of Political Science vol. 24 No 1, 2021.

El México de Morena: ¿una inspiración para la izquierda?

Viri Ríos / Humberto Beck

El gobierno de Claudia Sheinbaum, al igual que el anterior de Andrés Manuel López Obrador, ha generado diversas polémicas en la izquierda. Las políticas públicas desarrolladas han mejorado la situación de los más pobres, mientras que la gran popularidad de ambos presidentes ha bloqueado la emergencia de fuerzas de extrema derecha. No obstante, la sólida hegemonía de Morena y las reformas que impulsó generan en el campo progresista visiones encontradas sobre los avances y los riesgos. Aquí un contrapunto entre dos de ellas.

Las paradojas de Morena

Viri Ríos: En un mundo cada vez más dominado por el populismo de derecha, México es un caso raro en el que un gobierno progresista se ha mantenido en el poder a través de múltiples elecciones y ha logrado avances sólidos. Los partidos conservadores han desaparecido casi por completo del panorama político, mientras que Morena, el partido de izquierda en el poder, cuenta con una mayoría absoluta en el Congreso, gobierna 23 de los 32 estados y ha dirigido el país bajo dos presidentes. El índice de aprobación de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, es de 76%. Nunca en la aún incipiente historia democrática de México un solo partido había acumulado un poder tan amplio. La fuerza de Morena ha atraído la atención de la izquierda mundial y la ha llevado a reflexionar sobre las estrategias políticas que han permitido a la izquierda mexicana lograr un éxito electoral tan extraordinario.

Quizá la razón más importante sea la más obvia: Morena ha cumplido con su base. La transformación en la vida de los mexicanos de clase trabajadora bajo su gobierno es innegable. Desde que asumió el poder a finales de 2018, el ingreso laboral promedio ha aumentado 30% por encima de la inflación y esto a sacado a más de 13 millones de personas de la pobreza. La desigualdad, medida por la participación en el ingreso del 1% más rico, ha experimentado su caída más pronunciada y rápida en casi un siglo, lo que igualó en cuatro años lo que antes había tardado casi dos décadas en lograrse.

Estos cambios son el resultado de los esfuerzos de Morena, que han incluido el desmantelamiento de un conjunto de políticas laborales que condenaban a casi la mitad de los trabajadores mexicanos a salarios de pobreza. Con Morena, el salario mínimo se ha triplicado en las regiones fronterizas [con Estados Unidos] y más que duplicado en todo el país, los días de vacaciones se han duplicado, las cotizaciones empresariales para la jubilación se han triplicado, se ha frenado la subcontratación y las elecciones sindicales secretas son ahora obligatorias. Este paquete de reformas es un logro histórico que ha mejorado la vida de millones de personas de un modo que la izquierda solo había imaginado durante mucho tiempo.

Como resultado, ha arraigado en México un renovado sentimiento de esperanza. La confianza en el gobierno se ha más que duplicado, la satisfacción con la democracia se ha disparado y la creencia de que el Estado gobierna para el pueblo ha alcanzado un máximo histórico.

Sin embargo, Morena también ha dejado intactos pilares claves del neoliberalismo. En particular, ha evitado promulgar una reforma fiscal integral para ampliar las capacidades redistributivas y de desarrollo del Estado. En su lugar, se ha aferrado a la austeridad y a las reasignaciones presupuestarias para financiar modestos proyectos de infraestructura y programas de transferencia monetaria, mientras que ha invertido poco en salud pública, educación, policía civil y estrategias de desarrollo a largo plazo.

Solo cabe especular sobre por qué Morena no ha impulsado una agenda redistributiva más profunda. Quizá teme una reacción violenta de la elite empresarial, sobre todo porque la economía mexicana está muy globalizada. O quizá la razón sea más simple y preocupante: la corrupción en sus propias filas.

Independientemente de la causa, el resultado es una terrible paradoja: a pesar de todo lo que Morena ha conseguido para las clases trabajadoras, sus logros no han sido suficientes para garantizar victorias nacionales en el nivel local. Como resultado, para asegurar el poder en todo el país, el partido ha recurrido a atajos, apoyándose en antiguas redes clientelares y aliándose con miembros de la vieja política. De hecho, una quinta parte de los legisladores y gobernadores de la coalición de Morena son antiguos miembros de partidos de derecha o centroderecha.

Esto ha diluido la capacidad de Morena para impulsar reformas progresistas, muchas de las cuales se han estancado o abandonado debido a negociaciones internas. Más preocupante aún, Morena ha ignorado graves acusaciones de corrupción en sus filas, protegiendo a sus miembros en lugar de defender los ideales que allanaron su camino al poder.

Entre las políticas más controvertidas de Morena está su reforma judicial, que sustituirá en tres años a todo el Poder Judicial por jueces elegidos por votación popular. La idea de la reforma parte del correcto reconocimiento de que, en países profundamente desiguales como los de América Latina, el Poder Judicial ha servido a menudo a intereses económicos y ha bloqueado, debilitado o diluido reformas promulgadas democráticamente bajo la apariencia de doctrina legal. La Suprema Corte de Justicia de México tiene un largo historial de favorecer a los económicamente poderosos, emitiendo sentencias que han negado a los trabajadores el derecho a reclamar horas impagas, que les han permitido renunciar a sus propias protecciones laborales o no han reconocido sus derechos en absoluto. El tribunal ha bloqueado sistemáticamente la aplicación de impuestos progresivos, ha avalado esquemas de evasión fiscal masiva y ha obstruido proyectos populares de infraestructuras públicas a gran escala. El Poder Judicial ha sido históricamente opaco, nepotista y, en algunos casos, abiertamente corrupto, por lo que no imparte justicia a la mayoría del país.

Si bien el objetivo de reformar el Poder Judicial iba en la dirección correcta, la reforma judicial de Morena fue tan imprudente, apresurada y errática que dejó amplios espacios para que persistiera la influencia oligárquica. La magnitud de las primeras elecciones judiciales de junio fue abrumadora, con docenas de candidatos no partidistas en una boleta inusualmente grande. La falta de afiliaciones partidarias claras y de información accesible limitó gravemente la capacidad de los votantes para elegir con conocimiento de causa. Este vacío de información permitió a los poderosos locales y a las facciones ideológicamente diversas de Morena, incluidas algunas de tendencia conservadora, influir en los resultados en favor de intereses particulares. El proceso llegó a estar tan mal regulado que el propio presidente de Morena en el Senado reconoció más tarde que se permitió por error la inclusión en las papeletas electorales de personas vinculadas al crimen organizado.

Además, la reforma no incluyó mecanismos de reelección para los magistrados de los tribunales más importantes, incluida la Suprema Corte. Esto reduce significativamente la capacidad de los ciudadanos para exigir responsabilidades a estos jueces. Por otra parte, la ausencia de un control adecuado de la financiación de las campañas crea el riesgo de profundizar la influencia de las fuerzas oligárquicas sobre el Poder Judicial.

Esto supone una amenaza existencial para la izquierda. Sheinbaum hizo campaña con la reforma judicial como piedra angular de su programa. Con 72% de la población a favor de la reforma y mucha gente esperando que reduzca la corrupción y la impunidad, no cumplir con esas expectativas podría convertir la reforma judicial en el talón de Aquiles de Morena, y el riesgo sería revitalizar a una oposición conservadora fracturada y sin rumbo.

México sigue siendo escandalosamente desigual y pobre considerando el tamaño de su economía

México sigue siendo escandalosamente desigual y pobre considerando el tamaño de su economía, y las actuales reformas judiciales no mejorarán necesariamente el acceso a la justicia. Por ahora, Morena se beneficia de la popularidad de sus reformas laborales y de la debilidad de una oposición desacreditada por décadas de no cumplir con los mexicanos. Pero sin un compromiso más profundo con el cambio estructural, esta luna de miel política no durará.

Morena debe purgar a sus actores corruptos, deshacerse de su miedo a la reacción del mercado y adoptar plenamente una visión lo suficientemente audaz como para construir la amplia y próspera clase media de la que México ha carecido históricamente. La supermayoría que Morena tiene hoy en el Congreso es una oportunidad histórica, pero estrecha, que debe ser aprovechada para avanzar en una agenda más radicalmente ambiciosa para ampliar la salud pública, proporcionar educación de calidad, resolver la escasez de vivienda urbana y promulgar una reforma fiscal. El momento es ahora.

Humberto Beck: En las elecciones mexicanas de 2024, el partido de izquierda Morena mantuvo el control de la Presidencia con su candidata Claudia Sheinbaum, que ganó con un abrumador 60% de los votos, frente al 53% con que había ganado el ex-presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018. El tremendo éxito electoral de Morena ha generado la curiosidad y el entusiasmo de la izquierda internacional. En contraste con otros países donde la extrema derecha ha emergido como fuerza electoral, México presenta un caso llamativo de consolidación de la hegemonía de un partido de izquierda.

Además, la hostilidad del gobierno estadounidense hacia México (junto con muchos otros países) bajo el segundo gobierno de Donald Trump no ha sido del todo negativa para Sheinbaum. Ella ha tenido un relativo éxito al navegar la relación bilateral con eeuu, lo que le ha permitido mostrar una imagen de liderazgo nacional e internacional.

Sheinbaum ha tenido un relativo éxito al navegar la relación bilateral con eeuu

La elección de Sheinbaum también representó una victoria para López Obrador, quien sigue siendo el principal líder de Morena. La experiencia previa de Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México le dio un sólido historial para postularse, pero la clave de su éxito fue la decisión de López Obrador de ungirla como su sucesora. La victoria de Sheinbaum indicó que la mayoría de los votantes querían continuidad con el proyecto de gobierno obradorista. A casi un año de su mandato, la aprobación de la presidenta ronda el 70%.

Sheinbaum ya ha mostrado su intención de mantener los logros de su predecesor en dos áreas políticas claves: ayudas económicas a sectores vulnerables y un aumento sostenido del salario mínimo. Sin embargo, también ha mostrado continuidades con algunos de los rasgos más inquietantes del modelo obradorista, incluida una tendencia a centralizar el poder en la Presidencia y el partido oficialista, así como la militarización de la administración pública. Los entusiastas internacionales de Morena a menudo no perciben esta dimensión autoritaria del éxito del partido.

Morena es actualmente el único partido político percibido como verdaderamente representativo de la gran mayoría de la sociedad mexicana, especialmente de las personas marginadas por la modernización económica de los últimos 30 años. Al negarse durante décadas a ofrecer una representación significativa a las clases bajas de México, los partidos de la oposición sentaron las bases de su crisis actual. Hasta el día de hoy, abrazan una idea oligárquica de la democracia. Por eso, el triunfo de López Obrador en 2018 legitimó las instituciones de la democracia mexicana a los ojos de muchos que antes tenían pocas razones para creer en ellas. Desde entonces, Morena ha brindado beneficios tangibles a la mayoría del país.

Pero el partido ha utilizado este apoyo popular para llevar a cabo un proyecto de centralización del poder. Desde el inicio de su gobierno, López Obrador atacó con frecuencia a figuras o instituciones que pudieran limitar el alcance de la acción presidencial o hacer más transparente el ejercicio del poder y el gasto público. Hacia el final de su mandato, se produjo un cambio cualitativo: pasó de gestos y actitudes hostiles al pluralismo y la rendición de cuentas a un esfuerzo por transformar el Estado mexicano en una dirección autoritaria. Esta transformación, sostenida por Sheinbaum, ha consistido en desmantelar u obstaculizar instituciones surgidas durante la transición de México a la democracia: un órgano de transparencia administrativa, instituciones electorales independientes y un Poder Judicial autónomo.

Morena invoca su idea del pueblo como justificación última e incuestionable de sus operaciones políticas. Pero este «pueblo» excluye a muchos que han hecho demandas democráticas legítimas e indispensables al Estado mexicano, incluidos los movimientos ecologistas, feministas y de víctimas de la violencia. El pueblo legítimo se beneficia del control político de Morena; todos los demás representan turbios intereses de elite.

Los partidarios de Morena han justificado la concentración de autoridad en nombre del fortalecimiento del poder público frente a los oligarcas corporativos y mediáticos. López Obrador resumió este objetivo como la «separación del poder político del poder económico». Pero los resultados han sido desiguales. Morena se ha enfrentado a acusaciones de corrupción precisamente en los sectores en que pretendía reforzar la soberanía estratégica del país: energía, alimentación y distribución de medicamentos. Y sus logros en política laboral y provisión de efectivo se han visto socavados por fracasos en otras áreas del bienestar popular, sobre todo con una amplia disminución de la cobertura de salud pública.

Del mismo modo, Morena ha presentado sus recientes reformas judiciales, que convierten cada puesto de juez en todo el sistema legal en un cargo de elección popular, como un experimento democrático destinado a resolver los problemas de la administración de justicia y la corrupción del Poder Judicial mexicano. Pero el proceso fue diseñado para asegurar una mayoría de magistrados afines a Morena, y la elección popular de todos los jueces y ministros de los tribunales superiores plantea un desafío a la división de poderes en el Estado. La selección de candidatos se llevó a cabo a través de comités nombrados por los poderes Ejecutivo y Legislativo (ambos bajo el control de Morena), lo que no fue suficiente para evitar que compitieran candidatos vinculados a grupos criminales. Las reformas también crearon un nuevo órgano electo, el Tribunal de Disciplina Judicial, que tiene la facultad de destituir a cualquier miembro del Poder Judicial que determine que no ha cumplido criterios discrecionales, como la «excelencia» en el desempeño de sus funciones.

En las primeras elecciones judiciales celebradas en junio, los candidatos afines a Morena ganaron todos los puestos tanto en el Tribunal Supremo como en el Tribunal de Disciplina Judicial. En los días previos a la elección, el gobierno distribuyó «guías» elaboradas por él mismo que indicaban a los ciudadanos por quién debían votar. Quizá el dato más sorprendente fue la baja participación: solo 13% del electorado acudió a votar, y de esos votantes, 22% anuló su boleta. Sin embargo, el objetivo de captura política de Morena se complica por la fragmentación en su interior. Es probable que los resultados de la elección judicial consoliden simultáneamente la hegemonía del partido y la captura del aparato judicial mexicano por una multiplicidad de grupos de interés alineados con facciones dentro de la coalición gobernante.

Hay otra dimensión autoritaria del proyecto político de Morena que a menudo se pasa por alto: la formación de un nuevo modelo de gobierno cívico-militar

Hay otra dimensión autoritaria del proyecto político de Morena que a menudo se pasa por alto: la formación de un nuevo modelo de gobierno cívico-militar. En la actualidad, los militares tienen poderes sin precedentes en la historia mexicana moderna. Sin embargo, al mismo tiempo, México ha sido testigo de un deterioro del control estatal sobre el territorio dirigido por organizaciones criminales, un proceso que comenzó a finales del siglo xx pero que ha alcanzado su punto álgido durante los años de Morena en el poder. Esta es la paradoja de la hegemonía de Morena: ha concentrado poderes que parecen cada vez más limitados e ineficaces, porque dejan a la gente vulnerable tanto en el campo como en las ciudades, donde los grupos criminales violentan y extorsionan a las poblaciones, y en casos extremos se han convertido en sustitutos del gobierno. La centralización del control político de Morena se ha dado en este océano mayor de fragmentación de la autoridad civil y estatal, frente al creciente poder del ejército y los grupos criminales.

¿Cómo convergerán estas tendencias en un futuro próximo? Un posible indicio es el cambio en la política de seguridad que ha emprendido Sheinbaum: un aumento de la lucha contra la delincuencia bajo dirección civil. La política de seguridad de Sheinbaum es en cierto modo una exhibición de los fracasos de su predecesor: en seis meses, su gobierno ha superado las cifras de detenciones de alto impacto durante todo el sexenio de López Obrador. Al mismo tiempo, según una reciente encuesta de percepción de seguridad, 61% de los mexicanos se sienten inseguros en sus ciudades. Estas dinámicas pueden definir el mandato de Sheinbaum y el significado más amplio del legado democrático de Morena.

¿Riesgos de autoritarismo?

VR: No comparto con Humberto Beck la calificación de México como un país autoritario. Es justo cuestionar cómo se implementó la reforma judicial, pero argumentar que el país es antidemocrático porque se cuestionó el mecanismo utilizado para elegir al Poder Judicial no toma en cuenta el contexto más amplio.

El Poder Judicial mexicano nunca fue realmente independiente o neutral. Mantuvo un sistema en el que los jueces servían a los poderosos, no al pueblo. Durante años, el Poder Judicial actuó sin rendir cuentas, protegiendo la evasión fiscal, socavando los derechos laborales y anulando reformas democráticas. Eso no era un contrapeso democrático al poder, sino una forma disfrazada de dominio de las elites. Para evaluar realmente el grado de democracia de un gobierno, debemos ir más allá de los procedimientos y las instituciones y preguntarnos si los ciudadanos pueden influir de forma significativa en su gobierno y si las instituciones sirven al bien común. En mi opinión, eso ha sucedido más con Morena que con cualquier otro gobierno democrático anterior en México.

Para abordar las preocupaciones sobre la consolidación del poder de Morena, es útil considerar la definición de democracia de Adam Przeworski como un sistema en el que los partidos en el gobierno pueden perder las elecciones. Dentro de ese marco, México sigue siendo sólidamente democrático. Morena ha perdido y sigue perdiendo elecciones. Hace apenas un mes, en la ronda más reciente de elecciones locales, Morena perdió 65% de los municipios en disputa. En la última carrera presidencial, 40% de los votantes apoyaron a la oposición, que ahora gobierna la mayoría de los municipios de todo el país. Incluso la supermayoría de Morena en el Congreso depende de aliados que no están ideológicamente alineados con su proyecto y que, cada vez más, han afirmado su independencia. Estos no son signos de consolidación autoritaria. Son marcas inequívocas de una democracia que sigue viva y en pie de lucha.

Es cierto que Morena cometió un grave error al reformar el Instituto Nacional de Transparencia de México, que había sido una eficaz fuente de información para la prensa. Sin embargo, los matices importan, y no es exacto argumentar que México se ha vuelto autoritario porque puso algunos organismos autónomos bajo el control del Ejecutivo. Según ese criterio, Chile, Canadá, Hong Kong y Japón, donde organismos similares dependen del Ejecutivo, también tendrían que ser calificados de autoritarios. La idea de que los organismos tecnocráticos y despolitizados son intrínsecamente superiores suele ocultar un esfuerzo por aislar la política pública del control democrático. La politización no es una amenaza para la democracia, es su condición necesaria. La idea de que Morena es un movimiento político unificado y hegemónico en el que la lealtad partidista sustituye a la democracia es pura fantasía. Morena no es un bloque monolítico. Es un partido profundamente fragmentado, con múltiples facciones que compiten activamente entre sí.

El peligro real para México es que un número sustancial de sus cargos electos provengan de partidos que no comparten una visión genuinamente transformadora ni orientada a la izquierda. Si Morena no logra definirse ideológicamente y permite que estas fuerzas de oposición den forma a su agenda, corre el riesgo de abrir la puerta a una restauración conservadora bajo una nueva fachada.

Existe un riesgo real de que Morena reforme las leyes electorales para dificultar que la oposición gane elecciones. Si eso ocurre, la izquierda debería ser la primera en condenarlo, porque debilitaría la capacidad de los grupos organizados para exigir cuentas al partido en el poder. Pero cualquier debate sobre esta cuestión debe basarse en evidencias y análisis comparativos, no en especulaciones.

Esto es importante porque la oposición mexicana a menudo acusa al gobierno de autoritarismo simplemente por adoptar instituciones que ya existen en otras democracias pero que difieren de las creadas en México a principios de la década de 2000. El debate se construye frecuentemente sobre falsedades. Un ejemplo claro es la reacción actual ante la próxima reforma electoral: los partidos de oposición y sus aliados ya la han tachado de antidemocrática sin siquiera conocer su contenido. Afirman que eliminará la representación proporcional, a pesar de que la presidenta ha declarado explícitamente que no es así. Se trata de una táctica conocida: fabricar un relato sobre la crisis y repetirlo hasta que se perciba como verdadero.

Por eso la izquierda debe ir más allá de la indignación performativa y las acusaciones de autoritarismo y centrarse en garantizar que la apertura democrática en curso se convierta en una transformación duradera y no en una oportunidad perdida. La democracia mexicana se está expandiendo, por primera vez, de forma que se compromete de manera significativa con las amplias clases desfavorecidas del país y les aporta beneficios tangibles.

La tarea ahora es profundizar estos avances, no distorsionarlos con diagnósticos erróneos.

HB: En su análisis, Viri Ríos identifica las paradojas claves del proyecto de izquierda de Morena. Señala que el partido ha sacado a millones de la pobreza y, sin embargo, ha preservado algunos de los pilares del Estado neoliberal y oligárquico. También subraya las contradicciones de algunas de las iniciativas más preciadas de Morena, como la reforma judicial, que pretende democratizar el acceso a la justicia pero que probablemente afianzará la captura de las instituciones judiciales por parte de poderosos grupos de interés.

Sin embargo, tras siete años en el poder, las paradojas de Morena se han vuelto tan profundas que plantean la cuestión de si el partido sigue siendo un proyecto de izquierda. Morena ha promulgado medidas que favorecen los intereses populares, pero también se ha convertido en una maquinaria política caracterizada por una corrupción generalizada y una ineficacia catastrófica en temas de gran importancia pública, como la salud y la seguridad públicas. Las políticas que garantizan la representación popular democrática son solo un aspecto del objetivo más amplio de Morena de asegurar su permanencia en el largo plazo en el poder.

Bajo Sheinbaum, Morena ha reforzado los elementos potencialmente represivos de su modelo político. Además de atacar centros alternativos de poder institucional, el partido ha aprobado recientemente una serie de reformas autoritarias: la militarización de la seguridad pública, la autorización a las Fuerzas Armadas para vigilar a la población y la creación de lo que los críticos han etiquetado como una potencial «infraestructura digital autoritaria». Se están creando aparatos de vigilancia coercitiva que amplían la intervención militar en la sociedad sin la debida supervisión civil. Además, con la complicidad de funcionarios públicos leales al gobierno, los políticos de Morena recurren cada vez más a la censura flagrante para silenciar a los críticos.

Si todo esto formara parte de un proyecto de reestructuración radical de la sociedad mexicana, cabría esperar que Morena tomara medidas enérgicas contra la corrupción, que en gran proporción ha ignorado. El creciente número de escándalos de corrupción en los que están implicados funcionarios de Morena demuestra que el Estado sigue sirviendo para enriquecer a las elites políticas.

A menos que se dé un giro fundamental en lo que resta del mandato de Sheinbaum, Morena seguirá construyendo un sistema de control político e impunidad legal en beneficio de una nueva clase política que justifica su proyecto autoritario en nombre de la justicia social. En su forma actual, Morena es un obstáculo para la creación de una formación política genuinamente democrática y popular en México.

Viri Ríos: es columnista en varios medios de comunicación latinoamericanos y autora de No es normal (Penguin Random House, Ciudad de México, 2021) y otros libros sobre las raíces jurídicas de la desigualdad. Dirige Mexico Decoded, un portal sobre política y economía de México, <www.mexicodecoded.com/>.

Humberto Beck: es profesor de Historia en El Colegio de México. Es autor de Insurrección, anarquía, revolución. Una anatomía política del instante (El Colegio de México, Ciudad de México, 2025).

Palabras claves: democracia, transformación, Morena, Claudia Sheinbaum, México.

Nota: la versión original de este artículo, en inglés, se publicó en la revista Dissent, otoño de 2025.

Argentina bajo Milei, ¿hacia un «modelo peruano»?

José Natanson

Más allá de las razones coyunturales de la victoria de La Libertad Avanza (lla) en las elecciones legislativas argentinas –antiperonismo, miedo a un derrumbe financiero si el oficialismo perdía–, la conexión del presidente libertario con su electorado se explica por cambios de largo aliento en la sociedad argentina, hoy alejada de un pasado más igualitario y un Estado de bienestar muy incompleto pero presente. En alguna medida, el peronismo busca representar a una sociedad que ya no existe como en el pasado.

El 26 de octubre pasado, el partido de Javier Milei obtuvo un rotundo triunfo en las elecciones legislativas argentinas de medio término. Alcanzó 41% de los votos, contra 35% de la oposición peronista, imponiéndose en casi todas las provincias, incluida la de Buenos Aires, la más poblada del país. A pesar de los dramáticos efectos sociales del ajuste implementado por su gobierno, de la fragilidad del plan económico –dos semanas antes de los comicios Milei tuvo que ser rescatado por Donald Trump– y del estilo agresivo del presidente, que no se priva de insultar a dirigentes y periodistas con palabras que oscilan entre lo sexual y lo escatológico, lo cierto es que el triunfo fue diáfano.

Tres explicaciones ayudan a entenderlo. Las dos primeras aluden a cuestiones más circunstanciales, por lo que las voy a describir sintéticamente para pasar al corazón de este artículo: los cambios profundos que viene experimentando la sociedad argentina a partir del agotamiento del modelo desarrollista a mediados de los años 70, que se aceleraron desde hace dos o tres décadas, y sin los cuales no sería posible entender la llegada de Milei al gobierno en diciembre de 2023, ni la afirmación política de su proyecto en las elecciones legislativas de este año.

Antiperonismo y voto miedo

La primera explicación es la capacidad del gobierno de activar el tradicional voto antiperonista. Como desde hace 80 años, cuando los trabajadores industriales marcharon a la Plaza de Mayo para reclamar por su líder encarcelado, Juan Domingo Perón, el eje peronismo/antiperonismo sigue siendo el principal ordenador de la vida política argentina, y el antiperonismo, la identidad política más fuerte.

En este caso, lo que sucedió es que, un mes y medio antes de las elecciones nacionales de octubre, se realizaron comicios en la provincia de Buenos Aires. Aunque se trataba de elecciones para definir a los representantes de la Legislatura local, funcionaron, por el peso natural del distrito, que concentra 38% del electorado argentino, y la «nacionalización» de facto que acompañó la campaña, como una especie de primera vuelta nacional. El peronismo, liderado por el gobernador Axel Kicillof, se impuso por casi 14 puntos de diferencia ante los candidatos de Milei.

Pero esta derrota de la derecha, que golpeó con fuerza al gobierno libertario, acabó por despertar al gigante antiperonista dormido, como un silencioso 17 de Octubre –fecha de nacimiento del peronismo– al revés. La capacidad de Milei para instalar a sus candidatos como el mejor instrumento para frenar al peronismo, en su versión kirchnerista, se verificó en el fracaso de las terceras fuerzas, y sobre todo en la evolución electoral en la provincia de Buenos Aires, donde los libertarios de Milei obtuvieron en octubre un millón de votos más que en septiembre. Pero aunque la operación fue exitosa, también encierra un riesgo: Milei llegó a la Presidencia como un outsider que trató de trascender el universo antiperonista (para el Milei de la primera vuelta de 2023, el país no se había «jodido» con el peronismo, sino mucho antes, con el «socialismo»). Aun así, en la segunda vuelta sumó a su núcleo original de 30% (muchos de ellos varones jóvenes) el voto más tradicionalmente antiperonista proveniente de Propuesta Republicana (pro), el partido del ex-presidente Mauricio Macri –un voto clásico de clase media, más envejecido y mucho menos plebeyo que el de Milei–.

