NUEVA SOCIEDAD

es una revista latinoamericana abierta a las corrientes

de pensamiento progresista, que aboga por el desarrollo de

la democracia política, económica y social.

Se publica cada dos meses en Buenos Aires, Argentina,

y circula en toda América Latina.

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Coordinadora de producción: Silvina Cucchi

Plataforma digital: Mariano Schuster, Eugenia Corriés

Administración: Vanesa Knoop, Karin Ohmann

Nueva Sociedad No 308

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Diagramación: Fabiana Di Matteo

Ilustraciones: Max Rompo

Corrección: Germán Conde, Vera Giaconi

Traducción al inglés de los sumarios: Kristie Robinson

Impreso en Talleres Gráficos Nuevo Offset,

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Articula un debate pluralista y democrático sobre política y políticas latinoamericanas.

NUEVA SOCIEDAD 308

Noviembre-Diciembre 2023

Índice

Coyuntura

4908 Lucía Dammert. El «modelo Bukele» y los desafíos latinoamericanos

Tribuna global

4909 Reginaldo Nasser. La Doctrina Monroe, 200 años después

Tema central

4910 Sofía Mercader. Cuando los intelectuales imaginaron la transición democrática

4911 Roy Hora. La izquierda argentina antes del amanecer de la democracia. Una historia de promesa y frustración (1880-1916)

4912 Camila Perochena. Los usos de la historia en la política argentina actual

4913 Pablo Stefanoni. Peinar el 2001 a contrapelo: del «Argentinazo» a la nueva derecha

4914 Martín Schorr. Democracia, economía y captura del Estado

4915 Natalia Gherardi. 40 años de democracia: un balance feminista

4916 Leandro Barttolotta / Ignacio Gago. 14 notas para una cartografía argentina de la precariedad

4917 Gabriela Águila. La última dictadura militar argentina. Fases y estrategias (1976-1983)

4918 Pablo Alabarces. ¿Para qué sirve ganar un Mundial? Tres modos de ser felices

4919 Julieta Zelicovich. Una política exterior para la «jungla». Argentina en el contexto internacional

ensayo

4920 Martin Gurri. Una tesis sobre la crisis de la autoridad en el nuevo milenio

SUMMARIES

Segunda página

Argentina conmemora los 40 años de la restauración democrática en el contexto de una fuerte crisis social y un desafío inédito a las fuerzas políticas establecidas. El eslogan «Que se vayan todos», nacido en las críticas jornadas de 2001, ha vuelto, ya no como explosión social sino como rebelión electoral, como se ha visto en las presidenciales de 2023. En este marco, el Tema Central de este número de Nueva Sociedad está dedicado a pensar Argentina, su historia y su presente, para aportar una perspectiva al abismo permanente al borde del cual parece vivir el país.

Algunos aspectos históricos permiten iluminar cuestiones actuales más allá de las angustias del presente. En esta perspectiva, el artículo de Sofía Mercader que abre el dossier recupera el rol de los intelectuales durante la transición democrática en la década de 1980, sobre todo el de los filósofos del derecho que asesoraron al presidente Raúl Alfonsín en el diseño de la estrategia de derechos humanos, y el de un grupo de intelectuales socialdemócratas que propusieron una reformulación del socialismo en clave democrática y liberal. Volver sobre los debates y las ideas que pusieron en juego en un momento clave de la democracia argentina tiene una particular relevancia en el momento actual.

Por su parte, el artículo de Gabriela Águila se enfoca en la última dictadura que la transición democrática buscó dejar atrás. Una dictadura impuesta por las Fuerzas Armadas, con apoyo civil, que desde 1976 tuvo diversas fases y atravesó tensiones entre diferentes visiones sobre la economía y el Estado, y algunos de cuyos efectos perduran hasta hoy.

Roy Hora revisa la historia del último cuarto del siglo xix para reflexionar acerca de este periodo fundacional del Estado moderno argentino y, sobre todo, acerca de la forma en que los mecanismos de integración (y ascenso) social limitaron el apoyo popular a corrientes de izquierda clasistas. Esta historia, junto con la del siglo xx –incluido el ascenso del peronismo en los años 40–, forma parte, como nos recuerda Camila Perochena, de las polémicas políticas de la actualidad. La batalla electoral de 2023 no solo se jugó en el debate sobre el presente, sino también en las arenas del pasado. Y los diferentes candidatos y líderes políticos transmitieron visiones de la historia argentina en las que pueden entreverse sus concepciones de la política y la democracia. Enfocado en la historia reciente, Pablo Stefanoni aborda el tránsito desde la crisis de 2001 hasta la emergencia de la nueva derecha de Javier Milei. El triunfo electoral de este outsider libertario, montado en ese clima, tiene resonancias con aquellas jornadas en que las multitudes cantaban «Que se vayan todos» y ponían contra las cuerdas al sistema político. Pero si el 2001 fue hegemonizado por el progresismo, hoy es la derecha radical la que encarna las nuevas emociones insurreccionales.

En estos 40 años, la democracia argentina parece tener en la economía su peor desempeño. Martín Schorr escribe sobre las causas de la crisis económica sin fin que parece vivir el país. Algunas de las razones de los problemas de estas cuatro décadas –desindustrialización, déficit fiscal, inflación– se vinculan, sostiene Schorr, a diversos mecanismos de captura del Estado que han pervivido tanto en las experiencias neoliberales, que los profundizaron, como en las neodesarrollistas, que no fueron capaces de desarmarlos. A su turno, Leandro Barttolotta e Ignacio Gago trazan una cartografía conceptual para reflexionar sobre la actual crisis social. La situación –sobre todo en las populosas zonas del Gran Buenos Aires– se ha venido deteriorando al ritmo de crisis múltiples y persistentes. Muchos se preguntan por qué no hubo un estallido durante este tiempo, tal como ocurrió en situaciones similares en el pasado. Lo que hubo fue una implosión, y esa implosión exige nuevas formas de acercamiento a lo social.

Entre tantas malas noticias, la victoria en la Copa del Mundo de Qatar, en 2022, permitió un momento de euforia en la Argentina pospandémica, y a ello se dedica el artículo de Pablo Alabarces. Que las únicas alegrías comunitarias sean futbolísticas no permite un gran optimismo, aunque al menos habilita algún estallido de felicidad. ¿Una mera felicidad compensatoria?

Pero no solo el fútbol dio «buenas noticias». Pese a tensiones y resistencias, desde el final de la dictadura en 1983, los avances democráticos fueron inseparables de los avances en las cuestiones de género. Desde la patria potestad compartida y el divorcio vincular hasta la más reciente legalización del aborto, las luchas de los movimientos de mujeres articularon a diversos sectores, tanto en las calles como en las instituciones. El movimiento Ni Una Menos fue un hito en la lucha contra las violencias y por los derechos pendientes.

Por último, Julieta Zelicovich se enfoca en la inserción internacional de Argentina. En un escenario global de profundas transformaciones, el país vuelve a definir su lugar en el mundo. Tras 40 años de democracia, y en un contexto de cambio de gobierno, vuelve a estar en discusión la singularidad argentina, los consensos en la política exterior y los desafíos y opciones estratégicas que se presentan de acuerdo con las lecturas sobre el cambio en el contexto internacional, marcado por la crisis del orden liberal y la gobernanza global.

| coyuntura

El «modelo Bukele» y los desafíos latinoamericanos

Lucía Dammert

Las medidas implementadas en El Salvador tienen como base el fracaso de las políticas de seguridad ensayadas en la mayor parte de América Latina. Pero ¿cuáles son los logros de Nayib Bukele y cuáles los déficits de las políticas aplicadas en el resto de la región?

Introducción

El presidente de El Salvador Nayib Bukele obtuvo 90% de aprobación según el Latinobarómetro de 2023, lo que lo convierte en el mejor evaluado entre todos los presidentes latinoamericanos desde 1995. Además, el presidente más joven de la historia de su país se autodefinió como el «más cool del mundo» por su manejo de las redes sociales y su estrategia general de comunicación política1. Sin duda, su principal logro ha sido la muy mediatizada política de seguridad, que hizo que El Salvador pasara de ser uno de los países más inseguros de la región a estar entre los que exhiben las tasas de homicidios más bajas. Una situación que llevó al mandatario a declarar, en la 78o sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas, que el salvadoreño es «un modelo mundial, dado que se decidió a enfrentar los riesgos y no aceptar el destino que otros habían trazado».

No hay duda de que, en medio de la crisis de legitimidad que sufren la mayoría de los países y sus gobernantes, la situación de Bukele es una notable excepción. Y esto genera, por ejemplo, que en Chile Bukele se ubique en el segundo lugar entre los líderes del mundo mejor evaluados2. En Perú, por su parte, el recientemente fallecido primer vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García, había señalado que su país no necesitaba de un Bukele «sino de dos» para enfrentar la inseguridad3. Llama la atención que no se aborden los problemas económicos que enfrenta el joven presidente, o el impacto de algunas de sus medidas más conocidas, como el uso del bitcoin como divisa oficial4. Esto, sin mencionar la persecución de periodistas y académicos5, la aparente vinculación de su gobierno con diversas pandillas6 e incluso los cambios discrecionales de las reglas de reelección presidencial. Todo lo anterior lleva a que diversos analistas planteen que «el régimen político no alcanza las calificaciones mínimas de una democracia liberal»7.

Ahora bien, ¿cuáles son los logros de los que estamos hablando? Tal vez el más evidente es la disminución de la tasa de homicidios, que si bien ya venía bajando desde 2015, según datos oficiales pasó de 106 homicidios cada 100.000 habitantes en 2018 a 7,8 en 20228. Este resultado estaría directamente vinculado con el encarcelamiento masivo de más de 70.000 jóvenes (más de 1% de la población total del país) que supuestamente son miembros de pandillas juveniles. Esta política, que tiene como uno de sus ejes una mayor presencia policial y militar en el patrullaje cotidiano, se desarrolla en el marco de un régimen de excepción constitucional declarado en marzo de 2020 y que lleva ya 17 prórrogas sucesivas. Este régimen permite las detenciones sin orden judicial o flagrancia y el desarrollo de juicios masivos, al tiempo que elimina controles legales sobre procesos administrativos para el uso de fondos públicos y contrataciones del Estado, así como el derecho al acceso a la información pública9. Finalmente, la campaña de redes sociales sobre la construcción y utilización de la «cárcel más grande de América Latina» ha tenido un impacto claro en la percepción general sobre el exitoso «modelo Bukele». El llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo, con capacidad para 40.000 presos, se ha convertido en emblema de su campaña de logros en seguridad y ha generado intentos de réplica en diversos países.

Las fortalezas del llamado «modelo Bukele» de seguridad se nutren de las limitaciones de las políticas desarrolladas durante las últimas dos décadas en América Latina, las cuales han tenido impactos limitados y retrocesos evidentes. En este artículo, nos proponemos caracterizar el contexto latinoamericano, así como analizar los elementos centrales de las estrategias de política pública desarrolladas en la región, con el fin de evidenciar que el camino hacia políticas serias y sólidas no debería sostenerse en la violación de derechos humanos o los encarcelamientos indiscriminados, sino más bien en el diseño e implementación de políticas serias, basadas en evidencia, sostenidas en el tiempo y apoyadas por una voluntad política férrea. Paradójicamente, son los deficientes resultados de las antiguas políticas de prevención y control del delito, más que los logros actuales del modelo, los que parecen encaminarnos hacia un dilema fundamental: avanzar con seriedad en políticas de largo plazo y resultados claros, o abrir la puerta al deterioro final del Estado de derecho.

Violencias, crímenes y organizaciones

América Latina es considerado el continente más violento del mundo; 33% de todos los homicidios ocurren en la región10. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (unodc, por sus siglas en inglés), en 2017 las tasas de América Central (25,9) y del Sur (24,2) fueron 300% mayores que el promedio mundial de 6,1 homicidios cada 100.000 habitantes11. Si bien la tasa de homicidios no es un indicador totalmente preciso para analizar los niveles de violencia, la carencia de sistemas de información confiables, transparentes y comparables en casi toda la región obliga a utilizarla12. Sin duda, los países con mayor población «esconden» u omiten distintas anomalías y sesgos en los registros al tener que enfrentar un aumento muy sustantivo de casos para que cambie el promedio nacional. Un claro ejemplo se puede ver en la comparación entre México y Uruguay. Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), en 2022 México tuvo una tasa de 25 homicidios por cada 100.000 personas, con 87 en Zacatecas y 53 en Chihuahua; al mismo tiempo, la ciudad de México registró una tasa de 8 homicidios por cada 100.000 personas, y 21 estados tuvieron tasas menores que el promedio del país13. Por su parte, Uruguay tuvo una tasa de homicidios de 10,7 homicidios por cada 100.000 personas durante el mismo año, lo que representa un incremento importante desde la tasa de 8,6 de 2021. La perspectiva de análisis detallada por espacio geográfico muestra que en Montevideo la tasa fue de 15,6 y la de la zona 3 de trabajo policial (de mayor complejidad delictual) alcanzó 28,114.

A partir de esta información, ¿podríamos afirmar que la zona 3 de Uruguay enfrenta los mismos problemas de violencia criminal que el promedio de México? Esta conclusión no parece evidente cuando se analizan los fenómenos delictuales de ambos países, pero en los dos casos la delincuencia es un problema de primer orden que se distribuye de forma no homogénea en los territorios y que requiere de diversas capas de información para diseñar políticas públicas que controlen y/o prevengan su desarrollo.

Para complejizar aún más el diagnóstico, podemos comparar los niveles de victimización15 de ambos países que, según el Proyecto de Opinión Pública de América Latina lapop (2021) fue de 22,4% en Uruguay y 32% en México; otro indicador es el nivel de percepción de inseguridad16: 42,9% de los uruguayos y 51,6% de los mexicanos se sienten muy o algo inseguros en su lugar de residencia. Es decir, en ambos casos los delitos comunes afectan a un porcentaje importante de la población, lo que a su vez impacta en los niveles de inseguridad. Por supuesto que resulta necesario caracterizar cuáles son los delitos que más afectan en cada país. Ciertamente, no es lo mismo un escenario criminal donde el delito principal es el hurto de celulares que uno caracterizado por robos violentos, si bien en términos de la percepción de inseguridad ambos delitos afectan la sensación de indefensión ciudadana.

Además de comparaciones nacionales, este mismo análisis se puede desarrollar en una escala subnacional dentro de los países de la región, lo que torna imposible hablar de un problema general común. Hay, sin embargo, diez elementos compartidos en toda la región latinoamericana que muestran un escenario de preocupación:

(a) Aumento y mayor visibilización de violencias cotidianas en lugares como el trabajo, el espacio público y las escuelas.

(b) Persistencia de altos índices de violencia contra las mujeres, que en el proceso pospandemia incluyen aumento de violencias contra niñas, mujeres de la tercera edad y múltiples mensajes de odio y violencia contra las mujeres en las redes sociales.

(c) Rutinización de delitos cotidianos en el espacio público, marcada por robos y hurtos de menor escala, pero con amplia presencia geográfica.

(d) Consolidación de economías locales informales que auspician el desarrollo de delitos contra la propiedad (específicamente, permiten la comercialización de mercadería robada en ferias o espacios de venta ambulante, pero también mediante las redes sociales).

(e) Mayor violencia en el desarrollo de delitos cotidianos debido a la utilización de armas o violencia física en el robo de celulares y vehículos o dentro de las viviendas.

(f) Presencia de múltiples bandas criminales, entendidas como organizaciones pequeñas vinculadas a delitos de oportunidad, conformadas principalmente por jóvenes e incluso niños con acceso a armas y con una clara diversificación criminal.

(g) Incapacidad de los gobiernos locales y nacionales para abordar los factores sociales vinculados al inicio de carreras criminales. Cientos de miles de niños y jóvenes enfrentan el consumo problemático de drogas, el abandono escolar, la violencia en el hogar, los problemas de salud mental y el embarazo adolescente, entre otras variables estructurales que potencian una vida en la ilegalidad.

(h) Consolidación de mercados ilegales transnacionales que abarcan la región en su totalidad. Si bien inicialmente este fenómeno estuvo concentrado en el tráfico de drogas (en especial de cocaína, entre América del Sur y Estados Unidos), en la actualidad es mucho más diverso. Muchos informes ponen énfasis en el tráfico de armas, de personas, de migrantes, así como en el desarrollo de la minería y tala ilegales, entre muchos otros mercados presentes en la región.

(i) Consolidación de esquemas de comercialización transnacional de productos y articulación de múltiples organizaciones nacionales que permiten su movimiento. Más allá de la espectacularidad con que los programas televisivos muestran a las agrupaciones criminales, la presencia de organizaciones sólidas de alcance regional carece aún de evidencia contundente. Cuando se habla de «traslado criminal», se requiere verificar la presencia de estructuras replicadas, envío de dinero y estructuras jerárquicas, entre varias otras dimensiones; la presencia de migrantes o de contactos del mercado ilegal no es suficiente. Lo que es indudable es la construcción de una compleja red de pequeñas y medianas organizaciones locales que se interconectan en mercados cada día más diversos y regionales.

(j) La lucha contra el dinero que generan los mercados ilegales es aún muy débil. En prácticamente ningún país se han podido consolidar iniciativas que enfrenten el negocio verdadero de los mercados ilegales.

¿Nada sirve?

En las últimas tres décadas, han abundado las iniciativas de política pública que se han desarrollado en América Latina para enfrentar los problemas de seguridad ciudadana. Los aprendizajes son múltiples y reconocen que la región partió en la década de 1990 con instituciones policiales acostumbradas al rol de policía política, bajos niveles de profesionalización y especialización, pero también con condiciones de trabajo profundamente precarias17. Además, la sistematización de información era casi inexistente, al igual que la transparencia: las decisiones sobre seguridad se tomaban en el interior de las fuerzas policiales, principalmente sobre la base de la intuición y la opinión experta de múltiples líderes policiales. La prevención del delito se entendía como un ejercicio de presencia policial; lo que hoy conocemos como disuasión era asumido como el principal (y en muchos casos único) mecanismo preventivo.

Los gobiernos nacionales y municipales no contaban con equipos especializados en cuestiones criminales ni se dictaban políticas nacionales, y se consideraba el crimen como un problema de seguridad interior del Estado (en especial durante las dictaduras y conflictos armados) o de seguridad pública (en cuyo marco la principal responsabilidad de la seguridad recaía en las policías y el sistema carcelario). En el mundo académico, tampoco existía capacidad analítica de un problema que era considerado demasiado tangencial o alejado, salvo para grupos específicos que realizaban análisis criminológico, principalmente desde el campo del derecho.

Pero ese es un escenario que sin duda ha cambiado. Las instituciones policiales cuentan hoy con mayores niveles de inversión pública, han reforzado sus sistemas de formación y entrenamiento, potenciado sus áreas de información y sofisticado sus respuestas frente a fenómenos criminales. En países como Colombia, Chile o Uruguay, las policías han desarrollado sistemas estadísticos que les permiten analizar fenómenos criminales en tiempo real e incluso han avanzado en definir modelos predictivos. Si bien la información sigue siendo poco transparente, se han llevado adelante esfuerzos significativos, como la conformación de observatorios de seguridad locales, nacionales e institucionales, que han permitido conocer de mejor forma los contornos del problema que se enfrenta. La inversión pública en las policías en América Latina ha crecido de forma sostenida y asegurado mejores condiciones laborales, aunque la disparidad en las coberturas de salud y calidad de sistemas de jubilación sigue siendo muy notable.

Desde mediados de la década de 2000, constituye un consenso regional que la seguridad ciudadana requiere de múltiples intervenciones para poder enfrentar no solo los delitos cometidos, sino también los factores que fortalecen las carreras criminales. La responsabilidad no es solo policial sino que es sistémica, y la prevención es una tarea urgente y fundamental para enfrentar parte central de los problemas. En este sentido, se han diseñado e implementado múltiples iniciativas de trabajo policial comunitario y orientado a problemas que intentan reconocer el rol preventivo del trabajo policial. Adicionalmente, los gobiernos locales empezaron a jugar un rol cada día más destacado en la prevención del delito, y muestran resultados relevantes, como en el caso de Bogotá o Medellín. Avanzaron en buscar iniciativas preventivas que fortalecieran el capital social, la confianza ciudadana, el uso del espacio público y la mejora de las condiciones del espacio escolar, entre otras. Los aprendizajes permiten reconocer por lo menos cinco elementos fundamentales:

(a) la prevención general, es decir aquella destinada a toda la población, tiene poco impacto en los problemas de inseguridad; así, las clases de baile entretenido o la reparación de parques como iniciativas preventivas tienen en general impactos débiles;

(b) la prevención situacional, es decir, aquella centrada en los espacios públicos, se ha convertido en el área de mayor intervención, con un énfasis cada día mayor en la colocación de alarmas comunitarias, cámaras de televigilancia y otros artefactos tecnológicos, en general con resultados limitados;

(c) las intervenciones específicas, por ejemplo, para limitar el robo de cajeros automáticos de bancos en Chile, tienen resultados relevantes cuando se fortalece la cooperación público-privada y además se definen metas y objetivos claros;

(d) es deficitaria la prevención secundaria o terciaria, es decir en relación con aquellas personas que pueden tener ya un vínculo personal o familiar con el mundo de la informalidad o la ilegalidad;

(e) los programas policiales de prevención basados en la relación con la comunidad, que incluyen mecanismos de denuncia y entrega de información, a menudo tienden a ser vistos como instrumentos para el control.

En estas últimas dos décadas, también son numerosas las iniciativas de «mano dura» e incluso «súper mano dura» impulsadas en la región. Estas promueven el aumento de las penas para todo tipo de delitos, la creación de tipos criminales, la disminución de requisitos para la utilización de la prisión preventiva, el desarrollo de mecanismos de facilitación para la detención de sospechosos, el fortalecimiento de las fuerzas policiales y la participación de las Fuerzas Armadas en tareas policiales, entre un largo repertorio de iniciativas que buscan disminuir el temor ciudadano.

Las diversas crisis de seguridad que han enfrentado los países latinoamericanos, marcados por el aumento de la violencia y la criminalidad, reconocen algunos procesos especialmente críticos: en los países de triángulo norte de América Central (Honduras, Guatemala y El Salvador), con el desarrollo de las maras; en Brasil, con el aumento del poder de las organizaciones criminales instaladas en las principales favelas del país, la constante presencia de organizaciones criminales dedicadas a la producción y el tráfico de cocaína y sus diversos tentáculos en múltiples escenarios criminales en Perú, Colombia y Bolivia. Más recientemente, la violencia carcelaria, y de manera más amplia, las actividades criminales han hecho eclosión en Ecuador, y Haití ha caído de manera dramática en manos de las pandillas, con un elevado poder de fuego y vinculaciones con la política. En una dimensión distinta pero no menos preocupante, se registra el aumento de las tasas de homicidio en países considerados los más seguros de América Latina, como Chile, Costa Rica y Uruguay.

Se podría decir que en la región se han implementado casi todas las recetas de buenas prácticas utilizadas en otras partes del mundo y la sensación general de la ciudadanía es que no se ha logrado que tengan resultados. ¿Es la región un contexto muy específico donde nada funciona? La respuesta rápida es: no sabemos. Pero necesitamos tomar en cuenta al menos diez características de los procesos de implementación de políticas de seguridad en América Latina:

(a) La mayoría de las medidas desarrolladas responden a un proceso de importación de iniciativas que han tenido resultados positivos en otros contextos. Tomadas de países donde se han diseñado intervenciones de control y prevención generalmente basadas en evidencia, las iniciativas de política desarrolladas en América Latina se han quedado principalmente en una cuestión de nombres. Así ocurrió, en gran medida, con las policías comunitarias, el sistema CompStat18, la policía orientada a problemas y el diseño urbano para la prevención del delito, entre muchos otros ejemplos.

(b) Las iniciativas generalmente están diseñadas a partir de diagnósticos equivocados. Las urgencias políticas frente a situaciones críticas o escándalos de diverso tipo, la falta de flexibilidad para el diseño de programas de política pública ajustados a las problemáticas locales, la carencia de información consistente y actualizada y la limitada cooperación real con la academia o con el sector privado son cuatro elementos que en general dificultan el diseño de políticas públicas idóneas. Un ejemplo de ello son los programas de prevención de la violencia juvenil centrados en medidas de capacitación para el trabajo en lugares donde los problemas locales se vinculan principalmente a la presencia de pandillas.

(c) El apuro en la implementación de políticas pocas veces viene de la mano del financiamiento acorde con el tamaño de los desafíos del proceso. En la mayoría de los casos analizados en la bibliografía sobre seguridad ciudadana, se reconocen programas piloto que luego no son evaluados, iniciativas o enfoques locales de programas importados o directamente lanzamiento de programas que luego no son implementados. La realidad no es tanto que falte inversión pública, sino que esta se dirige principalmente a iniciativas que tienen un resultado muy visible e inmediato, como el aumento de vehículos policiales, la compra de armamento y de instrumental o la colocación de cámaras de televigilancia, pero cuyo impacto es bajo si no están vinculadas a una estrategia de mediano y largo plazo. Un ejemplo de este tipo de problemas es la instalación de miles de cámaras que luego no tienen centrales de monitoreo, o incluso sin capacidad policial de respuesta.

(d) Las políticas suelen ser de corta duración. Pensar en políticas de Estado se ha convertido en una tarea imposible en muchas áreas de la política pública en la región, pero en seguridad el problema es aún mayor. En muchos casos, ni siquiera las iniciativas de reforma policial –que deberían implicar procesos constantes de diseño, implementación y evaluación de los cambios institucionales– duran más de un par de años, lo que genera constantes procesos de contrarreforma y un bajo aprendizaje institucional.

(e) La resistencia institucional a los cambios es también un elemento común en la mayoría de las iniciativas de seguridad implementadas en los últimos años. Los bajos niveles de transparencia en la información, la disputa presupuestaria e incluso el enfrentamiento por el reconocimiento de la ciudadanía se suman a otros elementos que limitan la colaboración. En muchos países se pueden encontrar iniciativas similares desarrolladas por instituciones que lejos de colaborar, duplican. La competencia entre centrales de vigilancia de gobiernos nacionales, policías, gobiernos municipales e incluso regionales es un ejemplo vívido de este problema.

(f) Posiblemente uno de los elementos que más conspiran contra el éxito de las políticas implementadas en la región es una voluntad política difusa. Muchas iniciativas son el resultado de escándalos de corrupción, violencia o criminalidad que activan una respuesta política de urgencia. Sin embargo, estas urgencias duran poco y solo reaparecen con la siguiente crisis. La voluntad política del más alto nivel es un ingrediente fundamental en los programas de seguridad, debido a la necesidad lógica de cooperación interinstitucional, el impacto presupuestario y la prioridad que la seguridad alcanza en la agenda pública.

(g) La criminalidad es un problema complejo que requiere de respuestas complejas. El aprendizaje de las últimas décadas ha dejado en claro que el limitado engranaje interinstitucional existente en la región es uno de los factores que entorpece la implementación de iniciativas exitosas. Y esto se refiere no solo a la politización de la respuesta, sino también a la competencia institucional o la falta de interés por sumar acciones o actividades, que parecen siempre recaer solo en la responsabilidad policial. Está claro, por toda la evidencia, que la policía no es la única responsable de controlar y prevenir el delito. Para lo primero, se requiere cooperación entre todas las agencias policiales, trabajo cotidiano y eficaz con los ministerios públicos y coordinación con los sistemas penitenciarios, entre otras instituciones del sistema de justicia criminal. Para lo segundo, la policía debe ser parte de un ecosistema en el que las actividades de los gobiernos locales, las políticas de vivienda, transporte, educación y salud, así como las culturales y deportivas transversalicen la seguridad y la convivencia pacífica como elemento central. De otra forma, no se avanza.

(h) El aumento de la sensación de inseguridad de la población, acompañado o no por un aumento de los índices criminales, trae de la mano la priorización de respuestas rápidas y visibles. En este esfuerzo, se abandonan áreas claves vinculadas, por ejemplo, a la situación penitenciaria, que lleva décadas marcada por el hacinamiento, la violencia y la absoluta carencia de programas de reinserción o rehabilitación. Luego nos sorprendemos cuando en países como Brasil o Ecuador son las pandillas penitenciarias las que terminan dominando la escena criminal. Pero no solo las cárceles han sido invisibilizadas; de igual forma lo ha sido el consumo problemático de drogas, desencadenante principal del tráfico, que no tiene respuesta seria en prácticamente ningún país de la región.

(i) La presencia de mercados ilegales en todos los países de la región es un hecho innegable. La diversificación de estas estructuras criminales incluye el tráfico de drogas, armas y migrantes, la trata de personas, la minería y la tala ilegales, el comercio de aves exóticas y otras actividades criminales. Tiene también una cara cotidiana en los millones de personas que viven extorsionadas a diario por grupos locales criminales que cobran «peajes» para permitirles vivir, trabajar y transitar por sus barrios. La criminalidad organizada tiene diversos grados de influencia territorial y estructuración, pero sin duda existen distintas vinculaciones regionales que permiten que los migrantes de Haití terminen en Chile, o que el oro ilegal de Perú salga por Venezuela. Ninguna de estas actividades se puede desarrollar sin Estados atravesados por la corrupción individual o institucional, que alientan, cuando no participan, de sus beneficios económicos. Estos mercados ilegales generan ganancias que suman miles de millones de dólares, los que en su mayoría se pierden en extensas redes de lavado, y esto a su vez ratifica que las políticas contra el crimen organizado que tienen como meta el aumento de decomisos o la detención de vendedores callejeros de droga suelen ser absolutamente ineficientes. En los hechos, se convierten en una forma de mostrar cierta acción estatal mientras los negocios ilegales crecen sin control.

