NUEVA SOCIEDAD

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de pensamiento progresista, que aboga por el desarrollo de

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Nueva Sociedad No 319

Diseño original de portada: Horacio Wainhaus

Diagramación: Fabiana Di Matteo

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Corrección: Germán Conde, Vera Giaconi

Traducción al inglés de los sumarios: Ingrid Reca

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NUEVA SOCIEDAD | 319

Septiembre-Octubre 2025

Índice

coyuntura

5050 Pablo Stefanoni / Diego Velásquez. El mas boliviano: ¿un colapso sin pena ni gloria?

Tribuna global

5051 Adam Shatz. Diario de Berlín: las torsiones de la memoria alemana

tema central

5052 Sofía Ávila Calero. Capitalismo solar: ¿motor de un colonialismo (eco)moderno?

5053 Maritza Islas Vargas. La paradoja extractivista. Entre la crisis climática y la transición energética

5054 Matías Kulfas / Martín Schapiro. América Latina ante la nueva globalización

5055 Maristella Svampa. Extremas derechas: entre el negacionismo y el ecofascismo

5056 Claudia Antunes. El mamut en la sala: el estado de las negociaciones de la cop30

5057 Alicia Abanto / Aldo Santos / Paulo Vilca. La minería ilegal en Perú: un desafío para el ambiente y la democracia

5058 Bruno Fornillo / Melisa Argento. El nuevo «oro blanco». Cómo se construyó la ideología del litio

5059 Alyssa Battistoni. El valor de la naturaleza. ¿Por qué algunos dones de la naturaleza siguen siendo gratuitos?

ensayo

5060 Martina Garategaray. Los orígenes de Nueva Sociedad y la izquierda latinoamericana

SUMMARIES

Segunda página

Las advertencias sobre la crisis climática –que a veces toman la forma de predicciones colapsistas– y los desastres en curso asociados al calentamiento global no han generado, pese a los esfuerzos desplegados, una respuesta mundial a la altura del desafío, y esto se debe, en gran medida, al crecimiento electoral de las fuerzas negacionistas. Aun así, se mantienen objetivos de descarbonización y transición energética, que requieren a su vez una enorme cantidad de minerales provenientes en gran medida del Sur global. Esto plantea oportunidades, pero también riesgos de consolidar nuevas formas de extractivismo y relaciones de dependencia. A reflexionar sobre estos temas se dedica el Tema Central de este número de Nueva Sociedad.

En el artículo de apertura del dossier, Sofía Ávila Calero propone el concepto de «capitalismo solar» para pensar críticamente, desde el Sur global, la cuestión energética contemporánea. La autora pone el foco en las diversas estrategias de acumulación que están respondiendo al desafío combinado del cambio climático y el declive progresivo de los recursos fósiles, y en la forma que toma el acaparamiento global de tierras, minerales y trabajo. Como escribe Maritza Islas Vargas, la transición energética no solo demanda una gran cantidad de minerales, sino que además no está reduciendo el uso de energía fósil, ya que el consumo total de energía (fósil y renovables) ha venido aumentando. La promesa de desmaterialización y desfosilización se aleja, mientras se profundizan las brechas entre el Norte y el Sur global. En este marco, Matías Kulfas y Martín Schapiro sostienen que, frente a los cambios en el escenario internacional y el bajo crecimiento, América Latina necesita estructurar un nuevo consenso productivo y una síntesis desarrollista. Pero esto no debe pensarse como un regreso nostálgico al desarrollismo clásico, sino como una adaptación al escenario mundial actual, marcado por una nueva fase de la globalización y por una transición energética a escala global.

Esta transición está atravesada por fuertes tensiones, en parte vinculadas al crecimiento de las extremas derechas. Con la llegada al poder de Donald Trump en 2017 –escribe Maristella Svampa–, arrancó una segunda ola negacionista, que ya no se limita a think tanks sino que se sostiene en los gobiernos. Pero las derechas radicales despliegan también estrategias «retardistas» –que no niegan el cambio climático, pero buscan frenar las acciones en su contra– e incluso diversas expresiones de «ecofascismo», que proponen respuestas reaccionarias al calentamiento del planeta.

Claudia Antunes analiza lo que está en juego en la cop30, que se reunirá en la localidad brasileña de Belém. Esta nueva cumbre del clima amenaza con dejar fuera de la agenda temas fundamentales para contener el colapso climático, como la eliminación de los combustibles fósiles y el aumento de la ambición de las metas nacionales de reducción de emisiones de los gases que producen el calentamiento global. Pese a todo, sectores de la sociedad civil global intentarán incidir, desde diferentes iniciativas, en la primera cumbre en cuatro años que se reunirá en un país democrático.

En el marco de la descarbonización, Bruno Fornillo y Melisa Argento desmenuzan las narrativas en torno del litio, el metal estrella de la transición energética. Los nombres del litio («oro blanco», «petróleo del siglo xxi», «mineral del futuro») permiten captar el clima de época: así como el Ford t representó toda una era que llevó el nombre de fordismo, el auto eléctrico quizás se vuelva la imagen privilegiada de un mundo signado por el capitalismo verde, la sociedad excluyente y la crisis múltiple. Pero junto con la gran minería existe, en parte de América Latina, la minería informal e incluso ilegal, a menudo asociada al crimen organizado. Alicia Abanto, Aldo Santos y Paulo Vilca abordan el caso peruano, en el que este fenómeno no solo resulta alarmante desde el punto de vista de la seguridad y el deterioro ambiental, sino que es una fuente de financiamiento de la política.

Finalmente, Alyssa Battistoni se interroga sobre el valor de la naturaleza. En su artículo, pone en cuestión dos enfoques opuestos que han tratado de resolver este problema: el que viene bregando por hacer frente a la crisis ecológica mediante mecanismos de mercado y el que defiende que la naturaleza es algo invaluable. Ante el fracaso de ambos, sostiene la autora, son necesarios abordajes alternativos: es mejor pensar los ecosistemas como infraestructuras y no como mercancías, e imaginar nuevas formas de socialización de la naturaleza, en beneficio de humanos y no humanos.

Podría objetarse que hoy no hay fuerza política para algo tan ambicioso. Que la crisis del ambiente convive con la crisis del ambientalismo. Pero, al mismo tiempo, pocos creen que sea posible reimaginar un proyecto emancipatorio sin incluir al planeta entero y buscar formas de frenar su acelerado deterioro, asociado a formas de producción y consumo que resultan insostenibles pero que son muy difíciles de cambiar.

| coyuntura

El mas boliviano: ¿un colapso sin pena ni gloria?

Pablo Stefanoni / Diego Velásquez

La primera vuelta de las elecciones bolivianas selló el fin del Movimiento al Socialismo (mas), dejándolo prácticamente fuera del Parlamento luego de dos décadas de dominio político e institucional. Su antiguo electorado se desplazó en gran medida hacia la candidatura de Rodrigo Paz Pereira, ubicado en la centroderecha, lo que plantea preguntas sobre el devenir del llamado «bloque popular» y la izquierda boliviana. La segunda vuelta del 19 de octubre determinará cómo se adaptará Bolivia al nuevo clima político regional, heterogéneo pero desplazado hacia la derecha.

El veredicto de las elecciones presidenciales celebradas en Bolivia el pasado 17 de agosto les recordó al Movimiento al Socialismo (mas) y a sus dirigentes la advertencia del poeta español José Ángel Valente: «Lo peor es creer que se tiene razón por haberla tenido».

El partido que dominó la política boliviana desde 2005 y que fue el alma y el motor de la «Revolución Democrática y Cultural» –con resultados históricos de 64% de los votos en las elecciones de 2009, 61% en 2014 y 55% en 2020– no solo ha quedado fuera de la segunda vuelta de las elecciones, sino que prácticamente ha implosionado como partido-movimiento. El 19 de octubre, el país se pronunciará en una segunda vuelta entre un candidato de «centroderecha popular» –o que aspira a serlo–, Rodrigo Paz Pereira (que obtuvo 32% de los votos válidos), y otro de la derecha neoliberal radical, el ex-presidente Jorge «Tuto» Quiroga (26,7%). Una situación inimaginable hasta hace poco tiempo, cuando parecía imposible que el mas no llegara a la segunda vuelta.

A pesar de la sorpresa por los resultados, el mapa electoral ha mantenido su división histórica entre el Occidente y el Oriente del país. En el Occidente andino se impuso Paz con una amplia ventaja sobre el segundo, mientras que en el Oriente lo hizo Quiroga con menos contundencia.

El mas, por su parte, se presentó a las elecciones dividido en tres facciones y con dos candidatos: el ex-ministro Eduardo del Castillo, bajo la sigla oficial, solo obtuvo 3,17% de los votos, mientras que Andrónico Rodríguez, que se presentó bajo una sigla «prestada», sumó 8,5%. Por último, el ex-presidente Evo Morales, inhabilitado electoralmente por la justicia, se «coló» en la elección haciendo campaña por el voto nulo y obtuvo un resultado nada desdeñable: 19% de los votantes siguieron su consigna y anularon el voto (si se excluye 3,5% de votos nulos de elecciones anteriores, se puede atribuir al ex-presidente alrededor de 16% de esos sufragios). Con estos resultados, no es difícil imaginar que, con una candidatura unitaria, el mas habría estado en condiciones de pasar al balotaje, aunque luego tuviera pocas chances de ganarlo. Pero incluso perdiéndolo, habría conseguido una representación significativamente mayor a la que obtuvo el 17 de agosto, cuando prácticamente desapareció de la vida parlamentaria.

El conjunto de la galaxia del mas contará con siete diputados sobre un total de 130, cifra irrisoria luego de haber ostentado dos tercios de los escaños durante su larga hegemonía política. Fundado en 1997 con el nombre de Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (ipsp), con el mas como sigla electoral1, este partido surgido de los movimientos sociales ha dejado de representar a las capas populares del país. Así concluye un largo ciclo político marcado por el ascenso de los movimientos sociales, los sindicatos y las organizaciones indígenas hacia el centro del Estado, en una especie de «democracia corporativa» dirigida por Morales como líder indiscutible2.

Razones del declive

Tras los comicios se han esgrimido dos razones para explicar el colapso del mas: las luchas internas y la crisis económica. Ambas explicaciones son sin duda válidas, pero detrás de ellas se esconde una causa más profunda. Más allá de las luchas faccionales, el derrumbe se explica también por el debilitamiento del programa de cambio que encarnó el evismo.

En sus primeras gestiones, el mas mostró capacidad de inclusión étnica y social, ampliando la «foto de familia de la nación» e incluso habilitando un largo periodo de crecimiento económico que se derramó en parte sobre los más pobres. Pero ese modelo, ampliamente elogiado por la izquierda latinoamericana y europea, poco a poco dejó ver sus puntos débiles: la expansión económica se basaba en gran medida en los altos precios internacionales de las materias primas y en descubrimientos previos de yacimientos gasíferos y recaía así en una variante del «nacionalismo geológico» que históricamente movilizó a las fuerzas «nacional-populares» (1937, 1952, 1969, 2005)3.

Al mismo tiempo, el largo gobierno del mas ha sido incapaz de mejorar la calidad de las instituciones y de poner en pie las bases de un Estado social digno de ese nombre. El «enamoramiento» de políticas de corto plazo, funcionales a una suerte de campaña electoral permanente, ha marcado estos casi 20 años de gestión. No fue poco lo logrado, pero ese modelo de gestión económica se fue agotando y finalmente sobrevino la crisis frente a la escasa capacidad de reacción del gobierno de Luis Arce.

La «memoria corta» fue sustituyendo entonces a la «memoria larga» de los últimos 20 años, y la oposición acabó por hacerse con la bandera del «cambio», durante mucho tiempo monopolizada por el mas. La Bolivia popular votó por un candidato, Rodrigo Paz, que lleva más de dos décadas en la política, pero no está asociado personalmente al periodo pre-2005 ni fue parte de las principales figuras opositoras al mas, como sí lo fueron sus principales adversarios. El empresario Samuel Doria Medina –tercero en la primera vuelta del 17 de agosto, cuando todas las encuestas le daban el primer lugar– fue ministro en la década de 1990, y «Tuto» Quiroga fue presidente en 2001 por sucesión constitucional4. En este marco, pueden leerse provisoriamente los resultados de la primera vuelta –una hipótesis de trabajo que debe ser validada por investigaciones posteriores– como una suerte de «tercera vía» frente al hartazgo hacia el mas y sus luchas faccionales, y como un rechazo de un retorno de las elites tradicionales al poder.

Parte del descalabro del mas también encuentra explicación en la obstinación de Morales por ser re-reelegido. Si la Constitución de 2009 –surgida de la Asamblea Constituyente bajo el gobierno del mas– permite solo una reelección consecutiva, Morales se presentó en 2014 utilizando una argucia interpretativa del nuevo texto y luego intentó reformar la Constitución mediante el referéndum de 2016 para introducir la reelección indefinida. Pero Bolivia, un país históricamente antirreeleccionista, votó en contra, y el «No» se impuso por escaso margen. Pese a ello, Morales ignoró en los hechos los resultados, que consideró producto de una «guerra sucia» contra él, lo cual repolarizó el país en torno de su figura (no hay que olvidar que en 2014 había ganado incluso en la hostil región de Santa Cruz y el país parecía extrañamente despolarizado5). Su obsesión reeleccionista quedó plasmada en un hecho en apariencia anecdótico, ocurrido precisamente cuando Morales buscaba formas jurídicas para viabilizar su re-reelección: en 2017, el mandatario recibió, en el marco de una cumbre de países exportadores de gas realizada en Bolivia, al dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, en el poder desde 1979 y conocido por la represión de la oposición y el saqueo de los recursos naturales de su país. Haciendo poco caso a esto, o quizás ignorándolo, el presidente boliviano quiso indagar sobre la forma de «ganar las elecciones con más de 90% de los votos» del «hermano Teodoro». «Me ha sorprendido, quisiera que nos comparta la experiencia con nuestros hermanos ministros», afirmó Morales durante un acto público en el que además lo condecoró con el máximo reconocimiento del Estado boliviano: el Cóndor de los Andes6. La oposición guineana ecuatorial, cuyos dirigentes arriesgan cotidianamente su libertad, podría dar una rápida respuesta al interrogante de cómo conseguir 90% de los votos.

Morales estuvo lejos, empero, de construir una dictadura, como denunciaban sus detractores. Aunque a menudo tensionó las instituciones democrático-liberales, sus victorias electorales, aplastantes, reflejaron el apoyo popular al proceso de cambio. Aun así, fue claro el desplazamiento discursivo oficial sobre su liderazgo: si en 2005 Morales era «uno más» entre los «hermanos campesinos» –el documental Hartos Evos aquí hay (2006) plasmó esa imagen7–, su voluntad de re-reelección requería una torsión narrativa que su entorno se encargó de impulsar: solo había un Evo. Así, fue comparado con el líder anticolonial Túpac Katari y se volvió un tipo de caudillo de los que «aparece uno cada 500 años». Ese relato, sin embargo, no terminó de calar.

Luego de sus fracasos electorales y discursivos, el triunfo del «No» en el referéndum de 2016 fue la bandera que necesitaba la oposición –cuyo eslogan fue, a partir de entonces, «No es no»– para reorganizarse, reconstruir su épica erosionada por la suma de defecciones electorales y lanzar una renovada ofensiva contra el gobierno del mas. El discurso opositor mezclaba demandas democráticas legítimas con fuertes resabios de racismo antiindígena, presente sobre todo en el antievismo, especialmente virulento en las redes sociales.

La polarización, cada vez más crispada, alcanzó su punto álgido con el derrocamiento del gobierno del mas en 2019, cuando de manera inesperada sus bases no reaccionaron a tiempo. Esta falta de respuesta fue posiblemente efecto de la sorpresa –nadie pensaba que Evo Morales pudiera caer tan fácilmente, ni siquiera sus opositores– pero también, y no menos importante, de la desmovilización producto de la rutinización en el poder, cuando la energía militante se fue desplazando hacia la búsqueda de empleos en el Estado («pegas», como dicen en Bolivia)8. Poco más tarde, fue la represión impulsada por el nuevo gobierno la que activó las dinámicas de movilización. El mas recuperaba, de manera momentánea, la épica política de 2005, cuando luchó por el gobierno con una modesta campaña sostenida en la capacidad movilizadora de las organizaciones sociales.

Tras la derrota política de la derecha, el mas volvió al poder de forma inesperada en 2020 y demostró así una resiliencia que sus detractores habían subestimado. El gobierno de facto de Jeanine Áñez, surgido de la asonada cívico-policial que siguió a las fallidas elecciones de 2019, no solo fue represivo, sino que con su pésima gestión sufrió una fuerte caída en su popularidad –que al comienzo era muy elevada en el sector antievista de la sociedad boliviana–. La mezcla de ineficiencia y corrupción de las nuevas autoridades facilitó, sin duda, la vuelta del mas: en aquel momento, la Bolivia popular seguía en sintonía con este «instrumento político» y lo reactivó para recuperar el poder.

Evo Morales, exiliado en Argentina y excluido de las elecciones, promovió entonces al ex-ministro de Economía, Luis Arce Catacora, como candidato a la Presidencia. En plena crisis económica, agravada por la pandemia, su nombre seguía evocando el «milagro económico» boliviano. Fue su imagen de buen gestor la que permitió a Arce ganar las elecciones con 55% de los votos. Los analistas quedaron atónitos la larga noche electoral del 8 de noviembre de 2020; no podían creer en los resultados que el Órgano Electoral comenzaba a difundir: la demonización del mas había fracasado estrepitosamente.

Sin embargo, nada más tomar posesión, el nuevo presidente apartó a las principales figuras del evismo y se rodeó de su propia camarilla. Ante lo que consideraba un plan para reducir su influencia, «el plan negro», Morales multiplicó sus ataques al gobierno y denunció cada vez con más vehemencia una «persecución política» en su contra9.

La guerra interna entre los partidarios de Morales y los de Arce no tardó en intensificarse. Este último, desde el Estado, dividió a las organizaciones sociales y utilizó a la justicia para «robarse» la sigla del mas; Morales, por su parte, se replegó sobre su base más dura y, tras su orden de detención por un caso de «trata de personas» –acusado de mantener una relación con una menor de edad–, se retiró a su bastión del Chapare, protegido por los sindicatos de cultivadores de coca. Rápidamente, empezó a ver traidores por todas partes, incluido el ex-vicepresidente Álvaro García Linera, llamado «nuevo enemigo»10, y su única obsesión se volvió luchar contra su inhabilitación por parte de una justicia siempre al servicio del gobierno de turno11. (Este oportunismo político-judicial se hace patente hoy en la anulación de sentencias contra Áñez tan pronto como el mas perdió las elecciones y sin esperar siquiera a la segunda vuelta).

El nombre del nuevo movimiento lanzado por Morales para intentar presentarse a la Presidencia al margen del mas, evo Pueblo (Estamos Volviendo Obedeciendo al Pueblo), revela el repliegue sobre sí mismo y la falta de conciencia de que ya no es el líder indiscutible de la izquierda boliviana. Su llamamiento a anular el voto en las elecciones de 2025 refleja una verdad incómoda para el ex-presidente: aún conserva un importante apoyo electoral en sus bastiones, sobre todo rurales, pero la fuerza que demuestra es probablemente también su techo. Hay que recordar que Morales sufrió una dura derrota tras los infructuosos bloqueos de carreteras para revocar su «proscripción», que no solo fueron reprimidos por el gobierno de Arce, sino que también provocaron un fuerte rechazo social. Aun así, el ex-presidente sigue siendo un actor político importante.

Al mismo tiempo, los déficits de gestión irían debilitando al arcismo y al espacio del mas en su conjunto. Supuesto artífice del «milagro económico» como ministro, Arce se ha mostrado impotente ante la crisis económica una vez en la Presidencia. Bajo su gobierno han resurgido imágenes conjuradas desde 2005, como la escasez de dólares y de gasolina, junto con la caída de las exportaciones de gas12. El «milagro económico» es ya un recuerdo lejano que deja terreno libre para los eslóganes de la oposición, que asocian al mas con crisis, autoritarismo y declive nacional.

Así, la última gestión del movimiento fue la síntesis de sus límites y de su dificultad para comprender las nuevas coordenadas del país y de la sociedad que ayudó a transformar. Resultado: una economía en crisis por su alta dependencia del extractivismo, primacía de disputas personales sobre la discusión programática y adormecimiento de los movimientos sociales, en particular de sus dirigentes, producto de su simbiosis con el Estado. Si la innegable virtud de este ciclo político fue la inclusión, no es menos cierto que el discurso refundacional, sostenido en la idea de una regeneración intelectual y moral de la nación a partir de las poblaciones indígenas, ya se había erosionado hacía tiempo (diversos casos de corrupción fueron debilitando el capital simbólico de lo indígena). Y así como vuelven los mismos actores políticos de los años 2000, también lo hacen los discursos e imágenes del pasado: hoy los cultivadores de coca, la base más dura del mas, vuelven a ser percibidos como «narcos», como era el caso antes de 2005. Al mismo tiempo, hay en curso una acelerada redefinición negativa de un periodo que llegó a concitar un inmenso apoyo popular solo comparable, y quizás superior, al de la Revolución Nacional de abril de 1952.

Reconfiguraciones del voto popular

Entre las tres corrientes del mas, había surgido un candidato relativamente competitivo: Andrónico Rodríguez. Este joven líder campesino y presidente del Senado se fue alejando progresivamente de su mentor, Evo Morales, a medida que la inhabilitación de este último se convertía en un hecho consumado y Morales se negaba a elegir un candidato alternativo. El ex-presidente se volvió entonces cada vez más susceptible y se obsesionó con controlar cada paso de Andrónico, quien finalmente decidió lanzarse a la carrera electoral sin el apoyo del caudillo. A partir de ese momento, fue declarado traidor por la facción evista e incluso fue agredido al momento de emitir su voto13.

Al inicio de la campaña, Andrónico Rodríguez estaba bien posicionado en las encuestas, que le daban posibilidades de pasar a la segunda vuelta, aunque no de ganarla. Sin embargo, con el correr del tiempo, no logró mantener el impulso de su candidatura debido a una serie de dificultades objetivas y errores propios: la elección de su vicepresidenta, la ex-ministra Mariana Prado, no le aportó votos adicionales (se la consideraba demasiado elitista) y fue fuente de numerosas polémicas14; algunos miembros de su entorno inicial eran figuras desacreditadas del mas; y, no menos importante, el boicot activo de Morales contribuyó a debilitarlo. El joven dirigente campesino, que se mostró tímido e incluso errático a la hora de definir los contornos de su proyecto de renovación generacional, no logró revertir el voto nulo promovido por Morales. Aunque se distanció del líder, nunca rompió con él, lo que lo llevó a dedicar gran parte de su campaña a explicar su relación con el ex-presidente. Si bien su candidatura contó con el apoyo de algunas federaciones de cultivadores de coca, campesinos y cooperativas mineras, entusiasmó más a algunas figuras del progresismo urbano que a las bases, duras o blandas, del mas.

Ciertamente esta es una parte de la historia. La otra es que el voto «blando» del mas se desplazó hacia una candidatura que había pasado por debajo de los radares de los analistas. Mientras las encuestas daban el primer y segundo lugar al político y empresario Doria Medina y al ex-presidente Quiroga, finalmente fue Rodrigo Paz, hijo del ex-presidente Jaime Paz Zamora, quien dio la sorpresa y se alzó con el primer puesto. El cálculo es sencillo: la mayoría de los indecisos, alrededor de 30%, que en su mayoría eran votantes del mas, optaron por esta alternativa.

Las razones de este fenómeno no se conocen del todo. Hay un amplio consenso en que Paz acertó al elegir a su compañero de fórmula: el ex-policía Edman Lara, conocido como capitán Lara, que se hizo popular al denunciar la corrupción de altos mandos de la policía y fue expulsado de las fuerzas del orden por este motivo. Tras la expulsión, comenzó a vender ropa de segunda mano en un mercado de Santa Cruz, haciéndose parte del vasto mundo del comercio informal, mientras terminaba sus estudios de Derecho. Lara se convirtió así en un candidato anticorrupción (la corrupción policial es endémica en Bolivia), que proyectó además la imagen de un emprendedor capaz de superar la adversidad. En este contexto, el capitán de 40 años se fue convirtiendo en una figura popular en TikTok, red en la que realizaba transmisiones en vivo, en las que, por ejemplo, se filmaba masticando hojas de coca con la canción «La coca no es cocaína» de fondo (eslogan otrora promovido por el mas), o se burlaba de la elite boliviana por comprar, a menudo, ropa de marca pero usada. El capitán Lara se ha forjado un perfil cercano al mundo popular y a la gente común. Se declara partidario del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sin adoptar por ello su programa autoritario y represivo (la inseguridad no es un tema de campaña en Bolivia). Se presentó como el outsider antisistema que muchos esperaban pero que no terminaba de emerger en Bolivia. Su candidatura reforzó la de Paz, en un contexto en el que la oferta electoral era un déjà vu de dos décadas atrás.

La campaña de Paz-Lara combinó redes sociales con acciones al viejo estilo, que incluyeron viajes a los rincones más remotos del país, entre ellos poblaciones como Orinoca, un pequeño pueblo del Altiplano profundo conocido por ser el lugar de nacimiento de Evo Morales. Su estrategia consistió en mostrarse más cerca de la gente común que de las elites económicas tradicionales. Es por eso que la geografía del voto a favor de Paz-Lara muestra los mejores resultados en las regiones donde el mas había ganado desde 2005: los departamentos del Occidente andino. La dupla, que se presentó bajo la sigla del Partido Demócrata Cristiano (pdc) –un partido «taxi» que ofrece en cada elección su personería jurídica a algún candidato necesitado de sigla–, ganó en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Chuquisaca y Potosí. En la ciudad plebeya de El Alto, el binomio rozó 60% de los votos; allí, el voto nulo alcanzó el 16% (proxy del apoyo a Evo Morales) y Andrónico Rodríguez obtuvo 7,4%15. Incluso en los bastiones más leales a Evo el tándem Paz-Lara obtuvo un buen resultado: en el municipio de Chayanta, al norte de Potosí (zona minera y campesina), 49% de los votantes anuló su voto, 40,7% eligió a Paz-Lara y 32,5% votó por Andrónico. En Villa Tunari, región cocalera del Chapare donde «reina» Evo Morales, 84% de los electores anuló su voto y, entre los votos válidos, 46% eligió a Andrónico y 28% a Paz-Lara. (No deja de ser sintomático que Paz haya perdido en Tarija, su propia región y donde ya se desempeñó como alcalde de la capital departamental).

En términos más generales, el voto del mas se repartió entre Paz-Lara, el voto nulo y Andrónico Rodríguez. Pero ¿qué expresa esta reconfiguración?

El tándem Paz-Lara obtuvo el apoyo de la Central Obrera Regional de El Alto, las cooperativas mineras y los transportistas, organizaciones que son, en gran parte, expresiones del capitalismo popular que formaba parte de la base social del mas. Este partido-movimiento agrupaba a empresarios y pequeños propietarios urbanos y rurales, en un país caracterizado por el fuerte peso de la economía informal. Los Ponchos Rojos aymaras y el ala arcista de la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (csutcb) se han acercado también al binomio Paz-Lara, que propone «capitalismo para todos»16 para la segunda vuelta, de manera de evitar un triunfo de la derecha dura.

«No es nuestra sombra, pero tampoco es la suya [la de las elites tradicionales], es un espacio en el que podremos ejercer influencia (...) el mal menor para la gente que ha apoyado al mas durante 20 años», explica el sociólogo Carlos Hugo Laruta, hablando en nombre del votante popular de Paz. «La gente acabó optando por la candidatura más frágil, una especie de botella vacía que podría llenarse, y las listas de Paz-Lara incluían también a candidatos provenientes del mas en el nivel local»17. La fuerza de este cálculo se constata en el hecho de que, en plena crisis económica, los bolivianos eligieron en la primera vuelta al candidato que ofrecía menos certezas en materia de política económica, a diferencia por ejemplo de Doria Medina, que no solo eligió como compañero de fórmula al ex-funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo (bid) José Luis Lupo, sino que hizo además que su campaña gravitara sobre su programa económico para tratar de superar la crisis.

Esta lógica en la relación entre el mundo popular y el Estado era bastante común en la época pre-Evo, cuando diversos corporativismos populares buscaban cobijo en los partidos tradicionales. En la década de 1990, esta dinámica también se manifestó a través de nuevos tipos de «populismos cholos», representados por partidos como Conciencia de Patria (Condepa). El mas se autoproclamó entonces como una forma de autorrepresentación popular. Pero el apoyo a Paz-Lara es aún provisional y constituye una salida de emergencia ante la crisis final del mas. Para el sociólogo Pablo Mamani, se trató de un voto estratégico antes que militante, para evitar perder logros de los últimos años, en particular la relación con el Estado, frente a candidatos percibidos como más elitistas (aun si Paz también pertenece a la elite). El sociólogo aymara destaca también la expansión de una nueva clase de indígenas ricos, los qamiris, que rivalizan con la burguesía tradicional no solo por su dinero, sino también por las formas de construir capital simbólico. Estos indígenas ricos, a los que algunos llaman la «burguesía chola», están lejos del miserabilismo con el que la izquierda suele percibirlos18. Muchos de estos sectores se han insertado exitosamente en la globalización y realizan sobre todo negocios con China, adonde los comerciantes indígenas viajan para cerrar sus contratos de importación de productos19.

El caso de El Alto es significativo. Esta ciudad de un millón de habitantes es escenario de complejos procesos de urbanización de migrantes internos procedentes del campo, que mantienen vínculos con sus comunidades de origen. Los «cholets» (palabra que mezcla «chalet» y «cholo») son testimonio de procesos de enriquecimiento y movilidad social, pero también de nuevas formas de plasmar este ascenso económico en estos coloridos y abigarrados edificios de estilo neoandino o en fiestas comunitarias. Incluso durante el periodo de hegemonía del mas los habitantes de El Alto podían votar, en señal de autonomía, a alcaldes de centroderecha opuestos al gobierno de Evo Morales, como Soledad Chapetón. Esta ciudad popular –que se rebeló en 2003 durante la guerra del gas– podía elegir, también, a un alcalde partidario de un tratado de libre comercio con Estados Unidos como lo fue José Luis Paredes.

Ciertamente, los sectores populares se sienten interpelados por fuerzas conservadoras. Un ejemplo fue el 9% de los votos obtenidos por el médico y pastor evangélico de origen coreano Chi Hyun Chung, en su mayoría provenientes del electorado del mas. En la precampaña de 2025, la candidatura de Jaime Dunn, antiguo trader en la bolsa de Nueva York y autoproclamado «verdadero candidato liberal», también encontró eco en los sectores populares con un discurso de tono libertario, y despertó expectativa en su figura, aun si finalmente no se presentó.

No obstante, incluso si hoy en día este complejo mundo popular ha abandonado al mas y se ha refugiado de manera pragmática y provisoria en el binomio Paz-Lara, esta adhesión no tiene aún la fuerza ideológica que tuvo aquel proyecto. Estos discursos liberal-conservadores-libertarios, aun con contradicciones internas, tienen hoy el viento a favor porque expresan el cansancio frente a los populismos de izquierda y diversas transformaciones del mundo popular. Si antes era fundamental formar parte de algún «club social» de las viejas elites «blancas», hoy en día es igual de importante pertenecer a la fraternidad «correcta» en festividades como el Gran Poder20. Hay un «capital territorial» sostenido en las redes de la economía informal que tanto Rodrigo Paz como Edman Lara visualizaron: ambos se insertaron en esas redes y obtuvieron una retribución electoral21. También ambos candidatos han hablado de manera insistente sobre Dios, con una evidente voluntad de conectar con el mundo evangélico pentecostal, que como ocurre en toda la región, es hoy mucho más numeroso que en el pasado.

En estos años, la economía informal siguió ganando espacio pese al discurso de fortalecimiento del Estado del mas: su proyecto nacionalista, si bien ha permitido un crecimiento económico significativo con una inflación baja, no ha logrado industrializar el país como había prometido. Como en la década de 1950, Bolivia se encontró frente a la paradoja de implementar un proyecto estatista con un Estado débil en sus capacidades –algo que se manifestó, por ejemplo, en la falta de voluntad y de densidad institucional para llevar adelante una reforma de la salud, una necesidad urgente para los sectores populares bolivianos–. De esta forma, hoy en día el supuesto fracaso del «socialismo» –aunque este término se ha utilizado poco en Bolivia, salvo en la imprecisa fórmula de «socialismo comunitario»– ha abierto la vía, como en otros países latinoamericanos, a la popularización de los discursos promercado.

Una segunda vuelta inédita

El inédito balotaje –la segunda vuelta se implementó en la Constitución de 2009 y nunca había sido necesaria– se disputará entonces entre Paz y «Tuto» Quiroga. Rodrigo Paz es un político pragmático que hoy intenta adaptarse al contexto regional (que gira hacia la derecha). Actualmente se alinea con la derecha regional, al tiempo que necesita los votos del mas para ganar la segunda vuelta. Por otra parte, la guerra sucia, liderada en gran parte por Javier Negre, «periodista» español de Vox y propietario de la publicación La Derecha Diario en Argentina, insiste en que Paz es un socialista encubierto, acusación similar a la lanzada contra Doria Medina durante la campaña para la primera vuelta y, poco antes, contra Manfred Reyes Villa.

Quiroga, que forma parte de las redes de la derecha con sede en Miami, ha anunciado que, en caso de victoria, liderará «la mayor revolución liberal de la historia para transformar la mentalidad de Bolivia»22 y que no solo piensa utilizar la «motosierra», siguiendo los pasos de Javier Milei, sino también «machetes y tijeras»23.

En 2005, Quiroga fue derrotado en las elecciones por Evo Morales –quien con 54% de los votos inició su largo reinado político– y pareció perder cualquier posibilidad de regreso al poder. Militante de la derecha dura, desempeñó un papel central en el derrocamiento de Morales en 2019, como uno de los artífices de la estrategia que llevó al poder a Jeanine Áñez, quien por ahora permanece en prisión. Quiroga declaró que, en caso de victoria, rompería los lazos con Venezuela, Cuba e Irán, aunque no descartó de entrada mantener la participación de Bolivia en el grupo brics [Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica], debido a las relaciones comerciales con la India y China. Su defensa de la democracia, precisó, se limita a América Latina. «Azerbaiyán, Qatar y los demás... China, Vietnam... Respeto sus sistemas, pero no los comparto. No me gusta el sistema de partido único, pero lo respeto»24.

Con un discurso anclado en los años 90, afirmó que mantendría una «posición agresiva» para buscar acuerdos de libre comercio con varios países, entre ellos Estados Unidos. Anticomunista de la Guerra Fría, se muestra menos entusiasta con las guerras culturales libradas por las nuevas derechas, aunque no duda en alabar al argentino Milei y al chileno José Antonio Kast. También ha sido entrevistado elogiosamente por figuras como Agustín Laje, el influencer de la «batalla cultural» en Argentina y representante del ala más reaccionaria del gobierno de Milei25, pero el ex-mandatario se mostró más entusiasmado en hablar de la «tiranía» en Cuba o la «narcodictadura» en Venezuela que de la lucha anti-woke.

La izquierda boliviana vuelve así a la situación anterior a 2005: al acrónimo evo Pueblo podría añadirse una facción más pequeña e incierta, liderada por Andrónico Rodríguez, y otras que aún están por llegar. Si Paz gana la segunda vuelta, podría absorber a otra parte aprovechando los recursos estatales26. El mas es un partido de movimientos, lo que era una fuente de fortaleza, pero también de debilidad, ya que carecía de estructura orgánica y dependía de Morales para mantenerse unido. Hoy en día, ese liderazgo ya no existe como lo conocimos.

El poema de José Ángel Valente citado al inicio dice también que lo peor es «esperar que la historia devane los relojes y nos devuelva intactos al tiempo en que quisiéramos que todo comenzase». Con la implosión del mas, se cierra un ciclo político e ideológico que se abrió con las guerras del agua y del gas de 2000 y 2003. Al igual que en los siglos xix y xx, aunque se perciba como un país aislado en los Andes y los llanos orientales, Bolivia siempre ha sido muy permeable a las tendencias ideológicas regionales, desde el liberalismo del siglo xix hasta el populismo de izquierda del siglo xxi, pasando por el nacionalismo revolucionario de los años 50 y las dictaduras militares de los años 70. La segunda vuelta determinará el modo en que se adapte el país al nuevo clima político regional, heterogéneo pero desplazado hacia la derecha, incluso en los países donde el progresismo sigue (por ahora) gobernando. Logo de Nueva Sociedad

Pablo Stefanoni: es jefe de redacción de Nueva Sociedad.

Diego Velásquez: es maestrando en Investigación en Ciencias Sociales en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (ehess) de París.

Palabras claves: Movimiento al Socialismo (mas), Evo Morales, Rodrigo Paz Pereira, Bolivia.

1. La sigla Movimiento al Socialismo proviene de una fracción de Falange Socialista Boliviana que había girado a la izquierda. Ante las dificultades de Morales para conseguir la personería electoral para el ipsp, negoció en ese entonces con los detentores de la sigla mas, que comenzó a utilizarse junto con la sigla original como mas-ipsp.

2. Hervé do Alto y P. Stefanoni: «El mas: las ambivalencias de la democracia corporativa», pnud, La Paz, 2010.

3. Ver Fernando Molina: El pensamiento boliviano sobre los recursos naturales, Pulso, La Paz, 2009.

4. Quiroga reemplazó a Hugo Banzer, dictador en los 70 y presidente democrático en los 2000, quien se enfermó y más tarde falleció.

5. El periodista Fernando Molina ha puesto el acento en esta cuestión en varias de sus intervenciones.

6. «Bolivia condecora a cuestionado presidente africano» en ap, 23/11/2017.

7. Escrito y dirigido por Manuel Ruiz Montealegre y Hector Ulloque Franco.

8. F. Molina y P. Stefanoni: «¿Cómo cayó Evo?» en Anfibia, 2/2019.

9. Carlos Valdez: «Evo Morales acusa al presidente Arce de ‘plan negro’ para sacarlo de carrera presidencial en Bolivia» en ap, 30/12/2023.

10. «Evo Morales llamó ‘enemigo’ a su histórico ex vicepresidente Álvaro García Linera» en Infobae, 3/4/2023.

11. La justicia consideró, de manera arbitraria, que la Constitución de 2009 no permite la elección discontinua, lo que no se corresponde con la letra del texto constitucional.

12. F. Molina: «Las ‘Arcenomics’ no escapan a la ‘maldición de los recursos naturales’» en Nueva Sociedad edición digital, 2/2024, disponible en <nuso.org>.

13. «Así fue el ataque a Andrónico Rodríguez en las elecciones de Bolivia por seguidores de Evo Morales» en Perfil, 17/8/2025.

14. Prado fue acusada, sobre todo por la feminista María Galindo, de haber beneficiado con su declaración judicial a su ex-pareja, quien cometió un femicidio luego de su separación.

15. Cabe destacar que el voto nulo no se incluye en los porcentajes de votos válidos.

16. Carlos Eduardo Martínez: «‘Capitalismo para todos’: en qué consiste el plan de Rodrigo Paz, el inesperado ganador de la primera vuelta en Bolivia» en Infobae, 18/8/2025

17. Entrevista de los autores, 8/2025. El partido que postuló a Paz-Lara es el que obtuvo mayor número de diputados uninominales –que se eligen por voto directo, es decir, no integran la lista presidencial–, un total de 30.

18. Entrevista de los autores, 8/2025.

19. «Los qamiris, la elite aymara que gana con la globalización sin perder sus raíces culturales, según sociólogos» en anf, 19/1/2021; Nico Tassi, Giovanna Ferrufino, Antonio Rodríguez-Carmona y Juan Manuel Arbona: «El desborde económico popular en Bolivia. Comerciantes aymaras en el mundo global» en Nueva Sociedad No 241, 9-10/2012, disponible en <nuso.org>.

20. D. Velásquez: «‘Le diplôme ne me donne pas à manger’: transformations des stratégies de mobilité sociale dans la Bolivie de Evo Morales», tesis de maestría, Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales (ehess), París, 2025.

21. Rodrigo Paz declaró recientemente que participa en entradas folclóricas de este tipo desde hace décadas.

22. Agustín Laje: «Entrevista a Tuto Quiroga, candidato a presidente de Bolivia», video en YouTube, 21/8/2025.

23. Joaquín Doria: «‘Motosierra, machete y tijera’: el plan de ‘Tuto’ Quiroga para estabilizar la economía de Bolivia» en cnn, 10/8/2025.

24. Ibíd.

25. A. Laje: ob. cit.

26. Paz es el único candidato que aceptó la invitación de Luis Arce para conversar de economía. «Luis Arce advirtió a Rodrigo Paz sobre la crítica situación económica en Bolivia durante un encuentro de cara al balotaje» en Infobae, 26/8/2025.

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Diario de Berlín: las torsiones de la memoria alemana

Adam Shatz

¿Qué consecuencias tiene la forma en que se procesó la memoria alemana del Holocausto en la forma de pensar el presente nacional e internacional? Esta crónica permite abordar varios aspectos de este problema en el contexto de la destrucción de Gaza y las grietas en la Staatsräson [razón de Estado] alemana en relación con Israel.