Si en la segunda vuelta de 2023 Milei llegó a 54% de los votos, esta vez La Libertad Avanza (lla), su partido, alcanzó 41%, lo que sugiere que parte de su electorado comenzó a abandonarlo (la participación bajó respecto de la elección presidencial). La actual coalición mileísta, que incluyó a la mayor parte del macrismo, se parece hoy más a la base histórica del antiperonismo, lo que da como resultado un Milei más semejante a Macri, que es también un Milei más previsible (sus primeros pasos tras la victoria buscaron ir en ese sentido), pero también menos novedoso y fresco.

La segunda explicación del resultado es el «voto económico». Desde la publicación de The American Voter en 19601, una de las teorías a las que más ha recurrido la ciencia política es aquella que propone que el comportamiento electoral está guiado sobre todo por la percepción económica, en particular de los meses previos a los comicios: hay cientos de papers que modelan esta hipótesis, correlacionando tantos puntos de crecimiento con tal porcentaje de votos. Sin embargo, los meses anteriores a los comicios no fueron buenos. Para entender el punto, entonces, hay que considerar el proceso más largo. Apenas llegó al gobierno, Milei ordenó una devaluación de la moneda de 80%, un duro ajuste fiscal, un aumento de las tarifas de los servicios públicos y una contracción de la base monetaria. Después del primer fogonazo inflacionario, la combinación de recorte del gasto público, suba de la tasa de interés y caída brutal de los salarios posibilitó una disminución drástica de la inflación, que pasó de 25% mensual en los últimos dos meses del gobierno peronista a 2,3% en octubre de 2025. Con los meses, el atraso del tipo de cambio (dólar barato) permitió sumar un ancla más al plan desinflacionario e impulsar el consumo de bienes intensivos en dólares (autos, electrodomésticos) y el turismo al exterior, aunque al costo de una pérdida de reservas que obligó al gobierno a pedir un auxilio primero del Fondo Monetario Internacional (fmi) y después de Estados Unidos: el Tesoro de ese país, encabezado por Scott Bessent, llegó al punto de vender directamente dólares en el mercado de cambio argentino en los días previos a las elecciones para evitar una devaluación del peso.

Milei apostó todo a una idea: la estabilidad y la baja de la inflación serían premiadas por los votantes. Y ganó

Ante las turbulencias financieras, las inconsistencias del propio plan y el riesgo electoral, la economía venía efectivamente a los tumbos, con el consumo y los ingresos en caída. Sin embargo, Milei apostó todo a una idea: la estabilidad y la baja de la inflación serían premiadas por los votantes. Y ganó. El «voto económico» operó, pero de una forma sutilmente distinta a otros momentos del pasado. Buena parte de los argentinos decidieron darle más tiempo al gobierno, un crédito condicionado. Las encuestas cualitativas entre los seguidores de Milei recogían la idea de que se trata de una gestión plagada de problemas, incluso desagradable, pero que todavía se merece una oportunidad. Sucede que, a diferencia de otros países de América Latina (en Perú, por ejemplo, juró el duodécimo presidente en décadas sin que el sol se devalúe ni la inflación se dispare), en Argentina debilidad política e inestabilidad económica son indisolubles. La hiperinflación de 1989 y el estallido de la convertibilidad en 2001 fueron sedimentando una memoria social que asocia las derrotas electorales al caos económico. La ayuda de eeuu reforzó esta percepción a niveles casi extorsivos: explícitamente, tanto Bessent como Trump supeditaron el auxilio a un triunfo libertario –en caso contrario, dijo el mandatario estadounidense, «dejaría de ser generoso» con Argentina–.

Ese fue el marco en que diversos escándalos que afectaron al gobierno, y que se suponía que dañarían su desempeño electoral, pasaron a un segundo plano, como la estafa con la criptomoneda $libra, audios que involucraban a la hermana del presidente, Karina Milei, en un presunto caso de retornos y la caída de José Luis Espert, uno de los principales candidatos de Milei, denunciado por haber recibido dinero, en 2019, de un acusado por narcotráfico en eeuu.

El camino del Inca

Estos movimientos circunstanciales se recortan sobre un paisaje de fondo, que es el de la «peruanización» de la sociedad argentina. Este es en realidad un término con un doble uso: varios funcionarios han elogiado el modelo peruano –que combina fuerte inestabilidad política con una sorprendente estabilidad económica–, mientras que los críticos del gobierno de Milei perciben a Perú como un ejemplo de sociedad desigualitaria que no sería deseable imitar.

Pero antes de desarrollar la idea, unos datos para matizarla. El proceso por el cual Argentina se fue convirtiendo en un país más desigual, con más pobreza e informalidad, con una clase media en retroceso y servicios públicos insuficientes, está lejos de ser total. En muchos aspectos, la comparación con otros países latinoamericanos sigue dejando un saldo positivo para Argentina. La cobertura previsional, cercana a 95%, es la más alta de la región, y la principal política de transferencias de ingresos –la Asignación Universal por Hijo– llega a 4,2 millones de niños (2,5 millones de hogares reciben además transferencias vía la Tarjeta Alimentar). La educación alcanza estándares comparativamente altos: la tasa neta de asistencia a la escuela secundaria es de 94%, la segunda más alta de América Latina, y la cobertura de educación inicial es casi total, 97%2, además de contar con un sistema de educación superior amplio, vibrante y bastante inclusivo, producto de la diversificación de las universidades públicas de los últimos 30 años. Las clases medias conservan un lugar central en la vida política y cultural del país: los argentinos realizan 120 visitas al teatro por cada 1.000 habitantes al año, contra 25 de Brasil y 60 de Chile; gastan un promedio de 10 dólares en libros por persona al año, contra 3 de Brasil y 4 de Colombia, y van más más al cine (5 veces al año, contra 2 en México)3. La vida nocturna de Buenos Aires, y en menor medida de otras grandes ciudades del país, es legendaria, porque hay más dinero, por una tradición cultural de larga data y porque… aún es seguro.

En efecto, a pesar del declive económico, los súbitos cambios de orientación política y la sensación general de decadencia, Argentina tiene uno de los índices de homicidios per cápita más bajo de la región: 4,2 homicidios cada 100.000 habitantes, lo que sitúa al país en niveles similares a Europa del Este (como siempre, el promedio esconde la trampa de la desigualdad: si se considera el mismo índice en los barrios acomodados de Buenos Aires, es similar al de Madrid o París; si se considera el de las zonas más pobres del conurbano, podría asimilarse a los de Panamá o Costa Rica, pero siempre muy lejos de Brasil, Colombia o México)4.

Estos datos alentadores refieren a conquistas del pasado que se ha logrado conservar –alto nivel educativo, baja violencia social–, pero también a avances que se consiguieron más recientemente –la cobertura previsional y un piso mínimo, en verdad muy mínimo, de ingresos–. Sin embargo, esto no debería ocultar el hecho de que, considerada en su conjunto, la evolución es negativa. Hasta mediados de los años 70, en efecto, la sociedad argentina era, junto a las de Uruguay y Chile, una de las menos desiguales de la región, con un índice de Gini de 0,34, cercano al de España en aquellos años (0,33) y muy inferior al de la mayoría de los países latinoamericanos. La pobreza era de 6,5% y la desocupación de 2,7%, casi pleno empleo. Con un pib per cápita de 2.200 dólares, Argentina ostentaba el tercer valor más alto de la región, superado solo por Venezuela y Uruguay (más o menos el doble de Brasil, Colombia o México)5.

Esa Argentina se fue deshilachando. Desde que el golpe de Estado de 1976 comenzó a desmantelar el modelo estadocéntrico de industrialización por sustitución de importaciones (que ya había dado muestras de agotamiento), la economía crece poco y de manera muy espasmódica. Acotados periodos de expansión (los primeros años del gobierno de Raúl Alfonsín, el neoliberalismo desde 1991 hasta el Efecto Tequila de 1994, la recuperación kirchnerista de 2003 hasta la crisis financiera de 2009) son sucedidos por crisis explosivas (1982, 1989, 2001, 2019). Cada crisis deja la economía varios escalones abajo, y aunque con el tiempo se recupera, no logra superar el estadio anterior. Entre 1975 y 2025, la economía argentina creció 0,55%, contra 2,8 % de Chile y 1,3 % de Brasil. Argentina es el único país de la región que no duplicó su riqueza en los últimos 50 años (Chile la multiplicó por 3,8)6. Si una mirada larga revela una trayectoria de decadencia, una mirada más corta muestra un proceso directamente desolador: desde 2011 hasta hoy, la economía argentina se mantuvo estancada, contra una América Latina que, sin alcanzar los récords del periodo del boom de los commodities, siguió creciendo; en estos mismos años, Chile creció 2,8% y Brasil, 1,4%. Este persistente estancamiento es reflejo de una volatilidad extrema: Argentina es, junto con Venezuela, el único país de la región que no logró resolver el problema de la inflación y que sufre alteraciones permanentes del tipo de cambio.

En los últimos 15 años hubo gestiones desarrollistas, moderadamente neoliberales y moderadamente desarrollistas. Las tres, en mayor o menor medida, fracasaron

Sería largo, y no es objeto de este artículo, entender las causas profundas de este obstinado declive, que no puede ser cargado en la mochila de una determinada orientación ideológica: si en los últimos 50 años hubo gobiernos de progresistas y de conservadores, dictatoriales y democráticos, en los últimos 15 hubo gestiones desarrollistas (la segunda de Cristina Fernández de Kirchner), moderadamente neoliberales (Mauricio Macri) y moderadamente desarrollistas (Alberto Fernández). Las tres, en mayor o menor medida, fracasaron. Los últimos tres presidentes (Cristina Fernández de Kirchner, Macri, Alberto Fernández) terminaron con el doble de la inflación con la que asumieron. Y los tres perdieron: Cristina Fernández de Kirchner no logró la elección de su candidato en 2015, Macri no pudo ser reelegido y Alberto Fernández ni siquiera lo intentó.

Desde el final del modelo industrialista, Argentina se sacude al ritmo del enfrentamiento entre dos perspectivas opuestas, que logran prevalecer durante un tiempo, pero cuya fuerza no les alcanza para imponer un modelo de desarrollo perdurable: la tradición liberal-aperturista, que apuesta al «campo» (agroindustria) como motor del crecimiento, y la tradición nacional-desarrollista, defensora de la industria (y de los trabajadores que ella emplea). A lo largo de la historia, el campo ha presionado por una economía abierta, que le permita exportar libremente las materias primas, lo que a su vez deriva en impuestos más bajos, una mayor desregulación y una política exterior alineada con las grandes potencias (que son sus clientes). La industria, en cambio, exige protección, un mercado interno robusto (trabajadores y clases medias que compren sus productos) y una política exterior orientada a la integración regional. En Argentina, el precio del dólar no es una variable técnica sino el corazón del conflicto distributivo; la dificultad para resolver esta puja se refleja en sus tremendas oscilaciones y en la inflación que las acompaña. El periodista Martín Rodríguez lo sintetizó en la frase «Gobernar Argentina es gobernar el dólar».

Pero el objetivo de este artículo no es tanto analizar la trayectoria decepcionante de la economía argentina –su «camino del Inca»–, sino describir su consecuencia: la erosión progresiva de la sociedad igualitaria y su transformación en una sociedad más cercana a otras de América Latina; en otras palabras, la «peruanización».

«Peruartina»

La desigualdad argentina viene aumentando de manera sostenida. El índice de Gini se sitúa hoy en 0,42, un nivel más bajo que el de la mayoría de los países de la región pero mucho más alto que el de los años 707. En paralelo con este proceso, se ha ido consolidando un núcleo duro de pobreza estructural en torno de 25%, que puede disminuir luego de unos años de crecimiento y dispararse ante la primera crisis, pero que siempre está ahí. Tanto la alta desigualdad como la roca dura de la pobreza estaban prácticamente ausentes en la estructura social de hace medio siglo; pero se fueron afirmando y ahora no hay gobierno, ni de derecha ni de izquierda, que pueda con ellas: son rasgos permanentes de la sociedad argentina.

Junto a ello, otras dos novedades sociales.

La primera es la crisis de ingresos. A diferencia de otros países de la región, históricamente el empleo asalariado formal en Argentina era predominante y gozaba de una amplia cobertura de servicios, altos niveles de sindicalización y un generoso sistema de protección. Desde mediados de los años 70, esta clase obrera relativamente homogénea se fue partiendo en tercios: asalariados formales, asalariados informales y desocupados. Pero todavía quienes lograban conseguir trabajo podían vivir relativamente bien, o al menos evitar caer en la pobreza. En los últimos 15 años, la persistencia de la inflación y la dificultad de las empresas y el Estado para ajustar los salarios con el aumento de los precios crearon una realidad nueva: el trabajador pobre8. Se estima que 22% de los asalariados argentinos se encuentran hoy por debajo de la línea de la pobreza –y, más notable aún, se calcula que 9,7% de los asalariados formales son pobres–9. Esta situación, sintetizada en la frase «A mi sueldo le sobran 15 días», ha llevado a su vez a un récord de endeudamiento de las familias, que toman créditos con tarjetas y billeteras virtuales para pagar gastos corrientes.

El segundo rasgo novedoso es una explosión de la economía informal, una de las marcas más destacables del modelo peruano. Más que la pobreza o la desigualdad, que por otra parte han disminuido, el rasgo principal de la economía peruana es la informalidad. Según la Encuesta Nacional de Hogares, 75,7% de la fuerza laboral peruana se desempeña en empleos informales, 25 o 30 puntos más que en países latinoamericanos comparables en términos de pib per cápita, como Colombia o Ecuador. Es un mundo de capitalismo popular en el que prosperan personajes como Felicito Yanaqué, el pequeño empresario de transporte piurano que es el «héroe discreto» que da título a la novela de Mario Vargas Llosa. (El hecho de que el éxito emprendedor de Yanaqué se vea ensombrecido por la amenaza de unos mafiosos que le exigen que pague por protección es una muestra de las oportunidades que abre el mercado, pero también de los problemas que entraña la desprotección estatal del neoliberalismo).

Esta nueva conformación de la estructura social ha ido consolidando nuevas subjetividades que contribuyen a explicar el triunfo de Milei

En Argentina, como en todo país en desarrollo, siempre hubo bolsones de actividad no registrada, pero la economía gozaba de niveles de formalización –laboral, impositiva, previsional– bastante altos. Esto se verifica en el hecho de que las ferias o mercados populares eran pequeños y marginales, en contraste con los gigantescos mercados populares de Gamarra (Lima), El Alto (Bolivia) o Tepito (México). Pero hoy las ferias son parte del paisaje comercial y de la vida cotidiana de los sectores populares, desde las más organizadas, como La Salada, hasta las más desordenadas, como la de Solano, ambas en el llamado conurbano bonaerense.

Esta nueva conformación de la estructura social ha ido consolidando nuevas subjetividades que contribuyen a explicar el triunfo de Milei. Mencionémoslas brevemente, solo a efectos de conectar las mutaciones sociales con el ascenso de la extrema derecha en su versión libertaria. Para los argentinos más jóvenes, la idea de un trabajo formal, con recibo de sueldo y con plenos derechos, es casi una quimera. Probablemente ni sus abuelos, ni sus padres ni ellos mismos conocieron nunca el aguinaldo, la obra social10 o el sindicato, por lo que el clásico discurso peronista de organización y derechos sociales carece totalmente de sentido. Mientras tanto, Milei propone libertad para trabajar, emprender y ganar dinero –y garantiza una inflación en descenso que le da previsibilidad a cualquier ganancia, por más pequeña que sea–. La adscripción de las nuevas generaciones al neoliberalismo –y ahora al libertarismo– es menos producto de una «penetración ideológica» a través de algún dispositivo imperialista que el resultado del lugar que ocupan los jóvenes en el capitalismo globalizado.

El clásico discurso peronista pro-Estado también pierde sentido. A mediados del siglo pasado, Argentina fue uno de los pocos países de la región en construir un Estado de bienestar, incompleto y lleno de fallas, pero presente. Producto del declive económico mencionado, este Estado ha ido perdiendo capacidades. Aunque conserva agencias de alta eficacia, como la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el organismo previsional que tiene a su cargo la Asignación Universal por Hijo (auh) y que en la pandemia pudo desplegar en tiempo récord un salario social complementario, lo cierto es que la salud y la educación atraviesan una crisis de largo plazo, en buena medida por su transferencia a los Estados provinciales, que profundizó la desigualdad entre jurisdicciones y que dificulta los esfuerzos de los gobiernos populares para articular una política nacional de recuperación. Para muchos argentinos, la idea de un Estado presente, garante de derechos y barrera última contra la exclusión y la pobreza suena al eco lejano de algo que quizás en algún momento existió, pero que no conocieron. Peor aún: el Estado aparece como algo exclusivo de algunos pocos privilegiados, lo que alimenta el discurso de Milei, quien llegó a decir «Soy un topo que viene a destruir el Estado desde adentro».

Milei llegó a decir «Soy un topo que viene a destruir el Estado desde adentro»

En amplios sectores populares de las periferias urbanas empobrecidas, algunas funciones tradicionales del Estado son ejercidas por asociaciones vecinales, clubes, iglesias evangélicas, la Iglesia católica e incluso el narco. Sin llegar al extremo de otros países de la región (en Argentina, por caso, hay pocas «zonas liberadas» del control del Estado), lo cierto es que la estatalidad se ha ido erosionando. La escuela pública existe, pero se encuentra muy deteriorada: si parte de la clase media se fue inclinando por servicios de salud y educación privados, los sectores populares que pueden permitírselo optan por las escuelas parroquiales (católicas de bajo costo). Perforado y disminuido, el Estado aparece entonces en su faz menos amable: la policía –vista como un vector de seguridad pero también como un peligro o simplemente como corrupta y/o ineficiente– y la autoridad impositiva.

El sueño de Milei

El éxito inicial de Milei, que obtuvo 54% de los votos en el balotaje de 2023, se explica en parte por su capacidad para conectar con este nuevo electorado informal, que vive desconectado del Estado, luchando en el día a día de una cotidianeidad imposible, integrado en su mayoría por varones jóvenes, al que se le sumó el tradicional voto antiperonista de clase media y alta. Su primer éxito de gestión, la estabilización de la economía y la baja de la inflación, fue posible por un ajuste inédito en la historia nacional. Frente a quienes argumentaban que la sociedad argentina, con su memoria igualitarista y su tradición de luchas sociales, no toleraría un recorte fiscal tan severo, Milei aplicó un ajuste equivalente a 5% del pib, que incluyó una baja del poder adquisitivo de las jubilaciones de 23,3% en el primer año, una caída de los salarios reales de los empleados públicos de 22% y la paralización de la obra pública.

Milei entendió las condiciones reales en que se encontraba la sociedad argentina, los cambios estructurales que había experimentado y el malestar profundo generado por los últimos gobiernos de «profesionales de la política». Parado sobre el suelo barroso de esta decepción general contra la elite, enarboló la motosierra como sinónimo de ajuste fiscal y denunció a la «casta» como descalificación de la política tradicional, para poner en pie un programa de gobierno básico: orden fiscal, orden macroeconómico y orden en las calles (la represión a la protesta social y la política de «mano dura» contra el delito, dos cuestiones que el gobierno confunde deliberadamente en su discurso, son otros ejes de su gestión11). Si a ello le sumamos la batalla cultural antiprogresista, una dimensión que Milei activa y desactiva según el momento, el cuadro completa una oferta de gobierno acotada, pero contundente.

Al mismo tiempo, el programa económico de Milei profundiza el «modelo peruano». La primarización de la producción, la dificultad para agregar valor a las exportaciones y la consolidación de enclaves de riqueza que derraman poco sobre el resto de la economía son rasgos constitutivos de este modelo (solo el oro y el cobre explican 45% de las exportaciones peruanas, y el resto está compuesto por otros minerales, café, frutas y pescado). El punto de partida de Argentina es muy distinto. Por más expansión de la frontera agrícola del monocultivo que haya experimentado, el complejo sojero explica solo 20% de las exportaciones, seguido por la industria automotriz, el complejo petrolero-petroquímico y el maicero. Todavía hoy, pese a todo, entre 25% y 30% de las ventas al exterior siguen siendo manufacturas de origen industrial. Pero el norte está claro. Desde la llegada de Milei al poder, los sectores que más crecieron fueron la minería, el agro y la intermediación financiera, y los que más cayeron fueron la construcción y la industria. Según datos oficiales, solo creció uno de los 16 rubros que integran el índice de producción industrial manufacturero: la refinación de petróleo. Esto, a su vez, se refleja en el empleo. Como explica el especialista Luis Campos, los únicos sectores que generan puestos de trabajo formal hoy son el agro, la minería y la pesca, pero no alcanzan para compensar los empleos en blanco perdidos en la construcción (66.000) y la industria (29.600). En total, en el último año se destruyeron unos 200.000 puestos de trabajo formal, que en su mayoría se reconvirtieron a alguna modalidad desprotegida12.

El objetivo es claro. El shock devaluatorio ya hizo su trabajo de licuación de ingresos y reducción del gasto público, mientras que el atraso del tipo de cambio, en combinación con la apertura comercial, produjo una reconversión productiva que afecta a los sectores menos competitivos, que son también mano de obra intensivos. En el largo plazo, la apuesta del modelo libertario se centra en el agro, los hidrocarburos y la minería, algo de economía del conocimiento, turismo y no mucho más: el sueño de «Peruartina» es el sueño de un país con menos industria, es decir menos sindicatos, socialmente más heterogéneo, sin Estado de bienestar, con salarios más bajos y mayor informalidad. En suma, Milei llegó al gobierno y logró una asombrosa reafirmación política porque leyó mejor que nadie el proceso experimentado por la sociedad argentina en las últimas décadas; ahora, con sus políticas, lo está consolidando.

José Natanson: es periodista y politólogo. Es director de Le Monde diplomatique edición Cono Sur y de la editorial Clave Intelectual. Su último libro es Venezuela. Ensayo sobre la descomposición (Debate, Buenos Aires, 2024).

Palabras claves: antiperonismo, desarrollismo, desigualdad, Javier Milei, Argentina.

1. Angus Campbell, Philip E. Converse, Warren E. Miller y Donald E. Stokes: The American Voter, University of Chicago Press, Chicago, 1960.

2. Secretaría de Evaluación e Información Educativa: «Tasas de escolarización. Consideraciones sobre las fuentes y métodos de cálculo», Ministerio de Educación de la Nación, 2023, disponible en <www.argentina.gob.ar/sites/default/files/tasa_de_escolarizacion_-_consideraciones_sobre_las_fuentes_y_metodos_de_calculo.pdf>.

3. Unesco: uis Data Browser, disponible en <https://databrowser.uis.unesco.org/>.

4. Juliana Manjarrés, Christopher Newton y Marina Cavalari: «Balance de InSight Crime de los homicidios en 2024» en InSight Crime, 26/2/2025, disponible en <https://insightcrime.org/es/noticias/balance-insight-crime-homicidios-2024/>.

5. Fuentes: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal); Daniel Schteingart: «Crecimiento y desigualdad» en Página/12, 21/12/2014.

6. Fuente: Banco Mundial.

7. Oscar Altimir, Luis Beccaria y Martín González Rozada: «La distribución del ingreso en Argentina, 1974-2000» en Revista de la Cepal No 78, 12/2002; Rosario Marina: «Creció la desigualdad en la Argentina durante el segundo trimestre de 2024: el ingreso de una familia rica fue 14 veces superior al de una de escasos recursos» en Chequeado, 15/10/2024.

8. Ernesto Mate y Ana Natalucci: «El trabajador pobre» en Le Monde diplomatique edición Cono Sur No 275, 5/2022.

9. Datos de Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec): Encuesta Permanente de Hogares.

10. En Argentina, la seguridad social depende de cada sindicato, que controla sus propios servicios de salud mediante las llamadas «obras sociales».

11. Esto se expresa en el protocolo antipiquetes desplegado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que impide cortar calles como forma de protesta.

12. Lucía Ortega: «Luis Campos: ‘Con la Ley Bases le dieron muchísimo más poder a los empleadores’» en La Izquierda Diario, 9/12/2024.

Chile: tres derechas y un sillón

Cristóbal Bellolio Badiola

La derecha chilena conquistó la Presidencia en forma democrática recién 20 años después de que Pinochet la abandonara tras su derrota en el referéndum de 1988. Lo hizo en una versión moderada con Sebastián Piñera. Ahora lo hará, de verificarse los pronósticos, en su expresión radical liderada por José Antonio Kast, quien se propone una vuelta a las raíces de la derecha encarnada por Jaime Guzmán, ideólogo de la Constitución de 1980 redactada bajo la dictadura.

Tres candidatos declaradamente de derecha compitieron el 16 de noviembre en la primera vuelta de la elección presidencial chilena, la primera con voto obligatorio, que llevó la participación hasta 85%. El vencedor de esta suerte de primaria de las derechas fue José Antonio Kast, que obtuvo 23,9% de las preferencias. Kast disputará la segunda vuelta con la candidata de izquierda Jeannette Jara, quien, si bien logró el primer lugar con 26,9%, estuvo por debajo de las expectativas de pasar el umbral de 30%. Para ganar en la segunda vuelta del 14 de diciembre, a Kast le basta con alinear los votos de los dos candidatos de derecha que quedaron en el camino: los que obtuvo Johannes Kaiser –que se ubicó en un cuarto puesto con 13,9%– y los de Evelyn Matthei –que llegó quinta, con 12,5%–. Juntos suman más de 50 más uno, incluso sin contar a la sorpresa, Franco Parisi, que obtuvo 19,7%, y cuyas coordenadas ideológicas, detrás de su afirmación de campaña de que Chile «no es facho ni comunacho», son más difíciles de precisar1.

¿En qué momento Chile giró a la derecha en forma tan pronunciada? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Qué representan estas tres derechas? ¿Se parecen a sus pares latinoamericanos y globales? ¿Qué podemos esperar para el futuro?

El fin del piñerismo

La derecha chilena conquistó la Presidencia en forma democrática recién 20 años después de que el dictador Augusto Pinochet la abandonara. Lo hizo en 2010 con Sebastián Piñera. El primer gobierno de Piñera fue moderado y sirvió para desdramatizar la alternancia en el poder. Su segundo gobierno fue más acontecido: un turbulento «estallido social» puso en tela de juicio la estabilidad de la convivencia, y Piñera tuvo que acceder a un proceso constituyente para reescribir las reglas del juego. Su principal mérito fue sobrevivir a la izquierda que pedía su cabeza y a la derecha que exigía militares en la calle. Piñera ganó tiempo y aseguró la continuidad democrática. Más tarde, el masivo y oportuno proceso de vacunación para salir de la pandemia le valió reconocimiento de moros y cristianos. Su trágica muerte en febrero de 2024 contribuyó a acrecentar su figura.