(j) La vocación por el cambio legal como forma casi única de enfrentar el delito es un espejismo. En general, la realidad no cambia por ajustes normativos, y si bien el aumento de penas podría generar disuasión o incluso disminución de los grupos criminales, el escenario latinoamericano no muestra esta situación. Por el contrario, tras décadas de aumentos de penas, no se perciben cambios reales en la magnitud de los problemas. Seamos claros: el aumento de penas focalizadas en aquellos criminales violentos y reiterados trae resultados positivos, pero lograr que el sistema de justicia criminal focalice su accionar y evite así llenar las cárceles con personas de baja incidencia criminal parece una tarea imposible. La incapacitación genérica a lo Bukele, es decir encerrar a miles de personas por «portación de rostro», porque tienen características personales o sociales que los podrían vincular al accionar criminal, no solo es ineficiente sino profundamente antidemocrático.

La situación es entonces desesperante para la mayoría de los latinoamericanos, que desarrollan su vida cotidiana marcada por la presencia de múltiples mercados ilegales que se mueven con total impunidad y que el Estado, las instituciones y la política parecen no poder detener.

El desafío no es copiar…

Es este el marco en el que la experiencia del presidente Bukele en El Salvador aparece como exitosa. Muestra resultados concretos, como la disminución de los homicidios, la recuperación de diversos espacios públicos y la menor presencia de las pandillas, lo que impacta en la reducción de los delitos que ocurren en los lugares de vida y trabajo. En especial en los barrios más populares de El Salvador, es innegable que la calidad de vida de la población ha cambiado sustancialmente. Pero este cambio incluye también las detenciones masivas de jóvenes sin ningún criterio aparente de flagrancia, las retenciones por tiempos dilatados de personas que no tienen denuncias específicas y las denuncias de violación de derechos humanos que ocurren en los principales centros de reclusión penitenciaria. Y a esto se debe sumar la persecución a medios de comunicación no oficialistas, el uso de las redes sociales para entregar información tendenciosa y las decisiones administrativas discrecionales.

Las fortalezas del llamado «modelo Bukele» se construyen principalmente sobre la sensación de que no existen otras alternativas posibles que puedan traer resultados rápidos y beneficiosos, sobre la acumulación de experiencias fracasadas o la sensación generalizada de temor e impunidad. Pero ¿son efectivamente el encarcelamiento masivo de jóvenes y el uso indiscriminado de la fuerza estatal la solución para la delincuencia? De ser así, probablemente las experiencias de mano dura implementadas previamente en El Salvador habrían traído resultados sostenidos en el largo plazo, más allá de la complejización de las estructuras criminales y la sofisticación de los mercados ilegales.

A pesar de la disminución de las tasas de homicidios, la normalización de la violencia estatal y la discrecionalidad en la toma de decisiones políticas son malas noticias para las democracias latinoamericanas. Existen formas serias y sólidas de limitar la violencia y controlar la criminalidad, las mismas que se han implementado en diversos países del mundo sin que esto involucre la erosión de los principios del Estado de derecho o el encarcelamiento masivo de jóvenes que pasan a ser rehenes de condiciones de violencia.

La paradoja fundamental para las democracias que enfrentan altos niveles de inseguridad ciudadana y la consolidación de múltiples mercados ilegales es que para evitar el camino de la violencia estatal se requiere un cambio en la forma en que se diseñan e implementan las políticas de seguridad. Es decir, se debe comenzar por reconocer que los esfuerzos han sido significativos pero limitados, que las respuestas han sido insuficientes y que la politización de una temática tan fundamental como la seguridad no está permitiendo el desarrollo de políticas serias y de largo plazo.

En otras palabras, es preciso reconocer que seguir definiendo iniciativas de política pública de forma esporádica, espontánea, opaca, volátil y en muchos casos irresponsable es el camino perfecto para fortalecer un modelo que puede tener resultados de corto plazo, pero a costa de múltiples incertidumbres para el futuro de nuestras frágiles democracias.

Lucía Dammert: es socióloga, docente e investigadora, especializada en temas de seguridad. Es profesora titular en el Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago de Chile.

Palabras claves: inseguridad, Nayib Bukele, América Latina, El Salvador.

Nota: la autora agradece los comentarios y sugerencias de Antia Mendoza, Miguel Emilio La Rota y Jonathan Rosen.

1. Albertina Navas: «Nayib Bukele, ¿el presidente más cool en Twitter o el nuevo populista millenial?» en gigapp Estudios / Working Papers vol. 7 No 166-182, 2020.

2. Encuesta Plaza Pública cadem, 2023, disponible en <https://insight-chile.cl/>.

3. «Hernando Guerra García: ‘Necesitamos por lo menos dos Bukele’» en Ptv Perú, canal de YouTube, 25/8/2023.

4. Isabella Cota: «Dos años de bitcoin en El Salvador de Bukele: un experimento opaco con una moneda poco utilizada» en El País, 2/9/2023.

5. Amnistía Internacional: «El Salvador: President Bukele Engulfs the Country in a Human Rights Crisis after Three Years in Government», 2/6/2022; Gabriel Labrador y Julia Gavarrete: «Asamblea controlada por Bukele aprueba ley mordaza bajo la excusa de combate a pandillas» en El Faro, 6/4/2022.

6. Carlos Martínez: «Collapsed Government Talks with ms-13 Sparked Record Homicides in El Salvador, Audios Reveal» en El Faro, 17/5/2022.

7. Mneesha Gellman: «The Democracy in Crisis in El Salvador», Regional Expert Paper Series, Center for Mexico and Central America Studies, Columbia University, 9/2022.

8. Para más detalles, v. Secretaría de Prensa de la Presidencia, Gobierno de El Salvador: «El Salvador registra el promedio de homicidios más bajo de Centroamérica», comunicado de prensa, 5/2/2023. Si bien estos son los datos oficiales, la limitada transparencia de la información oficial y la redefinición de los homicidios, así como diversas interrogantes sobre la construcción de los indicadores, hacen difícil corroborarlos. «Pronunciamiento de Wola. Corrupción y régimen de excepción en El Salvador: una democracia sin oxígeno», 27/9/2022.

9. «Pronunciamiento de Wola», cit.

10. Nicolás Jaitman y Laura Ajzenman: «Crime Concentration and Hot Spot Dynamics in Latin America», idb Working Paper Series No idb-wp-699, bid, 6/2016.

11. unodc: «Global Study on Homicide», Viena, 2019.

12. Miguel Emilio La Rota et al.: «Política criminal en contra del homicidio en Colombia», Laboratorio de Justicia y Política Criminal, Bogotá, 2022; Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia, Universidad Nacional de Tres de Febrero: Estudio sobre homicidios en Argentina: un análisis del periodo 2001-2021, Buenos Aires, 2023; Emiliano Rojido, Ignacio Cano y Doriam Borges: Diagnóstico de los homicidios en Uruguay (2012-2022), Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay / Laboratório de Análise da Violência, Montevideo, 2023.

13. inegi: «Defunciones por homicidio enero a diciembre 2022», comunicado de prensa No 418/23, 25/7/2023.

14. E. Rojido, I. Cano y D. Borges: ob. cit.

15. La pregunta específica era: «¿Ha sido usted víctima de algún acto de delincuencia en los últimos 12 meses?». Barómetro de las Américas, disponible en <www.vanderbilt.edu/lapop>.

16. La pregunta específica es: «Hablando del lugar o el barrio donde usted vive y pensando en la posibilidad de ser víctima de un asalto o robo, ¿usted se siente muy seguro, algo seguro, algo inseguro o muy inseguro?». Barómetro de las Américas, disponible en <www.vanderbilt.edu/lapop>.

17. Mary Fran T. Malone, L. Dammert y Orlando J. Pérez: Making Police Reform Matter in Latin America, Lynne Rienner, Boulder, 2023.

18. CompStat es un modelo de gestión organizativa para los departamentos de policía [n. del e.].

| tribuna global

La Doctrina Monroe, 200 años después

Reginaldo Nasser

Dos siglos atrás se proclamaba la Doctrina Monroe. Se asentaba con ella la advertencia del presidente James Monroe de que Estados Unidos no permitiría ningún tipo de recolonización en el continente americano por parte de los poderes europeos. Pero a finales del siglo xix, con el país encaramado como potencia en ascenso, la doctrina recibió interpretaciones antagónicas respecto de qué orden mundial sería el más adecuado a sus intereses y valores. El debate no deja de tener su importancia en la actualidad.

El restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y el Acuerdo de Paz alcanzado en Colombia fueron los principales acontecimientos que llevaron a que el secretario de Estado norteamericano John Kerry anunciara en la Organización de Estados Americanos (oea) en 2013 que «la era de la Doctrina Monroe terminó». Luego, en su afán de oponerse al gobierno anterior, tanto el secretario de Estado de Donald Trump, Rex Tillerson, como el entonces consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, enaltecieron la Doctrina Monroe como base de orientación para el accionar de eeuu en América Latina1. Por su parte, el presidente Joe Biden, pese a no haber mencionado la doctrina en cuestión, llevó también a este terreno sus desacuerdos con la gestión de Trump cuando alertó que «América del Sur no es el patio trasero de eeuu» y rechazó así las pretensiones de interferir en los asuntos internos de los países del hemisferio occidental2.

Durante más de un siglo, la Doctrina Monroe fue considerada un símbolo glorioso de la nación estadounidense, con un estatus equivalente al de la Declaración de Independencia. Pero tras la Primera Guerra Mundial se quebró el consenso entre las elites y la doctrina empezó a ser vista, principalmente por muchos miembros del Partido Demócrata, como un símbolo del intervencionismo militar estadounidense en el hemisferio occidental. De cualquier modo, desde su concepción en 1823 a cargo de John Adams –secretario de Estado del presidente James Monroe–, la doctrina siempre estuvo presente, de manera explícita o implícita, en los debates sobre las estrategias de acción internacional de eeuu, y llama la atención que aún no tenga la relevancia que amerita en la bibliografía estadounidense dedicada a la política exterior.

La Doctrina Monroe surgió mientras tenía lugar el reconocimiento de la independencia de los países latinoamericanos y su objetivo fue frustrar cualquier posible avanzada recolonizadora en el continente por parte de la Gran Alianza, aquel alineamiento conservador europeo comprometido con el sostenimiento del orden y el statu quo. El gobierno estadounidense declaró que no admitiría ningún intento de las naciones europeas de «extender su sistema a cualquier parte del hemisferio» y añadió que todo movimiento en esa dirección sería tomado como una amenaza a la paz y la seguridad del continente. Invocando el principio de reciprocidad, el mensaje señalaba que eeuu tampoco se involucraría en asuntos políticos europeos3.

Originalmente formulada como un principio de política exterior capaz de garantizar la soberanía de los Estados al impedir cualquier tipo de intervención de poderes extracontinentales en los asuntos del hemisferio occidental, la doctrina cobró una nueva dimensión luego de la enmienda conocida como Corolario de Roosevelt, a comienzos del siglo xx. En el marco de la reafirmación de eeuu como potencia mundial, esa enmienda implementada durante el mandato de Theodore Roosevelt permitió que la doctrina justificase el derecho y el deber de la nación estadounidense de intervenir en los asuntos domésticos de las distintas naciones del continente no solo ante el riesgo de algún tipo de interferencia europea, que era lo que sostenía la formulación original, sino también en los casos en que el gobierno estadounidense considerase que había peligro inminente de revueltas políticas o cualquier otro tipo de «desorden»4.

Desde entonces, la doctrina incorporó el sesgo intervencionista en sus fundamentos, lo que llevó a que en el plano internacional cobrase fuerza el uso de la noción de «esfera de influencia» para describir las relaciones entre eeuu y los demás países del continente americano. De esta forma, la Doctrina Monroe se convirtió en un ejemplo notable de declaración unilateral hecha por una potencia para afirmar su responsabilidad exclusiva sobre una región más amplia, lo cual instaló un precedente para que otras naciones hiciesen lo mismo sobre determinadas áreas5.

Una segunda modificación de la Doctrina Monroe ocurrió tras la declaración del presidente Woodrow Wilson, el 22 de enero de 1917, de que esta debía convertirse en una doctrina para el mundo. En la comprensión de Wilson, no se trataba de transferir a otras regiones del mundo la concepción espacial no intervencionista contenida en el planteo original. Por el contrario, consideraba que esos fundamentos políticos no tenían fronteras y que podían implementarse en cualquier rincón del mundo bajo el liderazgo de eeuu, con el propósito de interferir económica y militarmente en otros continentes. Tal «excepcionalidad» de eeuu se fundamentaría conjugando, como veremos más adelante, la Doctrina Monroe con otros principios y doctrinas6.

En este artículo, consideramos que estas distintas interpretaciones de la Doctrina Monroe, efectuadas por los presidentes Theodore Roosevelt y Woodrow Wilson, requieren ser comprendidas no, como suele hacerse, situándolas como supuestos polos abstractos de una falsa dicotomía entre aislacionistas e internacionalistas, sino más bien como un conjunto de discursos y de prácticas de la política exterior estadounidense en torno de concepciones antagónicas acerca del orden mundial7.

¿Esferas de influencia o hegemonía?

Theodore Roosevelt fue el primer presidente estadounidense en proponer que su país debía desempeñar un papel destacado en la política internacional más allá del hemisferio occidental. Su intención era evitar, por ejemplo, la presencia de una gran potencia en China que apuntase a bloquear el comercio de eeuu con ese país. Para esto, buscó alinearse con Gran Bretaña para resistir la primacía rusa o japonesa en Extremo Oriente y procuró de ese modo un equilibrio de poderes. Roosevelt tuvo una participación decisiva en las negociaciones que pusieron fin a la Guerra Ruso-Japonesa (1904-1905), así como en el acuerdo entre Francia y Alemania en relación con la disputa sobre Marruecos (1905-1906). Por la firma del acuerdo Taft-Katsura (1907), Japón aceptó respetar la presencia de eeuu en Filipinas y, como contrapartida, eeuu se comprometió a no obstaculizar la presencia de tropas militares japonesas en Corea. En síntesis, eeuu preservaba para el hemisferio occidental su «poder de policía internacional» y su derecho a intervenir en los países que se mostraban «inestables», mientras que para otras regiones del mundo era necesario buscar el equilibrio de poderes a partir del reconocimiento de la existencia de esferas de influencia8.

Tras la Guerra Ruso-Japonesa de 1904-1905, el representante especial de Japón en Washington tuvo un encuentro con el secretario de Estado Robert Lansing, ante el cual expuso los lineamientos de la que sería una «Doctrina Monroe para Asia». Así como eeuu gozaba de una posición privilegiada en el hemisferio occidental, especialmente en México y América Central, el gobierno japonés juzgaba que debían reconocerse sus «intereses especiales» en China y otros países, como Corea y Mongolia, y manifestaba su preocupación por la influencia y/o interferencia de potencias extranjeras en esas áreas. En 1905, el mismo Roosevelt llegó a expresar su apoyo a una «Doctrina Monroe japonesa» en Asia y a aceptar la justificación de que Japón estaba «defendiendo» a Oriente de incursiones europeas. Luego, dos secretarios de Estado consecutivos, William Jennings Bryan y Robert Lansing, reconocerían oficialmente, en 1915 y 1917, la existencia de «intereses especiales» de Japón en China, en particular en las zonas contiguas a sus posesiones9.

Para el filósofo y jurista Carl Schmitt, la Doctrina Monroe fue el primer ejemplo de constitución de un Großraum10 y también el caso más exitoso, en tanto esta doctrina defendida por eeuu como «expresión del derecho inalienable a la autodefensa» acabó conquistando validez internacional tras ser formalmente reconocida en el artículo 21 del Pacto de la Sociedad de las Naciones. De acuerdo con esta interpretación, la Doctrina Monroe brindó un precedente para justificar tanto el Großraum alemán en Europa central y oriental como el japonés en Asia, y lejos de ser un principio abstracto o difuso, lo hizo expresando límites territoriales reconocibles para su aplicación. Tras la invasión alemana a Checoslovaquia en 1939, el entonces ministro de Relaciones Exteriores del Reich, Joachim von Ribbentrop, sostendría que la acción del gobierno alemán no era otra cosa que la aplicación en Europa de los principios originalmente establecidos por la Doctrina Monroe, un ejercicio legítimo de poder dentro de su Großraum, esto es, un orden en el que debería imperar el reconocimiento mutuo de las esferas de influencia en reemplazo del orden eurocéntrico tradicional11.

Durante las sesiones en la Sociedad de las Naciones, el presidente Wilson cedió al reclamo de un grupo de congresistas estadounidenses, en su mayoría del Partido Republicano, que exigían que el pacto incluyese un reconocimiento especial, pues temían que la Sociedad de las Naciones fuese incompatible con la Doctrina Monroe y pudiese obligar a eeuu a involucrarse en conflictos fuera del hemisferio. Esa propuesta fue aprobada y resultó en el artículo 21: «Los compromisos internacionales, tales como los tratados de arbitraje, y las inteligencias regionales, tales como la Doctrina de Monroe, que aseguran el mantenimiento de la paz, no se consideran incompatibles con ninguna de las disposiciones del presente pacto»12.

Así, la protección explícita de la Doctrina Monroe en el pacto y su puesta en un mismo nivel de los acuerdos y compromisos internacionales llevó a que Japón volviese a reivindicar una doctrina semejante para Asia. En su propuesta a la Asamblea de la Sociedad de las Naciones, la delegación japonesa argumentó que Japón era «responsable por el mantenimiento de la paz y el orden en Extremo Oriente». El ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Uchida Kōsai, elogió el pacto logrado en la medida en que preveía el respeto a los «entendimientos regionales», y destacó que Japón era el «sostén de la tranquilidad en esta parte del mundo»13.

Sobre la base de todas estas manifestaciones, podría concluirse que tanto eeuu como Japón se arrogaron responsabilidad en la preservación del orden regional y, con ello, legitimidad para el uso de la fuerza a fin de impedir cualquier interferencia o injerencia de otros Estados extrarregionales. Sin embargo, la posición que prevaleció en la Sociedad de las Naciones fue que no era posible transferir la Doctrina Monroe a otros escenarios geopolíticos, a no ser que existiese el permiso y la aprobación de eeuu. Por ende, y pese a que la Sociedad se constituía como una organización mundial con principios universalistas, no solo se abstuvo de proponer una organización global del espacio sino que acabó legitimando la concepción de ordenamiento espacial del hemisferio occidental establecida en la Doctrina Monroe, y le garantizó de ese modo a eeuu su excepcionalidad14.

Las nuevas fronteras del comercio internacional

Cualquier análisis que se haga de la Doctrina Monroe exige, para una comprensión adecuada, que tengamos en cuenta los diversos modos en que esta doctrina se articuló con otras de su tipo. El corolario de la Doctrina Monroe, formulado en días en que el poder económico y geopolítico estadounidense estaba en franco ascenso, permitió incorporar las interpretaciones de la Doctrina de Puertas Abiertas (Open Door) con el propósito de asegurar la expansión comercial y resolver las rivalidades internacionales de manera pacífica en regiones más allá del hemisferio occidental.

Las Notas que conformaron esta otra doctrina, formuladas en 1899 por el secretario de Estado del presidente William McKinley, John Hay, constituyeron un momento decisivo en la historia de las relaciones internacionales de eeuu e inauguraron un proceso en el cual serían cuestionadas, al mismo tiempo, la política de «aislacionismo hemisférico» estadounidense y la fijación de zonas económicas del colonialismo operante en China. En su fase inicial, la política de Puertas Abiertas para Asia podría pensarse como una primera tentativa de respuesta de eeuu a las falencias del sistema internacional basado en el colonialismo europeo. Con el argumento de la necesidad de establecer reglas basadas en la igualdad de trato para solucionar conflictos internacionales, las Notas de Puertas Abiertas promovían un enfoque por el cual China debería tratar a todos los países y empresas extranjeras de forma igualitaria15.

La diferencia principal entre la Doctrina de Puertas Abiertas respecto de China y la política del garrote (big stick) en las Américas residía en el modo en que eeuu concebía el orden mundial. La política de Puertas Abiertas de Roosevelt se basaba en una apreciación realista de las limitaciones del poder estadounidense sin afectar el respeto a las esferas de influencia; esto era así en tanto era evidente que eeuu carecía de los recursos militares necesarios para emprender una política basada en el uso de la fuerza en Asia, a diferencia del hemisferio occidental16.

Cuando Roosevelt dejó su cargo en 1909, diversos políticos, analistas y empresarios elogiaron su Corolario como un modelo de solución para la estabilidad económica y política en el hemisferio occidental, ya que en él se vislumbraba un comercio pacífico en el hemisferio y un beneficio sólido para eeuu debido a su proximidad geográfica con los mercados latinoamericanos.

Derivado de las interpretaciones que Roosevelt y Wilson realizaron a partir de la lectura de la obra de Frederick Turner The Significance of the Frontier in American History [La importancia de la frontera en la historia estadounidense], otro conjunto de ideas llegó para unirse a las doctrinas Monroe y Puertas Abiertas, para dar por resultado la principal fuerza motriz en el accionar internacional estadounidense. En líneas generales, el libro de Turner explicaba la evolución de la democracia y de la prosperidad nacional en razón de la expansión hacia el oeste17.

La relectura de la Doctrina de Puertas Abiertas surgía como una nueva estrategia para un tiempo en que ya se había completado la ampliación de la frontera oeste a fines del siglo xix y ponía un cierre a un modelo basado en la apropiación e incorporación territorial. Durante la campaña presidencial de 1912, Wilson parafraseó esta tesis: «La marcha hacia el oeste alcanzó ya las costas del Pacífico, y ahora la trama se complica (…) Nuestras industrias se expandieron a tal punto que romperán sus estructuras si no logran hallar salidas libres en los mercados del mundo». Así visto, el mercado mundial pasaba a ser la nueva frontera para el sistema estadounidense18.

El secretario de Estado Bryan aclaraba periódicamente a los distintos sectores de la sociedad estadounidense que la política del presidente Wilson pasaba por «abrir las puertas de los países más débiles a la invasión del capital y las empresas estadounidenses». Tales definiciones consideradas en su contexto histórico simbolizaron un nuevo momento de la alianza entre la diplomacia y la industria, el comercio y las finanzas, que se tradujo en el desarrollo del capitalismo corporativo y su expansión mundial. Pese a que la Doctrina de Puertas Abiertas enfatizaba la necesidad común a todas las naciones de tener un acceso equitativo a las redes de comercio y negocios, no hacía ninguna mención a la eliminación de las medidas de proteccionismo en favor de la producción nacional, lo cual habría exigido la apertura del propio mercado estadounidense a otros actores externos. La Doctrina de Puertas Abiertas de Wilson no tenía la especificidad regional de la Doctrina Monroe de Roosevelt, y por eso sus promotores frecuentemente entraban en conflicto respecto de los objetivos estratégicos de eeuu en el marco de lo que significaba una nueva visión sobre el comercio global.

La Primera Guerra Mundial puso en duda la validez de la Doctrina de Puertas Abiertas, pero Wilson buscó darle un renovado vigor basándose en la idea de que ya no era posible para eeuu vivir al margen de las cuestiones globales. El modelo que entonces propuso, asentado en el artículo 3 de los Catorce Puntos19, remarcaba la necesidad de construir una estructura institucional para la resolución pacífica de conflictos y la promoción de oportunidades comerciales igualitarias. Aunque la oposición en el Senado lograba derrotar la propuesta de Wilson respecto de la participación de eeuu en la Sociedad de las Naciones, la idea de las puertas abiertas persistió en las administraciones republicanas subsiguientes, en las cuales la diplomacia pasó a tener como función central la promoción de oportunidades comerciales globales para las grandes firmas exportadoras locales. Así, y por más que una y otra vez el presidente entrante pudiese criticar al saliente respecto de estas cuestiones, lo cierto es que todos se apegaron a la tradición de la Doctrina de Puertas Abiertas y activaron los principios ideológicos básicos de acceso comercial que sin duda eran del mayor interés para las elites estadounidenses20.

A partir de Wilson, todos los defensores de la Doctrina de Puertas Abiertas comprendieron que, en última instancia, la actuación internacional de eeuu debía guiarse principalmente por los imperativos económicos. Es decir que la tendencia inherente a la superproducción y al subconsumo interno exigía una válvula de escape que obligaba a realizar los intereses económicos en el exterior, con el consecuente involucramiento político y, como último recurso, militar. La ausencia de dimensiones políticas en algunas vertientes del liberalismo estadounidense se tradujo en la percepción de que existía una cierta pasividad que redundó en la ausencia de una política exterior propiamente dicha.

El wilsonianismo promovió una transformación de la Doctrina Monroe, que en lugar de limitarse a un espacio geográfico históricamente determinado pasó a regir como principio general y universalmente concebido para reformar la política mundial. A partir de los episodios que involucraron a China y Japón, el uso de la Doctrina de Puertas Abiertas y de la interpretación de la «nueva frontera» en la diplomacia pasó a expresar una idea de expansión económica en áreas agrarias del mundo colonial basada en la garantía de integridad territorial y el autogobierno.

Desde el final de la Primera Guerra Mundial, los mecanismos jurídicos y diplomáticos que regularon la aplicación de sanciones económicas fueron presentados en la Sociedad de las Naciones como una alternativa pacífica a la guerra. En un discurso a la nación, el presidente Wilson se propuso convencer a la opinión pública de que el uso de la economía en reemplazo de la fuerza militar era un poderoso instrumento de diplomacia internacional capaz de impedir con éxito una agresión armada21. Para esto, tomó como ejemplo el aislamiento económico como el factor principal que llevó a Alemania a rendirse. De acuerdo con Wilson, el boicot económico era un «remedio pacífico, silencioso y letal» que podía sustituir a la guerra. Desde entonces, el mecanismo de sanciones ha tenido una historia ambivalente hasta nuestros días: son «pacíficas» y «letales», son «potentes» sin usar la fuerza; a diferencia de las acciones militares, puede retratárselas como civilizadas, pero su rigor puede volverse insoportable22.

Las ideas de Wilson se incorporaron en el artículo 16 del Pacto de la Sociedad de las Naciones, que obligaba a los Estados a imponer sanciones económicas contra cualquier miembro de la Sociedad que recurriese a la guerra de agresión o conquista. El supuesto era que las sanciones económicas tendrían un efecto disuasivo al hacer que los países potencialmente agresores entrasen en razón antes de emprender cualquier tipo de acción bélica23.

La imposición de sanciones a partir de 1919 fue una señal de que el orden internacional posterior a la Primera Guerra Mundial traía su marca liberal de inspiración norteamericana en la cual la guerra económica, subordinada a los lineamientos de una organización internacional, venía a oponerse a la «anarquía internacional» del mundo anterior a aquella Gran Guerra. El auge de las sanciones estuvo, por lo tanto, ligado a una transformación más amplia de la guerra, del liberalismo y del derecho internacional, y a la irrupción, en líneas generales, del nuevo orden mundial entonces en gestación.

Conclusión

A lo largo de sus 200 años de existencia, la Doctrina Monroe adquirió varios significados y tuvo diferentes implicaciones, dependiendo del contexto histórico y de los intereses de las fuerzas políticas que buscaron justificar sus respectivas interpretaciones. Asumiendo perfiles de acuerdo con la ideología, la teoría jurídica, la cultura política o la geopolítica, la Doctrina Monroe se fue moldeando conforme las circunstancias, y los distintos corolarios que se le añadieron habilitaron interpretaciones hechas desde diversos ángulos, a veces antagónicos. Todas esas adaptaciones e interpretaciones no solo expresan las directrices diplomáticas generales, sino que revelan, en cierta forma, cuáles son las estrategias que las fuerzas políticas en disputa han querido asignarle a la política exterior estadounidense24.

La Doctrina Monroe dejaba en claro que el Nuevo y el Viejo Mundos deberían mantenerse como esferas de influencia separadas y autónomas. Con Theodore Roosevelt, el corolario que lleva su nombre asentó una interpretación de la doctrina en dos direcciones: eeuu tenía el derecho de intervenir preventivamente en los asuntos internos de otros países del hemisferio occidental bajo la justificación de preservar la estabilidad y el orden, al tiempo que reconocía esferas de influencia en otras regiones del mundo teniendo como objetivo un orden mundial basado en el equilibrio de poder, lo que constituía un enfoque realista para las relaciones internacionales norteamericanas. Igual que Roosevelt, el presidente Wilson invocó la Doctrina Monroe como modelo de un nuevo orden internacional, aunque lo hizo en sentido opuesto, rechazando categóricamente las propuestas de reconocimiento de otras esferas de influencia. La propuesta de globalización de la Doctrina Monroe en conjunto con la Doctrina de Puertas Abiertas y los Catorce Puntos defendidos por Wilson se convirtieron en el fundamento de la teoría liberal en lo que hace a su internacionalismo, es decir, eeuu debía asumir el liderazgo y ejercer la responsabilidad de mantener seguro al mundo guiándose por los principios liberales capitalistas25.