En mi primer día como becario en la American Academy en Berlín, a mediados de enero pasado, otro de los recién llegados, una mujer alemana que había vivido 30 años en Estados Unidos, comentó que la vista del lago Wannsee desde el salón comedor de la villa en la que se albergan los becarios era imponente, y sería aún más bella en la primavera. «Como judío», replicó otro becario, «no puedo apreciar la vista sin recordar que esta casa fue ocupada por un nazi que fue juzgado en Núremberg, y que estamos a una corta distancia a pie de la villa donde tuvo lugar la Conferencia de Wannsee»1. «Como judío»: esta expresión siempre me ha hecho sentir incómodo, aunque bien podría haberla utilizado. Demasiadas frases en defensa de lo indefendible han comenzado con ella, en especial desde el 7 de octubre. Evoca un recuerdo lejano de persecución colectiva al mismo tiempo que respalda una persecución presente. Había sin embargo algo siniestro en el lago, en particular cuando salía el sol y uno se ponía a pensar en las fiestas que organizaba Walther Funk en la villa, donde aparentemente Goebbels era un invitado frecuente.

Pocas semanas después, hicimos una ardua caminata bajo la lluvia y el frío hasta la villa donde tuvo lugar la Conferencia de Wannsee. La persona que nos guiaba, bien informada y enérgica, nos contó que habían asistido a la conferencia algunos magnates industriales que pensaban que podrían controlar a Hitler, y allí se discutió la implementación de la solución final. Sea o no «fascista» la mejor descripción del régimen estadounidense, no era difícil pensar en Donald Trump, Elon Musk, Stephen Miller y sus nuevos amigos Mark Zuckerberg y Jeff Bezos. La coalición básica de gobierno no ha cambiado tanto: matones, fanáticos, arribistas, empresarios y estafadores. Cuando ya nos íbamos, nos dijeron que allí mismo había un café. Lo manejaba una mujer israelí y lo publicitaba un cartel que decía «Disfrute el judelicioso babka».

Seguí conociendo a académicos especializados en «estudios germano-judíos» o «cultura de la memoria» en Berlín. La palabra «memoria» parecía habitualmente significar «memoria de los judíos». En algún sentido, no podía ser de otro modo. Que Alemania tiene la responsabilidad de recordar el Holocausto está fuera de duda. Pero impresiona la poca preocupación que existe por otras poblaciones que han experimentado discriminación o violencia racial por parte de los alemanes: los trabajadores invitados turcos y sus descendientes, los refugiados sirios, los palestinos, por no hablar de los namibios cuyos ancestros fueron víctimas de una campaña genocida alemana anterior, o los romaníes que perecieron en los campos junto a los judíos. La expresión «cultura de la memoria» se utiliza en referencia casi exclusivamente a las relaciones germano-judías entre 1933 y 1945. Y bajo la política de la Staatsräson [razón de Estado], que hizo de la defensa de Israel un pilar fundamental del Estado alemán, la lección del Holocausto parece ser que los judíos deben seguir siendo eternamente protegidos para que Alemania pueda expiar su culpa, aun si el Estado que hoy proclama hablar en nombre de los judíos está perpetrando crímenes de guerra –incluso un genocidio– contra otro pueblo.

Para ser asimilados en la sociedad alemana, los hijos de inmigrantes musulmanes son desalentados a identificarse con las víctimas judías del país e instruidos en cambio a pensarse a sí mismos como potenciales genocidas de los judíos. Como ha sostenido la antropóloga Esra Özyürek en su libro Subcontractors of Guilt: Holocaust Memory and Muslim Belonging in Postwar Germany [Subcontratistas de la culpa. Memoria del Holocausto y pertenencia musulmana en la Alemania de posguerra] (2023), los programas educativos sobre el Holocausto diseñados para estudiantes musulmanes asumen que sus ancestros también tienen responsabilidad en el genocidio judío y ofrecen relatos muy exagerados del antisemitismo y el colaboracionismo musulmanes (el gran muftí de Jerusalén durante el mandato británico, el palestino Hajj Amin al-Husseini, tiene una presencia prominente en ellos, así como en los discursos de Benjamin Netanyahu). Si bien la inmigración ha provocado un descontento generalizado en Alemania y ha contribuido a fomentar el ascenso del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (afd, por sus siglas en alemán), la presencia de una población musulmana cada vez mayor también ha ayudado a aliviar a la sociedad alemana del peso de la memoria, permitiéndole desplazar la culpa por el antisemitismo hacia la población proveniente de Oriente Medio y reafirmar así la actitud vigilante de Alemania a la hora de enfrentar su pasado. Es la contracara de la «cultura de la memoria». Como han aprendido tanto afd como los demócrata-cristianos, mientras se condene el antisemitismo musulmán, se pueden seguir atacando los «males» de la inmigración, como si la xenofobia y el racismo no tuvieran conexión con el pasado del país.

«Los extranjerismos son en Alemania los judíos de la lengua», escribe Theodor Adorno en Minima moralia. En Berlín se puede escuchar un barboteo de lenguajes, en particular en barrios como Neukölln, y muchos de los grafitis están en inglés. Pero hay lugares donde las palabras extranjeras están prohibidas. El uso del árabe está prohibido en las manifestaciones. También el del hebreo. Un intelectual alemán que conozco hace mucho tiempo me dijo que lo había conmocionado escuchar expresiones de antisemitismo en una protesta por Gaza. Cuando le pregunté qué había escuchado, todo lo que se le ocurrió fue «Desde el río hasta el mar» y «Globalicemos la intifada».

Sus preocupaciones son típicas de los intelectuales de izquierda de su generación. Discípulo de Jürgen Habermas, creció en los años 60 y tiene la edad suficiente como para recordar el atentado frustrado contra el Centro Comunitario Judío de Berlín occidental en 1969, así como la participación de la izquierda radical en el secuestro de aviones por parte del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Para una pequeña pero influyente rama de la izquierda alemana, conocida como «anti-Deutsch» (antialemana), solo adoptando un sionismo militante puede Alemania matar al nazi que se esconde en toda alma alemana. Mi amigo desprecia a Benjamin Netanyahu y todo lo que este representa, pero en cualquier cántico propalestino escucha los ecos del terrorismo de la Fracción del Ejército Rojo, y detrás de eso, a la Juventud Hitleriana. Esto deja poco margen para que los palestinos en Alemania –la diáspora palestina más numerosa de Europa– expresen su ira por la destrucción de Gaza.

«La incapacidad alemana de lidiar con la guerra de Israel contra Gaza surge de una patología», me dijo un académico que es alemán por parte de madre y palestino por parte de padre. Se refería a que la preocupación alemana por los judíos es tan intensa que los palestinos como él se vuelven invisibles o, peor aún, son vistos como una amenaza irremediable para la reconciliación germano-judía. Por la imposibilidad de conseguir un empleo seguro en Alemania, ha pasado buena parte de la última década dando clases en el extranjero, sobre todo en el mundo árabe, donde se lo considera lo que nunca logra ser realmente en su país de origen: un alemán.

Artistas e intelectuales –con cierta frecuencia, judíos de izquierda– son otro foco de la preocupación alemana por el antisemitismo. Perdí rápido la cuenta de la gente que conocí que se había quedado sin financiación o empleo, o no había sido contratada, por haber sido vista en una manifestación o haber firmado un petitorio por Palestina, y que por lo tanto se consideraba que había violado la Staatsräson. Varios académicos que conocí habían trasladado sus comunicaciones a Signal para garantizar que las conversaciones fueran seguras y se reunían en sus viviendas, y no en sus universidades, donde los actos públicos por Palestina están prácticamente prohibidos.

Un solo tuit de Volker Beck, político de Los Verdes y hoy un cruzado contra el antisemitismo (o, para ser más precisos, antisionismo), parece haber sido suficiente para que se cancelara un evento. Cuando el arquitecto israelí Eyal Weizman, director del grupo de investigación multidisciplinario Forensic Architecture, y Francesca Albanese, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas para Palestina, llegaron en febrero a Berlín para dar una conferencia en la Universidad Libre, Beck los fulminó en x, y su charla fue rápidamente trasladada a una locación fuera del campus. El público del evento reprogramado fue, según los estándares alemanes, inusualmente variado: jóvenes de diversos orígenes étnicos, muchos de ellos usando kufiyas. En la sección de preguntas y respuestas, muchos dijeron estar «traumados» por la violencia de la retórica en su contra, y por la violencia de la policía, que a menudo golpea a los manifestantes en las protestas propalestinas que se concentran en Kreuzberg y Neukölln, zonas con numerosas poblaciones musulmanas. Fuera del evento estaba apostada la policía con sus vehículos, como si esperara un tumulto.

Uno de los modos en que se expresa el disenso sobre Palestina es el grafiti. Una mañana, durante una caminata por Kreuzberg, reparé en una recomendación inusual de un artista grafitero: «Lean La paradoja judía de Nahum Goldmann». En ese libro, publicado en 1978, Goldmann, un dirigente sionista de tendencias heterodoxas, advertía sobre el «culto al Estado» del sionismo. Esto le granjeó la ira de los defensores de Israel, que se enfurecieron especialmente con él por haber citado a David Ben-Gurion como autor de este fragmento:

¿Por qué deberían los árabes hacer las paces? Si yo fuera un líder árabe, nunca llegaría a un acuerdo con Israel. Es algo natural: hemos tomado su país. Seguro, Dios nos lo prometió, pero ¿qué les importa eso a ellos? Nuestro Dios no es el suyo. Venimos de Israel, es cierto, pero hace 2.000 años, ¿y qué significa eso para ellos? Ha habido antisemitismo, nazis, Hitler, pero ¿fue culpa de ellos? Solo ven una cosa: hemos venido aquí y robado su país. ¿Por qué deberían aceptarlo?

La autenticidad de esta cita ha sido puesta en duda, pero otros líderes israelíes han dicho cosas parecidas.

«No puedo decirte cuántos alemanes conozco que han ido a Israel y se fotografiaron usando una kipá», me confió alguien que vive en Berlín hace varios años. «Es como si desearan sentirse como víctimas, mientras se sienten superiores. ¡La defensa del Estado de Israel es uno de los principios fundacionales de la editorial Axel Springer!» (una de las mayores empresas de medios del mundo). «Pero con la campaña de hambre», prosiguió, «se están empezando a ver grietas; hasta los alemanes encuentran difícil defenderla».

Un historiador alemán con quien he tenido trato me habló sobre el papel del Consejo Judío, que insiste en que el antisionismo es intrínsecamente antisemita. Me dijo que cuando el historiador Uffa Jensen, de la Universidad Técnica de Berlín, respaldó la adopción de la definición del antisemitismo de la Declaración de Jerusalén, en lugar de la formulada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (ihra, por sus siglas en inglés), el jefe del Consejo Central de los Judíos de Alemania lo acusó de «desplegar la alfombra roja para los extremistas de izquierda y los simpatizantes de Hamás»2.

Tras un evento en la Universidad Humboldt, un joven periodista de Taz, un diario de izquierda, me preguntó qué habría pensado Frantz Fanon del 7 de octubre3. Le dije que, ya fuera que él aprobara o no la matanza de civiles, habría comprendido la ira y la desesperación que dieron origen al ataque; también mencioné su observación de que la represión colonial a menudo adquiere el «aura de un auténtico genocidio», y Gaza es un ejemplo de manual de la transformación de la venganza en aniquilación. En cuanto se mencionó la cuestión de Palestina, se extendió por el auditorio un silencio casi palpable.

A comienzos de mayo, la periodista egipcia Mona El-Naggar ofreció una conferencia inquietante en la American Academy sobre su película acerca de dos palestinos que huyen de la destrucción de Gaza. Al final de su exposición hubo, una vez más, un silencio casi total. El director Volker Schlöndorff se puso de pie para hablar, porque «alguien tiene que hacer una pregunta». Entonces se le preguntó a El-Naggar si temía que el odio causado por la guerra llevara a los jóvenes de Gaza a unirse al Estado Islámico. No hubo reconocimiento alguno del odio que permitió a los israelíes asesinar palestinos en masa y celebrar la destrucción en publicaciones de Instagram. Un integrante de la Academia le preguntó a la directora por qué había elegido a palestinos tan atractivos y occidentalizados como tema de su película (me los describió luego como «pequeños Monas»). ¿Buscaba que los espectadores occidentales pudieran «identificarse» con ellos? Aun si ese fuera el caso, ¿quién podría reprochárselo? Ana Frank no fue una víctima típica de la Shoá; la mayoría de ellas eran judíos pobres de Europa oriental, ampliamente considerados «extranjeros» y atrasados, los «otros» internos de Occidente.

En una galería en Moritzplatz fui entrevistado sobre Fanon por Emilia Roig, una politóloga francesa residente en Berlín que se convirtió en una celebridad de las redes sociales por sus libros y publicaciones sobre raza e interseccionalidad. Sus ancestros conforman un microcosmos de la historia imperial de Francia: colonos franceses en Argelia, incluidos terroristas de la Organización del Ejército Secreto (oas); judíos argelinos que obtuvieron la nacionalidad francesa a fines del siglo xix, luego del Decreto Crémieux; negros de Martinica; blancos de la metrópoli. Llegó trayendo un perrito. «No soporta estar solo», dijo; gruñó cuando traté de acariciarlo. Pronto quedó a la vista que no había venido solo con su perro, sino también con un pequeño ejército de simpatizantes que chasqueaban los dedos ruidosamente luego de cada uno de sus comentarios. «Me voy a meter en problemas por decir esto en Alemania», declaró, antes de describir el Holocausto como poco más que violencia colonial europea infligida a otros europeos, un síntoma del efecto «búmeran» evocado por Aimé Césaire en su Discurso sobre el colonialismo. Yo dije que ni Césaire ni Fanon habían minimizado el horror del genocidio nazi.

La última pregunta fue de un hombre joven alemán negro, que preguntó qué habría dicho Fanon sobre el auge de los gobiernos autoritarios en el mundo poscolonial y sobre el fracaso de la violencia, el remedio que él elegía, para producir resultados más liberadores. Respondí observando que Fanon era dolorosamente consciente de que las revoluciones que él apoyaba podían resultar en el régimen represivo de una «burguesía nacional», pero que dado que murió en 1961, no podemos encontrar respuestas a este dilema en sus escritos. Más aún, a Fanon, que le pedía a su cuerpo que «haga de mí siempre un hombre que cuestiona», lo habría desconcertado que algunos lectores, más de medio siglo después de su muerte, vean sus obras como textos sagrados. Creía en el «salto inventivo» como una expresión de la libertad humana. Nuestra tarea como lectores, sugerí, era permanecer fieles a su espíritu cuestionador y radical, aun yendo más allá de Fanon. «¿Más allá hacia dónde?», gritó una mujer del público. Más chasquido de dedos. Luego me dijeron que los simpatizantes de Roig habían venido al evento a molestarme porque como yo no aplaudía la Operación Inundación de Al-Aqsa, estaba tratando de «rehabilitar el sionismo».

En un evento en Potsdam unos pocos días más tarde me preguntaron qué diría Fanon del mundo de hoy. Respondí que podía imaginarlo horrorizado por la destrucción de Gaza por Israel, por la persecución de los refugiados y por las brutales guerras por recursos en el Congo. Un periodista de Taz, para resumir el intercambio, escribió:

La respuesta de Adam Shatz es en general más florida, diciendo –típico de este entorno– que hoy Fanon habría estado del lado de «los palestinos». ¡Al menos menciona la explotación imperial china de los recursos naturales en el Congo, aunque guarda silencio sobre la guerra en Sudán! Por desgracia, tampoco pone al descubierto el colonialismo beligerante de Rusia en Ucrania. Si la vergüenza es un sentimiento revolucionario, como proclamó Karl Marx, entonces uno podría sentir vergüenza.

Una investigadora procedente de Oriente Medio y que trabaja en Berlín me relató una conversación que tuvo con su directora alemana luego del 7 de octubre. (Las autoridades de su universidad habían anunciado de inmediato solidaridad absoluta con Israel y su compromiso con la seguridad de sus estudiantes judíos, en cumplimiento de la Staatsräson). Acababa de regresar de un viaje a Beirut y le comentó a su directora que le estaba resultando difícil como árabe la vida en Alemania, donde había tan poca comprensión, y mucho menos compasión, hacia la grave situación de los palestinos. «Imagino que todo esto se siente de una manera muy distinta debido a nuestras diferentes posicionalidades», le respondió la directora con dureza. «Pero yo considero que Hamás es una organización terrorista». «Fue surrealista», me dijo la investigadora. Su directora le habló «como si asumiera que yo apoyaba lo que había sucedido el 7 de octubre». 18 meses más tarde, la directora admitió que «lo de Gaza comenzaba a parecer un genocidio».

Durante mi estadía en Berlín, escuché en repetidas ocasiones a alemanes discretamente críticos de Israel decir que habían comenzado a aparecer «grietas» en la Staatsräson. Estas grietas asumían a veces formas inquietantes, notablemente, alivio por quitarse de encima el peso de la memoria del Holocausto, como si Palestina fuera una invitación a sepultarlo, por fin, en lugar de aplicar sus lecciones a la destrucción de Gaza. Una conocida me dijo que una amiga suya, una judía estadounidense, había roto con su novio alemán después de que él le dijera que le resultaba demasiado doloroso enfrentar el Holocausto, y que por lo tanto no quería hacerlo. Cuando ella sugirió que visitaran un memorial del Holocausto en Berlín, él empezó a hablar de Gaza y le dijo airadamente que ya no apoyaba la guerra de Israel, y que la mayoría de los alemanes estaban de acuerdo con él. Cuando ella le cuestionó su negativa a enfrentar temas complejos como el Holocausto, él rompió en llanto y huyó.

A mitad de mayo, cuando mi residencia estaba llegando a su fin, el New York Times informó que hasta algunos generales israelíes admitían ahora que Gaza estaba «al borde de la hambruna». El tono del gobierno alemán también estaba comenzando a cambiar. El canciller Friedrich Merz, demócrata-cristiano e intransigente en lo que respecta a Israel, afirmó que los continuos ataques aéreos contra Gaza «ya no le resultan comprensibles»; el ministro de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul, declaró que Alemania ya no debería exportar armas que se utilizan para violar las leyes humanitarias en Gaza y describió el sufrimiento de los palestinos como «insoportable». Felix Klein, el zar alemán del antisemitismo, dijo que matar de hambre a la gente y empeorar deliberadamente la situación humanitaria en Gaza no tenía nada que ver con defender el derecho de Israel a la existencia, y llamó a debatir la Staatsräson. El 8 de agosto, un par de meses después de mi partida de Berlín, Merz anunció que el gobierno alemán interrumpía las exportaciones de «equipamiento militar que pudiera ser utilizado en la Franja de Gaza». Entre el 7 de octubre de 2023 y el 13 de mayo de este año, según Reuters, Alemania había aprobado licencias de exportación de equipamiento militar por valor de 485 millones de euros. ¿Quedará alguien en Gaza que pueda beneficiarse de este supuesto cambio de rumbo? Logo de Nueva Sociedad

Adam Shatz: es editor para Estados Unidos de la London Review of Books y colaborador de The New York Times Magazine, The New York Review of Books, The New Yorker y otras publicaciones. Es autor de La clínica rebelde. Las vidas revolucionarias de Frantz Fanon (Debate, Barcelona, 2024).

Palabras claves: Holocausto, judaísmo, memoria, Alemania, Gaza.

Nota: la versión original de este artículo, en inglés, se publicó en London Review of Books vol. 47 No 14, 14/8/2025. Traducción: Silvina Cucchi.

1. Reunión de altos oficiales nazis y líderes de las ss, celebrada el 20 de enero de 1942 en las afueras de Berlín. Su objetivo principal fue coordinar la logística y la burocracia para implementar la «solución final», el plan para exterminar a la población judía de Europa. En ese cónclave se sentaron las bases organizativas que permitieron el Holocausto [n. del e.].

2. La «Definición del Antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (ihra)» considera antisemitas las críticas al sionismo. V. ‹https://holocaustremembrance.com/resources/definicion-del-antisemitismo›. La Declaración de Jerusalén plantea un enfoque alternativo, consistente con las reivindicaciones palestinas; v. ‹www.clacso.org/wp-content/uploads/2021/03/declaracio%cc%81n-de-Jerusale%cc%81n-antisemitismo.pdf› [n. del e.].

3. Shatz es autor de una biografía de Fanon: La clínica rebelde. Las vidas revolucionarias de Frantz Fanon, Debate, Barcelona, 2024 [n. del e.].

Capitalismo solar: ¿motor de un colonialismo (eco)moderno?

Sofía Ávila Calero

El concepto de «capitalismo solar» propone pensar críticamente, desde el Sur global, la cuestión energética contemporánea. Se trata de analizar diversas estrategias de acumulación que están respondiendo al desafío combinado del cambio climático y el declive progresivo de los recursos fósiles. Este proceso implica una adaptación del capital a condiciones extraordinarias e incita al acaparamiento global de tierras, minerales y trabajo.

En los últimos años, un consenso generalizado en torno de la «transición energética corporativa» ha moldeado las estrategias para abordar la crisis climática1. Las directrices de esta transición han sido dictadas fundamentalmente por los intereses del Norte global, impulsando esquemas de comercio e inversión internacional que favorecen una rápida implementación de proyectos privados de energía renovable (principalmente solares y eólicos), una creciente extracción de minerales críticos y una progresiva reorganización del trabajo para la producción de tecnologías verdes. Estas tendencias coinciden con las respuestas a la pandemia de covid-19, en cuyo marco las reestructuraciones económicas y geopolíticas generaron fuertes movimientos hacia la digitalización, la electrificación y el reajuste de las cadenas de suministro globales.

El modelo de transición aquí descrito se desarrolla dentro del estrecho espacio de la política pública contemporánea. Se trata, en otras palabras, de propuestas que no cuestionan las relaciones capitalistas de producción, ni mucho menos el papel protagónico que su incesante metabolismo ha jugado en la crisis ambiental global; una crisis con responsabilidades e impactos profundamente desiguales2. Por lo tanto, es crucial superar el discurso consensualista de la transición energética y ubicarla en su dimensión política.

Desde el Sur global, diversos movimientos sociales y grupos académicos discuten los límites de las estrategias actuales para abordar la crisis energética y climática y resolver las problemáticas socioecológicas de fondo. En el modelo de transición energética corporativa y consensualista, las sociedades del «mundo en vías de desarrollo» renuevan su rol de proveedoras de naturaleza y trabajo «baratos»3 en favor de la continuidad de un «modo de vida imperial»4 en los centros privilegiados del sistema. Para condensar y analizar estas preocupaciones, así como sus posibles salidas, propongo y desarrollo aquí el concepto de «capitalismo solar».

Comenzaré por analizar las transiciones energéticas desde una perspectiva histórica y metabólica. Usando el lente de los sistemas-mundo, revisaré cómo los recursos fósiles han operado en la historia del capitalismo como un pivote para configurar la dinámica de hiperproductividad y consumo que se sostiene en intercambios desiguales entre centros y periferias. Posteriormente, desarrollaré el concepto de «capitalismo solar» para entenderlo como un régimen de acumulación que busca replicar estas dinámicas bajo condiciones biofísicas extraordinarias. Concluiré con una breve reflexión sobre las implicaciones ecopolíticas de solarizar la economía moderna, abriendo la posibilidad de construir futuros solares alternativos.

Una historia socioecológica de la energía

Desde la perspectiva de los sistemas-mundo, la historia humana se entiende como un proceso de cambio socioecológico de larga duración. Antes del capitalismo, una gran diversidad de sociedades se organizó utilizando activamente la energía solar (presente en los flujos de sol, viento y agua). Estas sociedades, denominadas agrarias, se organizaron en torno de un diseño de agroecosistemas y gestión de bosques, desplegándose en torno de la fotosíntesis y la disponibilidad de tierras para el aprovechamiento de biomasa. Su principal fuente de trabajo eran los humanos y animales que eran sostenidos con alimentos, maderas y fibras. Asimismo, aprovecharon los flujos intermitentes del viento y las corrientes de agua para generar energía mecánica básica.

Las sociedades agrarias abarcaron una gran diversidad de configuraciones a lo largo de milenios, cada una con historias que merecen un análisis energético y político propio. Sin embargo, aquí queremos resaltar que la transición de las sociedades agrarias a las sociedades industriales se da como resultado de un proceso dialéctico entre la Europa colonizadora y las Américas colonizadas. Dicho de otra forma, la conquista europea sobre los territorios del Abya Yala (sociedades solares con diversa complejidad económica y cultural) permitió un despojo sin precedentes sobre la naturaleza y el trabajo, impulsando así la Revolución Industrial europea. Visto de una forma relativamente simple, los recursos extraídos de las colonias fueron llevados a las metrópolis europeas por vía marítima y permitieron la acumulación de riqueza y la disponibilidad de insumos para las fábricas y sus trabajadores. Por supuesto, estos trabajadores habían sido también sujetos a la violenta «acumulación originaria»: sus propias sociedades solares fueron transformadas de manera forzosa por el cercamiento de las tierras comunes rurales y la expulsión de sus poblaciones a las ciudades en formación.

Los procesos de acumulación originaria convergieron en Europa con la construcción del Estado moderno y la revolución científica. En este contexto, la energía pasó a definirse científicamente como «la capacidad de un sistema físico para realizar trabajo». Esta definición permitió una noción universal de «energía» para impulsar las máquinas industriales a partir de una amplia gama de «fuentes» disponibles en la naturaleza. Como apunta Larry Lohmann, las industrias incipientes encontraron, de este modo, la posibilidad de una producción flexible que no necesitaba asumir límites a la mercantilización y las formas de hacer trabajo: no solo el trabajo humano, sino toda la naturaleza se convirtió en una fuente capaz de realizarlo5.

En un análisis similar, el historiador Andreas Malm destaca que el uso del carbón en la Revolución Industrial no fue un suceso fortuito. En comparación con la energía hidráulica utilizada en ese entonces, el carbón era sumamente atractivo, ya que permitía controlar, transportar y mercantilizar fácilmente un recurso energético. Así, desde un punto de vista productivo y material, los recursos fósiles (carbón primero, petróleo después) jugaron un papel crucial en la propulsión del capitalismo: sus propiedades únicas permitieron el control privado de la energía, mientras que su alta densidad energética impulsó el aumento de la producción y la resultante acumulación dentro de la economía industrial6.

Mientras que en las sociedades agrarias la tierra era la base principal para la «cosecha» de energía en una ciclicidad «orgánica», las sociedades industriales comenzaron a extraer reservas de energía fósil del subsuelo y eso generó dinámicas «inorgánicas»: la economía dejó de estar vinculada a la disponibilidad de tierras y sus ciclos; la producción de alimentos se intensificó con maquinaria y fertilizantes de origen fósil; y las personas despojadas de sus territorios fueron absorbidas por el ritmo incesante de las industrias. Con ello, el campo y la ciudad comenzaron a diferenciarse como espacios de producción y consumo. Este proceso consolidó patrones de «desarrollo desigual» entre regiones centrales y periféricas, con estas últimas desempeñando el papel de proveedoras de naturaleza y trabajo «baratos» y sosteniendo el proceso de acumulación en las ciudades, regiones y países industrializados.

Las relaciones modernas de dependencia, por lo tanto, también se sustentan en el intercambio desigual de energía

La relación dialéctica entre el sistema colonial y el desarrollo industrial, entre la explotación laboral y la expansión económica, ha perdurado y evolucionado en las dinámicas del capitalismo hasta la actualidad. Así como la importación masiva de naturaleza y trabajo de las colonias de América/Abya Yala impulsó la acumulación originaria, las plantaciones coloniales en África, Asia, las Américas y el Caribe permitieron una continua expansión industrial durante el siglo xix. Una dinámica similar se daría posteriormente con el ascenso de Estados Unidos como la potencia hegemónica del siglo xx, ya no bajo embestidas coloniales directas, sino bajo los mecanismos de la «cooperación para el desarrollo». Así, el complejo industrial-petrolero que creó las condiciones para el bienestar liberal del siglo xx fue posible a través del saqueo de recursos naturales y humanos en el mundo arbitrariamente denominado como «subdesarrollado». Las relaciones modernas de dependencia, por lo tanto, también se sustentan en el intercambio desigual de energía.

Desde la Revolución Industrial, diversas economías políticas han modelado los crecientes flujos globales de energía y materiales7. Detenernos en cada subrégimen industrial excede los alcances de este texto. Sin embargo, queremos resaltar que a lo largo de los últimos dos siglos ha existido un fenómeno constante: la conversión de energía obtenida a partir de los procesos industriales ha acumulado desechos en la atmósfera que explican la actual crisis climática. A su vez, el régimen industrial dominante enfrenta un declive progresivo en su base energética primaria, es decir, los combustibles fósiles.

La necesidad de atender la crisis climática y transitar a otro sistema energético plantea preguntas críticas sobre cómo se llevará a cabo esta transformación y qué configuraciones ecopolíticas estarán en juego. La sustitución progresiva de los combustibles fósiles por sistemas de energías alternativas puede concebirse, al menos, de dos maneras: o bien como una apuesta ecomodernista de reestructuración tecnológica y administrativa para mantener el régimen industrial y sus relaciones de producción, o bien como la vanguardia de una transformación más profunda, en el ámbito de la economía política y los flujos metabólicos asociados.

Capitalismo solar: tres fronteras de acumulación

Cualquier transición hacia una economía basada en la energía solar requerirá nuevas instituciones e infraestructuras capaces de aprovechar los recursos de flujo que circulan por la superficie terrestre. Lo que diferencia al capitalismo solar de otros metabolismos solares (ya sean formas históricas o potenciales formas futuras) es el intento de modelar esa transición dentro del modo de producción capitalista.

El capitalismo solar implica, por lo tanto, el aprovechamiento de los flujos de energía solar a una escala y con una periodicidad que se ajustan a los circuitos de acumulación de capital, forzando el perfil espacio-temporal de los recursos de flujo (estacionales, dispersos y de densidades relativamente bajas) para que funcionen como los recursos energéticos de reservas (estables, espacialmente concentrados y de densidades notablemente superiores). A continuación, analizamos cómo se está poniendo en marcha una serie de estrategias para operar bajo tales condiciones, discutiendo sus implicaciones para América Latina y el Sur global.

Analicemos la tierra como una primera estrategia de acumulación. Por su naturaleza, los recursos de flujo (radiación solar, corrientes de viento y agua) son bienes comunes y están en constante circulación a través del espacio, lo que dificulta su apropiación como mercancías controlables. Al mismo tiempo, estos recursos presentan rendimientos netos de energía inferiores a los recursos fósiles, por lo que suponen un desafío para la garantía del suministro energético que requieren la productividad y el consumo constantes del crecimiento capitalista. Para preservar el imperativo de expansión permanente bajo los flujos solares, el sistema requeriría volver al uso de la tierra para la producción de energía. A su vez, la tierra se convertirá en el proxy para privatizar estos flujos comunes. Como es propio del modo de producción capitalista, estas transformaciones son y serán inevitablemente desiguales. Estimaciones desarrolladas por economistas ecológicos demuestran que, para mantener el sistema energético actual con fuentes renovables, se requieren aumentos significativos en la demanda de tierras a escala mundial8. A su vez, estos procesos implican una profunda transformación de las relaciones de propiedad agraria. Diversos estudios demuestran que allí donde las tierras ya funcionan bajo la lógica de la propiedad privada, va emergiendo una dinámica rentista entre las corporaciones energéticas y los agricultores. Mientras tanto, si las tierras continúan bajo formas comunitarias de propiedad y gestión, se va produciendo una nueva dinámica de cercamiento «solar»: una problemática que está siendo sistemáticamente denunciada por comunidades agrarias alrededor del Sur global.

En el capitalismo solar, los territorios se convierten en «recurso-tierra»: un activo de inversión que borra la cultura y modos de vida de regiones socioecológicas complejas y diversas

En el capitalismo solar, los territorios se convierten en «recurso-tierra»9: un activo de inversión que borra la cultura y modos de vida de regiones socioecológicas complejas y diversas. Basta con revisar cartografías de entidades como el Banco Mundial, gobiernos nacionales y otros actores como el periódico Financial Times, para constatar la representación de territorios como «espacios vacíos» aptos para la producción de energías renovables10. Así, tierras previamente consideradas «subvaloradas» o «marginales» se tornan centrales para el nuevo modelo energético. Se trata de un proceso que implica un movimiento simultáneo de «borrado y reimaginación» bajo el pulso económico del capital.

Históricamente, el discurso del «desperdicio» ha sido instrumental en el cercamiento de los bienes comunes y en el disciplinamiento de múltiples otredades, integrándolas –total o parcialmente– a los circuitos de acumulación. Así, a medida que avanzan los procesos del capitalismo solar, las comunidades locales afectadas por megaproyectos son discursivamente racializadas y devaluadas, pero también reimaginadas como participantes potenciales en la acción climática11. Bajo esta lógica, la oposición colectiva a un proyecto de energía verde es categorizada como una actitud egoísta e ignorante, y esto convierte a los individuos implicados en «enemigos internos» que es preciso controlar.

La centralidad del espacio (particularmente de la tierra) en el capitalismo solar determina y renueva las dinámicas espaciales centro-periferia, en las cuales los territorios rurales se transforman en proveedores de recursos baratos para las ciudades, industrias y economías centrales. Estos procesos ocurren a distintas escalas, incluyendo interacciones Norte-Sur (por ejemplo, el proyecto Desertec, que pretende apropiarse de los flujos solares de África del Norte para el consumo europeo), así como dinámicas nacionales y regionales (como la operación de plantas eólicas en el estado mexicano de Oaxaca para abastecer a corporaciones como Coca-Cola y Wal-Mart). Estas reconfiguraciones espaciales convocan a una atención urgente en torno de la cuestión agraria en el siglo xxi, involucrando a los movimientos del ambientalismo popular12 que defienden la soberanía energética y alimentaria en el marco de las demandas por una justicia ecosocial.

Minería para almacenar los flujos

A diferencia del carácter de stock o reserva de los combustibles fósiles, las energías renovables fluctúan, lo que resulta en un suministro discontinuo. El sol, el viento y las corrientes de agua varían dependiendo de los ciclos diurnos, anuales y estacionales, así como de las condiciones geográficas concretas. Para ajustarse a las demandas espacio-temporales de un metabolismo en constante crecimiento, el capitalismo solar requerirá entonces controlar tales condiciones mediante una serie de despliegues geopolíticos e infraestructurales. La estrategia inmediata consiste en utilizar las fuentes de energía más controlables dentro del portafolio «bajo en carbono»: hidroeléctricas, bioenergía y plantas geotérmicas, así como el suministro creciente de energía nuclear y gas fósil –ambos comúnmente enmarcados como «recursos de transición»–. Pero a medida que los imperativos del capitalismo solar avanzan a escala global, se vuelve esencial garantizar un suministro energético abundante, constante y controlado. Así, el auge global de las energías renovables va de la mano de la expansión del uso de materiales que demandan las tecnologías asociadas, la producción de baterías y el hidrógeno verde.

A medida que los imperativos del capitalismo solar avanzan a escala global, se vuelve esencial garantizar un suministro energético abundante, constante y controlado

Todas estas tecnologías e infraestructuras requieren grandes cantidades de capital y recursos; una demanda que inevitablemente será sostenida a través de la expansión de nuevas fronteras extractivas en las periferias del sistema. En su informe de 2017 titulado The Growing Role of Minerals and Metals for a Low Carbon Future [El papel creciente de minerales y metales para un futuro bajo en carbono], el Banco Mundial calculó que las tecnologías renovables tienen una composición «significativamente más demandante en materiales que los actuales sistemas de suministro de energía basados en combustibles fósiles»13. Así, el rápido crecimiento de instalaciones de energía solar fotovoltaica, infraestructuras eólicas y sistemas de almacenamiento (incluidas baterías para los automóviles eléctricos) está impulsando una demanda sin precedentes de actividades mineras para la extracción de minerales y otros materiales. En el periodo 2017-2022, por ejemplo, la demanda mundial de litio se triplicó, la de cobalto aumentó 70% y la de níquel, 40%14.

Los estilos de vida aparentemente «responsables» asentados en el consumo de estas tecnologías siguen siendo intensivos en recursos. Por lo tanto, trasladan los costos socioambientales de su producción a otros lugares. En consecuencia, se requiere una perspectiva global para rastrear cómo se producen las tecnologías solares y los impactos que generan sobre diversos territorios y comunidades vivas. Las denuncias de movimientos sociales y la investigación crítica han demostrado que la integración de «regiones mineras» como espacios periféricos en las cadenas globales del capitalismo solar reproduce y renueva historias de colonialismo. Algunos territorios que ilustran estas dinámicas incluyen el «triángulo del litio» en América del Sur, las reservas de cobalto en la República Democrática del Congo, el níquel en Indonesia y el cobre en Perú y Chile. A su vez, esto también ocurre en espacios colonizados del Norte global, como el Valle del Litio de California, las zonas de extracción de litio en Portugal y Serbia, y varias regiones mineras en China.

Impulsadas por la competencia, las principales economías globales buscan asegurar el acceso a estas regiones y controlar las cadenas de suministro. China lidera esta carrera, mientras que la Unión Europea, eeuu y Australia se apresuran a implementar políticas para asegurar lo que ahora se denomina «seguridad de minerales críticos»15. Esta rueda forzada de actividades extractivas destinadas a competir por una «economía amigable con el clima» muestra, sin embargo, poca o ninguna consideración por los impactos asociados en los socioecosistemas locales y regionales. En el informe antes mencionado, el Banco Mundial reconoce que los minerales críticos «juegan un papel dominante en 81 países que en conjunto representan (...) la mitad de la población mundial y casi 70% de la población que vive en pobreza extrema»16. Al mismo tiempo, la minería es catalogada como una de las actividades extractivas más conflictivas: produce impactos de gran escala sobre comunidades y ecosistemas, genera altas tasas de criminalización y asesinatos de defensores ambientales locales, etc.17.

La economía del hidrógeno verde está configurando nuevas fronteras de recursos que implican acaparamiento a gran escala de tierras y agua

Siguiendo patrones similares, la economía del hidrógeno verde está configurando nuevas fronteras de recursos que implican acaparamiento a gran escala de tierras y agua. Con la ue (particularmente Alemania) como líder de una nueva diplomacia climática, los países del Sur global se convierten en objetivos para impulsar esta industria: producción de energía eólica y amoníaco, gasoductos, puertos e infraestructuras de transporte marítimo para exportar el producto final. En los «países socios del Sur» (en especial, en América Latina y África), este boom –por ahora potencial– no solo revitaliza las expectativas de empleo, inversión y crecimiento, sino que también se vincula con la promesa de un salto hacia el desarrollo moderno y neutro en carbono18.

Pero, desde una perspectiva de justicia climática, la minería y el hidrógeno verde representan formas de «colonialismo energético» expresado en distintas escalas. En la dimensión global, las economías periféricas se convierten en «canteras» de recursos para reducir las emisiones de dióxido de carbono causadas por los sectores privilegiados de los centros globales (incluida China). Los países «en vías de desarrollo», a menudo atrapados en el ciclo de deuda externa y dependencia financiera, se ven forzados a competir por atraer las inversiones «verdes», aplicando estrategias regresivas como la reducción de estándares ambientales y laborales, así como esquemas favorables de regalías para las industrias extractivas19. En el plano nacional, estas dinámicas se replican entre las regiones que luchan por superar el atraso económico frente a los centros urbanos e industriales, convirtiendo a las primeras en nodos de suministro para los segundos; se refuerzan así patrones de lo que Pablo González Casanova denominó «colonialismo interno»20.

Ecoprecariado y apropiación de valor

Los combustibles fósiles permitieron una «capacidad de hacer trabajo» sin precedentes, posibilitando condiciones ideales para la acumulación y expansión del capital. Como se ha discutido, esto implicó el uso masivo de recursos fósiles y la explotación de la fuerza humana dentro y fuera de las fábricas. Mantener las mismas capacidades en el capitalismo solar implica una variedad de estrategias que merecen ser amplio objeto de estudio y debate. Si el capitalismo solar dispone de «naturaleza barata», también debemos investigar cómo el «trabajo barato» es integrado en esos circuitos de acumulación.

En línea con la tendencia del sistema a trasladar los costos sociales y ambientales desde los centros hacia las periferias, el capitalismo solar irá produciendo geografías del trabajo profundamente desiguales. Esta tendencia se alinea con observaciones críticas de la justicia ambiental, que denuncian cómo la mejora de la salud ambiental en sitios privilegiados de consumo tiende a producir entornos laborales tóxicos en las periferias, con efectos diferenciados sobre los cuerpos de las personas trabajadoras y sus comunidades en función de la clase, el género y la raza.

Como punto de partida, debemos considerar que los sectores productivos del capitalismo solar emergen bajo regulaciones laborales cada vez más desfavorables. Estas incluyen medidas de flexibilización contractual, la digitalización y automatización del trabajo, así como una creciente competencia intercapitalista para reducir los costos generales de producción. Bajo estas condiciones, observamos que el capitalismo solar comienza a reorganizar la división internacional del trabajo creando distinciones notables entre las clases gerenciales y profesionales, por un lado, y las clases trabajadoras «tradicionales» pero desarticuladas, por el otro. Mientras que las primeras incluyen a trabajadores altamente calificados que controlan los procesos de producción de conocimiento, las segundas abarcan a una variedad de trabajadores materiales que luchan por salarios justos para sostener los procesos de reproducción social.