Por lo anterior, se daba por descontado que su heredera natural, Evelyn Matthei, sería la próxima presidenta de Chile. En septiembre de 2024, The Economist la ungía como la mujer que lideraría la contrarrevolución tras años de utopismo juvenil2. Matthei es una política experimentada. Fue diputada, senadora y alcaldesa, además de ministra del Trabajo del propio Piñera. Ungida por aclamación por los tres partidos de la derecha mainstream –Renovación Nacional (rn), la Unión Demócrata Independiente (udi) y Evópoli–, Matthei se sentó a esperar el paso del tiempo y dilapidó su ventaja. Como en otras partes del mundo, la derecha convencional chilena también se desplomó frente al surgimiento de alternativas más radicales3. Algunos han intentado explicar el fenómeno apuntando a la convergencia programática entre centroderechas y centroizquierdas, que habría dejado dos polos huérfanos y resentidos4. De este modo, mientras todo parecía indicar que la nueva derecha chilena sería más liberal que la de sus padres pinochetistas5, el avance de la agenda progresista hizo que el elástico rebotara con fuerza. Las nuevas generaciones no serían de la «derechita cobarde», como se comenzó a llamar despectivamente al piñerismo, sino de la «derecha sin complejos», esa que va de frente contra el wokismo y la corrección política. Mientras los chilenos añoran la eficiencia de Piñera, al mismo tiempo reniegan de su filosofía pragmática y consensualista, apostando en cambio por alternativas más radicales y dogmáticas.

El ascenso de Kast

A José Antonio Kast nunca lo sedujo el proyecto piñerista de modernización de la derecha, demasiado blando en lo político y muy relativista en lo moral. Cansado de transacciones doctrinarias y postergaciones generacionales, Kast renunció a la udi –su partido de toda la vida– y construyó su propia plataforma política –el Partido Republicano– para asaltar el poder por el flanco derecho. Lo intentó primero en 2017, cuando desafió al propio Piñera y obtuvo 8% de los votos. Volvió a intentarlo en 2021, esta vez con mejor suerte: consiguió 28% en primera vuelta, pero fue derrotado contundentemente por Gabriel Boric en el balotaje. Se dijo entonces que el conservadurismo de Kast le significaba un porfiado techo electoral. Siete de cada diez mujeres jóvenes votaron por Boric, o bien contra Kast, por considerarlo un retroceso en materia de derechos y agenda de género6.

Luego sobrevino una paradoja. Kast se opuso tenazmente al proceso constituyente que la clase política chilena abrió para encauzar la energía del «estallido social» de 2019. Sin embargo, tras el estrepitoso fracaso de la Convención Constitucional liderada por un variopinto elenco de izquierdas, un segundo proceso constituyente –más acotado y tutelado– quedó a merced de Kast y sus republicanos, que gracias a una inédita mayoría pudieron redactar un texto a su entero gusto. He ahí el contrasentido: Kast nunca quiso una nueva Constitución y sus huestes quedaron a cargo de redactarla. Al hacerlo, copiaron la estrategia adversarial del primer proceso. En lugar de buscar consensos con la minoría de izquierda, incorporaron disposiciones que fueron interpretadas como más autoritarias, neoliberales y conservadoras que las contenidas en la mismísima Constitución de 1980, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet7. Por ejemplo, se endurecía la norma constitucional que prohíbe el aborto, lo que motivó, nuevamente, la especial resistencia de las mujeres. En un plebiscito celebrado a fines de 2023, los chilenos volvieron a rechazar la oferta constitucional.

Considerando este antecedente, Kast modificó su estrategia para la elección presidencial de 2025. Ya sea porque hizo las paces con el proceso de secularización cultural de la sociedad chilena8, ya sea porque entendió que es la única forma de reducir la resistencia que genera en sectores moderados, Kast renunció en gran medida a la llamada «batalla cultural», que va desde el aborto hasta el cambio climático, y se concentró en los dos temas que priorizan los chilenos: seguridad y economía. Como en cuatro años no se puede abarcar todo, ha reiterado que el suyo será un «gobierno de emergencia». Es decir, un gobierno dedicado a recuperar el orden público y la senda del crecimiento, ni más ni menos. El Kast de 2025 presenta un perfil menos radical que el Kast de 2021. Ya no amenaza con cerrar el Ministerio de la Mujer ni habla de la «dictadura gay». Por el contrario, su programa se concentra en mejorar la gestión pública e incluso se mimetiza con el de Matthei9.

Como en cuatro años no se puede abarcar todo, ha reiterado que el suyo será un «gobierno de emergencia»

Los académicos que estudian el fenómeno Kast desde sus albores se debaten entre dos posibilidades. Una primera corriente sostiene que Kast y sus republicanos exhiben –con distinta intensidad– los tres elementos que Cas Mudde observa en la «derecha populista radical» europea: autoritarismo, nacionalismo y populismo10, entendiendo por populismo una mirada ideológica que separa a la población entre un pueblo decente y una elite corrupta11. Una segunda línea, que sigue a Ernesto Laclau en su conceptualización de populismo, concluye que Kast no califica porque no idealiza la voluntad popular ni cuestiona la precarización que genera el neoliberalismo12. Para estos últimos, Kast es un representante de la derecha tradicional, que aparece radicalizada por efecto de la moderación de la centroderecha, pero que en el fondo apela a los mismos valores conservadores de siempre, es decir, vino viejo en odres nuevos. Ambas perspectivas convergen en que Kast carece de la estridencia discursiva y el carisma avasallador que caracteriza a otros liderazgos populistas de la región, como Donald Trump, Javier Milei o Jair Bolsonaro. Kast es formal, sobrio, institucional y disciplinado, lejos del paradigma populista asociado al enfoque sociocultural, en el cual el líder alardea de su desfachatez y conexión con los –malos– modales del vulgo13.

El factor Kaiser

Uno de los factores que «normalizaron» a Kast y lo hicieron aparecer como una figura menos radical fue la irrupción de Johannes Kaiser. Youtuber sin carrera devenido en diputado y fundador del naciente Partido Nacional Libertario (pnl), Johannes es hermano de Axel Kaiser, el influyente polemista y escritor chileno cercano a Javier Milei14. Aunque en un principio se pensaba que el presidenciable de la familia sería Axel, el destino quiso que fuera su hermano, más político y menos intelectual. Ambos tienen en común un furibundo desprecio por la izquierda y todo lo que huela a progresismo, «marxismo cultural» y «globalismo», coordenadas retóricas propias de las nuevas derechas. La veta provocadora de Johannes Kaiser le valió la salida del partido de Kast, al conocerse comentarios que ironizaban sobre la deseabilidad de revertir el derecho a sufragio de las mujeres.

Uno de los factores que «normalizaron» a Kast y lo hicieron aparecer como una figura menos radical fue la irrupción de Johannes Kaiser

Cuando Kaiser anunció su candidatura presidencial, muchos pensaron que se trataba de una táctica para mejorar su posición negociadora por un cupo senatorial. No fue así: creció hasta convertirse en una amenaza para Kast. El republicano, en su estrategia de adquirir estatura presidencial y reducir ruido, le regaló al libertario la batalla cultural. Kaiser se apropió de la franja más exuberante de la derecha, donde confluyen nostálgicos de la dictadura, enemigos de las Naciones Unidas, trolls de la web profunda, antivacunas y cruzados de la civilización cristiano-occidental. El Kaiser de 2025 es el Kast de 2021. Su programa es un mamotreto doctrinario que dice defender la «verdad»15. Pero Kaiser fue más allá: los primeros debates mostraron a un tipo con aplomo y actitud, capaz de defender con cierta elocuencia todas sus transgresiones. En una primera vuelta que giró en torno de la lucha contra el crimen y la inmigración ilegal, Kaiser prometió la «mano dura» más despiadada. En la recta final, las encuestas mostraban que Kaiser crecía en desmedro de Kast. Aunque finalmente el republicano le sacó diez puntos de ventaja, Kaiser llegó para quedarse.

¿Un nuevo clivaje?

Según algunos analistas, los últimos resultados electorales apuntan a la aparición de un nuevo clivaje en la política chilena: una línea divisoria profunda que organiza las preferencias ciudadanas en dos campos enfrentados. Durante la transición, se sostuvo que los clivajes tradicionales que por décadas estructuraron el sistema de partidos –Iglesia vs. Estado, capital vs. trabajo, campo vs. ciudad– se habían difuminado bajo el peso traumático de la experiencia autoritaria. De acuerdo con esta tesis, el plebiscito de 1988 inauguró el clivaje democracia vs. autoritarismo en Chile16. Ese clivaje se mantuvo vigente durante casi tres décadas: quienes votaron «No» a la continuidad de Pinochet siguieron respaldando a los partidos de izquierda, y quienes votaron «Sí» siguieron respaldando a los partidos de derecha. Como el resultado de aquel legendario plebiscito favoreció a los partidarios del «No», la coalición de centroizquierda gozó de una mayoría social y electoral que solo fue interrumpida en dos ocasiones –precisamente por Sebastián Piñera, el derechista que también había votado por el «No»–.

Esto se mantuvo hasta el primer año del gobierno de Boric, cuando se sometió a plebiscito lo que muchos calificaron como «la Constitución más progresista del planeta»17. Con el debut del voto obligatorio, prácticamente todos los chilenos acudieron a las urnas, tal como lo habían hecho 34 años antes. Esta vez, sin embargo, lo hicieron de manera contundente contra la izquierda. Como el mismo resultado favorable a la derecha se repitió en la elección del segundo proceso constituyente, la comparación se volvió inevitable: había emergido en Chile una nueva línea divisoria, estructurada en torno de las opciones del plebiscito de 2022. El eje Apruebo vs. Rechazo sepultaba la vieja fisura democracia vs. autoritarismo que había ordenado la política de la transición. A diferencia del clivaje de 1988, el nuevo clivaje de 2022 parecía favorecer a la derecha18. El voto obligatorio habría revelado un Chile autoritario en lo político, liberal en lo económico y tradicionalista en lo cultural19. No obstante, poco después los chilenos también rechazaron el proyecto constitucional impulsado por el partido de Kast, lo que llevó a varios analistas a concluir que el nuevo Chile no es necesariamente conservador, sino más bien anti-establishment: tiende a votar contra quien detenta el poder y a elegir la opción que mejor canalice su bronca20.

A diferencia del clivaje de 1988, el nuevo clivaje de 2022 parecía favorecer a la derecha

Los resultados de la elección presidencial de 2025 obligan a retomar la hipótesis: ¿estamos frente al nuevo clivaje inaugurado en 2022, uno que consolida a la derecha como una mayoría social y política estable en el tiempo? Es pronto para dar una respuesta definitiva, pero varios factores ayudan a explicar el giro hacia la derecha.

El primero es global: el mundo entero parece desplazarse hacia posiciones más conservadoras. Pippa Norris y Ronald Inglehart acuñaron el concepto de backlash para describir esta reacción frente a lo que muchos perciben como un avance sostenido –e incluso intolerante– de la agenda progresista21. Otros analistas destacan los efectos económicos y culturales de la globalización22, mientras algunos sugieren que la pandemia habría inclinado a toda una generación hacia la derecha23. Desde esta perspectiva, lo ocurrido en Chile no tiene nada de excepcional: es parte de una marea planetaria que ha reconfigurado los equilibrios políticos en buena parte del mundo.

El segundo elemento es más contextual: el estallido social envejeció mal y la farra constituyente transformó la esperanza en frustración. Los anhelos refundacionales y las aspiraciones posmateriales de reconocimiento dieron paso a una agenda insoportablemente mundana, centrada en el costo de la vida y en la percepción de inseguridad, alimentada por un nuevo tipo de criminalidad importada tras la crisis humanitaria en Venezuela. Aunque la derecha no sea necesariamente más eficaz que la izquierda en la gestión económica o del orden público, ambos temas pertenecen con más naturalidad a su repertorio retórico. Ese ha sido el sino de Boric como presidente: la generación que llegó al poder hablando de feminismo y derechos sociales ha debido administrar un país angustiado con la delincuencia y los salarios. En este contexto, el triunfo de la derecha resulta comprensible, pero no basta para anticipar un nuevo clivaje. Las agendas cambian, y con ellas cambian los actores que mejor logran encarnarlas.

Finalmente, un tercer factor es el llamado «ciclo oposicionista» en la política latinoamericana24. No se trata necesariamente de un desplazamiento hacia la derecha, sino de una preferencia recurrente por la alternancia: el que gobierna pierde, el desafiante gana. Como la región viene saliendo de un periodo dominado por administraciones de izquierda, el ciclo oposicionista favorece coyunturalmente a las derechas, pero no alcanza para sostener una tesis estructural sobre un giro ideológico duradero. Desde esta perspectiva, Kast no sería tanto el artífice de un nuevo consenso conservador, sino el beneficiario pasajero de un momento político. Y como suele ocurrir en América Latina, ese mismo ciclo que hoy lo impulsa podría volverse mañana contra él.

Jara: no le pidas más de lo que puede dar

Hay que forzar la memoria para encontrar una elección en los últimos 50 o 60 años en que la izquierda chilena –sumados todos sus exponentes– se haya visto tan disminuida en una presidencial. Desde luego es su peor rendimiento desde el retorno de la democracia, y es aún peor que el desastroso resultado del plebiscito constitucional de 2022, cuando la opción del Apruebo obtuvo 38% de los votos. La responsabilidad, sin embargo, no debe recaer enteramente en la candidata Jeannette Jara.

Hasta hace algunos meses, el oficialismo temía que la segunda vuelta enfrentara a dos candidatos de derecha. La negativa de Michelle Bachelet a presentarse como candidata presidencial generó un escalofrío en la izquierda. Así, los partidos que apoyan a Boric se vieron en la obligación de organizar una primaria en la cual resultó vencedora la ministra más exitosa del gobierno. Jara logró sacar adelante una complicada reforma previsional, gestionó la disminución de la jornada laboral y aseguró un aumento del salario mínimo. No es poco. Su militancia comunista ha sido una piedra constante en su zapato, y los jerarcas de su partido no le han hecho la vida más fácil. Aun así, logró consolidar a prácticamente toda la base de apoyo al gobierno tras su figura, evitando la aparición de candidaturas alternativas en el ecosistema de la izquierda y la centroizquierda. Los resultados parlamentarios del oficialismo –menos malos de lo que se temía– confirman que Jara fue un eficiente paraguas para la coalición.

Sin embargo, el registro de su campaña también confirma la tesis de la derrota cultural de la nueva izquierda chilena. El discurso de reivindicaciones identitarias cayó en el olvido. Jara no dice todes ni habla de plurinacionalidad. Muy por el contrario, se alejó deliberadamente de cualquier sospecha de wokismo y asumió un tono nacional-popular. Simplificando un viejo debate de la izquierda, del reconocimiento volvimos a la distribución. Su primera aparición en la franja televisiva dedicada a la campaña no fue hablando de derechos humanos sino monitoreando drones en el desierto para controlar la inmigración ilegal25. La Jara de 2025 no solo está a la derecha del Boric de 2021, sino que probablemente sea menos ambiciosa que la Bachelet de 2013. La derecha insiste con denunciar su comunismo, pero de comunista su campaña no tuvo nada. Su moderación sirvió para cumplir el primer objetivo: pasar a segunda vuelta. Es injusto pedirle más que eso.

Cómo va a gobernar Kast

La tarea del oficialismo es casi imposible. El problema de Jara no es que sea «comunista»: es que representa a un gobierno impopular, y la inmensa mayoría de los chilenos no quiere continuidad. Por si fuera poco, Kast recibió el apoyo explícito de Kaiser y de Matthei la mismísima noche de la elección. A diferencia de Milei en Argentina (quien cooptó a diversos dirigentes del partido del ex-presidente Mauricio Macri), Kast no adquiere las piezas por separado, sino que extiende una invitación institucional a los demás partidos de la derecha chilena a conformar gobierno. Si bien el entorno de Kast ha sido acusado de malas prácticas digitales que han enturbiado el ambiente –un ejército de bots ligados a los republicanos esparció el rumor de que Matthei padecía de Alzheimer–, el candidato se ha esmerado en evitar una confrontación fratricida. Olfateando el pingo con más chances, connotados militantes de la derecha tradicional llevan meses pasándose a sus filas. Por su parte, Kast insistirá en que su proyecto político no tiene nada de excéntrico ni radical –aunque participe en las reuniones globales de la Conferencia Política de Acción Conservadora (cpac) junto a Viktor Orbán, Donald Trump, Nayib Bukele y Santiago Abascal–, y que en el fondo no hace otra cosa que recuperar los principios de Jaime Guzmán, mítico mártir y padre fundador de la udi. Atendiendo a su necesidad de controlar el Congreso y administrar la dispersión de las derechas, repartirá tareas y ministerios en proporción a los respectivos escaños.

Sus críticos sospechan que el famoso «gobierno de emergencia» centrado en economía y orden público no es un plan sincero26. Creen que una victoria holgada en segunda vuelta –un escenario del todo plausible– abrirá el apetito del sector más duro, que interpretará la existencia de un mandato amplio para ir por todo, batalla cultural incluida. Otros temen que un «gobierno de emergencia» equivalga a un estado de excepción permanente, que autorice al presidente a conculcar las libertades personales y que ponga a Chile en la senda de la erosión democrática. El tiempo lo dirá.

Cristóbal Bellolio Badiola: es doctor en Filosofía Política por el University College de Londres. Trabaja como profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez (Chile). Es autor, entre otros libros, de Liberalismo. Una cartografía (Taurus, Santiago de Chile, 2020) y El momento populista chileno (Debate, Santiago de Chile, 2022).

Palabras claves: derecha, gobierno de emergencia, José Antonio Kast, Chile.

Nota: una primera versión, más breve, de este artículo se publicó en Nueva Sociedad edición digital, 11/2025, disponible en <nuso.org>.

1. En 2021 se presentó como candidato a la Presidencia sin pisar Chile debido a que tenía una orden de arraigo por no pagar la pensión alimenticia de sus dos hijos. Su principal caudal electoral está en el norte del país, aunque en estas elecciones ha logrado expandirse a otras regiones.

2. «The Woman Who Will Lead Chile’s Counter-Revolution» en The Economist, 24/9/2024.

3. Tim Bale y Cristóbal Rovira Kaltwasser: Riding the Populist Wave: Europe’s Mainstream Right in Crisis, Cambridge up, Cambridge, 2021.

4. Aldo Madariaga y C. Rovira Kaltwasser: «Right-Wing Moderation, Left-Wing Inertia and Political Cartelisation in Post-Transition Chile» en Journal of Latin American Studies vol. 52 No 2, 2020.

5. Stéphanie Alenda (ed.): Anatomía de la derecha chilena. Estado, mercado y valores en tiempos de cambio, fce, Santiago de Chile, 2020; C. Bellolio: «Juego de generaciones. Apuntes sobre el nuevo paisaje político chileno» en Estudios Públicos No 154, 7/2019.

6. «Mujeres jóvenes garantizan la victoria de Gabriel Boric en Chile, según estimaciones» en Unholster, 20/12/2021.

7. C. Bellolio: «Otra cosa es con poder. El fracaso constitucional de Kast y Republicanos» en Disjuntiva. Crítica de les Ciències Socials vol. 5 No 2, 2024.

8. C. Bellolio: «Cultural Secularization and Political Secularism as Mirror Processes: The Case of Chile» en International Journal of Latin American Religions vol. 8 No 2, 2024.

9. Fabián Belmar, Aldo Mascareño, Juan Rozas y Pablo A. Henríquez: «Elecciones 2025: Quinto Informe c22-cep, programas presidenciales» en Puntos de Referencia No 747, Centro de Estudios Públicos, 2025.

10. C. Mudde: Populist Radical Right Parties in Europe, Cambridge up, Cambridge, 2009.

11. C. Bellolio: El momento populista chileno, Debate, Santiago de Chile, 2022.

12. Juan Antonio González de Requena Farré y Claudio Riveros Ferrada: «Discurso populista y ‘nueva derecha’: el Partido Republicano chileno» en Colombia Internacional No 119, 7-9/2024.

13. Pierre Ostiguy: «Populism: A Socio-Cultural Approach» en C. Rovira Kaltwasser (ed.) et al.:  The Oxford Handbook of Populism, Oxford up, Oxford, 2017.

14. Juan Morales: «Movimiento libertario y profetas del mercado en el Chile actual. Las ideas de Axel Kaiser» en Brazilian Journal of Latin American Studies vol. 23 No 48, 2024. Axel Kaiser es subdirector académico de la Fundación Faro, dirigida por Agustín Laje y muy próxima a Milei.

15. F. Belmar, A. Mascareño, J. Rozas y P.A. Henríquez: ob. cit.

16. Eugenio Tironi y Felipe Agüero: «¿Sobrevivirá el nuevo paisaje político chileno?» en Estudios Públicos No 74, 1999.

17. Jennifer M. Piscopo y Peter M. Siavelis: «Chile’s Constitutional Chaos» en Journal of Democracy vol. 34 No 1, 2023.

18. Cristián Valdivieso: «El nuevo clivaje nacido del Apruebo y Rechazo» en Ex Ante, 28/5/2023.

19. Ascanio Cavallo: «Ni péndulo ni magia: modalidad del voto» en El País, 10/5/2023.

20. Noam Titelman: La nueva izquierda chilena. De las marchas estudiantiles a La Moneda, Ariel, Santiago de Chile, 2023.

21. P. Norris y R. Inglehart: Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism, Cambridge up, Cambridge, 2019.

22. Dani Rodrik: «Why Does Globalization Fuel Populism? Economics, Culture, and the Rise of Right-Wing Populism» en Annual Review of Economics vol. 13 No 1, 2021.

23. Derek Thompson: «How covid Pushed a Generation of Young People to the Right» en The Atlantic, 18/2/2025.

24. João Carlos Amoroso Botelho y Miguel Ángel López Varas: «‘Hay gobierno, soy contra’. El ciclo de las oposiciones en América Latina» en Estudios Internacionales vol. 55 No 204, 2023.

25. J. Jara: «Desde el control fronterizo de Chacalluta lo tenemos claro: para cuidar a Chile no basta con mano dura, necesitamos mano inteligente», video en Instagram, 21/10/2025, disponible en <www.instagram.com/reel/dqermxvdehc/?igsh=mw9mzjk1axjumxlkaq==>.

26. Daniel Matamala: «París bien vale una misa» en La Tercera, 23/8/2025.

¿Capitalismo para todos?

Las elites, lo popular y el giro a la derecha boliviano

Fernando Molina

Tras una larga hegemonía del Movimiento al Socialismo (mas), las recientes elecciones presidenciales sellaron un cambio de rumbo político e ideológico en Bolivia. ¿Hasta qué punto se trata de un triunfo de la vieja oposición? ¿Por qué el «bloque popular» se decantó por la fórmula Rodrigo Paz-Edman Lara, de centroderecha? ¿Qué nos dice esto de los clivajes que atraviesan la historia boliviana?

El ciclo del Movimiento al Socialismo (mas) boliviano fue un fenómeno de hegemonía ideológica y política de tal magnitud que puso a la derecha neoliberal, tras su caída con el derrocamiento y la huida del país del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003, en una situación de gran precariedad que, con matices, duró hasta la campaña electoral de 2025.

Los partidos «tradicionales», como el Movimiento Nacionalista Revolucionario (mnr) de Sánchez de Lozada, Acción Democrática Nacionalista (adn) del dos veces presidente Hugo Banzer y de Jorge «Tuto» Quiroga, y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (mir) del ex-presidente Jaime Paz Zamora (que, pese a su nombre, se había convertido en una fuerza de centroderecha), se derrumbaron a comienzos de los años 2000, en el marco de un fuerte desprestigio social. Tras esto, comenzó una era de intensa debilidad organizativa de los liberal-conservadores bolivianos, que buscaron un lugar bajo el sol como oposición al mas.

Nuevos partidos, formados por viejos políticos, fueron ampliamente derrotados por el mas en el escenario nacional, aunque en algunos casos lograron hacerse fuertes en el ámbito regional y local. Apostaron en muchos casos a representar una identidad política urbana de clase media tradicional (es decir, no indígena)1, contraria por razones de conveniencia de clase y privilegio étnico-racial a los gobiernos de la llamada «Revolución Democrática y Cultural» liderada por Evo Morales, cuyo propósito explícito era empoderar a los indígenas y sus descendientes mestizos populares o «cholos». Esta situación de continua inferioridad y antagonismo ante el presidente indígena y los «cholos» que dirigían las organizaciones sociales indígenas, los sindicatos de trabajadores y el mas mismo marcó la personalidad de la derecha boliviana del nuevo siglo.

Esta ha sido, entonces: casi totalmente «blanca», con excepciones solo anecdóticas; por tanto, fuertemente urbana (de los barrios centrales y residenciales de las ciudades, que son los barrios de descendientes blancos); con su principal baluarte en Santa Cruz, Beni y Tarija (la llamada «medialuna», por su forma geográfica), es decir, en los departamentos menos indígenas del país; definida por una única línea pragmática: el antagonismo con el mas; fragmentada por el alcance más local que nacional de sus componentes y por el caudillismo del sistema político boliviano pero, al mismo tiempo, presionada por sus representados para unificarse, lo que le ha significado vivir una vida política dual, de supuesta fraternidad y, simultáneamente, de intensas luchas internas; crítica de los excesos caudillistas y del autoritarismo de Morales y, por tanto, partidaria teórica, aunque no siempre práctica, del pluralismo democrático; antagonista del modelo económico estatista del mas y entonces, por contraste (pero también por intereses y convicciones), liberal en economía, aunque muchas veces iliberal en materia de valores, pues reproducía la herencia de la elite social que representaba, que siempre ha sido católica/cristiana y conservadora; y, por último, frecuentemente racista, como también lo era su base social.

Esta enumeración es, por supuesto, una generalización. Pese a la relativa homogeneización que la presencia y el éxito del mas imprimieron en la oposición de derecha, y a la importancia de la consigna de «frente único» para combatir al invencible Morales, hubo diferencias internas sustantivas que anteriormente he clasificado, siguiendo las categorías del filósofo político conservador Michael Oakeshott, como la «política de la fe» y la «política del escepticismo»2.

La primera es la que confía en la acción política para remodelar de manera voluntarista la sociedad, por lo que quienes creen en ella han considerado el ciclo del mas como el resultado de la voluntad de este partido y sus aliados de la izquierda internacional, aprovechando la «ignorancia» de una mayoría que se dejaba llevar por promesas «populistas». Según esta interpretación, si el mas pudo mantenerse durante tanto tiempo en el poder fue por los dólares del súper ciclo de las materias primas que le «llovieron» y porque, además, habría hecho sistemáticamente fraude electoral.

Pues bien, si para la política de la fe el mas era un puro artefacto político (sin vinculaciones profundas con la historia, los daños del colonialismo, el racismo del país, etc.), entonces Bolivia podía plantearse borrarlo, dejar atrás el delirio y volver en sí, recuperando la razón. Y entonces enmendarse mediante la reconstrucción del neoliberalismo y la reprivatización de la industria extractiva nacionalizada, volviendo a una situación en la que nuevamente se antepusiese la universalidad de derechos (la «República») al Estado plurinacional, con sus derechos especiales indígenas, creado por la Constitución de 2009.