En paralelo, el uso de la Doctrina Monroe en tanto estrategia internacional no se restringió a las disputas políticas de eeuu, sino que pasó a ser aprovechado por potencias en ascenso que, por regla general, siempre expresaron algún tipo de reivindicación y de reclamo respecto del orden mundial vigente, lo que genera inevitablemente una competencia feroz por el dominio de determinados territorios.

En lugar de criticar el intervencionismo asociado a la doctrina, no es extraño que Rusia y China intenten establecer analogías con eeuu para sus respectivas áreas de proyección regional. Si eeuu implementó la Doctrina Monroe en el hemisferio occidental mientras el país se iba desarrollando como una potencia, otras potencias reivindican, de manera explícita o implícita, su derecho a una teoría semejante para sus propias áreas de influencia. Es decir, el derecho a intervenir militarmente en espacios conflictivos en los cuales es constatable la presencia de «fuerzas exteriores» a la región, que amenazan los intereses nacionales de la potencia regional.

Durante el proceso de disolución de la Unión Soviética, se publicaron varios policy papers y memorandos redactados por asesores y analistas políticos en los que aparecía mencionada la Doctrina Monroe, puesta al servicio del planteo según el cual el espacio geopolítico de la antigua urss debería considerarse «esfera vital de interés de Rusia»26.

Las disputas sobre el Mar del Sur de China resultaron en un foco de tensiones regionales a partir del momento en que China declaró su soberanía territorial marítima sobre aquella área. En mayo de 2014, Xi Jinping explicó cómo sería la «Nueva Diplomacia Asiática»: «En definitiva, corresponde al pueblo de Asia manejar los asuntos de Asia, resolver los problemas de Asia y mantener la seguridad de Asia. El pueblo de Asia tiene la capacidad y la sabiduría para alcanzar la paz y la estabilidad en la región por medio de una cooperación más profunda», esto es, cooperando entre ellos y sin terceros. Varios analistas consideraron que la frase «corresponde al pueblo de Asia manejar los asuntos de Asia» es una clara versión de la Doctrina Monroe dos siglos después27.

En un discurso pronunciado en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (onu) sobre la cuestión ucraniana, el ministro de Relaciones Exteriores ruso Serguéi Lavrov advirtió: «La famosa Doctrina Monroe está adquiriendo un alcance global», para luego añadir que Washington intenta expandir su esfera de influencia a todo el planeta28. En el mismo sentido, en una publicación reciente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China llegó a afirmar que eeuu, con la excusa de promover la democracia, ha adoptado una «Doctrina Neo-Monroe» en América Latina, ha impulsado las «revoluciones de colores» en Eurasia y ha planificado la «primavera árabe» en Asia occidental y el norte de África, todo con el objetivo de derrocar a los gobiernos hostiles o no alineados29.

En suma, las grandes potencias extraen distintos significados atribuibles a la Doctrina Monroe para construir sus discursos de reivindicación de derechos similares, en el sentido de hacer que se respeten las esferas de influencia o de rechazar la doctrina en cuestión cuando es vista como instrumento de la hegemonía de eeuu en distintas partes del mundo.

Un reconocido historiador de la política exterior estadounidense expresó, de manera muy apropiada, que la Doctrina de Puertas Abiertas «es una metáfora y, como todas las metáforas, extrae su potencia de la fidelidad con que sus imágenes retratan la realidad que se intenta describir». Sostuvo también que al absorber variedades esencialmente diferentes de experiencias ideológicas dentro del campo de sus imágenes, la doctrina tiende a sofocar el análisis y a obturar la formulación de nuevas cuestiones. Podríamos agregar a esto que la Doctrina Monroe también puede ser vista como una metáfora en la que se manifiestan todas las características señaladas, pero disentimos enfáticamente con el autor cuando este afirma que la concepción ideológica que orienta la doctrina apenas «oculta desvíos ideológicos en la política exterior de eeuu y oscurece aún más las elecciones difíciles». Por el contrario, y como hemos tratado de argumentar, echar luz sobre las distintas interpretaciones de las doctrinas y sus fusiones expone de manera clara no solo las tensiones y contradicciones históricas existentes en la política exterior estadounidense, sino también los modos en que otras potencias hacen sus interpretaciones30.

Los planteos de Wilson respecto de las diversas doctrinas históricas de eeuu transformaron el modo en que el liberalismo pasó a concebir las relaciones entre geopolítica y economía internacional en favor de un enfoque que se volvió hegemónico entre las elites estadounidenses. La amenaza más importante a la estabilidad internacional no era precisamente la guerra entre Estados sino, sobre todo, las posibles consecuencias que podían derivar de los conflictos entre naciones en cuanto al colapso de las instituciones sobre las que se apoya el sistema mundial de comercio. Para preservar la libertad económica del capitalismo mundial, el internacionalismo liberal pasó a empuñar los instrumentos económicos como las nuevas armas de la política internacional.

En este sentido, pese al auge en eeuu de fuerzas contrarias al internacionalismo liberal, este se mantiene más vivo que nunca. Aun cuando hubo un cambio significativo en los tonos políticos con el gobierno de Biden y, en concreto, un abandono de los llamados e incentivos a propiciar golpes de Estado tan característicos de Trump, no se han dejado de mantener el embargo a Cuba y las sanciones económicas a diversos países. El discurso puede incluso rechazar formalmente la aplicación de la Doctrina Monroe, pero no hay grandes divergencias respecto de los esfuerzos hechos durante el gobierno de Trump para combatir la creciente influencia económica china o las áreas de influencia que Rusia reivindica para sí en Europa del Este. En definitiva, existe consenso en las elites estadounidenses en cuanto a que eeuu y sus aliados deben usar todos los instrumentos económicos disponibles para castigar a los gobiernos que desafían su predominio global o que se alían con otras potencias como Rusia y China. Resta saber si las nuevas configuraciones en la economía mundial y en el orden geopolítico aún se conjugan con las doctrinas expansionistas estadounidenses.

Reginaldo Nasser: es profesor del área de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, coordinador del Grupo de Estudios sobre Conflictos Internacionales (geci) e investigador del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología para Estudios Estadounidenses (ineu) de San Pablo.

Palabras claves: Doctrina Monroe, expansionismo, zonas de influencia, Estados Unidos.

Nota: traducción del portugués de Cristian De Nápoli.

1. Robbie Gramer y Keith Johnson: «Tillerson Praises Monroe Doctrine, Warns Latin America of ‘Imperial’ Chinese Ambitions» en Foreign Policy, 2/2/2018.

2. Alonso Gurmendi: «So, You Brought up the Monroe Doctrine Again…» en Opinio Juris, 21/1/2022.

3. «The Monroe Doctrine», 1823, disponible en <https://ap.gilderlehrman.org/>. [Versión en español disponible en <www.oas.org/sap/peacefund/VirtualLibrary/MonroeDoctrine/Treaty/MonroeDoctrine

Spanish.pdf>].

4. «La injusticia crónica o la importancia que resultan de un relajamiento general de las reglas de una sociedad civilizada pueden exigir, en consecuencia, en América o fuera de ella, la intervención de una nación civilizada y, en el hemisferio occidental, la adhesión de eeuu a la ‘Doctrina Monroe’ puede obligar a eeuu, aunque en contra de sus deseos, en casos flagrantes de injusticia o de impotencia, a ejercer un poder de policía internacional». Corolario de Roosevelt a la Doctrina Monroe, 1905, disponible en <www.archives.gov/milestone-documents/roosevelt-corollary>.

5. Susanna Hast: Spheres of Influence in International Relations: History, Theory and Politics, Routledge, Londres, 2016.

6. Tony Smith: America’s Mission: The United States and the Worldwide Struggle for Democracy in the Twentieth Century, Princeton up, Princeton, 1994.

7. Marco Mariano: «Isolationism, Internationalism and the Monroe Doctrine» en Journal of Transatlantic Studies vol. 9 No 1, 2011.

8. James R. Holmes: Theodore Roosevelt and World Order: Police Power in International Relations, Potomac, Dulles, 2006.

9. George H. Blakeslee: «The Japanese Monroe Doctrine» en Foreign Affairs vol. 11 No 4, 1933.

10. Großraum significa literalmente «espacio grande» y refiere a las «esferas de influencia» o «espacios geopolíticos». Pretende abarcar un área o región, demarcando una zona de seguridad (en el sentido de autodefensa) y habilitando una reivindicación ligada a una soberanía espacial que excede las fronteras del Estado.

11. Gerard Kearns: «Echoes of Schmitt among the Ideologists of the New American Empire» en Stephen Legg: Spatiality, Sovereignty and Carl Schmitt: Geographies of the Nomos, Routledge, Londres, 2011.

12. S. Legg: ob. cit.

13. Margaret Mac Millan: The War That Ended Peace: The Road to 1914, Random House, Nueva York, 2013.

14. S. Legg: ob. cit.

15. Frank Ninkovich: Ideology, the Open Door, and Foreign Policy, Oxford up, Oxford, 1982.

16. Michael Patrick Cullinane y Alex Goodall: The Open Door Era: United States Foreign Policy in the Twentieth Century, Edinburgh up, Edimburgo, 2017.

17. Arthur Lima de Aviva: «Presentación» en F.J. Turner: «O significado da história» en História vol. 24 No 1, 2005.

18. Walter LaFeber: «The Evolution of the Monroe Doctrine from Monroe to Reagan» en Lloyd C. Gardner: Redefining the Past: Essays in Diplomatic History in Honor of William Appleman Williams, Oregon State up, Corvallis, 1986.

19. «La supresión, en la medida de lo posible, de todas las barreras económicas y el establecimiento de una igualdad de condiciones comerciales entre todas las naciones que consientan en la paz y se asocien para su mantenimiento». «President Woodrow Wilson’s Fourteen Points», 8/1/1918, disponible en The Avalon Project, Universidad de Yale, disponible en <https://avalon.law.yale.edu/20th_century/wilson14.asp>.

20. M.P. Cullinane y A. Goodall: ob. cit.

21. Iryna Bogdanova: Unilateral Sanctions in International Law and the Enforcement of Human Rights: The Impact of the Principle of Common Concern of Humankind, Brill Nijhoff, Leiden, 2022.

22. Joy Gordon: A Peaceful, Silent, Deadly Remedy: The Ethics of Economic Sanctions, Cambridge up, Cambridge, 2012.

23. Nicholas Mulder: The Rise of Sanctions as a Tool of Modern War, Yale up, New Haven, 2022.

24. Gretchen Murphy: Hemispheric Imaginings: The Monroe Doctrine and Narratives of us Empire, Duke up, Durham, 2005.

25. Henry Kissinger: Diplomacy, Simon & Schuster, Nueva York, 1994. [Hay edición en español: La diplomacia, fce, Ciudad de México, 1995].

26. Gerard Toal: Near Abroad: Putin, the West, and the Contest over Ukraine and the Caucasus, Oxford up, Nueva York, 2017.

27. Steven F. Jackson: «Does China Have a Monroe Doctrine? Evidence for Regional Exclusion» en Strategic Studies Quarterly vol. 10 No 4, invierno de 2016.

28. «Lavrov: us is Trying to Turn Whole World into its ‘Backyard’» en News, 25/9/2022.

29. Shirley V. Scott: «China’s Nine-Dash Line, International Law, and the Monroe Doctrine Analogy» en China Information vol. 30 No 3, 8/2016.

30. Levin Gordon: Woodrow Wilson and World Politics: America’s Response to War and Revolution, Oxford up, Oxford, 1970.

Cuando los intelectuales imaginaron la transición democrática

Sofía Mercader

Dos grupos intelectuales jugaron un importante rol en la transición a la democracia argentina: los filósofos del derecho liderados por Carlos Nino, que asesoraron al presidente Raúl Alfonsín en el diseño de la estrategia de derechos humanos, y los intelectuales socialdemócratas que propusieron una reformulación del socialismo en clave democrática y liberal. Volver sobre los debates y las ideas que estos grupos pusieron en juego en un momento fundacional de la democracia argentina tiene una particular importancia en el momento actual.

El 19 de abril de 1987, el nerviosismo era palpable en la Casa Rosada, la sede de gobierno argentina. Un grupo de militares llevaba días tomando un cuartel en Campo de Mayo y amenazaba con dar un golpe de Estado a tres años del restablecimiento de la democracia en el país. Cientos de miles de personas se habían congregado en la Plaza de Mayo, frente a la casa de gobierno, en oposición al motín y en apoyo de la democracia. Ese día, un hombre permaneció en la antesala de la oficina presidencial sin que nadie reparara en él, mientras veía cómo un sinfín de ministros, líderes de la oposición y empleados entraban y salían de la oficina del presidente. Algún funcionario le dirigió la palabra solo para burlarse de que estaba leyendo un libro en semejante situación. En un momento de breve calma, el hombre pudo entrever a través de las cortinas de tela la sombra solitaria de Raúl Alfonsín, el presidente, caminando nerviosamente de un lado al otro. Comprendió en ese instante que no iba a haber una salida satisfactoria ante el levantamiento del grupo militar, los «carapintadas», que mantenía en vilo a la sociedad argentina en esos días de Semana Santa. Ese hombre era Carlos Santiago Nino y estaba allí porque era uno de los intelectuales más cercanos al presidente Alfonsín1.

Nino fue nada menos que el arquitecto de la estrategia de derechos humanos del primer gobierno democrático luego de la dictadura militar (1976-1983). Esta cuestión fue un tema central de los primeros años de la transición que comenzó en 1983 con la elección de Alfonsín, el líder de la Unión Cívica Radical (ucr), partido centenario tradicionalmente asociado a las clases medias. Argentina, cuyo siglo xx había estado marcado por sucesivos golpes militares, debía dejar atrás su pasado autoritario y establecer bases democráticas sólidas para su porvenir. Se trató de años durante los cuales la democracia se convirtió en la piedra angular de todos los discursos sobre el país sudamericano. «Con la democracia se come, se cura, se educa» fue la emblemática frase con que Alfonsín cerró su discurso inaugural frente a la Asamblea Legislativa el 10 de diciembre de 1983. Esa afirmación hiperbólica, que le adjudicaba a la democracia una cualidad casi omnipotente, sintetizó las expectativas generadas por el fin de la dictadura militar y el inicio de una nueva etapa. Sin ir más lejos, la estrategia de derechos humanos que Nino y sus colegas diseñaron en esos años tenía el objetivo principal de establecer cimientos sólidos, basados en principios éticos, para la democracia argentina.

«Con la democracia se come, se cura, se educa» fue la emblemática frase con que Alfonsín cerró su discurso inaugural el 10 de diciembre de 1983

Con la amenaza de los «carapintadas» en 1987, que se oponían a los juicios por delitos contra los derechos humanos que estaba llevando a cabo la justicia civil, parecía que esa estrategia de justicia retroactiva que tanto entusiasmo había generado en la sociedad comenzaba a tambalearse2. Ese mismo 19 de abril, los militares amotinados pidieron que el propio Alfonsín, y no los ministros que hasta entonces el presidente había enviado para negociar con los insurgentes, se presentara en persona ante ellos. Luego de rezar en la capilla de la Casa Rosada, Alfonsín se subió a un helicóptero que lo llevó a Campo de Mayo. No hay registros de lo que ocurrió en esa reunión, pero el presidente volvió a las pocas horas y se dirigió a los manifestantes que se encontraban en la Plaza de Mayo. «La casa está en orden y hoy no hay sangre en la Argentina», les dijo en una frase célebre, y luego los conminó a volver a sus hogares. Los militares se rindieron y unos días después Alfonsín envió el proyecto de Ley de Obediencia Debida al Congreso, que limitaba el alcance de los juicios para militares de bajo rango involucrados en crímenes cometidos bajo la dictadura, lo que fue interpretado como una claudicación del presidente ante la presión militar. A partir de ese momento, Alfonsín perdió el apoyo de un gran espectro de actores políticos, incluidos los intelectuales de izquierda y centroizquierda.

En un episodio bastante singular de comunión entre ideas y política, los intelectuales jugaron un rol fundamental en la transición. Un primer círculo de pensadores estuvo constituido por aquellos que trabajaron en la estrategia de derechos humanos del gobierno, entre quienes se destacaron Nino, Jaime Malamud Goti y Martín Farrell. Un segundo grupo más amplio, que mantuvo una cierta distancia del gobierno, pero que sin embargo produjo una renovación en las ideas políticas, estuvo constituido por lo que podría llamarse la intelectualidad socialdemócrata. De este último grupo, algunos ocuparon puestos en el gobierno o actuaron como consejeros del presidente, y muchos apoyaron al proceso de transición desde una posición externa al poder.

A 40 años de la recuperación de la democracia, vale la pena preguntarse cómo estos círculos concéntricos de intelectuales que rodearon al presidente contribuyeron a los debates de la transición argentina. Para entender cuál es su historia, hay que mirar el arco temporal que va de las elecciones de 1983 a los comienzos de 1987, marcados por el levantamiento militar de Semana Santa y la desilusión con el gobierno; desilusión a la que se le sumaron el estancamiento económico y la crisis inflacionaria de fines de la década de 1980. Fue, en definitiva, un episodio bastante único de colaboración entre intelectuales y política, condensado en unos pocos años que marcaron la naciente democracia. Fueron años que Beatriz Sarlo, una de las intelectuales principales del grupo socialdemócrata, alguna vez recordó como «el mejor momento de la sociedad argentina»3.

Los «filósofos» y el Juicio a las Juntas

«Nos impresionó de Alfonsín su compromiso con principios éticos, su disposición a la discusión de ideas y su cálida personalidad»4. Así describió Carlos Nino su primer encuentro con Alfonsín, el cual tuvo lugar hacia fines de la dictadura militar. Era en las postrimerías de la derrota argentina frente al Reino Unido en la Guerra de Malvinas de 1982, el evento que forzó a los militares a llamar a elecciones. Para ese momento, Nino, un filósofo del derecho reconocido internacionalmente5, había empezado a pensar, junto con Jaime Malamud Goti, cómo podía implementarse la justicia retroactiva en el caso argentino6. Ellos dos, junto con Martín Farrell, fueron los principales colaboradores de Alfonsín en su estrategia de derechos humanos. El presidente los bautizó como «los filósofos».

La estrategia pensada por los filósofos tuvo dos ejes fundamentales: por un lado, la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y, por el otro, la realización del juicio a las juntas militares. La Conadep fue la encargada de investigar el destino y paradero de los desaparecidos y de recibir testimonios de víctimas, familiares de víctimas y miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Su función principal fue recolectar la información disponible sobre la desaparición de personas en Argentina para entregarla al Poder Judicial. Nino, por ejemplo, participó activamente en la selección de los miembros de la comisión, que debían ser figuras públicas destacadas sin filiación política7. Malamud Goti, por otra parte, trabajó en la conformación de la Corte Suprema y la designación de los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal, un paso necesario para «depurar» a la justicia de jueces alineados con los militares.

El trabajo de la Conadep fue fundamental porque ofreció la base sobre la cual se recolectaron las pruebas en las causas contra los militares. Pero más aún, la comisión hizo públicos los crímenes cometidos bajo la dictadura. Luego de nueve meses de trabajo incansable, en septiembre de 1984 presentó su informe final titulado Nunca más, que, editado como libro, se convirtió en un best seller. En el Nunca más, miles de testimonios revelaban que la represión militar había sido un plan sistemático de secuestro, tortura y desaparición de personas altamente coordinado, y que los «excesos» que se habían cometido no habían sido, como sostenían los militares, hechos aislados. Las víctimas contaban detalles sobre los métodos de tortura, las violaciones y el robo de bebés nacidos en cautiverio. Era, en definitiva, un repertorio de narraciones espeluznantes que desafiaba las mentes más imaginativas. Para una sociedad como la argentina, que había permanecido mayoritariamente ciega a los acontecimientos, en parte por la censura que ejercía el régimen, pero en parte también por una suerte de tácita complicidad, el Nunca más fue revelador sobre los niveles de inhumanidad con que se condujeron los militares.

El segundo eje fundamental de esta estrategia de derechos humanos fue el juicio a las juntas militares que gobernaron el país entre 1976 y 1983. Dos cuestiones deben tenerse en cuenta para poder captar la dimensión que tuvo el juicio. La primera es que la posibilidad de enjuiciar a los militares era vista con gran escepticismo; nadie creía que se podían llevar a cabo acciones penales sin provocar una reacción desmedida de las Fuerzas Armadas. Como escribió el propio Nino en Juicio al mal absoluto, las amnistías frente a las violaciones de derechos humanos, no el castigo, habían sido hasta ese momento la norma en los procesos transicionales en todo el mundo8. Por otra parte, los militares habían decretado una ley de autoamnistía (Ley 22.924 de Pacificación Nacional), que había tenido el visto bueno de varios sectores políticos, incluido el candidato peronista para las elecciones de 1983 Ítalo Argentino Luder. Que los militares –que apenas habían dejado el gobierno y tenían suficiente poder para condicionar el proceso de transición– se sometieran a la justicia civil parecía imposible.

La segunda cuestión es que los juicios, como Nino también expresó en su libro, no tenían como único fin la justicia retributiva, es decir, establecer un castigo que «retribuyera» los daños cometidos. Citando las ideas de Hannah Arendt sobre el mal absoluto en relación con los crímenes nazis, Nino pensaba que el «mal radical» que se apoderó del Estado argentino en los años de la dictadura no podía ser juzgado ni perdonado. Más bien, los juicios debían realizarse con miras hacia el futuro: eran la garantía de que no se produjeran futuras violaciones a los derechos humanos. Más aún, Nino pensaba que era una manera de establecer bases democráticas sólidas conducentes a superar algunos de los problemas persistentes del funcionamiento institucional de Argentina, tales como el dualismo ideológico, el corporativismo, la anomia y la concentración de poder9. Nino y sus colegas tuvieron un rol fundamental en idear los mecanismos conducentes a la realización de los juicios, entre los cuales se contaban la anulación de la ley de autoamnistía que habían sancionado los militares y toda una serie de recursos legales técnicos para lograr trasladar los casos de violaciones de derechos humanos de la justicia militar a la justicia civil, la reconstrucción de un Poder Judicial independiente y la creación de la Conadep.

Las audiencias públicas del Juicio a las Juntas comenzaron en abril de 1985. El fiscal Julio Strassera fue el encargado, junto con un equipo de jóvenes trabajadores del Poder Judicial, de presentar una serie de pruebas que establecieron la sistematicidad con que se había llevado a cabo la represión ilegal. Luego de varios meses en los que víctimas, perpetradores, políticos y especialistas dieron su testimonio, Strassera dio conclusión a su caso argumentando que los altos mandos militares eran culpables, tanto por comisión como por omisión, de delitos de lesa humanidad, desechando el argumento de los militares basado en la legítima defensa (la idea de que estaban en una guerra legítima contra la «subversión»). Concluyó su alegato diciendo, en una formulación que sería recordada décadas después como una especie de punto de inflexión histórico, que renunciaba a toda pretensión de originalidad al usar «una frase que ya le pertenece a todo el pueblo argentino: ‘nunca más’».

Los líderes de las guerrillas que habían cometido crímenes también fueron juzgados

El 9 de diciembre de 1985, a dos años de la vuelta a la democracia, la Cámara anunció públicamente su decisión. Los principales miembros de las juntas militares que gobernaron Argentina entre 1976 y 1983 fueron encontrados culpables y recibieron sentencias; en los casos del ex-presidente Jorge Rafael Videla y el comandante de la Armada y miembro de la junta militar Emilio Massera, se los sentenció a prisión perpetua, mientras que el resto recibió condenas de entre 4 y 17 años. Los líderes de las guerrillas que habían cometido crímenes también fueron juzgados. La sentencia fue ejemplar y constituyó un precedente internacional de justicia transicional de gran magnitud. Se cumplía, además, el objetivo de juzgar a los máximos responsables de los crímenes de la dictadura, algo que Alfonsín había promovido desde el inicio de su gobierno10. Pero pronto quedaría en evidencia que la estrategia que Alfonsín y sus consejeros habían diseñado estaba lejos de ser por completo exitosa.

En los meses siguientes, los juicios prosiguieron y la ansiedad de los militares los condujo a sucesivos intentos de desestabilizar el proceso en curso. Muchos militares de menor rango se rehusaron a responder a los llamados de la justicia. El gobierno intentó limitar el alcance de los juicios a través de la Ley de Punto Final (ley 23.492), que establecía un plazo para presentar nuevos casos a la justicia, pero esto actuó como un bumerán que aceleró la presentación de denuncias. El punto álgido del conflicto llegó, finalmente, con el amotinamiento de los «carapintadas» en la Semana Santa de 1987. Cuando, acorralado por estos hechos, Alfonsín presentó la Ley de Obediencia Debida (ley 23.521), que dejaba a muchos militares en un terreno de inimputabilidad, su popularidad se vio profundamente afectada.

El punto álgido del conflicto llegó, finalmente, con el amotinamiento de los «carapintadas» en la Semana Santa de 1987

Nino, que para ese momento cumplía funciones en el Consejo para la Consolidación de la Democracia y por ende ya no trabajaba codo a codo con el presidente, se sintió «profundamente enojado» con la Ley de Obediencia Debida. Alfonsín le preguntó si su cuestionamiento se basaba en «causas morales», a lo que Nino le contestó que no, porque no era un «retributivista en el tema del castigo», pero que creía que la ley podría tener consecuencias dañosas para la sociedad si los militares seguían ganando terreno en sus demandas11. Si bien Nino, años más tarde, diría que Alfonsín había tomado la decisión correcta, su desilusión con el curso que habían tomado los acontecimientos era evidente. Semana Santa marcó así el final de esa colaboración estrecha entre intelectuales y poder político en un tema que fue probablemente el hecho más relevante y más singular de la transición argentina: el juzgamiento a los militares.

Pero Nino no fue el único intelectual desilusionado con lo que ocurrió en 1987. Alfonsín fue también perdiendo las simpatías de otros intelectuales, que se identificaban con una izquierda moderna y moderada y que habían hecho «cuentas» con el pasado revolucionario. Este fue sin dudas un grupo muy influyente de pensadores que ocuparon un rol privilegiado como dinamizadores de debates públicos, sobre todo en las filas de la izquierda intelectual en Argentina. No se trató de todo el espectro de la izquierda intelectual, ya que hubo otros grupos, algunos alineados con el peronismo opositor y otros con una versión más radical de la izquierda (comunistas, trotskistas), que se opusieron a ese momento alfonsinista. Pero los socialdemócratas fueron, sin dudas, un grupo particularmente influyente en esos años.

Un nuevo socialismo democrático

Durante el inicio del levantamiento «carapintada», el 16 de abril de 1987, Alfonsín se dirigió al Congreso de la Nación. «La democracia está entre nosotros, está para quedarse», declaró allí12. Era un breve discurso centrado en una férrea defensa de la democracia y una abierta confrontación con los militares. Ese discurso, como otros tantos de esa época, fue escrito por un grupo de intelectuales que desde 1984 trabajaron de manera discreta con el presidente en su estrategia discursiva: el Grupo Esmeralda13. Dos figuras intelectuales sobresalieron en este grupo: Juan Carlos Portantiero y Emilio de Ípola, cuyas trayectorias ilustran con particular nitidez los vaivenes de la izquierda socialdemócrata en estos años. Aunque no estuvieron tan cerca del presidente como los «filósofos», siguieron un camino similar: vivieron con gran entusiasmo los primeros años de la transición y luego cayeron en una desilusión profunda cuando el gobierno comenzó a trastabillar frente a la presión militar y dejó atrás los proyectos económicos heterodoxos, en medio de la crisis.

Pero para entender mejor el entusiasmo generado por Alfonsín en las filas de este sector de la izquierda intelectual, hay que ir un poco más atrás en el tiempo. Muchas de estas figuras habían sido parte de la izquierda revolucionaria de los años 1960 y 1970. Portantiero y De Ípola, por ejemplo, pertenecieron a la izquierda partidaria en los años previos a la dictadura y fueron promotores destacados del marxismo en el país. En particular, difundieron el marxismo gramsciano a través de una revista fundamental de la intelectualidad de izquierda, Pasado y Presente, dirigida por José Aricó. Este último, fundamental dentro del grupo, perteneció al Partido Comunista Argentino y fue discípulo de Héctor Agosti, secretario de Cultura y figura intelectual clave de ese partido. En las vísperas del golpe de 1976, tanto Aricó como Portantiero y De Ípola se refugiaron en México. Allí, los tres, junto con otros intelectuales exiliados, impulsaron la publicación de Controversia, la revista más importante que produjo el exilio argentino.

Desde las páginas de Controversia, comenzaron a replantearse su adscripción a las ideas revolucionarias que habían definido sus trayectorias hasta ese momento. Cuestionaron entonces el mesianismo ideológico de una izquierda que había pensado todas las relaciones en términos de lucha de clases y que privilegiaba los fines por sobre los medios para lograrlo. Esta autocrítica también implicaba una condena a los métodos de la violencia que habían sido moneda común en la izquierda revolucionaria, aun cuando estos intelectuales no hubieran recurrido ellos mismos a las armas. Tal vez el texto más emblemático de esta autocrítica fue aquel con el que Controversia abrió su primer número, donde los editores sostenían que la izquierda había «sufrido una derrota atroz» que era producto «no solo (...) de la superioridad del enemigo sino de nuestra incapacidad para valorarlo, de la sobrevaloración de nuestras fuerzas, de nuestra manera de entender el país, de nuestra concepción de la política»14. La evaluación del actuar de la izquierda era demoledora, por lo que solo una renovación profunda de su identidad política podía tener lugar en el nuevo contexto histórico.