Los clústeres de innovación tecnológica como Silicon Valley en eeuu y Shenzhen en China lideran el trabajo intelectual de las industrias de energía limpia e inducen demandas de minerales y de trabajo manual a escala global. Aunque las cifras oficiales reconocen que un número relativamente importante de trabajadores están empleados en servicios relacionados con tecnologías renovables, gran parte del empleo se concentra en actividades intensivas que presentan diferentes grados de informalidad, bajos salarios y exposición a condiciones peligrosas21. Así, las empresas extractivas y manufactureras buscan geografías donde la mano de obra sea más barata; es decir, países y regiones con salarios promedio más bajos, jornadas laborales más largas y regulaciones laborales flexibles. Normalmente, tales condiciones se localizan en espacios remotos o incluso invisibles de las periferias globales, incluidas las zonas extractivas de cobalto en el Congo, el ensamblaje precario de paneles solares en la India o el tratamiento peligroso de desechos digitales en Ghana.

Benjamin Neimark y colegas propusieron en 2020 el concepto de «ecoprecariado» para describir a una clase trabajadora emergente con un perfil socioeconómico diverso pero distinguible, que proporciona trabajo formal e informal en iniciativas de economía verde22. Según estos autores, el «ecoprecariado» se diferencia de los profesionales altamente calificados que gestionan proyectos de economía verde en contextos transnacionales. Aunque su enfoque conceptual se basa en programas de servicios como la contabilidad de carbono en iniciativas climáticas, esta categoría puede ampliarse para abarcar también las industrias extractivas, manufactureras y de manejo de residuos asociadas al capitalismo solar.

Para analizar la formación de un «ecoprecariado», debemos poner en el centro la interconexión entre el despojo de tierras provocado por proyectos de energías renovables y otros proyectos extractivos, la alteración de medios de vida tradicionales y la consiguiente creación de una fuerza laboral industrial y precaria. En sintonía con la dialéctica del valor-desperdicio, estos procesos son acompañados por discursos que refieren a los grupos desposeídos como «poblaciones excedentes»23, que serían absorbidas parcial y precariamente por las industrias solares emergentes. Por lo tanto, la producción global de un ecoprecariado resalta la necesidad de expandir y reformular los debates en torno de la «transición justa», incorporando los límites sociales y ambientales del capitalismo para garantizar una «vida digna para todos».

Solarizar la economía: implicaciones ecopolíticas

Si la modernización económica ha dependido históricamente de un sistema-mundo que organiza los flujos de energía y materiales para sostener la acumulación de capital, el capitalismo solar replicará estos mismos patrones bajo las condiciones extraordinarias contemporáneas. Las nuevas fronteras de acumulación sobre la tierra, los minerales y el trabajo están configurando intercambios desiguales a escala global. Por ello, debemos preguntarnos colectivamente cómo fluyen la energía y los materiales extraídos de la tierra en las sociedades del capitalismo solar, qué formas de organización del trabajo facilitan estos procesos y cuáles son las vías para defender economías solares alternativas.

El imperativo de reducir las emisiones de dióxido de carbono resulta irreconciliable con un metabolismo en constante crecimiento

Como se ha insistido desde la economía ecológica, el imperativo de reducir las emisiones de dióxido de carbono resulta irreconciliable con un metabolismo en constante crecimiento24. Efectivamente, el capitalismo solar expande sus actividades a escala global desencadenando nuevas rondas de mercantilización y explotación de recursos naturales y humanos. Al mismo tiempo, esta forma mutable del capital no está sustituyendo los recursos fósiles, sino que está incrementando y diversificando las fuentes de acumulación en la provisión de energía25. En este marco, la era posfósil no se concibe como una sustitución de recursos energéticos acompañada de una reducción metabólica correlativa, sino como un futuro socioecológico donde la naturaleza y el trabajo son crecientemente apropiados para sostener el modo de producción ante el declive de la abundancia fósil. Queda aquí abierto el debate sobre si el capitalismo solar podría mantener los niveles actuales de productividad, o bien si requeriría del sustento fósil/nuclear para subsistir. Ambos, por supuesto, con altos costos socioecológicos.

En síntesis, la articulación global del capitalismo solar será inevitablemente material: ya sea parasitando otras formas de energía o dependiendo exclusivamente de tecnologías solares. Una carrera creciente por recursos, territorios y mercados –principalmente, entre China, eeuu y la ue– marca el pulso de este régimen emergente, reproduciendo su lógica y legado colonial. Las implicaciones del capitalismo solar frente al dilema de la transición energética son evidentes: los recursos y tecnologías alternativas son concebidos como vías para extender el proceso de acumulación capitalista y no para restaurar los equilibrios socioecológicos del planeta. Estas rutas se despliegan mediante la producción de territorios «distantes» y comunidades «prescindibles» que son vaciadas, reimaginadas y disciplinadas bajo los términos del capital.

Para explorar futuros solares alternativos, será entonces fundamental prefigurar una verdadera «política transambiental»26. Como lo ha planteado Nancy Fraser, la despolitización del cambio climático requiere construir un nuevo sentido común que integre las preocupaciones ecológicas con aquellas que involucran cuestiones en torno del trabajo, los cuidados y la justicia ecosocial global. Efectivamente, muchos elementos de esta política ya existen de una forma u otra en las demandas por la justicia ambiental y climática, los movimientos descoloniales e indígenas y los movimientos laborales y juveniles, así como el activismo feminista y decrecentista. Los diálogos productivos entre y dentro de estos movimientos serán, por lo tanto, claves para construir futuros socioecológicos alternativos. Logo de Nueva Sociedad

Sofía Ávila Calero: es doctora en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona (uab). Es profesora e investigadora en el Instituto de Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), donde trabaja en el campo de la ecología política y la economía ecológica.

Nota: la versión original en inglés, más extensa, de este artículo se publicó en Sustainability Science vol. 20, 2025, con el título «Solar Capitalism: Accumulation Strategies and Socio-Ecological Futures». Traducción: Regina Ortiz Zamora (revisada por la autora).

Palabras claves: capitalismo solar, metabolismo, minerales críticos, transición socioecológica.

1. Breno Bringel y Maristella Svampa: «Del ‘Consenso de los Commodities’ al ‘Consenso de la Descarbonización’» en Nueva Sociedad No 306, 7-8/2023, disponible en <www.nuso.org>.

2. Erik Swyngedouw: «Apocalypse Forever? Post-Political Populism and the Spectre of Climate Change» en Theory Culture and Society vol. 27 No 2-3, 2010.

3. Jason W. Moore: Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital, Verso, Londres, 2015.

4. Ulrich Brand y Markus Wissen: Modo de vida imperial. Vida cotidiana y crisis ecológica del capitalismo, Tinta Limón, Buenos Aires, 2021.

5. L. Lohmann: Energy, Work and Finance, The Corner House, Dorset, 2014.

6. A. Malm: Capital fósil. El auge del vapor y las raíces del calentamiento global, Capitán Swing, Madrid, 2016.

7. Hay que incluir aquí los regímenes industriales socialistas que prevalecieron durante varias décadas del siglo xx.

8. Iñigo Capellán-Pérez, Carlos de Castro e Iñáki Arto: «Assessing Vulnerabilities and Limits in the Transition to Renewable Energies: Land Requirements Under 100% Solar Energy Scenarios» en Renewable and Sustainable Energy Reviews vol. 77, 9/2017.

9. Tania Murray Li: «What is Land? Assembling a Resource for Global Investment» en Transactions of the Institute of British Geographers, vol. 39 No 4, 10/2014.

10. Sofía Avila, Yannick Deniau, Alevgul H. Sorman y James McCarthy: «(Counter)mapping Renewables: Space, Justice, and Politics of Wind and Solar Power in Mexico» en Environment and Planning E: Nature and Space vol. 5 No 3, 2021.

11. Diego Andreucci y Christos Zografos: «Between Improvement and Sacrifice: Othering and the (Bio)political Ecology of Climate Change» en Political Geography vol. 92, 2021.

12. Joan Martínez-Alier: El ecologismo de los pobres: conflictos ambientales y lenguajes de valoración, Icaria, Barcelona, 2011.

13. Banco Mundial: «The Growing Role of Minerals and Metals for a Low Carbon Future», Washington, dc, 2017.

14. Agencia Internacional de Energía: «Critical Minerals Market Review 2023», 7/2023.

15. Ibíd.

16. Banco Mundial: ob. cit., p. xiii.

17. Ver Atlas de Justicia Ambiental (ejatlas), disponible en <www.ejatlas.org>.

18. Felix Malte Dorn: «Towards a Multi-Color Hydrogen Production Network? Competing Imaginaries of Development in Northern Patagonia» en Energy Research and Social Science vol. 110, 4/2024.

19. Bruno Fornillo y Melisa Argento: Todo sobre el litio. ¿Extraerlo? ¿Cómo, cuánto, para qué y para quién?, Siglo xxi Editores, Buenos Aires, 2025.

20. P. González Casanova: «Sociedad plural, colonialismo interno y desarrollo» en América Latina No 3, 1963.

21. Agencia Internacional de Energías Renovables (irena) y Organización Internacional del Trabajo (oit): Renewable Energy and Jobs: Annual Review 2023, Abu Dabi-Ginebra, 2023.

22. B. Neimark, Sango Mahanty, Wolfram Dressler y Christina Hicks: «Not Just Participation: The Rise of the Eco-Precariat in the Green Economy» en Antipode vol. 52 No 2, 3/2020.

23. Ryan Stock y Trevor Birkenholtz: «The Sun and the Scythe: Energy Dispossessions and the Agrarian Question of Labour in Solar Parks» [2019] en Journal of Peasant Studies vol. 48 No 5, 2021.

24. Brototi Roy y Anke Schaffartzik: «Talk Renewables, Walk Coal: The Paradox of India’s Energy Transition» en Ecological Economics vol. 180, 2/2021, p. 2.

25. irena: World Energy Transitions Outlook 2023: 1.5 oc Pathway, Abu Dabi, 2023.

26. N. Fraser: «Los climas del capital» en New Left Review No 127, 3-4/2021.

La paradoja extractivista

Entre la crisis climática y la transición energética

Maritza Islas Vargas

La transición energética está generando una creciente demanda de energía y minerales, en su mayoría extraídos del Sur global, lo que exacerba aún más los impactos ambientales y climáticos que supuestamente se propone atenuar. La promesa de desmaterialización y desfosilización se aleja, mientras se profundizan las brechas entre el Norte y el Sur global. Lejos de ser inocuas, las inversiones a gran escala en energías renovables tienen repercusiones dañinas en el ambiente y las comunidades humanas y no humanas.

En 2024, el Panel Internacional de Recursos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en su informe «Perspectivas de recursos globales», categorizó el extractivismo como el principal impulsor de la triple crisis planetaria compuesta por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la crisis por contaminación y residuos. Los datos fueron contundentes. La extracción y el procesamiento de energía y materia, como combustibles fósiles, minerales, minerales no metálicos y biomasa, generan más de 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero y 40% de los impactos sobre la salud relacionados con las partículas en suspensión. Si se considera el cambio de uso de la tierra, los impactos climáticos aumentan a más de 60%. Asimismo, la agricultura y la silvicultura son responsables de más de 90% de la pérdida total de biodiversidad y del estrés hídrico relacionados con el uso de la tierra1.

El extractivismo en sentido amplio alude a un patrón de acumulación basado en la sobreexplotación de recursos naturales

El extractivismo en sentido amplio alude a un patrón de acumulación basado en la sobreexplotación de recursos naturales, en gran parte no renovables, así como en la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados como «improductivos»2. Desde hace dos siglos, con la emergencia de una economía y de un orden internacionales fundados en la quema ininterrumpida y acelerada de combustibles fósiles, en la sobreexplotación globalizada de los flujos de energía y materia, así como en relaciones de tipo colonial, las naciones capitalistas centrales trazaron el camino que ha conducido a la crisis bioclimática actual3.

El tránsito de la humanidad «del uso de flujos [por ejemplo, energía solar] a la explotación acelerada de acervos energéticos [como yacimientos de combustibles fósiles] marca un punto de quiebre en el uso humano de la energía y en la relación social con el medio ambiente [y el clima]»4. La explotación y la quema de combustibles fósiles (primero carbón, para después sumarse el petróleo y el gas natural) han liberado a la atmósfera el carbono que las plantas, a través de millones de años y por medio de la fotosíntesis, extrajeron de ella y fijaron en el suelo. Sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo xx, el traslado masivo de mercancías y de seres humanos y el aumento de los vehículos de combustión interna, los viajes por avión y el comercio internacional propagaron el consumo de hidrocarburos a escala global y con ello, la emisión de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, metano, óxido nitroso)5.

Las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero, acumuladas desde la Revolución Industrial hasta nuestros días, no solo han generado la desestabilización del sistema climático planetario, sino también el trastocamiento de las interacciones complejas entre sus subsistemas: la atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, la litosfera y la biosfera. Hasta la fecha, el declive de la demanda de energía fósil, y por tanto de las emisiones de gases de efecto invernadero, no ha sido resultado de decisiones planificadas ni de acuerdos internacionales, sino un evento fortuito generado por perturbaciones de carácter geopolítico, bélico, económico y biológico. La Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la primera y la segunda crisis del petróleo, la crisis financiera de 2008 y, recientemente, la pandemia de covid-19 son momentos excepcionales de la historia en que ha sido posible observar que la reducción de la quema de combustibles fósiles es posible. El problema es que, una vez superados estos shocks internacionales y después de la «normalización» de las inversiones y la reactivación de los procesos productivos, el consumo de petróleo, gas y carbón se recupera y aun acrecienta6. No obstante, los límites físicos del régimen energético actual son cada vez más notorios. El agotamiento de las fuentes de fácil acceso a hidrocarburos y las alteraciones climáticas producto de su quema ponen en entredicho su continuidad. La drástica transición de condiciones climáticas estables a unas cada vez más adversas e impredecibles se suma a la serie de profundas transformaciones planetarias (como la extinción masiva de especies o la alteración de los ciclos biogeoquímicos).

Frente a este panorama, los organismos internacionales, las grandes corporaciones y muchos gobiernos adoptan un negacionismo parcial: aunque admiten el síntoma, se rehúsan a reconocer o atender las causas de fondo. Es así como promueven la llamada «transición energética» como la solución más viable para afrontar la crisis climática y sus múltiples derivaciones. Sin embargo, esta estrategia, tal y como está planteada, presenta una gran paradoja: requerirá más de 3.000 millones de toneladas de minerales y metales para la generación de energía eólica, solar y de otras fuentes7. Esta visible contradicción da cuenta de las crecientes dificultades que tiene la economía capitalista para asegurar su propia reproducción, lo que viene acompañado de la exacerbación de catástrofes sociales y ambientales a distintas escalas espacio-temporales8.

En la política hegemónica hay una idea muy arraigada de que la tecnología nos salvará, bajo el supuesto de que la destrucción del ambiente es un problema de eficiencia en el consumo y procesamiento de recursos, y no resultado de una lógica basada en la acumulación infinita de ganancias. Este optimismo tecnológico, históricamente infundado, que promueve la aceptación de técnicas cada vez más disruptivas con el clima y el ambiente en aras de no modificar sustancialmente el modelo económico, nos remite a la llamada «paradoja de Jevons».

En 1865, en su obra The Coal Question: An Inquiry Concerning the Progress of the Nation, and the Probable Exhaustion of our Coal-Mines [La cuestión del carbón. Una indagación acerca del progreso de la nación y el probable agotamiento de nuestras minas de carbón], William Stanley Jevons observó que la mejora tecnológica que introdujo James Watt con su máquina de vapor alimentada con carbón, si bien supuso mayor eficiencia energética, trajo aparejada una expansión económica y, por tanto, un mayor consumo del recurso. Lo que demostró Jevons es que cada innovación tecnológica exitosa, cada motor más eficiente termodinámicamente, derivó en un aumento de la productividad y en una mayor demanda de carbón9. Esta lección sigue siendo valiosa en la actualidad, ya que muestra cómo una mayor eficiencia energética no genera una disminución del consumo de recursos (petróleo o carbón entre ellos), sino que, por el contrario, conduce a un aumento, al menos en el marco de una economía de corte capitalista.

Desde la Revolución Industrial, el consumo energético promedio del ser humano ha crecido exponencialmente. En 1700, el consumo per cápita de energía era de 38 gigajulios (gj) anuales; en 1900, el consumo anual aumentó a 56 gj y de ahí, a cerca de 80 gj hacia finales del siglo xx; como término de referencia, el contenido energético de un barril de petróleo es de alrededor de 6 gj. Esto permite sugerir que la economía capitalista, más que disminuir su dependencia de los hidrocarburos, requiere cada vez más energía que ahora es provista por otras vías10.

Las transiciones energéticas son cambios en las fuentes dominantes de energía que suponen grandes transformaciones sociotecnológicas

Las transiciones energéticas son cambios en las fuentes dominantes de energía que suponen grandes transformaciones sociotecnológicas. En los últimos 200 años han ocurrido dos transiciones importantes: primero, de la biomasa al carbón en el siglo xix, y luego del carbón al petróleo, a lo largo del siglo xx. Estas transiciones han venido acompañadas de una modificación de las formas, principios y lógicas a partir de las cuales se organizan la producción, la distribución y el consumo en una sociedad.

Actualmente, la conciencia sobre la necesidad de una transición hacia energías renovables es cada vez mayor; sin embargo, entre la gama de promotores hay una disputa por definir las escalas en que debe implementarse, los actores que deben dirigirla y las formas y lógicas que deben regularla. Por un lado, hay un cuestionamiento abierto a si debe seguirse un modelo descentralizado de distribución de energía, gestionado para satisfacer las necesidades locales, o si es necesario adoptar un modelo a gran escala, capaz de cubrir las necesidades de agentes económicos ajenos a los territorios donde se ejecutan estos proyectos. A su vez, mientras que para algunos el capital privado y los mecanismos de mercado son la mejor opción para llevar a cabo la transición, otros consideran las asociaciones público-privadas como la ruta más rápida; hay quienes prefieren los monopolios estatales y la regulación gubernamental; y otros más que proponen la gestión ciudadana y localizada.

De igual modo, es posible distinguir por lo menos dos posturas contrapuestas: la de quienes señalan que la transición energética solo será posible con el abandono de la lógica de crecimiento ilimitado propia de la acumulación capitalista, y la de quienes conciben la transición energética como la oportunidad para perpetuar la acumulación en un contexto de cambio climático y de agotamiento de hidrocarburos. Estas diferencias dejan ver con claridad que la transición energética no solo es técnica, sino fundamentalmente sociopolítica y económica.

Los múltiples conflictos asociados al despliegue de centrales hidroeléctricas y parques eólicos o fotovoltaicos han evidenciado que las inversiones a gran escala (estatales o privadas) en energías renovables no son automáticamente menos dañinas ni socialmente más justas que sus contrapartes fósiles. Los conflictos más recurrentes se vinculan a la falta de consulta pública, así como a la distribución desigual de los males (el ruido, la pérdida de ecosistemas, la violencia empresarial o policíaca) y los beneficios (por ejemplo, los dividendos o la energía producida). En la mayoría de los casos, el problema sigue siendo que se reproduce la misma dinámica que se ha observado para los proyectos extractivistas, es decir, la maximización y privatización de los beneficios y la socialización y transferencia de los costos sociales y ambientales a los más vulnerables. Por otro lado, la expansión de estos proyectos no viene acompañada necesariamente de un abandono de los combustibles fósiles. A medida que la centralización de la economía aumenta, los consumos de energía, aunque desigualmente, también se acrecientan. La dinámica expansiva del capitalismo hace imposible un consumo energético en declive.

A lo anterior se suma la geopolítica de los recursos necesarios para lograr la transición. Tal es el caso de los minerales y metales que, distribuidos en distintos territorios y concentraciones, adquieren un rol cada vez más importante. Como observa Birgit Mahnkopf, existe una creciente demanda de minerales y metales (litio, disprosio/terbio y renio, cobalto, cobre, escandio, platino y otros) asociada a la transición hacia energías renovables11; la transmisión de electricidad; la «cuarta Revolución Industrial», basada en la digitalización y la inteligencia artificial; complejos militares (sistemas de guía de misiles y defensa antimisiles, sistemas de comunicaciones, sistemas militares no tripulados). Estas circunstancias plantean una serie de retos para un futuro posfósil, entre los que se pueden enunciar los siguientes: la disputa entre los usos para la transición energética y otros usos altamente rentables de los minerales; la expansión del extractivismo minero, con todas las afectaciones sociales y ambientales de esta actividad (consumo intensivo de agua, generación de residuos tóxicos); el agotamiento físico y económico de los yacimientos. Algo similar sucede con las grandes extensiones territoriales necesarias para la instalación de centrales fotovoltaicas, parques eólicos y represas, y para la siembra de cultivos para agrocombustibles, cuyas repercusiones ambientales aumentan a medida que se amplía su escala.

En América Latina y el Caribe, el extractivismo no solo ha involucrado la remoción de grandes volúmenes de naturaleza para la exportación, sino también la imposición de dispositivos estructurales –mercados, instituciones financieras, cadenas de valor globales, mecanismos fiscales, tratados de libre comercio, legislaciones– a través de los cuales ciertos grupos o entidades adquieren la capacidad de control y disposición sobre los territorios12. Los territorios y sus respectivos ecosistemas son estructurados como espacios subordinados y explotados como «zonas de sacrificio» para el abastecimiento de economías-sociedades donde tiene lugar el procesamiento y el consumo asimétrico de los recursos13. 

En las comunidades atravesadas por el extractivismo se observa, además de la sobreexplotación de sus ecosistemas y habitantes, la exacerbación de una triple violencia de corte capitalista, racista y patriarcal. Capitalista porque los territorios son vaciados de valor ecológico, simbólico, histórico, cultural, paisajístico y social, y son reducidos a meras mercancías, importantes únicamente en términos de su valor económico y de su contribución a la maximización de las ganancias de unos pocos actores14. Racista, porque crea jerarquías de superioridad e inferioridad que justifican la dominación y la opresión sobre los otros15. De tal modo, los impactos destructivos del extractivismo se transfieren hacia las poblaciones que se asumen como sacrificables, y se aniquilan diversas formas de ser, conocer y habitar los territorios. Patriarcal, por último, porque refuerza y recrudece las violencias machistas ya existentes, al desplazar a las mujeres de la toma de decisiones sobre los territorios e imponer estructuras laborales masculinizadas que exacerban estereotipos sexistas, confinan a las mujeres al espacio doméstico y las vuelven más vulnerables a la violencia machista16. A estos procesos se suman la violación de los derechos humanos y la exacerbación de la conflictividad socioambiental, que hacen de la región latinoamericana una de las más peligrosas para personas defensoras de la tierra y el ambiente17. 

Las promesas incumplibles de la transición energética

La transición energética, tal y como se piensa desde el discurso hegemónico, además de aumentar la violencia, incrementa el extractivismo fósil y minero, toda vez que no aspira a modificar el perfil metabólico de la sociedad, es decir los patrones de producción, consumo, circulación de bienes y generación de desechos; antes bien, lo que busca es garantizar su funcionamiento18. Tampoco cuestiona las desigualdades entre los países de ingresos más altos y las economías empobrecidas, donde los primeros consumen seis veces más materiales per cápita y son responsables de diez veces más impactos climáticos per cápita que los segundos19.

Hasta la fecha, las energías renovables no reemplazan a los combustibles fósiles, sino que se suman al portafolio de fuentes de energía

Hasta la fecha, las energías renovables no reemplazan a los combustibles fósiles, sino que se suman al portafolio de fuentes de energía que requiere el sistema económico para funcionar. El consumo total de energías a escala global se incrementa cada año20. La promesa de reducir la cantidad de recursos consumidos por la economía no se cumple. En el nivel global, el uso de materiales se ha triplicado en los últimos 50 años y sigue creciendo a un ritmo medio superior a 2,3% anual. Asimismo, se calcula que la extracción de recursos materiales podría aumentar casi 60% respecto de los niveles de 2020 para 2060, pasando de 100.000 a 160.000 millones de toneladas21.

Esta tendencia muestra que, en el marco de una economía que supone la expansión permanente y acelerada de sus actividades, la promesa de que la tecnología hará más eficiente el consumo de recursos es imposible de cumplir. La conciliación entre crecimiento económico infinito y un menor consumo energético, aunque discursivamente atractiva, es físicamente inviable. Desde 1990, la eficiencia global de los materiales ha mejorado poco. De hecho, comenzó a disminuir alrededor del año 200022. Esto quiere decir que, pese a las innovaciones tecnológicas que se han dado en los últimos lustros, cada vez se requiere más energía y materia por unidad del pib. 

Teniendo esto en cuenta, puede entenderse que la urgencia en llevar adelante la transición energética está más relacionada con la necesidad de algunas economías de mantener sus niveles actuales de producción y consumo, así como con el interés de los actores empresariales en explorar nuevos mercados en un contexto de emergencia ambiental y climática, que con las necesidades de las mayorías. 

Hasta ahora, el tipo de transición energética propuesto, principalmente por los Estados centrales y las corporaciones, reproduce las desigualdades y dinámicas de la economía fósil. Es decir, se trata de un modelo centralizado en pocas manos, que privatiza las ganancias mientras exacerba y socializa los costos sociales y ambientales. La expansión de las fronteras extractivas –impulsada por el agotamiento de los recursos de fácil acceso geopolítico y geológico, y las «oportunidades» que ofrecen las nuevas técnicas de extracción–, sumada a los efectos acumulativos de la devastación ambiental, incrementa constantemente el número de poblaciones afectadas por el extractivismo. 

En la región latinoamericana y caribeña ya son evidentes las consecuencias de este modelo. En Ecuador, por ejemplo, se observa una creciente explotación de la madera de balsa, impulsada por la demanda de China para la fabricación de aerogeneradores23. La extracción de cobalto y litio se ha expandido significativamente en Argentina, Bolivia y Chile en lo que se conoce como «triángulo del litio». En toda América Latina, acechan los megaproyectos de paneles solares e infraestructuras de hidrógeno que incrementan aún más el acaparamiento de tierras24.

La transición energética de tipo corporativo y tecnocrático, además de insostenible e injusta, es muy endeble pues depende de minerales críticos que son muy escasos en la naturaleza, como el litio, el cobalto, el grafito, el indio y las tierras raras. En este punto, es importante señalar que el límite biofísico de esta transición no solo radica en el agotamiento de los minerales, sino también en la capacidad del sistema planetario para seguir absorbiendo sus desechos. 

Ante este escenario, la organización colectiva contra la exacerbación del modelo extractivista resulta crucial. En este sentido, las propuestas que emergen de los movimientos climáticos, las luchas antimineras y en general del ecologismo popular vislumbran otros caminos posibles, orientados hacia una descarbonización social y ambientalmente justa, que promueven la desinversión en combustibles fósiles, la democratización de la toma de decisiones sobre la transición, y la descentralización y desprivatización de las tecnologías y de la generación de energía. Explorar y respaldar estas alternativas es fundamental si buscamos garantizar no solo una simple transición tecnológica, sino una verdadera transformación ecosocial.

Es importante tener en cuenta que la transición energética no es inherentemente justa ni forzosamente ecológica o sostenible. Para que eso suceda, será necesario replantear los modelos de producción y consumo, garantizar una distribución equitativa de beneficios y costos, y respetar los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia de las comunidades afectadas por los proyectos energéticos y extractivos.

Si bien es cierto que, para afrontar la triple crisis planetaria, es necesaria, entre otras medidas, una modificación de la matriz energética, esto no puede hacerse a costa de la salud de los ecosistemas ni de la integridad de pueblos enteros. Si la transición no es justa, no será una verdadera solución.

Tal y como señala Elmar Altvater: «una sociedad basada en fuentes de energía renovables, en lugar de fósiles, debe desarrollar tecnologías adecuadas y sobre todo formas sociales más allá del capitalismo. La relación de la sociedad con la naturaleza no puede seguir siendo la misma cuando el combustible que impulsa la dinámica capitalista se está agotando»25. Al respecto, los movimientos de justicia climática, lo mismo que las luchas sociales contra megaproyectos de infraestructura «verde», brindan algunas claves, acciones y propuestas que, en el corto, mediano y largo plazo, pueden contribuir a trazar una cuarta ruta hacia la descarbonización guiada por los principios de desinversión, democratización, descentralización y desprivatización.

El alcance transformador o conservador de la transición energética depende de los objetivos que se tracen y de los actores que la impulsen. Sin embargo, cualquier proyecto político futuro que podamos visualizar depende de la estabilización de las emisiones y, por tanto, de la abolición de la economía fósil, así como de las relaciones de explotación y dominación que la acompañan. Frente a la crisis bioclimática, frenar el extractivismo es un deber ético planetario inexcusable. Logo de Nueva Sociedad

Maritza Islas Vargas: es doctora en Ciencias de la Sostenibilidad. Coordinadora del Grupo de Trabajo Metabolismo social / Justicia ambiental del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso).

Palabras claves: crisis climática, desfosilización, extractivismo, transición energética.

1. Panel Internacional de Recursos: Global Resources Outlook 2024: Bend the Trend - Pathways to a Liveable Planet as Resource Use Spikes, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (unep), Nairobi, 3/2024.

2. Maristella Svampa: «‘Consenso de los Commodities’ y lenguajes de valoración en América Latina» en Nueva Sociedad No 244, 3-4/2013, disponible en <nuso.org>.

3. ipcc: «Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups i, ii and iii to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change», 2023; Andreas Malm: «Who Lit This Fire? Approaching the History of the Fossil Economy» en Critical Historical Studies vol. 3 No 2, 2016.

4. Francisco Aguayo: «Transiciones energéticas: agotamiento y renovación de los recursos energéticos» en Conceptos y fenómenos fundamentales de nuestro tiempo, unam-iis, 5/2012.

5. Will Steffen, Wendy Broadgate, Lisa Michele Deutsch y Owen Gaffney: «The Trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration» en Anthropocene Review vol. 2 No 1, 4/2015.

6. Agencia Internacional de la Energía (aie): «Global Energy Review 2020: The Impacts of the Covid-19 Crisis on Global Energy Demand and co2 Emissions», 4/2020.

7. Kirsten Lori Hund et al.: Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition, Banco Mundial, Washington, dc, 2020.

8. Raúl Ornelas (coord.): Estrategias para empeorarlo todo, unam-iiec, Ciudad de México, 2020.

9. John Bellamy Foster, Brett Clark y Richard York: «Capitalism and the Curse of Energy Efficiency: The Return of the Jevons Paradox» en Monthly Review vol. 62 No 6, 11/2010.

10. F. Aguayo: ob. cit.

11. B. Mahnkopf: «Geopolítica en el Antropoceno» en Papeles No 146, 2019.

12. Horacio Machado Aráoz: «Crisis ecológica, conflictos socioambientales y orden neocolonial. Las paradojas de Nuestra América en las fronteras del extractivismo» en Rebela vol. 3 No 1, 2013.

13. Eduardo Gudynas: «Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual» en Jürgen Schuldt et al.: Extractivismo, política y sociedad, Centro Andino de Acción Popular / Centro Latinoamericano de Ecología Social, Quito, 2009.

14. M. Svampa: ob. cit.; Joan Martínez-Alier: «Los conflictos ecológico-distributivos y los indicadores de sustentabilidad» en Revibec: Revista Iberoamericana de Economía Ecológica vol. 1, 2004.

15. Atsiry López: «Agroextractivismo y racismo ambiental. La industria porcícola en el estado de Yucatán» en Geopauta vol. 4 No 4, 2020.

16. Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo: «(Re)patriarcalización de los territorios. La lucha de las mujeres y los megaproyectos extractivos» en Ecología Política No 24, 2018.

17. «Voces silenciadas. La violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente» en Global Witness, 10/9/2024.

18. Bruno Breno y M. Svampa: «Del ‘Consenso de los Commodities’ al ‘Consenso de la Descarbonización’» en Nueva Sociedad No 306, 7-8/2023, disponible en <nuso.org>.

19. Panel Internacional de Recursos: Global Resources Outlook 2024, cit.

20. British Petroleum: Statistical Review of World Energy, Londres, 2020.

21. Panel Internacional de Recursos: Global Resources Outlook 2024, cit.

22. Panel Internacional de Recursos: Global Material Flows and Resource Productivity, unep, Nairobi, 2016.

23. Tamara Artacker, Felipe Bonilla, Elizabeth Bravo e Ivonne Yánez: «Los impactos invisibles de la energía eólica. Cómo el boom de energías renovables en China acelera la explotación de la balsa en Ecuador» en Armando L. Fernández Soriano, Ofelia Gutiérrez, M. Islas Vargas y Pedro Roberto Jacobi (coords.): Expresiones del metabolismo social capitalista en América Latina: sujetos, conflictos y contrapropuestas, Clacso, Buenos Aires, 2024.

24. B. Bringel y M. Svampa: ob. cit.

25. E. Altvater: «The Social and Natural Environment of Fossil Capitalism» en Socialist Register vol. 43, 2007, p. 55.

América Latina ante la nueva globalización

Matías Kulfas / Martín Schapiro

Frente a los cambios en el escenario internacional y el bajo crecimiento, América Latina necesita estructurar un nuevo consenso productivo y una síntesis desarrollista. No se trata de un regreso nostálgico al desarrollismo clásico, sino de una adaptación al escenario mundial de hoy, marcado por una nueva fase de la globalización y por una transición energética a escala global.

El estancamiento latinoamericano

Un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) indica que América Latina vuelve a transitar una «década perdida» signada por el bajo crecimiento1. Más allá de heterogeneidades y algunas excepciones, el crecimiento económico del periodo 2014-2023 fue de solo 0,9% anual, por debajo del 2% de la década de 1980 que dio origen a esa expresión para describir una década sin crecimiento.

Las tres naciones más grandes e industrializadas crecen muy poco o no crecen (entre 2014 y 2024, el pib per cápita de Argentina tuvo una tasa anual de crecimiento negativa de -0,6%, mientras que en Brasil y México esa tasa creció a solo 0,2% y 0,4% anual respectivamente). Chile, durante largo tiempo la economía más dinámica de la región, afronta un menor crecimiento y nuevos debates sobre cómo revertir la situación2. Entre 2000 y 2015, el pib per cápita crecía más de 3% por año, pero en años sucesivos esa tasa se redujo a 2% anual y de manera reciente se ubica en torno de 0,8%. Uruguay, Colombia y Perú han experimentado cierto crecimiento asentado en sus actividades primarias, aunque han realizado algunos esfuerzos de diversificación (forestación y servicios informáticos en Uruguay y tecnologías de la información y la comunicación –tic– en Colombia). Bolivia, que atravesó una etapa de bonanza económica combinando apropiación de la renta gasífera con una política macroeconómica estable, se enfrenta a una grave crisis en ambos aspectos.

El escenario mundial se ha transformado sustancialmente y ello genera nuevos desafíos. Podemos dividir el proceso de globalización más reciente en tres grandes fases. La primera se inició en la década de 1970 con el auge de las tic, el avance hacia una mayor desregulación financiera y la mejora en las tecnologías de transporte marítimo, con la adopción masiva de los grandes contenedores. La segunda fase tuvo lugar con la gran expansión del mercado mundial tras la caída del Muro de Berlín, la disolución del bloque soviético y la unificación del mercado global. Finalmente, la tercera fase se inició tras la crisis de las hipotecas subprime de 2008 y, especialmente, con la pandemia de 2020, cuando se verifica un límite y se hacen evidentes tanto las tensiones del sistema como las crecientes tendencias desglobalizantes.

En términos generales, la globalización dejó un saldo ambiguo para América Latina: perdedor para sus países más industrializados, algo más favorable para las economías menos diversificadas que, en muchos casos, pudieron disfrutar de etapas de crecimiento y mejoras sociales a partir de la creciente demanda de materias primas a mayores precios impulsada por las compras chinas. Una vez agotados esos motores, la región parece quedar sin rumbo y no haber aprovechado los periodos de bonanza para diversificarse y fortalecer nuevas fuentes de crecimiento.

China y el continente asiático fueron los grandes ganadores, en especial de la fase iniciada en la década de 1990. Allí, la pobreza extrema ha sido extinguida y millones de personas se incorporaron a la clase media3. Los otros ganadores de esa globalización fueron las elites occidentales que participaron activamente, de manera directa o indirecta, de los crecientes negocios chinos. Los perdedores relativos fueron las clases medias occidentales, tal como mostró Branko Milanović en su célebre «curva del elefante»4. El propio encogimiento de esas clases medias, los resquemores occidentales por el aumento del poder relativo chino a partir de su potencia económica y las dificultades productivas que supone esa potencia en las canastas de importación y exportación de bienes de los países llevaron a la globalización, tal como la hemos conocido, a alcanzar un techo. Se inició así una nueva etapa caracterizada por el regreso de las tensiones y la competencia geopolítica.

El estancamiento y las presiones rupturistas sobre el orden económico internacional abren nuevos desafíos y oportunidades para América Latina. La transición energética, la electromovilidad, el nearshoring5 y la digitalización están generando una demanda inédita de minerales críticos, energías renovables, cadenas de valor más cortas y producción más sostenible.

El fin de la etapa de industrialización (1930-1980) y el ascenso del neoliberalismo afectaron de manera muy significativa a los países más industrializados de la región. El gráfico de la página siguiente muestra una historia con dos fases claramente diferenciadas: hasta 1980, la productividad en Brasil, México y Argentina crecía a un ritmo similar al de la principal potencia mundial, incluso mayor en algunos momentos. Nunca México había tenido una brecha tan reducida respecto a Estados Unidos6.

La historia es completamente diferente cuando se analiza lo ocurrido después de 1980: a partir de entonces, la brecha con eeuu se ensancha notablemente debido al estancamiento de la productividad en México, Brasil y Argentina. En el otro extremo aparece Chile: tras un crecimiento de la productividad mucho más lento en la fase de industrialización, y cierto estancamiento en los años 80, experimentó luego un vigoroso crecimiento de la productividad (aunque sin reducir de manera significativa las brechas con eeuu). El promedio de América Latina muestra un contraste notable: la productividad crecía 2,8% anual entre 1950 y 1980, pero este crecimiento se redujo a solo 0,1% anual entre 1980 y 2019.

El neoliberalismo (entendido como fundamentalismo de mercado) fue la ideología dominante de política económica en la región durante la década de 1990. Con posterioridad, los gobiernos de orientación neoliberal fueron solo una entre otras variantes. Los casos de Argentina (2003-2015 y 2019-2023), Bolivia (2006-2019 y 2020-2025), Brasil (2003-2016 y 2022 en adelante), Ecuador, Venezuela, Chile (particularmente con algunas reformas implementadas durante los mandatos de Michelle Bachelet y recientemente con Gabriel Boric), Uruguay (2004-2019 y nuevamente en la actualidad) y, de manera más reciente, México (2018 en adelante) y Colombia (2022 en adelante) se ubicaron, con múltiples matices y diferencias, en una vereda contraria al neoliberalismo. Aun así, no fue sencillo estructurar una alternativa que permitiera crecer de manera sostenida y transformar la estructura productiva como medio central para mejorar las condiciones de bienestar. El foco se colocó en la distribución más o menos agresiva de rentas y recursos existentes. Predominaron estrategias que combinaron políticas de inclusión social y transferencia de ingresos antes que proyectos de transformación productiva de largo alcance.

La nueva globalización y sus desafíos

La globalización de fines del siglo xx y comienzos del xxi estuvo marcada por la expansión del comercio, la integración de cadenas globales de valor y el ascenso de China como potencia industrial y tecnológica. Sin embargo, este orden ha entrado en crisis. La pandemia de covid-19, las tensiones entre eeuu y China, la guerra en Ucrania y el resurgimiento de políticas proteccionistas han configurado una nueva globalización, menos orientada al libre comercio irrestricto y más atravesada por la disputa geopolítica, la seguridad productiva y las disputas en torno de la transición energética.

En este escenario, América Latina enfrenta un dilema estratégico. La región posee abundantes recursos naturales, capacidades industriales heterogéneas y un potencial en digitalización y energías verdes. Sin embargo, históricamente ha tenido dificultades para transformar estas ventajas en trayectorias sostenidas de desarrollo. El desafío consiste en evitar la repetición de un patrón de inserción periférica y apostar a un modelo de integración productiva y tecnológica que optimice las oportunidades que abre esta nueva etapa.

La globalización de fines del siglo xx y comienzos del xxi estuvo marcada por la expansión del comercio, la integración de cadenas globales de valor y el ascenso de China

Recursos naturales: de la renta a la innovación

La abundancia de petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y suelos agrícolas ubica a América Latina como uno de los territorios con mayor dotación de recursos naturales del planeta. Sin embargo, la región ha tendido a gestionarlos de manera rentística, priorizando la apropiación fiscal de la renta más que la construcción de capacidades productivas en torno de ellos. Esto ha derivado en déficits recurrentes en el comercio de bienes de capital y tecnologías vinculadas a la explotación de recursos, que han debido importarse de otras regiones, lo que reforzó un patrón de dependencia.

Frente a este diagnóstico, el desafío no es solo «agregar valor» a los recursos naturales, sino conformar clústeres productivos alrededor de ellos, que articulen industrias proveedoras, servicios de ingeniería y capacidades tecnológicas. Países como Australia o Noruega lograron desarrollar sectores sofisticados vinculados a la minería y al petróleo, mostrando que la clave no es la mera exportación de commodities, sino la articulación entre recursos naturales e innovación7. Para América Latina, el desafío es doble: aprovechar el boom de demanda global de minerales críticos para la transición energética –como litio, cobre y níquel– y evitar caer en la simple exportación primaria. La región debe generar capacidades tecnológicas locales, integrarse en la producción de baterías, energías renovables y nuevos materiales, y convertir sus recursos en una palanca de diversificación productiva.