Esta ha sido la doctrina de la parte más recalcitrante de la derecha, la formada por los grupos políticos cruceños (Demócratas, del ex-gobernador de Santa Cruz Rubén Costas; Creemos, del sucesor de Costas, Luis Fernando Camacho –posteriormente encarcelado–; y ex-dirigentes cívicos como Branko Marinković), y por «Tuto» Quiroga, ex-presidente conservador y miembro de pleno derecho de los círculos de derecha y de extrema derecha del mundo hispánico.

Por otra parte, los partidarios de la política del escepticismo han visto al mas, aunque no siempre de forma consecuente, como la expresión legítima de ciertos sectores sociales que siempre existieron y que no iban a desaparecer, por lo que no postularon una política de tabula rasa, sino «un modelo híbrido» entre lo ya existente y lo que querían construir. Por ejemplo, Samuel Doria Medina señalaba:

El péndulo entre un lado y otro [nacionalización y privatización] no sirve. Un extremo trae falta de consenso político y el otro, ineficiencia económica. Lo que necesitamos es un modelo híbrido. Empresas estatales capaces de generar ganancias para el Estado y, al mismo tiempo, millones de emprendedores privados que den dinamismo y eficiencia a la economía. No nos confundamos, sacar completamente al Estado de la economía, como en los 90, fue lo que engendró al mas. Bolivia necesita un camino de centro, sostenible y justo.3

Doria Medina, político y empresario de centroderecha, fue hasta ahora el mayor exponente de la política del escepticismo (es decir, del realismo sobre los límites de la política a la hora de transformar las estructuras históricas del país). Más recientemente, podemos situar en esta política del escepticismo –por lo que plantearon en campaña– a los vencedores de las elecciones presidenciales de octubre de 2025: Rodrigo Paz Pereira y Edman Lara.

Podemos situar en esta política del escepticismo a los vencedores de las elecciones presidenciales de octubre de 2025: Rodrigo Paz Pereira y Edman Lara

En los últimos años, también ha aparecido en Bolivia una extrema derecha, que hasta ahora es marginal cuando no logra enquistarse dentro de alguna expresión de la oposición tradicional. Se puede identificar, por ejemplo, una facción liberal-libertaria que en la última campaña electoral se alineó tras la figura del broker bursátil Jaime Dunn, quien al final no pudo participar en los comicios por tener deudas con el fisco. También hay que mencionar a una figura boliviana notoria dentro del trumpismo internacional: Carlos Sánchez Berzaín, ex-mano derecha de Sánchez de Lozada en los años 90, que hoy dirige el extremista Instituto Interamericano para la Democracia con sede en Florida.

El antagonismo entre estas dos alas –«fe» y «escepticismo»– no solo ha sido teórico, como podría parecer por lo dicho hasta aquí, sino también existencial. Dentro del marco de un discurso de «unidad opositora» que nadie quería abandonar, los radicales han mostrado un fuerte desprecio por los moderados, a quienes consideraban «funcionales al mas»; a la inversa, estos últimos han criticado a los primeros por su divorcio de la realidad y su falta de diálogo con el sustrato «nacional popular» del pensamiento boliviano. Unos eran «muy blandos»; los otros, «muy fachos».

La (contra)revolución de 2019

Estas disensiones internas se suspendieron a fines de 2019, durante la campaña conjunta de todos estos grupos en contra de la tercera reelección de Evo Morales en los comicios de ese año –a los que, sin embargo, habían concurrido divididos–. En medio del conteo de los votos, se unieron para denunciar un «fraude monumental».

El cómputo de votos presentó una serie de problemas que despertaron la furia de la clase media tradicional, ya airada por la vulneración del resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016, que había prohibido una nueva reelección de Morales y que no fue respetado. Una ola de protestas exigió la renuncia de Morales y escenificó un rechazo visceral al mas que empoderó a los «halcones» de la oposición (Quiroga, el dirigente cívico de Santa Cruz Luis Fernando Camacho) y arrastró a los dirigentes del centro (Carlos Mesa, Doria Medina, Juan del Granado) a las trincheras de la política de la fe.

La sustitución de Morales por la senadora radical del partido cruceño Demócratas Jeanine Áñez abrió las puertas a la impaciencia (contra)revolucionaria de la derecha unificada. Apenas dos meses después de la sucesión, y pese a haberse autodefinido como un «gobierno provisional», Áñez ya había buscado revertir la mayor parte de las orientaciones de la política nacional e internacional impulsadas bajo los gobiernos del mas.

En este marco, alineó a Bolivia con Estados Unidos, que volvió a darle cooperación económica (el presidente Donald Trump dijo que ayudar a Bolivia era «vital» para los intereses de su país); cambió los principios de la política económica nacionalista en favor de una liberal; y alentó un discurso antiindígena contra el Estado plurinacional4.

Como se veía por estas políticas, el primer gobierno derechista tras 13 años de dominio del mas pretendía llevar a la sociedad en dirección totalmente opuesta, haciendo un movimiento de péndulo que ha sido constante a lo largo de la historia boliviana. En este caso, el péndulo estaba yendo de un estatismo desordenado y despilfarrador de energías que beneficiaba –legal e ilegalmente– a una contraelite plebeya (chola e indígena), hacia un capitalismo de camarilla, también despilfarrador, que beneficiaría –legal e ilegalmente– a una elite proveniente de la Bolivia «blanca» y conservadora.

La gestión de Áñez reveló que la clase política tradicional, sobre todo su núcleo más poderoso, el cruceño, que era el más importante en el gobierno, no había aprendido nada de la derrota del neoliberalismo a manos del mas, porque repitió los errores de aquel periodo, como gobernar sin los sectores sociales populares, restaurando un privilegio étnico-racial abolido por aquel. En esa medida, el gobierno de Áñez fue una imagen especular del propio mas, que igualmente había hecho cambios holistas y también había tratado de refundar la sociedad.

La resistencia indígena y popular a esta (contra)revolución fue reprimida con dos masacres (con un saldo de 22 muertos) y con el encarcelamiento y el exilio de numerosos dirigentes de izquierda. Fue un despliegue total de la política de la fe, pero fracasó rápidamente. Políticos «escépticos» como Doria Medina y Mesa, no por casualidad oriundos de La Paz, uno de los departamentos más indígenas e izquierdistas del país, se fueron distanciando de este proceso conforme este caía más y más en el desprestigio. Incluso Quiroga renunció a su cargo de vocero internacional del gobierno interino. Finalmente, llegaron las elecciones de octubre de 2020 y el mas, esta vez encabezado por el ex-ministro de Economía Luis Arce Catacora, aplastó a sus rivales con 55% de los votos.

La (contra)revolución de Áñez no cuajó porque la sociedad rechazó dar un bandazo para retornar al neoliberalismo y a las viejas jerarquías políticas

La (contra)revolución de Áñez no cuajó porque la sociedad rechazó dar un bandazo para retornar al neoliberalismo y a las viejas jerarquías políticas determinadas por el estatus étnico-racial. Pese al rechazo de la sociedad al reeleccionismo de Evo Morales, la derecha tal como se presentó con Áñez, llena de ínfulas clasistas y racistas, no constituía una alternativa para la mayoría. Solo se habría podido imponer por medio de la violencia, no en un país con elecciones democráticas. El evismo había logrado una transformación radical: la toma de conciencia de una enorme cantidad de bolivianos sobre su propio peso electoral y lo que podían hacer con él, algo que antes era desconocido o subutilizado.

Así, luego de ese breve interregno, el mas volvió al poder, pero ni este partido ni el país eran ya los mismos. En todas las clases sociales se incubó el deseo de renovación política, y esto alimentó las disputas caudillistas entre los jefes del mas. Junto con la crisis del modelo económico estatista, que estalló en 2023, estas peleas internas causaron la implosión de la izquierda y desbrozaron el camino para un cambio ideológico general: en los últimos años, el antimasismo prendió también en sectores que antes se veían representados «naturalmente» por este partido. Las nuevas clases medias «cholas» se fueron alejando, por lo que la base de apoyo más fiel del mas se fue reduciendo a las áreas rurales. Y de esta forma, por primera vez en 20 años, el poder quedó al alcance de la mano de la derecha boliviana, pero… ¿sería sencillo que esta corriente se hiciera con él pese a su distancia del «campo popular» y después del rotundo fracaso del experimento de Áñez?

El fin del ciclo del mas, del que todos hablaban, ¿no implicaría también el fin de la oposición al mas tal como la conocíamos y, por tanto, la llegada de una tercera opción?

La derecha tradicional y el fin del mas

A fines de 2024, Bolivia vivía una grave crisis económica que se manifestaba en falta de dólares para importar y en un «corralito» bancario de esa divisa. Los años de fuerte crecimiento y masiva entrada de dólares parecían lejanos. Además, la guerra fratricida entre Arce y Morales se había ido intensificando y se sabía que terminaría en la inhabilitación electoral de este último debido al manejo político de la justicia. Quedaba por averiguar cuál sería la reacción del ex-mandatario, pero lo cierto era que el mas vivía un proceso irreversible de descomposición y que el propio Morales ya no era el de antes, crecientemente aislado en el mundo rural y atrapado como estaba en el culto a su propia personalidad.

Pese a estas circunstancias, la inercia llevó a los principales precandidatos de la oposición a aplicar una estrategia dictada más por sus necesidades del pasado que por las del presente. Así, formaron un Bloque de Unidad por si el mas resolvía su sangrienta disputa interna y se rearmaba. Una posibilidad fantasiosa que, sin embargo, continuó hasta la inscripción de los candidatos, que finalmente ocurrió sin Morales ni Arce.

Pero volvamos al 18 de diciembre de 2024, cuando Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga y Luis Fernando Camacho (por medio de un poder, ya que estaba en prisión, acusado de inducir a la Policía a participar en el derrocamiento de Morales en 2019) firmaron un acuerdo por el que se comprometían a encontrar la forma de designar un candidato único a la Presidencia. Decían responder así a la «demanda histórica» del electorado antimasista.

No entrar en la «bolsa de gatos» de los opositores tradicionales fue la primera de las buenas decisiones de campaña de Paz

Quedaron por fuera de este acuerdo Manfred Reyes Villa, a quien Camacho consideraba criptomasista por no haberse posicionado a su favor tras su detención en 2022, y el senador Rodrigo Paz, quien se había lanzado a la Presidencia por su cuenta, lo que había irritado al jefe de su agrupación, Carlos Mesa. Ulteriormente, Paz fue invitado al Bloque de Unidad, pero declinó participar. «Respeto este intento; no he participado del mismo porque considero que [la población] busca una nueva generación y una nueva etapa para Bolivia», se justificó. También señaló que los principales precandidatos del Bloque, Quiroga y Doria Medina, no eran una «respuesta factible, por los negativos que tienen»5. No entrar en la «bolsa de gatos» de los opositores tradicionales fue la primera de las buenas decisiones de campaña de Paz que lo conducirían posteriormente –y de manera completamente sorpresiva– a la Presidencia de Bolivia. Al parecer, este político de centroderecha y miembro de segunda línea de la oposición había heredado el legendario olfato político de su padre, Jaime Paz Zamora, presidente entre 1989 y 1993.

Tras mucho negociar, el Bloque de Unidad decidió que designaría a su candidato único aplicando una batería de encuestas, un acuerdo que poco después «Tuto» Quiroga, que recibía asesoramiento del estratega ecuatoriano Jaime Durán Barba, rechazó tras verificar que los sondeos favorecerían a Doria Medina.

Esto sucedió con gran ruido mediático y por tanto confirmó el estereotipo del político incapaz de ceder protagonismo y poder, ya presente en la mente del público, que había sido justamente el caso de Evo Morales. Simultáneamente, los estudios electorales mostraban un gran rechazo a los políticos, sobre todo a los del mas, pero también a los de la oposición. La mesa estaba servida para un outsider que, saliendo de la nada, acabara al mismo tiempo con la agonía del mas y el monopolio de la representación opositora por parte de un puñado de políticos seniors. Ese advenedizo aparecería justo en vísperas de la primera vuelta electoral.

Tras la renuncia de Mesa a postularse y su neutralidad en la guerra entre Quiroga y Doria Medina (su partido, en cambio, se dividió entre ambos líderes y desapareció como entidad independiente), el Bloque de Unidad quedó escindido en dos grupos: el de Doria Medina-Camacho y el de Quiroga y sus aliados cruceños (algunos de ellos «halcones» exiliados durante los gobiernos de Morales por el movimiento de 2008, acusado de separatismo). La facción que impulsó la candidatura de Doria Medina se llamó Unidad y la que apoyó a Quiroga, Libertad y Democracia (libre).

Después de esto, el imperativo de la unificación (que ya era, como dijimos, fantasmal) no impidió que ambas facciones se atacaran abiertamente, en particular la de Quiroga, que azuzada por Durán Barba no dudó en lanzar una guerra sucia contra Doria Medina, que encabezaba las encuestas. Unidad y libre emergieron de una razón caudillista, su incapacidad de definir un candidato único, pero expresaban ciertas diferencias ideológicas, que aumentaron conforme se intensificó la guerra entre ellas.

En una, libre, solo imperaba la política de la fe; en la otra, Unidad, había un conflicto entre el corte liberal más moderado de Doria Medina6 y el conservadurismo radical de Camacho, el dirigente más carismático y «populista» de la derecha cruceña con el que se alió Doria Medina. Tanto libre como Unidad buscaron expresar sobre todo a Santa Cruz, sede de la parte más importante de la burguesía boliviana, la elite agroindustrial, y donde había estado el mayor bolsón de votos opositores al mas (insisto en que se seguía pensando, por inercia, con temor a la izquierda, aunque esta no fuera más que una sombra de lo que había sido).

Aunque «Tuto» Quiroga nació en Cochabamba, en el centro del país, en estas elecciones era el representante del establishment cruceño. La razón fue ideológica e histórica. Este establishment había sido fuertemente antimasista por su antagonismo con todos los rasgos del mas: el estatismo, que lo llevó a controlar los mecanismos de acumulación de la agroindustria; y su inclinación procampesina y preponderantemente «colla», que facilitó la creación de comunidades campesinas de inmigrantes andinos en tierras cruceñas, lo que irritaba a la jerarquía latifundista. Y, no menos importante, el mas fue otra expresión del tradicional dominio político de La Paz sobre Santa Cruz. Como Quiroga –muy cercano a la derecha dura de Miami– era el más antimasista de los candidatos, libre se convirtió en la carta de la elite cruceña en las elecciones: en esa región, se impuso sobre Doria Medina-Camacho en la primera vuelta y sobre Paz-Lara en la segunda, con casi 62% de los votos. Dado que este departamento es hoy el más populoso, esto le dio a Quiroga una gran ventaja sobre sus competidores de la derecha tradicional, pero al mismo tiempo le planteó una limitación muy seria para poder llegar a la Presidencia.

Al quedar asociado al establishment cruceño, Quiroga padeció en carne propia el dilema de esta facción de la elite boliviana. El cruceñismo –como ideología– garantiza el orden interno de Santa Cruz mediante la transformación de los valores de la blanquitud de la población y del progreso económico basado en el agronegocio en pautas de identidad y orgullo de sus habitantes. Así produce al sujeto «camba» (de los llanos orientales) como distinto y a veces opuesto al «colla» (de los Andes y los valles). Pero por su propia naturaleza, no puede extender su influencia al resto del país, excepto a los otros departamentos del Oriente y sur, como Beni y Tarija, que tienen similitudes con Santa Cruz. No fue casualidad que en la segunda vuelta libre obtuviera una votación muy alta en esta parte del país y en cambio perdiera en todos los departamentos occidentales.

Además de regionalista, el cruceñismo es liberal (Santa Cruz tiene un modelo económico abierto y basado en la propiedad privada y la explotación de recursos naturales renovables, el denominado «modelo cruceño») y conservador (católico/religioso, tradicional y jerárquico). Se ha constituido en uno de los elementos fundamentales del pensamiento boliviano de derecha en todos sus matices. Con su alianza con Camacho, Doria Medina también trató de apelar a él, aunque con menos suerte que Quiroga porque, dada su condición «escéptica» (en el sentido ya explicado), resultaba muy «zurdo» para los estándares de la región.

Al mismo tiempo, Doria Medina no logró convencer al anterior electorado del mas de que podría representarlo y conducirlo en el virtual giro a la derecha que estaba experimentando el país. Doria Medina era el «mal menor» para los sectores populares, pero su alianza con Camacho, su antigua cercanía a Áñez, su campaña de corte tecnocrático, así como su clase y fenotipo, impidieron que se convirtiera en la «tercera opción» que la gente estaba buscando. Pese a la originalidad de su pensamiento dentro de la derecha boliviana, quedó atado a la versión (contra)revolucionaria de esta, sin ser tampoco su adalid, lo que puso en ventaja a «Tuto» Quiroga dentro del electorado más radical.

Y en eso apareció el binomio Paz-Lara

Según todas las encuestas, el gran tema de las elecciones era la crisis económica y por eso inicialmente, del lote de candidatos, destacaron los dos con mayores antecedentes en este campo: el economista Doria Medina –quien fue en el pasado ministro de Planificación– y «Tuto» Quiroga, ex-ministro de Finanzas. Pero había otro clivaje que resultó poco visible en las encuestas encargadas por los medios de comunicación. 

Pese a todo su sufrimiento económico, el «bloque popular» del país quería a alguien que lo representara. Esto era algo que no podían hacer Doria Medina ni Quiroga, por lo mencionado, ni tampoco ya Evo Morales, que no había podido inscribirse en el acto electoral por el bloqueo de Arce, ni los candidatos izquierdistas Andrónico Rodríguez y Eduardo del Castillo, a causa del agotamiento y fracaso del mas. 

Por eso hubo, durante mucho tiempo, una gran cantidad de indecisos: 30% del electorado estaba buscando una «tercera opción». Finalmente la encontró en las semanas previas a la primera vuelta del 17 de agosto de 2025 en la dupla Rodrigo Paz-Edman Lara, sobre todo debido al arrastre del último aunque solo era candidato a la Vicepresidencia. Una vez más, el voto identitario definió las elecciones, pero en condiciones totalmente diferentes.

Pese a todo su sufrimiento económico, el «bloque popular» del país quería a alguien que lo representara

Paz, que había conseguido la sigla del Partido Demócrata Cristiano (pdc) –un partido sin base militante real–, fue hasta ahora una figura de segunda línea de la oposición de centroderecha. Se lanzó a la Presidencia con un conjunto de ideas ambiguas, presentándose como alguien que había viajado mucho por todo el país –inclusive por los lugares más recónditos– para contactar con la gente común. Su programa promovía una mayor descentralización del Estado, lo que coincidía con su condición de ex-alcalde y senador por Tarija, una región periférica, y también habló de «capitalismo para todos» a fin de recoger el impulso de los jóvenes en contra del «socialismo» que habían vivido a lo largo de su vida y que había terminado por hartarlos. Al mismo tiempo, evitó estrellarse contra la nacionalización de las principales empresas estatales y dijo que continuaría con el Estado plurinacional, lo que lo alineó en la política del escepticismo.

Todo esto no le habría bastado para superar a Doria Medina, que sostenía posiciones similares (aunque Paz era más prudente al momento de anticipar el ajuste económico que realizaría en caso de ser elegido). Lo que verdaderamente le dio la ventaja decisiva fue mostrarse como una alternativa de renovación generacional, sin dejarse llevar por el mito de la «unidad opositora» y, sobre todo, fichar como acompañante a un popular tiktokero, ex-policía, vendedor de ropa usada y flamante abogado: Edman Lara.

El núcleo de la identidad «chola» es justamente el agravio, la necesidad de un reconocimiento que siempre ha sido negado

Lara permitió que esta fórmula encarnara, a la vez, el papel del outsider y la representación de lo «cholo». Expulsado públicamente de la Policía por haber denunciado corrupción en la fuerza, el «capitán Lara», como todos lo conocen, aprendió desde entonces a rentabilizar políticamente el agravio que le había hecho la institución policial (en Bolivia, la corrupción policial, a pequeña y gran escala, es masiva y motivo de malestar social). El núcleo de la identidad «chola» es justamente el agravio, la necesidad de un reconocimiento que siempre ha sido negado. Este bloqueo en el reconocimiento ha producido masivas perturbaciones psíquicas y políticas a lo largo de la historia de Bolivia, con el «cholo alzado» por un lado y con los «señores» que lo desprecian –y le temen–, por el otro. Por ello, la protoburguesía chola que se ha expandido en las últimas décadas carece de legitimidad social. Simbolizando estos agravios, Lara logró la confianza del electorado popular que estaba vacante por la desaparición en la práctica del mas.

El clivaje identitario se profundizó en el momento de la segunda vuelta contra Quiroga. La clase media tradicional sintió pánico de estatus por la posible llegada al poder de un personaje que despreciaban con racismo y clasismo por su condición social y su discurso popular/populista, aunque no de izquierda: su proyecto podía sintetizarse en «Dios y capitalismo para todos», junto con ambiguas referencias al salvadoreño Nayib Bukele7. Con ello, para esta clase se repetía la historia del mas, pues aunque Lara no se reivindicaba indígena, estaba catalogado como «cholo». Este brote de elitismo (que golpeó a Doria Medina por decidir votar por Paz-Lara en contra de la mayor parte del electorado que había votado por él) escondía el miedo de clase a perder la oportunidad que se había presentado de volver a acceder a los espacios del poder, con sus añoradas gratificaciones, tras dos décadas de «exilio interior». Paradójicamente, ese rechazo solo sirvió para cohesionar al mundo popular, que finalmente le dio la victoria a Lara y, de paso, a Paz. Pero todo indica que este desprecio al vicepresidente boliviano no va a desaparecer y pondrá límites a su capacidad para actuar de un modo consensual.

En suma, la elección entre dos formas y momentos de la derecha boliviana reprodujo el movimiento pendular de la historia nacional, determinado desde el siglo xix por el enfrentamiento sin cuartel entre una elite «decente», como se llamaba antes, conformada por los estratos superiores y privilegiados de la sociedad, y una contraelite chola «arribista». Es posible remontarse hasta tan lejos como diciembre de 1848, cuando triunfaba la revolución de Manuel Isidoro Belzu, para verlo8.

Estas son las «dos Bolivias» que algunos académicos niegan, pero que reaparecen siempre. Su enfrentamiento también informó el clivaje más universal entre izquierda y derecha durante el periodo del mas. Funciona como un significante flotante en el que se representan y articulan los diferentes antagonismos sociales a lo largo del tiempo.

Tal es el resultado perverso de la condición poscolonial y del racismo estructural de la sociedad boliviana. Los ataques elitistas contra Lara no tocaron a Rodrigo Paz, miembro de una de las familias notables de la elite política boliviana9. Como mínimo, se dijo que sería engañado y boicoteado por su vicepresidente.

Muchas veces los «cholos» han ganado las contiendas políticas, pero rara vez han gobernado efectivamente. Generalmente, han sido usados como mayorías electorales, como apoyo de proyectos progresistas o no, y luego han sido desechados y decepcionados por sus sucesivos caudillos, varios de ellos «caballeros». El gobierno del mas fue, en varios sentidos, una excepción, que articuló a dirigentes indígenas-campesinos, sectores populares urbanos y miembros de la «elite» blanca en un gobierno comandado por un indígena.

¿Volverá a ocurrir que, a diferencia de lo que sucedió con el mas, que en esto fue realmente excepcional, se haya usado el «bloque popular» para que lleguen al poder los «caballeros»?

Tras la victoria de Paz, el conjunto de la derecha boliviana, inclusive Quiroga, que mostró una agilidad enorme para adecuarse a las nuevas condiciones políticas luego de la derrota de su candidatura, se ha alineado con el nuevo presidente (y solo con él). Este alineamiento es tanto oportunista como programático. Paz prometió un ajuste económico progresivo y evadió las definiciones más dolorosas, como la relativa al retorno de la Administración de Control de Drogas (dea, por sus siglas en inglés) a la represión interna del narcotráfico. Pero comenzó su gestión invitando a la dea y con movimientos pendulares parecidos a los de Áñez, como muestra su gabinete con presencia directa de las organizaciones agroindustriales de Santa Cruz. En el plano geopolítico, sus primeros pasos fueron el acercamiento a eeuu y la recomposición de las relaciones con Israel.

Al mismo tiempo, Lara ha quedado cultural y comunicacionalmente aislado, sin otro respaldo visible que algunos piropos de Evo Morales y sin lugar en la foto de familia del nuevo poder.

Fernando Molina: es periodista y escritor. Es autor, entre otros libros, de El pensamiento boliviano sobre los recursos naturales (Pulso, La Paz, 2009), Historia contemporánea de Bolivia (Gente de Blanco, Santa Cruz de la Sierra, 2016) y El racismo en Bolivia (Libros Nómadas, La Paz, 2022). Es colaborador del diario español El País.

Palabras claves: bloque popular, derecha, elites, Evo Morales, Rodrigo Paz, Bolivia.

1. Con la excepción del gobierno de la ciudad aymara de El Alto (2015-2021), liderado por la alcaldesa Soledad Chapetón, del partido Unidad Nacional (un).

2. F. Molina: «La oposición boliviana entre la ‘política de la fe’ y la ‘política del escepticismo’» en Nueva Sociedad No 254, 11-12/2014, disponible en <nuso.org>.

3. S. Doria Medina: «¿Necesita Bolivia privatizar todas las empresas públicas? Te respondo esa pregunta en 30 segundos» en Facebook, 4/10/2025, disponible en <www.facebook.com/samuel

doriamedina.bo/videos/necesita-bolivia-privatizar-todas-las-empresas-p%c3%bablicas-te-respondo-esa-pregunta/637663192758264/>.

4. F. Molina: La crisis del mas. De la pérdida de las clases medias al inicio de la crisis económica (2018-2023), Libros Nómadas, La Paz, 2023.

5. «Rodrigo Paz critica al bloque de unidad de la oposición porque ‘no generan un proyecto victorioso’» en Unitel Digital, 3/4/2025.

6. Pese a no expresar una cultura política socialdemócrata, en 2023 Doria Medina fue elegido vicepresidente de la Internacional Socialista (is) para América Latina y el Caribe.

7. «‘La garantía soy yo’: Edmand Lara construye su personaje inspirado en Bukele» en Urgente.bo, 24/8/2025.

8. Andrey Schelchkov: La utopía social conservadora en Bolivia. El gobierno de Manuel Isidoro Belzu (1848-1855), Plural Editores, La Paz, 2011.

9. Además de hijo de Paz Zamora, Rodrigo Paz es sobrino nieto de Víctor Paz Estenssoro, líder de la Revolución Nacional de 1952 y ex-presidente de Bolivia en los años 50 y 80.

El vaso medio lleno: la nueva gestión de la izquierda uruguaya

Agustín Canzani

La vuelta del Frente Amplio al gobierno se produce bajo nuevas circunstancias, marcadas por el fin de los liderazgos históricos de la izquierda uruguaya. En este contexto de renovación, el país se enfrenta a nuevos desafíos: económicos, sociales y de seguridad. Aunque sus instituciones pueden ser la envidia de otros países de la región, cuestiones como el incremento del crimen organizado vienen encendiendo las alarmas.