Un grupo particular tuvo gran relevancia en el proceso de renovación teórica de la izquierda: el llamado Club de Cultura Socialista

Esta nueva identidad comenzó a delinearse más abiertamente con el inicio de la democracia. Mientras los intelectuales exiliados volvían a Argentina, otros salían de la semiclandestinidad a la que los había arrojado la represión. Un grupo particular tuvo gran relevancia en el proceso de renovación teórica de la izquierda: el llamado Club de Cultura Socialista. El Club fue fundado por quienes habían editado Controversia en México (Aricó, De Ípola y Portantiero, entre otros) y quienes habían logrado publicar una pequeña revista en el exilio interno en Buenos Aires llamada Punto de Vista. Esta última revista, fundada en 1978 por Carlos Altamirano, Beatriz Sarlo y Ricardo Piglia, se convertiría en una de las publicaciones fundamentales de la transición. Más tarde, Aricó, quien fue la figura principal del Club, fundaría también la revista La Ciudad Futura, una suerte de continuación de Controversia en Argentina.

Desde estas revistas y desde el Club, los intelectuales comenzaron a repensar la identidad de la izquierda, a través de una revalorización sin precedentes de la democracia y del liberalismo político. Si en los años previos a la dictadura el lema de la izquierda había sido «liberación versus dependencia», ahora la dicotomía principal se plasmaba en el binomio «democracia versus autoritarismo». La democracia comenzó a ser pensada por este grupo ya no como «burguesa», como era común en el marxismo, sino como un conjunto de reglas que garantizaban la libertad y el pluralismo, y con ello, prevenían el autoritarismo. Se trataba de una reformulación en clave liberal. Portantiero, figura principal de este grupo y quien luego formaría parte del Grupo Esmeralda que asesoró a Alfonsín, publicó un texto fundamental sobre la reevaluación de la izquierda en Punto de Vista. Titulado «Democracia y socialismo: una relación difícil», el ensayo sostenía que «el socialismo no podría prescindir de la acumulación cultural y política que implican ciertas adquisiciones del liberalismo» e invitaba a conjugar ambas nociones, democracia y socialismo, en un nuevo pensamiento político. Para Portantiero, como para sus colegas, la democracia era ahora el piso mínimo para cualquier discusión acerca de la igualdad social porque garantizaba una serie de libertades que eran esenciales: la libertad de prensa, las garantías individuales y la pluralidad de opiniones.

Este giro socialdemócrata que exhibieron los intelectuales de izquierda no podía sino estar en sintonía con el discurso alfonsinista. Por eso es que la transición y el liderazgo de Alfonsín generaron tanto entusiasmo en sus filas. Portantiero, por ejemplo, contó que se había «emocionado hasta las lágrimas» en un acto de campaña de Alfonsín en el que el líder de la ucr recitó (como lo hacía regularmente) el preámbulo de la Constitución15. Punto de Vista, por otra parte, apoyó explícitamente a Alfonsín en 1983, contra el candidato peronista, asociado a la derecha del movimiento. Para Beatriz Sarlo, directora de la revista, en esos años «Argentina volvía, pero en mejor forma, a tener un futuro»16. Sus palabras expresan hasta qué punto el momento se vivió con un optimismo pocas veces visto en las filas intelectuales.

Algunos de estos intelectuales socialdemócratas trabajaron más cercanamente con el líder radical, como en el caso de aquellos que formaban parte del Grupo Esmeralda; otros mantuvieron una distancia prudencial, como los integrantes de Punto de Vista y el Club de Cultura Socialista. El alfonsinismo no solo presentaba un gran atractivo por sus temas y su lenguaje tan cercano a la reformulación del socialismo en clave liberal y antiautoritaria que ellos tenían en mente, sino que además sus medidas iniciales de gobierno se alineaban con ese discurso. La creación de la Conadep y el Juicio a las Juntas, como vimos, fueron hitos importantes de este momento, pero debieron tener un efecto aún más fuerte entre quienes habían perdido amigos y familiares en la dictadura y habían sufrido más cercanamente la represión, como los intelectuales de izquierda. Para el psicólogo Hugo Vezzetti, miembro de Punto de Vista y del Club de Cultura Socialista, el juicio fue nada menos que «el evento fundacional de la democracia argentina»17.

No se trataba de todo el espectro intelectual, pero sí de un grupo muy cohesionado por esa revalorización de la democracia hacia dentro del espacio de la izquierda

Muchos de estos intelectuales también ocuparon distintos puestos en el Estado a partir de la transición. Mientras la mayoría ingresó a las universidades como profesores en sus respectivas carreras (Portantiero y De Ípola en Sociología, Sarlo en Letras, Vezzetti en Psicología), otros ocuparon cargos en la administración. Fue el caso, por ejemplo, de Francisco Delich, que fungió como interventor de la Universidad de Buenos Aires en su proceso de normalización. Juan Carlos Torre, sociólogo que también formaba parte de este círculo, trabajó en la Secretaría de Planificación del Ministerio de Economía entre 1983 y 1989. Su libro Diario de una temporada en el quinto piso, editado recientemente, ofrece una crónica de los problemas en el seno del Ministerio de Economía (sobre todo aquellos que eran internos a su funcionamiento) durante la crisis económica de fines de los años 8018. Estos ejemplos ilustran hasta qué punto hubo una imbricación de distintos niveles entre esta cohorte tan compacta de intelectuales y el gobierno de la transición. No se trataba de todo el espectro intelectual, pero sí de un grupo muy cohesionado por esa revalorización de la democracia hacia dentro del espacio de la izquierda, que estaba en particular sintonía con el espíritu optimista de esos años.

Era de esperar, por eso, que los acontecimientos de Semana Santa, sumados al estancamiento económico de Argentina y, en general, al desgaste del gobierno, dieran lugar a un momento de desilusión para los intelectuales de izquierda. Cuando en 1987 el levantamiento «carapintada» llevó a Alfonsín a negociar con los insurrectos, hubo un quiebre en la amalgama del grupo. Mientras que quienes habían estado más cercanos a Alfonsín por su filiación al Grupo Esmeralda condenaron con matices la Ley de Obediencia Debida, argumentando que era la única salida a la presión militar, aquellos más alejados del poder, como los de Punto de Vista, rechazaron con mucha más contundencia la medida. Esto se vio reflejado, sobre todo, en las páginas de La Ciudad Futura, donde Sarlo objetó la Ley de Obediencia Debida, mientras que el editorial de ese mismo número la justificaba. En el número siguiente de la publicación, Sarlo y sus colegas de Punto de Vista dejaron de formar parte del consejo editor19.

Este quiebre no significó la ruptura de ese grupo de intelectuales socialdemócratas, pero sin dudas develó una disputa importante en su interior y, sobre todo, el desencanto con el devenir de la cuestión de los derechos humanos a partir de 1987. Era, tal vez, un desgaste natural del momento tan optimista que había comenzado en 1983. Este grupo intelectual seguiría teniendo un protagonismo importante, pero su imbricación con el poder se iría debilitando cada vez más.

Reflexiones a 40 años

Es imposible caracterizar la transición argentina sin tener en cuenta el fuerte peso que tuvieron las ideas en esos años. Era necesario diseñar un programa político que no solo erradicara de cuajo las prácticas autoritarias que con particular crueldad se habían extendido bajo la dictadura, sino que también estableciera un funcionamiento ético de las instituciones y del Estado. Era, en definitiva, una visión cargada de idealismo, con tintes de socialdemocracia europea, al combinar respeto por el capitalismo de mercado con la idea de un Estado moderno y benefactor, y un fuerte anclaje en la cuestión de los derechos humanos. Cuando los acontecimientos de Semana Santa dejaron en claro que el camino hacia esa democracia ideal era mucho más enrevesado de lo esperado, el político peronista de centroizquierda Carlos «Chacho» Álvarez no tardó en sentenciar, desde las páginas de la revista Unidos, que el proyecto del gobierno era «un modelo que la realidad se encargó de hacer trizas»20. El comentario de Álvarez atacaba, justamente, el idealismo con que se había conducido el alfonsinismo.

Ese idealismo no solo fue producto de las inquietudes teóricas de Alfonsín, sino también del lugar privilegiado que tuvieron los intelectuales. Es difícil discernir cuánto hubo de la inclinación del propio presidente por las ideas de futuro y cuánto hubo del rol que los intelectuales ejercieron gracias al dinamismo que le imprimieron a la transición, pero sin dudas esa conjunción fue particular, aunque no novedosa. En Argentina, la Generación de 1837 ya había iniciado una tradición en conjugar ideales y política. Como una vez sentenció el historiador Tulio Halperin Donghi respecto de ese grupo: «El progreso argentino fue la encarnación en el cuerpo de la nación de lo que comenzó por ser un proyecto formulado en los escritos de algunos argentinos, cuya única arma política era su superior clarividencia»21. En una especie de paralelo, la Argentina de la transición miró hacia el futuro pensando que esas ideas de reforma institucional, de reparación ética, de imperio de la ley por sobre las facciones, irían encarnándose en el cuerpo de la nación por el solo hecho de que se trataba de buenas ideas, tanto en sentido práctico como ético. Pero tanto para la generación de 1837 como para la de 1983, el camino hacia la concreción de esos ideales fue mucho más sinuoso y difícil que el previsto.

La cuestión de los derechos humanos, que era la piedra angular sobre la que se fundaba esa nueva democracia, sufrió avances y retrocesos. El presidente que sucedió a Alfonsín, Carlos Menem, otorgó indultos a todos los militares con sentencia firme, así como a los líderes guerrilleros. Solo en 2006 los juicios se volvieron a abrir bajo el gobierno de Néstor Kirchner y los militares fueron nuevamente condenados. Pero un nuevo dilema se abrió en ese sentido: algunos de los organismos de derechos humanos más conocidos se alinearon políticamente con el nuevo gobierno, lo que provocó (y aún provoca) no pocas controversias sobre la partidización de la memoria de la dictadura. Esto, sumado a una fuerte polarización política en la última década, ha puesto la cuestión de los derechos humanos nuevamente en un terreno de disputa. Hoy aparecen en Argentina opciones políticas que ponen en cuestión el consenso que se había establecido contra el actuar de los militares y el terrorismo de Estado durante los últimos 40 años y vuelven a hablar de «guerra» y «excesos».

Más aún, la democracia argentina que esos intelectuales pensaron en la transición parece hoy un edificio con cimientos sólidos, pero con paredes desgastadas. Las elecciones se llevan a cabo periódicamente sin condicionamientos externos, el Estado de derecho y la Constitución son bastante respetados y las instituciones funcionan. No es poco para un país (y una región) con una memoria no tan lejana de autoritarismos. Pero ¿se come, se cura y se educa con la democracia? Pocos estarían dispuestos a responder a esa pregunta afirmativamente. Como es sabido, Argentina no pudo resolver aún algunos de esos problemas que Nino resumió en pocos conceptos claros: dualismo ideológico, anomia, corporativismo, concentración de poder. ¿Se puede encontrar la causa de los problemas en la transición, en el actuar de Alfonsín, en el rol de los intelectuales? Sería demasiado audaz suponer una causalidad de larga duración; después de todo, los agentes actúan movidos por intereses o ideales, no por certeza de cómo será el futuro. Pero lo que tal vez sea importante, a 40 años de 1983, es rescatar lo positivo que tuvo el gesto de imaginar un futuro mejor, de reforma ética, justicia social y derechos humanos, en el momento en que Argentina más lo necesitaba.

Sofía Mercader: es doctora en Estudios Hispánicos por la Universidad de Warwick (Reino Unido). Actualmente, se desempeña como investigadora posdoctoral en la Universidad de Aarhus (Dinamarca). Es autora de ‘Punto de Vista’ and the Argentine Intellectual Left (Palgrave Macmillan, Londres, 2021).

Palabras claves: democracia, derechos humanos, intelectuales, Raúl Alfonsín, Argentina.

Nota: este artículo fue escrito en el marco de la beca Sapere Aude del Independent Research Fund Denmark (beca 8047-00068b).

1. La reconstrucción de la escena que abre este ensayo se basa en la detallada crónica de estos acontecimientos en Carlos S. Nino: Juicio al mal absoluto, Siglo xxi, Buenos Aires, 2015, pp. 175-178.

2. La justicia retroactiva implica juzgar crímenes cometidos durante un régimen pasado y, por ende, bajo un sistema jurídico diferente al prevalente en el momento en que los crímenes fueron cometidos.

3. S. Mercader y Diego García: «Tozuda modernidad. Entrevista a Beatriz Sarlo» en Artepolítica, 26/7/2013.

4. C. Nino: ob. cit., p. 129.

5. Nino se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires, se doctoró en la Universidad de Oxford y fue profesor de derecho en la Universidad de Yale.

6. Jesús Allende: «Carlos Nino: el jurista que concibió el Juicio a las Juntas» en La Nación, 15/10/2022.

7. Los miembros de la Conadep fueron: la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, el ex-magistrado Ricardo Colombres, el médico René Favaloro, el ex-rector de la Universidad de Buenos Aires Hilario Fernández Long, el pastor protestante Calos Gattinoni, el filósofo Gregorio Klimovsky, el rabino Marshall Meyer, el obispo católico Jaime de Nevares y el filósofo Eduardo Rabossi. Fue presidida por el escritor Ernesto Sabato.

8. C. Nino: ob. cit., p. 42.

9. Ibíd., p. 106.

10. Alfonsín, ya desde su campaña, había delimitado tres niveles de responsabilidad respecto de los crímenes de la dictadura: los que habían dado las órdenes, los que las habían cumplido en un clima de horror y coerción, y los que se habían excedido en su cumplimiento. Creía que el castigo debía alcanzar a quienes habían dado las órdenes, pero no a quienes habían actuado en obediencia a sus superiores.

11. C. Nino: ob. cit., p. 179.

12. R. Alfonsín: «Discurso ante el Congreso con motivo del levantamiento militar de Semana Santa», 16/4/1987, disponible en <alfonsin.org/>.

13. La idea de armar un grupo de tales características surgió en la campaña electoral, cuando todavía como candidato Alfonsín le pidió a Meyer Goodbar, sociólogo y asesor de empresarios, que conformara un grupo de intelectuales destacados que lo «ayudara a pensar». El grupo se constituiría finalmente en 1984 con la participación de varios intelectuales provenientes de diversas disciplinas. Ver Josefina Elizalde: «La participación política de los intelectuales durante la transición democrática: el Grupo Esmeralda y el presidente Alfonsín» en Temas de Historia Argentina y Americana No 15, 2009.

14. «Editorial» en Controversia No 1, 1979, p. 2, disponible en <ahira.com.ar>.

15. J. Elizalde: ob. cit., p. 67.

16. Entrevista a Beatriz Sarlo en Roy Hora y Javier Trímboli: Pensar la Argentina, El Cielo por Asalto, Buenos Aires, 1994, p. 177.

17. H. Vezzetti: «El juicio: un ritual de la memoria colectiva» en Punto de Vista No 24, 1985, pp. 3-5.

18. J.C. Torre: Diario de una temporada en el quinto piso. Episodios de política económica en los años de Alfonsín, Edhasa, Buenos Aires, 2021.

19. J. Elizalde: ob. cit., pp. 85-86.

20. C. Álvarez: «El pasado está entre nosotros» en Unidos No 15, 1987, p. 3.

21. T. Halperin Donghi: Una nación para el desierto argentino, ceal, Buenos Aires, 1995, pp. 7-8.

La izquierda argentina antes del amanecer de la democracia

Una historia de promesa y frustración (1880-1916)

Roy Hora

Suele afirmarse que la izquierda argentina fue singular en el contexto latinoamericano tanto por su temprano desarrollo como por su veloz declinación. Este artículo discute y complejiza esta visión. Enfatiza, a la vez, la importancia de prestar más atención al contexto social y político de la era exportadora, para entender las dificultades de la izquierda a la hora de concitar adhesiones mayoritarias entre la población ya desde el siglo xix.

Auge temprano y ocaso veloz

Los estudios sobre la trayectoria histórica de la izquierda argentina suelen tomar la forma de un relato de ascenso y caída. A fines del siglo xix, la izquierda caminó sus primeros pasos con la certeza de que, en esa era dominada por la idea de progreso y en un país en el que el capitalismo se expandía a ritmo veloz, el porvenir estaba de su lado. No le faltaban motivos para el optimismo. El Partido Socialista argentino, fundado en 1896, pronto se destacó como el más importante del Nuevo Mundo y el primero en América en llevar un legislador al Parlamento nacional (Alfredo Palacios, en 1904). En un panorama continental signado por formaciones de izquierda todavía embrionarias, el partido de Juan B. Justo, aunque modesto en comparación con sus homólogos europeos, se destacaba por su singular envergadura. Por entonces, en las grandes ciudades portuarias argentinas se sentía la presencia de un vibrante movimiento anarquista, que se convirtió en uno de los de mayor relieve de los surgidos fuera de Europa en las tres décadas previas a la Gran Guerra. Además, un amplio conjunto de emprendimientos culturales, entre los que se destacan los diarios La Vanguardia (socialista) y La Protesta (libertario), daban testimonio de la existencia de un público sensible a la crítica al orden establecido. Finalmente, pero no menos importante, la política de izquierda alumbró organizaciones gremiales que socializaron a miles de trabajadores en el lenguaje de los intereses de clase y la lucha contra la explotación capitalista.

Cuando las mayorías comenzaron a participar regularmente en comicios libres y competitivos, le dieron la espalda a la propuesta de socialistas y comunistas

Este comienzo promisorio, sin embargo, no se transformó en una marcha triunfal. En la era democrática inaugurada en 1912, precisamente cuando el escenario parecía volverse más favorable para la difusión de la política de izquierda, las fuerzas que alzaban las banderas rojas y negras experimentaron un estancamiento, cuando no una retracción que, en líneas generales, se prolonga hasta el presente. La reforma electoral que consagró el voto secreto y obligatorio para todos los ciudadanos (varones), en lugar de potenciar a la izquierda, dejó al desnudo sus limitaciones. Cuando las mayorías comenzaron a participar regularmente en comicios libres y competitivos, le dieron la espalda a la propuesta de socialistas y comunistas (que desde la década de 1920 desplazaron a los anarquistas, entonces en pleno derrumbe, como la voz más radical dentro de la izquierda), quienes, sumados, rara vez superaron el 10% de los sufragios. Hacia mediados del siglo, la irrupción del coronel Juan Perón en la vida pública redujo la significación electoral de estos críticos del orden establecido a menos de la mitad de esa cifra. Pero es importante recordar que, mucho antes de que la retórica nacional-popular del peronismo opacara a la izquierda, la idea de que este sector de la opinión podía liderar un poderoso movimiento popular ya había sido desmentida. Desde muy temprano, los caminos del socialismo y la democracia comenzaron a divergir. De allí que, si la izquierda argentina fue singular en América Latina por su temprano desarrollo, también lo fue por su igualmente veloz declinación.

Los motivos de este otoño en primavera constituyen un interrogante todavía abierto. Muchos analistas asocian este ocaso, de manera directa o indirecta, a obstáculos nacidos en el seno de las propias organizaciones de izquierda, que no supieron cómo ganar a las mayorías para la causa de la transformación radical del orden social. Este tipo de abordaje profundiza razonamientos que ya habían sido voceados por los protagonistas de las luchas políticas de las décadas en que los caminos de la democracia y la izquierda comenzaron a separarse. Estas aproximaciones a veces tienen como sustrato una cierta desconfianza, cuando no animadversión, hacia las clases populares, impugnadas por no comprender bien sus verdaderos intereses. En respuesta a esta actitud inspirada por el despecho, otros levantan un dedo acusador contra el carácter elitista de la izquierda, a la que critican por no reconocer y valorar las experiencias e ideales de los grupos subalternos. No faltan las explicaciones que, enfocadas en las disputas en el seno de la izquierda, encuentran en las luchas entre sus distintas facciones el mayor impedimento para el avance de la causa de la igualdad.

Desplazando el foco de atención desde las organizaciones de izquierda hacia el marco político en el que estas jugaban su suerte, hay quienes sostienen que la represión del Estado oligárquico constituyó el principal obstáculo para que los críticos del orden establecido lograran difundir su mensaje. Este argumento es invocado, sobre todo, para explicar la declinación de sus corrientes más radicales, como el anarquismo. En esta línea, otras aproximaciones subrayan que las tensiones de clase acumuladas en las décadas del cambio de siglo tendieron a disolverse con la instauración del régimen democrático, lo que privó a la izquierda de una de sus grandes banderas. Una sociedad más próspera y abierta como la que comenzó a perfilarse en la década de 1920, agregan, diluyó el apoyo popular a las propuestas políticas más radicalizadas.

Estos argumentos, solos o combinados, se siguen escuchando. Apelando a conceptos y aproximaciones nacidas de las derivas de la ciencia social contemporánea –estudios de género, historia intelectual, historia global, historias conectadas, etc.–, pero sin introducir novedades interpretativas de fondo, los parámetros explicativos recién mencionados siguen encuadrando parte considerable de la producción más reciente. En los trabajos sobre la izquierda, prima una perspectiva enfocada en la retórica y las autorrepresentaciones de los actores o en sus repertorios organizativos que, acotada en su poder explicativo por el escaso diálogo entre los historiadores de la izquierda y los de la sociedad y la política, presta muy poca atención al entorno en que debieron moverse los críticos del orden establecido. Y sin entender el contexto en el que un proyecto político juega su destino es muy difícil comprender las razones de sus fracasos y sus éxitos.

Hacia un enfoque alternativo

Dos grandes objeciones pueden hacerse a los enfoques dominantes en los estudios sobre la izquierda en la era oligárquica. La primera es que sus cultores tienden a exagerar su gravitación política y sindical. Al sobreestimar su importancia, también acrecientan indebidamente la significación de su retroceso posterior. Una evaluación más comprensiva del conjunto de iniciativas políticas y gremiales desplegadas en las tres décadas anteriores a la Gran Guerra muestra que socialistas y anarquistas no fueron los únicos actores que incidieron en la orientación política de las mayorías y, en verdad, tampoco los más relevantes. Católicos, liberales y radicales1 también alimentaron otros ideales y otros horizontes políticos entre los trabajadores. Estas visiones se encontraban más extendidas y tenían mayor eco entre las mayorías que las que proponía la izquierda.

Católicos, liberales y radicales también alimentaron otros ideales y otros horizontes políticos entre los trabajadores

La segunda objeción se refiere al modelo que, muchas veces de manera implícita, inspira el estudio del caso argentino. La razón de fondo que explica el énfasis en la centralidad de las fuerzas de izquierda que subtiende gran parte de la bibliografía sobre la etapa oligárquica es la muy discutible premisa de que, dada la naturaleza excluyente del orden sociopolítico, era esperable que una poderosa fuerza de este signo cobrara forma. Argentina, sugieren, favorecía objetivamente el desarrollo de la política de izquierda. Este modo de razonar encuentra su fuente principal de inspiración en la trayectoria de las naciones de la Europa continental donde por entonces florecían el marxismo, el anarquismo y la socialdemocracia. Supone que, al igual que en esos países, también en la Argentina de Julio A. Roca y Roque Sáenz Peña imperaban un régimen político represivo y un capitalismo de nítido perfil antipopular que, por su naturaleza excluyente, creaban condiciones propicias para la formación de identidades de clase contestatarias y el desarrollo de una política de impugnación del orden establecido2.

Las páginas que siguen argumentan que este encuadre no constituye la mejor guía para analizar el lugar de la izquierda en la era liberal. De allí que proponen un análisis crítico de la validez del argumento referido al carácter excluyente del escenario sociopolítico del cambio de siglo y abordan, de manera algo más concisa, algunos episodios que revelan el limitado eco de las propuestas de la izquierda en el mundo popular.

El poder integrador de la Argentina liberal

Para iniciar esta tarea conviene poner de relieve, con unos pocos trazos gruesos, el muy considerable potencial de integración que el mercado y la sociedad exhibieron en los años dorados del crecimiento exportador. Aunque siempre subestimados en los estudios sobre la izquierda, los rasgos generales del proceso de expansión económica y su incidencia en la mejora del bienestar popular están bien establecidos en la bibliografía histórica. Argentina fue uno de los países estrella de esa etapa de veloz integración de los mercados de bienes, capital y trabajo que corre entre la década de 1870 y la Gran Guerra, etapa conocida como Primera Globalización. En esas décadas, gracias al impulso de su pujante economía agroexportadora, esta república sudamericana creció más rápido que Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia o Alemania, además, por supuesto, que cualquier otra nación de América Latina. Para 1914, Argentina se ubicaba entre los 15 países de más alto ingreso per cápita.

En esos años, Argentina se convirtió en el principal destino de inversión extranjera de América Latina. Su acelerado crecimiento en un contexto de escasez de fuerza de trabajo también la volvió muy atractiva para los trabajadores, en particular para los provenientes del sur de Europa, a los que tentó no solo con salarios más elevados que los vigentes en sus países de origen sino también con mayores oportunidades de mejora laboral y con la seductora promesa del ascenso social. Estos factores explican por qué Argentina fue, junto con eeuu, el destino americano preferido por los migrantes europeos que cruzaban el Atlántico y, todavía en mayor proporción que eeuu, el país del mundo que en esas décadas recibió más extranjeros en proporción a su población. Tan masivo fue este movimiento que, en las regiones pampeanas y en las grandes ciudades, los trabajadores extranjeros superaron en número a los nativos3.

En relación con el tema que nos ocupa, lo destacable es que la mayor parte de estos migrantes arribaron al Río de la Plata movidos por un proyecto de mejora individual o familiar que creían posible realizar en una sociedad que, por su desarrollo relativamente tardío en comparación con otros prósperos destinos de inmigración, no solo ofrecía altos salarios y amplias oportunidades laborales, sino que además prometía movilidad social. La comparación con eeuu muestra, por ejemplo, un mayor acceso a la propiedad en la república del sur que en la del norte. Por supuesto, en esas décadas las alzas y bajas del ciclo económico impactaron sobre los niveles salariales, y los trabajadores tuvieron que acostumbrarse a una oferta de vivienda para alquilar deficiente y, como en todo proceso de crecimiento acelerado, también creció la desigualdad de fortuna e ingresos. Nada de esto, sin embargo, alteró las expectativas de progreso de muchos inmigrantes, movidos por el sueño de mejorar su situación material y en muchos casos también de dejar atrás la condición proletaria, usualmente expresado bajo la fórmula de «hacer la América». Por cierto, aun cuando los recién llegados y sus descendientes fueron mucho más exitosos que los criollos, el movimiento ascendente de esa economía en expansión también alcanzó a estos últimos. En síntesis, más que el escenario de dificultades y privaciones que suele primar en los trabajos sobre la historia de la izquierda, el capitalismo argentino de la era del crecimiento exportador se caracterizó por su capacidad integradora, visible tanto en el campo como en la ciudad. Creó expectativas de mejora que, en líneas generales, pudo satisfacer. Y la intensidad del proceso de movilidad social, que borroneaba la línea que separa a los capitalistas de los trabajadores, fue uno de sus rasgos más distintivos.

Por supuesto, la experiencia concreta de progreso que vivieron muchos trabajadores o, en su defecto, las expectativas con que vislumbraban su futuro o el de sus hijos, estuvieron lejos de impedir la protesta o la organización sindical. El hecho de que ya en la década de 1890 varias asociaciones de trabajadores calificados estuviesen conquistando la jornada de ocho horas ofrece un indicador de la importancia de la agremiación para promover la mejora laboral. Dicho sea de paso, este escenario de altos ingresos y relativa prosperidad fue decisivo para financiar muchos de los emprendimientos políticos y culturales que la izquierda puso en marcha en esos años. Pero aun si estimuló diversas iniciativas asociativas, dentro y fuera del lugar de trabajo, el horizonte de progreso en el que se desplegó la experiencia de los trabajadores constituyó un obstáculo formidable para la radicalización de sus demandas, para la construcción de su identidad en tanto clase explotada y, en consecuencia, para la constitución de un horizonte político alternativo. A estos factores pueden agregarse otros –diversidad de orígenes étnicos, movilidad geográfica y ocupacional, peso de la cultura católica, lealtades nacionales y monárquicas traídas de Europa, etc.– que contribuyeron, en mayor o menor medida, a restar radicalidad a sus reclamos y, en algunos casos, también a orientar su esfuerzo organizativo gremial hacia un horizonte de tipo laborista (esto es, centrado en la mejora de las condiciones laborales pero despreocupado de cualquier programa más amplio de reforma social radical).

Orden político oligárquico, izquierda y clases subalternas

Estas dimensiones, sin embargo, solo refieren a un costado de la cuestión que nos interesa explorar. Una respuesta comprensiva al interrogante sobre cuán hospitalaria era la Argentina liberal para la constitución de una fuerza de izquierda debe, asimismo, considerar aspectos específicamente políticos. Para aproximarnos al problema, conviene dejar de lado los argumentos que insisten en que la marginación electoral debe tomarse como un indicador decisivo de exclusión política, toda vez que esa marginación fue bastante menos relevante de lo que a veces se sugiere y, sobre todo, no parece haber sido resentida por muchos de esos trabajadores que, sin culpa ni rencor, vivían de espaldas a los comicios. Lo relevante es que, a la luz de la evidencia histórica disponible, la idea de que el Estado oligárquico ignoró sus demandas y/o reprimió sus esfuerzos organizativos capta mal el problema que nos interesa analizar.