Neoindustrialización en un mundo fragmentado

La nueva globalización supone un rediseño de las cadenas productivas. La competencia hegemónica impone un obstáculo para el crecimiento continuo de la relación comercial entre China y eeuu. Tendencias como el friendshoring8 y el nearshoring, así como las posibilidades de relocalizar algunas producciones, abren espacios para que América Latina, como un proveedor con una fuerte dotación de recursos, pueda promover inversiones industriales estratégicas. La neoindustrialización no se reduce a reproducir la industrialización del siglo xx, sino que exige integrar digitalización, sostenibilidad y competitividad internacional. Brasil y México se perfilan como polos industriales con mayor densidad, mientras que Argentina y Chile poseen sectores con potencial –industria automotriz, alimentos, energías limpias, biotecnología– que requieren políticas activas para consolidarse.

No obstante, el riesgo es quedar atrapados en la lógica de la maquila, con baja incorporación tecnológica y escaso valor agregado local. Por ello, América Latina necesita políticas de desarrollo productivo que prioricen: (a) capacidades tecnológicas propias, mediante investigación y desarrollo (i+d) público-privado; (b) integración regional, articulando cadenas de valor en el interior del Mercado Común del Sur (Mercosur) y con otros bloques latinoamericanos; (c) atracción selectiva de inversiones extranjeras, vinculadas a estrategias de encadenamientos locales.

Digitalización y robótica: la nueva frontera de la productividad

La inteligencia artificial, la robotización y la industria 4.0 están reconfigurando los sistemas productivos, con efectos profundos sobre el empleo, la productividad y la competitividad. Muy probablemente, el nuevo enfoque en la producción bélica derivado de las tensiones y conflictos en curso acelere nuevos procesos de robotización y su vinculación con programas de inteligencia artificial, primero para uso bélico y luego civil.

Para América Latina, la digitalización representa una oportunidad de salto cualitativo en sectores como el software, la biotecnología, la agricultura inteligente y los servicios basados en el conocimiento. Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay han mostrado avances en este terreno, con exportaciones crecientes de servicios digitales y polos tecnológicos emergentes. Sin embargo, la brecha digital interna y externa sigue siendo un obstáculo. Amplios sectores de la población carecen de conectividad adecuada y el acceso desigual a la formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas limita la base de formación de recursos humanos. La región debe combinar inversión en infraestructura digital con políticas educativas y de inclusión social que reduzcan estas brechas, para que la digitalización sea un motor de desarrollo y no un nuevo factor de desigualdad.

Industrias verdes y transición energética

A pesar del enfoque radical de Donald Trump, el cambio climático y la transición energética son ejes centrales de la nueva globalización, tanto por el lugar central de las estrategias de descarbonización en las demás potencias económicas como por el éxito de las diversas políticas industriales ya aplicadas, que han vuelto las tecnologías limpias competitivas en costo. América Latina, con su dotación de recursos naturales y potencial en energías renovables, está en condiciones de ser protagonista de una industrialización verde. El hidrógeno verde aparece como un sector estratégico. Argentina, Chile y Brasil cuentan con condiciones excepcionales –potencia eólica y solar, capacidad tecnológica y científica– para convertirse en proveedores globales no solo del recurso, sino también de las tecnologías asociadas, como aerogeneradores y sistemas de almacenamiento.

Asimismo, la reconversión de la industria automotriz hacia vehículos eléctricos ofrece oportunidades para aprovechar capacidades instaladas y promover la integración regional. La economía circular y las nuevas prácticas productivas orientadas al reciclaje y la reducción de residuos constituyen otra frontera para la innovación. La región tiene entonces la posibilidad de insertarse de manera dinámica en la transición ecológica, pero esto requiere políticas industriales coherentes, incentivos a la inversión sostenible y marcos regulatorios que combinen crecimiento con preservación ambiental.

La nueva globalización no significa el fin de la integración internacional, sino su reconfiguración bajo parámetros distintos

La nueva globalización no significa el fin de la integración internacional, sino su reconfiguración bajo parámetros distintos: disputa tecnológica, revalorización de los recursos naturales, transición energética y digitalización acelerada. En este marco, América Latina tiene cuatro grandes ejes para optimizar sus oportunidades de desarrollo:

(a) Recursos naturales como palanca de innovación, superando el rentismo y construyendo clústeres industriales y tecnológicos en torno de ellos.

(b) Neoindustrialización competitiva, que combine integración regional, atracción selectiva de inversiones y fortalecimiento de capacidades locales.

(c) Digitalización que potencie la productividad, modernice la industria y mejore la inserción internacional de servicios y tecnologías, al tiempo que reduzca brechas internas.

(d) Industrialización verde, que convierta a la región en proveedora estratégica de energías limpias, tecnologías asociadas y prácticas de economía circular.

Tendencias recientes: Nova Industria Brasil y Plan México

En este complejo panorama que afronta América Latina, no deja de ser auspicioso que las dos naciones más grandes de la región estén embarcadas en nuevos programas de desarrollo industrial y tecnológico. El Plan México significa, nada más y nada menos, que el regreso de este país al terreno de la planificación del desarrollo tras varias décadas de ausencia. Allí, en tiempos de auge del neoliberalismo, se acuñó la famosa frase según la cual «la mejor política industrial es no tener política industrial». Sin embargo, la política industrial no desapareció por completo, sino que una parte quedó relegada al ámbito subnacional: estados como Nuevo León, Jalisco y Querétaro tuvieron experiencias relevantes con apoyos muy esporádicos de programas nacionales, en general acotados a la atracción de inversión extranjera directa (ied) y la complementación con algunos pequeños programas de incentivos9.

El Plan México intenta desandar esa pasividad y busca aprovechar las oportunidades del nearshoring

El Plan México intenta desandar esa pasividad y busca aprovechar las oportunidades del nearshoring para apalancar una estrategia productiva, estableciendo exigencias de contenido nacional mínimo en adquisiciones del Estado y habilitando un uso más activo de aranceles selectivos para países con los que no existen acuerdos de comercio y normas técnicas. El objetivo es empujar una sustitución de importaciones manufactureras en rubros estratégicos, al tiempo que la reforma regulatoria busca agilizar certificaciones y facilitar inversiones. El plan establece misiones sectoriales en las industrias farmacéutica, petroquímica, automotriz, eléctrica y aeroespacial.

El otro gran objetivo es la reducción de las brechas territoriales que caracterizan la inserción mexicana de las últimas décadas. Incluye la creación de polos de desarrollo para atracción de inversiones en nuevas regiones, y un plan ambicioso de infraestructura vial, ferroviaria y energética, con una cartera de proyectos públicos. Con las limitaciones fiscales que posee el Estado mexicano, el plan apunta a utilizar herramientas existentes como las compras públicas, reglas de origen y garantías para orientar inversión privada –nacional y extranjera– hacia objetivos de contenido local, encadenamientos más robustos a escala nacional, y adopción e incorporación de tecnología.

Lejos de la integración profunda con el mercado estadounidense que caracteriza a la economía mexicana, Brasil eligió utilizar su memoria institucional y el arsenal de herramientas de crédito público como motor de una estrategia basada en la potencia de su mercado interno y la neoindustrialización. Nova Indústria Brasil (nib) adopta un enfoque de misiones, a partir de ideas de Mariana Mazzucato, y establece políticas de desarrollo en función de objetivos productivos, sociales y de sostenibilidad ambiental10. Las seis misiones abarcan el agregado de valor en los complejos agroindustriales; la producción nacional para la salud; movilidad y urbanización sostenibles; digitalización de pymes para elevar la productividad; desarrollo de la bioeconomía para la descarbonización; y tecnologías autónomas para la defensa. Cada misión está sujeta a metas verificables y contiene una serie de instrumentos.

El paquete de créditos subsidiados, subvenciones e incentivos fiscales moviliza recursos de instituciones como el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (bndes) y otros bancos públicos, la Financiadora de Estudios e Proyectos (finep) y la Empresa Brasileña de Investigación e Innovación Industrial (embrapii), y se complementa con una taxonomía verde, el diseño de mercados de carbono y una estrategia de compras públicas –que incluye a las Fuerzas Armadas– para crear demanda temprana en sectores donde el aprendizaje es costoso. El objetivo declarado es no solo crecer, sino generar capacidades y utilizar el músculo público como herramienta de movilización de inversión privada para aumentar la participación nacional en cadenas críticas, reducir vulnerabilidades, articular innovación y productividad. nib intenta también dar una respuesta a las históricas críticas a la política industrial proponiendo focos, condicionalidades y métricas. De acuerdo con fuentes oficiales, la movilización de recursos públicos superaría 1,2 billones de reales (más de 222.000 millones de dólares), incluidos más de 500.000 millones (92.000 millones de dólares) del programa Más Producción, hasta 2026. Las mismas fuentes calculaban en 2,2 billones de reales (400.000 millones de dólares) la inversión industrial privada motorizada11.

Las estrategias divergen. México destaca por amplitud sectorial y por la rápida activación de reformas regulatorias e incentivos, con la vista puesta en captar inversiones en el corto plazo y fortalecer el contenido nacional. La menor escala financiera lleva al país a depender más de la disposición del capital privado y la inversión extranjera, aunque recoge un importante componente de infraestructura. La amplitud de los objetivos hace la medición de resultados algo más incierta. Brasil, con un andamiaje institucional más sólido y esquemas de financiamiento masivo, tiene margen para intervenir de manera sostenida. Por otro lado, aun admitiendo que carece de un mercado equivalente al estadounidense, la falta de una mirada regional en la estrategia industrial brasileña muestra una perspectiva estratégica más limitada, cuya evidencia más marcada es la ausencia del Mercosur en los objetivos y herramientas del plan productivo.

Argentina, con el ascenso a la Presidencia de Javier Milei, decidió dejar de lado los planes productivos que ya se habían elaborado y definido

Argentina, con el ascenso a la Presidencia de Javier Milei, decidió dejar de lado los planes productivos que ya se habían elaborado y definido, y viró hacia un abrazo tardío a aquello de que «la mejor política industrial es la que no existe». Un abordaje ideológico y atemporal que supone que alcanza con retirar al Estado para generar empleo y crecimiento, que se agrava por la apuesta a la apreciación cambiaria como ancla contra la inflación y las consecuencias de la apertura unilateral en un mundo que, cada vez más, subsidia de uno u otro modo las exportaciones. El resultado más probable no es una «selección natural» de sectores eficientes, sino la erosión acelerada de capacidades existentes, la primarización de hecho y un nuevo ciclo de fragilidad externa.

La contracara regional es elocuente. Mientras México y Brasil intentan –no sin límites y dificultades– adaptarse a las transformaciones globales, aprovechar oportunidades y minimizar riesgos, Argentina busca constituirse en un mercado de destino para la producción ajena sin contrapartidas. Al tiempo que México y Brasil usan instrumentos públicos para inducir la innovación, Argentina desarma sus instituciones científicas y tecnológicas. Una mirada anacrónica que posiblemente haga más difícil la recuperación de las capacidades institucionales perdidas, y que obliga además a una perspectiva defensiva que posiblemente dificulte llevar adelante necesarias reformas en estas instituciones.

Seis puntos para un nuevo consenso productivo

En este marco, la construcción de estrategias de neoindustrialización a escala regional requiere de un consenso que dé cuenta de los cambios del sistema productivo a escala global y de los desafíos que conllevan.

Un nuevo enfoque sobre integración regional

La integración regional en América Latina no puede seguir centrada en tratados de libre comercio que, lejos de generar un desarrollo sostenido, han multiplicado las complicaciones para muchos sectores productivos y arrojado resultados ambiguos. El camino pragmático es la construcción de acuerdos específicos por cadenas productivas, priorizando sectores que permitan saltos industriales y tecnológicos y que, al mismo tiempo, produzcan beneficios ambientales y sociales palpables. La transición hacia la electromovilidad ofrece un ejemplo claro: miles de autobuses eléctricos deberán incorporarse en las grandes ciudades latinoamericanas en los próximos años. Este proceso puede ser la base de una cadena regional que articule recursos naturales –como el litio de Argentina y Chile, que juntos concentran 27% de la oferta mundial12– con la capacidad industrial de Brasil, México y Argentina, y con políticas urbanas que adapten regulaciones y compras públicas a estos objetivos. Así se aseguraría una integración virtuosa de recursos naturales, la fase industrial y tecnológica y el desarrollo urbano.

Abordar estos desafíos de manera segmentada es una receta para el fracaso: si la transición se plantea solo desde la demanda de las ciudades, probablemente se terminen importando buses de otros continentes; si se encara solo desde la oferta productiva, no habrá garantías de una demanda local que sustente la inversión. Lo mismo ocurre con las energías renovables y el hidrógeno verde: la región necesitará instalar al menos 15.000 aerogeneradores en las próximas décadas, y sería absurdo no articular una estrategia de integración que permita desarrollar nuevas capacidades industriales regionales para abastecer una parte significativa de esa demanda. En síntesis, un nuevo regionalismo pragmático y sectorial, basado en proyectos industriales y tecnológicos concretos, es la clave para transformar el potencial latinoamericano en bienestar y desarrollo compartido.

Una mejor configuración Estado-mercado

La disyuntiva entre Estado y mercado, tan reiterada en el debate latinoamericano, ha demostrado ser estéril. Lo que requiere la región es una configuración que potencie las capacidades estatales al servicio del desarrollo productivo y que, al mismo tiempo, movilice el dinamismo empresarial y la innovación privada. Esto supone superar tanto el estatismo ineficiente como el fundamentalismo de mercado que abandona a su suerte a diferentes sectores económicos y sociales. El Estado debe ser capaz de orientar, coordinar y regular con inteligencia, estableciendo reglas claras, instrumentos de financiamiento y políticas de apoyo que den certidumbre a la inversión, al tiempo que el sector privado asume un papel activo en la creación de valor, empleo y nuevas tecnologías. Un punto central es fortalecer las capacidades estatales en áreas técnicas y de gestión, algo que se ha descuidado reiteradamente, salvo excepciones. Sin un Estado competente, con organismos de planificación, bancos de desarrollo, agencias tecnológicas y reguladores modernos, cualquier estrategia productiva termina diluyéndose. El consenso productivo debe basarse en un pacto explícito: el Estado no sustituye al mercado, sino que lo enmarca y lo potencia, asegurando que la innovación y la inversión privada se orienten hacia sectores que fortalezcan la productividad, la sostenibilidad ambiental y el bienestar social.

El papel de los recursos naturales

Los recursos naturales continúan siendo una de las principales palancas de desarrollo de América Latina, pero su verdadero potencial solo se concreta cuando se articulan en cadenas y clústeres productivos integrados. No se trata únicamente de exportar metales, petróleo o litio, sino de generar un entramado que abarque desde la provisión de tecnologías, insumos y servicios hasta las etapas de agregación de valor posterior. Este enfoque exige políticas productivas activas, capaces de detectar oportunidades, coordinar actores y sostener procesos de innovación en torno de los grandes complejos energéticos y mineros.

Un aspecto crucial es vincular las estrategias de desarrollo con las compras de las grandes compañías energéticas y mineras, de modo que la región pueda impulsar a proveedores locales y regionales competitivos a escala internacional. Entre 2001 y 2015, la producción de petróleo y gas natural en la región creció a una tasa anual de 0,8% y el ingreso de dólares fue muy importante debido a la multiplicación de los precios. Sin embargo, las importaciones de insumos y bienes de capital para el sector petrolero crecieron 7,9% anual, pasando de 16.640 millones de dólares a 47.453 millones, mientras que las exportaciones aumentaron 6,7% anual (de 9.222 millones a 22.956 millones). Como resultado, el déficit comercial de estas industrias proveedoras se disparó de 7.238 millones a 24.488 millones de dólares13. Aún más contundente fue el panorama de los bienes de capital: en el primer quinquenio del siglo xxi, el déficit regional rondaba los 2.000 millones de dólares anuales, pero hacia 2010-2014 trepó a 60.000 millones de dólares. Estos datos muestran cómo la región, en lugar de articular estrategias de encadenamientos productivos (desarrollando bienes de capital, servicios de ingeniería y clústeres industriales en torno de los recursos naturales), terminó profundizando un modelo rentístico, en el que el boom energético alimentó importaciones crecientes y un déficit estructural en sectores industriales estratégicos.

La experiencia del ciclo de los commodities entre 2003 y 2013 dejó una lección clara: mientras las exportaciones energéticas se expandieron notablemente, también lo hizo el déficit comercial de las industrias proveedoras, lo que muestra que no se logró articular un verdadero ecosistema productivo. Repetir ese camino sería un error estratégico.

Neoindustrialización: los ejes y prioridades de la política industrial

El concepto de neoindustrialización, que ha cobrado fuerza recientemente en Brasil, resulta clave para pensar el desarrollo productivo en América Latina. A diferencia de la noción de reindustrialización, que remite a una suerte de nostalgia por un pasado fabril irrepetible, la neoindustrialización se orienta a crear las nuevas industrias del siglo xxi y modernizar las tradicionales aún presentes en la región, a través de procesos de digitalización, automatización e incorporación de inteligencia artificial.

El concepto de neoindustrialización, que ha cobrado fuerza recientemente en Brasil, resulta clave para pensar el desarrollo productivo en América Latina

En este marco, la política industrial debe priorizar sectores estratégicos que combinen competitividad global y sostenibilidad: movilidad eléctrica, energías renovables, biotecnología, manufactura avanzada y economía del conocimiento. Pero, al mismo tiempo, debe acompañar a las industrias de base –siderurgia, química, petroquímica, alimentos– en su transición hacia modelos más modernos, eficientes, sustentables y digitales. Para ello, se requieren instrumentos tradicionales y renovados: financiamiento de largo plazo, compras públicas orientadas a la innovación, programas de transformación tecnológica y marcos regulatorios que premien la inversión en capacidades locales. La neoindustrialización es un proyecto integral de modernización productiva, que busca insertar a América Latina en las cadenas globales y regionales no como proveedora periférica de recursos, sino como creadora y exportadora de bienes y servicios de alta complejidad tecnológica.

La nueva industrialización verde

La descarbonización constituye uno de los grandes desafíos y, al mismo tiempo, una oportunidad histórica para América Latina. Como señalan João Carlos Ferraz y Wilson Peres, la transición hacia economías de bajas emisiones no es solo un imperativo ambiental, sino también un motor de innovación y transformación industrial, que redefine sectores enteros y genera nuevas trayectorias productivas14. La industrialización verde implica desarrollar sectores estratégicos como la producción de baterías de litio y buses eléctricos, la fabricación de aerogeneradores y paneles solares, la generación de hidrógeno verde y biocombustibles avanzados, así como el despliegue de redes inteligentes de energía. Son inversiones intensivas en capacidades y conocimiento, que exigen articular políticas industriales con políticas energéticas, ambientales y tecnológicas.

El gran riesgo es repetir lo ocurrido en el ciclo de los commodities, cuando se desaprovechó la posibilidad de articular clústeres regionales y se terminó con balances comerciales deficitarios en sectores industriales asociados. La nueva industrialización verde requiere, en cambio, de una estrategia deliberada de construcción de cadenas de valor integradas, en la que el Estado movilice recursos financieros, coordine actores y promueva innovación, al tiempo que el sector privado invierte en capacidades productivas y tecnológicas. Ferraz y Peres subrayan que la complejidad de la descarbonización exige marcos de política más sofisticados, con instrumentos que reconozcan las especificidades de cada sector y de cada territorio15. América Latina tiene aquí una ventaja relativa –por sus recursos naturales, potencial renovable y base industrial– que debe ser transformada en un proyecto productivo compartido, capaz de generar empleo de calidad, competitividad internacional y bienestar sostenible para la región.

La construcción de legitimidad y consenso de la política industrial

El desarrollo industrial y tecnológico debe entenderse como un instrumento al servicio del bienestar de los pueblos latinoamericanos y no como un fin en sí mismo. La creación de nuevas industrias, capacidades tecnológicas o exportaciones solo tiene sentido si contribuye a mejorar la calidad de vida, recuperar la movilidad social ascendente y reducir desigualdades. En este marco, resulta importante avanzar hacia planes orientados por misiones, en tanto permitan movilizar a empresas, trabajadores, universidades, gobiernos locales y ciudadanía en torno de objetivos compartidos: desde la transición energética y la electromovilidad hasta la salud pública o la digitalización inclusiva16. Así, la política industrial deja de ser un asunto técnico limitado a la esfera estatal para transformarse en un proyecto colectivo, capaz de generar legitimidad social y articular desarrollo económico con justicia social.

La política industrial será sostenible si logra construir legitimidad social y política, evitando que se la perciba como un ejercicio tecnocrático o exclusivo de los gobiernos. Esto exige promover espacios de diálogo amplio entre empresarios, trabajadores, universidades, gobiernos y comunidades, de modo que los distintos actores la reconozcan como propia.

Al mismo tiempo, la política industrial debe basarse en la condicionalidad de los beneficios: los empresarios que reciban apoyo público –mediante exenciones fiscales, financiamiento preferencial o incentivos regulatorios– deben comprometerse con mejoras productivas y tecnológicas, la generación de empleo de calidad y aportes tangibles en las comunidades donde operan. A esto se suma un tercer pilar: la necesidad de que las reformas impositivas progresivas tengan como contrapartida un aumento visible de la inversión pública en infraestructura y programas productivos. De ese modo, quienes asumen una mayor carga impositiva podrán ver esos recursos traducidos en mejores condiciones para innovar y producir.

La neoindustrialización solo puede prosperar en un marco de estabilidad y previsibilidad macroeconómica. América Latina ha sufrido recurrentemente los efectos de la volatilidad, lo que erosiona la inversión de largo plazo y debilita la confianza de los actores productivos. Por eso, un consenso productivo requiere un refinamiento de la gestión macroeconómica, capaz de combinar política fiscal y monetaria pragmática con políticas contracíclicas inteligentes que sostengan la actividad en periodos de crisis. La política fiscal debe priorizar el desarrollo de infraestructuras y el desarrollo industrial y tecnológico antes que programas sociales de mera contención.

Un componente clave es avanzar hacia una reforma fiscal progresiva, que no solo mejore la recaudación sino que también vincule explícitamente los mayores ingresos a la inversión en infraestructura, innovación y programas productivos. Esta orientación otorga legitimidad a la política tributaria, al mostrar que los recursos adicionales se transforman en mejores condiciones para el desarrollo. En definitiva, la sofisticación macroeconómica implica pasar de la administración de urgencias a la construcción de un andamiaje estable y estratégico, capaz de sostener el desarrollo en el largo plazo.

Conclusión

Los cambios en el escenario mundial son una oportunidad para replantear muchos aspectos del modelo productivo regional, especialmente en los países más industrializados, pero que vienen padeciendo bajo crecimiento y primarización. Si bien los desafíos son enormes, un nuevo foco y consenso productivo podría dar lugar a un nuevo impulso productivo que diversifique las fuentes de crecimiento. Las alternativas implican seguir profundizando un modelo primario o de baja agregación de valor, con las consecuentes tensiones distributivas derivadas del bajo crecimiento. Un consenso de este tipo implica abandonar miradas excesivamente tecnocráticas para reemplazarlas por un abordaje que fortalezca la búsqueda de legitimidad de la política industrial como un medio para mejorar el bienestar de los pueblos. Logo de Nueva Sociedad

Matías Kulfas: es licenciado en Economía y doctor en Ciencias Sociales. Dirige el doctorado en Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de San Martín (unsam). Fue ministro de Desarrollo Productivo de Argentina entre 2019 y 2022.

Martín Schapiro: es abogado. Fue subsecretario de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Argentina (2022-2023). Es columnista especializado en asuntos internacionales en Cenital.

Palabras claves: globalización, neoindustrialización, recursos naturales, transición ecológica, América Latina.

1. Cepal: Panorama de las políticas de desarrollo productivo en América Latina y el Caribe, 2024. ¿Cómo promover la gran transformación productiva que requiere la región?, Santiago de Chile, 2024.

2. Oscar Landerretche, Ignacio Briones, Raphael Bergoeing y Andrea Butelmann: «Hacia un pacto de desarrollo: 13 verdades incómodas para una agenda de reformas radicales», icare, Santiago de Chile, 2024; Carlos Ominami: Volver a crecer: la nueva oportunidad, Fundación Chile 21, Santiago de Chile, 2025.

3. Entre 1990 y 2023, 1.300 millones de personas salieron de la extrema pobreza en todo el mundo, de acuerdo con estimaciones del Banco Mundial. 815 millones pertenecían a China y 235 millones a la India, de modo que estas dos naciones explicaron 81% de la reducción de la pobreza extrema mundial.

4. B. Milanović: Desigualdad mundial. Un nuevo enfoque para la era de la globalización, fce, Ciudad de México, 2015; Cecilia Barría: «Cómo la curva del elefante te ayudará a entender qué ha pasado con la desigualdad en el mundo» en bbc Mundo, 28/1/2021.

5. Traslado de servicios o procesos a ubicaciones geográficamente más cercanas.

6. Jaime Ros: Algunas tesis equivocadas sobre el estancamiento económico de México, El Colegio de México / unam, Ciudad de México, 2013.

7. Simon Philip Ville y Olav Wicken: «The Dynamics of Resource-Based Economic Development: Evidence from Australia and Norway», documento de trabajo, 2012.

8. Estrategia económica de trasladar cadenas de suministro y producción a países aliados o «amigos» con afinidad política y confianza mutua. Su objetivo es reducir la dependencia de naciones consideradas riesgosas o rivales.

9. Walid Tijerina Sepúlveda: «Desarrollismo subnacional para el nuevo siglo» en Problemas del Desarrollo vol. 49 No 192, 2018; Juan Carlos Moreno-Brid y Gabriela Dutrénit: «El panorama de las políticas de desarrollo productivo en México», Organización Internacional del Trabajo, Lima, 2018.

10. M. Mazzucato: «Mission-Oriented Innovation Policies: Challenges and Opportunities» en Industrial and Corporate Change vol. 27 No 5, 2018.

11. Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios: «nib completa 1 ano com R$ 3,4 trilhões de investimentos e crescimento industrial», 12/2/2025.

12. Datos del us Geological Service para el año 2024.

13. M. Kulfas: Producir en la nueva globalización, Siglo xxi Editores, Buenos Aires, 2025.

14. J. C. Ferraz y W. Peres: «Industrial Policy Essentials in the Fase of Contemporary Development Challenges», Policy Brief dip-br 02/2025, Universidad Federal de Río de Janeiro, 2025.

15. Ibíd.

16. M. Mazzucato: ob. cit.

Extremas derechas: entre el negacionismo y el ecofascismo

Maristella Svampa

Las extremas derechas han sido un elemento fundamental del crecimiento del negacionismo climático. Con la llegada al poder de Donald Trump en 2017 arrancó una segunda ola negacionista, que ya no se limita a think tanks sino que se sostiene en los gobiernos. Pero en las derechas radicales se encuentran también estrategias «retardistas» –que no niegan el cambio climático pero buscan frenar las acciones en su contra–, e incluso diversas expresiones de «ecofascismo».

El negacionismo está en ascenso, como sostiene la investigadora italiana Donatella Di Cesare, autora de Si Auschwitz no es nada. Contra el negacionismo1. Sus expresiones son variadas, pues incluyen no solo la negación del Holocausto o el cambio climático (como antes fue el negacionismo de los impactos del consumo de tabaco sobre la salud humana), sino también la negación de la pandemia, el rechazo a las vacunas, la negación de los problemas que enfrentan los migrantes. El negacionismo no plantea una «duda constructiva», sino lo que Di Cesare llama una «duda hiperbólica». «Los negacionistas, que operan como ‘dobermans del pensamiento’, no preguntan inocentemente por una cifra, no tienen una duda real y una vocación de conocer más y mejor un fenómeno. Lo que hacen, en rigor, es instalar una duda que contiene en sí el planteo negacionista»2. En esa línea, bien podría decirse que el planteo negacionista de las derechas radicales busca reforzar la polarización asimétrica3, como parte de su estrategia de acumulación política. Por un lado, el negacionismo histórico amplió sus fronteras. Si en Europa aludía al Holocausto judío, el cual se niega o se tiende a relativizar, en América del Sur se aplica a las dictaduras militares de los años 70. No es casual que ambos negacionismos refieran a hechos cruciales cuyo proceso histórico y reconocimiento está en la base de las democracias actuales. Con ello se busca destruir la memoria y aspectos de la comunidad democrática que se ha construido en torno de ella, como sostiene Di Cesare.

En suma, pensar que el negacionismo de las extremas derechas es exclusivamente climático es un error. Porque el negacionismo incluye también determinadas interpretaciones de la historia que, por lo general, aluden a hechos muy traumáticos, como masacres y genocidios. Esto sucede en Brasil y en Argentina, donde coexiste con el negacionismo histórico de las atrocidades cometidas por las últimas dictaduras militares de ambos países o, en su defecto, se busca aminorar su gravedad, equiparando los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado con los crímenes de las organizaciones armadas que actuaron en aquella época.

La duda hiperbólica –la sospecha instalada sobre los científicos y las supuestas lagunas del conocimiento– también fue la base del negacionismo climático entre 1990 y 2000. Consiste en rechazar los resultados de la investigación científica y negar los orígenes antrópicos de la crisis climática, lo que se expresa en la negativa a implementar cualquier política pública nacional o internacional que apunte a la reducción y mitigación de los gases de efecto invernadero o a la adaptación al cambio climático. El negacionismo climático tiene como efecto liberar tanto a los Estados como a los individuos de la responsabilidad por la catástrofe ambiental.

Dicho esto, hay que distinguir dos olas diferentes de negacionismo climático. La primera, nacida luego de la caída del Muro de Berlín en 1989, se extiende hasta los primeros años del siglo xxi; la segunda, desde 2015 en adelante, acompaña y alimenta la expansión de las extremas derechas. En su versión más clásica, el negacionismo responde a una matriz ideológica ultraliberal y conservadora que objeta el rol regulador del Estado y de las instituciones globales multilaterales. Tanto en problemáticas ambientales –negación del cambio climático– como sanitarias –negación de los efectos nocivos del tabaco sobre la salud humana–, la estrategia utilizada fue siempre la misma: rechazar, en nombre de la «libertad» individual y de mercado, cualquier intervención reguladora del Estado, instalando una duda hiperbólica casi siempre asociada a una hipótesis conspirativa o teoría del complot.

El parteaguas de esta cruzada negacionista fue el gobierno republicano de Ronald Reagan (1981-1989), cuya política desreguladora abrió una brecha aún mayor entre los partidos Republicano y Demócrata respecto de estos temas4. Se crearon poderosas instituciones ligadas a las corporaciones fósiles que cooptaron a científicos marginales para incidir en el debate a escala internacional, negando las bases científicas del calentamiento global y oponiéndose a cualquier tipo de regulación que limitase las emisiones de gases de efecto invernadero. Para el ecomarxista Andreas Malm, se trató además de una máquina de negación para proteger un elemento de la ideología dominante contra la ciencia del clima, vinculada a varias fracciones del capital fósil5. Entre otras, la Coalición Global por el Clima (gcc, por sus siglas en inglés), muy activa entre 1981 y 2002, contó con el apoyo de la petrolera ExxonMobil. El caso de Exxon es paradigmático, dado que entre las décadas de 1970 y 1980, esta empresa contrató a calificados científicos para investigar el problema del calentamiento global, quienes confirmaron que este existía y estaba ligado a actividades humanas. Pese a estos resultados, la petrolera continuó asumiendo una posición negacionista e incluso contribuyó a evitar que Estados Unidos ratificara el Protocolo de Kioto, firmado en 1997. El ejemplo más conocido es el Instituto Heartland, fundado en 1984, un think tank neoliberal con sede en Washington financiado por donantes anónimos ligados a corporaciones fósiles y por fundaciones de extrema derecha vinculadas a Koch Industries, que desde 2008 organiza reuniones internacionales de escépticos y negacionistas del cambio climático.

Los daños producidos por el negacionismo climático son incalculables y de larga duración

Los daños producidos por el negacionismo climático son incalculables y de larga duración. Ya en 1995, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (ipcc, por sus siglas en inglés) había llegado a la conclusión de que las actividades humanas (antrópicas) afectan el clima del planeta. Sin embargo, pese a la intensa campaña que estas fundaciones y empresas fósiles llevaron a cabo contra los científicos del clima para relativizar y difamar los informes del ipcc, hacia los primeros años del nuevo siglo el negacionismo comenzó a debilitarse. En 2006, se dio a conocer el documental Una verdad incómoda, del ex-vicepresidente estadounidense Al Gore, que tuvo gran repercusión mundial. Por otro lado, los movimientos por la justicia climática eran cada vez más fuertes, en especial en Europa, y accionaban en los espacios multilaterales para lograr nuevos acuerdos internacionales. De cara a esta realidad, varias corporaciones fósiles se retiraron de las fundaciones y entendieron que, al menos públicamente, lo mejor era apostar al greenwashing6.

Al fin, parecía que los planetas se alineaban. De ahí en más, ya nadie podría poner en duda el origen antrópico del cambio climático ni sus consecuencias sobre la vida en el planeta. Se abría así una nueva oportunidad, que la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (cop) de París, realizada en 2015, aprovecharía para trazar una vía clara para la reducción de dióxido de carbono, a fin de no trasponer el límite de 1,5 °c de incremento de la temperatura con relación al periodo preindustrial. Por supuesto que había desacuerdos acerca del horizonte temporal, puesto que la velocidad o el ritmo de estos cambios no se pueden prever del todo y varían de un país al otro. Pese a no ser de carácter vinculante, el Acuerdo de París fue firmado por 197 Estados que se comprometieron a presentar programas nacionales de reducción de emisiones.

Sin embargo, el escenario internacional se complicó una vez más con el impulso que tomaron las extremas derechas antiglobalistas en Europa y, sobre todo, con la primera presidencia de Donald Trump en 2017. Arranca así la segunda ola negacionista, ya no digitada solamente desde los think tanks de las corporaciones fósiles y sus fundaciones, sino desde gobiernos y partidos de extrema derecha que negarán el cambio climático o su origen antrópico e impulsarán políticas públicas fósiles y de corte antiambiental.

Esta revancha política del capital fósil redefinió el campo de batalla y logró adeptos impensados, a punto tal de debilitar a los movimientos ecologistas precisamente allí donde eran fuertes y tenían mayor incidencia política, como en Alemania, Dinamarca y Suecia. Como sostiene Malm, quien dirigió la investigación más completa sobre la relación entre etnonacionalismos y negacionismo climático, para los partidos de extrema derecha el apocalipsis no es el clima, «un engaño de los comunistas», como alega Trump. El verdadero apocalipsis es la invasión de extranjeros no blancos en sus países7. No es casual que ambos tópicos, el rechazo del cambio climático y la afirmación del peligro migratorio, aparezcan de modo obsesivo. Según Mark Steyn, autor de American Alone, los musulmanes y los movimientos climáticos supuestamente comparten una mirada anclada en la «reprimitivización» del planeta, pues ambos «detestan a Occidente» y criticarían la modernidad8.

No es casual que ambos tópicos, el rechazo del cambio climático y la afirmación del peligro migratorio, aparezcan de modo obsesivo

En esa línea, las extremas derechas rechazan la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, trazada en el Acuerdo de París, donde se detallan 17 objetivos para reducir la pobreza, lograr un planeta saludable, disminuir las desigualdades de género, erradicar el hambre y crear empleo decente. Nada a lo que alguien medianamente sensato podría oponerse. Pero tampoco hay que engañarse: más que un plan de acción global, la Agenda 2030 es una declaración de principios. En definitiva, el problema no son sus objetivos sino los espacios multilaterales que proponen una gobernanza ambiental mundial9 y se instalan así en una esfera que, para las derechas radicales, es de atribución exclusiva de los Estados nacionales. Por eso, para ciertas corrientes europeas estratégicamente más «sensibles» a la crisis ambiental, la fórmula será «nacionalizar» la cuestión.

De este lado del Atlántico, sin duda, Trump (2017-2021 y desde 2025) y Jair Bolsonaro (2018-2022), como ahora Javier Milei en Argentina (desde 2023), muestran hasta dónde pueden llegar las extremas derechas con sus políticas negacionistas. No es solo el hecho de retirarse de las negociaciones multilaterales (cop, Acuerdo de París), sino principalmente el desmontaje sistemático de la legislación ambiental y energética nacional y el impulso redoblado que toman los combustibles fósiles. Fiel a su concepción fósil de la economía, apenas asumió en 2017, Trump volvió sobre las medidas de su predecesor Barack Obama y firmó la orden ejecutiva «para promover la independencia energética y el crecimiento económico». En esa línea, desmanteló el Plan de Energía Limpia (que ponía límites a las plantas de carbón e impulsaba nuevas exigencias de eficiencia y reducción de emisiones de vehículos automotores), desreguló la industria fósil, nombró como funcionarios a numerosas personas vinculadas a ella y, por supuesto, tal como había prometido, salió del Acuerdo de París10.

En los primeros seis meses, Trump lanzó la iniciativa America First (eeuu primero); el componente energético de su estrategia global no solo era independizarse de Oriente Medio y conseguir la soberanía energética, sino lograr el «dominio energético» basado en la explotación de hidrocarburos no convencionales extraídos a través del fracking. Todo acompañado por una política antiambiental, que se extendió a la cancelación del lenguaje ambiental: «Desaparecieron las referencias al cambio climático y se alteró la forma en que los temas ambientales eran abordados en las páginas web de estas instituciones gubernamentales, comenzando por la Casa Blanca»11.

Muchas páginas web sobre estos temas desaparecieron de la noche a la mañana, lo que impidió el acceso a la información pública. En otras, «cambio climático» fue sustituido por conceptos como «sustentabilidad» o «resiliencia». Después de un año en que eeuu fue golpeado con particular intensidad por desastres naturales asociados al cambio climático, la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (fema, por sus siglas en inglés) eliminó esta cuestión de su plan estratégico.

Algo similar sucedió con Bolsonaro. Para el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo: «La izquierda secuestró la causa ambiental y la pervirtió hasta el paroxismo, estos últimos 20 años, con la ideología del cambio climático, el climatismo. (...) El climatismo es simplemente una táctica globalista para instilar el miedo, para obtener más poder»12.

Así, el negacionismo fue también la excusa para atacar el «globalismo», asociarlo con un «neoimperialismo» representado por las organizaciones multilaterales y afirmar así un lenguaje soberanista –poco creíble– en relación con la Amazonia13. También se implementó una política acelerada de flexibilización ambiental y desmantelamiento de las leyes vigentes. Las organizaciones públicas encargadas de poner en obra la política ambiental –vigilancia, protección, fiscalización– fueron desestructuradas financiera y administrativamente en nombre de la desburocratización. El presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente fue recortado en 25% y la Secretaría de Cambio Climático fue suprimida. Además, la Amazonia sufrió la peor deforestación desde 2008 y los peores incendios. Es muy recordado el «día del fuego», celebrado por ganaderos y otros productores saliendo a hacer las quemas.

Por otro lado, la supresión de órganos de fiscalización y control estatal, sobre todo en relación con la Amazonia, afectó muy particularmente a los pueblos indígenas. El proceso de demarcación de tierras indígenas fue judicializado y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. No por casualidad los pueblos indígenas se convirtieron en los principales opositores al gobierno de Bolsonaro, junto con el mundo de la cultura. Apropiación de tierras indígenas, deforestación, minería ilegal, interrupción de suministros de alimentos y medicamentos; al menos 570 niños del pueblo yanomami murieron bajo el gobierno de Bolsonaro por desnutrición o malaria, entre otros problemas de salud. Los indígenas aseguran que más de 20.000 mineros ilegales, conocidos como garimpeiros, entraron a su territorio a partir de 2019. Roraima, la zona en disputa, fue declarada en emergencia sanitaria recién en 2023, con la tercera presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva. «La Amazonia es una zona muy rica. En Roraima hay una tabla periódica bajo tierra», había expresado Bolsonaro14, quien hoy enfrenta una acusación por incitación al genocidio, tratada por el Supremo Tribunal de Justicia desde 2023.

Entre el discurso dilatorio y el ecofascismo

Antes de las elecciones de junio de 2024, había en la Unión Europea 21 partidos de extrema derecha representados en el Parlamento en Bruselas; hoy son el doble, con unos 200 diputados15. Estos votan regularmente en contra de políticas ambientales y energéticas –dos de cada tres, según un estudio citado–16. Ahora bien, el Pacto Verde Europeo es una política de Estado, a escala regional, e incluye un paquete importante de financiamiento orientado a la transición energética. Esto hace que los partidos de extrema derecha no puedan evitar hablar y debatir sobre la crisis climática. Además, se torna cada vez más difícil negar el impacto del cambio climático ante eventos extremos, como inundaciones, olas de calor o, más recientemente, la dana que arrasó con varias zonas de Valencia, un fenómeno meteorológico exacerbado por la crisis climática y la ausencia de alertas tempranas.

Sin embargo, cuando estos partidos acceden a cargos ejecutivos en diferentes regiones –como sucede con Vox en España–, se resisten a implementar las políticas públicas propuestas o bien a obedecer la Ley Europea del Clima. Se produce así el giro hacia el negacionismo interpretativo, pues se reconoce que el cambio climático existe, pero se lo minimiza o se distorsionan sus causas. Tal es así que en investigaciones académicas se habla de un cambio de táctica de las extremas derechas y un giro hacia un discurso «retardista» o «dilatorio», que busca nacionalizar la problemática ambiental, reivindicando la «inocencia nacional» o la falta de responsabilidad frente a otros países más contaminantes y rechazando la «ecología punitiva»17.