La vuelta de la izquierda al gobierno en Uruguay generó expectativas tanto en el plano nacional como en el regional. Luego de un inicio con algunas turbulencias, el presidente Yamandú Orsi parece ir consolidando un rumbo que por ahora recoge aceptables niveles de aprobación. Todo se escenifica en uno de los contextos democráticos más estructurados del continente, donde los partidos siguen exhibiendo un peso relevante y articulan la dinámica política cotidiana. La democracia uruguaya sigue exhibiendo características bastante singulares en el escenario regional, pero todo indica que un conjunto de desafíos de mediano plazo necesita ser atendido para cuidar su salud.

Nuevo gobierno, continuidades y cambios

Uruguay vivió un ciclo electoral de casi un año que finalizó a mediados de 2025. En junio de 2024 se realizaron las primarias (voluntarias para los electores, pero obligatorias para los partidos) y se definieron las candidaturas presidenciales. En octubre del mismo año se desarrolló la primera vuelta de las presidenciales, que definieron además la composición del Parlamento. En noviembre se realizó el balotaje y en mayo de este año se eligieron los gobiernos subnacionales. La izquierda representada por el Frente Amplio (fa) volvió al poder de la mano de Yamandú Orsi, un profesor de Historia con una década de experiencia al frente del segundo departamento del país, que primero ganó la puja interna de su partido con más de 60% de los votos y luego logró 52% en la segunda vuelta. Sucedió así como líder del fa a los históricos Tabaré Vázquez y José «Pepe» Mujica, ambos ya fallecidos. La izquierda obtuvo también una nutrida bancada parlamentaria de 17 senadores sobre 31 y 48 diputados sobre 99, mientras que en el nivel subnacional se hizo con cuatro de los 19 gobiernos locales (tenía tres) que, considerando que incluyen la superpoblada área metropolitana de Montevideo, abarcan a casi dos terceras partes del electorado uruguayo.

El fa volvía al gobierno después de cinco años en la oposición, confirmado como el mayor partido del país

El fa volvía al gobierno después de cinco años en la oposición, confirmado como el mayor partido del país y eje de uno de los dos grandes bloques que articulan la política local de los últimos 30 años1. Por lo pronto, en lo que va del siglo xxi es también el partido predominante, ya que sumará cuatro de los seis gobiernos electos en este periodo, en el que Uruguay experimentó cambios institucionales que supusieron la separación de las elecciones nacionales de las subnacionales y la introducción de la segunda vuelta. Adicionalmente, la izquierda también renueva el gobierno de Montevideo, que reúne a más de 40% de la población y donde al fin de este ciclo cumplirá 40 años ininterrumpidos de gestión, y parece acercarse a la hegemonía en el segundo departamento del país, Canelones, que reúne a más de la sexta parte de la población y donde completará dos décadas y media en el gobierno.

Orsi asumió la Presidencia el 1o de marzo y encabeza un gobierno peculiar, que puede considerarse fuerte en el contexto latinoamericano pero es relativamente más débil que los anteriores gobiernos de izquierda en el país.

Su fortaleza comparativa proviene del nivel de votación obtenido, del respaldo partidario que tiene detrás y de las características del sistema político uruguayo. El 44% que obtuvo en la primera vuelta es un buen registro a escala continental –donde vemos una fuerte fragmentación del voto– y supuso una diferencia importante con su principal oponente de centroderecha (15 puntos porcentuales). Su candidatura antes y hoy su presidencia están apoyadas en el fa, que suele combinar un buen nivel de organización con principios programáticos razonablemente claros y compartidos, capacidad de movilización, incidencia en la agenda pública y disciplinamiento de su bancada parlamentaria, pese a que está compuesto por más de 15 grupos políticos. También influye que el sistema político uruguayo siga funcionando con reglas y hábitos internos que suponen una cultura política transaccional que genera espacios frecuentes de negociación, donde a la larga casi siempre es posible construir mayorías parlamentarias que abonan el camino de la gobernabilidad.

Sin embargo, una mirada más detenida permite afirmar que el actual gobierno es más débil que sus antecesores de izquierda que administraron el país entre 2005 y 2020. Eso se explica porque, a diferencia de aquellos, no tiene el control parlamentario (le faltan dos votos en la Cámara de Diputados para tener mayoría absoluta); porque tiene menos gobiernos subnacionales de los que dominaba en otros periodos (donde fueron entre cinco y ocho); porque los estudios electorales muestran que sus votantes son menos fieles ahora que hace una década; porque debido a la desaparición de los liderazgos históricos mencionados de aquella etapa (Vázquez y Mujica, y el arquitecto de la política económica de la izquierda, Danilo Astori), está representado por figuras políticas menos conocidas y con liderazgos aún en construcción; y porque tiene enfrente un renovado bloque de centroderecha que, aunque perdió las elecciones, se mantiene como una opción real de poder y cuenta con un liderazgo reconocido y consolidado en el ex-presidente Luis Lacalle Pou.

El gabinete nombrado por Orsi es una combinación de cuadros políticos y técnicos y, como es habitual en la izquierda, guarda también ciertos equilibrios en la representación de los diferentes sectores del fa. No hay repeticiones respecto a gobiernos anteriores, aunque sí personas que ocuparon cargos en segundas y terceras líneas que ahora estarán a la cabeza de varios ministerios. El perfil técnico prevalece en los directorios de las empresas públicas (telecomunicaciones, energía eléctrica, refinación de petróleo y agua, y saneamiento), actores claves de la economía y en los que, siguiendo una larga tradición, participan también representantes de los partidos de la oposición.

En las dos áreas que concentran las mayores demandas, economía y seguridad pública, se ubican personas sin experiencia de gobierno y con perfiles bien diferentes. Economía quedó en manos de Gabriel Oddone, una apuesta de Orsi anunciada antes de las elecciones y que generó resistencias en el fa. Se trata de un respetado técnico con amplia experiencia y excelentes vínculos con el sector privado, que más allá de los matices se presenta como un continuador de la política económica de Astori. El Ministerio del Interior –a cargo de la seguridad– está encabezado por Carlos Negro, un ex-fiscal de homicidios que se rodeó de un equipo técnico que incluye a personas que participaron en el gobierno anterior y constituye la mayor sorpresa del gabinete. Otras figuras cumplen claramente un rol más político, como es el caso del ministro de Trabajo y secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo. La Secretaría de la Presidencia, un cargo con funciones de coordinación interna y negociación externa, la ocupa Alejandro «Pacha» Sánchez, un legislador de poco más de 40 años con importante trayectoria legislativa y figura clave en el Movimiento de Participación Popular (mpp), el grupo fundado por Mujica y que es hoy el que tiene mayor cantidad de bancas en el fa. La incorporación en muchos ministerios de personas que habían sido electas como parlamentarios obligó a importantes recambios en el Parlamento. Tanto en el Senado como en Diputados la izquierda tiene hoy una bancada bastante más joven y menos experimentada que los gobiernos del fa.

En este escenario, también importa analizar las características de Orsi. A diferencia de los otros dos presidentes de izquierda, su figura tiene rasgos particulares y, hasta cierto punto, aún está por construirse. Vázquez llegó a la Presidencia después de haber sido intendente (alcalde) de Montevideo, luego de presidir el fa y de haber sido tres veces su candidato presidencial (además de dirigente deportivo como presidente del Club Atlético Progreso). Era por lejos el político más popular del país y el jefe indiscutido del fa. Más carismático, Mujica hizo un camino diferente, pero logró sumar a su innegable capacidad política una gran popularidad y una corriente afectiva con amplios sectores de la población. Su sector, el mpp, se transformó bajo su dirección en el más votado del fa, mientras que atrajo una enorme simpatía internacional. Aunque en la izquierda uruguaya esos liderazgos siempre tuvieron límites importantes definidos por la propia fuerza política, ambos presidentes disponían de un gran capital político propio que no dudaron en poner en juego en coyunturas claves.

Orsi recorrió un camino diferente. Creció prohijado por Mujica y basó su victoria interna primero y su triunfo nacional después en virtudes diferentes: una buena evaluación de su gestión en unos de los bastiones de la izquierda; un perfil de político abierto, con buenos vínculos con el resto del sistema político y con bajos niveles de rechazo; una imagen de político sencillo y honesto y un buen potencial electoral. Pero, al menos hasta el momento, carece del fuerte liderazgo que pudieron ostentar sus antecesores, y ello se manifiesta tanto respecto del fa como incluso del mpp, su propio partido.

Un inicio condicionado

El estreno del nuevo gobierno se vio empañado por una herencia inesperada: unas cuentas públicas muchos menos controladas de lo que se ufanaba el anterior gobierno. El déficit fiscal, que había sido señalado por el gobierno de Lacalle Pou como uno de los principales defectos de las administraciones de izquierda, terminó siendo una herencia negativa del gobierno de centroderecha. De la última estimación recibida en la campaña electoral (2,8%) se pasó a una cifra bastante más comprometedora: 4,3%. A eso hubo que agregar casi medio punto adicional de gastos comprometidos que no aparecían en la contabilidad, y sumar la incidencia de una deuda pública que creció casi diez puntos del pib durante el mandato de Lacalle Pou. Como Uruguay se financia básicamente a través de bonos soberanos con tasas relativamente bajas, debido a su calificación de grado inversor, esos niveles de déficit obligaban a adoptar una política cautelosa que limitaba las expectativas expansivas del gasto público.

Sobre la mesa también estaba un polémico proyecto para la construcción de un nuevo sistema de aprovisionamiento de agua potable para el área metropolitana, el Proyecto Neptuno, que comprometía las finanzas de la empresa pública de agua y saneamiento. Esta iniciativa de un consorcio privado adoptada por el Estado había movilizado en su contra a la mayor parte de la academia, los movimientos ambientales, los productores de la zona y buena parte de la población2. En una decisión poco frecuente para los parámetros uruguayos, el gobierno de Lacalle Pou firmó el contrato apenas un mes antes del fin de su mandato y a sabiendas de que el fa era un claro opositor a esa solución.

Durante esa etapa inicial también se hicieron visibles problemas de coordinación, y el gobierno cometió algunos errores que empañaron los primeros meses de gestión. En el caso más sonado, a poco más de un mes de asumir, la ministra de Vivienda debió renunciar a su cargo tras una investigación periodística que reveló que no estaba al día con las formalidades de construcción de su casa y el pago de los tributos correspondientes. Algo similar ocurrió con otros dos funcionarios de gobierno que también tuvieron que ser removidos. Si bien ninguna de las situaciones suponía corrupción ni irregularidades que fueran más allá de aquellas en las que puede incurrir cualquier ciudadano común, los hechos limitaron la capacidad de iniciativa del gobierno, lo pusieron a la defensiva en la discusión pública y llevaron a que la oposición se posicionara con un discurso fuerte, que descalificaba las capacidades del gobierno y le permitía reivindicar su anterior gestión.

La población sin vivienda, especialmente notoria en la capital y las principales ciudades, se incrementó de forma más aguda en los últimos años

También representó un desafío la gestión de la población en situación de calle cuando el país afrontó uno de los inviernos más duros de los últimos años. La población sin vivienda, especialmente notoria en la capital y las principales ciudades, se incrementó de forma más aguda en los últimos años, una situación debida tanto a las dificultades persistentes del mercado de empleo como al alza del consumo de sustancias psicoactivas y, muy especialmente, al desarrollo de una política penal punitivista que genera regularmente una población con dificultades de integración social3. La preocupación se incrementó a partir de una sucesión de muertes que conmovieron a la opinión pública.

Finalmente, el gobierno también tuvo que hacerse cargo de una reforma del organismo previsional que financia las pensiones de los profesionales universitarios, que se encontraba en una situación límite, con riesgo de no poder garantizar el pago de las prestaciones. Su propuesta original no fue apoyada en el Parlamento y debió aceptar una reformulación que, aunque de forma limitada, compromete más recursos públicos en el futuro.

En ese contexto, algunas medidas importantes, como el bono de equipamiento escolar para las familias más carenciadas, las reducciones tributarias para el comercio en las zonas fronterizas con Brasil afectadas por problemas de competitividad, o la mejora en la provisión de medicamentos en el sistema de salud pública, pasaron relativamente inadvertidas o tuvieron menos impacto público de lo esperado. Eso provocó, incluso entre una parte de los votantes de la izquierda, un inconformismo larvado respecto a un gobierno al que no veían «haciendo cosas».

Decisiones políticas y presupuestarias: retomar la iniciativa

El panorama fue cambiando paulatinamente. En esa variación sin duda influyó la propia dinámica del ciclo político, pero también la creciente capacidad de ordenar el equipo y el frente parlamentario, y la toma de algunas decisiones que suponían comenzar a cumplir compromisos electorales.

En julio de 2025 se anunció que se había llegado a un acuerdo con el consorcio que iba a desarrollar la obra del Proyecto Neptuno. Se abandonaba la idea original y se sustituía por la construcción de una nueva represa que tenía una finalidad similar, pero no representaba una solución rechazada por la academia y los movimientos ambientales. La alternativa retomaba una iniciativa del gobierno de Mujica que Lacalle Pou había descartado. Las empresas a las que había sido adjudicada la obra aceptaron sin problemas la reconversión.

En el mismo mes, se selló un acuerdo político sobre la distribución de fondos con los gobiernos departamentales. Los intendentes (en su gran mayoría de la oposición) se habían mostrado en desacuerdo con la propuesta de asignaciones que recibirían del gobierno. Orsi, que fue uno de ellos durante diez años, se involucró directamente en el tema y explotó sus buenas relaciones y su perfil negociador para lograr una solución consensuada. La importancia política no se limita a ese entendimiento económico, sino que va algo más allá, porque buena parte de quienes ocupan esos cargos son liderazgos locales con fuerte incidencia en los representantes que esos territorios tienen en el Parlamento. El gobierno también aceleró en la creación de un dispositivo para atender a las personas en situación de calle. Coordinado directamente desde Presidencia y difundido ampliamente por los medios, el sistema permitió pasar a una política sumamente activa que tuvo impacto público y logró reducir las muertes en esa población.

Por las mismas fechas se lanzó el Diálogo Social, una iniciativa para rediscutir el sistema de protección social. El gobierno de Lacalle Pou llevó adelante una controvertida reforma del sistema de jubilaciones y pensiones que aumentaba la edad de retiro y disminuía el monto de las prestaciones. Sectores de la izquierda y el movimiento sindical respondieron con una propuesta de reforma también polémica, que pretendía fijar en la Constitución la edad de retiro en 60 años, igualar la jubilación básica al salario mínimo y eliminar las administradoras privadas de fondos de pensión. Sin acuerdo dentro del fa, la reforma no fue aprobada, aun cuando la mayoría del electorado de izquierda votó a favor. En un intento de conciliación, Orsi se había comprometido a facilitar un diálogo social, y su estrategia fue plantear esa conversación con un alcance más amplio que el sistema jubilatorio, incluyendo temas como infancia, cuidados y cobertura de otros riesgos. La convocatoria fue muy amplia, pero a último momento la mayoría de los partidos de la oposición declinaron participar porque consideraron que se les daba poco espacio respecto a las organizaciones sociales y temían que fuera a reabrirse el tema de la reforma, que consideraban laudado.

Durante estos meses, también ha resultado exitoso el manejo de la inflación, uno de los logros más significativos heredados del gobierno de Lacalle Pou. En agosto, esta cerró por debajo de 5% interanual, el menor nivel en muchos años, y las expectativas no indican cambios relevantes para 2026, lo que sugiere que la mayoría de los agentes económicos no espera inestabilidades en la economía uruguaya.

Durante estos meses, también ha resultado exitoso el manejo de la inflación, uno de los logros más significativos heredados del gobierno de Lacalle Pou

En términos de ciclo político, el cambio fundamental fue la presentación del proyecto de presupuesto nacional. A diferencia de otros países, Uruguay vota en el primer año de gestión un presupuesto quinquenal que es considerado el corpus legislativo más importante del periodo. Se definen allí los ingresos y gastos que el Estado compromete para los próximos cinco años. Aunque a medida que avanza el gobierno suelen realizarse cambios anuales en las llamadas «rendiciones de cuentas», las variantes suelen ser pocas y de alcance limitado.

Dada la situación fiscal, la propuesta original supuso tomar como base la ejecución de gastos de 2024 y definir un incremento moderado. Se estima un crecimiento anual del orden de 2,5% para el periodo, un guarismo que el gobierno considera alcanzable y la oposición cree es demasiado optimista. A ello se suma la proyección de aumento en la recaudación impositiva: se espera lograr un incremento de los ingresos gracias a la redefinición de los mecanismos de estímulos a la inversión y, fundamentalmente, a la inclusión de dos nuevos tributos: el impuesto mínimo global, que las multinacionales de mayor porte pasarán a tributar en el país a cambio de un certificado para descontar en su país de origen, y el llamado «impuesto Temu», que grava con iva las compras en el exterior, un fenómeno que creció exponencialmente en los últimos dos años. El objetivo es reducir el déficit fiscal a 2,9% del pib al final del mandato.

El gobierno de Orsi definió tres prioridades fundamentales de su gestión: acelerar el crecimiento económico, fortalecer la matriz de protección social para combatir la pobreza y la desigualdad, y mejorar la seguridad para fortalecer la convivencia ciudadana. Para ello, se han aumentado los recursos para estas tres áreas. En el área social, se refuerza el Bono Crianza para las familias de menores recursos, se instala la Canasta Higiénica Menstrual y se refuerzan los programas de atención a población en situación de calle, la cobertura en primera infancia y los clubes de niños y centros juveniles. En educación, se implementa un bono escolar para las familias con niños en educación inicial y primaria pública, se quintuplica el número de becas en educación media y se aumenta su valor, se incrementa la extensión del tiempo pedagógico en educación primaria y media (que incluye alimentación para los estudiantes) y se mejora el financiamiento de la educación terciaria pública orientado a docencia, becas, hospital universitario y expansión en el interior del país. En seguridad, los recursos están orientados a aumentar los cargos, el desarrollo de medidas alternativas, la videovigilancia y el refuerzo del financiamiento del Poder Judicial y la Fiscalía. En salud, el dinero va hacia la atención de la infancia, el fortalecimiento del primer nivel de atención y la salud mental.

La mayor parte de la oposición se concentró en cuestionar las proyecciones económicas que le dan sustento al proyecto y en criticar la «voracidad fiscal» del gobierno, con la idea de que los nuevos incrementos tributarios podrían ahuyentar la inversión. Esos comentarios, asociados a la falta de mayoría propia del gobierno en la Cámara de Diputados, hacían pensar en un trámite más complejo de la propuesta. Pero a poco que comenzó a rodar la discusión, los juicios se fueron moderando, se abrieron espacios de negociación (los legisladores no pueden aumentar el gasto, pero sí proponer reasignación de partidas entre diferentes rubros) y quedó claro que el presupuesto iba a ser aprobado, cosa que finalmente ocurrió. El proyecto en general fue votado por una gran mayoría de los legisladores y los artículos más polémicos que referían a los temas tributarios pudieron ser aprobados gracias a los votos de los dos diputados de Cabildo Abierto, un partido de derecha que intenta diferenciarse dentro del bloque opositor. La prenda de cambio fue un incremento salarial para los cargos más bajos de las Fuerzas Armadas y un refuerzo de rubros para la sanidad militar.

El proyecto pasa ahora al Senado, donde se prevé un tránsito fluido, ya que el fa disfruta allí de una clara mayoría. Con el cierre de esta etapa, se abre otra en la que el gobierno gozará de más autonomía, especialmente a partir de marzo, cuando los recursos previstos en el nuevo presupuesto comiencen a ser ejecutados.

La imagen del gobierno y la arena partidaria

Orsi cierra este primer ciclo de su gobierno con un balance positivo, menos contundente que el de los otros presidentes de izquierda que lo antecedieron pero, como ya fue dicho, en el marco de un contexto que se presentaba menos favorable. Su aprobación está en niveles similares a la votación que obtuvo en primera vuelta y la desaprobación se sitúa entre 10 y 15 puntos por debajo. Su imagen personal supera bastante esos guarismos, lo que también habla de un capital político importante alimentado por su perfil público: no se trata de un líder político con especial capacidad de crear agenda, pero sí de alguien percibido como abierto, negociador y pragmático, lo que reduce el nivel de conflicto político. El presidente refuerza cotidianamente esa imagen en sus diálogos con la prensa y cuando no muestra problemas al momento de reunirse cara a cara con líderes políticos, sindicales o sociales de muy variada orientación.

Aun en periodos no electorales el fa sigue siendo una agrupación relativamente activa, organizada y movilizada

Como siempre en Uruguay, la imagen del gobierno no es independiente de lo que ocurre dentro de los partidos, en este caso del fa, que aun en periodos no electorales sigue siendo una agrupación relativamente activa, organizada y movilizada. Una parte de ese mérito corresponde también a sus actuales autoridades, especialmente preocupadas por evitar que, como ocurrió en años anteriores, el gobierno se fagocite al partido. A manera de ejemplo, en el periodo de discusión presupuestal, la fuerza política organizó reuniones en todo el país para explicar a su militancia la propuesta, con participación de dirigentes y legisladores. Por otra parte, su vínculo privilegiado con algunos actores organizados, como el movimiento sindical, sirve también como canal adicional de comunicación e intermediación de demandas.

Hay críticas al gobierno dentro del fa, aunque estas se concentran en dos cuestiones específicas: el conflicto en Gaza y la política económica. En el primer caso, buena parte de las bases frenteamplistas exigían una condena más explícita de Israel, que incluyera la calificación de genocidio. En el segundo, algunos militantes reclamaban mayor tributación de los más ricos. Estas posturas muestran disconformidad, pero no sugieren que puedan estar en la base de un divorcio explícito. Por un lado, porque los estudios muestran que entre los votantes del fa la relación entre quienes aprueban la gestión de Orsi y quienes la desaprueban es de siete a uno. Si la gestión de estas tensiones es medianamente exitosa, es razonable pensar entonces que el fa pueda alinear paulatinamente a la mayor parte de sus militantes y votantes en la defensa del gobierno. De igual manera, que pueda servir como amortiguador de las tensiones que puedan generarse con algunos de sus aliados históricos por diferentes actos de gobierno.

En la oposición, certezas e incertidumbres

Las certezas de la centroderecha parecen venir por el liderazgo. El saliente mandatario Lacalle Pou, del Partido Nacional, se retiró del gobierno con altos niveles de aprobación y ahora «mira desde afuera», con escasas intervenciones en la vida pública. Tampoco ha querido participar en la interna de su partido, algo agitada en los momentos de evaluación de las responsabilidades en la derrota electoral. Ubicado claramente como el desafiante evidente de la izquierda en la próxima elección, Lacalle Pou ha adoptado la táctica de ausentarse de la agenda pública. En el Partido Colorado la interna es menos clara entre dos sectores que pujan por la conducción.

Las incertidumbres parecen referir a cuestiones tácticas y estratégicas. Los dos grandes partidos históricos que lideraron la anterior coalición de gobierno, que funcionó de forma bastante cohesionada durante la gestión de Lacalle Pou –Nacional y Colorado–, se preguntan ahora cómo consolidar esa experiencia. La discusión de fondo es si construir o no un «macropartido» que represente al bloque opositor. Ya lo experimentaron bajo la Coalición Republicana, una fuerza instrumental que usaron en mayo para competir con el fa en tres departamentos, con éxito dispar. Algunos consideran que eso ampliaría su representación parlamentaria y sus chances de triunfo en una próxima elección. Otros, que amenazaría la propia identidad de partidos más que centenarios. Algunos de los socios minoritarios, como Cabildo Abierto, se niegan de plano a considerar esa postura. Por ahora, avanzan en el intento de establecer una coordinación parlamentaria, lo que no ha evitado que hayan votado separados en algunos artículos del presupuesto y en ciertas leyes propuestas por el gobierno.

Normalidad democrática con retos para el futuro cercano

Un humorista uruguayo dijo burlonamente una vez que Uruguay es un país políticamente aburrido al que no es necesario cambiar, porque la gente se entretiene con el espectáculo político argentino, que está cerca y es gratis.

Desde fuera, la visión que predomina sobre la democracia uruguaya es claramente positiva. En muchos casos, casi idealizadora. Argumentos no faltan. Las instituciones republicanas funcionan razonablemente bien. Los partidos políticos, aun con desgaste, articulan e intermedian intereses y demandas de buena parte de la sociedad y tienen corpus ideológicos bastante coherentes. La economía es relativamente estable, con una combinación de Estado-mercado que no es radicalmente cuestionada ni por los principales actores políticos y económicos ni por la mayoría de la población. El país mantiene lo más cercano a un Estado de bienestar en el continente, con niveles de cobertura que en muchos casos alcanzan la universalidad, más allá de los problemas de calidad. Los extremismos vinculados a las nuevas derechas que surgieron en las pasadas elecciones perdieron pie, y aunque la polarización se expandió en las redes sociales4, por el momento esto no parece amenazar seriamente el clima de convivencia política.

Desde fuera, la visión que predomina sobre la democracia uruguaya es claramente positiva. En muchos casos, casi idealizadora

Los anteriores gobiernos de izquierda (especialmente los dos primeros) aprovecharon la bonanza del boom de los commodities para lograr avances notorios que compensaron buena parte de la deuda social que había dejado la crisis económica de 2002. Revitalizaron algunas prestaciones clásicas del bienestar (como la salud); mejoraron la distribución social del ingreso con herramientas tributarias y mejoras en el monto y la orientación del gasto público, e incrementaron la formalidad en el mercado laboral, a la vez que consagraban una legislación laboral protectora que alcanzó a sectores antes olvidados, como el trabajo doméstico y rural. También avanzaron en una inédita agenda de derechos que incluyó el matrimonio igualitario y la despenalización del aborto y del consumo de cannabis, que hoy se vende bajo registro en las farmacias. Ahora, parte de ese impulso parece retomarse. En el momento en que se escriben estas líneas, Uruguay acaba de convertirse en el primer país americano en legalizar la eutanasia por la vía legislativa (Colombia y Canadá lo han hecho por decisiones de sus cortes constitucionales). El proyecto de ley de «muerte digna» recogió niveles de apoyo superiores a 60% en ambas cámaras, lo que incluyó a toda la izquierda y a partes no despreciables de los partidos tradicionales.

Sin embargo, hay quien ha advertido que el país puede pasar de ser un modelo a ser un museo5. Lo cierto es que nunca todo es perfecto ni todo es para siempre.

El contexto regional y mundial, algunos cambios generados por las propias transformaciones recientes y ciertas asignaturas pendientes que el país acumula desde hace tiempo configuran retos de mediano plazo que el sistema político debería enfrentar. Aunque la lista es larga, vale la pena anotar aquí cinco desafíos que hoy parecen relevantes.

El primero es el crecimiento económico sostenido. Hace prácticamente una década que el pib aumenta a un promedio apenas superior a 1%. Algunos factores externos explican una parte de este magro desempeño, pero es indudable que el país también experimenta un déficit de inversión y baja productividad de factores que hace difícil crecer al 2,5% de forma regular, el guarismo que los expertos consideran necesario para mantener el sistema de bienestar criollo. Como el superciclo de los commodities no se repetirá ni tampoco se espera un aluvión de inversión externa, es necesario pensar en políticas de desarrollo que permitan un crecimiento menos dependiente de los vaivenes de los precios internacionales, lo que supone desarrollar entramados productivos más innovadores, con mejor productividad y más resilientes a los cambios externos.