Como muchos otros países de ese tiempo a ambos lados del Atlántico, Argentina carecía de instituciones electorales inclusivas y transparentes

Pese a los aspectos sombríos de su vida política, la Argentina del último tercio del siglo xix era una república que se pretendía liberal y que aspiraba a ser democrática. Conceptos como el de «orden conservador», todavía muy habitual en la bibliografía histórica o sociológica, no permiten encuadrar el problema de manera productiva. Como muchos otros países de ese tiempo a ambos lados del Atlántico, Argentina carecía de instituciones electorales inclusivas y transparentes. Sus disputas políticas solo implicaban a un porcentaje minoritario de la población. Pero sus instituciones ofrecían garantías relativamente sólidas en cuestiones que, para la organización de las fuerzas de izquierda, eran más relevantes: libertad de opinión, prensa y asociación, inviolabilidad del domicilio, protección contra la detención arbitraria, derecho de huelga. En todos estos puntos, Argentina fue más generosa que cualquier otro Estado latinoamericano de la época (con la posible excepción de su pequeño vecino Uruguay) y, por supuesto, que los países del continente europeo donde el anarquismo o la socialdemocracia mostraron mayor vitalidad. Más que Alemania o Francia, más que España o Italia. No es casual que esta república austral haya atraído a refugiados de la Comuna de París (L. Aubert, Auguste Bergeron), a víctimas directas o potenciales de las leyes antisocialistas de Bismark (August Kühn, Joseph Winiger), de la legislación antianarquista italiana (Pietro Gori, Errico Malatesta, Ettore Mattei) o la represión española (Francisco Ros). Para estos disidentes europeos, Argentina era una tierra de libertad, en la que podían agitar, sin mayores temores ni restricciones, en favor de las ideas que los habían expulsado de Europa.

La cultura asociativa crecida al calor de la legalidad liberal fue el suelo en el que arraigaron las iniciativas políticas, culturales y gremiales que promovían la cultura de izquierda y la organización del mundo del trabajo4. Nacidos en el marco –y no en ruptura– del vasto entramado asociativo formado en las décadas posteriores a la sanción de la Constitución liberal de 1853, los emprendimientos socialistas y anarquistas florecieron en un entorno permisivo, cuya importancia para convertir a Argentina en el país con la cultura de izquierda y el gremialismo más poderoso de América Latina no siempre se aprecia debidamente. Pese a todo lo que se ha dicho sobre el carácter antipopular del régimen oligárquico, los grupos dirigentes del último cuarto del siglo xix concibieron a las asociaciones de trabajadores como actores legítimos de la vida pública. De hecho, en ese periodo hubo menos restricciones a la prensa de izquierda, la organización gremial o al derecho de huelga que en eeuu, España o Alemania.

Los grupos dirigentes del último cuarto del siglo xix concibieron a las asociaciones de trabajadores como actores legítimos de la vida pública

El hecho de que el enfrentamiento entre trabajo y capital tuviera una intensidad relativamente baja ayuda a explicar esta tolerancia. Es importante recordar que, desde el nacimiento de las primeras sociedades gremiales en la década de 1850 y hasta el cambio de siglo, no se produjo ningún choque de consideración entre trabajadores y autoridades, que solo actuaron contra la movilización obrera cuando el orden público (un principio de gran relevancia en la época) aparecía amenazado. La represión de la protesta popular, cuando la hubo, no produjo ninguna víctima fatal y fue menos violenta que la disputa entre los partidos políticos por llegar al Parlamento o la Casa Rosada. La figura del obrero o el militante asesinado por un Estado enemigo del pueblo no tuvo encarnación concreta hasta entrado el siglo xx. En este punto, el contraste con eeuu es notorio. Allí, de hecho, en las cuatro décadas previas a la Gran Guerra, la cantidad de trabajadores fallecidos en ocasión de huelgas y disputas laborales sumó más de medio millar5.

A esto hay que agregar que, contra la idea de un Estado hostil o prescindente, la evidencia histórica indica que, en repetidas ocasiones, las autoridades mediaron en los conflictos entre capital y trabajo, a veces a solicitud de los propios asalariados, siempre deseosos de volcar el influjo del poder público en su favor. En la ciudad de Buenos Aires, principal polo comercial, portuario y manufacturero del país, donde actuaban los gremios más poderosos, este papel solía desempeñarlo el intendente municipal, y también las autoridades portuarias y, sobre todo, los jefes policiales. El reconocimiento de que gozaba el asociacionismo obrero ante los poderes públicos se comprueba al constatar que hubo casos, incluso, en que los ministros del gabinete nacional se involucraron personalmente en las negociaciones entre empresarios y trabajadores. Contra lo que muchas veces se afirma, los dirigentes sindicales no tuvieron que esperar a la era democrática para franquear la puerta de la Casa de Gobierno a fin de dialogar con las más altas autoridades de la república. Una prueba adicional de la disposición de la dirigencia política a reconocer la legitimidad de las demandas de los trabajadores lo ofrece la actitud del presidente Julio A. Roca, que fue el primer jefe de Estado en dirigirse, en agosto de 1901, a una congregación obrera desde los balcones de la Casa Rosada. Muchas veces descripto como el mayor emblema de la política sin pueblo, Roca se anticipó a Perón en casi medio siglo en utilizar los balcones de la sede gubernamental para dirigir un mensaje a una congregación de trabajadores6.

Para completar este panorama, conviene subrayar que católicos y liberales también pusieron en marcha iniciativas dirigidas a seducir al pueblo trabajador. Los católicos lo hicieron por medio de sus Círculos Católicos de Obreros, y los militantes de la ucr, aunque de manera menos sistemática, a través de sus comités de obreros. En el cambio de siglo, los católicos fueron activos participantes en la lucha por el descanso dominical y movilizaron por esta causa más trabajadores que la propia izquierda. Para tener una idea de la envergadura relativa de estos proyectos, también es bueno recordar que la demostración pública más numerosa del sindicalismo argentino en el siglo xix, la marcha en reclamo de la jornada de ocho horas que tuvo lugar el 14 de octubre de 1894, fue promovida no por dirigentes de izquierda sino por liberales reformistas. Ese día, las principales sociedades gremiales de Buenos Aires y La Plata recorrieron las calles de la capital de la nación para apoyar una iniciativa del legislador de la ucr Emilio Pittaluga. Difícil de integrar en los estudios que narran la formación del movimiento obrero como una épica clasista, este hecho pone de relieve que el gremialismo proletario del cambio de siglo era capaz de inscribir sus reclamos dentro de las instituciones de la república capitalista. Y también muestra que tanto la dirigencia sindical como las franjas más activas del proletariado estaban dispuestas a establecer alianzas con políticos «burgueses» comprometidos con la promoción de los derechos de los trabajadores. Antes de cobrar mayor relieve con Hipólito Yrigoyen o Perón, ese camino hacia la reforma social ya estaba siendo explorado en la era liberal7.

Todo esto nos confirma que la izquierda debió moverse en un escenario político caracterizado, por una parte, por la presencia de un Estado que las clases populares no veían como una fortaleza enemiga y, por la otra, por la presencia de otros actores con los que debía competir por la orientación política de las mayorías. Las visiones que enfatizan el carácter represivo del orden político, o que ponen el acento en la escisión entre el orden político y la sociedad, no logran captar hasta qué punto, al margen de la cuestión electoral –en ese momento, una arena de escasa significación para las clases subalternas–, una serie de puentes unían al mundo obrero con el orden político. Aunque la Argentina liberal estuvo muy lejos de ser democrática y su patrocinio de los derechos de los miembros más débiles de la comunidad tenía claroscuros muy evidentes, las demandas provenientes desde abajo no le fueron completamente extrañas. Ello explica por qué muchas asociaciones proletarias, comenzando por los poderosos gremios ferroviarios, permanecieron enfocadas en una agenda de defensa de los derechos laborales que las mantuvo a distancia de socialistas y anarquistas y que, por esta misma razón, les abría la posibilidad de dialogar en mejores términos con empleadores y autoridades.

Este panorama revela el alto grado de integración de las clases trabajadoras, tanto en el plano socioeconómico como en el político, en el seno del orden liberal

En síntesis, este panorama revela el alto grado de integración de las clases trabajadoras, tanto en el plano socioeconómico como en el político, en el seno del orden liberal. Esta constatación nos invita a concluir que, en esa etapa, las referencias históricas más apropiadas para encuadrar el caso argentino no deben buscarse en la Europa continental –hogares de la socialdemocracia, el marxismo y el anarquismo– sino cruzando el mar: en Gran Bretaña, eeuu o Australia. En Argentina, las primeras experiencias de organización popular lideradas por la izquierda tuvieron lugar en un escenario similar al que por entonces caracterizaba la marcha ascendente de los trabajadores en aquellas sociedades que aseguraban lo que, para la época, era un elevado nivel de remuneraciones y de bienestar y, más allá de la cuestión de la inclusión electoral (relevante en eeuu y Australia pero no tanto en Gran Bretaña), también un considerable grado de protección política contra la arbitrariedad estatal o patronal. En este escenario, favorecida por la libertad de expresión, prensa y asociación, la izquierda no tuvo mayores impedimentos para propagar su invitación a desafiar el orden establecido (aunque, por las razones más arriba señaladas, lo más esperable es que no cosechara tantos apoyos en esta tarea). Una buena manera de constatarlo es escuchar las palabras de un importante dirigente socialista de esos años. En 1901, Julio Arraga señalaba que, al trabajador:

Las leyes le garantizan el derecho de reunión, el de emitir sus ideas por medio de la prensa y sobre todo por el sufragio universal que pone en manos del obrero un arma poderosa, que manejada con inteligencia y perseverancia le asegurará su emancipación en un tiempo más próximo de lo que se piensa comúnmente. En otros países los trabajadores tienen que sostener cruentas y tenaces luchas para reclamar esas leyes liberales de que disfrutamos aquí: tenemos adelantado ese camino. Es cierto que las costumbres políticas son bárbaras todavía al pretender resolver las cuestiones electorales por el fraude y la revuelta; pero esas dificultades (…) desaparecerán del comicio cuando los trabajadores conscientes y organizados se presenten en aquellos a ejercer sus derechos políticos.8

Una década conflictiva

Por un momento, durante la primera década del siglo xx, este panorama signado por la integración de las clases populares en el orden político liberal pareció interrumpirse. En 1902, en medio de una importante huelga portuaria, el presidente Roca hizo sancionar una Ley de Residencia que facultaba al Poder Ejecutivo a expulsar extranjeros (por razones políticas) sin juicio previo. Violatoria de garantías constitucionales que hasta entonces nunca habían sido cuestionadas, la ley de extrañamiento fue recibida con sorpresa, temor e indignación por aquellos trabajadores y activistas que hasta la víspera se creían al abrigo de la marea represiva que venía recorriendo el hemisferio norte tras una seguidilla de magnicidios de monarcas y de jefes de gobierno (Marie François Sadi Carnot en 1894, la emperatriz Elizabeth de Austria en 1898, Humberto i de Italia en 1900, William McKinley en 1901). En este contexto, la creencia en la imparcialidad del Estado en el terreno de la disputa gremial y política por primera vez fue puesta en entredicho de manera abierta. Todo ello sucedió, además, en un momento en el que los salarios crecían con menos vigor que en las tres décadas previas, lo que dejaba rezagados a los trabajadores en el festín de los progresos argentinos. Fue el comienzo de un periodo de conflictos laborales urbanos (el campo resultó muy poco afectado por este ciclo de disputas) no solo más intensos sino también inscriptos en un marco político considerablemente más hostil que el vigente en décadas previas.

Para muchos trabajadores, la primera década del nuevo siglo trajo un nuevo modo de experimentar la relación con el Estado

Para muchos trabajadores, la primera década del nuevo siglo trajo un nuevo modo de experimentar la relación con el Estado, en el que la dureza y la arbitrariedad del poder alcanzaron una nueva cota. La tensión política creció. La violencia anarquista, hasta entonces ausente del escenario argentino, llegó a los titulares de los diarios. Los presidentes Manuel Quintana y José Figueroa Alcorta fueron objeto de atentados, y el coronel Ramón Falcón pagó con su vida en 1909 el rigor y la saña con que ejerció el cargo de jefe de la Policía. La respuesta estatal se endureció. Con picos en 1902, 1905, 1909 y 1910, todos los años de ese decenio se produjeron expulsiones de activistas extranjeros. La dureza en el trato entre trabajadores y autoridades también se observa en que, por primera vez, la represión de la protesta manchó con sangre obrera las calles porteñas (un muerto en 1904, dos en 1905, varios más en la Semana Roja de 1909). Todo esto sugiere que, por primera vez, las vicisitudes de la protesta obrera pudieron narrarse como una saga de combate contra un orden insensible a las demandas populares. Y ello tornó más verosímiles los argumentos de la izquierda sobre el carácter eminentemente represivo y antipopular del orden oligárquico. En síntesis: los trabajadores experimentaron una inédita escalada represiva, lanzada en un contexto de muy modesto incremento de los salarios. Este horizonte de tormenta creó condiciones propicias para que creciera el malestar obrero y para que la prédica de izquierda avanzara con más suerte en la conquista de voluntades populares.

En esos años de ascenso del conflicto y la violencia, la influencia de socialistas y anarquistas creció entre las clases populares. Sin embargo, la visión que presenta a la izquierda como el principal orientador del mundo del trabajo urbano de comienzos de siglo exagera su importancia. Católicos y radicales también expandieron su influjo sobre los trabajadores9. El Estado, aun si endureció su trato hacia los díscolos y los disidentes, también puso en marcha una (modesta) agenda de reforma de las instituciones laborales cuyo principal fruto fue la creación del Departamento Nacional del Trabajo, en 1907. El rostro amable del Estado también ayuda a explicar el resultado de uno de los conflictos más famosos de esos años: la huelga de inquilinos de 1907. Los trabajos sobre el tema no siempre reparan en que el ministro de Justicia, Juan Antonio Bibiloni, tuvo una intervención crucial para impedir el desalojo de los inquilinos morosos e inclinó de este modo la balanza en favor de los huelguistas, y que, además, los inspectores municipales y la policía reforzaron esa política mediante activas presiones sobre los propietarios para que aceptaran una rebaja en el monto del alquiler10. Por supuesto, los dirigentes obreros más propensos a dialogar con las autoridades y a reclamar la mediación estatal, aunque menos estridentes y por ello menos notables o menos citados, continuaron dominando las principales organizaciones gremiales (comenzando por los poderosos sindicatos del riel y del puerto). Que a lo largo de todos esos años la derogación de la Ley de Residencia haya sido una bandera más convocante que cualquier consigna referida a la destrucción del Estado burgués, la construcción del poder de clase, la socialización de los medios de producción o la democratización del sistema político nos está indicando que el deseo de integración estaba muy lejos de haber desaparecido en el mundo popular.

Una verdad incómoda

Los festejos del Centenario de la Independencia en mayo de 1910 nos ofrecen un inmejorable punto de observación para constatar en qué medida el indudable ascenso de la izquierda en el cambio de siglo puso en cuestión la adhesión de las mayorías al orden establecido. La relevancia que el grupo dirigente le asignó a la conmemoración –que era tanto un festejo por el siglo de vida independiente como por las tres décadas de gobierno del Partido Autonomista Nacional (pan)– fue una invitación para que los críticos de izquierda del orden sociopolítico oligárquico intentaran volver el sentido de la celebración contra sus promotores. De allí que convirtieran la impugnación del festejo del Centenario en un testimonio de su rechazo al proyecto de nación forjado bajo los auspicios de la elite gobernante, e invitaran a la población a secundarlos. Los socialistas se mantuvieron a distancia de la conmemoración oficial. Los anarquistas fueron más lejos. En vísperas de la inauguración de los actos oficiales del Centenario, la Federación Obrera de inspiración ácrata proclamó una huelga general. Así, la apoteosis de la nación liberal y su rechazo por parte de la izquierda colocaron a las mayorías ante una singular prueba de fuerza. Reclamados tanto por la elite dirigente como por sus impugnadores, ciudadanos y habitantes pudieron elegir de qué lado de la raya colocarse.

Los festejos del Centenario tuvieron lugar bajo el imperio del estado de sitio, decretado por quinta vez en ocho años invocando razones vinculadas a la amenaza del terrorismo anarquista. Sin embargo, el aspecto más notable de esas jornadas fue la enorme marea humana que se volcó a las calles para participar de la conmemoración, cuyo tamaño y entusiasmo superaron ampliamente las expectativas más optimistas de la elite dirigente y las previsiones de toda la prensa. El calor popular comenzó a imprimir su sello a la celebración cuando una enorme multitud, calculada en más de 100.000 personas (más de 10% de la población de Buenos Aires) se acercó al puerto para recibir a la infanta Isabel. A lo largo de los días de fiesta, el público inundó los distritos céntricos. Pero lo más revelador fue lo que sucedió en los barrios populares más alejados, donde la presencia del ojo vigilante del Estado era más débil y la presencia de críticos del orden político, supuestamente mayor. También allí, como muestra del entusiasmo patriótico, las fachadas de las viviendas amanecieron engalanadas con enseñas nacionales y los pechos se poblaron de escarapelas celestes y blancas. El historiador Fernando Devoto acierta cuando señala que, ahogado por la ola nacionalista, el anarquismo desnudó su carácter minoritario11.

Como muestra del entusiasmo patriótico, las fachadas de las viviendas amanecieron engalanadas con enseñas nacionales

En rigor, fue la izquierda en su conjunto, y no solo el anarquismo, la gran perdedora de los eventos de 1910. Los relatos que se detienen en la declaración del estado de sitio, la violencia de los grupos de choque de jóvenes de clase alta o la sanción de la Ley de Defensa Social no hacen más que desviar la atención del fenómeno políticamente más relevante del Centenario: el carácter verdaderamente masivo de la identificación de la población con el orden social y político de la Argentina liberal. La multitud en la calle demostró que la pretensión ácrata de presentarse como la voz de un pueblo silencioso por oprimido carecía de validez. La actitud ambigua de los socialistas –celebrar el siglo de vida de la nueva nación y a la vez negar la legitimidad de la elite que la había promovido– también quedó desairada. A la luz de la enorme manifestación popular, quienes insisten en que la represión del Centenario (que expulsó a menos libertarios que la de 1902 o 1909) fue la causa de la declinación del anarquismo, o atribuyen este resultado a la fuerza integradora y normalizadora de la política democrática inaugurada por la reforma de 1912, deberían revisar sus argumentos. Lo importante pasó antes, y el pueblo en las calles en mayo de 1910 no hizo más que confirmarlo. Más que cualquier otro evento de esos años, el Centenario puso en evidencia que los críticos de izquierda del orden sociopolítico constituían una minoría que nadaba contra la corriente.

Sin duda, que tantos manifestantes participaran del festejo reveló que las estructuras políticas sobre las que se apoyaba el gobierno oligárquico eran demasiado estrechas como para contener o gobernar a una sociedad movilizada por la causa patriótica. El Centenario mostró que la Argentina de 1910 reclamaba un sistema electoral más inclusivo y un gobierno más legítimo. Pero, a la vez, y porque estaba envuelta en la enseña nacional y se erigió contra las banderas rojas y negras, la movilización del Centenario conjuró muchos de los temores que suscitaba una incorporación más plena de las mayorías a la vida cívica. No es casual que la Ley Sáenz Peña de 1912, que consagró el voto secreto y obligatorio –la única reforma electoral verdaderamente importante de la era oligárquica y la única dirigida no solo a purificar el ejercicio del sufragio, sino también a ampliar el cuerpo político–, comenzara a discutirse en el Congreso cuando la euforia generada por ese triunfo contundente del orden establecido aún no había terminado de apagarse.

Izquierda y democracia

La derrota que anarquistas y socialistas sufrieron en los festejos del Centenario nos confirma que esa primera estación en la vida de la izquierda argentina no puede ser narrada, sin más, como una historia de creciente comunión entre los críticos del orden establecido y el pueblo trabajador. El legado de la etapa que por esos años comenzaba a cerrarse fue más complejo y ambiguo, toda vez que 1910 expuso a la luz del día que el arraigo de la izquierda en la vida pública nacional se mantenía circunscripto a un sector minoritario de la opinión. Mostró que, si la izquierda argentina era la de mayor gravitación de América Latina, era porque la sociedad en la que se insertó era la más plural, moderna y urbana de todo el Nuevo Mundo de habla hispana. Más que la hija de un orden excluyente, en el curso de esas tres décadas la izquierda se había ganado un lugar como uno de los tantos retoños de esa sociedad próspera y compleja. Su voz se había vuelto audible pero su mensaje, ya sea en sus versiones moderadas o extremas, solo convencía a una minoría.

La instauración del sufragio obligatorio que llevó a todos los ciudadanos varones a las urnas confirmó, al cabo de unos pocos años, que la izquierda tendría que moverse en un escenario en el que los proyectos de transformación del orden social en un sentido socialista estaban lejos de contar con el apoyo de las franjas mayoritarias de las clases populares. No se equivocó La Vanguardia cuando, apenas sancionada la Ley Sáenz Peña, concluyó que «el voto obligatorio (…) característica principal de la nueva ley, es un salto en lo desconocido, que puede dejarnos malparados»12. La experiencia de progreso y movilidad social acumulada en el medio siglo previo y la aceptación del marco político en el que se había desplegado ese proceso habían preparado a las mayorías para ver el país desde ángulos distintos de los que proponía la izquierda. Para volver al punto de partida de este artículo, esta constatación no solo desmiente la idea de que la trayectoria de la izquierda debe interpretarse como una historia de promesa y frustración. También nos recuerda que Yrigoyen logró imponer su mensaje en la nueva Argentina democrática no solo porque fue capaz de articular la denuncia más efectiva de las miserias del orden político oligárquico sino, sobre todo, porque su moderado reformismo se movía en sintonía con las aspiraciones de incorporación popular forjadas a través de varias décadas. Desde entonces, y a lo largo del siglo xx, muchas han sido las frustraciones de una izquierda que tuvo muchas dificultades para aprender esa lección. Ahora que el largo ciclo de incorporación que signó gran parte de nuestra historia moderna parece haber llegado a su fin y el país se interna en un escenario desconocido e inquietante, tal vez valga la pena no perder de vista lo que ese lejano pasado tiene para enseñarnos sobre cómo concebir las propuestas que la izquierda debe hacerle a la sociedad argentina.

Roy Hora: es doctor en Historia por la Universidad de Oxford e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina. Es autor, entre otros libros, de Los terratenientes de la pampa argentina. Una historia social y política (1866-1945) (Siglo xxi, Buenos Aires, 2002) y ¿Cómo pensaron el campo los argentinos? Y cómo pensarlo hoy, cuando ese campo ya no existe (Siglo xxi, 2018).

Palabras claves: clases populares, Estado oligárquico, izquierda, liberalismo, Argentina.

Nota: este artículo fue elaborado sobre la base de algunos argumentos expuestos en R. Hora: «Izquierda y clases populares en Argentina, 1880-1945» en Prismas. Revista de Historia Intelectual No 23, 2019.

1. La Unión Cívica Radical (ucr) fue fundada en 1891 con un programa liberal-republicano.

2. Ejemplos de esta visión son Ricardo Falcón: El mundo del trabajo urbano (1890-1914), ceal, Buenos Aires, 1986; Juan Suriano: Anarquistas. Cultura y política libertaria en Buenos Aires, 1890-1910, Manantial, Buenos Aires, 2001; y Lucas Poy: Los orígenes de la clase obrera argentina. Huelgas, sociedades de resistencia y militancia política en Buenos Aires, 1888-1896, Imago Mundi, Buenos Aires, 2015.

3. V. síntesis recientes en Eduardo Míguez: Historia económica de la Argentina. De la Conquista hasta la crisis de 1930, Sudamericana, Buenos Aires, 2008; R. Hora: Historia económica de la Argentina en el siglo xix, Siglo xxi, Buenos Aires, 2022; y Pablo Gerchunoff y Lucas Llach: El ciclo de la ilusión y el desencanto. Políticas económicas argentinas de 1880 a nuestros días, Crítica, Buenos Aires, 2018.

4. Para una visión de conjunto, v. Hilda Sabato: «Estado y sociedad civil, 1860-1920» en Roberto Di Stefano, H. Sabato, Luis Alberto Romero y José Luis Moreno: De las cofradías a las organizaciones de la sociedad civil. Historia de la iniciativa asociativa en la Argentina, 1776-1990, Edilab, Buenos Aires, 2002, pp. 99-167.

5. Michael Mann: Las fuentes del poder social ii, Alianza, Madrid, 1997, pp. 825-826.

6. R. Hora: «Trabajadores, protesta obrera y orden oligárquico. Argentina: 1880-1900» en Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales vol. 59 No 229, 2020.

7. R. Hora: «Socialistas, anarquistas, católicos y liberales: trabajadores y política en la Buenos Aires del Novecientos» en Estudios Sociales vol. 61 No 2, 2021.

8. J. Arraga: «A inscribirse» en La Vanguardia, 14/9/1901, p. 1.

9. Francisco J. Reyes: Boinas blancas. Los orígenes de la identidad política del radicalismo (1890-1916), Prohistoria, Rosario, 2022, pp. 167-168.

10. La Nación, 5/11/1907.

11. F. Devoto: «Imágenes del Centenario de 1910: nacionalismo y república» en José Nun (comp.): Debates de Mayo. Nación, cultura y política, Gedisa, Buenos Aires, 2005, pp. 188-189; La Nación, 23/5/1910.

12. «Ya tenemos reforma electoral» en La Vanguardia, 9/2/1912, p. 1.

Los usos de la historia en la política argentina actual

Camila Perochena

La batalla electoral de 2023 no solo se jugó en el debate sobre el presente sino también en la arena del pasado. Los diferentes candidatos y líderes políticos transmitieron visiones de la historia argentina en las que pueden entreverse sus concepciones de la política y la democracia. ¿Cómo piensan la historia las tres principales fuerzas de la última elección presidencial?

Las «batallas por el pasado» han sido recurrentes en la disputa política argentina. «Gobernar es historiar», decía Juan Bautista Alberdi respecto a la presidencia de Bartolomé Mitre (1862-1868). La frase no podía ser más eficaz a la hora de ilustrar la gran empresa historiográfica que encaró el primer presidente de la República Argentina unificada y constructor del relato histórico de la nación que se estaba modelando en la segunda mitad del siglo xix1. Desde ese entonces y hasta el día de hoy, diversos presidentes y políticos han apelado con mayor o menor intensidad al pasado. En este artículo nos proponemos penetrar en las miradas que dirigentes políticos de la actualidad tienen sobre la historia, como una vía de entrada para analizar sus miradas sobre la política. En el presente se entremezclan miradas revisionistas, polarizadoras y decadentistas que buscan dar sentido al contexto crítico que atraviesa el país.

Antes de introducirnos en esas visiones, es preciso hacer una aclaración, tal vez demasiado evidente pero necesaria. Los discursos de los políticos sobre la historia están destinados a la tribuna pública del presente y no a la producción crítica de conocimiento sobre el pasado. Se trata de una apuesta memorial y no historiográfica. Es decir, buscan consolidar una identidad o legitimar un estado de cosas, no tienen una voluntad por «conocer la verdad de lo sucedido». La memoria puede asumir la vocación de condenar un pasado y también de conmemorarlo, y por ello se acerca más a la emoción que a la racionalidad del trabajo histórico. «Todos los seres humanos, todas las colectividades y todas las instituciones necesitan un pasado, pero solo de vez en cuando este pasado es el que la investigación histórica deja al descubierto», afirmaba el historiador Eric Hobsbawm2. La tensión se establece, según el autor, entre la identidad que requiere la sociedad y la universalidad a la que aspiran los historiadores.

Sobre la base de esta distinción entre memoria e historia, este artículo se centra en la primera para entender las identidades políticas del presente. ¿Cuáles fueron los momentos reivindicados y denostados por los principales dirigentes políticos que compitieron en las elecciones de 2023? ¿Cómo articularon pasado, presente y futuro en una visión del país? ¿Qué revelan esas miradas del pasado sobre la forma de concebir la política?

Javier Milei: una mirada decadentista de la historia nacional

El 1o de octubre de 2022, el entonces diputado libertario Javier Milei encabezó un acto en la provincia de Tucumán en el que habló frente a más de 10.000 personas con una imagen gigante de Alberdi, autor del borrador de la Constitución de 1853, proyectada detrás3. Allí sostuvo que «cuando la Argentina abrazó las ideas de Alberdi, siendo un país de bárbaros, 35 años después se convertía en la primera potencia mundial. Y a partir de 1916, cuando empezamos a abrazar dosis crecientes de socialismo, nos convertimos en un país decadente».

Esta idea de que la decadencia argentina se inició en 1916, con el fin del orden conservador y la entrada en un régimen democrático de masas, ha sido recurrente en sus discursos. Para Milei, el inesperado nuevo presidente argentino, el punto de inflexión de esa decadencia coincide con la implementación de la Ley Sáenz Peña que instauró el sufragio universal, secreto y obligatorio y llevó a la participación activa de las «masas» en la arena política. El problema, para Milei, no fue el surgimiento del peronismo, sino que es anterior e incluye la llegada de la Unión Cívica Radical (ucr) al gobierno. No es la fórmula sobre los males de los «70 años de peronismo», ensayada por el espacio político de centroderecha liderado por Mauricio Macri, sino la de los «100 años de democracia». Para el libertario, la «casta» habría llegado al poder de la mano de la democracia, aunque no lo formule de un modo explícito.