Este discurso dilatorio es posterior a la expansión de movimientos juveniles como Fridays for Future [Viernes por el futuro], surgido en 2018 como militancia estudiantil contra el calentamiento global y cuya referente más conocida es la activista sueca Greta Thunberg. Se trata de un discurso que articula diferentes estrategias, en apariencia contradictorias, como muestra un estudio realizado por la Universidad de Cambridge18. Por un lado, acompaña el tecnooptimismo, que suele apostar al business as usual; por otro, enfatiza los efectos negativos de las políticas climáticas sobre el nivel de vida de la sociedad.

Este tipo de discursos sobre los impactos negativos en el nivel de vida de la sociedad apela a los miedos, sobre todo de las clases medias y bajas, miedos que son en parte fundados ya que en el marco de políticas de transición esos sectores suelen ser los más perjudicados. Ahí está el ejemplo aleccionador de los «chalecos amarillos», el movimiento social que irrumpió en Francia en 2018 contra un aumento del impuesto a los combustibles con una justificación ambiental, bajo el gobierno de Emmanuel Macron, quien mientras penalizaba a sectores medios y medios bajos establecía políticas fiscales para bajarles los impuestos a los más ricos.

Por otro lado, en la extrema derecha han surgido sectores ecofascistas que plantean la necesidad de responder a las demandas de un electorado potencial sensible a la crisis climática. El partido que picó en punta fue el de Marine Le Pen, que hacia 2000 abandonó el negacionismo para incorporar temas ambientales; una nueva impostación que algunos llaman ecobordering, pues propone cerrar las fronteras con la excusa de la ecología. El ecobordering o ecofrontera sostiene que la inmigración es una amenaza para el ambiente local o nacional ante la escasez de bienes naturales y la creciente contaminación. Arraigo a la tierra, supremacismo blanco-occidental y ambientalismo son los tres elementos claves. «Si se es nómada, no se puede ser ambientalista», expresó alguna vez Marine Le Pen, mientras su delfín Jordan Bardella manifestaba que «las fronteras son el mejor aliado del ambiente; es a través de estas como salvaremos el planeta»19. El ecofascismo deviene así en una suerte de proteccionismo ambiental a escala nacional que continúa negando la asociación entre capitalismo y crisis climática, pero busca responsabilizar a la inmigración masiva, los «vándalos ambientales», que serían lo opuesto a los «custodios nativos»20. El ecofascismo no solo no es algo nuevo, sino que además pone en duda la idea generalizada de que la ecología está exclusivamente en sintonía con una ideología progresista. Existe una corriente malthusiana asociada a la ecología que, ante la finitud de los recursos, ve en la sobrepoblación el mayor problema ambiental. Asimismo, en sus orígenes, la ecología se insertó en un cuadro reaccionario, vinculado a la simbiosis entre sociedad humana y ambiente natural, donde podía leerse un rechazo a la modernidad, la revolución burguesa, el liberalismo, el laicismo y la vida contaminada o corrupta de las ciudades como opuestos al tradicionalismo rural.

El ecobordering o ecofrontera sostiene que la inmigración es una amenaza para el ambiente local o nacional

La serie inspirada en la novela El cuento de la criada, de Margaret Atwood, retrata con una estética de la crueldad un régimen teocrático y ecofascista. Sin embargo, sin necesidad de recurrir a la ficción, cabe recordar que la Alemania nazi fue el terreno propicio donde se desarrollaron las bases de un ecofascismo anclado en la teoría del Lebensraum, el espacio vital, la tesis del suelo y la sangre en la que convergían nacionalismo y racismo. No hay que olvidar que Adolf Hitler era vegetariano y Hermann Göring, animalista; por su parte, Heinrich Himmler había creado, en el campo de concentración de Dachau, una gran extensión de tierras de regadío donde los prisioneros realizaban trabajos forzados. El nombre que la macabra imaginación de las ss le dio a esta empresa agrícola fue «jardín de herbolaria». Himmler también promovía la creación de una «medicina popular» naturista, un proyecto de gran prestigio en la política sanitaria del nacionalsocialismo.

Sin embargo, el ecofascismo aparece como una «modalidad organizativa del pensamiento ecológico más reaccionario», antes que como un movimiento organizado21, y es utilizado por extremas derechas como Reagrupamiento Nacional en Francia, el Partido Nacional Suizo (disuelto en 2022) y el Partido Nacional Británico, que dice ser «el único partido verde de Europa». En 2024, surgió un partido de extrema derecha ecologista en Rumania que, a todo lo dicho, suma una perspectiva anticolonial al posicionarse como país periférico –«un lugar que no importa»– y celebra al «auténtico campesino rumano»22.

El término «ecofascista» se difundió en los medios luego de que un etnonacionalista australiano, que se autoidentificó como tal, atacara en 2019 dos mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda, asesinara a 51 personas y dejara un tendal de 40 heridos. Poco después hubo un atentado similar en el supermercado Walmart de El Paso, en eeuu, contra personas de origen mexicano, y el asesino hizo un alegato ecofascista difundido en internet donde declaraba que «el nacionalismo verde es el único nacionalismo» y concluía: «No hay conservadurismo sin naturaleza, no hay nacionalismo sin ambientalismo. Nacimos de nuestras tierras y nuestra propia cultura fue moldeada por nuestras tierras. La protección y preservación de estas tierras tiene la misma importancia que la protección y preservación de nuestros ideales y nuestras creencias. No hay tradicionalismo sin ambientalismo»23.

Estas manifestaciones ecofascistas retoman la teoría complotista del reemplazo poblacional, tan en boga en Europa, y suponen una adaptación de la problemática ambiental en términos de nacionalización, negando sus rasgos globales y su conexión con la dinámica capitalista. Su accionar, aunque aislado, no escapa a la preocupación de un movimiento y un activismo ambientales que, en líneas generales, son progresistas. En su libro En llamas, Naomi Klein escribió: «Lo que yo me temo es que, a menos que la forma en que nuestras sociedades afrontan la crisis ecológica cambie significativamente, seremos testigos con mucha más frecuencia de este tipo de ecofascismo supremacista blanco, convertido en una racionalización rabiosa de la negación de asumir nuestras responsabilidades climáticas colectivas»24.

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Existen distintas variantes de la extrema derecha, aunque todas comparten la estrategia de la polarización asimétrica como lógica de construcción política. Más allá de que algunas se moderan cuando llegan al poder y otras se radicalizan, la invalidación del otro es menos una cuestión retórica que el signo de un «cambio de época»; no es tanto un «techo» como un «piso», ya que augura un cambio de régimen, un horizonte en expansión hacia regímenes antipluralistas o iliberales que buscan consolidar un modelo autocrático de poder. Así, el proyecto de las extremas derechas apunta a la fascistización de la sociedad, que ante la envergadura de la policrisis y el derrumbe de las certezas, se refugia en imágenes de un pasado glorioso y feliz, en una utopía neorreaccionaria.

Asimismo, como hemos visto, es preocupante la utilización de las nuevas tecnologías de compilación y análisis de datos para capturar y canalizar los sentimientos más extremos, y en especial el modo en que las derechas radicales –los ingenieros del caos– hacen uso de ellas. Por último, en su alianza con los ceo y los multimillonarios, las derechas radicales expresan lo que he dado en llamar un «pancapitalismo del fin», que exacerba aún más el capitalismo extractivista y la supresión de derechos y acelera así la policrisis civilizatoria.

En el marco del agravamiento de la crisis climática, las extremas derechas no solo ensayan nuevas formas de negacionismo, sino que incluso abren la puerta a un ecofascismo bajo formatos nacionalistas que expresa el rechazo feroz a un régimen climático de gobernanza global. Ciertamente, las propuestas ecofascistas comparten con las soluciones globalistas una mirada optimista del cambio tecnológico como medio para resolver la crisis climática, pero proponen a rajatabla una nacionalización de la cuestión ambiental, que invierte las responsabilidades y conlleva el racismo y la exclusión. La utopía reaccionaria y la refosilización del sistema que promueven las derechas radicales constituyen un salto sin escalas al capitalismo del caos y el choque con las fronteras planetarias.

Por último, el telón de fondo de este proceso es que las fuerzas progresistas y las izquierdas institucionales se han quedado sin imaginario político transformador. Lejos de apostar a propuestas de transformación radical y a acciones transversales en términos de justicia, no solo han avalado el proceso de profundización de las desigualdades, sino que incluso hay quienes, ante la embestida derechista, retroceden todavía más en términos político-sociales y facilitan de este modo el camino más directo de acceso al poder para las extremas derechas. Logo de Nueva Sociedad

Maristella Svampa: es una socióloga, activista y escritora argentina. Es investigadora superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina. Entre sus últimos libros se incluyen El colapso ecológico ya llegó. Una brújula para salir del (mal) desarrollo (con Enrique Viale, Siglo xxi Editores, Buenos Aires, 2020) y Policrisis. Cómo enfrentar el vaciamiento de las izquierdas y la expansión de las derechas autoritarias (Siglo xxi, Buenos Aires, 2025). Es impulsora del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur.

Palabras claves: crisis climática, ecología, extremas derechas, negacionismo.

Nota: este artículo es un extracto, con leves modificaciones, del libro Policrisis. Cómo enfrentar el vaciamiento de las izquierdas y la expansión de las derechas autoritarias, Siglo xxi, Buenos Aires, 2025.

1. Katz, Buenos Aires, 2023.

2. Mariano Schuster: «¿Qué es y cómo opera el negacionismo? Entrevista a Donatella Di Cesare» en Nueva Sociedad edición digital, 5/2023, disponible en <www.nuso.org>.

3. Configuración política bipolar que no se ejerce por igual desde ambos polos, marcada por un discurso antipluralista y una práctica política agresiva, de abierta invalidación del otro.

4. Naomi Oreskes y Erik M. Conway: Los mercaderes de la duda, Capitán Swing, Madrid, 2018.

5. A. Malm: Piel blanca, combustible negro. Los peligros del fascismo fósil, Capitán Swing, Madrid, 2024.

6. El término greenwashing o «lavado de imagen verde» es una estrategia de marketing utilizada por las empresas para dar la impresión de que son respetuosas del ambiente. A través de promesas y campañas que exageran o distorsionan la realidad de sus prácticas ambientales, buscan ganar la confianza de los consumidores y mejorar su imagen pública.

7. A. Malm: ob. cit., p. 63.

8. Ibíd., p. 87.

9. Incluso el Acuerdo de París contempla el poder decisorio de los Estados nacionales en el proceso de reducción de las emisiones de dióxido de carbono.

10. Edgardo Lander: «La sostenibilidad de la vida puesta en jaque por el gran capital. Estrategias de la industria de combustibles fósiles y capitales asociados para manipular las políticas ambientales y la opinión pública» en Karin Gabbert y Miriam Lang (eds.): ¿Cómo se sostiene la vida en América Latina? Feminismos y re-existencias en tiempos de oscuridad, Fundación Rosa Luxemburgo / Abya Yala, Quito, 2019.

11. Cit. en E. Lander: ob. cit., p. 149.

12. E. Araújo: «Sequestrar e perverter» en Metapolítica, 12/10/2019.

13. Miguel Urbán: Trumpismos neoliberales y autoritarios, Verso, Barcelona, 2024, p. 188.

14. Frédéric Louault: «La política ambiental del gobierno de Bolsonaro» en Les Études du ceri, 2020.

15. Estos partidos se agrupan en bloques: Conservadores y Reformistas Europeos, Patriotas por Europa y Europa de las Naciones Soberanas.

16. M. Urbán: ob. cit., p. 189.

17. María Elorza, Michele Bertelli y Martín Vrba: «vox y su discurso retardista: así intenta frenar la acción climática» en Climática, 29/12/2023; Stéphane Mandard: «Marine Le Pen oppose son ‘ecologie nationale’ à ‘l’écologie punitive’ d’Emmanuel Macron» en Le Monde, 15/4/2022.

18. William F. Lamb et al.: «Discourses of Climate Delay» en Global Sustainability vol. 3, 2020.

19. «Qu’est-ce que ‘l’ecobordering’, cette notion brandie par l’extrême droite qui veut enraciner les individus dans leur terre» en Radio France, 9/3/2024.

20. Francesca Santolini: Ecofascisti. Estrema destra e ambiente, Einaudi, Milán, 2024.

21. Ibíd.

22. Mihaela Mihai y Camil Ungureanu: «Rumania: una extrema derecha ecologista, cristiana y ‘anticolonial’» en Nueva Sociedad edición digital, 11/2024, disponible en <www.nuso.org>.

23. Cit. en Eduardo Santana C.: «Ecofascismo y terrorismo antimexicano» en Nexos, 16/8/2019.

24. N. Klein: En llamas, Paidós, Madrid, 2021, p. 64.

El mamut en la sala: el estado de las negociaciones de la cop30

Claudia Antunes

La cop30, que se reunirá en la localidad brasileña de Belém, amenaza con dejar fuera de la agenda temas fundamentales para contener el colapso climático, como la eliminación de los combustibles fósiles y la necesidad de metas nacionales más ambiciosas en la reducción de emisiones de gases que producen el calentamiento global. Sectores de la sociedad civil global intentarán incidir, desde diferentes iniciativas, en la primera cumbre en cuatro años que se reunirá en un país democrático.

La llamada «agenda de negociación» de las conferencias sobre el cambio climático es la que produce acuerdos que adoptan todos los países y tienen valor de ley internacional. Estos acuerdos, sin embargo, dependen del consenso de las más de 190 naciones que forman parte de la Convención del Clima y del Acuerdo de París, cuyo objetivo es contener el aumento de la temperatura del planeta y, así, evitar la extinción de la vida.

Este año, alcanzar consensos entre los gobiernos se hizo mucho más difícil debido al contexto global. Al hacer del negacionismo del cambio climático una política oficial y usar explícitamente el poder económico y militar de Estados Unidos para amenazar a otros países, Donald Trump ha agravado el deterioro ya en curso de las relaciones internacionales. En los últimos años, el mundo ha sido incapaz, por ejemplo, de detener la invasión rusa de Ucrania y la masacre de los palestinos por parte de Israel.

Para completar el problema, la agenda de negociación de la cop30, la primera conferencia sobre el clima que se realizará en la Amazonia, está llena de vacíos. Como pasa todos los años desde la primera cop, en 1995, los temas de esta agenda se heredan de las conferencias anteriores. La de 2025 es poco ambiciosa porque, en teoría, casi todos los temas que tenían que negociarse a partir del Acuerdo de París –el tratado internacional sobre los cambios climáticos firmado en la cop21 en 2015– ya se han considerado. Sin embargo, las negociaciones anteriores no establecieron caminos claros para implementar medidas fundamentales para frenar el cambio climático, como la eliminación de los combustibles fósiles.

Los movimientos socioambientales vienen presionando a la dirección brasileña de la cop30 para que proponga acuerdos más ambiciosos. Ahora esta presión ha recibido un impulso gracias a una decisión histórica adoptada el 23 de julio por la Corte Internacional de Justicia (cij), el principal tribunal de la Organización de las Naciones Unidas (onu). Sobre la base de tratados internacionales referidos al clima, la biodiversidad y los derechos humanos, la cij concluyó que es una obligación legal de todos los países actuar contra el cambio climático y que deben cooperar entre sí para hacerlo.

Por más que le corresponda a cada país determinar su propio objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el tribunal de la onu afirmó que este objetivo no puede quedar a su arbitrio y debe representar «una contribución adecuada» para mantener el aumento de la temperatura del planeta en 1,5 °c, como lo determina el objetivo «primario» del Acuerdo de París. Además, la Corte consideró que se podrá responsabilizar legalmente a los países que no cumplan sus obligaciones. La decisión es un «dictamen consultivo», lo que significa que su cumplimiento por parte de los gobiernos no es obligatorio. Sin embargo, tiene un peso político y jurídico y puede dar lugar a procesos en tribunales nacionales e internacionales.

El dictamen de la Corte de la onu refuerza la demanda de objetivos más concretos y ambiciosos para las negociaciones en la cop de Belém. El 19 de agosto, el presidente de la conferencia, André Corrêa do Lago, anunció un calendario de consultas hasta noviembre con los gobiernos y organizaciones observadoras, con el objetivo de formular propuestas que llenen los vacíos de la agenda de negociación. «La humanidad no puede permitirse más retrasos derivados de posibles fallas de confianza y cooperación, ya que la cop30 marca precisamente la mitad de la década que la mejor ciencia disponible considera crítica para nuestros esfuerzos por limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °c», dijo en una carta pública. A continuación, abordamos el estado actual de los principales puntos de esta agenda y lo que establece el dictamen sobre algunos de ellos1.

La lucha por un cronograma para la eliminación de los combustibles fósiles

No hay ningún punto específico en la agenda de las conferencias sobre el clima que trate sobre la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. El compromiso con la «transición para alejarse de los combustibles fósiles» entró por primera vez en las negociaciones climáticas como parte del acuerdo sobre el Balance Mundial, nombre del documento aprobado en la cop28, en 2023, que enumera los pasos necesarios para que se cumpla el Acuerdo de París. Como muchos de los documentos sobre el clima, el Balance Mundial también deja puntos vagos sobre esta cuestión. No especifica, por ejemplo, si se habla del uso o de la producción de petróleo, gas y carbón. Afirma, sin embargo, que «en esta década crítica» hay que acelerar la eliminación.

No hay ningún punto específico en la agenda de las conferencias sobre el clima que trate sobre la eliminación progresiva de los combustibles fósiles

En la cop28 también se aprobó la creación del Diálogo de los Emiratos Árabes Unidos para discutir la implementación de los resultados del Balance Mundial. Sin embargo, las negociaciones del Diálogo no avanzaron en la cop29, reunida en 2024 en Azerbaiyán. Estas dificultades también se presentaron en la reunión de mitad de año de la Convención sobre el Clima, que se celebró en la ciudad alemana de Bonn y dio el puntapié inicial a las negociaciones que finalizarán –o no– en la cop de fin de 2025. Los negociadores reunidos en Bonn enviaron para la reunión de Belém dos borradores distintos sobre la implementación del Balance Mundial, pero ninguno de ellos menciona específicamente los combustibles fósiles.

La mayoría de los países rechaza la creación de un mecanismo para monitorear la implementación del Balance Mundial y afirma que cada país tendría que tratarlo individualmente, dentro de los objetivos nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Las organizaciones socioambientales sostienen que el tema de los combustibles fósiles es fundamental y hay que abordarlo aparte, ya que su quema genera más de 75% de las emisiones. Se trata del «mamut en la sala», como dice Claudio Angelo, coordinador de política internacional del Observatorio del Clima.

Desde la cop28, la sociedad civil y algunos gobiernos defienden que se establezca un cronograma para la eliminación gradual de los combustibles fósiles, con los países ricos a la cabeza. Brasil incluyó el cronograma propuesto en el documento en el que presentó, en noviembre de 2024, su objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero hasta 2035. En junio, una carta firmada por más de 250 científicos le pidió al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva que liderara una iniciativa en este sentido.

Un estudio de la organización Oil Change International mostró que cuatro países ricos –eeuu, Canadá, Noruega y Australia– son responsables de 70% de la expansión de la producción de petróleo y gas prevista hasta 20352. Los eeuu de Donald Trump, solos, son responsables de la mayoría de estos planes de ampliación. En la lista de los 20 países que lideran los proyectos para aumentar la producción, Brasil está en el noveno lugar, por delante de Arabia Saudita. El gobierno de Lula da Silva pretende abrir un nuevo frente de prospección de petróleo en la Cuenca de la Desembocadura del Amazonas, una región de alta sensibilidad ambiental.

La presión de los movimientos socioambientales para que Brasil proponga una negociación separada para la eliminación de combustibles fósiles en la cop30 se vio reforzada por el dictamen consultivo de la cij. El dictamen establece que los países que no adopten «medidas apropiadas» para reducir la producción, el consumo, la concesión de nuevas licencias de explotación y los subsidios a los combustibles fósiles podrían ser acusados de cometer «un acto internacionalmente ilícito».    

Un plan de acción para todas las selvas

Al igual que con los combustibles fósiles, no hay ningún punto en la agenda de negociaciones de las conferencias sobre el clima que trate específicamente sobre las selvas. El tema también se aborda en el Balance Mundial, que destaca la importancia de conservar, proteger y restaurar la naturaleza y los ecosistemas e incluye la meta de deforestación cero en 2030. El Balance Mundial habla de la necesidad de apoyo y financiamiento para alcanzar este objetivo, pero no prevé la elaboración de un plan para hacerlo realidad. Hay una mención al pago por la reducción de emisiones, consecuencia de la lucha contra la deforestación, como sucede, por ejemplo, en las donaciones que recibe el Fondo Amazonia.

El liderazgo brasileño de la conferencia pretende priorizar el financiamiento de las selvas en pie y la restauración forestal

El liderazgo brasileño de la conferencia pretende priorizar el financiamiento de las selvas en pie y la restauración forestal en la llamada «agenda de acción» de la cop30. Esta agenda aborda compromisos entre grupos de países, empresas y organizaciones. Sin embargo, estos compromisos no tienen fuerza de ley internacional. El gobierno espera lanzar en Belém el Fondo Selvas Tropicales para Siempre, conocido como tfff (por su sigla en inglés), un mecanismo de mercado para remunerar a los países forestales por los llamados «servicios ecosistémicos» que estos biomas proveen, por ejemplo, en la preservación de la biodiversidad y la regulación de las lluvias. Este fondo, sin embargo, no es un instrumento que forme parte de las negociaciones sobre el clima. También debe aprobarse en Belém una resolución que establezca una sinergia formal entre las tres convenciones –la del clima, la de biodiversidad y la de combate contra la desertificación– que salieron de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que se llevó a cabo en Río de Janeiro en 1992.

Como en el caso de los combustibles fósiles, las organizaciones socioambientales defienden que Brasil proponga una decisión de la cop sobre las selvas. Greenpeace ha lanzado una propuesta de plan de acción para el fin de la deforestación en todo el mundo. «Todavía no tenemos un enfoque estructurador para el tema de las selvas dentro de la Convención del Clima», dice Camila Jardim, de Greenpeace Brasil. «Brasil es un ejemplo de país forestal que tiene una actuación contundente en la lucha contra la deforestación y podría liderar este plan», sugiere. El dictamen del tribunal de la onu recuerda que frenar el cambio climático implica tanto reducir las emisiones como fortalecer los «sumideros» de carbono, como las selvas, otros biomas terrestres y los océanos. Los sumideros eliminan el gas que causa el efecto invernadero de la atmósfera.

La transición justa todavía no tiene destino

El programa de trabajo sobre una transición justa se estableció en la cop27, reunida en Egipto, para dar curso al objetivo del Acuerdo de París de lograr «una transición justa de la fuerza laboral y la creación de trabajo decente y empleos de calidad». En las discusiones se ha ampliado este concepto y ahora abarca, además de los trabajadores formales e informales, la participación y los derechos de otros grupos de la sociedad –como los indígenas, los inmigrantes y los jóvenes– en la construcción de un modelo socioeconómico que sea compatible con la preservación de la vida y no profundice las desigualdades.

No hubo acuerdo para aprobar un texto sobre transición justa en la cop28 y la cop29, pero, en la reunión de junio pasado en Bonn, este fue uno de los puntos de negociación que más avanzaron. El borrador que se envió a Belém incluye, por primera vez, a las personas afrodescendientes entre los grupos que se consideran prioritarios en una transición justa. Por sugerencia de Colombia, este es también el único documento de los que salió de Bonn que menciona la eliminación gradual de los combustibles fósiles, en un párrafo que trata sobre la ampliación del acceso a la energía limpia. Sin embargo, a último momento, los países árabes sugirieron una redacción alternativa, sin esta mención: el texto final se negociará en Belém.

Además, la gran pregunta es si se establecerá o no un mecanismo para supervisar y apoyar la implementación del acuerdo de transición justa o si quedará meramente como una declaración de intenciones.

«La transición justa es una de las temáticas más nuevas en la Convención del Clima, pero es extremadamente relevante», dice Mariana Belmont, de Geledés-Instituto de la Mujer Negra, de Brasil. Y agrega:

Aporta una perspectiva social que faltaba en los debates sobre la mitigación y la adaptación climática. Este movimiento tiene que avanzar para que los procesos de esta transición no aumenten las desigualdades. Seguiremos de cerca los próximos pasos para asegurar la permanencia de los afrodescendientes y la creación de una estructura que nos muestre un camino que contemple los derechos humanos en la agenda climática.

La decisión de la cij establece una vinculación clara entre la obligación de contener la emergencia climática y los derechos humanos, al afirmar que los efectos del cambio climático pueden afectar significativamente la capacidad de usufructuar estos derechos, entre los que se incluyen el derecho a la vida, la salud, el acceso a la comida y la vivienda, además de los derechos de las mujeres, los niños y los pueblos indígenas. 

¿Qué hacer con la «brecha de ambición»?

Según el Acuerdo de París, este año todos los firmantes tienen que entregar su nuevo objetivo de reducción de emisiones, la Contribución Determinada a Nivel Nacional (ndc, por sus siglas en inglés), con objetivos hasta 2035. Hasta el cierre de este artículo, el 28 de julio, solo 27 lo habían hecho3; entre los que todavía deben entregarlo se encuentran China y la Unión Europea. Antes de la cop30, la Convención del Cambio Climático divulgará un documento sobre las nuevas ndc, que dirá si los compromisos del conjunto de países son suficientes para cumplir con el Acuerdo de París. Se prevé que la respuesta será negativa y que habrá una «brecha de ambición», es decir que los países tendrán que ir más allá de lo prometido para contener el aumento de la temperatura media del planeta idealmente por debajo de 1,5 °c con respecto al periodo preindustrial, o al menos por debajo de 2 °c.

No hay ningún punto formal de la agenda de negociación en Belém que aborde esta posible «brecha de ambición». Sin embargo, se da por sentado que el tema va a discutirse en la cumbre de jefes de Estado y de gobierno que precederá a la cop30, o en la misma conferencia. La cuestión es si esto conllevará alguna declaración o documento acordado por todos los países. «Si la evaluación de las ndc muestra un panorama en 2035 que no parezca bueno, tendremos que actuar colectivamente para cambiarlo. Son tiempos extraordinarios que requieren mucha más unidad. Tenemos que recuperar nuestro sentido de urgencia en todos los niveles y no podemos dejarnos paralizar por el contexto internacional», dice el diplomático Túlio Andrade, jefe de Estrategia y Alineamiento de la cop30.

El dinero para la adaptación no está garantizado

Una decisión de la cop26 en Glasgow, Escocia, creó un Programa de Trabajo sobre el Objetivo Global de Adaptación (oga), previsto en el Acuerdo de París. La idea es establecer indicadores que puedan medir el progreso de los países en las medidas de adaptación al cambio climático. Este es el punto de las negociaciones en las conferencias sobre el clima que más tiene que ver con la vida cotidiana de las personas.

La definición de 100 indicadores, con la ayuda de expertos, tiene que completarse este año y aprobarse en Belém. Sin embargo, las negociaciones casi se paralizaron en la reunión de la Convención sobre el Clima en Bonn, en junio, debido a la resistencia de las naciones ricas a que los indicadores incluyeran medios de implementación, es decir, los recursos monetarios y tecnológicos para que los países adopten medidas de adaptación. Los denominados «países en desarrollo» argumentan que este financiamiento debe ser público, ya que la adaptación depende en gran medida de obras de infraestructura que no son rentables y, por lo tanto, no atraen al sector privado.

Al final, se mantuvieron los medios de implementación en el texto que se analizará en Belém. «La inclusión de indicadores de medios de implementación es sin duda una buena señal», dice Thaynah Gutierrez, de la Red por la Adaptación Antirracista, de Brasil. «Pero esta buena señal vino con mucha incertidumbre, ya que la cop30 todavía tiene que asegurar el financiamiento para implementar los indicadores y los objetivos acordados», explica. Para Gutierrez, otro reto será incluir a las poblaciones afrodescendientes como grupo prioritario en la agenda de adaptación. Se llegó a incluir esta mención, pero terminaron eliminándola del documento negociado en Bonn. «La Presidencia de la cop30 ha sido enfática en la mención a los afrodescendientes en todas las salas de negociación, pero todavía falta diálogo con los países entre bastidores».

El dictamen de la cij también destaca la obligatoriedad legal de adoptar medidas de adaptación como un «complemento a las obligaciones de mitigación [reducción de emisiones] para prevenir y reducir las consecuencias nocivas del cambio climático».

La ruta Bakú-Belém y el nudo del financiamiento

En teoría, la negociación sobre el financiamiento en el marco de las conferencias sobre el clima se concluyó en la cop29. En Bakú, se estableció un nuevo objetivo de financiamiento a cargo de los países ricos de 300.000 millones de dólares al año, suma que se alcanzaría recién en 2035. Se consideró que este monto es insuficiente ante las necesidades, que se estiman en al menos 1,3 billones de dólares al año. Además, hubo descontento con el texto del acuerdo porque da demasiada importancia a la «movilización» de inversiones privadas. Por eso el tema volvió a surgir este año, cuando países como la India y Bolivia presionaron para que se reabrieran los diálogos sobre el financiamiento. La cuestión puede llegar a trabar las negociaciones en Belém y todavía no se sabe qué enfoque propondrá el liderazgo brasileño de la cop30.

En Bakú, se estableció un nuevo objetivo de financiamiento a cargo de los países ricos de 300.000 millones de dólares al año

Según la Convención sobre el Clima de 1992, la obligación de financiamiento se asigna a los «contaminadores históricos», los 24 países que en aquel momento formaban parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde), entre los que se encontraban eeuu –que Trump retiró del Acuerdo de París–, naciones europeas como Francia y Alemania, y Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Japón. Esta obligación quedó consagrada en el principio de las «responsabilidades comunes pero diferenciadas». El dictamen de la cij reafirmó este principio, pero introdujo un matiz en esta discusión. El documento afirma que la condición de un país como «desarrollado» o «en desarrollo» no debe considerarse «estática», sino que depende «de una evaluación de las circunstancias actuales del país en cuestión». Esto significa que a los países que actualmente tienen emisiones muy altas o poseen abundantes recursos financieros –como Arabia Saudita, China o Rusia– se los podría considerar entre los que tienen la obligación de financiar a los demás.

Por ahora, lo que hay de concreto es que el acuerdo de la cop29 les encargó a Brasil y Azerbaiyán que elaboraran una «hoja de ruta Bakú-Belém» que señale medios para que el monto de financiamiento climático llegue a los 1,3 billones de dólares al año. En la reunión de mitad de año de la Convención sobre el Clima, en Bonn, la secretaria de Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda, Tatiana Rosito, presentó algunas de las medidas que se van a proponer. La mayoría de ellas quedan fuera del ámbito de decisión de las conferencias sobre el clima, como la reforma de los bancos multilaterales de desarrollo –instituciones como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (bid)– y el aumento de los préstamos «concesionales», es decir, con condiciones especiales de pago para los países con menos recursos. Hoy, los países ricos están reduciendo incluso la llamada «ayuda al desarrollo», que no está necesariamente vinculada a la necesidad de contener la emergencia climática.

Las organizaciones socioambientales piden que la hoja de ruta le dé más énfasis al financiamiento público de la acción climática y a medidas como el perdón de la deuda externa a los países más pobres para que puedan invertir en la transición ecológica. Otro punto considerado esencial por la sociedad civil es la inclusión del principio de «hacer que los contaminadores paguen», con el establecimiento de impuestos extraordinarios a los sectores que más emiten, como la industria petrolera. Se usaría este dinero para ayudar a los países en sus esfuerzos por reducir las emisiones y adaptarse a los efectos del cambio climático.

Un interrogante que se cierne sobre la «hoja de ruta» es si se incorporará o no de alguna manera a las decisiones formales de la cop30. «La ‘hoja de ruta’ Bakú-Belém no es un punto de negociación, sino un informe que resulta de las negociaciones entre las dos presidencias y que se les presentará a los países», explica Tatiana Oliveira, del Fondo Mundial para la Naturaleza (wwf, por sus siglas en inglés). «No sabemos si lo citarán, si lo adoptarán, si tendrá un impulso en el documento final. Sin eso, faltan dientes, como decimos en el derecho internacional», explica. En otras palabras, podría acabar simplemente como un informe más, sin poder real para influir en la realidad.

Los afrodescendientes y el plan sobre género

En 2014, en la cop20 de Lima, Perú, se estableció un programa de trabajo sobre género y clima que creó un plan de acción para garantizar que las cuestiones de género se tomaran en cuenta en las políticas climáticas. Este plan venció en 2024 y el programa de trabajo elabora uno nuevo para reemplazarlo. El borrador que salió de Bonn y se debatirá en Belém menciona por primera vez a las mujeres y niñas afrodescendientes como uno de los grupos que hay que priorizar en las políticas climáticas.

Esta inclusión fue el resultado de una estrategia de intervención en las negociaciones climáticas de las organizaciones antirracistas brasileñas y de defensa de la población negra. La demanda contó con el apoyo de los negociadores de Brasil. Leticia Leobet, de Geledés-Instituto de la Mujer Negra, recuerda que la mención a los afrodescendientes ya se había hecho en la reunión de Bonn el año pasado, pero la retiraron cuando la negociación del nuevo plan de acción llegó a la cop29, en Bakú. «Este año el escenario es distinto, más optimista. Brasil propuso la inclusión de las personas afrodescendientes y la cop se realiza en Brasil. Esperamos que los negociadores brasileños lleven a cabo las conversaciones necesarias para respaldar la propuesta», dice Leobet, recordando que 56% de la población del país es afrodescendiente.

Las calles intentan evitar la parálisis de los gobiernos

En la primera cop del clima realizada en un país democrático en cuatro años –las anteriores han sido en Egipto, Dubái y Azerbaiyán–, se espera una gran presión en las calles de los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, así como en la Cumbre de los Pueblos y en el espacio de la conferencia, para presionar a los negociadores. En el ámbito de los gobiernos predomina aún una fuerte parálisis, que ha impedido hasta ahora la unión de bloques geopolíticos contra el acoso de Trump, incluso en los temas vinculados al clima y el medio ambiente.

Por encima de la crisis del multilateralismo, el costo de los alojamientos en Belém, la capital del estado amazónico de Pará donde ocurrirá la cop30, ha añadido tensión a la preparación del encuentro. Los grupos de países africanos, países-islas y latinoamericanos han pedido incluso su traslado a otra ciudad, algo que el gobierno brasileño ha descartado. Se creó una fuerza de tareas para ayudar a las delegaciones a encontrar dónde quedarse, en un intento de evitar el riesgo de ausencias que podrían poner en duda la legitimidad de la conferencia. Logo de Nueva Sociedad

Claudia Antunes: periodista brasileña. Trabaja como reportera especial en el portal Sumaúma.

Palabras claves: cambio climático, combustibles fósiles, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2025 (cop30), sociedad civil.

Nota: una versión anterior de este artículo se publicó en la revista Sumaúma, 7/8/2025, con el título «La agenda de negociación de la cop30 punto por punto: pequeños avances y omisiones flagrantes».

1. Nos basamos para ello en algunos reportes previos, disponibles en <https://sumauma.com/tag/conferencia- do-clima/>.

2. Oil Change International: «Planet Wreckers: Top Global North Countries Responsible for Nearly 70% of Projected New Oil and Gas Expansion to 2035», 16/6/2025, disponible en <oilchange.org>.

3. V. «ndc Tracker» en Climate Watch, disponible en <www.climatewatchdata.org/ndc-tracker>.

La minería ilegal en Perú: un desafío para el ambiente y la democracia

Alicia Abanto / Aldo Santos / Paulo Vilca

Desde comienzos del nuevo siglo, la minería informal ha crecido en diversas regiones de Perú, con grandes costos ambientales y sociales. Pero esta etiqueta puede opacar la existencia de realidades muy heterogéneas, desde personas que buscan en la minería artesanal un alivio a su situación económica hasta mafias organizadas para controlar territorios. Los intentos de organizar registros diferenciados, tendientes a separar lo informal de lo directamente ilegal y formalizar la actividad, hasta ahora no han funcionado.

La minería de pequeña escala en Perú constituye un ámbito complejo y diverso que se ha convertido progresivamente en uno de los mayores problemas políticos en el país y, en los últimos años, ha sido englobado de manera generalizada en el campo de las economías ilegales, equiparado al narcotráfico, la trata de personas o la tala. Ello ha dado lugar a campañas mediáticas contra este tipo de minería que buscan la erradicación total de esta actividad, no solo por sus evidentes impactos ambientales y sociales, sino también por el riesgo que significan para el desarrollo de actividades de las grandes empresas extractivas que ven perjudicadas sus operaciones por la creciente presencia de mineros informales, ilegales y criminales1. A ello se suma una preocupación cada vez más extendida por la influencia de estos actores en la toma de decisiones estatales: son usuales las denuncias por el presunto financiamiento proveniente de la minería ilegal para ciertos actores políticos, en un contexto de fuerte deterioro democrático.

Si bien en diversas regiones esta actividad opera con mecanismos similares a los de otras economías ilícitas, es necesario evitar generalizaciones. No todos los mineros cometen delitos ni actúan como organizaciones criminales, y su influencia política no puede explicarse únicamente a través del financiamiento. Esta visión reduccionista invisibiliza la diversidad de actores, trayectorias y condiciones que configuran este tipo de minería y dificulta la implementación de políticas públicas efectivas.

Por otro lado, resulta indudable que buena parte de la responsabilidad se encuentra en el propio Estado peruano, que ha actuado de forma errática e incoherente frente a este problema. Las fallidas reformas de 2012, 2016, 2020 y 2023, que buscaban avanzar en el proceso de formalización, han reducido la escasa credibilidad de los distintos gobiernos y también han puesto en evidencia el frágil compromiso estatal con una formalización coherente, sostenida y justa de un sector que es visto con sospecha por el establishment económico.

En este artículo, reseñamos las distintas facetas de la minería de pequeña escala, mostrando que nos encontramos ante una realidad sumamente heterogénea que se hace más compleja con el paso del tiempo y va ganando espacios de poder político. Asimismo, argumentamos que el Estado peruano ha diseñado e implementado un proceso de formalización que, más allá de haber sido ineficaz y contraproducente para los objetivos de inclusión, sostenibilidad y legalidad, ha generado un statu quo que facilita la continuidad y el crecimiento de las actividades mineras sin control, y acaba creando un escenario propicio para el ingreso de organizaciones criminales. Finalmente, sostenemos que el agravamiento de esta problemática exige establecer una nueva clasificación que permita diseñar respuestas estatales diferenciadas.

El diablo está en los detalles: la compleja y heterogénea realidad minera

Aunque la definición legal de la minería de pequeña escala pueda parecer clara, la realidad invita a preguntarnos sobre aquellos aspectos ocultos de esta actividad que hacen tambalear las políticas que se han implementado hasta el momento. Si bien existe consenso sobre la urgencia de formalizar y ordenar las actividades mineras, los verdaderos nudos críticos surgen al examinar de cerca las diferencias entre las formas de extracción, procesamiento, transporte y comercialización de los minerales. Cada uno de estos aspectos presenta particularidades técnicas, sociales y ambientales que no pueden abordarse con recetas uniformes o una política de «talla única». Solo analizando de manera pormenorizada estas dimensiones es posible diseñar políticas públicas coherentes y eficaces, capaces de equilibrar la sostenibilidad ambiental con la inclusión social y la viabilidad económica de los pequeños productores.

Tipos de yacimientos mineros: minería filoniana y minería aluvial

En Perú, la explotación minera, especialmente la aurífera, se desarrolla sobre dos grandes tipos de yacimientos con características geológicas, técnicas y ambientales claramente diferenciadas: la minería filoniana (también conocida como minería de socavón) y la minería de placeres auríferos, comúnmente denominada minería aluvial. Esta distinción también determina el tipo de maquinaria utilizada, el nivel de intervención ambiental y el marco normativo aplicable.

La minería filoniana se concentra en zonas montañosas, principalmente en la región andina, donde el oro se encuentra incrustado en vetas subterráneas2. Para la extracción, se requiere excavar túneles, galerías y chimeneas que sigan la veta mineral, lo que convierte esta actividad en una minería de subsuelo, vertical y técnicamente compleja3. En este tipo de explotación, el mineral debe ser triturado y procesado mediante técnicas industriales como la flotación o la cianuración, que si no se gestionan adecuadamente, pueden generar impactos ambientales severos, como el drenaje ácido de mina. Por ello, este tipo de minería requiere una elevada especialización técnica y un control ambiental más estricto.

En contraste, la minería aluvial se desarrolla sobre depósitos superficiales de oro que han sido transportados por procesos de erosión desde zonas altas hacia áreas bajas. El mineral se acumula en cauces, riberas y pampas aluviales y forma yacimientos poco profundos –generalmente entre 0 y 50 metros–, donde el oro se encuentra diseminado en capas de grava, arena o barro. Esta minería es superficial y extensiva, y se caracteriza por la remoción masiva de sedimentos mediante maquinaria pesada como retroexcavadoras, dragas de succión y motobombas4. Para recuperar el oro, se emplea frecuentemente mercurio, lo que genera graves consecuencias ecológicas en suelos, cuerpos de agua y ecosistemas circundantes. Esta minería predomina en zonas planas de la Amazonía y suele tener un radio de afectación superficial mucho mayor, con impactos acumulativos sobre ríos, bosques y territorios indígenas5.