Un segundo aspecto son los desafíos que supone la estructura poblacional. Si bien Uruguay aún disfrutará del bono demográfico (población en edad de trabajar mayor que la población dependiente) por una década más, hace dos años que disminuye la cantidad de habitantes y la caída de la fertilidad y el saldo migratorio previsto supondrán una aceleración de esa tendencia. El sistema de protección social tendrá que contemplar cómo atiende requerimientos tan diversos como el incremento de la demanda de cuidados, la necesidad de lograr dividendos de la longevidad de su población haciendo que las personas de más edad lleguen a edades avanzadas en condiciones de trabajo que puedan considerarse saludables, y el financiamiento del retiro de una forma que sea soportable para las finanzas públicas con un modelo equitativo.

El tercer desafío es la necesidad de atacar frontalmente las desigualdades de género y de generaciones. El país presenta una feminización y una infantilización de la pobreza que están íntimamente ligadas y se presentan en un marco de arreglos familiares cambiantes. No parece posible solucionar estos problemas si no se actúa enérgicamente asegurando niveles básicos de ingreso y prestaciones como servicios sociales y cuidados para esos sectores.

El cuarto desafío tiene que ver con la necesidad de mejorar muchos servicios públicos en términos de eficacia (por ejemplo, educación), eficiencia (por ejemplo, salud) y la equidad en el financiamiento (por ejemplo, seguridad social). Los cambios necesarios suponen aspectos de sintonía fina de las políticas que, en algunos casos, pueden ser potencialmente conflictivos con sectores políticos que hoy son una base importante del electorado de izquierda.

El quinto desafío, finalmente, se relaciona con la capacidad del Estado de confrontar con el fenómeno del crimen organizado. Existe consenso en que Uruguay ha pasado de ser un país de tránsito de drogas a transformarse en un país de acopio para el narcotráfico. Eso repercute en la seguridad pública (el país tiene una elevada tasa de homicidios, 10,5 cada 100.000 habitantes)6 y presenta amenazas relevantes hacia actores esenciales del sistema democrático, como es el caso de la justicia. Pero quizás lo más preocupante es que hay indicios que sugieren que se están generando cambios en los valores de ciertos grupos de la población que identifican las actividades vinculadas al narcotráfico como un modelo aspiracional.

La capacidad de enfrentar estos problemas de mediano plazo desde el propio gobierno, con iniciativas enmarcadas en políticas de Estado, es quizás el principal desafío de eficacia y, a la larga, de legitimidad para la actual normalidad democrática uruguaya. Y también algo que puede determinar si el gobierno de Orsi constituirá un mojón relevante en la trayectoria política de la izquierda en el país.

Agustín Canzani: sociólogo y analista político uruguayo. Es director de la Fundación Líber Seregni.

Palabras claves: democracia, izquierda, reformas, Yamandú Orsi, Uruguay.

1. Verónica Pérez Bentancur, Rafael Piñeiro y Fernando Rosenblatt: Cómo sobrevive la militancia partidaria. El Frente Amplio de Uruguay, Túnel, Montevideo, 2022.

2. En 2024, Uruguay vivió la peor crisis hídrica de los últimos 70 años.

3. Uruguay alcanzó su máximo histórico de personas privadas de libertad al registrar 477 presos cada 100.000 habitantes a mitad de 2025, el número más alto de América del Sur. V. La Diaria: «Nuevo récord histórico de presos en Uruguay: comisionado alerta por hacinamiento y derechos humanos», video en YouTube, 12/9/2025, disponible en <www.youtube.com/watch?v=qcncf41olhw>.

4. Iván Schuliaquer (coord.): «Polarización en el país de los consensos. Política y redes sociales en Uruguay», fes, Montevideo, 5/2023, disponible en <https://library.fes.de/>.

5. Ver Juan Pablo Luna: «Uruguay es un museo, más que un modelo» en Radio Sarandí 690, 10/2/2025, <www.sarandi690.com.uy/2025/02/10/juan-pablo-luna-uruguay-es-un-museo-mas-que-un-

modelo/>.

6. «En 2024 los homicidios estuvieron en una meseta, según informó el Ministerio del Interior» en La Diaria, 15/1/2025.

Nuevas perspectivas frente a la extrema derecha

Las fallas y opciones del progresismo

Hans-Jürgen Burchardt

El crecimiento de las extremas derechas en América Latina deja ver un agotamiento del ciclo progresista, que se asoció en gran medida al auge de los precios de las materias primas. Este nuevo contexto obliga a la izquierda a pensar «antídotos» novedosos ligados a proyectos de transformación estructurales y más creativos.

La victoria electoral de Javier Milei en las elecciones legislativas de finales de octubre de 2025 en Argentina o las recientes elecciones presidenciales en Chile no dejan lugar a dudas de que la popularidad de los movimientos y gobiernos de extrema derecha en América Latina no es un fenómeno pasajero, sino persistente.

Recordemos que, durante las dos primeras décadas del siglo xxi, la región sorprendió al mundo con un giro hacia la izquierda. Impulsado por el aumento de los precios de las materias primas y un robusto crecimiento económico, este ciclo permitió una importante expansión de las políticas laborales y sociales. La pobreza se redujo de manera significativa, millones de personas vivieron un ascenso social y los gobiernos progresistas obtuvieron una amplia legitimidad democrática. Sin embargo, aun en países que fueron emblemas de ese éxito –como Argentina, Brasil o Bolivia– se han impuesto luego proyectos políticos de derecha e incluso de extrema derecha, con tendencias autoritarias y escaso interés por combatir las crecientes desigualdades sociales o por abordar desafíos como la crisis climática. A continuación, se analizan las razones del agotamiento del ciclo progresista y el avance de la extrema derecha a escala global y regional, y se proponen ideas concretas para hacer frente a esta amenaza.

Con el auge de los precios de las materias primas –combustibles fósiles, minería y productos agrícolas– se inició a partir de 2003 un boom económico en América Latina que se extendió por más de una década. Los gobiernos progresistas que llegaron al poder durante ese periodo aprovecharon esta bonanza. Las arcas del Estado se llenaron rápidamente, lo que permitió ampliar la infraestructura pública, reforzar la capacidad institucional del Estado y aplicar políticas sociales expansivas. Se trató de un gran momento para impulsar reformas estructurales y afrontar dos de las principales trabas históricas del desarrollo en la región: por un lado, mediante la reducción de la extrema desigualdad; y por otro, mediante la superación de la dependencia de los recursos naturales a través de estrategias de diversificación productiva y aumentos de productividad que abrieran el camino hacia un desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. Pero, en lugar de reorientarse la economía, se profundizó la apuesta por los sectores extractivos. El crecimiento del cultivo de soja en Argentina o la expansión de la minería en Brasil muestran que incluso economías relativamente industrializadas se afianzaron como exportadoras de materias primas. Se produjo una clara reprimarización de las estructuras económicas. Al mismo tiempo, se transformaron las dinámicas políticas: en lugar de ampliar políticas de negociación y procesos democráticos, se cooptaron grupos de interés y se compraron apoyos y a las oposiciones con las rentas de la materia prima.

En lugar de reorientarse la economía, se profundizó la apuesta por los sectores extractivos

Este ciclo puede interpretarse como de un efecto ascensor, en el que todos los grupos sociales ascendieron a la vez, pero sin que se alterara la estructura interna del modelo de desarrollo. Las elites económicas conservaron sus patrimonios, las clases medias crecieron en tamaño y visibilidad y las clases populares recibieron algunos recursos –aunque muy escasos en términos del pib–. Durante la bonanza, no se emprendieron verdaderas reformas estructurales ni una redistribución profunda. Las mejoras sociales se basaron en buena medida en políticas asistenciales, no en cambios sociales perdurables. El sistema tributario apenas fue modificado y las tímidas reformas fiscales no llegaron a consolidarse1. Durante el auge progresista, las elites económicas aumentaron en muchos casos su riqueza, mientras los mercados laborales y las estructuras productivas siguieron fragmentados y desiguales.

Cuando los precios de las materias primas comenzaron a caer, a partir de 2013, varios gobiernos de izquierda ya habían perdido algunos de sus aliados y parte de su base social. Los viejos conflictos resurgieron con fuerza. Las elites empresariales volvieron a cerrar filas en defensa de sus intereses. A la caída de los ingresos por exportaciones le siguieron inflación, recortes en gastos de infraestructura y servicios públicos, pérdida del poder adquisitivo para las mayorías populares y aumento del desempleo. Los avances sociales comenzaron a desmoronarse; la pobreza volvió a crecer –acelerada luego por la pandemia– y la crisis social derivó en una crisis política. Todo esto preparó el terreno para el avance de la extrema derecha.

El ascenso de la extrema derecha

El aumento de la violencia, la inflación, el cambio climático o la creciente migración no dejan lugar a dudas sobre la crisis que atraviesa la humanidad en estos días. Para América Latina, la situación geopolítica está mutando. La región, sus gobiernos y sus sociedades deben lidiar con nuevas constelaciones (entre Estados Unidos, China, la Unión Europea) y buscar nuevas respuestas.

Las ciencias sociales (clásicos como Martha Nussbaum, Nancy Fraser, Amartya Sen2) coinciden en que, en caso de una gran crisis civilizatoria como la actual, una gestión creativa y eficaz depende en lo esencial de la solidez de la constitución del sujeto y de sus colectivos, lo cual, a su vez, se basa en tres dimensiones entrelazadas e indivisibles: (a) estabilidad material mediante una (re)producción socioeconómica adecuada a través de ingresos y trabajo decente, vivienda, educación, salud e infraestructuras; (b) participación social y política que permita decidir sobre el propio entorno vital; (c) formación de identidad basada en un sentido de pertenencia a colectivos tangibles, como la familia, los amigos, el trabajo, tradiciones o la nación.

Desde mediados de la última década, las primeras dos dimensiones se han debilitado considerablemente a escala global, y también en América Latina. Las desigualdades aumentaron de forma significativa. El temor al descenso social y las percepciones de privación –real o relativa– se generalizaron, y la movilidad ascendente del momento de auge desembocó en nuevas dinámicas de marginalización. La política tradicional y sus elites, así como ciertos sectores acomodados de las clases medias, apenas abordaron estas tendencias, las ignoraron en gran medida y no ofrecieron soluciones. Ni siquiera iniciaron un debate serio sobre las exigencias y los esfuerzos necesarios para resolver la crisis. En esta fase final de los gobiernos progresistas, la democracia ya estaba erosionándose por fenómenos de ineficiencia en la gestión económica, corrupción masiva o clientelismo. Pero cuando a una persona y a su familia se les arrebatan el trabajo, la vivienda, la participación y la perspectiva de futuro, hay algo que no se les puede quitar: su identidad. Conceptos como patria, nación, tradición, religión, etnia o género se convierten entonces en referentes de reconocimiento y estabilidad. Esto es particularmente evidente en las extremas derechas de eeuu y Europa, pero además funciona, con modalidades diferentes, en Argentina y Brasil, donde también apuestan a la creación de colectivos sólidos, un «nosotros» que excluye a otros. Así, aumenta la tolerancia hacia actitudes xenófobas o la aceptación de discursos que discriminan a las minorías. Esto constituye una diferencia crucial con los procesos políticos y culturales desplegados por las fuerzas «progresistas». Como parte de su foco cada vez más concentrado en el reconocimiento (vis a vis la redistribución), esas fuerzas también revalorizaban identidades, pero vinculadas a minorías o grupos étnicamente subalternizados y mediante un esfuerzo explícito en subrayar la inclusión, antes que la exclusión. La extrema derecha ha comprendido esta necesidad de crear identidad y pertenencia y se está centrando en esa tercera dimensión de la estabilidad. En la extrema derecha se ha dejado de lado la preocupación por la reproducción material o, antes bien, se la traslada al individuo, siguiendo un esquema social darwinista: el débil vale menos y se justifica así su exclusión social o política. El desempleado «no quiere trabajar», el perdedor «no supo esforzarse». Bajo esta lógica, también se naturalizan las desigualdades étnicas y de género: el indígena o el negro son «vagos» y «brutos». El mundo de la extrema derecha es, en buena medida, un mundo de alianzas blancas y masculinas. En Argentina, grupos organizados de mujeres liberales y libertarias (votantes de Milei) vienen cuestionando, precisamente, su exclusión de los procesos de toma de decisiones en sus partidos de origen y su relativa marginalidad en posiciones de gobierno. Desde adentro del universo partidario de las derechas, esos grupos buscan ampliar, con escaso éxito hasta el momento, aquellas alianzas básicamente masculinas3.

Bajo esta lógica, también se naturalizan las desigualdades étnicas y de género

La extrema derecha evade el análisis de las causas y los desafíos de la crisis. Ignora las fracturas sociales o recurre a narrativas conspirativas para responsabilizar a las elites políticas o a minorías. Promete soluciones simples, basadas en el rechazo al establishment y en la exclusión de colectivos como personas lgbt+ o pueblos indígenas. Niega o relativiza el cambio climático. Y suele defender propuestas que, de aplicarse, harían a muchos pobres más pobres y a los excluidos aún más vulnerables, profundizando la polarización social.

Esta no es una consecuencia indeseada, sino parte de su estrategia. La polarización fomentada genera más inseguridad, más tensión, más sensación de pérdida de control. Y eso, a su vez, alimenta la demanda de respuestas autoritarias, es decir, propuestas que prometen firmeza y orden, debilitando así la segunda dimensión de estabilidad: la participación política4.

Muchas personas tienen la sensación de que sus intereses ya no se representan suficientemente en la democracia. Esto no es exclusivo de América Latina. A escala global, muchos gobiernos (progresistas) comparten la responsabilidad por el deterioro de las condiciones materiales de vida para amplios sectores sociales. El aumento de la desigualdad y la precarización del trabajo son evidencias de ello. A esto se suman el nepotismo, la corrupción y la ineficacia gubernamental, que alimentan el discurso antisistema. Así, no sorprende que la retórica antielitista y el rechazo a «los de arriba» o la «casta» resuenen con fuerza.

Debemos reconocer con sinceridad que el ascenso de la extrema derecha y la debilidad de la democracia son, en primer lugar, el resultado de la mala gestión de los mismos gobiernos democráticos.

La extrema derecha es muy consciente de ello. A diferencia de otros movimientos antisistema, no busca más participación, más justicia social o mayor transparencia institucional, sino que ofrece exactamente lo contrario: una salida autoritaria. La democracia per se es presentada como la raíz del problema. Solo un poder fuerte y centralizado podría –según esta narrativa– restablecer el orden. Este planteamiento resulta atractivo por varias razones: por un lado, niega las exigencias reales que plantea el presente; por otro, propone reemplazar la percibida impotencia individual con el empoderamiento simbólico del colectivo y del líder. La pertenencia identitaria ofrece refugio frente a la incertidumbre. A través de un lenguaje directo y simplificaciones efectistas, la extrema derecha transmite este mensaje con éxito. Este efecto se amplifica mediante el uso estratégico de las redes sociales, que desempeñaron un papel crucial, por ejemplo, en las victorias electorales de presidentes como Jair Bolsonaro en Brasil o Javier Milei en Argentina5.

La identidad como trinchera: cultura, exclusión y violencia

Por supuesto, tampoco en América Latina la extrema derecha es homogénea, como demuestra una comparación entre Argentina y Brasil. El ultraliberalismo de Milei se basa menos en la construcción de un colectivo que en la promoción de un individualismo extremo, que convierte al individuo en un emprendedor y concibe al Estado como un ente corrupto y el mayor obstáculo para el desarrollo. Esta apuesta a renunciar al Estado, a políticas públicas responsables e inversiones inteligentes para el futuro, combinada con una economía financiada mediante un fuerte endeudamiento, no ha fracasado. El resultado de las últimas elecciones legislativas, en las cuales Milei volvió a obtener una gran legitimidad, confirma el análisis y la argumentación anterior.

Varias razones explican la victoria de Milei a pesar de las circunstancias adversas para su gobierno. En primer lugar, el temor a que su debilitamiento político desestabilizara inmediatamente la economía, alimentara la inflación y, por lo tanto, pusiera en peligro la frágil estabilidad económica de los emprendedores individuales. En lugar de ver la catástrofe económica que se avecina en Argentina, muchos decidieron apostar por la promesa de Milei6.

El auge de la extrema derecha es también una profunda expresión de un conflicto intergeneracional

En segundo lugar, aunque estrechamente relacionado con esto, está el hecho de que la oposición fue incapaz de articular una estrategia coherente para el futuro de Argentina. Las opciones para los votantes oscilaron entre los recuerdos negativos del peronismo, como un país con una elevada inflación y un alto índice de trabajo informal sin perspectiva, o una economía altamente endeudada al borde del colapso con promesas hacia el futuro. La oposición, que no confrontó al gobierno ultraliberal con argumentos sólidos ni con propuestas creativas, sino que se limitó a estilizar una campaña electoral entre el bien y el mal, ignoró que con ello aceptaba las reglas del populismo de extrema derecha, que sabe actuar mucho mejor en este juego. La oposición tampoco supo cómo conectar con los votantes jóvenes. El auge de la extrema derecha es también una profunda expresión de un conflicto intergeneracional: la proporción de personas de entre 20 y 30 años en América Latina y también en Argentina es relativamente alta y su peso electoral también es importante. Esta cohorte de edad suele estar menos establecida y se encuentra en desventaja o vulnerabilidad económica, pero ha demostrado ser muy receptiva a las promesas de éxito a través del esfuerzo individual. Mientras el progresismo no reconozca que debe dirigirse a este grupo con propuestas propias que aborden directamente sus necesidades (como ha sabido hacer Zohran Mamdani en Nueva York), seguirá fracasando una y otra vez. A la luz de los análisis de la oposición después de su derrota electoral en Argentina, pareciera que no ha aprendido todavía la lección y continúa con sus viejas políticas obsoletas, lo que garantiza el futuro para la extrema derecha.

En Brasil, por el contrario, Bolsonaro logró crear la imagen de un colectivo. Defiende el concepto de un «orden natural», vinculado a la idea de un origen tradicional o religioso de la sociedad, así como al arraigo de las personas y los géneros en su entorno social y cultural. Se trata de un concepto antiliberal que incluye posiciones nacionalistas y autoritarias (por ejemplo, se celebra la proximidad ideológica a la dictadura brasileña), así como una agenda agresiva de «ley y orden» (algo que comparten también Milei y su ministra de Seguridad, ahora electa senadora, Patricia Bullrich). Además de condenar al «establishment corrupto» de las elites políticas, el colectivo creado excluyó a diversas minorías, que fueron discriminadas mediante declaraciones misóginas, homófobas y racistas de Bolsonaro. Si bien la reciente condena del ex-presidente fue también un momento estelar del Estado democrático de derecho, del que eeuu debería aprender, el colectivo estilizado sigue existiendo y sigue siendo peligroso.

Por esta razón, es necesario analizar con mayor detalle la génesis y función de estos colectivos imaginarios de la extrema derecha. Una dimensión parece clara: el intento de asociar esas identidades a atributos sobre lo originario y auténtico. Según esta concepción, las rupturas con la tradición, las «anormalidades», las influencias externas o las transformaciones impulsadas por minorías deben ser eliminadas y reemplazadas por lo propio. En conjunto, la extrema derecha promueve un modelo de orden que combina formas de vida tradicionales, jerarquías rígidas, identidades excluyentes y visiones dicotómicas de la sociedad.

La definición y la justificación del colectivo se convierten en el centro del conflicto político

Principalmente, la definición y la justificación del colectivo se convierten en el centro del conflicto político y en el objetivo de los ataques. La política económica y social pasa a segundo plano o directamente se ignora. La participación política es sustituida por un autoritarismo legitimado por el propio colectivo y su líder. En el discurso de la extrema derecha, la definición del colectivo ya no se basa en la realidad material o social, sino en su dimensión imaginaria. Es decir, el campo de disputa es la cultura. Por eso, su estrategia central es la del combate cultural.

La extrema derecha no reconoce las causas reales ni ofrece soluciones a la crisis, sino que la reinterpreta como un ataque permanente contra el colectivo idealizado. La supuesta amenaza proviene de refugiados, migrantes, minorías étnicas, transformaciones de género, nuevas normas lingüísticas, diversidad sexual, como así también –en el ejemplo de Argentina– de todos aquellos vinculados al Estado. Se trata de temas que poco tienen que ver con las causas reales de la crisis, pero que sirven para movilizar emocionalmente a amplios sectores.

Ya no se discuten hechos ni realidades, sino que se apela a emociones. Se utilizan evidencias falsas o, en el mejor de los casos, anecdóticas, que logran un objetivo: mantener a la sociedad en un estado constante de agitación, irritación y presión emocional. Los llamados «hechos alternativos» se multiplican y el concepto de verdad basada en evidencia se disuelve. El sentido más profundo de la figura de los «hechos alternativos» no es simplemente el rechazo de la razón o del conocimiento, ni una manipulación deliberada, sino una puesta en escena: se trata de mostrar que el propio líder está por encima de la verdad y que puede difundir falsedades sin sufrir consecuencias. Al mismo tiempo, se intenta normalizar opiniones antes inaceptables en el debate público, como la reivindicación de dictaduras o regímenes autoritarios, para que estas ideas ya no sean cuestionadas ni descartadas como opciones futuras.

Lo nuevo de la extrema derecha es su radicalidad. A medida que la política basada en argumentos pierde relevancia, también se deterioran las reglas del juego democrático, la disposición al diálogo y a los compromisos. Si el colectivo es esencialmente homogéneo, los conflictos ya no se pueden negociar: no hay espacio para la diferencia. Se trata de un enfrentamiento entre el Bien y el Mal. Todo o nada.

Desde esta lógica, se vacía el contenido de la democracia. Como plantearon Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, retomando a Carl Schmitt, en la democracia los enemigos se transforman en adversarios. Y con los adversarios se negocia, se construyen acuerdos. La extrema derecha reconvierte al adversario en enemigo. Y a los enemigos se los puede difamar, excluir, negar –o incluso eliminar–. En otras palabras: una política que convierte al adversario en enemigo abre la puerta a la violencia –y a la guerra–. Los underdogs [perdedores] –o el mob [populacho], como lo llamó Hannah Arendt7– también muerden. No lo olvidemos: una función de la violencia colectiva ejercida por grupos socialmente degradados es su propia revalorización simbólica.

La historia nos enseña las consecuencias de estas políticas: la exaltación de colectivos dirigidos por ideologías de extrema derecha que desprecian la vida humana ha conducido en América Latina a dictaduras sangrientas, y en Europa, a la guerra, la miseria y la muerte de millones de personas.

Nuevas perspectivas frente a la extrema derecha

¿Cuáles son los antídotos frente a la extrema derecha? Las políticas de apaciguamiento, el intento de contener a la extrema derecha mediante concesiones o acercamiento, han fracasado sistemáticamente. Más bien han contribuido a normalizar sus discursos y a fortalecer su posición. ¿Por qué elegir una mala copia, si se puede tener el original?

Lo que se necesita es una nueva narrativa que ofrezca respuestas constructivas a las tres dimensiones de estabilidad mencionadas anteriormente y que sitúe la participación en el centro del bienestar colectivo. La victoria electoral del nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, es un buen ejemplo de ello: ha invocado una nueva identidad colectiva y con visión de futuro para la comunidad migrante vulnerable y desfavorecida de la ciudad, que apuesta por la integridad de todos en lugar de la exclusión de las minorías; exactamente lo opuesto a lo promovido por Trump. Ha prometido a su electorado una mayor participación política y capacidad de decisión, y ha convertido la creciente inseguridad económica y las dificultades de las mayorías en el eje central de su política. Además del reconocimiento, ha anunciado también medidas de redistribución. Con su campaña electoral y sus ideas frescas, que apostaban fuertemente por las redes sociales, el candidato llegó especialmente a los votantes jóvenes, cuyos problemas abordó con especial claridad. Por supuesto, las dinámicas de un biotopo político tan particular como el de Nueva York no pueden trasladarse a otros territorios. Pero el camino está claro: el nuevo relato de un progresismo debe partir de la premisa de que solo podremos adaptarnos a los desafíos actuales si el cambio es social y ecológicamente justo, y si incluye a toda la sociedad.

Para ello se requieren enormes recursos. En los países industrializados, una opción relativamente viable es la financiación vía endeudamiento. En América Latina, en cambio, el endeudamiento suele derivar en dependencia y crisis. La Argentina de Milei es actualmente uno de los peores ejemplos de ello. La alternativa más inteligente sería imponer impuestos sobre el patrimonio y la herencia al 5% más rico. La extrema concentración de riqueza en América Latina –y en el mundo– obstaculiza la movilidad social, distorsiona la competencia y transforma las sociedades en estructuras cada vez más cerradas. Eso es lo mejor que le puede pasar a la extrema derecha.

Un paso inicial sería la creación de un registro público de patrimonios, de carácter regional e internacional

Una de las causas de esta concentración de riqueza es su baja tributación, tanto en la región como a escala mundial. Pero eso es una constelación que puede ser modificada políticamente. Un paso inicial sería la creación de un registro público de patrimonios, de carácter regional e internacional. Una carga fiscal moderada sobre grandes patrimonios que limite su crecimiento desproporcionado liberaría recursos considerables. Estos podrían fortalecer infraestructuras, fomentar el emprendimiento mediante un programa «herencia para todos» financiado por impuestos y reforzar la participación social. El aumento de la productividad permitiría reducir la dependencia de exportaciones, deuda e importaciones, y haría a la región más soberana.

Una política de este tipo se vincularía directamente con la primera dimensión de estabilidad: la reproducción material. En una democracia, los recursos recaudados a través de impuestos pueden sustentar una infraestructura pública sólida en áreas como educación, salud, cuidado, vivienda, transporte o comunicación. Las inversiones públicas y una política industrial verde podrían crear empleos decentes y facilitar una transición energética justa. Todo ello aumentaría la legitimidad democrática.

Esta visión también transforma la segunda dimensión: la participación política. Aquí se plantea una pregunta clave: ¿cuáles son los logros y los límites de la democracia liberal? Entre sus avances incuestionables están la validez universal de los derechos humanos y constitucionales, la independencia judicial, la igualdad política formal, las elecciones libres y la libertad de asociación y expresión. Estos principios son fundamentales, especialmente cuando la extrema derecha los quiere eliminar. Pero el liberalismo ha empezado a canibalizar su propia democracia. Su orientación neoliberal y su visión minimalista del Estado obstaculizan la reproducción material para muchos, frustran la igualdad real y reducen las posibilidades de participación. Con su énfasis en la responsabilidad individual, abandona la protección a los sectores más vulnerables y fomenta la ley del más fuerte. Además, su enfoque en el presente ignora las dimensiones temporales de la justicia y la redistribución.