Para Milei, el punto de inflexión de esa decadencia coincide con la implementación de la Ley Sáenz Peña que instauró el sufragio universal

Esta interpretación de la historia no es novedosa. La misma idea puede encontrarse, tal como ha analizado el politólogo Sergio Morresi, en Ricardo Zinn, uno de los referentes intelectuales de la dictadura de 19764. Zinn era un «liberal-conservador» que establecía el inicio de la decadencia argentina en la Ley Sáenz Peña y la llegada del «populismo radical»5 a la Presidencia de la República. A partir de ese momento, se habrían sucedido diferentes tipos de «populismos»: peronistas, radicales, desarrollistas y militares. Al describir las ideas de los liberal-conservadores, Morresi sostiene que estos eran anticomunistas y antiperonistas, propulsores del libre mercado pero también de un Estado fuerte capaz de poner en funcionamiento ese mercado, contrarios a la democracia pero abiertos al pluralismo político (con restricciones al comunismo y el populismo), defensores de las tradiciones morales y culturales pero con ambiciones modernizantes. La nueva derecha, encarnada por Milei, podría ubicarse en este cruce de tradiciones liberales y conservadoras, con la diferencia de que cuenta con una masiva llegada a jóvenes. Pero en este cruce de tradiciones, una de las principales tensiones que puede señalarse está dada por el rol que debería tener el Estado. Desde la visión libertaria que defiende Milei, el Estado debe quedar reducido a su mínima extensión, y en su visión maximalista anarcocapitalista, desaparecer.

Esta premisa política entra en disonancia con su interpretación de la historia. Para Milei, es preciso rescatar el legado de Alberdi y de los presidentes decimonónicos Justo José de Urquiza, Bartolomé Mitre, Nicolás Avellaneda, Domingo F. Sarmiento, Julio A. Roca y Carlos Pellegrini. Pero todos estos liberales, cuyo legado busca honrar, son liberales que dedicaron su vida a construir y consolidar el Estado, no a reducirlo. Durante esas décadas, se sentaron las bases de la burocracia, el sistema impositivo y una educación pública que sería referencia en toda América Latina. Es decir, aquellas instituciones que Milei cuestiona hoy vieron su origen en el periodo que reivindica.

A su vez, esos presidentes e intelectuales del siglo xix son reivindicados por el libertario como si se tratara de un bloque homogéneo, como si todos ellos coincidieran en un único liberalismo. Sin embargo, sus visiones sobre la sociedad y el Estado presentaban significativas diferencias. Solo cito aquí algunos ejemplos de esa diversidad. Mientras Alberdi consideraba que había que priorizar el progreso económico en el marco de una república centralista con un Poder Ejecutivo fuerte, Sarmiento ponía el acento en la modernización de la sociedad basada en la inmigración y la educación que, a posteriori, traería aparejado el progreso económico. Podríamos preguntarnos también cuál es la visión de Milei en torno de la república con inspiración monárquica de Alberdi. O cuál es su visión sobre el rol que Sarmiento atribuía a la educación pública y a la participación de los ciudadanos en el espacio público.

El otro momento histórico al que Milei suele hacer referencia en sus discursos es el de los años 70 del siglo xx. Tanto en el discurso de Milei como en el de su candidata a la Vicepresidencia Victoria Villarruel, hay una negación del terrorismo de Estado y una justificación de los crímenes cometidos durante la dictadura, que se consideran meros «excesos». En el primer debate presidencial, el 1o de octubre de 2023, Milei hizo referencia a la cuestión de los derechos humanos en estos términos: «No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros durante los 70 hubo una guerra y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos».

En estas afirmaciones hay una clara ruptura con el «consenso del Nunca Más» fundado en la década de 1980. En dos puntos centrales se puede reflejar esa ruptura. En primer lugar, Milei reproduce la visión de los militares de que lo sucedido en la dictadura fue una «guerra». Diversos historiadores han demostrado que la acción de las guerrillas, ya muy debilitadas en la época del golpe, no tuvo nunca la envergadura suficiente como para que pueda ser considerada técnicamente una guerra. La desigualdad de fuerzas entre los grupos guerrilleros y el Estado era enorme. Además, esta fue la forma que encontraron los militares de justificar la toma del poder y el ejercicio clandestino de la represión. Así lo sostuvieron en el documento final publicado en 1983 y en los juicios.

El segundo punto de ruptura con el consenso de la década de 1980 es que lo que hicieron los militares no fueron más que «excesos». Esta afirmación ha sido rebatida tanto en el Nunca más 6 como en la sentencia del juicio a las juntas militares que gobernaron bajo la dictadura. La tortura, el secuestro y la desaparición no fueron hechos aislados, sino que se trató de violencia sistemática desde el Estado, es decir, órdenes sistemáticas impartidas desde las juntas y los comandantes en jefe de las tres fuerzas. Puede verse aquí una contradicción señalada por Pablo Stefanoni: «Para alguien que considera que el Estado (democrático) es el Mal absoluto, resulta curioso que lo relativice precisamente bajo un régimen de terrorismo de Estado»7.

Más allá de las inconsistencias entre sus ideas políticas y sus interpretaciones del pasado, la visión de la historia de Milei tiene una dimensión antidemocrática. Por un lado, al colocar la decadencia argentina en 1916 y sostener que esa es la entrada del «socialismo»8, abre la puerta a una concepción de la política donde los caminos del liberalismo y la democracia se vuelven divergentes. Por otro lado, al negar el terrorismo de Estado, rompe con el consenso democrático que se consolidó en Argentina hace 40 años. La democracia con sus reglas y procedimientos parecieran ser para el dirigente un problema, antes que una base sobre la que construir políticamente.

Podríamos preguntarnos cómo llegamos a un clima de época en el que se pueden cuestionar, al parecer sin consecuencias, los consensos más básicos del pacto democrático de la transición. Sin dudas la crisis económica y la crisis de representación son centrales para entender ese repudio a los partidos tradicionales y, en parte, al régimen democrático. Sin embargo, desde la perspectiva abordada en este artículo, resulta central analizar cómo, en las últimas dos décadas, el pasado se convirtió en una fuente de conflicto y de disputa facciosa entre las principales fuerzas políticas. La polarización que impregnó el debate político presente se trasladó al pasado. Las miradas sobre los años 70 y sobre otros periodos históricos se radicalizaron. Los usos del pasado alimentaron una cultura política facciosa que el discurso de La Libertad Avanza (lla) no impugna, sino que profundiza.

La historia en la batalla política y cultural kirchnerista

El 2 de diciembre de 2019, en los Tribunales Federales, la recién electa vicepresidenta cerró su declaración ante los jueces: «A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia». Esta cita es solo una muestra de la omnipresencia de la historia en la concepción política de Cristina Fernández de Kirchner. De los 1.592 discursos emitidos durante sus dos gestiones presidenciales, en 51% hizo referencia al pasado, reciente o lejano. Además, en esos años se crearon nuevos feriados, se abrieron museos, se produjeron programas televisivos de historia para niños y adultos, se inauguraron nuevos monumentos y se escenificó el pasado en numerosos actos públicos. Cristina Fernández de Kirchner fue, tal vez, la dirigente política que –al menos desde el siglo xx– hizo el uso más intensivo del pasado durante su gestión.

Cristina Fernández entendió que la historia tenía una potencia política que debía ser explotada. La historia le permitió consolidar una identidad política kirchnerista, legitimar los cursos de acción desplegados durante su gobierno e intervenir en el lugar que ocuparía en la memoria de los argentinos. Días después de asumir la Presidencia de la República, en diciembre de 2007, propuso «la reconstrucción de una nueva historia». La reescritura de la historia se convirtió en la pata fundamental de la llamada «batalla cultural».

Se desplegó así un uso político del pasado polarizador que estuvo en consonancia con una concepción de la política y su práctica basada en la radicalización del conflicto. La polarización hacia el pasado le permitía justificar el presente y proyectar el futuro. La historia se convirtió en un campo de batalla donde podían rastrearse las raíces entre un «ellos» y un «nosotros», entre el «pueblo» y sus enemigos, entre el kirchnerismo y el resto del espectro político.

En esa filiación con el pasado, el kirchnerismo se presentó como el gobierno que venía a cumplir las «promesas inconclusas» de los revolucionarios de Mayo

De esta manera, Cristina Fernández dividió los 200 años de historia argentina entre periodos con los que buscaba filiar a su gobierno y marcar una continuidad y otros de los que buscaba diferenciarse y que asociaba con sus enemigos políticos. Los periodos reivindicados fueron la década revolucionaria de 1810, el gobierno de Juan Manuel de Rosas9, el peronismo y la militancia juvenil de la década de 1970. De esos momentos históricos se deriva el panteón de héroes y heroínas del kirchnerismo: Manuel Belgrano y Eva Perón, entre los más nombrados, secundados por Juan D. Perón, Rosas, Mariano Moreno y Manuel Dorrego10. En esa filiación con el pasado, el kirchnerismo se presentó como el gobierno que venía a cumplir las «promesas inconclusas» de los revolucionarios de Mayo11. De esta manera, la historia funcionaba para justificar un rumbo hacia el futuro presentado como deseable, pero también como inexorable: el punto de llegada era la inevitable redención del «pueblo». Una filosofía de la historia para moldear la política. Era una interpretación del pasado que retomaba el revisionismo histórico, pero en clave «redencionista» y no decadentista.

Ese curso histórico presentado como deseable requería de momentos negativos asociados a fuerzas e intereses que interrumpían el avance hacia el país deseado. Entre ellos pueden distinguirse la caída de Rosas en 1852, el periodo del Centenario, los golpes militares, sobre todo el de 1955 –que derrocó a Perón– y el de 1976, y el neoliberalismo (paradójicamente, implementado por el gobierno peronista de Carlos Menem). Los momentos sombríos del pasado funcionaron, en el discurso kirchnerista, como una amenaza siempre latente, como espectros siempre dispuestos a regresar. De esta manera, el pasado quedaba vinculado a los contradestinatarios del presente: los sectores agroexportadores, los grandes medios de comunicación, el Poder Judicial y los partidos opositores. El tiempo se aplanaba: entre el antagonista de ayer y el de hoy parecía no haber distancia.

Las batallas por la memoria no solo se transmitían a través de los discursos, sino que se escenificaban en diferentes rituales políticos

Ahora bien, las batallas por la memoria no solo se transmitían a través de los discursos, sino que se escenificaban en diferentes rituales políticos: los festejos del Bicentenario, las conmemoraciones del Día de la Soberanía Nacional, las celebraciones por el Día de los Derechos Humanos, entre otras. La dimensión simbólica y emocional en el ejercicio del poder y en la conformación de identidades colectivas fue, sin duda, captada y capitalizada por la ex-presidenta. Así lo expresaba Javier Grosman, el responsable de organizar los festejos y rituales políticos durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner: «había que generar las tres e, un relato épico, ético y estético. Que se pueda construir un mensaje a través de la imagen, a través de lo que la gente ve, las sensaciones, lo que percibe, lo que vive»12. El relato cobraba vida en el espacio festivo y ofrecía un gran teatro para escenificar las identificaciones y los distanciamientos con el pasado y el presente, alimentando las «utopías» y los «proyectos» que miraban al futuro. Y en esas escenificaciones fue siempre central la presencia de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Así fue como el kirchnerismo construyó una identidad política que fue hegemónica dentro del peronismo desde 2003. Y si bien hoy atraviesa un momento crítico, sigue siendo una identidad intensa y cohesionada con capacidad de movilización. El resto de los sectores peronistas (no kirchneristas) no lograron, aún, conformar una visión alternativa del pasado a la esgrimida por Cristina Fernández de Kirchner. En el caso del presidente Alberto Fernández, es difícil descifrar una mirada sobre la historia, tan escurridiza como la propia identidad «albertista». Durante su gestión, el presidente escapó, deliberadamente, a la construcción de una identidad política propia. No está claro si fue por pereza intelectual, miedo o, menos probable, por estrategia política. El hecho es que, a lo largo de su mandato, las fronteras simbólicas del albertismo fueron sumamente móviles y se movieron según parecían dictar las circunstancias. Esa oscilación identitaria significó también una oscilación de la memoria. Alberto Fernández pareciera ser un «deambulador memorial». Deambula por el pasado, va de un periodo a otro sin un rumbo determinado, sin un fin.

En el caso de Sergio Massa, esa mirada sobre el pasado es igualmente esquiva y casi ausente. En sus discursos públicos no hay prácticamente referencias al pasado. En un pimpón de preguntas y respuestas con los candidatos organizado por el diario La Nación, se les preguntó, entre otras cosas, cuál fue el momento de quiebre de Argentina. Allí Massa dio una respuesta sin historia: dijo que los dos momentos de quiebre fueron 2001 y 2018 (la vuelta al Fondo Monetario Internacional [fmi]). Esa respuesta denota una falta de conciencia sobre la profundidad histórica de los problemas que sufre Argentina. Tanto 2001 como 2018 fueron momentos de explosión de una serie de procesos que podríamos rastrear hacia el pasado. Pero en Massa hay una mirada «presentista» que le permite no abrir la disputa con sus socios electorales, el kirchnerismo, y señalar al mismo tiempo a sus opositores de Juntos por el Cambio (jxc) como los responsables de la decadencia.

Juntos por el Cambio: el pasado como carga

Dentro de la coalición jxc13 conviven dos sectores con miradas muy divergentes de la historia argentina: la centenaria ucr y Propuesta Republicana (pro), el partido fundado por Mauricio Macri en 2005. Incluso dentro del pro existe una disputa en relación con las interpretaciones del pasado. Macri sostuvo y aún sostiene una mirada decadentista del pasado. Desde su perspectiva, la historia es una carga. En su libro Para qué, sostiene: «Nuestro sistema político contaba a principios de siglo con dos grandes fuerzas tradicionales, con muchas décadas de historia, el radicalismo y el justicialismo [peronismo]. Ambos (...) para bien o para mal estaban cargados de pasado»14. Frente a los partidos tradicionales, Macri explica que el pro surgió para «expresar el cambio y una ruptura radical con las formas tradicionales de la política argentina». Esa ruptura con el pasado, pensada como total, sin continuidades, le impide filiar al pro con la historia nacional. Es por eso que recurre a la Italia de la posguerra para encontrar un pasado con el que identificarse. Cuenta en su libro la historia del Fronte dell’Uomo Qualunque [Frente del Hombre Común], en cuya fundación participó su abuelo tras la derrota del fascismo. El partido «era un acérrimo opositor al fascismo y comunismo, había nacido frente al rechazo de los partidos tradicionales, proponía una radical reforma del Estado y era defensor del libre mercado (...) Décadas después de la experiencia de mi abuelo me encontraba a mí mismo emprendiendo un camino similar»15. 

En esta desmesurada analogía, el radicalismo quedaba junto al justicialismo en lo que Macri denomina «las formas más tradicionales de la política argentina». El ex-presidente mira a sus socios de coalición en el espejo de la Italia de entreguerras. De hecho, en 2022, en una conferencia en San Pablo, sostuvo que el populismo arrancó con el radical Hipólito Yrigoyen y después siguió con Perón y Evita. El comentario desató el enojo de diversos dirigentes radicales de su propia coalición: Macri se estaba metiendo con su panteón de héroes. Sin embargo, el comentario sobre Yrigoyen parece moderado al lado de la vinculación de la política argentina con la de Italia de entreguerras.

Macri cree que hay que desembarazarse del pasado, tener una «visión aspiracional», puro futuro

Para Macri, el peronismo y el radicalismo, como Sísifo, cargan una pesada piedra por un camino empinado, una piedra de la que no pueden desprenderse. La piedra es el pasado, una carga que, desde su perspectiva, obstruye la mirada al futuro. Para generar un «cambio cultural», Macri cree que hay que desembarazarse del pasado, tener una «visión aspiracional», puro futuro. En la conformación de su liderazgo, la historia y el contexto nacional parecerían no tener influencia alguna. Es un liderazgo deshistorizado. No hay figuras del pasado ni periodos históricos que sirvan como faro para iluminar el presente. En La grieta desnuda, Pablo Touzon y Martín Rodríguez sostienen que para el macrismo «la Historia es algo que te podés sacar de encima. Que no suma, y que tampoco resta. Y que se puede ser indiferente. Y esa indiferencia no lo humaniza, lo homologa al hombre común»16.

La historia pareciera ser un territorio al que no hay que volver. Tal como señala Fabio Wasserman en el libro En el barro de la Historia, el macrismo tuvo una concepción de la temporalidad futurista que, sin embargo, recurrió a interpretaciones y representaciones tradicionales sobre la historia nacional17. La más recurrente es la idea de que Argentina empezó hace «70 años», con el ascenso de Perón, un proceso de decadencia del que no logró salir. En esta perspectiva decadentista de la historia, el pasado parece un bloque sin fisuras con el que hay que romper. No hay nada para rescatar. No hay un panteón de héroes por reivindicar, liderazgos con los que identificarse o proyectos de país para considerar. En el citado libro de Macri, el pasado aparece como el terreno de lo antiguo, lo autoritario, lo ineficiente y el populismo.

Para el ex-presidente, la historia es «el Antiguo Régimen». Esa expresión fue acuñada por los revolucionarios franceses para referirse a los siglos que precedieron a la Revolución. Esta negación hacia el pasado ha sido cuestionada desde dentro del pro por los dos precandidatos presidenciales en las primarias de 2023 –Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich–, mientras que contrastó también con la de la ucr. Puertas adentro, una de las autocríticas esgrimidas por los candidatos ha sido la ausencia de una narrativa sobre la historia argentina. Para contrapesar esa mirada, Rodríguez Larreta conformó un equipo que debía pensar un relato sobre el país. En diversos discursos, aunque de forma deshilvanada, el jefe de gobierno porteño reivindicó distintos momentos históricos. Además de retomar algunas imágenes sarmientinas, reivindicó la consigna del gobierno de Julio A. Roca, «Paz y administración», pero reescribiendo el objetivo decimonónico como «Paz y crecimiento». Por último, rescató la presidencia desarrollista de Arturo Frondizi (1958-1962) y su consigna de «integración y desarrollo», muy en línea con su discurso consensualista y de incorporación a su proyecto del peronismo no kirchnerista.

En el caso de Patricia Bullrich, quien venció a Rodríguez Larreta en la primaria de 2023, la narrativa histórica estuvo ausente de los discursos de campaña. En el mencionado pimpón de preguntas y respuestas realizado por La Nación, Bullrich, que en la década de 1970 militó en el peronismo revolucionario, sostuvo que Argentina tuvo muchos momentos de crisis en toda su historia y que la excepción son los momentos de auge. Allí no dice cuáles son para ella esos momentos históricos. Es posible asociar, en ese sentido, el gesto de Bullrich con el de Macri. Sin embargo, en una comunicación personal, la entonces candidata negó que fuera así y criticó la visión deshistorizada del ex-presidente. Por el contrario, sostuvo que para ella la decadencia argentina se inició con el golpe de 1930 y la aceptación de esa asonada por la Corte Suprema de Justicia. Esto habría implicado una ruptura de la institucionalidad que habilitaría la lógica de un poder desatado que realizó golpes de Estado en 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. Es preciso aclarar que esta visión, sin embargo, no apareció en los discursos públicos de la candidata.

Por último, durante 2023, los radicales vivieron un año clave en relación con los usos de la historia, dado que se conmemoraron 40 años de la transición democrática y el inicio del gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989). En diferentes actos públicos, los dirigentes de la ucr buscaron recuperar la concepción alfonsinista de la democracia, una concepción muy distinta de la que plantea el kirchnerismo, por un lado, y Macri, por el otro. Frente a una idea agonista o polarizadora en la que el conflicto y las divisiones son la matriz para pensar la política, el radicalismo exhibió una concepción liberal de la democracia. En Alfonsín había una valoración positiva del pluralismo: los «otros» eran vistos como adversarios políticos y no como enemigos. La legitimidad democrática se basaba en la búsqueda de consensos y denominadores comunes mediante la deliberación. En su biografía de Alfonsín, Pablo Gerchunoff lo sintetiza con claridad: «La preservación de los acuerdos fue una regla durante casi toda su vida política: avanzar hasta donde lo permitieran los consensos»18. Las conmemoraciones buscaron recuperar ese breve paréntesis de unión y encuentro en la historia argentina. Una nostalgia por el consenso perdido.

Epílogo

Como es posible observar, todos los líderes políticos hacen un uso de la historia en función del presente. Sin embargo, ese uso adopta distintas formas e intensidades según los casos. También los usos del pasado reflejan diversas miradas sobre la política. Los politólogos Michael Bernhard y Jan Kubik, en un estudio sobre las memorias oficiales que surgieron tras la caída de la Unión Soviética, distinguen cuatro tipos de «actores memoriales»: «guerreros», «pluralistas», «negadores» y «prospectivos»19. Los «guerreros memoriales» son aquellos que se consideran portadores de una «verdadera» historia frente a otros actores que cultivarían una visión «falsa» y con quienes no es posible negociar. Los «pluralistas memoriales» aceptan la existencia de una diversidad de interpretaciones del pasado y tratan de entablar un diálogo para encontrar los puntos fundamentales de convergencia. Los «negadores memoriales» evitan las políticas de memoria y las batallas por el pasado. Mientras que los «prospectivos memoriales» creen haber resuelto el enigma del pasado y tener la llave para guiar al pueblo hacia el futuro.

Como se pudo observar en este artículo, en la Argentina contemporánea conviven diversos tipos de «actores memoriales». El caso de Cristina Fernández de Kirchner fue el de una «guerrera memorial» que, desde el poder presidencial, optó por un acentuado uso político del pasado que profundizó la estrategia de confrontación. Ese tipo de estrategia memorial generó diferentes respuestas a lo largo del arco político y dio lugar a diversas narrativas. La respuesta de Macri fue la reacción contraria, y se convirtió en una suerte de «negador memorial» para quien no había nada que rescatar del pasado si se quería tener una mirada de futuro. O la de Milei, que elaboró su propia versión decadentista en clave, también, de «guerra memorial». En este clima de época, los guerreros y negadores memoriales parecieran absorber a los pluralistas memoriales. En tiempos de disputas facciosas por el presente, queda cada vez menos espacio para la convivencia de miradas diversas sobre el pasado.

Camila Perochena: es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires (uba). Se desempeña como profesora en el Departamento de Estudios Históricos y Sociales de la Universidad Torcuato Di Tella (utdt). Realiza trabajos de divulgación histórica en el diario La Nación y en el programa de televisión por cable Odisea Argentina. Es cocreadora de los podcasts La banda presidencial y Hay que pasar el invierno.

Palabras claves: memoria, política, usos de la historia, Argentina.

1. En la obra historiográfica de Mitre se destaca la Historia de Belgrano y de la Independencia argentina (1857), central para la construcción de la identidad nacional.

2. E. Hobsbawm: «La historia de la identidad no es suficiente» en Sobre la Historia, Crítica, Barcelona, 1998.

3. Juan Bautista Alberdi fue uno de los intelectuales más importantes del siglo xix. Durante gran parte de su vida pensó y escribió sobre la mejor manera de lograr el desarrollo y la consolidación del Estado argentino desde una perspectiva liberal.

4. S. Morresi: «El liberalismo conservador y la ideología del Proceso de Reorganización Nacional» en Sociohistórica No 27, 2010.

5. En referencia a la ucr.

6. El Nunca más fue el informe elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que debía investigar los crímenes cometidos por la dictadura militar. Publicado en 1984, describe de manera pormenorizada el terror sistemático ejercido por el Estado durante la dictadura militar.

7. P. Stefanoni: «Paleolibertarismo a la criolla» en elDiarioar, 3/10/2023.

8. En su relato decadentista, tiene un papel fundamental la creación del Banco Central en la década de 1930, institución que se propone cerrar.

9. Rosas fue gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1829-1832 y 1835-1852, antes de la unificación argentina.

10. Fuera de Perón y Eva Perón, se trata de figuras de las guerras de la independencia y de las guerras civiles posteriores rescatados por la tradición «nacional-popular» y/o la historia revisionista.

11. La idea de una «segunda independencia», esta vez económica, ha sido común en diversos movimientos nacionalistas populares latinoamericanos desde la década de 1940.

12. Entrevista con la autora, 5/10/2016.

13. Esta alianza de centroderecha tuvo su debut electoral con el nombre de Cambiemos y articuló a sectores que iban desde la centroizquierda hasta la derecha, unidos sobre todo por su rechazo al kirchnerismo.

14. M. Macri: Para qué. Aprendizajes sobre liderazgo y poder para ganar el segundo tiempo, Planeta, Buenos Aires, 2002.

15. Ibíd.

16. P. Touzon y M. Rodríguez: La grieta desnuda, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2019.

17. F. Wasserman: En el barro de la historia. Política y temporalidad en el discurso macrista, Sb, Buenos Aires, 2021.

18. P. Gerchunoff: Raúl Alfonsín. El planisferio invertido, Edhasa, Buenos Aires, 2022, p. 169.

19. M. Bernhard y J. Kubik: «A Theory of the Politics of Memory: The Politics of Memory and Conmemoration» en M. Bernhard y J. Kubik (eds.): Twenty Years After Communism, Oxford up, Oxford, 2014.

Peinar el 2001 a contrapelo: del «Argentinazo» a la nueva derecha

Pablo Stefanoni

A poco más de dos décadas del estallido de 2001, el inconformismo social retornó en medio de una profunda crisis económica y social. El triunfo electoral del outsider de derecha Javier Milei, montado en ese clima, tiene resonancias con aquellas jornadas en las que las multitudes cantaban «Que se vayan todos» y ponían contra las cuerdas al sistema político. Pero si el 2001 fue hegemonizado por el progresismo, hoy es la derecha radical la que encarna las nuevas emociones insurreccionales.

Hace poco más de dos décadas, Argentina estallaba por los aires. El presidente Fernando de la Rúa debió renunciar y huir en helicóptero desde los techos de la Casa Rosada, en medio de una masiva ola de protestas en su contra. La imagen del despegue quedó congelada como símbolo de la época y como amenaza para sus sucesores.

No menos importante, la revuelta interclasista se solapó con el estallido del modelo de la convertibilidad entre el peso argentino y el dólar, que había garantizado una inédita estabilidad de precios durante diez años al tiempo que incubaba una serie de desequilibrios económicos y sociales que estaban condenados a explotar; estos derivaron en el famoso «corralito» bancario y en una serie de «cuasimonedas» (bonos emitidos por las provincias que circulaban como moneda de curso legal). No obstante, en un sentido más amplio, el 2001 constituyó un verdadero acontecimiento, con su singularidad, su carácter contingente e irrepetible, y sus efectos en términos de experiencias y subjetividades. La ciudad de Buenos Aires se poblaba de asambleas ciudadanas, y los piqueteros, que años antes habían convertido los cortes de rutas en espacios densos de resistencia y sociabilidad, confluían fugazmente con las capas medias de la capital argentina.

A 22 años de ese 2001, es sorprendente el aire de familia del malestar actual con el de aquellos días. Pero si a fines de los años 90, la izquierda cantaba «se viene el estallido», hoy, la misma canción de la banda Bersuit Vergarabat que reza «se viene el estallido / de mi guitarra / de tu gobierno» ha jalonado el crecimiento electoral del libertario de extrema derecha Javier Milei, tras su salto a la política en 2021.

Yo te odio, político

El 2001 operó como un momento de catarsis generalizada –un gran porcentaje de los discursos en las asambleas barriales eran una suerte de liberación personal– con un tejido intergeneracional: la generación de los años 70 sintió que finalmente había llegado el momento de revertir la derrota que la dictadura militar había provocado sobre su «generación diezmada», la de los 80 pudo experimentar que el neoliberalismo era «derrotable» y la aún más joven pudo hacer su entrada en la política en una coyuntura cargada de épica.

En los años 90 se había dado forma a una nueva identidad posindustrial –los piqueteros–, un nuevo formato de protesta –el corte de ruta–, una nueva modalidad organizativa –la asamblea– y un tipo específico de demanda –trabajo–. «La consolidación de un nuevo repertorio», escribieron entonces Maristella Svampa y Sebastián Pereyra, «tiene menos la forma de un reemplazo que de una nueva alianza y articulación entre sindicatos disidentes, partidos –de izquierda– y desocupados, poco a poco reunidos bajo la simbología piquetera»1. La política popular se movió de la fábrica al barrio. Se asistía entonces a una cierta incapacidad del peronismo para seguir expresando a los movimientos populares, ya que se lo asociaba a las reformas neoliberales e incluso a las represiones que sufrían a menudo quienes cortaban las rutas durante la década de 1990.

En el plano ideológico imperó una suerte de «momento Le Monde diplomatique». La difusa pero eficaz apelación al «posneoliberalismo», de la que esa revista global francesa era una suerte de heraldo, aparecía como un paraguas de múltiples sensibilidades y movimientos que emergían como hongos. Pero también fue un momento autonomista. En una coyuntura de fuerte movilización, pero sin el horizonte de llegar a ocupar el Estado, la insurrección zapatista en México ofrecía una «salida»: «cambiar el mundo sin tomar el poder», como proponía el libro del irlandés-mexicano John Holloway, quien en los días posdiciembre de 2001 convocaba multitudes en Argentina, como cuando llenó el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. La idea de una política que «prefigurara» la nueva sociedad desde los márgenes y no desde las instituciones estatales capturaba entonces una gran parte de los imaginarios de cambio y de las energías militantes.