La diferencia geológica y operativa es clave para entender las dinámicas extractivas en el país, así como para diseñar políticas públicas diferenciadas que respondan a los riesgos y desafíos específicos de cada tipo de minería.

Las diferencias territoriales en un contexto de crecimiento de la actividad minera

La minería de pequeña escala ha experimentado un crecimiento sostenido en Perú durante las últimas dos décadas, impulsada por el alza del precio del oro, la debilidad institucional y la falta de alternativas económicas en diversas zonas del país. Sin embargo, este fenómeno no se manifiesta de forma homogénea: su dinámica varía significativamente según el contexto geográfico, ecológico y social de cada región6. Comprender estas diferencias territoriales es clave para identificar patrones que expliquen el aumento de la actividad y para diseñar respuestas diferenciadas desde la política pública. A continuación, se describen las características más relevantes en siete regiones emblemáticas.

La minería de pequeña escala ha experimentado un crecimiento sostenido en Perú durante las últimas dos décadas

a) Madre de Dios: en esta zona predomina la minería aluvial de oro en plena selva amazónica. Miles de mineros, muchos de ellos inmigrantes de otras regiones, extraen oro de los lechos de ríos y zonas de bosque húmedo tropical. Es la región más representativa de la minería ilegal en el país: extensas áreas deforestadas y cuerpos de agua contaminados por mercurio evidencian el impacto ambiental. La ausencia casi total del Estado en zonas como La Pampa –aledaña de la Reserva Nacional Tambopata– ha permitido la proliferación de campamentos ilegales controlados por mafias7. La actividad está frecuentemente vinculada a delitos conexos como trata de personas, contrabando de combustible y tráfico de insumos químicos. La dinámica responde a una «fiebre del oro» reciente, con enclaves surgidos desde la década de 20008.

b) Puno: se trata de una región andina con larga tradición minera. Allí se destaca La Rinconada, el asentamiento minero permanente más alto del mundo, donde miles de personas extraen oro de forma informal en vetas de roca y glaciar. La minería en Puno es mayoritariamente de socavón: los mineros perforan la roca de alta montaña en busca de vetas auríferas y procesan el mineral en molinos locales, combinando técnicas artesanales como quimbaletes con el uso ocasional de mercurio. Aunque también existe minería aluvial en algunas cuencas altoandinas –como el río Ramis o las pampas glaciares de Ananea–, el ícono regional sigue siendo La Rinconada. Allí imperan condiciones extremas: informalidad laboral, temperaturas bajo cero y escasa presencia estatal. Puno fue identificada ya a inicios de este siglo como una de las cuatro principales zonas de minería informal aurífera, junto a Madre de Dios, La Libertad y el Sur Medio9. También se han reportado casos de explotación laboral y contaminación hídrica, aunque sin los niveles de violencia criminal observados en otras regiones.

Puno fue identificada ya a inicios de este siglo como una de las cuatro principales zonas de minería informal aurífera

c) Arequipa e Ica: en provincias como Caravelí, o en zonas como Nasca y Palpa, existe una larga tradición de pequeña minería filoniana en el desierto costero y la sierra baja. Muchas personas han practicado esta actividad incluso desde antes de la llegada de empresas formales. Es común encontrar mineros en proceso de formalización operando en concesiones ajenas. Arequipa es una de las regiones con mayor número de inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), lo que evidencia una voluntad de legalización por parte de muchos actores. La minería informal convive con empresas medianas en medio de múltiples tensiones: en 2022, un conflicto por yacimientos en Atico, Caravelí, derivó en violencia con varios muertos10. A pesar de ello, gran parte de los actores en Arequipa son comunidades mineras que buscan formalizarse.

d) La Libertad: en la sierra liberteña, especialmente en provincias como Pataz, predomina la minería aurífera subterránea. Las vetas de alto valor han atraído históricamente a pequeños mineros, pero más recientemente se han sumado bandas criminales interesadas en controlar la extracción y comercialización del oro11. La actividad combina operaciones formales con una multitud de mineros informales e ilegales en los alrededores. En años recientes, Pataz ha sido escenario de una escalada de violencia vinculada al crimen organizado. Mafias como Los Buitres de Pataz, Los Pulpos y La Jauría se hacen pasar por mineros artesanales –incluso inscribiéndose en el Reinfo–, pero operan redes criminales que controlan enclaves mineros mediante extorsión, sicariato y tráfico de oro. El asesinato de 13 trabajadores mineros en 2025 evidenció la gravedad de la situación. La Libertad ejemplifica cómo una zona de minería informal de larga data puede convertirse en un foco de crimen cuando el Estado es débil.

e) Amazonas: en esta región del norte del país, la minería aurífera no era tradicional, pero en la última década han surgido enclaves ilegales en ríos fronterizos y zonas remotas. En la cuenca de los ríos Cenepa y Santiago –territorio ancestral de los pueblos awajún y wampís– se han instalado mineros ilegales provenientes de otras regiones y en algunos casos de la vecina república de Ecuador, para extraer oro de los ríos. Esta actividad ha generado graves impactos, contaminando cuerpos de agua y amenazando áreas protegidas como el Parque Nacional Ichigkat Muja y la Reserva Comunal Tuntanain. Ante la inacción estatal, las propias comunidades indígenas han organizado acciones de defensa territorial, incluida la destrucción de dragas12. A diferencia de Puno o Arequipa, donde las comunidades locales a veces participan en la minería, en Amazonas diversas comunidades se oponen activamente a la invasión foránea. Este caso evidencia que la minería ilegal en la Amazonía no solo causa daños ecológicos, sino que también vulnera derechos colectivos y pone en riesgo la seguridad de los pueblos indígenas.

f) Loreto: el informe del Natural Resource Governance Institute (nrgi) evidencia que la minería en esta región se caracteriza por ser predominantemente ilegal, con operaciones auríferas aluviales que se desarrollan en zonas prohibidas, como territorios indígenas, áreas naturales protegidas y cauces fluviales. A diferencia de otras regiones, no existe coexistencia con minería formal o informal, lo que facilita su identificación, pero también exige respuestas estatales más contundentes. Este estudio revela la presencia de redes criminales que financian, protegen y controlan estas actividades, lo que genera escenarios de captura territorial y gobernanza paralela13.

Tipos de ilegalidad: minería informal, ilegal y criminal

Desde 2012, el Estado peruano introdujo una diferenciación normativa explícita entre minería informal y minería ilegal, como parte de una política pública orientada a ordenar el sector extractivo de pequeña escala. Esta distinción fue establecida mediante el decreto legislativo No 1105, que definió dos categorías con implicancias jurídicas diferentes: por un lado, se creó un procedimiento administrativo para la formalización progresiva de la minería informal; por otro, se estableció un marco legal para la persecución penal de la denominada minería ilegal. Esta separación buscaba evitar la criminalización indiscriminada de miles de mineros artesanales y, al mismo tiempo, sancionar con firmeza las actividades extractivas que vulneraban gravemente las normas ambientales, territoriales y de seguridad.

Desde esta perspectiva, la minería informal se refiere principalmente a la minería artesanal y de pequeña escala que opera en zonas permitidas para la extracción de minerales, pero sin cumplir completamente las exigencias legales. Es practicada por mineros que han iniciado un proceso de formalización ante el Estado –por ejemplo, mediante su inscripción en un registro–, aunque carecen de todos los permisos exigidos por la normativa vigente. Este tipo de minería emplea maquinaria acorde a su pequeña escala, como motobombas, molinos y herramientas manuales, y no es perseguida penalmente: se la considera una falta administrativa pero no un delito14. Su perfil es predominantemente económico y de subsistencia, con alta dependencia de la actividad extractiva.

En cambio, la minería ilegal es aquella que opera en zonas donde la actividad está expresamente prohibida por la ley –como cuerpos de agua (ríos, quebradas), áreas naturales protegidas, reservas indígenas o zonas urbanas– o utilizando maquinaria e insumos no autorizados para la minería de menor escala. Ejemplos típicos son el uso de dragas en ríos, retroexcavadoras en zonas no permitidas o el uso indiscriminado de mercurio. Estas prácticas no solo infringen la normativa minera, sino que también constituyen delitos ambientales y se asume que pueden estar vinculadas a redes criminales15. Los operadores ilegales no pueden inscribirse en ningún proceso de formalización ni contar con autorización administrativa para realizar actividades extractivas. Por ello, la ley los considera «delincuentes ambientales», sujetos a interdicción (operativos de erradicación) y a penas privativas de libertad que pueden oscilar entre cuatro y ocho años, según el tipo de afectación y la reincidencia.

Además de las categorías mencionadas, el crecimiento sostenido de la minería ha venido acompañado de un fenómeno alarmante: una mayor presencia del crimen organizado en las zonas de extracción aurífera. En regiones como La Libertad, Madre de Dios, Loreto y Amazonas, se ha documentado la presencia de redes delictivas que no solo financian las operaciones mineras ilegales, sino que también articulan circuitos de comercialización ilícita, ejercen control territorial y se vinculan con otras economías criminales como el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de activos, entre otras. Esta convergencia ha transformado operaciones informales e ilegales en una minería abiertamente criminal que funciona como un vector de violencia, corrupción y descomposición institucional, y genera así escenarios de alta conflictividad y riesgo para las poblaciones locales. Además, a diferencia de la minería informal, estos actores no buscan regularizarse ni operar dentro del marco legal, sino maximizar ganancias mediante violencia, intimidación y corrupción.

Mafias mineras y comunidades mineras locales

En diversas regiones, las comunidades locales enfrentan amenazas directas a su integridad, sus medios de vida y su autonomía, producto de la presencia de actores con lógicas extractivas radicalmente distintas. Dentro de este universo minero coexisten perfiles que es crucial diferenciar: las mafias criminales vinculadas a la minería ilegal, por un lado, y las comunidades locales o mineros tradicionales que practican la minería artesanal, por otro.

Las mafias mineras son organizaciones delictivas que financian y controlan operaciones extractivas al margen de la ley

Las mafias mineras son organizaciones delictivas que financian y controlan operaciones extractivas al margen de la ley. Su accionar se caracteriza por el uso sistemático de la violencia, la corrupción institucional y una logística sofisticada que les permite apoderarse de territorios ricos en mineral. Un ejemplo son las redes criminales presentes en Pataz (La Libertad), donde grupos como los mencionados Los Buitres o La Jauría han desplegado sicarios armados, extorsionado a mineros locales e incluso enfrentado abiertamente a las fuerzas del orden. Su objetivo es lucrar rápidamente con el oro, sin importar los costos sociales, ambientales o humanos, y suelen estar relacionadas con otras economías ilegales como el lavado de activos, el tráfico de insumos químicos o el contrabando de combustible.

Estas redes criminales aprovechan vacíos legales y debilidades institucionales para operar con impunidad. En muchos casos, se inscriben fraudulentamente en registros de formalización como el Reinfo, simulando ser mineros artesanales para evadir la persecución penal. Así, terminan conformando un «poder paralelo» en ciertas zonas mineras, imponiendo sus propias reglas mediante la intimidación, el control territorial y la violencia sistemática. Esta infiltración ha debilitado la credibilidad del proceso de formalización y ha puesto en riesgo a los verdaderos mineros que buscan operar dentro de la legalidad.

En contraste, algunas comunidades y mineros artesanales locales han emprendido la minería a pequeña escala como una estrategia de subsistencia. A diferencia de las mafias, estos actores no buscan cometer delitos violentos, sino sustentar a sus familias aprovechando un recurso disponible en su entorno. En regiones andinas, varias comunidades han practicado minería complementaria a la agricultura desde hace décadas –o incluso siglos– extrayendo oro de manera artesanal en temporadas de baja siembra16.

En el marco del boom del oro y del cobre, diversas comunidades en regiones como Puno, Cusco o Apurímac se siguen volcando a la minería informal atraídas por el ingreso que proporciona, ante la falta de empleos formales y el abandono estatal. Estos actores tienden a organizarse en asociaciones o cooperativas, y en muchos casos han expresado su voluntad de formalizarse, aunque enfrentan requisitos técnicos complejos17 y escaso acompañamiento institucional.

Es importante subrayar que estos mineros locales no cuentan con grandes capitales ni estructuras armadas; su minería suele ser de subsistencia o de pequeña escala. Autoridades, investigadores y organizaciones sociales han insistido en la necesidad de distinguir a los «verdaderos mineros artesanales» de los operadores ligados al crimen organizado18. Sin embargo, la incapacidad del Estado peruano para establecer esta diferenciación ha sido uno de los principales problemas del proceso de formalización: por años se diseñaron políticas sin separar a mineros de mafiosos, lo que permitió que redes criminales se infiltraran en los registros oficiales y operaran con impunidad.

La influencia política de la minería ilegal

La alarma por la influencia de los actores mineros de pequeña escala se ha vuelto una preocupación cada vez más extendida, como recoge Ipsos en un informe de diciembre de 2024 que señala que 71% de la población cree que la minería ilegal financiará las campañas de 2026 y 68% considera que tiene una influencia alta en la política19.

Lo cierto es que, desde hace algunos años, la minería de pequeña escala ha alcanzado un nivel inédito de legitimidad política y ha recibido apoyo desde sectores ideológicamente diversos. Figuras tan disímiles como el liberal Hernando de Soto, el nacionalista radical Antauro Humala, el ex-presidente Pedro Castillo y el ultraconservador alcalde de Lima Rafael López Aliaga han coincidido en respaldar públicamente a los mineros informales, presentándolos como actores legítimos frente a la gran minería. Este consenso discursivo ha permitido que la pequeña minería adquiera un reconocimiento político que difiere de la crítica que existe hacia la gran minería.

Asimismo, existen evidencias claras de su creciente penetración institucional en el Estado. En el Congreso, se han elegido representantes vinculados a este sector, como los ex-parlamentarios Tomás Cenzano, Francisco Ccama y Amado Romero. Incluso el ex-presidente del Poder Legislativo en el periodo 2024-2025, Eduardo Salhuana, fungió como asesor de la Federación Minera de Madre de Dios (fedemin) y promovió iniciativas legislativas favorables a este sector20. En el nivel subnacional, casos como el del gobernador regional Luis Otsuka, en Madre de Dios, muestran cómo dirigentes gremiales lograron escalar a posiciones de poder. Esta influencia se extendió al Poder Ejecutivo: durante el gobierno de Pedro Castillo, se realizaron reuniones en el Palacio de Gobierno con la Confederación Nacional de Mineros (Confemin), a la que el mandatario ofreció respaldo político. Lo mismo ocurre con instituciones llamadas a garantizar derechos como la Defensoría del Pueblo, que bajo la gestión del actual titular, Josué Gutiérrez, ha nombrado como defensor adjunto en temas ambientales a un ex-representante de gremios mineros informales21.

La articulación política de estos actores se refleja en el debate sobre la Ley de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (mape). Entre enero de 2024 y mayo de 2025, se registraron más de 150 visitas de dirigentes mineros al Congreso. Este poder de incidencia ha permitido extender el Reinfo en más de una ocasión, pero también ha sido un factor para contar con una legislación acorde con los intereses de este sector, tal como veremos a continuación.

Dos décadas de descalabro normativo: la formalización de facto

La «formalización» de la minería de pequeña escala ha seguido un largo y accidentado camino legal. El punto de partida fue la ley No 27651, promulgada en 2002, durante el gobierno de Alejandro Toledo, que reconocía la existencia de la minería artesanal y establecía un marco legal para su ordenamiento. Sin embargo, esta ley no logró generar un proceso efectivo de inclusión y durante la década siguiente, la minería de pequeña escala se expandió a otras zonas, especialmente Madre de Dios, Puno y La Libertad.

La «formalización» de la minería de pequeña escala ha seguido un largo y accidentado camino legal

En 2009, mediante el decreto supremo No 005-2009-em, se estableció la creación de registros oficiales destinados a acreditar la condición legal de los pequeños productores mineros y productores mineros artesanales. Estos registros debían distinguir entre operadores formales e informales y atenuar así la ausencia de información estatal.

Aunque la normativa intentó simplificar los procedimientos y reducir las barreras de acceso, en la práctica el ingreso a estos registros no resultó atractiva para una gran parte de los mineros informales, debido, entre otros factores como la desconfianza hacia el Estado, a obstáculos técnicos, administrativos y socioeconómicos. Como resultado, una proporción considerable de mineros permaneció al margen de la legalidad, lo que evidenció una brecha entre el diseño normativo y su implementación en el territorio.

Ante el primer ciclo de crecimiento descontrolado de la actividad minera informal a inicios de la segunda década del siglo xxi, el gobierno de Ollanta Humala estableció mediante el decreto legislativo No 1105 que todo minero informal que quisiera iniciar el proceso de formalización debía presentar una declaración de compromisos ante el gobierno regional correspondiente. Este documento, de carácter obligatorio y sujeto a plazos, era el punto de partida del proceso de formalización.

Así, el Registro Nacional de Declaraciones de Compromisos se constituyó en un instrumento administrativo esencial para distinguir a los mineros informales en vías de formalización de los que no seguían este proceso. Pero lo más importante es que les permitía evitar las operaciones de interdicción y erradicación, y acceder además a beneficios específicos (como autorizaciones temporales y capacitación). Este mecanismo debía servir de base para toda acción posterior de evaluación, fiscalización y monitoreo.

La norma también preveía que el registro no otorgaba automáticamente la condición de minero formal. El Estado, a través de los gobiernos regionales, debía verificar periódicamente el cumplimiento de los compromisos asumidos por el minero en su declaración. Si se encontraba que incumplía alguno de los requisitos, se debía proceder a la cancelación del registro, lo que implicaba la pérdida del estatus de minero en proceso de formalización y la eventual sujeción a interdicción.

El decreto supremo No 032-2013-em complementó estas disposiciones con medidas para fortalecer la gestión de los registros y acelerar el proceso de formalización. Introdujo mecanismos de verificación cruzada entre declaraciones de compromisos y la información presentada por los titulares de concesiones, y ratificó la creación de una ventanilla única para centralizar los trámites administrativos.

En 2014 se creó el Registro de Saneamiento Minero mediante resolución ministerial No 4702014mem/dm. Su propósito principal era identificar a los mineros informales que estaban en proceso de formalización, siempre y cuando contaran con una declaración de compromisos vigente y estuviesen registrados en el Registro Nacional de Declaraciones de Compromisos, además de tener inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.

Con el inicio del nuevo gobierno en 2016, en un contexto en el que la importancia política de los mineros informales se hacía más evidente, algunos gremios mineros lograron la creación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) mediante el decreto legislativo No 1293. La implementación operativa del Reinfo comenzó en 2017, bajo la gestión del Ministerio de Energía y Minas, con el objetivo de brindar una vía transitoria para que los mineros informales pudieran adecuarse a la normativa vigente, pero ha acabado convertido en el elemento central del modelo formalizador peruano y su vigencia ha sido prorrogada por los gobiernos de Martín Vizcarra, Pedro Castillo y Dina Boluarte.

La creación sucesiva de registros que culmina en el Reinfo, que fueron inicialmente diseñados con una naturaleza estrictamente administrativa –no otorgan derechos mineros ni autorizaciones de operación–, ha sido utilizada y perfeccionada en la práctica como un aval para continuar extrayendo minerales sin cumplir con los requisitos técnicos, ambientales o laborales exigidos por la normativa. Esta distorsión ha sido tolerada por los sucesivos gobiernos, que optaron por la prórroga ante la presión de gremios mineros y la carencia de voluntad política para enfrentar el problema de fondo.

En lugar de consolidar un sistema de ordenamiento, el Estado terminó legitimando una «informalidad legal»

De esta manera, en lugar de consolidar un sistema de ordenamiento, el Estado terminó legitimando una «informalidad legal» en la que decenas de miles de operadores inscritos en el Reinfo pueden continuar extrayendo recursos sin considerar estándares mínimos de sostenibilidad. La situación llegó a tal extremo que, de acuerdo con un informe de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (fcds Perú), a fines de marzo de 2025, 78% de los inscriptos en el Reinfo ni siquiera había presentado la Declaración Anual Consolidada, que solamente consiste en una declaración jurada simple de las actividades realizadas en el año previo.

En 2025, el decreto supremo No 012-2025-em estableció una nueva extensión del Reinfo hasta diciembre del mismo año, con el compromiso de que sería la última prórroga. Además, esta decisión vino acompañada de la depuración del registro y el inicio de un proceso de verificación para excluir a aquellos operadores que no habían avanzado en su proceso de formalización o que utilizaban el Reinfo como escudo para actividades ilegales. La decisión de retirar 50.625 registros, aunque tardía, es un paso necesario para empezar a recuperar la credibilidad del sistema.

Seguidamente, el Poder Ejecutivo convocó a una Mesa Técnica para la Formalización Minera, un espacio multisectorial que reunió a representantes del Estado, gremios mineros, sociedad civil y autoridades regionales. Tras siete sesiones, las partes aprobaron un documento con 11 puntos de consenso que fue presentado al Congreso de la República como insumo para una nueva Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley mape). Entre los acuerdos, figura la necesidad de establecer mecanismos de trazabilidad y crear un régimen simplificado para el inicio de actividades mineras.

El documento presentado por la Mesa Técnica no reconoce directamente que un registro administrativo como el Reinfo puede seguir siendo utilizado como licencia de operación encubierta. Y si bien no aborda directamente la depuración ni el cierre de este registro, sí establece su integración funcional a un nuevo Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (sipmma), lo que implicaría un cambio en su rol operativo22.

En todo caso, los acuerdos alcanzados en la Mesa Técnica ofrecen una oportunidad para reorientar el proceso respecto de los más de 31.560 sujetos de formalización registrados, en condición de vigente, en el Reinfo, pero su éxito dependerá de la voluntad política del Congreso y de la capacidad del Estado para implementar una política diferente de las anteriores.

Sin embargo, los antecedentes no dan mucho margen a la esperanza. Como se ha visto, la evolución normativa del proceso de formalización minera en el Perú ha estado marcada por una intención ficticia de controlar las actividades mineras informales e ilegales. El Reinfo, concebido como una herramienta administrativa transitoria, es el principal símbolo de la incoherencia estatal que lo ha consagrado como una licencia de facto y un escudo de falsa legalidad.

Conclusión

Resulta insuficiente mantener una clasificación binaria entre minería informal y minería ilegal. La realidad actual exige una tipología más precisa que permita distinguir entre tres categorías operativas: minería informal, minería ilegal y minería criminal. Esta diferenciación no solo responde a criterios geográficos y legales, sino también a la naturaleza de los actores involucrados, sus capacidades operativas y sus vínculos con estructuras delictivas.

En atención a lo señalado, el marco legal peruano y la gestión de las autoridades competentes deben orientarse prioritariamente a la persecución del crimen organizado vinculado a la minería. En ese sentido, es esencial asegurar que la futura Ley mape, cuya aprobación parece inminente, no se convierta en un instrumento que, por omisión o ambigüedad, termine encubriendo los intereses de organizaciones criminales que operan bajo fachada de informalidad. Por ello, es necesario que la nueva norma incluya expresamente la categoría de minería criminal, distinguiéndola claramente de la minería informal e ilegal, y establezca salvaguardas normativas que impidan que estos actores se beneficien del proceso de formalización. Esta distinción es clave para evitar que redes delictivas con poder territorial, capacidad de cooptación institucional y vínculos con economías ilícitas continúen operando con impunidad.

Superar la actual situación exige un cambio de enfoque. Una política pública diferenciada que debe: (a) acompañar con asistencia técnica a los pequeños mineros que buscan formalizarse; (b) erradicar las operaciones ilegales en zonas prohibidas; y (c) enfrentar el crimen organizado con estrategias de seguridad, inteligencia financiera y cooperación interinstitucional. Solo así será posible proteger el ambiente, garantizar derechos colectivos y ofrecer alternativas económicas viables a quienes se dedican a la actividad, evitando que esta siga siendo cooptada por dinámicas de ilegalidad y violencia. Logo de Nueva Sociedad

Alicia Abanto: es docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú (pucp). Se desempeñó como defensora adjunta para el Medio Ambiente y los Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.

Aldo Santos: cursó estudios en Ciencias Políticas. Fue asesor parlamentario y consultor para la Presidencia del Consejo de Ministros en asuntos de pequeña minería y minería artesanal.

Paulo Vilca: es investigador del Instituto de Estudios Peruanos (iep). Fue viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Palabras claves: contaminación, crimen organizado, minería ilegal, violencia, Perú.

1. Desde el año 2024, se ha desplegado la campaña del Colectivo País Seguro, grupo integrado por los principales gremios empresariales del país. V. su página web, <https://queremospas.pe/>.

2. Ministerio del Ambiente (minam): La lucha por la legalidad en la actividad minera (2011-2016). Avances concretos y retos para enfrentar la problemática de la minería ilegal y lograr la formalización de los operadores mineros, Informe Sectorial No 12, Lima, 7/2016, p. 27.

3. José De Echave: «La minería ilegal en Perú: entre la informalidad y el delito» en Nueva Sociedad No 263, 5-6/2016, disponible en <nuso.org>.

4. Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina: «La minería informal e ilegal de hoy día», 6/2022.

5. Omayra Peña Jiménez y Paolo Sosa Villagarcia: «El Estado ante el avance de la minería ilegal: el caso de Loreto (2020-2025)», Natural Resource Governance Institute, 6/2025.

6. A. Santos: «Minería ilegal: el laberinto de la formalización que el Gobierno no resuelve» en OjoPúblico, 1/6/2025.

7. Mariana Quilca Catacora: «23 años de formalización minera fallida: del oro ilegal al crimen organizado y la impunidad del Reinfo» en Infobae, 11/5/2025.

8. A. Santos: ob. cit.

9. J. De Echave: ob. cit.

10. Ibón Machaca: «Arequipa: organización criminal y sicariato en la región con más minería informal del país» en El Búho, 10/6/2022.

11. Manuel Rojas Berríos: «Pataz: la tierra que reúne a la minería ilegal, el crimen organizado y la desidia de las autoridades» en Infobae, 5/5/2025.

12. Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina: ob. cit.

13. O. Peña Jiménez y P. Sosa Villagarcía: ob. cit.

14. «¿En qué se diferencian la minería informal y la minería ilegal?» en Inforegión, 29/1/2024.

15. Ibíd.

16. Yonathan Choqque y Caroline Weill: «¿Minería informal o con participación comunal? Una discusión sobre conceptos, actores y la estigmatización de una actividad económica compleja» en Discursos del Sur No 15, 1-7/2025.

17. Más de 90% de los mineros en proceso de formalización trabajan en concesiones que no les pertenecen. El Estado asumió que los titulares de esas concesiones y los operadores podrían llegar a acuerdos contractuales, pero en la práctica ello casi nunca ocurre. Mientras esta situación se mantenga, la mayoría de mineros no tendrá posibilidades reales de alcanzar la legalidad.

18. M. Quilca Catacora: ob. cit.

19. Ipsos: «Estudio de percepción hacia la minería ilegal entre la opinión pública. Informe de resultados», 12/2024.

20. Daniel Yovera: «Los vínculos de Eduardo Salhuana, candidato a la presidencia del Congreso, con la minería ilegal e informal» en Epicentro tv, 25/7/2024.

21. Martín Hidalgo: «Defensoría del Pueblo: El pasado oculto del defensor adjunto que intentó tener tres concesiones mineras en zonas reservadas» en El Comercio, 20/7/2025.

22. Para mayor detalle respecto de los 11 puntos aprobados en la Mesa Técnica, v. el portal de Rumbo Minero, disponible en <www.rumbominero.com/peru/noticias/mineria/once-consensos-de-la-nueva-ley-mape/>.

El nuevo «oro blanco»

Cómo se construyó la ideología del litio

Bruno Fornillo / Melisa Argento

Los nombres del litio («oro blanco», «petróleo del siglo xxi», «mineral del futuro») permiten captar una serie de narrativas contemporáneas. Así como el Ford t representó toda una época que llevó el nombre de fordismo, el auto eléctrico quizás se vuelva la imagen privilegiada de un mundo signado por el capitalismo verde, la sociedad excluyente y la crisis múltiple.

Para el espíritu del capitalismo actual, la magia del litio es simple pero esencial: permite construir unas baterías livianas y a la vez potentes; mucha energía, poca masa, poco volumen. Nada más, y nada menos. Así como internet facilita la circulación infinita de palabras e imágenes, el litio brinda fluidez y movilidad a las cosas. Si internet almacena datos, las baterías almacenan energía. Gracias a su potencia y ligereza, las baterías lograron convertir teléfonos celulares incómodos como un ladrillo en encantadores dispositivos de bolsillo; que las múltiples tareas que permiten las laptops no estén ancladas a una mesa, que podamos ver una película en un avión o bailar sin cables de por medio, o que un dron nos muestre el mundo. Así, no solo reviven artefactos antiguos, sino que crean nuevos. Además, debido a que las baterías optimizan las variables potencia, masa y volumen, es posible fabricar motos, autos, camiones y muchas otras movilidades que no emiten gases de efecto invernadero; e incluso se fantasea con que, ante el agotamiento del combustible fósil, las baterías guarden la escasa pero fundamental energía eléctrica generada por fuentes renovables, como paneles solares o molinos eólicos. Aclaremos que, a diferencia de los hidrocarburos –petróleo, gas o carbón, fáciles de almacenar–, la electricidad debe consumirse o se disipa, por lo que será necesario almacenarla en gran escala, por ejemplo, en baterías de litio masivas.

Los acumuladores de litio alimentan la ilusión contemporánea de que el capitalismo puede ser infinito. Sostienen el afán por mantener la aceleración, la levedad y el goce del consumo, atendiendo a la evidencia de que el combustible fósil se acabará más temprano que tarde y que constituye la principal causa de las emisiones que desatan el calentamiento global. Si la fluidez definiera nuestra época, las baterías de litio serían su garantía concreta, de ahí su esplendor y centralidad ontológica. La tecnología del litio induce a imaginar que hay una salida al ocaso del mundo fósil sin renunciar al sistema hiperconsumista que origina nuestra múltiple crisis global. Por ello, el litio es mucho más que un simple mineral, es también un artefacto ideológico, un modo de concebir el mundo.

Plateado sobre plateado

Los salares altoandinos de la región atacameña de Argentina, Chile y Bolivia –el renombrado «triángulo del litio»– sobresalen por sus yacimientos: representan cerca de 65% del total de los recursos globales y concentran hoy 38% de la oferta mundial. Al litio se lo extrae de la piedra con las nocivas técnicas de la minería a cielo abierto; con este método, Australia es el primer exportador mundial. Sin embargo, cuando se habla de litio, siempre reluce la imagen prístina del salar. Como una decisión ineludible, cada editor elige la misma foto: el salar blanco, el cielo celeste, las piletas de tonos turquesas. Un rasgo de la ideología del litio procede del principal lugar de donde se extrae: el litio surge «milagrosamente» de ese espejo lleno de sal.

Los salares parecerían encarnar una especie de «naturaleza en estado puro». Dentro del salar, se reparten diversas piletas colmadas de salmuera y, en el pasaje de una a otra, gracias a la evaporación del agua, se concentran los minerales y el litio gana pureza. La imagen de esas piletas de evaporación ofrece una atrayente paleta de colores dispuesta para el «arte tecnológico» que lleva al litio precipitado. Estas imágenes remiten y culminan en otra, la de su producto final, ese litio que es como un polvillo blanco similar a la cocaína, aunque en este caso, supuestamente inofensivo. El mundo fósil es negro, el litio es blanco, y no debe haber colores más politizados y racializados que esos dos.

En suma, todo delata tranquilidad, belleza, inocencia, suavidad, una fusión armónica entre tecnología y naturaleza, proyectada al centro de la economía contemporánea. Aunque parezca menor, este punto no lo es: casi de manera natural, asociamos la palabra «litio» a la imagen del salar (así como «diablo» y «rojo» son la misma cosa). Una suerte de ingeniería futurista que ha logrado concentrar un elixir de la tierra para transformarlo en potentes baterías que garantizan un modo de vida. Se trata de una imagen incluso barnizada con el encanto de lo nuevo, ya que el litio no forma parte del conjunto de los minerales históricamente preciosos –no es el oro ni la plata–, ni de los «esenciales» –no es el cobre o el hierro–. En estas visiones, todo se mezcla para que la tecnología y el capital se apropien de la naturaleza, la belleza y el futuro. La imagen del salar hace deseable y agradable la transición energética, la justifica. Lleva el litio al sitial sagrado de la geoingeniería, esto es, la fantasía de que con más tecnología será posible reparar lo que la misma tecnología capitalista destruyó hasta hoy.

La región de Atacama es, en verdad, una unidad sociocultural con una historia en común que preexiste a las divisiones jurídicas políticas de los novísimos Estados-nación. Es un territorio –o ecorregión– conformado por cerros, quebradas y montañas, que fluctúan entre los 2.300 y los 4.500 metros sobre el nivel del mar y se expanden a cada lado de su arteria central, la cordillera de los Andes. Hace más de 12.000 años que está habitada por comunidades altoandinas, las que han inventado una imagen más precisa sobre el papel biológico de los salares, protagonistas del larguísimo ciclo del surgimiento de la vida. Desde su origen estelar, la leyenda de Tunupa –una deidad asociada a los volcanes– cuenta que la extensión blanca interminable del salar de Uyuni, en Bolivia, es leche vertida por esta deidad para alimentar a su hijo cuando comenzaba su peregrinación. Esta imagen, a primera vista fantástica, es más real que la apropiación corporativa de la foto técnica del salar y sus piletas. Incluso, deja en claro el carácter generoso y nutriente de la tierra, mojón en el camino de la trashumancia que garantizaba la supervivencia a partir de los intercambios interecológicos de sal, alimentos y artesanías, desde tiempos inmemoriales.

Un nombre vale mil imágenes

En Latinoamérica, el mundo litífero se anuncia con una grandilocuencia pronunciada: Bolivia posee la mayor reserva; Chile, el mejor salar; Perú, el salar más grande de Sudamérica en piedra; México, el depósito en arcilla más extenso del mundo, mientras que Argentina se imagina el mayor exportador de todos. Titulares que deben ser deconstruidos con paciencia, porque si bien esos rankings alegan la existencia de una «riqueza natural», nada se dice con indicar que un recurso se encuentra bajo el suelo de un supuesto país. Antes bien, se asemejan a grandilocuentes triunfalismos y excitados anuncios típicos de la tradicional subordinación de nuestros países en el concierto de las naciones.

En su versión celebratoria se habla de la «Arabia Saudita del litio», nombre creado por el Pentágono en 2007

Recientemente, la existencia de esta mercancía clave en la dinámica económica global aspiró a ser el nombre de un paisaje entero. Fue durante 2011, cuando comenzó a esparcirse en nuestra región la idea de que habría un «triángulo del litio»: un nombre geométrico para esa geografía múltiple, que quisiera señalar que allí solo hay litio y no comunidades andinas ni países ni ecología alguna. En su versión celebratoria se habla de la «Arabia Saudita del litio», nombre creado por el Pentágono en 2007, durante la guerra que Estados Unidos libró contra Afganistán a comienzos de siglo. Tras la ocupación, los geólogos estadounidenses exploraron el terreno y descubrieron –ciertamente, con la ayuda de información recolectada por expertos soviéticos en minería durante la ocupación de 1980– importantes reservas de litio en la provincia afgana de Gazni. En 2008, la revista estadounidense Forbes aplicó esa denominación para Chile y, tres años después, su filial argentina caratuló «Arabia Saudita del litio» al sistema de salares de la puna, trasladando aquella imagen gestada para Oriente Medio al centro de Sudamérica. No es un dato aislado que la denominación primera de la abundancia litífera haya sido fruto de la ocupación militar y remita de manera directa al colonialismo, la ocupación y la guerra contemporánea.

Otros nombres han venido a nutrir la narrativa sobre el litio, en general asociados a una visión «eldoradista» de la naturaleza latinoamericana, que sobredimensiona su precio y su valor y hace creer que la región, asentada sobre una mina de oro interminable, se salvaría con solo poseerla. Pero es preciso prestar suma atención, porque proyectar que la riqueza está constituida «en sí» por el litio termina por reforzar el tradicional intercambio desigual de materias primas por productos terminados, como si cada quien tuviera su «riqueza»: litio de un lado, automóviles eléctricos del otro. Al litio también se lo llamó «oro blanco», pero apenas constituye un componente de una batería que almacena energía, no que la genera. El verdadero valor económico de los acumuladores está en el dominio de la tecnología de punta y sus fronteras de innovación, en sus redes de comercialización y en los productos finales, como los automóviles eléctricos. Tampoco es el «petróleo del siglo xxi», puesto que no representa un mercado de una profundidad comparable. Lo cierto es que el crudo es dúctil para múltiples usos, puede transportarse fácilmente –a diferencia del gas o el carbón–, está en la base de la industria energética que motoriza la economía mundial, es la savia de nuestra civilización energívora. Hacia 2010, el precio del litio rondaba los 7.000 dólares estadounidenses la tonelada, y llegó a comercializarse a 90.000 dólares en 2022; sin embargo, a inicios de 2025 giraba en torno de los 11.000 dólares. Comparemos: cuando tuvo su máximo precio histórico, el mercado global del litio fue de 30.800 millones de dólares, pero ese mismo año el mercado del petróleo fue 89 veces mayor: más de dos billones de dólares.

Ni siquiera podría decirse que es el «mineral del futuro», porque el nuevo paradigma energético requiere de una amplia diversidad de minerales, algunos especialmente escasos; en todo caso, forma parte de la cantera general que demanda el porvenir energético. Con todo, la tecnología energética de vanguardia requiere asegurar el aprovisionamiento de litio, esencial para la industria más grande que existe –la automotriz–. A su vez, la disputa por la colonización de los bienes comunes juega un papel medular en la geopolítica ecoimperial contemporánea. Razones suficientes para que, de manera paulatina pero con fuerza, haya crecido una suerte de «fiebre del litio».

Desierto

El desierto y el petróleo sellaron su matrimonio divino e imaginario en el golfo Pérsico. La saga continúa. El «triángulo del litio» se emplaza en un desierto –el de Atacama–, y en México otro desierto contiene litio: Sonora. Al gran salar de Uyuni lo llaman «el desierto de sal». Lejos de las ciudades capitales, la región de Atacama no despierta la atención de Buenos Aires, La Paz o Santiago. Sonora tampoco capta la atención de la Ciudad de México. En estos territorios predomina un sol indomable: Atacama es la segunda región que recibe mayor radiación solar –la Antártida es la primera–, con 2.177 megavatios por metro cuadrado, similar a la radiación que recibe Venus, ubicado 61 millones de kilómetros más cerca del Sol. Sonora, por su parte, ostenta el galardón de haber registrado la mayor temperatura del planeta en 2023: 80 ºc, cifra que pulverizaría a cualquier humano. El desierto de Atacama es también un territorio siniestro, esconde los restos de los desaparecidos de la dictadura pinochetista que las mujeres de Calama buscan desde hace años para darles sepultura. Por su parte, eeuu deja morir a quienes encaran el desafío migrante de atravesar el desierto de Sonora para llegar a la tierra prometida. El desierto funciona allí como una dimensión de gobierno, que opera sobre los flujos poblacionales en la frontera más transitada. El desierto, como límite de la civilización, es un lugar a vencer. Puesto que allí no hay nada ni nadie, está a disposición de quienes se aventuren en él sin culpa alguna por remover su amenazante monotonía. Los tesoros están en el desierto, ocultos en los lugares sin habitantes, en espacios perdidos, donde no hay agricultura ni agua, en ese terreno yermo, hay minería bajo tierra. La imagen desértica del desierto no muestra que en él hay biodiversidad, población, ecosistemas, saber, vida. En Atacama, existe un fenómeno conocido como el «desierto florido», semillas que esperan latentes la lluvia para florecer. Hay allí y en Sonora múltiples comunidades indígenas que sí conocen el camino del agua y que un día se toparon con algo llamado Chile y Bolivia, eeuu y México, disputando por fronteras inexistentes.

La imagen desértica del desierto no muestra que en él hay biodiversidad, población, ecosistemas, saber, vida

Cada sociedad tiene su propio desierto, un espacio que convoca imaginarios, miedos y esperanzas semejantes. Para algunas, el desierto es el mar; para otras, el bosque o la selva. Históricamente, el subcontinente sudamericano ha sido –y sigue siendo– un collar de ciudades costeras dispuestas a conquistar el interior selvático, boscoso, desértico o marítimo; espacios prestos para recibir el «don civilizatorio». Una imagen nocturna de Sudamérica –al igual que de todos los continentes del hemisferio sur– muestra que solo brillan las costas. Tal vez, la figura del desierto sea aún más importante que la idea «eldoradista» que alaba y ansía nuestras riquezas; cuando menos, se complementan fluidamente. Postular que predomina una barbarie social arcaica que habita un desierto yermo es legitimar la expoliación y bendecirla. Hasta habría que agradecer que se emplace un pedazo de tecnología, la famosa «inversión» e industriosa labor, aquí donde nada se puede esperar. Las proyecciones de los ricos que alucinan con ir a Marte prefiguran un planeta totalmente desértico, mientras ellos mismos son despreocupados gestores de ese exterminio.