Una alternativa sólida –y con precedentes exitosos– es la «democracia social»8. Esta invierte la fórmula liberal: no busca igualdad a través de la libertad, sino libertad a través de la igualdad. Está dispuesta a redistribuir, a democratizar sociedad y economía sin perder las fuerzas liberales. A través de esta vía puede financiarse un sector público amplio y sostenible, que alivie a los grupos más vulnerables sin castigar a los más fuertes. Complementado con nuevas formas de participación –como asambleas ciudadanas o consultas públicas–, puede transformar la actual sensación de impotencia en una experiencia de expansión de controles democráticos. Esto garantizaría la libertad y la justicia, y permitiría enfrentar futuras crisis.

Así se perfila también un camino para renovar el campo de la identidad colectiva. Este campo no debe subestimarse. Es allí donde se construyen legitimidad y aprobación –o rechazo– a las políticas públicas. Pero la política democrática no tiene por qué seguir la lógica de la extrema derecha ni poner la identidad como eje central. En su lugar, debería abordar de forma integrada e inseparable las tres dimensiones de estabilidad.

Tres ejemplos:

(a) La igualdad de género requiere cambios culturales –como los programas de salud sexual integral–, pero también mejoras concretas en las condiciones de los trabajos de cuidado, mayor presencia femenina en la política y un reconocimiento fuerte de tareas de reproducción social, históricamente invisibilizadas.

(b) La introducción de nuevas reformas fiscales debe ir acompañada de un discurso que las conecte con valores culturales, como la igualdad de oportunidades. Por ejemplo, la mayoría de la población suele considerar las herencias como un extracto de los logros familiares o un depósito intergeneracional de recursos, y una tributación percibida como desproporcionada provoca un sentimiento de injusticia y una fuerte resistencia. Un posible discurso sería que, en lugar de anunciar aumentos de impuestos impopulares, se comunica el alivio fiscal para 95% de la población a través de la supresión de impuestos regresivos como el iva y la expansión del sector público, y la carga tributaria se concentra en los más grandes patrimonios y herencias.

(c) El mundo del trabajo requiere una revalorización profunda. Las condiciones laborales precarias son una fuente clave de malestar y de la desigualdad social, como demuestra el caso argentino. Pero no basta con mejores sueldos: el trabajo debe verse como fuente de reconocimiento y bienestar. Para ello, son necesarias condiciones decentes de trabajo y representación sindical fuerte.

Una política que combine estos objetivos de forma institucionalizada y tangible desarma el discurso de la extrema derecha. La fórmula es clara: redistribución y reconocimiento. En los últimos años, también en el progresismo, el péndulo ha oscilado hacia el reconocimiento y la identidad. Pero ahora que este campo está siendo ocupado por la extrema derecha, es urgente devolverle protagonismo a la redistribución9. No como opuesta a la identidad, sino en estrecha conexión con ella.

Ese equilibrio –entre reconocimiento y redistribución– no solo es viable: puede ser la única forma de proteger la democracia. Así lo afirma el economista y Premio Nobel Daron Acemoğlu, quien, tras analizar datos internacionales sobre instituciones y democracia, concluye que esta última no sobrevivirá si no se vuelve más justa y favorable al trabajo10. Esa no es una mala noticia. Al contrario: nos ayuda a enfocar las propuestas políticas del progresismo en lo esencial y a dialogar con quienes aún desconfían de la redistribución. Porque ya no se trata solo de justicia social. Se trata de todo. Se trata de la democracia.

La era de la extrema derecha no tiene por qué ser el ocaso de la democracia. Ni en América Latina, ni en otras partes del mundo. Si apostamos ahora por redistribución y reconocimiento, esta puede ser, por el contrario, su hora de renovación.

Hans-Jürgen Burchardt: es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Kassel, Alemania; fundador del Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales (calas), que dirigió entre 2017 y 2025. Página web: <https://kassel-global.de/es/>.

Palabras claves: extractivismo, extrema derecha, progresismo, América Latina.

1. Philip Fehling y H.-B. Burchardt: Política tributaria y desigualdad en América Latina, clacso / calas, Buenos Aires, 2024.

2. M.C. Nussbaum: Las fronteras de la justicia. Consideraciones sobre la exclusión, Paidós, Barcelona, 2007; N. Fraser: Justice Interruptus: Critical Reflections on the «Postsocialist» Condition, Routledge, Nueva York, 1997; Ingrid Robeyns: Wellbeing, Freedom and Social Justice: The Capability Approach Re-Examined, Open Book Publishers, Cambridge, 2017; A. Sen: El nivel de vida [1987], Editorial Complutense, Madrid, 2001.

3. Ver Melina Vázquez y Carolina Spataro: Sin padre, sin marido y sin Estado, Siglo xxi Editores, Buenos Aires, 2025.

4. Gabriel Kessler y Brenda Focás: «¿Responsables del temor? Medios y sentimiento de inseguridad en América Latina» en Nueva Sociedad No 249, 1-2/2014, disponible en <nuso.org>.

5. Pablo Stefanoni: «Peinar el 2001 a contrapelo: del ‘Argentinazo’ a la nueva derecha» en Nueva Sociedad No 308, 11-12/2023, disponible en <nuso.org>.

6. La crítica de que Donald Trump, con su promesa de apoyar al gobierno de Milei con grandes créditos en caso de ganar las elecciones, está interfiriendo indebidamente en los asuntos internos es muy justificada. Al mismo tiempo, sin embargo, hay que preguntarse por qué esta injerencia ha tenido tanto éxito en Argentina. En Brasil, los intentos de Trump de desmantelar el Estado de derecho democrático mediante la amenaza de aumentar los aranceles no tuvieron éxito y la insistencia en la autonomía aumentó la popularidad de Luiz Inácio Lula da Silva.

7. H. Arendt: Los orígenes del totalitarismo [1951], Taurus, Madrid, 1974.

8. Hermann Heller, uno de los grandes pensadores de este concepto, fue una de las figuras claves en los debates de la República de Weimar sobre el Estado, el derecho y la democracia, y el principal antagonista intelectual del antiliberal Carl Schmitt. Aunque coincidía con Schmitt en su diagnóstico de la crisis del Estado y el parlamentarismo europeo de entonces, no compartía sus conclusiones: no rechazaba la democracia como forma de gobierno, sino que abogaba por su renovación y profundización. El eje central de su propuesta era la construcción de un «Estado social de derecho» con legitimidad democrática, ya que en el Estado liberal la igualdad formal ante la ley aplicada a situaciones de desigualdad social conduce a un derecho materialmente desigual, a una creciente brecha entre la forma y la realidad jurídicas, y a una «desigualdad radical». H. Heller: «Politische Demokratie und soziale Homogenität» [Democracia política y homogeneidad social] [1923] en Gesammelte Schriften vol. ii, ed. Christoph Müller, Sitjhoff, Leiden, 1971, p. 430 (traducción del autor).

9. V. tb. Álvaro García Linera: La política como disputa de las esperanzas, Clacso, Buenos Aires, 2022, pp. 71-93.

10. D. Acemoğlu: «If Democracy Isn’t Pro-Worker, It Will Die» en Project Syndicate, 20/6/2024, disponible en <www.project-syndicate.org/commentary/us-eu-democracy-challenges-reflect-disappointing-

economic-growth-and-wage-trends-by-daron-acemoglu-2024-06>.

Escenas de las batallas culturales de las nuevas derechas

Soledad Vallejos

El crecimiento de una derecha radical que mezcla a libertarios, conservadores y reaccionarios se fue jalonando con eventos, interacciones y redes involucrados en una sostenida batalla antiprogresista. Si hasta hace poco estos grupos parecían arar en el desierto, hoy sienten que los vientos cambiaron de dirección. A la llegada al poder de Javier Milei en Argentina se sumó la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. Figuras como el argentino Agustín Laje son parte de esas guerras culturales del presente.

Davos, enero de 2025

Afuera la nieve cubre todo. Adentro, el argentino Javier Milei espera a que la presentadora lo anuncie para subir al escenario. Es su segunda vez ante la elite económica global. En la primera, el año pasado, cuando su presidencia llevaba apenas unas seis semanas, ponderó las bondades de Occidente y predicó la necesidad de abandonar el «colectivismo» para salvarlo. Culpó al «feminismo radical» de generar más burocracia en los Estados y los organismos internacionales. Buscó provocar. Para el evento, fue un discurso más. Tal vez inusual, pero no especialmente llamativo. Tuvo pocos aplausos. Pero puede pasar. Hace más de medio siglo que en el pueblo más alto de los Alpes el invierno comienza con esta rutina, la invasión. El Foro Económico Mundial llena hoteles, restaurantes, centro de convenciones. Cientos de periodistas, empresarios poderosos y líderes políticos de todo el mundo dejan sus huellas en las calles blancas. Aquí, la competencia por la atención es feroz.

A las 10:15, Milei se ubica tras el atril con el logo del evento. Se calza los anteojos y lee. Esta vez, el discurso es una declaración de guerra. Habla de «wokismo, un régimen de pensamiento único, sostenido por distintas instituciones cuyo propósito es penalizar el disenso; feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros, son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles». Advierte sobre una «inversión de los valores occidentales». Se lleva adelante, dice, mediante «la introducción de diversos mecanismos de su versión cultural». Enumera: «De los derechos negativos a la vida, la libertad y a la propiedad, pasamos a una cantidad artificialmente infinita de derechos positivos. Primero fue la educación, luego la vivienda y, a partir de allí, cosas irrisorias como el acceso a internet, la televisación del fútbol, el teatro, los tratamientos estéticos y un sinfín más de deseos que se transformaron en derechos humanos fundamentales, derechos que, por supuesto, alguien tiene que pagar». Anatema: el que paga es el Estado. Occidente está en peligro, dijo, a causa del socialismo.

En otro tramo de la lectura, el mandatario argentino asegura que «en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil». El siguiente es uno de los pocos momentos en que despega la vista del papel. Está furibundo y exclama: «¡Son pedófilos!». Se refiere a las personas gay favorables a los discursos de inclusión y la defensa de una agenda de derechos lgbti+. Lo hace sonar como referencia a todas las identidades queer.

Esta vez, el discurso causa escándalo.

En chats de periodistas se rumorea que el escriba fue un cordobés, el politólogo conservador Agustín Laje, convertido, tras años de labor, en vocero estrella de la derecha «sin complejos» de Iberoamérica y coautor junto con su mentor intelectual, el nacionalista católico argentino Nicolás Márquez, de El libro negro de la nueva izquierda1, publicado en 2016.

Al día siguiente, el brasileño Wagner Lenhart me dedica parte de su tarde. Preside el think tank Instituto Millenium, se formó en el i-e-e –Instituto de Estudos Empresariais, una organización cerrada que, desde 1984, educa en liberalismo austríaco a herederos de grandes empresas y, desde 1988, impacta en lo público con el evento de charlas y networking Fórum da Liberdade, considerado «el Superbowl del liberalismo latinoamericano»– e incursionó en política durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Es generoso con la información, incluso ante preguntas que podrían resultarle incómodas. Se brinda. Me da curiosidad si está prestando especial atención a la actualidad política de Argentina. «Por supuesto», dice. «De hecho, estamos muy emocionados con lo que el gobierno de Milei está haciendo, especialmente considerando el enfoque económico y la política económica. Estamos apoyando completamente y alentando el éxito de la agenda de Milei», agrega.

Qué difícil no mencionar la coyuntura.

—¿Escuchaste el discurso que dio ayer en Davos? —termino preguntando.

—Sí, lo escuché.

—Fue más un discurso sociológico, cultural, que sobre economía. ¿Qué pensás de eso?

—Creo que entiende que, para profundizar el cambio económico en el que cree, necesita pelear también la batalla cultural. Me parece que es una estrategia.

—¿Creés que esa estrategia es global? ¿Compartís esa idea?

—No en todos los elementos, pero creo que hay un montón de cosas que es preciso traer a los debates. Al menos eso. Porque todavía hay algunos temas sobre los que está casi prohibido hablar, y eso me parece mal. No es algo que una sociedad madura deba tener, debates omitidos.

—¿Como cuáles?

—Durante un tiempo al menos estuvo como prohibido, por ejemplo, hablar del tema trans. Y Donald Trump en su discurso de ayer también habló de eso. Dijo: «Miren, en Estados Unidos ahora tenemos solo dos géneros, los científicos, hombre y mujer». Podés estar de acuerdo o no, pero creo que deberíamos poder hablar de eso, poder debatirlo y respetar posiciones como la de Trump o la de Milei.

Es decir, no se trataría de exabruptos.

«Estamos en el ojo de la tormenta», dice Gloria Álvarez desde México.

La politóloga guatemalteca fue la estrella más brillante del liberalismo joven –no solo– latinoamericano hasta 2019. Su libro Cómo hablar con un progre2, de 2017, fue clave en la batalla cultural de la derecha continental. Pero en 2019 publicó Cómo hablar con un conservador3. Ese libro ya no gustó a la nueva derecha en ascenso, por excesivamente «liberprogre»: en esas páginas, Álvarez advierte sobre «lobos conservadores disfrazados de ovejas liberales». Dice: «Cuando hay un partido conservador en el poder, el votante asume que lo que está imperando es el neoliberalismo y el capitalismo salvaje». Se explaya: hay gobernantes latinoamericanos «de derecha» que se presentan deliberadamente como liberales aunque en la práctica no lo sean, y eso perjudica al liberalismo. «Como nuestras ideas nunca gobiernan, son las que resultan culpables para las grandes mayorías cuando los conservadores gobiernan sin acabar con las medidas socialistas», explica.

Gloria Álvarez advierte sobre «lobos conservadores disfrazados de ovejas liberales»

Con este libro, Álvarez se volvió polémica para el mundo que la había entronizado. Pero dentro del propio espacio liberal siguió teniendo adherentes, defensores y un volumen considerable de apoyo de parte de otros referentes indiscutidos.

A principios de 2021, cuando aún el encierro de la pandemia regía la vida cotidiana en varios países de la región, debatió con el ascendente Agustín Laje en un vivo de YouTube. El tema era el aborto. Álvarez defendía la necesidad de legalizarlo, en tanto derecho de las mujeres sobre sus propios cuerpos, y Laje se pronunciaba en contra, sin atenuantes de ningún tipo. El encuentro lo moderó el por entonces panelista televisivo Javier Milei, convocado por ser «amigo de ambos». La guatemalteca tuvo sobre su mesa una pila de libros de pensadores liberales y libertarios en favor del derecho a decidir. Laje, desde el principio, moduló un tono sorprendentemente agresivo para tratarse de un debate entre amigos. En un tramo de la transmisión, Laje advirtió que Álvarez le disputaba la identidad liberal libertaria. Dijo: «¿Querés sacarme el título de libertario? Me importa un pito». No era de liberalismo tradicional ni libertario de lo que hablaba.

Hoy, lo que dejó esa transmisión es prácticamente un subgénero de YouTube –acumula casi tres millones de vistas–: «debate: Agustín Laje vs. Gloria Álvarez», «Laje vs. Álvarez. Examen del debate y sus falacias», «Agustín Laje destroza –de nuevo– a Gloria Álvarez», «Gloria Álvarez: inicios, auge y caída (imperdible)», «debate histórico», «análisis del debate», «análisis no verbal debate», «el momento en que Agustín destruye a Gloria».

Hasta entonces, el nombre de Álvarez era una contraseña. Comprar uno de sus libros, un acto de militancia, de pertenencia. Mencionarla era invocar poder. Pero ahora, directamente, es acusada de poblar las filas enemigas. Desde ese margen habla hoy. La caída fue brutal. Para entenderla, hay que desandar algunos años. El caso de Álvarez es claro: en la «nueva derecha» no hay lugar para «liberprogres» y lo «woke» no casa con el libertarismo hegemónico.

«No reconozco al liberalismo». Quien afirma esto, José Benegas, tiene militancia y prosapia familiar liberal –su padre era primo segundo de Alberto Benegas Lynch, uno de los fundadores del primer think tank libertario argentino–. Alberto Benegas Lynch hijo es un intelectual a quien Milei llama «prócer del liberalismo argentino», y su nieto, Alberto «Bertie» Benegas Lynch, es actualmente una espada del presidente en el Congreso. Radicado en eeuu, hace unos años José Benegas percibía algo que identificaba como «liberales horneados en tres años» –es decir, desde alrededor de 2015, el año de la masiva movilización feminista «Ni Una Menos» que vivió Argentina y que politizó a muchos jóvenes en clave reaccionaria–. La tilda de «derecha cazafantasmas». La de Benegas es una voz casi inaudible en el libertarismo actual.

El liberalismo antes era otra cosa –dice, palabra más, palabra menos–. Culpa de la transformación a las fundaciones, «que arruinan todo porque lo que generan es una burocracia que capta fondos» y no están interesadas en las ideas, sino en moldear qué se dice, qué se hace. Cree que «hay una infiltración» del movimiento liberal. Y que son dos situaciones vinculadas: «La infiltración fue posible por esta estructura de fundaciones».

Un happening ideológico

En Argentina se respira todavía el impacto de una manifestación multitudinaria convocada por la comunidad universitaria en defensa de la universidad pública, tras una serie de bravatas presidenciales en línea con el desfinanciamiento del sector. En un space de la red social x, la función que permite organizar conversaciones grupales de audio en directo, se debate sobre liberalismo. Alguien recuerda que dentro de un par de días en Buenos Aires se realizaría un evento inédito, el Viva la Derecha Fest, un festival de charlas en el que participarán, entre otros, Agustín Laje, Nicolás Márquez y la chilena Vanessa Kaiser, directora del Centro de Estudios Libertarios, hermana de Axel y Johannes Kaiser –este último, candidato presidencial por el Partido Nacional Libertario chileno–. El festival arrastra problemas desde que se anunció. El elenco de expositores inicial debió cambiar cuando trascendió que uno de ellos, el sacerdote Javier Olivera Ravasi, había organizado una visita de diputados libertarios a militares condenados por delitos de lesa humanidad. Ravasi desapareció de las promociones y nunca aparecerá sobre el escenario. Pero la fecha se llevará adelante y convocará alrededor de 1.000 personas –la capacidad de la sala–, un público heterogéneo que se enfervorizará durante la charla de Márquez, aplaudirá a abogados que se refieren a los condenados por los crímenes de la dictadura como presos políticos, reirá con las estrategias discursivas transfóbicas y machistas del influencer Danann y aplaudirá a rabiar a Laje cuando llame a continuar la batalla cultural por todos los medios posibles. Una de las ideas más repetidas durante esa jornada será: no hay que tener vergüenza, no hay que esconderse por ser de derecha. En 2025, el festival se exportará a Uruguay. La segunda edición será en un auditorio que la iglesia pentecostal Misión Vida para las Naciones tiene en la periferia de Montevideo, en la granja donde ese culto organiza campamentos juveniles que combinan religiosidad y militarismo. La tercera edición del Viva la Derecha elegiría como sede la capital cordobesa y tendría como orador estrella al presidente Javier Milei; un día después anunciarán la cuarta fecha, en octubre, nuevamente en Buenos Aires. Los investigadores Ezequiel Saferstein y Matías Grinchpun lo denominaron un «happening reaccionario»4. Más que de economía, el evento puso el foco en el combate del progresismo, el «derechohumanismo», el globalismo, la Agenda 2030 y el feminismo.

Una de las ideas más repetidas durante esa jornada será: no hay que tener vergüenza, no hay que esconderse por ser de derecha

El objetivo del evento es ideológico, no comercial; sin embargo, uno de sus primeros efectos sí resulta ser netamente comercial. Esto se repetirá en las siguientes ediciones: a la entrada hay una mesa con libros, todos del mismo sello editorial, Hojas del Sur, y escritos por oradores de la jornada o autores con narrativas afines. Muchos de esos títulos habían sido publicados originalmente por la editorial militante del mundillo –Unión Editorial o bien su filial argentina, Grupo Unión–, pero a medida que esos autores ganaron notoriedad, fueron pasando a este otro sello. Es el pasaje de textos de culto al umbral de lo mainstream. El editor responsable de Hojas del Sur, Andrés Mego, me dice que es lógica capitalista pura y dura: él publica lo que efectivamente vende; donde haya un nicho, allí estará5. En 2025, la editorial directamente será presentada como coorganizadora del tercer evento Viva la Derecha Fest.

En el space, Saferstein habla del libro de Laje y Márquez. Dice que «se inscribe en una discursividad, en una narrativa conspirativa». Agrega:

La idea del marxismo cultural viene de la época del nazismo, pero ese libro vino a cumplir de alguna manera una función en su recepción y su circulación. Fue un antes y un después para los autores, que se hicieron hiperconocidos, obviamente no solo a partir del libro, sino del crecimiento que ya tenían también en las redes, en la esfera digital (...) el libro ocupaba una función. En tanto construye una figura autoral, un posicionamiento intelectual.

Y señala:

ese libro salió en 2016 y en Argentina explotó en 2018, en consonancia con el debate sobre el aborto, donde venía a dar una voz a los sectores que se oponían a esa ley. Pero los autores ya venían girando por América Latina desde su publicación. O sea, fue un éxito editorial primero en América Latina y después en Argentina se catapultó.

Un producto de la industria cultural puede dar ese batacazo solo en una circunstancia: cuando toca una fibra íntima de lo que está circulando socialmente; sorprende cuando el éxito fermentó bajo el radar. El progresismo mainstream, en ese entonces, se sentía lo suficientemente hegemónico como para ignorar estas obras, considerarlas «marginales». Pero, mientras tanto, Laje sumaba más y más seguidores en sus canales virtuales y en sus presentaciones presenciales.

Agustín Laje presenta en la Feria del Libro porteña de 2025 su título más reciente: Globalismo. Ingeniería social y control total en el siglo xxi6. Fue publicado a fines de 2024, pero a Argentina llega formalmente una semana después de la visita del economista español Jesús Huerta de Soto –héroe intelectual de Milei– a Buenos Aires. A Laje lo acompaña Alberto Benegas Lynch hijo. El evento es en una de las salas más grandes del lugar, que se llena. No es un dato menor, porque el propio Laje lo ha dicho hace tiempo: para él, las ferias del libro son un territorio ajeno, «progre», a conquistar.

El politólogo cordobés es un talento exportado por la derecha argentina con tanta potencia que devino orador en foros internacionales designado por el gobierno7. Cursa un doctorado en la Universidad de Navarra, del Opus Dei, y es una voz solicitada en grandes eventos del espectro de la derecha. Desde hace unos meses no solo encabeza su fundación de siempre –Libre, con sede en la provincia de Córdoba–, sino también una creada especialmente para dar la «batalla cultural» y «formar cuadros políticos, referentes culturales y líderes económicos que se comprometan con la misión de hacer grande a Argentina de nuevo»: la Fundación Faro. Esta tiene como subdirector académico al chileno Axel Kaiser, y en su presentación, además de Laje, dio un discurso Milei, ya como presidente. Es la misma fundación que, a principios de 2025, quedó enredada en el caso de presunta estafa con la moneda cripto $libra, que comenzó cuando el presidente argentino compartió en x un link para invertir en ella.

***

Me vuelve a la cabeza algo que dijo Benegas. Después de publicar Lo impensable. El curioso caso de liberales mutando al fascismo8, de 2018, no obtuvo respuestas, ni airadas ni nada.

—No, respuesta no: aislamiento. Respuesta no. Respuesta nunca. Cuando yo publiqué Lo impensable, dije: «Se va a armar un escándalo bárbaro, estoy diciendo que la gente se está transformando en fascista». No tuve un solo comentario.

Una vieja máxima de las redes sociales: no alimentar al troll. Quiere decir, claro, no responder a las provocaciones (baiteos), no colaborar en la difusión de un contenido hostil que solo busca escandalizar y, por eso mismo, ser multiplicado por los escandalizados hasta ocupar todo el espacio. Fue como si esa estrategia, en este caso, hubiera sido puesta al servicio de la batalla cultural entre liberales y libertarios.

Soledad Vallejos: es periodista, docente y guionista. Es autora, entre otros libros, de Vida de ricos. Costumbres y manías de argentinos con dinero (Aguilar, Buenos Aires, 2014) y Olivos. Historia secreta de la quinta presidencial (Aguilar, Buenos Aires, 2017).

Palabras claves: batalla cultural, libertarismo, nueva derecha, Agustín Laje, Javier Milei.

Nota: este texto es un extracto modificado del libro Los dueños de la libertad. Think tanks, dinero y batalla cultural: la estructura oculta del libertarismo en América Latina (Sudamericana, Buenos Aires, 2025).

1. Unión Editorial, Madrid, 2016.

2. Ariel, Barcelona, 2017.

3. Deusto, Barcelona, 2019.

4. M. Grinchpun y E. Saferstein: «Viva la Derecha Fest. Un ‘happening’ reaccionario en tiempos de Milei» en Nueva Sociedad edición digital, 10/2024, disponible en <nuso.org>.

5. Años atrás fue el descubridor y primer editor de bestsellers del pastor Bernardo Stamateas –referente de autoayuda–. Con el tiempo construyó una red de alianzas editoriales que le permite abastecer al mercado regional latinoamericano con ediciones on demand y, por ejemplo, acompañar así giras de autores como Nicolás Márquez. Laje, en tanto, pasó a jugar en otra liga cuando se convirtió en autor de un gran grupo editorial, Planeta.

6. Harper Collins, Barcelona, 2024.

7. En septiembre de 2024, a propuesta del gobierno argentino, Laje expuso ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (oea). Era una sesión extraordinaria «para conmemorar el vigésimo tercer aniversario de la Carta Democrática Interamericana y el Día Internacional de la Democracia». Laje aseguró en redes que su intervención sería «sobre democracia, desinformación, ‘discursos de odio’ y redes sociales».

8. Create Space, 2018.

| ensayo

Las imágenes en la era del calor

Hito Steyerl

¿Qué significa «crear» cuando las imágenes son producidas en masa por sistemas que no entienden ni el deseo ni el dolor? ¿Cómo evitar que el arte se convierta en una herramienta más del extractivismo digital o la guerra algorítmica? ¿La cultura ha llegado a un punto muerto? El libro Medios calientes (2025) aborda estos temas y se enfoca en el papel de los datos en el mundo actual.

En 2023, la gente subió a YouTube 500 minutos de video por segundo: 30.000 veces más que la cantidad real de tiempo transcurrido1. Unos tres siglos de contenido de YouTube durarían todo lo que dura la existencia del Homo sapiens. El tiempo de la plataforma se convierte así en un laborioso asunto en cámara superlenta, inmediatamente desbordado por la escala de su propia datificación: un pantano interminable y estancado del pasado próximo, un pool de datos rancios2.

¿Podría ser esta la razón por la cual «la cultura ha llegado a un punto muerto», como afirma el crítico de arte Jason Farago en un ensayo en el New York Times3? El autor Kurt Andersen respalda este análisis: «La cultura popular se ha quedado ‘atascada en la repetición, consumiendo el pasado en lugar de crear algo nuevo’»4. La periodista Reena Devi opina que se está produciendo en las artes una «inercia casi total» que tendrá consecuencias indelebles5. «La era del promedio», un influyente artículo del estratega de marcas Alex Murrell, plantea un argumento similar6. Murrell recopiló ejemplos de cientos de sitios web para concluir que la mayoría de las imágenes dentro del marketing digital lucen prácticamente iguales. Ya se trate de autos o de ciudades, productos de cualquier tipo o incluso personas, ninguna imagen escapa a la «convención y el cliché». Las pruebas de focus group y la aversión al riesgo crean millones de imágenes casi idénticas en las que variaciones genéricas de plantillas convencionales se agrupan en torno de curvas de distribución normal imaginarias.