Ya antes, en 1999, un grupo de estudiantes había ideado el «Movimiento 501» para no votar en las elecciones presidenciales de ese año (en Argentina el voto es obligatorio, pero se puede justificar la no concurrencia a las urnas si se está a más de 500 kilómetros del domicilio del padrón electoral). Entre los principales organizadores de esa pequeña gesta estaba el joven economista Axel Kicillof, más tarde ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner y actualmente gobernador reelecto de la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país.

Dos años más tarde, en las elecciones legislativas de 2001, la estrella fue el denominado «voto bronca» (blanco y nulo). Si hay un libro que refleja, desde su título, el clima de esos años es La política está en otra parte2. En efecto, destacamentos de sociólogos se dedicaron entonces a ir a esa «otra parte» y estudiar in situ movimientos piqueteros de las zonas profundas del Gran Buenos Aires, pero también de las provincias petroleras del norte y del sur, campesinos, «fábricas recuperadas» autogestionadas por sus trabajadores, etc. Pero también había otro libro, del escritor Dalmiro Sáenz, titulado Yo te odio, político. El libro para todos los ciudadanos que no viven de la política3, que estaba en línea con un mundo mediático y cultural que expresaba el inconformismo dominante e incluso lucraba con la industria del pesimismo político4.

Mientras tanto, los políticos no podían salir a la calle sin el riesgo de ser agredidos, los diputados abandonaban casi clandestinamente el Congreso tras las sesiones y los cuestionados jueces de la Corte Suprema nombrados bajo el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) veían desde sus ventanas los masivos escraches frente a sus domicilios en los momentos álgidos de las protestas. Aunque los sindicatos convocaron huelgas y planes de lucha en los días previos al 19 y 20 de diciembre de 2001, las movilizaciones ocurrieron en gran medida al margen de las grandes entidades sindicales. De hecho, muchas de las marchas se realizaban en la tarde/noche, después del horario laboral, aprovechando las temperaturas estivales de esa época del año en el hemisferio sur.

La crisis favoreció una particular convergencia en las calles de quienes detestaban el capitalismo con quienes habían confiado (una vez más) en él

No obstante, con Walter Benjamin como un pensador de moda en estos días, es posible también tratar de «peinar la historia [del 2001] a contrapelo». La crisis favoreció una particular convergencia en las calles de quienes detestaban el capitalismo con quienes habían confiado (una vez más) en él5, poniendo su dinero en los bancos tras «olvidar» la crisis hiperinflacionaria de 1989, solo una década antes. Si hay que elegir una imagen de 2001, quizás podríamos optar por la de una señora proveniente de un barrio acomodado que, delante de las cámaras de televisión, sacó un martillo de su cartera y comenzó a golpear las chapas metálicas que los bancos habían colocado sobre puertas y ventanas para protegerse de la furia de los ahorristas (de sus propios clientes). Es decir, en 2001 confluyeron quienes nunca habían confiado en el neoliberalismo con quienes lo habían celebrado y cuya impotencia nacía precisamente del hecho de sentirse traicionados (una vez más); los cacerolazos y el «Que se vayan todos», contra una «casta» que entonces no recibía ese nombre, unieron a unos y otros en un movimiento aluvional y único, con una potencia también excepcional.

Aun así, no deja de ser sorprendente que en las elecciones de 2003, dos candidatos que proponían una profundización del «modelo», el ex-presidente Carlos Menem (que promovía la dolarización de la economía) y el fugaz ministro de Economía Ricardo López Murphy, promotor del «déficit cero», superaran sumados 40% de los votos. Solo el fortísimo rechazo que concitaba la figura de Menem, que obtuvo 24,4%, logró que un poco conocido Néstor Kirchner, con solo 22% de los sufragios en la primera vuelta, llegara a la Presidencia de la Nación desde Santa Cruz, la provincia del extremo sur argentino que gobernaba con un estilo peronista bastante convencional. Menem se bajó finalmente del balotaje para evitar la humillación y Kirchner no pudo «reventar las urnas» con votos contra el ex-presidente, como anticipaban las encuestas, y se quedó con su exiguo 22%.

De esta forma, de la vertiente impugnadora del neoliberalismo emergería el kirchnerismo, una variante del peronismo que constituyó una verdadera facción capaz de modificar el ethos del movimiento fundado por Juan Perón en la década de 1940 con un proyecto de centroizquierda. De la otra vertiente saldría algo más tarde una fuerza de centroderecha: la liderada por el ex-presidente del club Boca Juniors y empresario Mauricio Macri, que puso en pie el primer partido exitoso por fuera del bipartidismo histórico. Modelado por el gurú ecuatoriano Jaime Durán Barba bajo la premisa de que a la mayoría de la gente no le interesa la política, Propuesta Republicana (pro) asumiría una fuerte carga postideológica. Pero al mismo tiempo – y a la luz del contexto no debería sorprender–, kirchneristas y macristas prometieron al electorado la conquista de un «país normal».

En el caso de Kirchner, como escribió Gabriel Vommaro, «eso suponía reconstruir la autoridad del Estado, la confianza en las instituciones y una cohesión social maltrecha». En el macrismo, la normalidad pasaría, por el contrario, por un programa pos o antipopulista de tipo republicano, modernizador y de «vuelta al mundo» capaz de capturar el «ethos del voluntariado y el emprendedorismo anclado en el mundo de los negocios y de las ong» para «llevar al Estado la eficiencia y la transparencia que, en una visión encantada, impera en esos mundos»6.

País normal 1: «Orden y progresismo»

En uno de sus libros, Martín Rodríguez capturó en dos palabras el significado del proyecto liderado por Kirchner: orden y progresismo, jugando con las palabras «orden y progreso», la consigna de las elites positivistas latinoamericanas del siglo xix7. A diferencia de la izquierda, que vio en el «Argentinazo» de 2001 lo más parecido a una revolución –y rescató su potencia productiva–, el kirchnerismo siempre leyó el estallido en términos de pura crisis. Su respuesta fue entonces construir un nuevo orden, anudado con un discurso progresista pero alejado de la épica de tipo bolivariana o «anticapitalista». Para seguir con títulos de libros que sintetizan épocas, podemos apelar al de la ensayista Beatriz Sarlo, que definió a Kirchner como una mezcla de «audacia y cálculo»8: audacia para encarnar la «agenda del 2001» y cálculo para moverse en el interior del peronismo sin hacer asco a las viejas prácticas políticas. Para construir ese «orden y progresismo», Néstor Kirchner contaría con el terreno allanado por el gobierno de transición de Eduardo Duhalde, quien después de varios presidentes fallidos y fugaces hizo el «trabajo sucio» de devaluar el peso, con su efecto sobre los salarios reales, e imponer el orden, lo que incluyó hechos de represión ampliamente repudiados como los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en junio de 2002, que marcarían negativamente su presidencia.

Kirchner fue sin duda un «presidente inesperado» que, como ya señalamos, ganó con muy pocos votos y por eso mismo debió construir su legitimidad desde el poder. Y lo hizo reflejando la identidad de un peronismo de izquierda que siempre fue minoritario en el movimiento y que históricamente concitó el rechazo del peronismo ortodoxo, sobre todo de la rama sindical hegemonizada por una dirigencia con visiones corporativistas y anticomunistas. El nuevo mandatario desempolvó un discurso revisionista sobre la violencia política en la década de 1970, reactivó los procesos a los militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar (1976-1983), nombró a jueces prestigiosos en la Corte Suprema y reivindicó a la «juventud maravillosa» que formó parte del peronismo revolucionario de los años 60 y 70, donde él mismo había militado de joven. En palabras de Sarlo, para la mayoría de los argentinos Kirchner era una hoja en blanco. Pero, lejos de ser una debilidad, esa fue su mejor cualidad, la que le permitió reinventarse a sí mismo. 

Kirchner se autoconstruyó como un presidente progresista y colocó al peronismo en esa estela

De este modo, Kirchner se autoconstruyó como un presidente progresista y colocó al peronismo en esa estela. Fue un presidente fuerte porque comenzó entendiendo que era débil y que necesitaba legitimarse a través de la gestión, pero también mediante la puesta en circulación de símbolos poderosos. Desde su asunción, buscó marcar la diferencia. El día en que tomó el mando, el 25 de mayo de 2003, se zambulló literalmente en la multitud, rompiendo los protocolos de seguridad. En esa multitud estaban «los restos dispersos de una subjetividad de izquierda que no había encontrado dónde sostenerse»9. En esos restos dispersos había peronistas de izquierda que cargaban con el duelo infinito de la derrota de los años 70 y ex-militantes comunistas que vieron desmoronarse a la Unión Soviética, que se mezclaban con jóvenes sin experiencia militante previa que creían ver en el nuevo gobierno «la vuelta de la historia».

El propio Kirchner dijo en su discurso de posesión que formaba parte de «una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias». Pero, a decir verdad, el nuevo presidente comenzó su gobierno de manera más bien exploratoria y moderada, apelando en un principio a tocar una sensibilidad republicana extendida en los sectores medios (reforma de la Corte Suprema de Justicia, política de derechos humanos); el kirchnerismo tal como lo conocemos se iría construyendo con el tiempo. Y en esa construcción, el «setentismo», como revancha generacional, será una clave de lectura que no puede soslayarse. No faltaron, entonces, los símbolos que escenificaron el «cambio de época»: el lugar de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en todos los actos; la orden al jefe del Ejército para que retirara en vivo y en directo el retrato del dictador Jorge Rafael Videla de la galería del Colegio Militar, con Kirchner allí presente; el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional (fmi) para «independizar» al país; el alineamiento con los gobiernos de la «marea rosa» latinoamericana (aunque sin incorporar el discurso del socialismo del siglo xxi), etc. Luego Cristina Fernández continuaría el trabajo de kirchnerizar el peronismo.

Hay varios momentos que jalonaron la construcción kirchnerista. Uno es el enfrentamiento con los sectores rurales en 2008

Hay varios momentos que jalonaron la construcción kirchnerista. Uno es el enfrentamiento con los sectores rurales en 2008, una derrota para el gobierno ya presidido por Cristina Fernández que sin embargo terminó siendo una victoria: tras el fracaso legislativo de la modificación de los impuestos a las exportaciones de soja, el gobierno inició una batalla cultural en la que reemergió en el discurso público el viejo clivaje populista pueblo versus oligarquía. De esta batalla cultural participaron sectores del mundo artístico –y de la cultura en general– que fueron claves en la hegemonía kirchnerista.

Otro escalón en la constitución del kirchnerismo como identidad política fue la conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo en 2010. Se trató de un espectáculo masivo, pop y vanguardista, marcado por la imponente estética del grupo teatral Fuerza Bruta. Aunque hubo una visión revisionista de la historia nacional desde sus inicios, incluida la reivindicación de los pueblos indígenas, lo más importante fue cómo se leía la historia del último medio siglo. Las Madres de Plaza de Mayo ocuparon un lugar central. «La versión es redencionista: las Madres cierran la violencia del siglo xx y preparan la reparación de los primeros años del siglo xxi», apunta Sarlo10. Desde el oficialismo se leerá el festejo con el prisma de las visiones peronistas sobre el 17 de octubre de 1945, como la rebelión del subsuelo de la patria (como alguien definió al peronismo), la emergencia plebeya…

La multitud invisible se transformó en el pueblo del Bicentenario –escribió el intelectual kirchnerista Ricardo Forster–, la multitud, los negros de la historia, los incontables, los que pujan desde el fondo de los tiempos por el reconocimiento y la igualdad hicieron acto de presencia y lo hicieron transformando durante cuatro días a Buenos Aires en una magnífica alquimia de ágora y carnaval, de imágenes monumentales desplegadas sin medir riesgos estéticos por la fuerza bruta de la invención artística y la inquieta interrogación por aquello del pasado que sigue insistiendo en el presente.11

Pero en realidad la estética estuvo más bien dirigida hacia las capas medias y las juventudes. La Cámpora, agrupación fundada por Máximo Kirchner –hijo de Néstor y Cristina– atrajo a nuevas camadas de jóvenes12. No obstante, a diferencia de otras organizaciones del pasado, el crecimiento de La Cámpora estuvo ligado a su acceso al Estado y sus recursos. Svampa identifica un cambio respecto al «ethos militante» que predominó en 2001. «La militancia kirchnerista apunta a la revalorización del rol del Estado y combina una buena dosis de pragmatismo político con las clásicas apelaciones a lo nacional-popular (en las que se incluye la defensa del líder como expresión y condensación del proyecto político)»; de allí las formas verticales e incluso autoritarias de liderazgo interno13. Demonizada por la oposición, La Cámpora será también resistida en el interior del campo peronista, cuyos dirigentes más tradicionales la perciben como un conjunto de jóvenes arribistas a la caza de espacios de poder, sobre todo en las listas de legisladores del peronismo y en instituciones con grandes presupuestos del Estado. Los camporistas se presentan como «soldados» de Cristina Fernández y a la vez como «cuadros técnicos», asumiendo como función custodiar y asegurar la continuidad, e incluso la radicalización, del proyecto, además de garantizar el «trasvase generacional».

Un tercer momento clave es la repentina muerte de Néstor Kirchner, el 27 de octubre de 2010, y su mitificación como el hombre capaz de dar un sentido a los sacrificios y derrotas del pasado y de habilitar un nuevo presente para el país. Fue ese el clima político en que Cristina Fernández de Kirchner ganó las elecciones presidenciales de 2011 con un contundente 54% de los votos. Pero, a diferencia del momentum del Bicentenario, la economía comenzaría a desacelerarse y las nuevas medidas, como las restricciones a la compra de dólares (además de la manipulación de las estadísticas públicas que había comenzado varios años antes), provocarían un alejamiento de sectores medios y un crecimiento de la centroderecha.

Más allá del balance de sus políticas y de la opacidad en su forma de manejar los recursos públicos (y personales), no cabe duda de que durante sus tres gobiernos (2003-2015) el kirchnerismo actualizó la tradición nacional-popular en el país. Fue producto de, y al mismo tiempo cerró, el proceso abierto en 2001. Ideológicamente, como siempre ocurre con el peronismo, captó el nuevo clima de la época: el antineoliberalismo; políticamente, repuso la autoridad del Estado y la legitimidad de la figura presidencial. Una suerte de progresismo desde arriba que, por un lado, sellaba la vuelta a la normalidad y, por el otro, prometía restaurar el Estado de Bienestar perdido.

Hasta 2008, predominó el discurso del «país normal»; después lo haría el de la lucha de la patria contra la antipatria

Hasta 2008, predominó el discurso del «país normal»; después lo haría el de la lucha de la patria contra la antipatria, en una clave que entroncó más con el discurso bolivariano, aunque la Argentina kirchnerista siempre mantuvo un mejor funcionamiento de las instituciones de la «democracia liberal» y, más en general, del pluralismo político. Al mismo tiempo, como escribió el ex-ministro de Economía Matías Kulfas, en el plano económico hubo «tres kirchnerismos»: el del mandato de Néstor Kirchner, el primero de Cristina Fernández con Kirchner vivo (lo que algunos llamaron «doble comando») y, tras la muerte de este, el de Cristina Fernández en soledad. Las visiones de la economía cambiaron junto con los contextos. Entre 2003 y 2013 el país creció a «tasas chinas» (6,7% anual), lo que llevó a que Cristina Fernández hablara de la «década ganada». 2003-2008 fue, en efecto, un periodo de expansión de la industria manufacturera, mejora del salario real y superávit fiscal y comercial14. Para la oposición, no obstante, fue una «década desperdiciada», producto de un «viento de cola» (altos precios internacionales de los commodities) que no se aprovechó lo suficiente para salir de visiones cortoplacistas. Ya en 2011, la situación comenzó a empeorar y sobrevinieron la desaceleración y el estancamiento, y más tarde el control de cambios: el llamado «cepo» al dólar.

En el plano político, sobre todo en la era cristinista, el kirchnerismo se presentó como la izquierda realmente existente. Incluso la propia Cristina Fernández de Kirchner dijo en 2014: «A mi izquierda está la pared». Y, sin duda, el peronismo volvía a ser un problema (o una solución) para las izquierdas, que debieron posicionarse frente a un movimiento político reinventado: a diferencia de otros populismos de la región y apoyándose en una sensibilidad progresista, el kirchnerismo levantó la bandera de los derechos civiles (matrimonio igualitario, Ley de Identidad de Género) y, al mismo tiempo, cambió el alineamiento internacional del país en una clave moderadamente antiimperialista. En este nuevo contexto, el mapa de la izquierda se transformó. Y cada tradición política buscó posicionarse en una gama que fue desde la exterioridad hasta la incorporación en el bloque peronista ampliado.

Pero como lo señaló Pablo Touzon, el kirchnerismo introdujo otro cambio relevante en el interior del peronismo15. Hasta entonces, los líderes que terminaban su mandato o eran derrotados salían del centro de la escena –así pasó con Menem o Duhalde–. Pero el kirchnerismo construyó una facción estable en el movimiento. Y, a la larga, una suerte de minoría intensa en la sociedad: con el kirchnerismo no alcanza, sin el kirchnerismo no se puede… Allí yacen muchos de los problemas del peronismo contemporáneo.

País normal 2: República versus populismo

«Veo al país como un gran equipo», dijo Mauricio Macri en su discurso de asunción a fines de 2015. Y no era casual: el ex-presidente de Boca Juniors buscaba proyectarse como un team leader cuya meta era la modernización del país. En palabras de Vommaro, «managers y voluntarios son portadores [para el macrismo] de las virtudes con las que transformar el mundo público»16. Una lógica coherente con la de un think tank transformado en partido –pro– que primero gobernó la ciudad de Buenos Aires y luego, aliado a la centenaria Unión Cívica Radical (ucr), venció por escaso margen al peronista moderado Daniel Scioli. La apuesta del macrismo fue que si el país superaba la anomalía populista todo se encaminaría. Por eso, Macri aseguró en la campaña que bajar la inflación sería sumamente fácil. Y lo mismo ocurriría con la falta de inversiones. Pero si bien fue el primer presidente de una fuerza ideológicamente promercado, la discursividad del pro fue bastante «posideológica», y en gran medida alejada de la defensa militante del achicamiento del Estado que en los años 90 encarnaba el ministro Domingo Cavallo. Al mismo tiempo, desplegó un discurso minimalista y a tono con las nuevas sensibilidades sociales en la era de la autoayuda y el mindfulness.

Ya fuera por la persistencia de la memoria (negativa) del periodo neoliberal, ya fuera por un tejido de organizaciones sociales y sindicales fortalecido durante los tres gobiernos kirchneristas, el macrismo evaluó que la correlación de fuerzas no permitía demasiada radicalidad. Por eso, Macri optó inicialmente por un programa «gradualista» y por mantener las políticas sociales del kirchnerismo, como la Asignación Universal por Hijo (auh), lo que se sumó a las estrechas relaciones que el Ministerio de Desarrollo Social, a la cabeza de Carolina Stanley, mantuvo con las organizaciones de desocupados.

Entre las primeras medidas «estrella» de Macri estuvo la salida del «cepo» cambiario (control de cambios), así como políticas de «normalización» del frente financiero (pago de deuda a los fondos buitres, etc.). «El gradualismo fue posible gracias a la herencia económica del kirchnerismo –escribió José Natanson–. Aunque el segundo gobierno de Cristina Fernández estuvo marcado por el deterioro económico, hubo, en un contexto de caída de prácticamente todos los indicadores, dos que se mantuvieron en niveles razonables: empleo y deuda». Los resultados de esta apuesta gradualista no fueron los esperados: la inversión extranjera directa se mantuvo en los mismos niveles que en los últimos años del kirchnerismo, las exportaciones no despegaron y la fuga de divisas continuó. Pero pese a todo, con algunas minimedidas heterodoxas, el macrismo logró ganar las elecciones legislativas de 201717. Y muchos anticiparon una reelección segura de Macri en 2019.

Cada vez más, la política argentina fue leída como una puja entre el Partido del Conurbano bonaerense (la Argentina asistida) versus el Partido de la Pampa Húmeda (la Argentina productiva); entre quienes viven de la política social o del clientelismo estatal (provincias pobres del norte y algunas menos pobres del sur) y quienes pertenecen a la Argentina generadora de dólares (provincias agroindustriales del centro)18. De esta manera, el sistema político volvió a una forma de bipartidismo –ahora bicoalicional, gustan decir algunos politólogos– que replicaba parcialmente la vieja geografía electoral entre peronismo y antiperonismo.

En ese contexto, «el campo» ocupó desde 2008 un destacado lugar político/simbólico

En ese contexto, «el campo» ocupó desde 2008 un destacado lugar político/simbólico, actualizando viejas imágenes nacionales, tanto la que remite al país próspero basado en la innovación y el trabajo duro como la opuesta: la de una oligarquía terrateniente que busca frenar la industrialización argentina. Sustentada en la economía de la soja, la llamada «zona núcleo» constituye «un entramado extenso que incluye desde los puertos de las multinacionales sobre el río Paraná y las grandes propiedades tradicionales hasta los nuevos pools de siembra y las empresas prestadoras de servicios agropecuarios. Lejos de la imagen tradicional de terratenientes y peones, el campo argentino es hoy tierra de ingenieros agrónomos, veterinarios, mecánicos de maquinaria agrícola, pilotos de aviones fumigadores». Más importante aún, «esta nueva clase media semirrural fue construyendo, en particular en su confrontación con el kirchnerismo, un relato de sí misma como el actor más dinámico de la economía argentina, competitivo, hipertecnologizado e integrado a la globalización, y desprovisto además de reclamos de subsidios»19. Por eso, otra de las grandes medidas del macrismo fue reducir o eliminar las «retenciones» a la exportación de productos agrícolas. No hay que olvidar que, como mencionamos, la batalla de los sojeros, con cortes de rutas en diferentes puntos del país, fue la más importante del espacio opositor durante los 12 años de hegemonía kirchnerista y activó una fuerte solidaridad urbana de sectores medios, que salieron masivamente a las calles en favor de los «productores», símbolo de la Argentina «que trabaja» y es «esquilmada» por el Estado.

Pero el gobierno de Macri terminó con picos de inflación y pobreza, y un escenario muy diferente del que el entonces presidente había imaginado cuando asumió y prometió «pobreza cero». La paradoja fue, en todo caso, que el fracaso macrista no fue causado por la movilización popular sino por el dictamen negativo de los «mercados». Como mostraron Nicolás Comini y José Antonio Sanahuja en un artículo de 2018, centroderechas como las de Macri apostaban por una «apertura al mundo», pero el mundo estaba cambiando. Por ello, América Latina no encontró las respuestas favorables que las centroderechas esperaban de su «giro globalista»20. No casualmente, Mauricio Macri había apoyado a Hillary Clinton contra Donald Trump en 2016, indicando que él creía «en las relaciones, en las redes, no en levantar muros» y que esperaba tener en la Casa Blanca «una contraparte que crea en lo mismo»21. De hecho, el macrismo había hecho suya parte de la estética obamista.

Pero lo que parecía el camino hacia una reelección segura de Macri en 2019 se transformó en un terreno fangoso e incierto. El país terminó en 2018 con una inflación superior a 40%, el valor del dólar pasó de 10 pesos a más de 50 pesos entre 2015 y 2019 y, en un contexto recesivo, la tasa de pobreza trepó a más de 35%. Y a todo eso se sumó un cuestionado megapréstamo del fmi por 50.000 millones de dólares, habilitado por Christine Lagarde –la entonces directora del organismo– como un rescate al propio macrismo. La promesa de un «país normal» se derritió en un escenario de crisis y caída de la imagen presidencial.

Cuando se acercaban las elecciones de 2019, Cristina Fernández de Kirchner dio un paso inesperado, cuyo objetivo era principalmente volver a unir al peronismo. Eligió al ex-jefe de gabinete de Néstor Kirchner, Alberto Fernández, como candidato, y se reservó para ella la Vicepresidencia. Fernández era considerado hasta poco antes una suerte de traidor en las filas kirchneristas, ya que se había alejado de la ex-presidenta y no había ahorrado epítetos contra su gestión. Incluso desde el kirchnerismo lo acusaron públicamente de ser lobista de Repsol y operador del grupo de medios Clarín. Pero en los últimos tiempos, la ex-mandataria lo había «amnistiado» y ambos comenzaron un proceso de acercamiento personal y político. La jugada funcionó. Posiblemente, en mayor medida gracias al fracaso macrista que a la pericia estratégica de Cristina Fernández de Kirchner, aunque su salida del centro del tablero era sin duda hábil: lograba reducir la animadversión hacia ella y presentar una candidatura moderada capaz de atraer votos descontentos con la gestión de Macri e, insistimos, unificar el peronismo (sumó, por ejemplo, al díscolo Sergio Massa, quien más tarde fue elegido presidente de la Cámara de Diputados).

El 27 de octubre de 2019, el Frente de Todos, nueva denominación del espacio peronista ampliado, logró dos victorias contundentes: Axel Kicillof derrotó con más de 50% de los votos a la gobernadora María Eugenia Vidal, figura destacada del pro, y Alberto Fernández fue elegido presidente, sin necesidad de balotaje, con más de 48%. No obstante, Macri achicó la diferencia respecto de su debacle en las elecciones primarias y se garantizó la supervivencia política.

País anormal: nos caemos, nos levantamos

Si el macrismo asumió denunciando la «pesada herencia» que le había dejado el kirchnerismo, Alberto Fernández comenzó su gobierno recordando la que le había dejado Mauricio Macri, y sus técnicos se desvelaban con los vencimientos de la deuda externa. Más que una retórica sobre el país normal, Fernández apeló a la épica de un país que se cae y se levanta, una y otra vez. La pandemia cancelaría cualquier veleidad de normalidad durante su mandato. Con un buen manejo comunicacional en sus comienzos, el gobierno sufriría luego una serie de traspiés políticos («vacunación vip», cierre casi indefinido de las escuelas, festejo del cumpleaños de la primera dama en la residencia oficial en medio de la cuarentena), sumados a cifras macroeconómicas agravadas por el covid-19.

Entretanto, la oposición de centroderecha se dividió entre un ala más moderada representada por el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta (las «palomas»), y una más radicalizada encarnada por la ex-ministra de seguridad y presidenta de pro Patricia Bullrich (los «halcones»), con Macri más cerca de estos últimos. De hecho, el ala dura salió varias veces a las calles contra las medidas anti-covid del gobierno con las banderas de la «Libertad» y la «República».

El tema más candente del gobierno de Alberto Fernández fue la firma de un acuerdo con el fmi para renegociar la deuda heredada, cuya negociación estuvo a cargo del entonces ministro de Economía Martín Guzmán. El kirchnerismo se venía distanciando de cualquier salida pactada con el Fondo. Y los desencuentros entre el presidente y su vicepresidenta fueron la marca de un gobierno que nunca pudo terminar de despegar y que vio empeorar muchas de las cifras macroeconómicas, sobre todo la inflación, que llegaría hasta 140% interanual. El papel de Alberto Fernández terminó desdibujado al extremo, mientras el kirchnerismo volvía a confirmar que era una minoría grande, incluso muy grande, pero sin la capacidad hegemónica del pasado. Fue ese impasse el que le abrió las puertas al centrista y ultrapragmático Sergio Massa como candidato de unidad peronista en 2023.

Alejandro Galliano sostiene que, al final de cuentas, los argentinos albergan «el oscuro deseo de un estallido que solucione los problemas económicos en un parpadeo», una especie de «catastrofismo optimista»22. El salto a la política de Javier Milei –quien en solo dos años dio el sorpasso a la centroderecha y pasó de los estudios de televisión a la Casa Rosada, con un discurso «anarcocapitalista», una crítica furibunda a la «casta política» y una motosierra en la mano– expresó una suerte de «retorno de lo reprimido» del 2001 y ese deseo de estallido; una nueva versión del «Yo te odio, político» de Dalmiro Sáenz. Pero si en 2001 la indignación en Occidente rimaba con las críticas al neoliberalismo, hoy conecta con diferentes expresiones de las «derechas alternativas». Y eso mismo pasó en Argentina, bajo una curiosa versión «paleolibertaria» –como se la denomina en Estados Unidos23–. La victoria de Milei, aliado al ex-presidente Macri, anuncia una reconfiguración de la derecha argentina y un incierto –y posiblemente convulsionado– escenario político.

Pablo Stefanoni: jefe de redacción de Nueva Sociedad.

Palabras claves: 2001, crisis, derecha, kirchnerismo, Javier Milei, Argentina.

Nota: una primera versión de este artículo fue publicada con el título «Argentina a 20 años del 2001: todo igual, todo distinto», Análisis Carolina No 35, Fundación Carolina, 12/2021.

1. M. Svampa y S. Pereyra: Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras, Biblos, Buenos Aires, 2003, p. 23.

2. Hernán López Echagüe: La política está en otra parte. Viaje al interior de los nuevos movimientos sociales, Norma, Buenos Aires, 2002.

3. Planeta, Buenos Aires, 2001.

4. Eduardo Minutella: «El año que votamos a Clemente» en Panamá, 1/8/2021.

5. Martín Rodríguez: «Última visita al 2001, ese museo de grandes novedades» en elDiarioar, 5/12/2021.

6. G. Vommaro: «‘Unir a los argentinos’. El proyecto de ‘país normal’ de la nueva centroderecha en Argentina» en Nueva Sociedad No 261, 1-2/ 2016, disponible en <www.nuso.org>.