La ideología del auto (eléctrico)

El icónico Ford t simboliza toda una época del capitalismo contemporáneo. A lo largo de la historia, representó el origen de la producción en masa dispuesta para un mercado interno también gigante, asociado a un Estado de Bienestar que favorecía el consumo y la inclusión por la vía del trabajo. Así, se aseguraba la acumulación del capital, en la «edad de oro» del capitalismo. Ese mundo tambaleó hasta casi desaparecer con la crisis de 1973, y el neoliberalismo fue la receta utilizada para ampliar las fronteras de la explotación y restituir los márgenes de ganancia. Hoy, quizás el «auto eléctrico» se vuelva la imagen privilegiada de un mundo signado por el capitalismo verde, la sociedad excluyente y la crisis múltiple.

André Gorz fue pionero en señalar que del automóvil se desprendía una cosmovisión social completa. En sus inicios, era el lujo de una elite que se desplazaba con individual arrogancia, prevaleciendo a costa de los demás. Pronto, la ciudad –y la movilidad en su conjunto– se diseñó para darle lugar al auto, y esto la tornó «hedionda, ruidosa, asfixiante, polvorienta»1. La masificación del automóvil fue también la del petróleo, y la urbanidad terminó por atascarse a causa de la multitud de automóviles circulantes. La Agencia Internacional de Energía (aie) proporciona un dato revelador: entre 2010 y 2018, los automóviles suv de alto consumo (esas camionetas urbanas que imitaron a los vehículos de asalto estadounidenses usados en la Guerra de Iraq) fueron la segunda mayor contribución global a las emisiones de dióxido de carbono, solo superadas por el consumo de energía en el sector industrial. No es casual que la representación privilegiada de las emisiones de gases de efecto invernadero sean los círculos negros que emanan de un caño de escape (de los que, en cambio, carece la movilidad eléctrica). Es ya famosa la caracterización de Pier Paolo Pasolini, para quien el Estado de Bienestar hacía estragos en la Italia de posguerra, la sociedad de consumo como «el verdadero fascismo»: «Burgueses o proletarios, todos son hijos del consumismo, frágiles y desencantados, crueles e insensatos, se dirigen a la deriva, a la nada que los cerca y los cercará. Por siempre»2. Se instalaba lentamente lo que Ulrich Brand y Markus Wissen llamaron el «modo de vida imperial», consumo para todas y todos. Ahora, el auto eléctrico viene a reinstalar la exclusividad originaria del automóvil3.

La tradicional burguesía conservadora y vetusta se volvió intrépida, amante del riesgo y de los excesos; aunque siempre parasitaria, inhibe la narrativa de la transformación socioecológica y dice disfrutar y proteger la naturaleza, una «ideología verde». En efecto, la elite global se tornó tecnologizada y sustentable. El auto eléctrico es un objeto privilegiado por el gusto de esa estirpe, pues expresa la certificación de sus privilegios, el borramiento de que degrada la trama de la vida, y la ilusión de que el tiempo y el espacio no son un límite para ella. En un estudio sobre por qué los consumidores optan por el auto eléctrico, se advertía que así «rechazaban la inercia hegemónica», adoptaban «una visión de futuro», y las respuestas centrales eran: «Los vehículos eléctricos me diferencian de los demás», «Me hacen parecer respetuoso con el ambiente», «Demuestran que soy tecnológicamente avanzado» o «Demuestran que soy una persona socialmente responsable»4.

Los automóviles de la compañía estadounidense Tesla, y su propietario principal, Elon Musk, representan la continuidad y la torsión de la burguesía digital. Sus diseños ofrecen todas las prestaciones de un auto convencional: son veloces, deportivos, tienen la suficiente fuerza como para cargar una pequeña casa rodante y partir a disfrutar de los parques nacionales estadounidenses. A la vez, exhiben líneas suaves, minimalistas y están repletos de pantallas táctiles. El auto eléctrico no produce ruidos molestos ni se presta al exhibicionismo de la aceleración petroadicta, flota en las calles con un silbido continuo y gélido. El lema que se presenta en la página corporativa de Tesla es «El futuro es sustentable». El planeta entero va a existir gracias a ellos: «Estamos construyendo un mundo impulsado por energía solar, que funciona con baterías y se transporta en vehículos eléctricos», en una suerte de economía circular autosuficiente y de libertad total. Es el metabolismo cerrado y excluyente de la ecología de los ricos y su entorno jovial y despreocupado, un ambiente al que bien le cabría la descripción de «sociedad positiva».

El auto eléctrico no produce ruidos molestos ni se presta al exhibicionismo de la aceleración petroadicta, flota en las calles con un silbido continuo y gélido

¿Por qué lo pulido resulta hoy hermoso? Más allá de su efecto estético, refleja un imperativo social general: encarna la actual sociedad positiva. El mundo del hedonismo y de la positividad, donde no hay herida o culpa. El imperativo táctil, lo agradable, la pulidez del espejo, el verse a sí mismo. La temporalidad de lo bello digital es el presente inmediato sin futuro ni historia. Simplemente está adelante. Solo tolera diferencias consumibles y aprovechables. Sociedad del like, del sí, del entusiasmo capitalista sin vacíos. No daña ni ofrece ninguna resistencia. No hay ningún desgarro, profundidad o muerte. Desaparece la alteridad de lo distinto y extraño5. Pero Tesla no solo produce automóviles curvilíneos y atrayentes, también lanzó un diseño diferente: el Cybertruck, camioneta futurista todo terreno inspirada en el móvil policial de la película Blade Runner. El diseño es novedoso, compuesto de placas lisas y amplias, hiperplanas, con líneas muy marcadas, como láminas superpuestas, filosas. Totalmente despojada de ornamento y curvatura, es puro funcionalismo brutalista, una Bauhaus del capital. Es una fortaleza rodante. Mientras que el auto de calle de Tesla propone el confort interior, en este se expresa la violenta arrogancia. Esa elite domina a la alteridad; antes que un enfrentamiento, produce la expulsión indiferente y rápida de un residuo.

En este punto, es un dato a considerar que la huelga de los mecánicos de Tesla en Suecia –país emblema del capitalismo social– se haya convertido en la más larga de la nación escandinava en 80 años. Los sindicatos pugnan por un convenio colectivo de trabajo, pero se topan con el rechazo constante de la empresa, totalmente a contramano del pacto «capital-trabajo» que fundó el modo de acumulación fordista. Tampoco es casualidad que Tesla haya padecido el atentado de una iniciática guerrilla climática –el Grupo Volcán–, la cual se atribuyó el incendio que paralizó la producción de su planta en Berlín, alegando que «Tesla se come la tierra, los recursos, las personas y la mano de obra, y escupe a cambio todoterrenos, máquinas asesinas y camiones monstruo. Nuestro regalo para el 8 de marzo es cerrar Tesla»6. Es que el supuesto «auto limpio» en realidad es una mina con ruedas. SoS MinErals calcula que, para sustituir el parque automovilístico del Reino Unido por vehículos eléctricos, se necesitarán más de 200.000 toneladas de cobalto, otro tanto de carbonato de litio y más de 2 millones de toneladas de cobre; esto es, el doble de la producción mundial de cobalto, casi el total de la de neodimio, 75% de la de litio y 12% del cobre producidos en 2018.

El auto eléctrico, el Cybertruck, el hedonismo terrestre y el proyecto de conquista del planeta Marte no son experiencias escindidas. Elon Musk asume sin resquemor que la Tierra es el pasado. Lo único que tiene una continuidad histórica es la geoingeniería como desafío de vida. Musk va a concurrir al sepulcro de la Tierra, pero va a sobrevivir, se imagina el verdadero redentor, un salvador cierto. Para Musk, prevalece ese modelo social que rechaza, a cualquier costo, la degeneración y la excrecencia, porque el mundo occidental se volvió temeroso y esquizofrénico. No sin razones, a juzgar por su decadencia.

No limits

Elon Musk es un arquetipo del emprendedor de cúspide, visionario y creador de algo donde no había nada y que, sin embargo, esperaba ser: la comercialización estadounidense del auto eléctrico. Además de estar recurrentemente posicionado como el humano más rico del planeta, de ser dueño de Tesla y de x, también es dueño de Space Exploration Technologies Corp. (Spacex), una empresa que fabrica y brinda servicios aeroespaciales. Spacex ha crecido mucho: en 2021 y 2022 lanzó al espacio la misma cantidad de artefactos que la suma de todas las agencias y empresas restantes. De hecho, el número de lanzamientos espaciales ha aumentado considerablemente: en 2001 fueron 121, mientras que en 2022 alcanzaron los 2.397. A diferencia de las agencias estatales estadounidenses o rusas del siglo pasado, que pregonaban la exploración espacial para engrandecer el interés nacional y humano, ahora las corporaciones privadas son las dueñas y señoras del espacio exterior: «Si el espacio siempre fue capital intensivo, ahora se pretende que sea intensamente capitalista»7.

La Tierra y lo que suceda en ella no es un límite para Musk. El magnate se muestra en público con una camiseta estampada con la consigna «Occupy Mars»

¿En qué consiste esa perspectiva? La Tierra y lo que suceda en ella no es un límite para Musk. El magnate se muestra en público con una camiseta estampada con la consigna «Occupy Mars»; imagina así un planeta colonizado por un millón de humanos en 2122 y su confesada ambición es morir allí. Esta «utopía oscura» reúne a una comunidad de visionarios ricos e hipertecnológicos que desembarcan en el planeta rojo dispuestos a solucionar los complejos y aventurados problemas que les depare la misión. La clarividencia superior que detentan les permitiría organizarse allí en una «democracia directa» –en palabras de Musk–, libre de la burocracia estatal y su intervencionismo obstaculizante. Una suerte de exasperación individualista, optar por la salvación imposible, individual y de su estirpe, resulta preferible a tornar habitable la Tierra: es un salvoconducto minoritario contra el desastre terrestre, una anticipación autoprotectora. En ese sentido, esa elite de iguales vale más que el planeta y representa el retorno del mundo para pocos.

Para Musk no hay «límites ecológicos». ¿Cómo habría de haberlos si el planeta mismo no es un límite para él? El malogrado funcionario de Donald Trump piensa directamente en el espacio; es más, busca los límites para ir más allá. ¿Cómo no habría de esperar la catástrofe? Ya la vio, ya se prepara. Se trata de inventar lo nuevo, y si es imposible, mejor. Su aspiración es «fundacional»: una tecnoutopía-corporativa del trabajo, la producción y la innovación tecnológica, donde los individuos –humanos o artificiales– trabajan en contextos hipercomplejos sin generar o percibir resistencias, salvo las que impone el entorno. Hay algo de brutal ignorancia y arrogancia en esta escena, una mezcla explosiva. El saludo nazi de Musk en la ceremonia de asunción de Trump a la Presidencia de eeuu no ha hecho más que sellar el destino tecnofascista y final de esta elite. Hoy es nuestro propio planeta el que requiere una modificación radical para tornarlo vivible, es decir, estamos compelidos a considerarlo como si fuera uno del espacio exterior. Bien nos parecemos a ese astronauta que, de un modo milagroso, sobrevive frágilmente dentro de su traje lunar bajo conectores orgánicos e instrumentos hipercomplejos. Más que ir a Marte, ya estamos allí.

Sótano

En un museo contemporáneo se podía apreciar una gran foto de una comunidad selvática ecuatoriana, llena de vida. A lo lejos, se veía a niñas y niños jugando, una mujer lavando ropa plácidamente en el río, en medio de un verde espléndido y tupido. Pero al acercarse al cuadro uno se preguntaba extrañado por su nombre: Km 485. Al examinarlo de cerca, se divisaba un cartel muy pequeño en medio de la selva con esa misma inscripción. Entonces, se caía en la cuenta del sentido y la virtud final de la imagen: por debajo de esa naturaleza floreciente corre un oleoducto, y lo cierto es que la rotura y el derrame de las cañerías hidrocarburíferas han producido grandes desastres ecológicos en Ecuador.

Los ecosistemas de salares y lagunas del Altiplano, de una riqueza inusual, son extremadamente frágiles

Con el litio se podría crear una representación semejante. El litio se encuentra bajo la costra salina, mezclado con otros minerales en ese líquido viscoso llamado «salmuera». Unas bombas lo succionan constantemente del salar, vaciándolo, al tiempo que succionan también toda el agua dulce del lugar y la que fluye desde los alrededores. Un estudio constató que las pocas lagunas de la Puna argentina se han ido achicando, como si se estuvieran absorbiendo a sí mismas. En una zona extremadamente árida, las vegas, como ramificaciones venosas, son hilos de agua que permiten la vida a su paso; a medida que se agotan, el ecosistema de su entorno también se extingue. La imagen perfecta e impoluta no permite observar que los proyectos litíferos succionan la salmuera que circula bajo la costra salina y las pocas fuentes de agua dulce del lugar. El salar, en realidad, está fragmentado por la infraestructura extractiva. Los ecosistemas de salares y lagunas del Altiplano, de una riqueza inusual, son extremadamente frágiles debido a la escasez de recursos hídricos superficiales. De hecho, el Altiplano recibe la menor cantidad de precipitaciones del planeta, a punto tal que permanecen superficies rocosas sin ser tocadas por el agua durante cientos de años. La técnica evaporítica de extracción predominante consume cantidades muy significativas de agua: 584.000 litros por cada tonelada de litio, cifra que puede ascender, de acuerdo con otros estudios, a 900.000 o 2 millones, y esto desfonda el salar. Se produce así un ciclo rápido de circulación del agua que en nada se relaciona con el ciclo lento de la armonía ecosistémica del lugar. Hay otras técnicas que utilizan menos agua, como la de extracción directa, pero no poseen la maduración, los costos o la escala de la actual8. Asimismo, la técnica evaporítica produce residuos formados por las sales de potasio o sodio, entre otros. Por ejemplo, una explotación de 20.000 toneladas por año genera, luego de una década, residuos que ocupan 11,5 kilómetros cuadrados por un metro de alto. En este sentido, los desequilibrios que conlleva la faena extractiva ponen en riesgo el conjunto de la biósfera local, la habitabilidad para la fauna, la flora, la población, y también para aquellos microorganismos que fueron los primeros en existir en la Tierra y han permitido la oxigenación del planeta.

La desertificación ya es notoria en el norte de Chile, donde las empresas deben desalinizar el agua de mar para continuar con sus explotaciones. En la región de Atacama, Marina Weinberg decidió tomar la tangente y se dedicó a observar los alrededores del salar, lo que llama «los off sites del litio»9. Se trata de las «áreas fuera de lugar», que van desde las rutas de circulación por donde pasan 400 camiones por día (transportando soda cáustica de Turquía o dirigiéndose a eeuu para llevarse el litio), hasta los alrededores residuales y los puertos; sociopaisajes diversos y muy transformados que enmarcan el camino geofísico del litio. En esos patios traseros, «limbos» que han recibido poca atención, mientras uno más se aleja de la imagen instagrameable, más sucio se vuelve el panorama. Son espacios interminables donde se acumulan los residuos y los restos de lo inutilizado: fracciones de mangueras, metal, contenedores, letreros oxidados de «propiedad privada», postes de luz desinstalados, cables, etc. A mayor distancia del salar, las mundialmente famosas piletas comienzan a desvanecerse, reemplazadas por una secuencia de minería de gran tamaño: establecimientos perdidos, viejas centrales eléctricas, instalaciones termales y algunos campamentos empobrecidos que subsisten sobre la gran industria minera. Atacama ve pasar 70 vuelos diarios con trabajadores que harán turnos de siete días continuos, seguidos de siete días de descanso. La historia ya tuvo su desenlace: en la región, perviven restos inertes de ciudades de la época del salitre edificadas por los ingleses a fines del siglo xix. Se trata de una historia de minería y extracción en lugares como Calama, Tocopilla, Mejillones y Antofagasta, donde los trabajadores y sus familias están afectados por el cáncer, la silicosis y otros problemas gastrointestinales y respiratorios; también padecen de agotamiento físico, mientras que la alta toxicidad hace de sus cuerpos «archivos químicos».

La imagen-salar no muestra lo que hay debajo ni lo que hay alrededor. La mirada impoluta del salar oculta la cuenca, el agua dulce, los ecosistemas, la región socioeconómica a la que pertenece, la cultura en la que está inscrito, sus alrededores destruidos y la historia que tiene detrás. Logo de Nueva Sociedad

Bruno Fornillo: es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (uba) y en Geopolítica por la Universidad de París viii. Es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina e integra el Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes (uba).

Melisa Argento: es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (uba). Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina e integra el Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes (uba).

Palabras claves: capitalismo verde, electromovilidad, ideología, litio, Elon Musk.

Nota: este artículo es un extracto, levemente modificado, del libro Todo sobre el litio. ¿Extraerlo? ¿Cómo, cuánto, para qué y para quién?, Siglo xxi Editores, Buenos Aires, 2025.

1. A. Gorz: Ecológica, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2011, p. 67.

2. P.P. Pasolini: Cartas luteranas, Trotta, Madrid, pp. 7 y 8.

3. U. Brand y M. Wissen: Modo de vida imperial. Vida cotidiana y crisis ecológica del capitalismo, Tinta Limón, Buenos Aires, 2021.

4. Fabio Viola: «Electric Vehicles and Psychology» en Sustainability vol. 13 No 2, 2021.

5. Byung-Chul Han: La salvación de lo bello, Herder, Barcelona, 2015, p. 11 y ss.

6. Almudena de Cabo: «Un sabotaje eléctrico paraliza la gigante fábrica de Tesla próxima a Berlín» en El País, 5/3/2024.

7. Ezequiel Gatto: «Al infinito y más acá. La conquista espacial y sus identidades. Condiciones y figuras de una futurización corporativa» en Papeles de Identidad, 2025/1, p. 8.

8. Diego Fuentealba, Cheri Flores-Fernández, Elizabeth Troncoso y Humberto Estay: «Technological Tendencies for Lithium Production from Salt Lake Brines: Progress and Research Gaps to Move Towards more Sustainable Processes» en Resources Policy vol. 83, 6/2023.

9. M. Weinberg: «The Off-Sites of Lithium Production in the Atacama Desert» en The Extractive Industries and Society vol. 15, 9/2023.

El valor de la naturaleza

¿Por qué algunos dones de la naturaleza siguen siendo gratuitos?

Alyssa Battistoni

Los esfuerzos por resolver la crisis ecológica mediante mecanismos de mercado han fracasado una y otra vez. Pero los esfuerzos contrarios por convertir la naturaleza en algo invaluable no han logrado protegerla del mercado. Son necesarios, por ello, abordajes alternativos: es mejor pensar los ecosistemas como infraestructuras antes que como mercancías e imaginar nuevas formas de socialización de la naturaleza, en beneficio de humanos y no humanos.

En la economía política clásica, los agentes naturales aparecen como factores de producción, entendidos de manera convencional: las vísceras de las ovejas ayudan a producir lana; el viento impulsa las velas de los barcos mercantes; la tierra fértil ayuda al crecimiento de los cultivos. Pero cada uno de estos depende de infinidad de otros que no se mencionan. El suelo es «producido» por innumerables gusanos, hongos, ácaros y otros insectos, que descomponen los restos orgánicos y transfieren nutrientes entre las plantas. Las bacterias presentes en los intestinos de las ovejas las ayudan a digerir la hierba; las abejas polinizan las plantas que las ovejas comen; las plantas capturan la energía solar y la convierten en una forma que las ovejas pueden procesar, lo que nos lleva de nuevo al suelo. Ni siquiera el viento soplaría de la misma manera sin patrones de temperatura vinculados a la regulación climática global, conservada, a su vez, por un complejo conjunto de sistemas vivientes. Estos agentes naturales no entran directamente en la producción de materias primas, pero regeneran aquellos que sí lo hacen. Más aún, constituyen los «sistemas de soporte vital» de la Tierra: el ciclo del carbono, la purificación del agua, la fertilidad del suelo y otros elementos que hacen habitable el planeta. Así, la antropóloga Anna Tsing sostiene que «la creación de mundos no es una prerrogativa exclusivamente humana». Más bien, «todos los organismos crean espacios de vida ecológicos al modificar la tierra, el aire y el agua»1. Estas diversas actividades van más allá de la creación de mundo: crean el planeta. Las acciones e interacciones de distintas formas de vida, de las amebas a las secuoyas, han dado forma a lo largo de millones de años a la geología y la atmósfera de la Tierra de manera tan significativa que lo convierten en un tipo de planeta cualitativamente diferente de Marte o Venus.

Sin embargo, estas capacidades de creación planetaria están mermando seriamente. «Actualmente estamos produciendo un daño tan profundo [al mundo natural] que muchos de sus sistemas naturales están al borde del colapso», advierte el naturalista británico David Attenborough2. Las señales de alerta están en el horizonte desde hace tiempo. En 1973, en medio de debates sobre la escasez de recursos y los límites del crecimiento, el economista William Nordhaus señaló –en un artículo que por lo demás refutaba las predicciones ecológicas fatalistas– que «si el sistema de precios funciona mal, como sucede actualmente con los recursos ambientales públicos, que son gratuitos pero escasos, las consecuencias pueden ser nocivas»3. Cinco décadas después, este «mal funcionamiento» persiste y esas consecuencias nocivas se han hecho realidad. «El valor de entidades naturales como los manglares, los humedales y los arrecifes de coral», observa el economista Partha Dasgupta, reside en sus contribuciones al bienestar humano, las cuales «no aparecen en el mercado»4. Como sostiene la ecologista Gretchen Daily, «probablemente en ningún otro caso la disparidad entre el valor real y el percibido sea tan grande como en el de los servicios ecosistémicos»5. Han surgido dos estrategias frecuentes para corregir esta disparidad.

Henry Paulson: «La gente supone que el capital natural es un bien gratuito, y, si no se le fija un valor, el valor que le dará será nulo»

La primera estrategia propone fijar un precio a la naturaleza, a menudo descrito en términos de «capital natural» o «servicios ecosistémicos», con el fin de llamar la atención sobre las contribuciones económicas de los ecosistemas. Un ejemplo de ello es la declaración de Henry Paulson, ex-secretario del Tesoro de Estados Unidos y hoy firme defensor de la tasación del capital natural: «La gente supone que el capital natural es un bien gratuito y, si no se le fija un valor, el valor que le dará será nulo»6. Nos guste o no, sostiene esta postura, los bienes se valoran en términos de su valor monetario. Si se quiere proteger la naturaleza, esta debe tener un precio: su uso y su valor de cambio deben estar más alineados, ya sea exigiendo un «pago por servicios ecosistémicos», contabilizando el capital natural, o bien creando mercados en «activos naturales». El objetivo, en palabras del biólogo Edward O. Wilson, es «dotar de un pulgar verde a la mano invisible de la economía de libre mercado»7.

La segunda estrategia, una crítica moral que insiste en que la naturaleza no tiene precio, se ha convertido en una vehemente oposición frente a la primera. Los críticos aducen que el precio es una métrica inapropiada para el mundo que excede lo humano, y que degrada o disminuye precisamente aquello que pretende cuantificar. Algunas cosas no deberían estar a la venta, sostienen, y la naturaleza es una de ellas. «Estimados economistas neoliberales, ¿cuánto vale un rayo de sol? ¿El aire fresco libre de plomo y gases sulfurosos?», preguntaba con desprecio el filósofo André Gorz en 19808. En lugar de intentar traducir el valor intrínseco, ético o estético de la naturaleza en términos monetarios, Gorz y otros insisten en que debemos aprender a valorar la naturaleza de maneras que no pueden ser reducidas a la lógica mercantil.

Quienes están a favor de poner un precio a la naturaleza identifican correctamente el problema: en un mundo de intercambio generalizado de mercancías, las cosas sin valor de cambio son tratadas como si carecieran en absoluto de valor. Los detractores, por su parte, identifican correctamente la brecha entre el valor de cambio y otros tipos de valor, lo que constituye una crítica a la forma de valor propia del capitalismo incluso cuando no se invoca directamente el capitalismo. Sin embargo, si bien estas estrategias –valuar la naturaleza en términos de precio o protegerla en términos no mercantiles– apuntan en direcciones opuestas, ninguna ha tenido éxito. Los esfuerzos por fijar un precio a la naturaleza han fracasado una y otra vez en su intento de que ciertas dimensiones de ella sean valiosas en términos económicos, por más deficientes que sean estos términos. Mientras tanto, los esfuerzos por convertir la naturaleza en algo invaluable no han logrado protegerla del mercado.

La naturaleza es un don gratuito por defecto. No puede aparecer en el mercado por derecho propio y tampoco puede exigir una retribución monetaria por sus servicios, por valiosos que sean. Para tener un precio, necesita un representante humano, lo que equivale a decir que necesita un dueño. Y si bien el pensamiento occidental ha concebido a menudo la naturaleza como un don de Dios para toda la humanidad, con la misma frecuencia ha defendido su apropiación como propiedad privada. Los dones de la naturaleza están, para muchos, destinados a ser enajenados y poseídos, explotados y mejorados. La explicación fundacional de la propiedad dada por John Locke es la que mejor describe el proceso de cercar los dones de la naturaleza: la observación de que Dios había dado la Tierra a los «hombres» como comunidad es para Locke simplemente un preludio para explicar cómo un individuo podría reclamarla como suya con fundamento. El rol del trabajo en hacer productiva la tierra es clave para este argumento: la tierra «dejada enteramente a merced de la naturaleza», sostiene Locke, es simplemente «desperdicio»9.

La explicación de la propiedad según Locke justificó oportunamente la expropiación de tierras a los pueblos indígenas del Nuevo Mundo. También ocultó, según la acusación de Karl Marx, la apropiación violenta de las tierras comunales utilizadas por los campesinos ingleses: el proceso de la «así llamada acumulación primitiva», el pecado original del capitalismo. Muchos otros críticos del capitalismo han rastreado su avance a través del proceso continuo de cercamiento, sobre todo, de cada vez más dones de la naturaleza. Ya en el siglo xvi, Thomas Müntzer, el teólogo radical y líder de la Guerra de los Campesinos alemanes, lamentaba que «todas las criaturas se han convertido en propiedad, los peces en el agua, los pájaros en el aire, las plantas en la tierra», al tiempo que declaraba que «también las criaturas deben liberarse»10. Cuatro siglos después, el politólogo James C. Scott describiría con pesar «la incorporación inexorable a un régimen de propiedad de aquello que antes se consideraban dones gratuitos de la naturaleza: bosques, animales de caza, tierras baldías, praderas, minerales del subsuelo, agua y cursos de agua, derechos aéreos, aire respirable e incluso secuencias genéticas»11. En otras palabras, no debería sorprendernos encontrar al capital cercando los dones gratuitos de la naturaleza. Después de todo, allí es donde comienza el capital. Lo que sí sorprende, sin embargo –y lo que requiere atención–, es que algunos dones sigan siendo gratuitos; que, incluso hoy, algunas criaturas –de hecho, muchas– no se hayan convertido aún en propiedad. Si el capitalismo mercantiliza implacablemente, ¿por qué los servicios ecosistémicos siguen «teniendo una valuación nula»? ¿Por qué algunos dones de la naturaleza siguen siendo gratuitos?

Si el capitalismo mercantiliza implacablemente, ¿por qué los servicios ecosistémicos siguen «teniendo una valuación nula»? ¿Por qué algunos dones de la naturaleza siguen siendo gratuitos?

No es porque no haya habido intentos. La tierra incultivada que Locke calificaba como mero desperdicio ahora es considerada un sitio de servicios ecosistémicos potencialmente valiosos. En las últimas décadas, hemos presenciado la proliferación de programas de «contabilidad del capital natural» y empresas que pretenden comercializar «activos naturales», al tiempo que proclaman que la naturaleza ecológica es una fuente de valor no explotada, a lo que sigue una oleada de críticas que denuncian la mercantilización de la vida misma. Sin embargo, convertir en propiedad los dones de la naturaleza descritos en términos de capital natural y servicios ecosistémicos ha demostrado ser extremadamente difícil. Quienes critican la mercantilización han identificado erróneamente el problema que aflige a la biósfera: no es que el capital haya absorbido toda la vida, sino que se ha deslindado de su responsabilidad sobre gran parte de ella.

En última instancia, es mejor pensar los ecosistemas como infraestructuras en lugar de como mercancías: como sistemas que sustentan diversas actividades, en lugar de bienes o servicios discretos que se intercambian directamente. Esta perspectiva de los ecosistemas aleja la atención de los debates morales sobre la mercantilización y la redirige hacia cuestiones políticas: ¿qué clase de trabajo desempeñan los ecosistemas y para quién? ¿Qué clases de servicios públicos ecosistémicos necesitamos para que en nuestro planeta puedan vivir tanto humanos como no humanos?

***

Los ecosistemas planetarios se encuentran actualmente en una situación extrema. Durante décadas, el capitalismo ha propuesto encontrar las soluciones en nuevas formas de derechos de propiedad, nuevos tipos de mercados y nuevas representaciones de naturalezas concretas en términos abstractos. Los sectores público, privado y sin fines de lucro han construido un complejo laberinto de instituciones sociales y económicas –en palabras del geógrafo Erik Swyngedouw, «una estructura institucional verdaderamente burocrático-estalinista»– al servicio de convertir la naturaleza en créditos, capital o activos; comprar y vender servicios ecosistémicos; tasar económicamente a la naturaleza para salvarla12. Especulaciones recientes sobre los mercados de «activos naturales» son solo la versión más actual de un sueño, que tiene ya más de tres décadas, de liberar la riqueza que parecen contener los dones gratuitos de la naturaleza. Sin embargo, hasta ahora, su realización sigue siendo difícil de alcanzar. Convertir los ecosistemas en propiedades generadoras de ingresos –por no hablar de activos que estimulen el crecimiento– es enormemente complicado y rara vez tiene éxito.

Por el contrario, proteger realmente los servicios ecosistémicos es mucho más simple. En la mayoría de los casos, solo implica preservar franjas de tierra lo suficientemente extensas como para mantener intactas las relaciones ecológicas, y luego dejarlas en paz. Los ecosistemas, en cierto sentido, ya están socializados, en la medida en que sus cualidades físicas resisten las relaciones de propiedad privada; ya están automatizados, pues funcionan en gran medida por sí solos, con algún mantenimiento de vez en cuando. ¿Por qué empeñarse tanto en hacerlos monopolizables por intereses privados en lugar de aceptarlos como un bien público? ¿Por qué, para decirlo de manera sencilla, el Estado se toma tantas molestias para privatizar y capitalizar la naturaleza en lugar de socializarla?

La socialización de la naturaleza, sostiene el filósofo Jacob Blumenfeld, «tomaría en serio los ecosistemas como sitios de disputa política y planificación coordinada, de modo que pudieran plantearse, en primer lugar, preguntas no monetarias sobre el valor de la naturaleza y planificarse de manera proactiva de acuerdo con múltiples criterios de prosperidad humana y no humana»13. Sería lo que podríamos considerar una forma de creación consciente del planeta. Creación consciente del planeta no significa caer en la fantasía de que podemos diseñar la Tierra según especificaciones precisas o controlarla por completo, nada de lo cual, en mi opinión, es posible ni deseable. Simplemente significa asumir la responsabilidad colectiva de mantener, rehacer y cultivar los mundos multiespecie de los que los seres humanos dependen no solo para su mera supervivencia, sino también para una vida placentera, plena y significativa.

La creación de mundo se ha concebido a menudo como una práctica distintivamente humana. Para Hannah Arendt, el mundo es un mundo humano de artefactos duraderos, capaces de resistir los ciclos perpetuos de la naturaleza. Cuando creamos el mundo, creamos un espacio perdurable donde pueden actuar y aparecer seres humanos. Sin embargo, el «mundo humano duradero» en sí mismo no solo está constituido por la acción exclusivamente humana del homo faber, sino también por las actividades del mundo que excede lo humano, que Arendt clasifica dentro de los ciclos aparentemente efímeros del trabajo. Las entidades «naturales», como los bosques antiguos o los humedales, pueden ser cosas duraderas y terrenales que pueden durar miles de años, y también son objetos de cultivo humano, creación de significado y cuidado. No existen solo en patrones «cíclicos», sino que tienen sus propias historias de cambio y disrupción, así como de continuidad, que se entrelazan con las historias humanas y quizás ahora sean inseparables de ellas. La creación consciente del planeta implica que debemos reconocer que estas actividades no pueden aislarse de la política humana, como sugiere Arendt, sino que deben integrarse plenamente en la vida política.

Socializar la naturaleza implicaría, entonces, aplicar formas políticas de toma de decisiones y planificación a los ecosistemas, en lugar de dejarlos a merced de los antojos del mercado

Socializar la naturaleza implicaría, entonces, aplicar formas políticas de toma de decisiones y planificación a los ecosistemas, en lugar de dejarlos a merced de los antojos del mercado. Las dimensiones particulares de lo que esto podría implicar variarán según las necesidades de las personas, la producción y, por supuesto, los propios ecosistemas, que siempre se definen de manera relacional. Los ecosistemas, podríamos decir, no son cosas, sino situaciones. En algunos casos, la creación consciente del planeta podría significar reservar vastas extensiones de bosque o llanuras para que se regeneren; sin prohibir por completo la interacción humana, como suelen hacer los conservacionistas coloniales, sino simplemente impidiendo su conversión en centros de producción de materias primas. Podría significar crear espacios verdes en zonas urbanas, donde la gente pueda refrescarse en el calor del verano y las aves migratorias puedan hacer una pausa durante sus vuelos entre hemisferios. Con frecuencia implicará restaurar la tenencia indígena de la tierra. Si bien la creación del planeta a menudo implica simplemente dejar que la naturaleza haga su trabajo, en algunos casos puede requerir formas más activas de cuidado e intervención, como lo han imaginado pensadores indígenas como Nick Estes y ecofeministas como Ariel Salleh. El mantenimiento de los ecosistemas podría estructurarse en forma de programas de obras públicas como, de hecho, ya lo son muchos programas de pago por servicios ecosistémicos. En lugar de «desplazar» el cuidado espontáneo e inalienado de la naturaleza, compensar este tipo de trabajo podría contribuir al cuidado de los ecosistemas mediante el fomento de nuevas formas de interacción y atención. Una nueva clase de trabajadores ecológicos, a su vez –lo que los geógrafos han descrito como un creciente «ecoproletariado» formado por quienes trabajan en la economía de los servicios ecosistémicos–, podría desarrollar nuevas formas de política laboral y nuevas modalidades de lucha, en las que los intereses de los humanos y los ecosistemas estén más estrechamente alineados.

Los debates sobre el valor de la naturaleza, en otras palabras, nunca son una mera cuestión de ética o de «medio ambiente». También son, siempre, debates sobre qué producimos y por qué; sobre quién decide y con qué fines. Las decisiones sobre los servicios ecosistémicos nunca pueden limitarse a los ecosistemas mismos: inevitablemente abordarán otros aspectos de la vida social. Reducir la presión sobre las tierras salvajes podría requerir una construcción más densa de vivienda social y de transporte público para frenar la tendencia a la extensión de los asentamientos. Aprovechar los dones gratuitos del sol y el viento podría requerir la construcción de infraestructuras energéticas de propiedad pública; complementar la captura natural de carbono podría requerir la captura pública de carbono. Quizás lo más importante sea que las luchas por constituir los ecosistemas como servicios públicos e infraestructuras alimentarias inevitablemente plantearán desafíos a las economías tal como se las concibe actualmente. La economía tradicional tiende a considerar los bienes públicos exclusivamente como complementarios a la provisión privada. Pero aquí, al igual que con las externalidades negativas, el alcance del don gratuito amenaza con hacer estallar la categoría por completo. Porque proporcionar servicios públicos ecosistémicos a la escala necesaria implicará una reorientación masiva de los bienes, tanto privados como públicos. Preservar los ecosistemas como communia naturales significará no utilizarlos para la producción de petróleo, madera o ganado vacuno. En algunos casos, esto requerirá desarmar infraestructuras construidas por y para el capital: rellenar minas de carbón o desmantelar oleoductos, expropiar terrenos privados y devolverlos a la propiedad común. Esto podría significar frenar formas de producción que invaden territorios salvajes o emanan subproductos destructivos en bienes comunes atmosféricos y oceánicos. En otras palabras, requerirá confrontar el dominio del capital sobre nuestro planeta compartido.

La idea misma de ecosistema, después de todo, refleja el hecho de que los organismos están usándose constantemente entre sí, muchas veces de forma violenta

Los marcos de infraestructura y socialización pueden parecerles a algunas personas demasiado instrumentalizadores, demasiado orientados a las necesidades humanas. Pero «valor de uso» no tiene por qué significar instrumentalidad antropocéntrica. Puede significar utilidad para otros tipos de seres, utilidad dentro de la red de la vida. La idea misma de ecosistema, después de todo, refleja el hecho de que los organismos están usándose constantemente entre sí, muchas veces de forma violenta. Por lo tanto, ver los ecosistemas como infraestructura podría significar simplemente reconocer las formas en que dan sustento a los seres que los componen. Así como los estándares humanos de vida se basan no solo en la mera necesidad biofísica, sino también en las expectativas sociales y culturales, nuestra evaluación del estándar de vida planetario debería asimismo abarcar más que los meros límites planetarios. Un estándar de vida verdaderamente bueno apuntaría, casi con certeza, como afirma Sharon Krause, a la prosperidad y la libertad de humanos y no humanos por igual, tal como se refleja en la idea indígena americana del «buen vivir»/sumaq kawsay14. El punto esencial es que «uso» es una métrica completamente diferente de «intercambio».

Socializar la naturaleza tampoco significa necesariamente propiedad social de la naturaleza a perpetuidad. El propio Karl Marx es sorprendentemente visionario en este aspecto. Tras la superación del capitalismo, pensaba, «la propiedad privada de individuos particulares sobre la tierra parecerá tan absurda como la propiedad privada de un hombre sobre otros hombres». La propiedad colectiva no es la alternativa necesaria a la propiedad privada; en última instancia, «ni siquiera una sociedad entera, una nación o todas las sociedades que existen simultáneamente, tomadas en conjunto, son dueñas de la tierra. Son simplemente sus poseedoras, sus beneficiarias, y deben legarla en un estado mejorado a las siguientes generaciones, como boni patres familias»15. Los communia naturales podrían ser utilizados por todos y no serían propiedad de nadie.

Las naturalezas socializadas no desharán, por sí solas, ni la forma valor en sí ni las presiones disciplinarias que esta ejerce sobre el Estado. Sin embargo, podrían constituir una base, a menudo de forma bastante literal, sobre la que se podrían conformar colectivos más amplios y desde la cual se podría desafiar el poder de creación del planeta del capitalismo. Lo que el marco de las naturalezas socializadas como medio para la creación consciente del planeta reconoce es que somos responsables de la forma del planeta en el futuro, nos guste o no. Esto no significa que tengamos un control total sobre el mundo, o que el poder humano sea –ni mucho menos que debería ser– ilimitado. Significa que no podemos esperar que los ecosistemas sigan regenerándose en un mundo que los trata como si no tuvieran valor. Reconoce las relaciones con la naturaleza tal como las ha establecido el capitalismo para enfrentar directamente a los agentes de la destrucción ambiental. Disipa la fantasía de una naturaleza auténtica cuyo valor intrínseco podemos simplemente afirmar, y reconoce que no podemos evitar tomar decisiones sobre qué naturalezas usar y de qué manera. Sin embargo, puede abarcar la idea de que la naturaleza tiene un valor que va más allá de su valor de uso para nosotros, al tiempo que reconocemos que somos, en última instancia, responsables de la naturaleza que elegimos proteger y restaurar, transformar y rehacer, cultivar y dejar ser.

En este proyecto, sigue siendo indispensable la visión de la supervivencia terrenal que tiene Donna Haraway:

Para las salamandras, la regeneración tras una lesión, como la pérdida de una extremidad, implica la regeneración de la estructura y la restauración de la función, con la constante posibilidad de producciones topográficas gemelas u otras extrañas en el lugar de la lesión anterior. La extremidad que ha vuelto a surgir puede ser monstruosa, duplicada, potente. Todos hemos sufrido lesiones profundas. Necesitamos regeneración, no renacimiento, y las posibilidades de nuestra reconstrucción incluyen el sueño utópico de la esperanza de un mundo monstruoso sin género.16

Vivimos en un mundo que ha sufrido profundas heridas. Pero no podemos responder imaginando la restauración de un mundo pasado, su renacimiento en uno completamente nuevo. Al intentar devolver cierto grado de estructura y funcionamiento a este mundo, podemos –y debemos– aprender del mundo que excede lo humano, del que dependemos, y evaluar las necesidades de los seres no humanos al emitir juicios sobre lo que deberíamos hacer. Pero en un mundo que ha sido rehecho tan radicalmente, no podemos simplemente volver a «ciclos naturales» o patrones, o reproducir lo antiguo, sino que debemos asumir la responsabilidad de componerlos, sin imaginar jamás que podemos hacerlos enteramente a nuestro gusto.