Una explicación de la estasis y la homogeneidad culturales es la simple inercia de la masa de datos al por mayor7. Las grandes colecciones de datos incentivan recombinaciones estadísticas populares y no controvertidas de estilos anteriores populares y no controvertidos. Las culturas digitales convergen hacia esta media: orbitando alrededor de estilos, nociones e imágenes promedio, crean una restrictiva corriente dominante. El resultado: una especie de «consenso» automatizado con un fuerte sesgo hacia las formas más insípidas de comerciabilidad. Esto ya vale para las imágenes digitales anteriores a la inteligencia artificial (ia). Sin embargo, la generación de imágenes basada en el aprendizaje automático está optimizada para crear ese tipo de bazofia visual estática, como demuestra Tim O’Neill, conocedor de la industria, en una entrada de blog titulada «La era del promedio y la ia»8. Allí simplemente reproduce muchas de las fotos de productos que aparecen en el texto de Murrell utilizando el generador de prompts Midjourney. Los resultados de ia se ven sorprendentemente similares a los originales.

Los motivos de este bloqueo están por demás claros, como sostiene Devi: «Las razones de este fenómeno de homogeneización de la cultura son múltiples y ampliamente discutidas (desde el flujo de riqueza y poder hacia unos pocos elegidos de la sociedad hasta los algoritmos y las redes sociales, pasando por la accesibilidad desenfrenada de las tendencias y las señales visuales a través de internet)»9. Esta parálisis cultural, no obstante, es sorpresiva en una época de crisis generalizada. Regiones enteras del mundo se ven afectadas por la guerra, el autoritarismo, las epidemias, el cambio climático y las penurias económicas. ¿Por qué, entonces, la cultura parece tan inerte?

Poder10

Hay una capa que subyace a esta inercia cultural. Esta puede parecer inanimada, pero de hecho genera mucha actividad en otros lugares. Para que la cultura converja en torno de una media, tienen que ejecutarse muchos procedimientos con un consumo intensivo de energía. Todos estos datos se trituran y aplanan utilizando energía o –literalmente– poder. En 2011, Barath Raghavan y Justin Ma, de la Universidad de California, en Berkeley, emprendieron la tarea de estimar la cantidad de electricidad que requiere internet. Incluyeron la energía que utilizamos para crear la propia internet, esto es, la electricidad que se necesita para construir computadoras, conexiones de red, torres de telefonía móvil y otros soportes físicos. Llamaron a esto energía incorporada, o «emergía».

Si torciéramos el término «emergía» de Raghavan y Ma para aplicarlo a las imágenes, podríamos llamar a la medida equivalente de poder «imergía», o poder de la imagen. La imergía sirve como indicador tanto de la cantidad estimada de recursos destinados a la producción y diseminación de imágenes digitales como de su interacción más general con otros sistemas. Es un término traslativo que vincula energías físicas y sociales, metáfora y materia, el mundo y su imagen.

Se requiere energía para producir, exhibir, hacer circular, almacenar y procesar datos y, por extensión, imágenes. Esto también vale para las representaciones analógicas (pensemos en el transporte y la conservación de obras de arte en entornos con un clima controlado): están relacionadas con la energía, independientemente de lo que representen o de si en efecto representan algo en absoluto inteligible.

Aglomeración

Desde alrededor de 2022, sin embargo, la computación relacionada con el aprendizaje automático ha acelerado drásticamente el consumo de energía por parte de las tecnologías digitales. Incluso las consultas más sencillas por internet, por no hablar de la generación de imágenes, dependen ahora en gran medida de un entrenamiento y una computación que consumen mucha energía: según un informe publicado en el New Yorker, «se calcula que Chatgpt responde algo así como 200 millones de solicitudes por día y que, al hacerlo, consume más de medio millón de kilovatios por hora de electricidad»11. El periodista ambiental Brian Calvert escribió:

El poder computacional necesario para sostener el ascenso de la ia se duplica cada 100 días aproximadamente. Para lograr una mejora de diez veces en la eficiencia de los modelos de ia, la demanda de poder computacional podría aumentar hasta 10.000 veces. La energía necesaria para ejecutar tareas de ia ya se está acelerando a una tasa de crecimiento anual de entre 26% y 36%. Esto significa que, para 2028, la ia podría estar consumiendo más energía que la que toda Islandia consumió en 2021.

En Reino Unido, se prevé que la demanda de energía aumente 500%. Para 2034, se espera que la energía total consumida por los centros de datos alcance el consumo energético de la India12. Todas estas cifras están cambiando rápidamente. Incluso dentro de unos meses, los números no serán los mismos, como tampoco las estimaciones. Los nuevos procedimientos de optimización podrían reducir eventualmente el consumo de energía, pero también podrían servir para ampliar el mercado en general.

A medida que las tecnologías de aprendizaje automático se integran en la búsqueda, el gasto de energía aumenta hasta 30 o 40 veces la cantidad original (por ahora). Microsoft llegó a anunciar que planeaba construir una central nuclear exclusiva para uno de sus mayores centros de ia, desarrollada en conjunto con Openai13. Según un informe de Bloomberg de 2024, la introducción de servicios basados en ia produjo un incremento casi inmediato de la demanda de energía, que superó la oferta en muchas partes del mundo y generó listas de espera de un año:

El aumento drástico de la demanda de energía debido al enfoque de crecimiento a toda costa con el que Silicon Valley encara la ia también amenaza con echar por tierra los planes de transición energética de naciones enteras y los objetivos de energía limpia de empresas multimillonarias de tecnología. En algunos países, como Arabia Saudita, Irlanda y Malasia, la energía necesaria para hacer funcionar en plena capacidad todos los centros de datos que planean construir excede la oferta disponible de energías renovables.14

¿La fuente de toda esta energía? El fracking –gas natural estadounidense– u otras fuentes de combustible fósil son presentados como soluciones sin alternativa15. Según Leopold Aschenbrenner, la carrera por la ia crea su propia lógica. Dado que esta producirá por defecto lo que el autor llama «superinteligencia», hay que ganarla, por todos los medios necesarios, incluso quemando energía fósil. En un pasaje particularmente escalofriante, «Situational Awareness» [Conciencia situacional], Aschenbrenner presenta esta carrera como parte esencial de una nueva carrera armamentística. Esta dinámica conduciría a una economía de guerra masiva dirigida por la seguridad nacional, comparable al Proyecto Manhattan, para crear y proteger la «superinteligencia».

Aschenbrenner concluye que se requeriría un enorme esfuerzo para suministrar todo el equipamiento y la energía necesarios para... ¿para qué, exactamente16? ¿Para automatizar la subida de videos a YouTube y TikTok y así mantener la inercia cultural en torno de las remezclas de bazofia promediada? ¿Para crear cientos de sitios web estandarizados de diseño de interiores que muestran Airbnb anodinos y casi idénticos17? ¿Para añadir más de lo mismo a una distribución normal de puntos de datos culturales esterilizados? ¿Para agregar más tiempo muerto a las plataformas, con videos que nadie ve y que en su mayoría lucen iguales? Parece que se necesita una versión de Silicon Valley de un capitalismo monopolista de Estado leninista para mantener estática a una cultura.

Imágenes de poder

Esta situación también arroja nueva luz sobre uno de mis escritos anteriores. Hace unos 15 años escribí un texto titulado «En defensa de la imagen pobre», que trataba sobre la resolución y la circulación de imágenes online.

Las principales premisas: plataformas como YouTube permitieron la circulación en baja resolución de muchas obras que antes no estaban disponibles. Sin embargo, esta circulación era un fenómeno ambivalente, ya que posibilitaba vínculos entre las personas bajo las condiciones del capitalismo comunicativo. Desde ese momento, muchas de estas condiciones han cambiado (otras no tanto). Los estilos de baja resolución se han integrado completamente en todos los aspectos del capitalismo digital, desde los 8 bits de Balenciaga18 hasta los memes de derecha. Técnicamente hablando, la imagen pobre en su forma de 2007 casi ha desaparecido. El nuevo estándar de alta definición industrial es 4k. Aunque ha habido un aumento en el número de píxeles, la división impuesta industrialmente entre los consumidores y los supuestos profesionales sigue existiendo, incólume.

Pero el principal cambio es que la circulación se complementa ahora con la aglomeración y la minería de datos. La acumulación y extracción de datos se ven fuertemente aceleradas por las demandas de las industrias de ia, que requieren grandes cantidades de datos, por ejemplo, para entrenar nuevos modelos. Uno de los principales factores que han cambiado desde la época de la imagen pobre es el creciente énfasis en el acopio, la extracción y el cercamiento de datos. Las imágenes, pobres o no, son desviadas de internet, reducidas a características en un espacio vectorial y luego recombinadas de forma optimizada para que resulten populistas, incontrovertibles e insípidas. La fase de «mercado» de la circulación con al menos cierto grado de «intercambio» o circulación de datos está siendo suplantada por una era de cuasimonopolios en la que se asume que los datos se acumulan casi exclusivamente dentro de silos corporativos y propietarios específicos.

En esta modalidad, el foco ya no está puesto principalmente en la circulación y la participación del usuario, aunque ambos aspectos sigan siendo importantes, sino más bien en la recolección, apropiación y extracción de datos. Esto no es para nada nuevo. Una vez conocí a un cineasta en Sarajevo que había perdido los negativos de su película durante el asedio llevado adelante por la República Srpska y las fuerzas del Ejército Popular Yugoslavo en los años 90, cuando una banda armada entró a robarle en su casa. A los ladrones no les importaba el contenido del film, solo les importaba el valor material del negativo. Al fin y al cabo, dos horas de película negativa en blanco y negro de 35mm contienen alrededor de 141 gramos de plata. Al igual que un rollo de película, los datos tienen un valor adicional.

Así pues, las imágenes son parte de un continuo que se extiende a la naturaleza: la generación y circulación de imágenes provoca una huella de carbono, contaminación, desechos y minería de recursos. Esto exacerba el cambio climático y, por extensión, tiene impactos en la seguridad alimentaria e hídrica, la probabilidad de epidemias, los patrones de migración, los conflictos, etc. Aunque las culturas basadas en datos estén estancadas, siguen moviendo todo lo demás a su alrededor. Calientan las atmósferas, desplazan a las personas y queman recursos.

Brecha metabólica digital

En las consecuencias ambientales de la producción de imágenes digitales resuena el concepto de metabolismo social de Karl Marx19. Antes de la segunda revolución agrícola en el siglo xix, los desechos humanos se utilizaban para fertilizar los campos y cultivar alimentos que daban de comer a los humanos. Marx describió esta economía circular preindustrial como un «metabolismo social», que se vio interrumpido por las largas rutas de transporte para los productos agrícolas y la agricultura industrial20. Tras el cese de su circulación, los desechos empezaron a amontonarse en las ciudades, donde provocaban epidemias y contaminación.

El sociólogo John Bellamy Foster ha descrito la imposibilidad de que los desechos humanos vuelvan a los campos como una «brecha metabólica», adaptando «el uso [de Marx] del concepto de brecha metabólica para dar cuenta de la enajenación material de los seres humanos en la sociedad capitalista respecto de las condiciones naturales de su existencia»21. La idea de un metabolismo social muestra las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza, la ciudad y el campo, la agricultura y la industria. Sostiene que características como la «fertilidad» estaban codeterminadas por las relaciones sociales.

Aplicar la noción de la brecha metabólica a la producción de imágenes supone poner el énfasis en sus infraestructuras materiales, como lo han hecho Boaz Levin y otros expertos en medioambiente22. También hay otra razón para plantear la existencia de una brecha metabólica digital.

Según Foster, una brecha metabólica se abre cuando los humanos se enajenan materialmente de sus «condiciones materiales». ¿Cómo aplicar esto a los datos? Los datos, por supuesto, no forman parte de las «condiciones naturales» de los humanos; forman parte de una «segunda» naturaleza, artificial, que surge de la esfera de la circulación23. Como afirma el economista marxista Alfred Sohn-Rethel, la esfera de la segunda naturaleza es el intercambio, o «el tiempo y el espacio abstractos del capital»24. Dentro de esta esfera, los datos se intercambian y pasan a formar parte de una naturaleza artificial. También se enajenan de sus productores, ya que las plataformas actúan como guardianes que separan a las personas de sus propios datos.

El trabajo de los datos está devaluado, se lo trata casi como un recurso natural disponible gratuitamente. Aunque los datos formen parte de la «segunda naturaleza», se los trata como a muchas externalidades que pertenecen al reino de la primera naturaleza.

Las plataformas (y muchos Estados) lograron recuperar en gran medida el control sobre la circulación de datos, imponiendo la propiedad intelectual, la curaduría masiva de la visibilidad y la censura. El libre intercambio entre plataformas es criminalizado, excepto si se realiza en forma de saqueos de datos a gran escala por parte de las propias plataformas. El control sobre los medios de circulación y extracción ha complementado el control sobre los medios de producción.

Asimismo, más de 30 años después del lanzamiento de internet, la realidad presenta una actualización más bien irónica de los ejemplos de Marx. Las heces fertilizantes a las que se refería Marx eran guano, el excremento de pájaro y abono25. Es inevitable sentir que, hoy en día, los desechos de datos humanos (o seudohumanos generados por máquinas) constituyen una gran parte del tráfico de internet, en algún lugar del espectro entre la caca y la mierda, por así decirlo. El acaparamiento de los desechos digitales intoxica los climas físicos, pero también los intelectuales y los políticos y, al no poder ofrecer ninguna vía para que esas atmósferas se recuperen, conduce también al agotamiento, el deterioro y la extenuación generalizada.

Este escenario se asemeja a una versión virtual de las crisis sanitarias del siglo xix en las grandes ciudades europeas. Las enfermedades se propagaban porque el suministro de agua estaba infestado de desechos. Se necesitaron enormes proyectos e inversiones en saneamiento público para remediar la situación y depurar las aguas residuales para que volvieran a circular26. Estos proyectos fueron en muchos casos masivamente obstruidos por intereses privados y empresas que se beneficiaban de un manejo inadecuado del agua en ciudades como Londres y Berlín27.

Lamentablemente, en este punto sería más realista esperar que la agencia pública retorne en la forma de una enorme economía de guerra centrada en la ia, antes que en la de un proyecto de construcción de servicios públicos de tecnologías de la información con el espíritu de los proyectos de saneamiento a gran escala del siglo xix.

Populismo genérico

Esto me lleva de regreso al principio, a la cuestión de la estasis cultural. ¿Por qué todo luce igual? ¿Qué es lo que las imágenes generadas por ia pretenden optimizar? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Automatizar el flujo de videos a TikTok (cuyo algoritmo funciona más favorablemente cuando un usuario sube de uno a tres videos al día, lo cual hace que añadir más de lo mismo a un pool rancio de uniformidad ya existente sea un trabajo a tiempo completo)? ¿O contribuir al pool infinito de videos que se acumulan en YouTube?

En su iluminador texto «Will the Art World’s ‘Age of Average’ Cost Us?» [¿Nos costará cara la «era del promedio» del mundo del arte?], Reena Devi menciona un anuncio reciente de Apple en el cual una serie de herramientas relacionadas con la producción cultural (una batería, parlantes, cámaras de cine) son aplanadas por una enorme prensa hidráulica hasta ser convertidas en un iPad muy delgado. Los contornos y trazos irregulares de la producción cultural son violentamente aplastados para que formen algo parecido a un plano, lo cual conduce a una consolidación estética que a su vez produce aún más polarización:

Cuando una está intrínsecamente acostumbrada a la homogeneidad cultural, incluso en las escenas artísticas que parecen ser más progresistas, cualquier cosa que sea diferente puede convertirse en un conflicto inmediato y dolorosamente disonante de procesar que, sin quererlo, vuelve ineficaz toda comunicación abierta y honesta. Esto puede conducir a encuentros sociales y a una cultura laboral tóxicos o, llevado a su extremo, a la fragmentación social y al colapso del discurso sobre las grandes crisis y tragedias, ya sean guerras, pandemias, desastres climáticos, etc.28

La regla de los promedios conlleva una toxicidad y un conflicto interminables, tanto en el clima social como en el físico. El poder y la extracción por la fuerza bruta se ven reforzados por una brecha digital cada vez mayor. Para que las culturas estancadas se mantengan iguales, todo lo que las rodea debe cambiar.

Hito Steyerl: es realizadora cinematográfica, artista visual y autora en el campo del ensayo y documental. Sus principales temas de interés son los medios, la tecnología y la circulación global de imágenes.

Palabras claves: ambiente, datos, energía, imágenes, metabolismo social.

Nota: este texto es un fragmento de «La brecha digital: de las imágenes pobres a las imágenes de poder», capítulo 6 de Medios calientes. Las imágenes en la era del calor (Caja Negra, Buenos Aires, 2025). Traducción: Maximiliano Gonnet.

1. Ver «How Much Content Is Uploaded to the Internet per Second?» en Spectralplex, disponible en <spectralplex.com>.

2. Un pool de datos es un repositorio centralizado donde se almacenan, comparten y gestionan datos de diferentes fuentes. Se utiliza para facilitar la colaboración, el intercambio de información y el análisis de datos entre diferentes entidades, como proveedores, minoristas o distribuidores, especialmente en la gestión de cadenas de suministro, marketing y análisis de negocios [n. del t.].

3. J. Farago: «Why Culture Has Come to a Standstill» en The New York Times Magazine, 10/10/2023.

4. K. Andersen: «You Say You Want a Devolution?» en Vanity Fair, 7/12/2011.

5. R. Devi: «Will the Art World’s ‘Age of Average’ Cost Us?» en Art Industry Insights, 10/5/2024.

6. A. Murrell: «The Age of Average» en <alexmurrell.co.uk>, 20/3/2023.

7. Orit Halpern y otros: «Surplus Data: An Introduction» en Critical Inquiry vol. 48 No 2, 2023.

8. T. O’Neill: «ai and the Age of Average» en Time under Tension, 24/3/2023, disponible en <timeundertension.ai>.

9. R. Devi: ob. cit.

10. La autora juega en todo este capítulo con los distintos niveles de significación del vocablo «power», desde el poder político hasta el poder computacional, pasando por el poder en el sentido de la energía, la electricidad y la luz [n. del t.].

11. Elizabeth Kolbert: «The Obscene Energy Demands of ai» en The New Yorker, 9/3/2024.

12. B. Calvert: «ai Already Uses as Much Energy as a Small Country. It’s Only the Beginning» en Vox, 28/3/2024.

13. Mehul Reuben Das: «Microsoft, Already One of the Biggest Polluters Because of ai, Saw Its 2023 Emissions Grow 30% from 2020» en Firstpost, 17/5/2024.

14. «ai Is Already Wreaking Havoc on Global Power Systems» en Bloomberg Technology, 21/6/2024.

15. L. Aschenbrenner: «Situational Awareness», 6/2024, disponible en <https://situational-awareness.ai/>.

16. También sostiene que los casos de uso actuales se restringen a la generación de imágenes y el procesamiento de información, así como al marketing automatizado; v. Tej Parikh: «The Bear Case for ai» en Financial Times, 18/7/2024.

17. A. Murrell: ob. cit.

18. La autora se refiere al videojuego de la casa de moda española Balenciaga creado en colaboración con el artista bfrnd, musicalizador de todos sus desfiles [n. del t.].

19. Boaz Levin ha planteado esto para el caso de la fotografía en su excelente texto «The Pencil of Cheap Nature: Towards an Environmental History of Photography» en Philosophy of Photography vol. 14 No 1, 1/2024.

20. Kohei Saito: La naturaleza contra el capital. El ecosocialismo de Karl Marx, Bellaterra, Manresa, 2022.

21. J. Bellamy Foster: «Marx’s Theory of Metabolic Rift: Classical Foundations for Environmental Sociology» en American Journal of Sociology vol. 105 No 2, 9/1999, p. 380.

22. B. Levin: ob. cit.

23. Alfred Sohn-Rethel: «The Formal Characteristics of Second Nature» en Selva, 20/7/2019; Frank Engster y Phoebe V. Moore: «The Search for (Artificial) Intelligence, in Capitalism» en Capital and Class vol. 44 No 2, 6/2020.

24. Ibíd.

25. K. Marx: Teorías sobre la plusvalía ii, vol. iv de El capital, fce, Ciudad de México, 1980, p. 15.

26. Como explica Esme Buden, las empresas de agua, por ejemplo, seguían vendiendo agua, pero se negaban a drenar las aguas residuales, lo cual provocó brotes de enfermedades infecciosas. E. Buden: «Das Milljöh im Milieu, Soziale Wohnungshygiene am Beispiel der Berliner Cholera- und Tuberkulosebekämpfung. Beitrag zum Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten ‘Mehr als ein Dach über dem Kopf. Wohnen hat Geschichte’», 2022-2023, inédito.

27. Ibíd.

28. R. Devi: ob. cit.

Summaries
Resúmenes en inglés

Antulio Rosales: The New Era of Cryptoauthoritarianism [5061]

Cryptocurrencies have become a key component in the global rollback of democracy. The intertwining of cryptocurrencies and contemporary authoritarian regimes has been widely underestimated and misunderstood as an isolated phenomenon within the process of autocratization and the blending of public and private interests promoted by various political leaders.

Keywords: Autocracies, Bitcoin, Cryptocurrencies, Nayib Bukele, Donald Trump.

Manuel Pastor: Understanding Latino Support for Trump [5062]

Progressives in the United States will achieve lasting gains among Latino voters only if they examine not just why Donald Trump appealed to them, but also why the Democrats did not. That requires abandoning preconceived notions about Latino identity and probing the reality of a heterogeneous world—including economic (and class) variables—, paying attention to the social imaginaries of these communities.

Keywords: Economy, Latinos, Make America Great Again [maga], Donald Trump, United States.

Juan Pablo Luna: Broken Democracies or the Surge of Organized Crime [5063]

Latin America’s democratic crises are not only due to political and institutional factors—or to phenomena such as populism or polarization—but to much deeper causes, such as organized crime. This latter factor affects not only weak states; in countries like Chile, Uruguay, and Argentina, it also shapes the political and electoral agenda.

Keywords: Democracy, Organized Crime, State, Violence, Latin America.

Gabriel Kessler / María Victoria Murillo: Latin America’s Decade of Political Unrest: Vertical and Horizontal Discontent [5064]

After the commodities boom, the region is experiencing a new cycle of unrest, expressed both through votes against incumbent governments and through anti-government protests. This discontent has manifested in two distinct ways. The horizontal form produces social and electoral polarization, driven by organizations that represent and mobilize various actors. The vertical form, by contrast, leads to electoral fragmentation and expresses a rejection of political elites, as well as a disconnection from social organizations.

Keywords: Horizontal Discontent, Protests, Vertical Discontent, Unrest, Latin America.

Viri Ríos / Humberto Beck: Morena’s Mexico: An Inspiration for the Left? [5065]

Claudia Sheinbaum’s administration, like that of Andrés Manuel López Obrador, has stirred controversy on the left. The public policies implemented have improved the living conditions of the poorest, while both presidents’ popularity has prevented the rise of far-right forces. However, the strong hegemony of Morena and the reforms it has promoted have sparked differing views within progressive circles about the risks and advances involved. This article presents a counterpoint between two of these views.

Keywords: Democracy, Transformation, Morena, Claudia Sheinbaum, Mexico.

José Natanson: Milei’s Argentina: On the Road to a «Peruvian Model»? [5066]

Beyond the circumstantial reasons behind La Libertad Avanza’s (lla) victory in Argentina’s legislative elections—anti-Peronism, fear of a financial collapse if the ruling party lost—, the libertarian president’s connection with his electorate can be explained by long-term transformations in Argentine society, now distant from its more egalitarian past and from a welfare State that, while incomplete, was once present. In that respect, Peronism seeks to represent a society that no longer exists.

Keywords: Anti-Peronism, Developmentalism, Inequality, Javier Milei, Argentina.

Cristóbal Bellolio Badiola: Chile: Three Rights and One Chair [5067]

The Chilean right regained the Presidency through democratic elections only 20 years after Pinochet stepped down following his defeat in the 1988 plebiscite. Its return took a moderate form under Sebastián Piñera. Now, if current projections are borne out, it will be back in its radical variant, led by José Antonio Kast, who advocates a reversion to the ideological foundations of the right articulated by Jaime Guzmán, the principal architect of the 1980 Constitution drafted under the dictatorship.

Keywords: Center-Right, Emergency Government, Radical Right, José Antonio Kast, Chile.

Fernando Molina: Capitalism for Everyone? Elites, Popular Sectors, and Bolivia’s Rightward Turn [5068]

After a long period of hegemony by the Movimiento al Socialismo (mas), the recent presidential elections signaled a political and ideological shift. To what extent does this represent a victory for the old opposition? Why did the «popular bloc» turn to the center-right Rodrigo Paz-Edman Lara ticket? And what does this reveal about the cleavages that run through Bolivian history?

Keywords: Elites, Popular Bloc, Right, Evo Morales, Rodrigo Paz, Bolivia.

Agustín Canzani: The Half-Full Glass: The New Administration of Uruguay’s Left [5069]

The return of the Frente Amplio to office comes under new circumstances, marked by the end of the historic leftist leaders who long defined Uruguay’s politics. Against this backdrop of renewal, the country faces fresh social, economic, and security challenges. Although Uruguay’s institutions remain enviably strong compared with those of other countries in the region, issues such as the rise of organized crime are beginning to raise alarm.

Keywords: Democracy, Left, Reforms, Yamandú Orsi, Uruguay.

Hans-Jürgen Burchardt: New Perspectives on the Far Right: The Failures and Options of Progressivism [5070]

The growth of the far rights in Latin America reveals the decline of the progressive cycle, which had been closely tied to the boom in commodity prices. This new scenario compels the left to devise innovative «antidotes,» linked to more creative projects of structural transformation.

Keywords: Extractivism, Far Right, Progressivism, Latin America.

Soledad Vallejos: Scenes from the Cultural Battles of the New Rights [5071]

The rise of a radical right that brings together libertarians, conservatives, and reactionaries has been driven by a series of events, interactions, and networks engaged in a sustained anti-progressive battle. Until recently, their efforts seemed futile, but today they sense that the winds have shifted in their favor. The arrival of Javier Milei to power in Argentina has been followed by Donald Trump’s return to the White House. Figures such as Argentina’s Agustín Laje are part of these contemporary culture wars.

Keywords: Cultural Battle, Libertarianism, New Right, Agustín Laje, Javier Milei.

Hito Steyerl: Images in the Age of Heat [5072]

What does «creation» mean when images are mass-produced by systems that do not understand desire or pain? How can we prevent art from becoming yet another tool of digital extractivism or algorithmic warfare? Has culture reached a dead end? Medium Hot: Images in the Age of Heat (2025) addresses these questions, focusing on the role of data in today’s world.

Keywords: Data, Energy, Environment, Images, Social Metabolism.

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