Por lo tanto, las propuestas para «reparar» o «restaurar» el planeta deben responder a las preguntas: ¿qué ecosistemas –y para beneficio de quiénes– vamos a reparar y restaurar?; ¿qué tipos de prosperidad –y para quiénes– vamos a hacer posibles?; ¿qué planeta estamos construyendo, y para quién? En lugar de buscar restaurar una armonía natural imaginaria, en otras palabras, un proyecto de reparación que exceda lo humano debe ser lo que el filósofo Olúfémi O. Táíwò describe como un proyecto «constructivo», que tome en cuenta los daños del pasado pero que esté al mismo tiempo orientado a las necesidades del futuro17. Una visión constructiva de las reparaciones ecológicas no puede basarse en las apelaciones a una naturaleza originaria que acechan bajo los numerosos llamados a restaurar el equilibrio natural –o incluso a reconciliar a la humanidad y la naturaleza mediante la sutura de la «ruptura metabólica»–. El planeta que construyamos en adelante no será como el que existió en ningún otro momento de la historia. Si esto es desalentador, también es inevitable. No hay otro planeta en el que podamos crear un mundo. Logo de Nueva Sociedad

Alyssa Battistoni: es profesora de Teoría Política en el Barnard College (Nueva York). Es autora de Free Gifts: Capitalism and the Politics of Nature (Princeton up, 2025) y coautora de A Planet to Win: Why We Need a Green New Deal (Verso, Londres, 2019). Integra el consejo editorial de la revista Dissent.

Palabras claves: dones, ecosistemas, mercado, naturaleza, precios, socialización.

Nota: este artículo es un extracto del libro Free Gifts: Capitalism and the Politics of Nature, Princeton up, Princeton, 2025. El extracto fue previamente publicado por la revista Dissent, primavera de 2025. Traducción: Carlos Díaz Rocca.

1. A. Lowenhaupt Tsing: The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins, Princeton up, Princeton, 2015, p. 22. [Hay edición en español: Los hongos del fin del mundo. Sobre la posibilidad de vida en las ruinas capitalistas, Caja Negra, Buenos Aires, 2023].

2. D. Attenborough, prefacio a Partha Dasgupta: The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review, hm Treasury, Londres, 2021, p. 1.

3. W.D. Nordhaus: «World Dynamics: Measurement without Data» en Economic Journal vol. 83 No 332, 1973, p. 1178.

4. P. Dasgupta: «It’s Not a Giant Step to Introduce Nature into Economics» en Financial Times, 4/11/2021.

5. G. Daily: Nature’s Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems, Island, Washington, dc, 1997, p. 6.

6. Cit. en Gillian Tett: «Why We Need to Put a Number on Our Natural Resources» en Financial Times, 23/9/2020.

7. E.O. Wilson: The Diversity of Life, W.W. Norton, Nueva York, 1992, p. 283.

8. A. Gorz: Ecology as Politics, South End Books, Boston, 1980, p. 65.

9. J. Locke: Two Treatises of Government, Cambridge up, Cambridge, 1988, p. 297. [Hay edición en español: Dos tratados sobre el gobierno civil, varias ediciones].

10. Cit. en Karl Marx: «On the Jewish Question (1843)» en Marx & Engels Collected Works vol. 3, Lawrence and Wishart, Londres, 1976, p. 172.

11. J.C. Scott: Seeing like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed, Yale up, New Haven, 1998, p. 39.

12. Giorgos Kallis y E. Swyngedouw: «Do Bees Produce Value? A Conversation between an Ecological Economist and a Marxist Geographer» en Capitalism Nature Socialism vol. 29 No 3, 2018, p. 42.

13. J. Blumenfeld: «The Socialization of Nature», trabajo presentado en la conferencia ici Politics of Nature, Berlín, 20/10/2022.

14. S. Krause: Eco-Emancipation: An Earthly Politics of Freedom, Princeton up, Princeton, 2023.

15. K. Marx: El capital iii, en Marx y Engels Collected Works vol. 37, Lawrence and Wishart, Londres, 1998, p. 763.

16. D.J. Haraway: «A Manifesto for Cyborgs: Science, Technology, and Socialist Feminism in the Late Twentieth Century» en Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature, Routledge, Milton Park, 1991, p. 181. [Hay edición en español: Manifiesto para cyborgs. Ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales del siglo xx, Letra Sudaca, Mar del Plata, 2020].

17. O. Táíwò: Reconsidering Reparations, Oxford up, Oxford, 2022.

| ensayo

Los orígenes de Nueva Sociedad y la izquierda latinoamericana

Martina Garategaray

Fundada en 1972, la revista Nueva Sociedad, una iniciativa de la Fundación Friedrich Ebert, fue más que una «revista socialdemócrata» y dialogó con diferentes expresiones de las izquierdas latinoamericanas. Volver a esos primeros años, en el contexto de la Guerra Fría y de las dictaduras militares, permite no solo asomarse a la historia de la revista, sino además reconstruir redes político-intelectuales que buscaron, no sin tensiones, promover el socialismo democrático.

Asumiendo el desafío de escribir sobre una revista en la misma revista, en estas páginas me voy a detener en los quizás menos conocidos inicios de esta publicación latinoamericana que ya superó los 50 años de historia. Son estos primeros años de una revista los que fijan su hoja de ruta, por lo que podemos ver en ellos ciertas pistas de su derrotero posterior, así como también indicios de su larga existencia.

En tiempos en que las revistas vienen suscitando gran atención y son objeto de estudio, las perspectivas para analizarlas se dividen, de manera esquemática, en tres grandes corrientes: las que se concentran en los textos publicados y atienden a las ideas y los conceptos, su contenido; las que ponen el acento en las personas que la integran, sus trayectorias y redes de sociabilidad, el mundo revista; y por último, las que hacen hincapié en la relación de la publicación con su contexto de producción y enunciación, su tiempo y su materialidad1. La mayoría de los trabajos sobre el tema entrecruzan estas dimensiones, pero difieren en el hincapié que hacen en una u otra vía de entrada. Aquí leeremos la primera década de Nueva Sociedad como un archivo de su época y, adelantando un poco el argumento, será esta la historia de una revista, pero también una historia de la democracia latinoamericana de los años 70.

Nueva Sociedad se publicó por primera vez en 1972 en San José de Costa Rica, aunque se imprimía en Bonn, gracias al apoyo de una fundación alemana, la Fundación Friedrich Ebert (fes, por sus siglas en alemán). Si bien en esos años iniciales no aparecía el logo de la fes en la tapa, sí se reconocía la dependencia económica de la fundación para solventar los gastos de edición y publicación; dependencia financiera de la que se esperaba poder prescindir en un futuro no lejano –objetivo que luego fue abandonado–.

Heredera del pensamiento político de Friedrich Ebert, el primer presidente de la República de Weimar electo democráticamente, la fes es la fundación política más antigua de la República Federal de Alemania –en 2025 cumplió 100 años– y, como toda fundación política de ese país, se asocia a un partido, en su caso al Partido Socialdemócrata de Alemania (spd, por sus siglas en alemán), con el que comparte ideología y valores básicos. En la práctica, hay una separación entre fundaciones y partidos, pero el financiamiento de las primeras está sujeto al partido de origen y proviene de dinero público del gobierno federal. El presupuesto de las fundaciones se asigna en el Bundestag de acuerdo con las representaciones parlamentarias en los últimos cuatro periodos legislativos, y eso hace que dependan de la fuerza electoral de sus partidos2.

La fes desembarcó en América Latina en la década de 1960. La Guerra Fría y las crecientes divisiones ideológicas en la comunidad mundial fueron decisivas para que las potencias occidentales se preocuparan por la expansión del comunismo en América del Sur, donde la situación económica y social impulsaba los llamados a un cambio de sistema. La Revolución Cubana fue un hito decisivo para que Estados Unidos, que buscó frenar la influencia comunista en América Latina con la Alianza para el Progreso, exhortara a los Estados occidentales a trabajar más intensamente en la misma dirección. En este contexto, el gobierno federal alemán, que por la situación particular de la Alemania dividida consideraba importante que los países latinoamericanos no tomaran como referencia a la Unión Soviética, aprobó un programa de ayuda al desarrollo para los países del Sur global. Si bien el Ministerio de Relaciones Exteriores ya ponía a disposición fondos públicos con este fin desde 1956, frente a la demanda de eeuu esta ayuda se intensificó y en 1961 se creó un ministerio especial para ello: el Ministerio Federal para la Cooperación Económica y el Desarrollo (bmz, por sus siglas en alemán), destinado a disminuir las desigualdades económico-sociales entre países desarrollados y países en desarrollo.

En los años en que el spd lideró el gobierno (entre 1969 y 1983) y era fuerte en el Parlamento, la fes intensificó su accionar en la región. En 1964 abrió oficinas en varios países latinoamericanos, entre ellos Costa Rica. Desde 1967, se habían intensificado los vínculos entre la fes y el costarricense Partido Liberación Nacional (pln), y uno de sus líderes más importantes, Luis Alberto Monge, se había reunido en varias oportunidades con el entonces director de la fundación, Günter Grunwald, y le había solicitado apoyo para crear un centro en su país capaz de frenar el avance del comunismo en la región. En 1968 surgió el convenio que dio origen al Centro de Estudios sobre la Democracia en América Latina (cedal), como el organismo ejecutor en el ámbito local de los programas de educación que iba a patrocinar la fes. Nueva Sociedad –que tomó su nombre de Neue Gesellschaft, una publicación vinculada al spd fundada a comienzos del siglo xx– nació para acompañar las discusiones del cedal. No es casual que su primer director fuese Alberto Baeza Flores, periodista y escritor chileno residente en Costa Rica que era, al mismo tiempo, director de la Biblioteca y Publicaciones de cedal.

Para acompañar a este hombre de confianza de la fes, se formó un consejo editorial integrado por una interesante nómina de figuras que años más tarde tendrían gravitación en la política de sus respectivos países. En 1972, ellos eran Demetrio Boersner, académico venezolano y militante del Movimiento Electoral del Pueblo (mep), corriente de izquierda socialista que surgió de una escisión de Acción Democrática (ad); Rodrigo Borja, intelectual y político ecuatoriano que lideró Izquierda Democrática (id), una corriente disidente del Partido Liberal Radical Ecuatoriano; Orlando Cantuarias, miembro del Partido Radical de Chile que se desempeñó como ministro de Minería, de Salud Pública, y de Vivienda y Urbanismo durante el gobierno de Salvador Allende; Antonio García, economista colombiano de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y consultor de la reforma agraria; el ya mencionado Luis Alberto Monge, líder del pln de Costa Rica, presidente del Congreso y militante anticomunista; Jorge Selser, dirigente del Partido Socialista Argentino hasta que en 1972 participó de la fundación del Partido Socialista Popular (psp); Mário Soares, un reconocido líder socialista portugués que durante su exilio en Francia trabajó en varias universidades; Enrique Tierno Galván, intelectual marxista y fundador, en 1968, del Partido Socialista del Interior (psi) en España, bajo la dictadura franquista; Andrés Townsend, académico y político miembro y dirigente del Partido Aprista Peruano (apra), y por último, Voriz An Wandter, miembro del Instituto de Investigación de la fes en Bonn.

Esos miembros del consejo editorial –consejo que desaparece como tal después del golpe de Estado de Augusto Pinochet, aunque muchos de ellos siguieron participando en la revista–, que se identificaban con variadas corrientes del socialismo democrático latinoamericano, figuras de partidos y personalidades independientes, junto con prominentes líderes del socialismo español y portugués, daban cuenta no solo de lo heterogénea que podía ser la izquierda no comunista en la década de 1970, sino también del compromiso de la revista con mostrar ese campo plural. Veamos al respecto las primeras posiciones de Nueva Sociedad, lo que se conoce, en los trabajos sobre publicaciones, como el manifiesto fundacional.

En su primer número y en la primera página, la revista se presentaba de este modo:

Nueva Sociedad es una revista de problemas sociales, políticos, económicos y culturales, que aparece cada dos meses (…) es una revista abierta al diálogo –lo más amplio posible–. Desea ser tribuna ideológica para y desde América Latina –con participación también de la Península Ibérica– en esta hora difícil de los cambios de las viejas estructuras. Nueva Sociedad desea estar atenta a la hora del mundo e incluye, por eso, temas y autores europeos, asiáticos y africanos que puedan significar una relación, un aporte, una enseñanza al esclarecimiento de nuestros problemas latinoamericanos.3

El sentido de varias de estas frases es aclarado por Baeza Flores en «Notas del Director». Allí, afirma que la revista parte de problemas «en busca de esclarecer nuestra realidad y aproximar soluciones». Y en esa búsqueda, sin renunciar a su raíz ideológica, se abría al diálogo que le permitiera «huir tanto del dogmatismo como de la retórica sociopolítica y cultural». En un escenario en el que se oponen las fuerzas populares a las «fuerzas negadas a todo cambio estructural, desde el imperialismo a la oligarquía y sus aliados», el «socialismo democrático latinoamericano tiene una tarea que cumplir». «Hemos sido y somos víctimas de imperialismos y colonialismos, en América Latina, y estas realidades –de no ser remediadas– solo pueden desembocar en nuevas tensiones, pues los pueblos no son inertes al dolor, ni a la liberación, ni a la esperanza». En la búsqueda de soluciones y de remediar situaciones imperantes, Baeza Flores cierra sus notas diciendo: «Hacer es la mejor manera de decir, dijo un día José Martí, que fue un revolucionario democrático y un combatiente singular, un luchador insobornable contra todas las formas imperialistas y colonialistas. También desearíamos que, idealmente, nos acompañara, en esta hora tan difícil, de tantas encrucijadas, de tantos riesgos, pero, a la vez, de tan comprometedoras esperanzas»4.

En ese decir y hacer –ya que en Cómo hacer cosas con palabras John L. Austin nos advirtió del carácter performativo del lenguaje5–, se daba inicio a un proyecto editorial que combinaba el pensamiento con la acción, la pertenencia política de muchos de sus colaboradores con la actividad intelectual, la amplitud con el diálogo, pero sin renunciar a su raíz ideológica: el socialismo democrático.

De este modo, la etapa costarricense estuvo marcada por la publicación de muchos artículos de los líderes de la Internacional Socialista, en especial del líder socialdemócrata alemán Willy Brandt, y de varios políticos alemanes vinculados al partido y colaboradores de la fes, así como de documentos de políticos y académicos latinoamericanos que se discutían en los encuentros del cedal. En ellos se iban articulando los tópicos del socialismo democrático: el desarrollo económico, la justicia social y las libertades políticas. Mientras se impulsaban el progreso y el desarrollo de América Latina como camino para la superación económica y social, eran bienvenidas audacias latinoamericanas como las encarnadas en los proyectos de integración, como el Pacto Andino o el Sistema Económico Latinoamericano (sela), que serían puntas de lanza para la demanda de un Nuevo Orden Económico Internacional. En estas reflexiones, las teorías cepalianas y dependentistas no se erigían solo como explicaciones del atraso de la región, sino como puntos de partida para la creación de relaciones económicas equitativas capaces de terminar con la pobreza y la marginalidad6.

El progreso político, en un contexto en el que paulatinamente los gobiernos democráticos iban siendo barridos por dictaduras, tenía un faro en el socialismo internacional y su defensa de las libertades y los derechos humanos. En 1974, la victoria del líder de ad en Venezuela, Carlos Andrés Pérez, y la consiguiente nacionalización del petróleo parecían ofrecer una buena síntesis de ese progreso político y social en la región.

En enero de 1976, a partir del número 22, la redacción de Nueva Sociedad se muda a Caracas, donde además comienza a imprimirse la revista. Es muy probable que haya influido en el traslado la popularidad de Pérez en la región y en el mundo, como así también el potente debate académico e intelectual que se estaba dando en Venezuela, en gran medida gracias a la comunidad de exiliados (en especial chilenos, pero también del resto del Cono Sur). Además fue importante la gestión de Klaus Lindenberg, funcionario de la fes, con su capacidad para conectar a ad con los líderes de la socialdemocracia internacional. La fes había llegado a Venezuela en 1966, a pedido de ad, con el objeto de organizar actividades de asesoramiento sindical; entre los jóvenes presentes en esas actividades, se encontraba Lindenberg, quien se hizo cargo del proyecto en 1970 y en 1973 fundó formalmente el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ildis), dependiente de su homónimo en Bonn. Lindenberg se convirtió en un actor clave en las conversaciones que llevarían a la Reunión de Caracas y, al poco tiempo, renunció para convertirse en asesor de Willy Brandt en temas de América Latina. Tras la mudanza de Nueva Sociedad a Caracas, Santiago Maggi Cook, que trabajaba en el ildis junto a Lindenberg, asumió como director interino de la revista7.

Más allá del éxito de las socialdemocracias en Europa (en Alemania y Suecia lideraban el gobierno), y de que en otros países se convertían en alternativas políticas populares, las ideas socialdemócratas y el pensamiento de los líderes de la Internacional Socialista como Brandt, Olof Palme, Bernt Carlsson, François Mitterrand, Mário Soares, Felipe González o Pierre Schori tuvieron un fuerte impulso en América Latina. Nueva Sociedad fue un espacio sumamente importante para la difusión de sus ideas, y ese clima fue potenciado por la Reunión de Dirigentes Políticos de Europa y América Latina en Pro de la Solidaridad Democrática Internacional, que se celebró en Caracas en abril de 1976 bajo los auspicios de ad y del entonces presidente Carlos Andrés Pérez, junto con el Partido Revolucionario Institucional (pri) de México. A este evento asistieron los más destacados dirigentes de los partidos socialdemócratas y socialistas europeos y de un gran número de partidos latinoamericanos de corte socialdemócrata, laborista o populista8.

En esa oportunidad, el progresismo al que aludía Nueva Sociedad como espacio amplio e indefinido identificado con los valores de la justicia social, el desarrollo económico y la libertad se cargaba de nombres, historias y propuestas, a punto tal que Willy Brandt se refirió al encuentro como uno tan plural que «la adhesión a la democracia social, para nosotros equivalente al socialismo democrático, podía fundamentarse de diferentes maneras»9. Así, reafirmaba la pluralidad como base del socialismo democrático y la aceptación de las vías autóctonas. La Internacional Socialista fue de ese modo sumando a grupos, movimientos y partidos totalmente disímiles (organizaciones guerrilleras, agrupaciones marxistas, partidos socialistas parlamentarios y socialdemócratas, populistas, laboristas, liberal-conservadores y un partido de Estado con cuestionables credenciales democráticas como el pri), que se unían frente a la amenaza que representaban las dictaduras militares para sus proyectos políticos –y la influencia de eeuu en la región–.

Para el número 25 de la revista aparece en escena Karl Ludolf Hübener, periodista ligado al ala izquierda del spd. Formalmente y por una decisión de la fes, asume como director en el número 33 de fines de 1977, con Diana Maggiolo como asistente (hija de Oscar Maggiolo, rector de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, exiliado en Caracas), Daniel González como editor (hijo de Eugenio González Rojas, considerado uno de los fundadores del Partido Socialista de Chile) y Aníbal Ortizpozo (artista chileno exiliado en Caracas) como jefe de arte.

Con Hübener surge el lema de la revista, que se mantendrá hasta la fecha: «Nueva Sociedad es una revista abierta a las diferentes corrientes del pensamiento progresista, que aboga por el desarrollo de la democracia política, económica y social». Se tratará de un «pensamiento progresista» que combine, no sin tensiones, reivindicación de la democracia, combate a las fuerzas reaccionarias y conservadoras, y posiciones antiimperialistas. En el contexto de una Guerra Fría que no fue «fría» en América Latina, el antiimperialismo, en sintonía con una larga tradición latinoamericana, se teñía de antinorteamericanismo.

Junto a los artículos de renombrados políticos e intelectuales, aparecen las primeras caricaturas, también de reconocidos artistas. Si bien América Latina se identificaba culturalmente con los valores occidentales, eeuu y su política hacia la región representaban un límite para los latinoamericanos. Y aunque ese país era un aliado estratégico de la República Federal Alemana –en el contexto de la Guerra Fría y de la división de la propia Alemania–, las posiciones antiimperialistas circulaban ampliamente en la revista, a pesar de las eventuales reservas de la fes.

eeuu representaba la alteridad frente a la cual se erigía la «unidad latinoamericana». Todos los progresismos de la región estaban de acuerdo en denunciar las intromisiones de Washington y se solidarizaban con los pueblos agredidos e incluso invadidos. Sin embargo, en esta apertura de la socialdemocracia latinoamericana a la cuestión del imperialismo, también se discutía el piso mínimo compartido, es decir, qué se entendía por socialismo democrático, democracia social o socialdemocracia. En el editorial de 1979 posterior a la revolución nicaragüense, titulado «Reformismo, revolución, socialismo democrático», se afirma que Nueva Sociedad «inicia con este número un debate ideológico tendiente, si no a definir el socialismo democrático, por lo menos a delimitar su ámbito conceptual y político»10. Se buscaba, por un lado, evitar apropiaciones, usos indebidos del concepto por «partidos mal llamados ‘socialdemócratas’» que eran más bien partidos conservadores, pero a la vez abrir el debate. De este modo, se cuestionaban los usos, pero también la potencia transformadora y revolucionaria del socialismo democrático. Un dibujo de Rainer Hachfeld, el único ilustrador alemán que colaboró con la revista en esos años, que residía en Caracas y firmaba como H. Campo –en una traducción al español de su apellido–, lo demuestra muy bien (v. figura 2). La fuerza de su ilustración radica en sintetizar a golpe de ojo una transformación. El símbolo de la lucha socialista, el puño cerrado y alzado, se transforma en un hombre de traje (no un obrero) que saluda cortésmente levantando su sombrero, sonriendo y vivando al socialismo democrático. Metamorfosis de la figura, que puede representar tanto la profesionalización del político como la conversión de la lucha: del asalto al poder a la deliberación parlamentaria; y también metamorfosis del socialismo, que debe enfatizar su carácter democrático para diferenciarse de los socialismos reales del bloque soviético.

Nicaragua representó un gran desafío para las fuerzas identificadas con la izquierda democrática latinoamericana, pero los líderes de la Internacional Socialista mostraron su apoyo y desde la revista se acompañó también esa gesta emancipatoria. Las revoluciones en Nicaragua y las insurrecciones guerrilleras en El Salvador y Guatemala desataron el debate sobre la violencia y la revolución. Frente a las dictaduras, se reconocía la validez y legitimidad de la violencia popular. Y si la revolución parecía haber sido apropiada por el comunismo, el socialismo democrático solo apoyaba la estrategia revolucionaria cuando todos los canales de negociación se hubiesen cerrado.

Después de la gesta cubana, toda revolución olía a comunismo, y por ello tanto Nueva Sociedad como la Internacional Socialista legitimaron parcialmente la violencia revolucionaria, por un lado, y por el otro buscaron revalorizar la democracia. En las voces de los líderes políticos que se identificaban con la Internacional Socialista, como Brandt, Soares, José Francisco Peña Gómez, Rodrigo Borja o Pérez, el socialismo democrático no solo respondía a las condiciones de América Latina: era la alternativa al hambre, la opresión y la explotación. No era un producto importado sino autóctono, y podía ir acompañado de violencia si esta era la única respuesta posible en contextos dictatoriales. En 1981, podía leerse en el editorial del primer número del año de Nueva Sociedad: «En la medida que las fuerzas reaccionarias e imperialistas se resistan a los urgentes cambios sociales que reclaman los pueblos e impidan una solución pacífica a los problemas políticos, estarán creando irresponsablemente las condiciones para que prospere la violencia como único medio para lograr la justicia social»11. La legitimación de la violencia en América Latina descansaba en el reconocimiento de que esta, dado el lugar de dependencia de la región, se justificaba en las particulares condiciones de sistemática opresión y la negación de los derechos humanos.

En este proceso de definición de un socialismo democrático y revolucionario que se ajustaba a los tiempos latinoamericanos y en el que convergían fuerzas políticas disímiles, es decir, disputando la revolución al comunismo, se produce una discusión en torno del marxismo y el propio Marx. En varios artículos, Demetrio Boersner (igual que el mismo Brandt) reconocía el legado de Marx en el socialismo y reivindicaba a Marx y Engels como socialistas democráticos. Marx va a aparecer en la revista de diversos modos, acompañando muchas de las reflexiones. En 1983 se le dedicó un número entero como homenaje por el centenario de su muerte. En los albores del siglo xxi, se afirmaba, Marx era aún la figura que suscitaba más controversias en la izquierda.

El desacople entre Marx y el marxismo que propone la caricatura de Eneko las Heras (v. figura 3) permite volver sobre su pensamiento para hablar de la crisis de las izquierdas –incluidos los grupos armados– y la revalorización de la democracia, en los albores de la transición democrática en varios países de la región, proceso que la revista acompañará desde sus páginas.

Los primeros años de Nueva Sociedad fueron los del auge de la socialdemocracia, el esplendor de la Internacional Socialista, la circulación de un discurso progresista y socialdemócrata en la región. Como afirma Bernd Rother, nunca antes ni después la socialdemocracia tendrá tanta importancia en América Latina12. Pierre Schori describía la novedad con cierta perplejidad, preguntándose cómo era posible que «el continente de las dictaduras» se transformara en «el más fértil de los terrenos» para la expansión de la socialdemocracia13. En este breve derrotero hemos intentado ofrecer de la mano de la revista algunas pistas.

El décimo aniversario de la revista coincidió con el recambio editorial, y en ese momento se publicó un pronunciamiento titulado «Nosotros, científicos sociales de América…» en el que se afirmaba: «Nueva Sociedad, después de su conversión de órgano de propaganda de una organización política internacional en una revista de verdadera discusión y difusión de ideas, ha venido cumpliendo un papel destacado (…) ha estado entre los más importantes foros (…) en el campo de las ciencias sociales latinoamericanas» y «un importante punto de referencia de los intelectuales progresistas de nuestra América»14.

El texto se publicó cuando Hübener fue reemplazado por Alberto Koschützke, en el marco de cierto descontento por parte de la Central de la fes respecto a la política editorial de la revista. Algunos artículos y caricaturas incomodaban a «la Central» por las recurrentes críticas a eeuu, y a fines de 1980 se le envió al director un documento que vale la pena destacar15. En él se afirmaba que la revista debía concentrarse en discusiones político-programáticas, capaces de ofrecer salidas a los problemas y brindar información para la toma de decisiones, antes que en debates político-ideológicos que la limitaban a ser una suerte de «órgano de la izquierda intelectual universitaria latinoamericana». También se sostenía que «[l]as ideas y las tendencias políticas predominantes en Nueva Sociedad se hallan alejadas de los valores fundamentales de la socialdemocracia alemana». La reprimenda, por un lado, recordaba la alianza entre Alemania occidental y eeuu en la contienda internacional, y por el otro, ratificaba la idea de que, si la fes se ubicaba en América Latina más a la izquierda que el spd, Nueva Sociedad estaba aún más a la izquierda de ese espectro político e intelectual.

Pero lo que la oficina central de la fes detectaba en 1980 como problemático, o como posible debilidad de la revista, tal vez pueda ser leído como un éxito: el haber construido un vínculo que ha demostrado ser duradero con los políticos, intelectuales y académicos latinoamericanos, y ser una plataforma del debate intelectual. No es casual que en esos primeros años se haya desplegado en la revista la pluma de intelectuales como Leopoldo Zea, Carlos Vilas, Alain Touraine, Eugenio Tironi, Heinz Sonntag, Paul Singer, Gregorio Selser, Darcy Ribeiro, Aníbal Quijano, Raúl Presbisch, Juan Carlos Portantiero, James Petras, Teodoro Petkoff, Ludolfo Paramio, Guillermo O’Donnell, Tomás Moulian, Jesús Martín Barbero, Ruy Mauro Marini, Norbert Lechner, Franz Hinkelammert, André Gorz, Pablo González Casanova, Julio Godio, Manuel Antonio Garretón, Néstor García Canclini, Eduardo Galeano, André Gunder Frank, Enzo Faletto, Aldo Ferrer, Theotônio Dos Santos, Fernando Henrique Cardoso, Gerardo Caetano, José Joaquín Brunner, Willy Brandt, Demetrio Boersner, Daniel Waksman Schinca, Oscar Waiss, Héctor Béjar, Line Bareiro, José Aricó, Benjamín Arditi, Samir Amin o Hugo Achugar. Y que también colaboraran dibujantes de la talla de Víctor Hugo Irazábal, Francisco «Pancho» Graells, Patricia Israel, May, Gustavo Zalamea, Fernando Daza, Rainer Hachfeld (H. Campo), Aníbal Ortizpozo, Alfonso Rondón Núñez, Gilberto Ramírez, Régulo Pérez, Pedro León Zapata, Abilio Padrón, Edmundo Vargas, Claudio Cedeño, Enrique Valdiviezo, Octavio Russo, Julio Zuñiga «Peli», Roberto González, Eneko las Heras o Rodrigo Flo.

Se trató, entonces, de un recambio editorial, pero también de un momento en el que comenzaban a perfilarse ciertos cambios de época y ciertas fisuras de esa «unidad en la pluralidad» que había representado el socialismo democrático latinoamericano. La Guerra de Malvinas entre Argentina y el Reino Unido separó a los europeos (que se mostraron más bien contrarios a la avanzada del gobierno dictatorial argentino) de los latinoamericanos (que apoyaron a Argentina en un reclamo que leían como antiimperialista y anticolonial), y representó un golpe a la idea del diálogo entre el Norte y el Sur, agudizando las diferencias y las distancias. El fracaso de la Comisión Independiente sobre Problemas Internacionales del Desarrollo16 echaba por tierra el esfuerzo más serio por establecer un Nuevo Orden Económico Internacional. A esto se sumó el aumento de la conflictividad entre los partidos latinoamericanos por los sucesos en América Central17. Por añadidura, en 1982, el spd sufrió una derrota electoral en Alemania que llevó al partido a la oposición. La llegada de Ronald Reagan a la Presidencia de eeuu reactivó la polarización geopolítica y dejó poco margen para proyectos no alineados o que se presentaran como terceristas, como muchas veces lo hizo la propia socialdemocracia. Por ello afirmamos que en estos años se cerró un ciclo, el más potente en la historia de la socialdemocracia en América Latina y el Caribe.

En época de aniversarios –la fes cumplió 100 años en 2025 y Nueva Sociedad 50 años en 2022–, estas páginas se propusieron invitar a los lectores a recuperar esos primeros pasos de Nueva Sociedad en los que se construyó una relación de la revista con el progresismo latinoamericano.

Alberto Koschützke, director de Nueva Sociedad entre 1983 y 1992, ha dicho que el único éxito del socialismo democrático en América Latina fue la revista Nueva Sociedad18. Y el hecho de que la publicación siga existiendo puede ya leerse como un logro, aunque las ideas socialistas democráticas están en baja hace varios años. Este éxito radica en haber sintonizado con ciertos valores latinoamericanos como la democracia y la justicia social que, aunque cuestionados y atacados, conservan capacidad de articulación identitaria.

La longevidad de Nueva Sociedad parece dar cuenta de su adaptabilidad al paso del tiempo, pero también de su capacidad para captar el espíritu de una época que le dio su identidad. Ello hace de la revista un archivo de una época pasada pero aún presente, y la vuelve relevante para seguir pensando la región hoy. Logo de Nueva Sociedad

Martina Garategaray: es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (uba). Se desempeña como investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina y del Centro de Historia Intelectual de la Universidad Nacional de Quilmes (unq).

Palabras claves: izquierda, socialdemocracia, Nueva Sociedad, América Latina.

1. Entre la abundante bibliografía sobre el tema, podemos destacar: Horacio Tarcus: Las revistas culturales latinoamericanas. Giro material, tramas intelectuales y redes revisteriles, Tren en Movimiento, Buenos Aires, 2020; Andrea Pita González, Ignacio Barbeito, Carla Galfione, Ezequiel Grisendi y Diego García: «Revistas y redes intelectuales. Ejercicios de lectura» en Revista de Historia de América No 157, 2019.

2. Entre las fundaciones políticas alemanas se incluyen la Konrad Adenauer, vinculada a la Unión Demócrata Cristiana; la Rosa Luxemburgo, vinculada a Die Linke [La Izquierda]; la Heinrich Böll, ligada al Partido Verde, y la Friedrich Naumann para la Libertad, a los liberales (Partido Democrático Libre, fdp). Recientemente, el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (afd) creó la fundación Desiderius Erasmus. Ver Peter Birle: «Las actividades de las fundaciones políticas alemanas en América Latina. Posibilidades y límites de la promoción de la democracia por parte de actores externos» en P. Birle, Sandra Carreras, Iken Paap y Friedhelm Schmidt-Welle: Producción de saberes y transferencias culturales. América Latina en contexto transregional, Vervuert / Iberoamericana, Madrid-Fráncfort del Meno, 2023; Ernst Kerbusch: «The International Work of the Friedrich Ebert Foundation: A Professional’s Perspective» en Anna Abelmann y Katharina Konarek (eds.): The German Political Foundations’ Work between Jerusalem, Ramallah and Tel Aviv: A Kaleidoscope of Different Perspectives, Springer, Wiesbaden, 2018 y en Israel Journal of Foreign Affairs vol. 3 No 12, 1/2019; Michael Pinto-Duschinsky: «The Party Foundations and Political Finance in Germany» en F. Leslie Seidle (ed.): Comparative Issues in Party and Election Finance, Dundurn Press, Toronto, 1991; Nikolaus Werz: «Desigualdad e intentos de reforma: el caso de las fundaciones alemanas en América Latina», La Plata, 2018, mimeo.

3. Nueva Sociedad No 1, 7-8/1972.

4. «Notas del Director de Nueva Sociedad. Un compromiso y un escenario» en Nueva Sociedad No 1, 7-8/1972, pp. 3-5.

5. J.L. Austin: Cómo hacer cosas con palabras [1962], Paidós, Barcelona, 1982.

6. Sobre la presencia de las teorías de la dependencia en la revista, v. Martín Aranguren: «La evolución de la revista Nueva Sociedad en el marco de la historia política y científico social de América Latina (1972-1998), con foco en la llamada ‘Teoría de la Dependencia’» en Espacio Abierto. Cuaderno Venezolano de Sociología vol. 19 No 1, 1-3/2010.

7. Sobre la etapa de la revista en Venezuela, v. Tomás Straka: «Nueva Sociedad o el nacimiento de una socialdemocracia global» en Nueva Sociedad edición digital, 9/2022, disponible en <www.nuso.org>

8. Tilman Evers: «La socialdemocracia europea en América Latina. Un análisis histórico con particular referencia al caso de Alemania» en Menno Vellinga (coord.): Democracia y política en América Latina, Siglo xxi Editores, Ciudad de México, 1993.

9. W. Brandt: «Documentos» en Nueva Sociedad No 24, 5-6/1976.

10. Nueva Sociedad No 44, 9-10/1979, p. 2.

11. Nueva Sociedad No 52, 1-2/1981, p. 2.

12. Fernando Pedrosa: La otra izquierda. La socialdemocracia en América Latina, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2012; B. Rother: Global Social Democracy: Willy Brandt and the Socialist International in Latin America, Lexington Books, Lanham, 2022.

13. P. Schori: «Socialdemocracia y América Latina (un punto de vista sueco)» en Nueva Sociedad No 40, 1-2/1979, p. 115.

14. El texto llevaba las firmas de Armando Córdova, Francisco Mieres, Héctor Silva Michelena, Héctor Malavé Mata, Sergio Aranda, Miguel Ron Pedrique, Miguel Bolívar, José A. Silva M., Heinz Sonntag, Rafael de la Cruz, Josefina R. de Hernández, Fernando Porta, Miguel Lacabana, Marisela Padrón, Oscar Moreno, Gastón Carvallo, Carmen Elena Parés, Juan Pablo Arroyo, Juan Carlos Portantiero y Emilio de Ípola. «10 años… opiniones…» en Nueva Sociedad No 63, 11-12/1982, pp. 139-152.

15. Documento de posiciones sobre el proyecto Nueva Sociedad, 1980, archivo personal de Karl Hübener.

16. V. el documento «Norte-Sur. Un programa para la supervivencia. Informe de la Comisión Independiente sobre Problemas Internacionales del Desarrollo», también conocido como «Informe Brandt».

17. Como sostiene Pedrosa, mientras el pln y ad –y también el Partido Socialista Obrero Español (psoe)– rompieron relaciones con el gobierno nicaragüense, los salvadoreños y los granadinos –así como el propio Brandt– mantenían su apoyo a los sandinistas. F. Pedrosa: ob. cit.

18. Entrevistas de la autora, Berlín, 2024.

Summaries
Resúmenes en inglés

Pablo Stefanoni / Diego Velásquez: The Bolivian mas: A Collapse without Pain or Glory? [5050]

The first round of the Bolivian elections sealed the end of the Movimiento al Socialismo (mas), leaving it practically out of Parliament after two decades of political and institutional dominance. Its former electorate shifted largely toward the candidacy of Rodrigo Paz Pereira, positioned on the center-right, raising questions about the future of the so-called «popular bloc» and the Bolivian left. The second round on October 19 will determine how Bolivia adapts to the new regional political climate, heterogeneous but leaning to the right.

Keywords: Movimiento al Socialismo (mas), Evo Morales, Rodrigo Paz Pereira, Bolivia.

Adam Shatz: Berlin Diary: Twists of German Memory [5051]

How has Germany’s processing of Holocaust memory shaped national and international views of the present? This chronicle seeks to address various aspects of this issue in the context of the destruction of Gaza and the cracks in the German Staatsräson [reason of State] regarding Israel.

Keywords: Holocaust, Judaism, Memory, Gaza, Germany.

Sofía Ávila Calero: Solar Capitalism: Engine of an (Eco)Modern Colonialism? [5052]

The concept of «solar capitalism» puts forward a critical perspective from the global South to revisit contemporary energy issues. It proposes analyzing different accumulation strategies that respond to the challenge posed by climate change and the progressive decline in fossil fuels. This process entails adapting capital to extraordinary conditions, promoting the global hoarding of lands, minerals and work.

Keywords: Critical Minerals, Metabolism, Socioecological Transition, Solar Capitalism.

Maritza Islas Vargas: The Extractivist Paradox: Between the Climate Crisis and the Energy Transition [5053]

The energy transition is generating a growing demand for energy and minerals, most of which are extracted from the global South, further exacerbating the environmental and climate impacts it supposedly aims to mitigate. The promise of dematerialization and defossilization drifts further away, while the gaps between the global North and South deepen. Far from harmless, large-scale investments in renewable energy have damaging repercussions on both the environment and human and non-human communities.

Keywords: Climate Crisis, Defossilization, Energy Transition, Extractivism.

Matías Kulfas / Martín Schapiro: Latin America in the Face of the New Globalization [5054]

In light of recent shifts in the global landscape and sluggish growth, Latin America needs to forge a new productive consensus and a developmentalist synthesis. This involves not a nostalgic return to classical developmentalism, but rather an adaptation to the worldwide energy transition and the new global scene.

Keywords: Ecological Transition, Globalization, Natural Resources, Neoindustrialization, Latin America.

Maristella Svampa: Far Rights: Between Denial and Ecofascism [5055]

Far right has been the cornerstone of the growth of climate-change denial. After Donald Trump came to power in 2017, the second denial wave was unleashed, which is now not only limited to think tanks but also encompasses governments. But in the far right «regressive» strategies can also be found –these do not deny climate change but seek to stop actions against it– and even several expressions of «ecofascism».

Keywords: Climate Change, Denial, Ecology, Far Right.

Claudia Antunes: The Mammoth in the Room: The State of the cop30 Negotiations [5056]

The cop30, which will convene at the Brazilian town of Belém, threatens to leave out of the agenda relevant issues to avoid climate collapse, such as the elimination of fossil fuels and the need for more ambitious national goals in the reduction of gas emissions that produce global warming. Sectors of global civil society will try to make an impact, through various initiatives, at the first summit to be held in a democratic country in four years.

Keywords: Civil Society, Climate Change, Fossil Fuels, un Climate Change Conference (cop30).

Alicia Abanto / Aldo Santos / Paulo Vilca: Illegal Mining in Peru: A Challenge for the Environment and Democracy [5057]

Since the beginning of the new century, informal mining has grown in various regions of Peru, bringing with it high environmental and social costs. But this label can obscure the existence of very heterogeneous realities, ranging from people who turn to artisanal mining as a way to ease their economic situation to organized mafias seeking to control territories. Attempts to create differentiated registries aimed at separating the informal from the outright illegal and formalizing the activity have so far not succeeded.

Keywords: Illegal Mining, Organized Crime, Pollution, Violence, Peru.

Bruno Fornillo / Melisa Argento: The New «White Gold»: How the Lithium Ideology Was Developed [5058]

The names for lithium («white gold», «21st century oil», «the mineral of the future») allow for a series of contemporary narratives. Just like the Ford t was the symbol of an era known as Fordism, the electric car might become the privileged symbol of a world signaled by green capitalism, an exclusionary society and multiple crises.

Keywords: Electromobility, Green Capitalism, Ideology, Lithium, Elon Musk.

Alyssa Battistoni: The Value of Nature: Why Do Some Gifts of Nature Still Remain Free? [5059]

Efforts to solve the ecological crisis through market mechanisms have failed time and again. Yet opposing attempts to make nature into something precious have also fallen short of protecting it from the market. Alternative approaches are therefore necessary: it is better to conceive of ecosystems as infrastructures rather than goods, and to rethink new ways of socializing in nature –ways that benefit both humans and non-humans.

Keywords: Ecosystems, Gifts, Market, Nature, Prices, Socialization.

Martina Garategaray: The Origins of Nueva Sociedad and the Latin American Left [5060]

Founded in 1972, the magazine Nueva Sociedad, an initiative of the Friedrich Ebert Foundation, was more than just «a social-democratic magazine» and actively engaged in conversations with diverse expressions of the Latin American left. Looking back at those first years –against the backdrop of the Cold War and military dictatorships– is not only a way to revisit the history of the magazine, but also an opportunity to reconstruct intellectual and political networks in a spirit of openness and democratic socialism.

Keywords: Left, Social Democracy, Nueva Sociedad, Latin America.

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