7. M. Rodríguez: Orden y progresismo. Los años kirchneristas, Emecé, Buenos Aires, 2014.

8. B. Sarlo: La audacia y el cálculo. Néstor Kirchner 2003-2010, Sudamericana, Buenos Aires, 2011.

9. Ibíd., p. 224.

10. Ibíd.

11. R. Forster: «El pueblo del Bicentenario» en Página/12, 30/5/2010.

12. El nombre refiere a Héctor J. Cámpora, fugaz presidente en 1973 con el apoyo del peronismo de izquierda.

13. M. Svampa: «Argentina, una década después. Del ‘que se vayan todos’ a la exacerbación de lo nacional-popular» en Nueva Sociedad No 235, 9-10/2011, disponible en <nuso.org>.

14. M. Kulfas: Los tres kirchnerismos. Una historia de la economía argentina 2003-2015, Siglo xxi Editores, Buenos Aires, 2019.

15. P. Touzon: «Ganar y perder en el nuevo peronismo» en El País, 15/11/2021.

16. G. Vommaro: ob. cit.

17. J. Natanson: «Mauricio Macri en su ratonera. El fin de la utopía gradualista» en Nueva Sociedad No 276, 7-8/2018, disponible en <nuso.org>.

18. M. Rodríguez: «Última visita al 2001, ese museo de grandes novedades», cit.

19. J. Natanson: ob. cit.

20. N. Comini y J.A. Sanahuja: «Las nuevas derechas latinoamericanas frente a una globalización en crisis» en Nueva Sociedad No 275, 5-6/2018, disponible en <nuso.org>.

21. «Macri apoya a Hillary» en La Política Online, 10/8/2016.

22. A. Galliano: «El tiempo dislocado» en elDiarioar, 11/12/2021.

23. Ver P. Stefanoni: «Paleolibertarismo a la criolla» en elDiarioar, 3/10/2023.

Democracia, economía y captura del Estado

Martín Schorr

La democracia argentina parece tener en la economía su peor desempeño. Algunas de las causas de los problemas de estas cuatro décadas –desindustrialización, déficit fiscal, restricción externa, inflación– se vinculan con diversos mecanismos de captura del Estado que han pervivido tanto en las experiencias neoliberales, que los profundizaron, como en las neodesarrollistas, que no fueron capaces de desarmarlos.

En 2023 se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia en Argentina. Los avances logrados en materia política, institucional y de creación de derechos han sido realmente significativos y variados, lo que merece ser celebrado y recordado a diario. Sin embargo, hay una dimensión en la que el ciclo inaugurado a fines de 1983 tiene muchas deudas: la economía. Un repaso por la trayectoria de la economía nacional en las últimas cuatro décadas permite identificar que, con matices entre los distintos gobiernos (neoliberales o neodesarrollistas), se han afianzado varios de los aspectos estructurales del modo de acumulación surgido del proyecto refundacional de la dictadura cívico-militar que asaltó el poder el 24 de marzo de 1976.

Es posible esquematizar la dinámica que ha seguido este proceso. A partir de la dictadura, el sector industrial perdió uno de los atributos que lo habían caracterizado durante la vigencia del modelo de sustitución de importaciones: el de ser el núcleo dinámico y organizador de las relaciones económicas y sociales. De allí en más, la actividad fabril retrocedió de manera significativa en su incidencia en el conjunto de la economía, pero sobre todo se asistió a un empobrecimiento notable de la estructura productiva (máxime si se considera la importante masa crítica que se había acumulado, no sin dificultades y contradicciones, al calor de la estrategia sustitutiva). Entre otras cosas, ello se evidencia en una reprimarización acelerada y en el desmantelamiento o el retroceso más o menos pronunciado de varios de los segmentos de mayor complejidad y sofisticación tecnológica. De modo que la desindustrialización de largo aliento de Argentina, más acentuada que la operada en otras naciones (centrales e incluso de la periferia), debe ser pensada como una involución sectorial de magnitudes considerables. Y es consecuencia directa y previsible de las políticas aplicadas por diversos gobiernos de signo neoliberal, a las que habría que agregar los sesgos de la intervención estatal bajo los planteos neodesarrollistas (si bien en esas experiencias se lograron expansiones momentáneas de la industria, los esfuerzos por revertir la regresión del sector, los desequilibrios en la estructura productiva y la dependencia tecnológica fueron por demás acotados).

En el marco del proceso interno de desindustrialización y de la nueva división del trabajo que se ha ido configurando a escala global desde mediados de la década de 1970, el perfil de especialización e inserción de Argentina en el mercado mundial se organiza cada vez más alrededor de producciones ligadas a las ventajas comparativas existentes (agro, minería, hidrocarburos y algunos commodities fabriles). La tendencia a la reprimarización de la inserción internacional del país, que ha involucrado la aparición de rubros «novedosos» (soja transgénica en su momento, litio e hidrocarburos de explotación no convencional en tiempos más recientes), ha sido ininterrumpida y tiene múltiples implicancias en diversas áreas: desempeño empresarial, balance externo y fiscal, problemáticas territoriales, cuestión ambiental, dinámica laboral y distributiva.

En especial bajo el influjo de gestiones neoliberales, pero también de administraciones con una mayor impronta ideológica neodesarrollista, ha tenido lugar un crecimiento exponencial de la deuda externa y de la remesa de recursos al exterior por una multiplicidad de vías, en lo fundamental relacionadas con la operatoria de un poder económico cuyo ciclo de acumulación se encuentra altamente transnacionalizado y financiarizado (como puede verse en la fuga de capitales, la remisión de utilidades y dividendos, el pagos de intereses, regalías, honorarios, etc., y el establecimiento de precios de transferencia en transacciones comerciales y financieras). Todo ello vuelve más complicado el cuadro de «restricción externa» (escasez de divisas), que limita sobremanera los márgenes de acción de los gobiernos y posiciona al capital financiero como un actor central de los sectores dominantes y con un rol protagónico en la absorción del excedente económico que se genera en el país.

En buena medida como resultado de las transformaciones sobrevenidas en la dinámica estructural de la economía argentina y en su inserción internacional, y al calor de un sinfín de transferencias de ingresos estatales, se ha desplegado un proceso muy intenso de concentración económica y centralización del capital, que ha dejado como saldo un poder económico extranjerizado, transnacionalizado y financiarizado en su lógica de acumulación (esto último, aun en la esfera de la economía real). El poderío económico de estos grandes capitales se ve amplificado por el control que ejercen sobre sectores de actividad que resultan «críticos» en la medida en que definen las formas que asume la apropiación del excedente entre las distintas clases sociales y fracciones de clase, el patrón predominante de especialización e inserción internacional y, más ampliamente, el perfil del modo de acumulación vigente en el plano doméstico. En ese marco, más allá de los cambios acaecidos desde 1983 hasta hoy (con sus antecedentes desde 1976), la centralidad estructural de estos actores les ha conferido un poder de veto decisivo sobre el funcionamiento estatal, que por lo general han hecho jugar a su favor. Esto se ha manifestado de maneras diversas: corridas cambiarias, subas de precios, reticencia inversora, obtención de una amplia gama de prebendas, evasión, elusión y fraude fiscal, y «colonización» de ciertos espacios de la gestión pública, entre otras.

Una de las expresiones más nítidas de la profunda reestructuración de la economía argentina que ha ocurrido en las últimas décadas es la crisis y la fragmentación del mercado laboral. Este aspecto tiene numerosas manifestaciones: desocupación más o menos elevada, informalidad creciente, precarización normativa y de hecho, irrupción de la figura del «trabajador pobre», brechas etarias y de género en las remuneraciones, etc.

La convergencia de las tendencias aludidas es uno de los fundamentos explicativos principales de otro de los rasgos de Argentina a partir de la dictadura y de la posterior transición democrática: una sociedad cada vez más regresiva y desigual. Este elemento se pone en evidencia en varios niveles, por ejemplo, entre clases sociales, dentro del capital y de la clase trabajadora, en materia regional/territorial y de género.

Como balance de todo lo apuntado, se podría decir que, en el plano económico, el ciclo democrático que se inauguró en diciembre de 1983 no logró revertir, sino que más bien fortaleció, buena parte de los ejes del nuevo modo de acumulación que se instauró desde 1976 mediante el terrorismo de Estado y el despliegue de políticas ortodoxas (no exentas de pragmatismo en aras de la concreción exitosa de los objetivos estratégicos trazados por los militares y sus bases civiles de sustentación). La profundización de la naturaleza periférica y dependiente de Argentina es el resultado más lógico y dramático1.

La profundización de la naturaleza periférica y dependiente de Argentina es el resultado más lógico y dramático

A lo antedicho, habría que añadir un proceso que también es expresión del nuevo carácter del capitalismo vernáculo y de la correlación de fuerzas sociales, pero que tiene menos visibilidad, aun cuando en los últimos 40 años se ha manifestado de varios modos y en forma recurrente: la «captura del Estado» por parte de los sectores dominantes. Ello no se vincula necesariamente con la presencia de intelectuales orgánicos del establishment económico en resortes estratégicos del aparato estatal, o con prácticas más o menos difundidas de corrupción, sino con otra cuestión, sin duda relevante y en apariencia más abstracta. Muchas veces, en su funcionamiento efectivo, el Estado alimenta a través de diferentes mecanismos, que suelen comprometer traslaciones de ingresos onerosas y regresivas, la expansión de distintos segmentos del poder económico. Esto lo hace incurrir en ciertos déficits que se suelen «resolver» apelando a recursos provistos por las mismas fracciones del gran capital que están detrás de los desequilibrios (que a cambio obtienen beneficios extraordinarios, por lo general de tipo financiero). Esta suerte de «estar de los dos lados del mostrador» aumenta la capacidad de veto de estos actores y debilita de manera notable a los gobiernos, en particular en lo que tiene que ver con una eventual instrumentación de políticas que impliquen algún grado de confrontación, precisamente con el poder económico.

Desde la recuperación de la democracia hasta hoy, esta captura del Estado se ha manifestado sobre todo en dos esferas: la fiscal y la externa. Por su relevancia, en lo que sigue nos abocamos a problematizar esta cuestión en ambos frentes.

La captura del Estado: una aproximación a partir del déficit fiscal y su financiamiento

En Argentina existe un amplio consenso acerca de que el déficit fiscal es expresión de un intervencionismo estatal excesivo y, en buena medida, ineficiente. También son recurrentes los señalamientos en cuanto a que allí radica la explicación de la elevada emisión monetaria que, a su vez, sería una de las causas sobresalientes de la alta inflación que aflora una y otra vez.

A partir de esta caracterización, se concluye en forma bastante simplista que, para hacer frente a los desequilibrios fiscales (y a la suba de precios), se debe intervenir básicamente en dos ejes. Por un lado, en un recorte drástico del gasto público, en particular de aquel destinado a dinamizar la inversión, financiar la previsión social, la educación y la salud, transferir recursos a las provincias y sostener la dotación del personal estatal. Por otro lado, en la reducción de la cantidad de moneda en circulación, para lo cual la política económica debería asegurar la vigencia de una tasa de interés elevada en términos reales (esto es: que se ubique en niveles superiores a la inflación, lo que es lo mismo que decir que los rendimientos financieros deben superar a los de la economía real)2. Pese a que se basa en supuestos de dudosa comprobación y cientificidad, esta lógica argumental ha probado ser muy potente y efectiva en términos de la «construcción de sentido», aunque no casualmente esconde muchas cuestiones referidas a intereses socioeconómicos bien concretos.

Si se hiciera una historia seria y rigurosa de la situación fiscal en Argentina tras la reconquista de la democracia (y, vale insistir, desde 1976), se corroboraría que cuando hubo déficit fiscal (casi todo el tiempo, salvo en un primer tramo del ciclo de gobiernos kirchneristas), este se explicó en parte considerable por las abultadas transferencias de recursos que el Estado nacional canalizó a diversas fracciones de la clase dominante (acreedores externos, capital extranjero y grupos económicos nacionales), con el trasfondo de una estructura impositiva sumamente regresiva. Sin pretender exhaustividad, cabe consignar algunos de los mecanismos mediante los cuales el poder económico ha internalizado fondos estatales (o sea, del conjunto de la sociedad) en el transcurso de los cuatro últimos decenios:

- los abultadísimos pagos de la deuda pública, tanto externa como interna;

- las fuertes y variadas subvenciones conferidas a actividades en extremo rentables controladas por capitales transnacionales (exportadores del sector agropecuario, productores de petróleo y gas, megaemprendimientos mineros);

- el «sacrificio fiscal» implícito en numerosos instrumentos de intervención: franquicias impositivas, arancelarias y aduaneras en diferentes regímenes de promoción a la inversión, «devaluaciones fiscales» a través de una reducción importante de la carga impositiva que grava a las corporaciones líderes y a los sectores más ricos de la sociedad, etc.;

- la concesión de subsidios y/o de tipos de cambio de preferencia para firmas que integran el núcleo de la actividad exportadora, así como la reducción o la eliminación de retenciones;

- la estatización, la licuación o la condonación de deudas multimillonarias a grandes empresas y conglomerados económicos (pasivos que, por lo general, han constituido formas simuladas de remitir ganancias al exterior y eludir al fisco, o se han asociado a severos incumplimientos contractuales por parte del sector privado más concentrado, avalados por el Estado);

- la privatización de «cajas estatales», como ocurrió con la reforma previsional de la década de 1990 que, en los hechos, transfirió esos recursos a los bancos y otras entidades financieras;

- los sobreprecios reconocidos a proveedores de distintas reparticiones gubernamentales y contratistas de la obra pública;

- las asociaciones público-privadas en las que la norma ha sido que el Estado realice las inversiones de mayor riesgo y los privados usufructúen los resultados; y

- el otorgamiento de subsidios a la demanda de ciertos bienes en rubros que, en paralelo, son activamente promovidos y protegidos (por caso: automotriz, electrónica de consumo y productos de la llamada «línea blanca»).

Los recursos apropiados por distintos estamentos del poder económico han alimentado la fuga de divisas

Hay vasta evidencia de que semejante captación de excedentes por parte del capital más concentrado (nacional e internacional) ha movido muy poco el amperímetro en materia de inversiones y de ampliación y diversificación de la capacidad productiva del país. Antes bien, los recursos apropiados por las vías mencionadas por distintos estamentos del poder económico han alimentado la fuga de divisas (mayormente a «paraísos fiscales» y merced a los fondos provistos por el sector público con su endeudamiento externo) y/o se han «reciclado» en el plano interno hacia la esfera financiera a partir del aprovechamiento de las numerosísimas emisiones de títulos de deuda estatal que tuvieron lugar.

Sobre este aspecto, cabe mencionar que, durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), dadas las características del escenario internacional, se jerarquizó el endeudamiento interno para financiar el déficit fiscal, y que bajo el régimen de convertibilidad (1991-2001) se privilegiaron la deuda externa y la interna (esta última, sobre todo a partir de la crisis mundial desatada a fines de la década de 1990, que restringió la liquidez para los países de la periferia latinoamericana). Con las singularidades del caso, la recurrencia a la deuda interna y externa se recreó de modo brusco en el interregno de la alianza Cambiemos, que gobernó el país entre 2015 y 2019, mientras que en la administración reciente del peronista Frente de Todos (2019-2023) el foco estuvo puesto en el endeudamiento en moneda local. Una etapa en la que el financiamiento provino de otras fuentes fue durante la experiencia del kirchnerismo: cuando empezaron a manifestarse problemas en el frente fiscal, se optó por avanzar en la reestatización del sistema previsional y en la colocación de títulos en pesos, en buena medida con distintas áreas del propio Estado (en estos años, el deterioro en las cuentas públicas no se asoció tanto a transferencias de recursos al gran capital –que sí existieron–, sino a un incremento del gasto público con una lógica contracíclica y a algunos ejes de la política de ingresos que se estableció).

A modo de síntesis, se puede apuntar que las mismas fracciones dominantes que se han beneficiado con las mencionadas transferencias de ingresos estatales también han obtenido pingües ganancias por prestarle al sector público para financiar el déficit fiscal que las tiene como responsables centrales, y consuman así una verdadera captura estatal. Ante ese escenario, no llama la atención que la presión fiscal se haya vuelto cada vez más injusta al pesar relativamente más sobre quienes menos tienen, y que se asista a un deterioro manifiesto en la prestación de servicios públicos. Y tampoco que estos sectores del poder económico y sus representantes académicos, mediáticos, etc. pongan «el grito en el cielo» cuando desde el Estado se motorizan rebajas de impuestos (al valor agregado, a las ganancias) que buscan recomponer en parte el poder adquisitivo de los salarios u otras acciones similares (aumento en planes sociales, jubilaciones y pensiones); se trata de decisiones de política que suelen comprometer muchísimos menos recursos estatales que los apropiados por el gran capital (fondos, estos últimos, que casi nunca aparecen en los debates públicos sobre la cuestión fiscal).

La captura del Estado: una mirada desde el sector externo

Como se señaló, uno de los cambios estructurales más relevantes que incorporó la última dictadura, y que ha caracterizado y condicionado el derrotero democrático posterior, atañe al empeoramiento (cuantitativo y cualitativo) de un problema crónico de la economía argentina: la escasez de divisas (como rasgo tendencial se observa que, en su desenvolvimiento, la economía consume un cúmulo de recursos externos que generalmente supera a los que genera).

A la restricción externa «clásica» (agravada ahora por las formas y la virulencia de la desindustrialización y la regresión de la estructura productiva iniciadas a fines de los años 1970), se le han sumado otros componentes tanto o más pesados que se derivan del comportamiento de distintos segmentos de la clase dominante en el marco de la transnacionalización y financiarización a escala global. Nos referimos en concreto a los pagos de la deuda externa, la remisión de utilidades, dividendos y otros recursos por parte del capital extranjero predominante, y la fuga de capitales motorizada sobre todo por un puñado de grupos económicos locales y los sectores más adinerados de la sociedad. Se utiliza para ello una estrategia que combina, con intensidades diversas según la coyuntura (interna y externa), la internacionalización financiera y la dolarización de los excedentes.

Esta verdadera esquilma de recursos ha reforzado con creces el cariz «divisa-dependiente» de la economía argentina. Y, en consecuencia, ha fortalecido de manera notable la centralidad, el predominio económico y el poder de veto (capacidad de coacción) de las fracciones dominantes que suelen oficiar de proveedoras (no excluyentes) de divisas según los vaivenes del mercado mundial y las prioridades de los distintos gobiernos en el plano de las alianzas sociales: los acreedores externos, el capital extranjero y los grandes exportadores.

La captura del Estado se despliega de nuevo, esta vez desde la balanza de pagos

La captura del Estado se despliega de nuevo, esta vez desde la balanza de pagos: los mismos núcleos del poder económico que asumen un rol protagónico en el financiamiento externo de una economía periférica y dependiente (y estructuralmente cada vez más necesitada de divisas)3 aparecen «del otro lado del mostrador» como actores centrales de su desfinanciamiento por vías de lo más variadas.

Las recurrentes crisis de balanza de pagos que ha tenido Argentina de 1983 al presente son una muestra por demás elocuente de esa extracción de recursos, con su corolario de un empobrecimiento ostensible de la estructura productiva y del perfil de especialización e inserción internacional. A este respecto, también hay que tener presente la «solución» que desde la praxis estatal se les ha dado a estas crisis: sea a partir de la aplicación de políticas de ajuste y devaluación de la moneda que terminan licuando los salarios y erosionando las condiciones de vida de los trabajadores y otros perceptores de ingresos fijos (jubilados, pensionados, beneficiarios de planes sociales, etc.); sea mediante recursos externos provistos por algunos de los actores que generan los desequilibrios a cambio de la concesión de importantes prebendas.

A título ilustrativo, vale la pena enumerar algunas de esas prebendas brindadas a los proveedores de divisas en los distintos gobiernos del ciclo democrático reciente: las variadas franquicias concedidas a la cúpula exportadora en el marco de los regímenes de promoción industrial y los subsidios a las ventas externas de bienes no tradicionales durante la gestión de Alfonsín; la liberalización del régimen legal para el capital extranjero y la suscripción de numerosos tratados bilaterales de inversión (tbi) en tiempos del menemismo (con cláusulas leoninas para Argentina, no así para el capital transnacional); las fuertes y variadas subvenciones estatales a los sectores hidrocarburífero y minero en el ciclo kirchnerista; la firma de nuevos tbi, la quita o la reducción de derechos de exportación y una liberalización financiera pronunciada en tiempos de Cambiemos; y el establecimiento de tipos de cambio preferenciales para los exportadores y la garantía de acceso a divisas a la cotización oficial para que grandes empresas cancelen préstamos internacionales en el gobierno del Frente de Todos. Asimismo, durante casi todos los mandatos presidenciales se ensayaron distintos tipos de «blanqueo» tendientes a lograr cierta repatriación de los capitales locales fugados a través de una gama variada de beneficios fiscales, indagando poco y nada en el origen de esos recursos.

Palabras finales

Es indudable que desde diciembre de 1983 hasta nuestros días, la democracia política se ha consolidado en Argentina, pero no menos cierto es que la democracia económica y social constituye una tarea todavía pendiente e impostergable.

Dada la radicalidad de las mutaciones del capitalismo local e internacional que han tenido lugar en el periodo aquí abordado, y la problemática tratada de la captura del Estado, es claro que para avanzar sobre tamaña asignatura pendiente se requiere trabajar activamente en la construcción de una fuerza social lo más amplia posible, en la que los sectores populares ocupen el centro neurálgico. En especial, si se consideran los enormes desafíos que involucran el diseño y la puesta en marcha de un programa de desarrollo y de reconstrucción nacional, así como el poder económico y la capacidad de daño que tienen los actores con los que habría necesariamente que confrontar para la concreción de tal objetivo.

Avanzar por esas vías no sería más serio ni más riesgoso que las consecuencias de no hacerlo o de llevar a cabo una estrategia inadecuada de conciliación de intereses que, a la postre, resultaría inapropiada e inconveniente, en tanto profundizaría aún más el cuadro de dependencia de la economía argentina. La conciliación con el poder económico, ensayada muchas veces en las últimas cuatro décadas, ha probado ser de hecho una «vía muerta» para generar transformaciones estructurales perdurables en favor de las mayorías populares. Para peor, los fracasos recurrentes de esa alternativa no han hecho más que erosionar la legitimidad de la democracia en amplias capas de la sociedad que ven sin esperanzas el accionar de un Estado capturado y terminan por apuntalar propuestas que se oponen en muchos planos al ideario democrático.

Martín Schorr: es economista. Se desempeña como investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina y como docente en la Universidad de Buenos Aires (uba), la Universidad Nacional de San Martín (unsam) y varios centros académicos del país.

Palabras claves: captura del Estado, democracia, economía, poder económico, Argentina.

1. La bibliografía sobre el periodo que aquí se aborda es copiosa. Con un fin orientativo para los lectores interesados, se remite a Enrique Arceo: El largo camino a la crisis. Centro, periferia y transformaciones en la economía mundial, Cara o Ceca, Buenos Aires, 2011; Daniel Azpiazu, Eduardo Basualdo y Miguel Khavisse: El nuevo poder económico en la Argentina de los ochenta, Legasa, Buenos Aires, 1986; E. Basualdo: Estudios de historia económica argentina. Desde mediados del siglo xx a la actualidad, Siglo xxi Editores, Buenos Aires, 2006; Hugo Nochteff: «Reestructuración industrial en la Argentina. Regresión estructural e insuficiencias de los enfoques predominantes» en Desarrollo Económico No 123, 1991; M. Schorr (ed.): El viejo y el nuevo poder económico en la Argentina. Del siglo xix a nuestros días, Siglo xxi Editores, Buenos Aires, 2021 y Andrés Wainer (edit.): ¿Por qué siempre faltan dólares? Las causas estructurales de la restricción externa en la economía argentina del siglo xxi, Siglo xxi Editores, Buenos Aires, 2021.

2. La problemática inflacionaria no constituye el eje de estas reflexiones. Pero no podemos soslayar que, en el caso argentino, antes que ser un problema monetario, la inflación se relaciona estrechamente con el carácter trunco y primarizado de la estructura productiva y con las lógicas de acumulación desplegadas por los núcleos concentrados del capital que la conducen en el contexto de la globalización.

3. A grandes trazos, se puede mencionar que durante la presidencia de Alfonsín se jerarquizaron las divisas suministradas por la elite empresaria exportadora, mientras que en el transcurso de la convertibilidad la prioridad pasó por la deuda externa y la inversión extranjera (tanto la especulativa como la directa, asociada a la compra de empresas estatales y privadas nacionales). Por su parte, durante el ciclo kirchnerista, hasta comienzos de la década de 2010, el financiamiento externo de la economía fue mayormente provisto por los grandes exportadores de materias primas y derivados, y luego se intentó en forma denodada e infructuosa retornar a los mercados financieros internacionales. Finalmente, durante el gobierno de Mauricio Macri se asistió a un proceso virulento de endeudamiento externo (primero con acreedores privados, luego con el Fondo Monetario Internacional), y en el gobierno más reciente del peronismo se les concedió centralidad a las divisas provenientes del superávit comercial.

40 años de democracia: un balance feminista

Natalia Gherardi

No sin tensiones y resistencias, desde el final de la dictadura, en 1983, los avances democráticos fueron inseparables de las demandas feministas. Desde la patria potestad compartida y el divorcio vincular hasta la más reciente legalización del aborto, las luchas de los movimientos de mujeres articularon a diversos sectores, tanto en las calles como en las instituciones. El movimiento Ni Una Menos fue un hito en la lucha contra las violencias y por los derechos pendientes.

Un recorrido por los hitos que marcaron los 40 años de la democracia argentina para las mujeres permite dimensionar los avances y conquistas (logradas no sin tensiones)1. Un movimiento de mujeres plural, diverso, intergeneracional, que construyó lazos con otros movimientos sociales, fue forjando un camino que hoy podemos mirar con admiración y orgullo, pero también con enorme preocupación. El contexto electoral de 2023, en el que se impuso la derecha radical, nos impuso la pregunta sobre qué tan sólidos son los cimientos sobre los que se asientan los derechos, las políticas, los consensos que se forjaron en las calles, en las aulas, en los recintos y en la vida familiar.

El resultado de las elecciones primarias del mes de agosto, cuando se verificó el crecimiento de una nueva derecha radical, fue sin dudas un gran llamado de atención. Se trató de una advertencia para las fuerzas políticas tradicionales justamente el año en que se cumplen 40 años desde la recuperación de las instituciones democráticas en Argentina. También para las formas de comunicación que generalmente utiliza la política partidaria y, sobre todo, una señal de alerta sobre la insatisfacción que siente una parte importante de la población, fundamentalmente los jóvenes. Se impusieron las propuestas basadas en la confrontación y en la adjetivación agraviante antes que el intercambio de ideas y el debate político. Pero además, se impusieron las propuestas partidarias menos receptivas de una agenda comprometida con la igualdad de género2. Perdieron protagonismo político la potencia del movimiento de mujeres y sus demandas por una vida libre de violencias, reivindicativa de los avances y al mismo tiempo en lucha por una agenda de igualdad pendiente en otras dimensiones sociales y económicas.

Llevará tiempo comprender cómo pasamos de convocar la movilización de cientos de miles de mujeres en todo el país interpelando a América Latina con la consigna «Ni Una Menos» para denunciar los femicidios, a esta sociedad que percibe las políticas públicas que promueven la educación para la igualdad como amenaza. Si bien responde a un fenómeno regional y global, lo cierto es que finalmente encontró espacio en una sociedad agobiada por las crisis sucesivas y la incapacidad de distintas fuerzas políticas para comprender la dimensión de los problemas irresueltos y su impacto en las vidas cotidianas. A 40 años de la primera elección presidencial de este periodo democrático, la evolución en los derechos de las mujeres y su reconocimiento como derechos humanos enfrentan un momento crítico.

En este artículo, propongo un breve recorrido por las cuatro décadas pasadas desde una mirada feminista que pone el acento en las transformaciones que logró el movimiento de mujeres. Si bien todo recorte muestra una parte de la historia, sugiero que estos hitos permiten honrar el camino recorrido e inspirar el trabajo por delante para defender los logros y avanzar con convicción hacia lo que aún está pendiente.

En las elecciones que sellaron el retorno de la democracia, el voto de las mujeres fue decisivo. El candidato de la Unión Cívica Radical (ucr), Raúl Alfonsín, finalmente triunfador en esa contienda, las interpeló directamente durante la campaña electoral llamando «a las mujeres argentinas [que] sufren las consecuencias de una sociedad anticuada y machista que ni siquiera les confiere la posibilidad de compartir la patria potestad de sus hijos les decimos que vamos a concretar en serio la igualdad que establece la ley y le niegan los hechos»3. Tras la recuperación de la democracia, el Congreso Nacional aprobó varias leyes para eliminar las barreras formales que contradecían la promesa de igualdad de la Constitución Nacional. No solo se equipararon los derechos de las mujeres con respecto a la crianza de sus hijas e hijos al reformar las disposiciones del Código Civil para garantizar la patria potestad compartida (nuevamente reformado en 2015 para introducir un concepto más moderno de responsabilidad parental y el reconocimiento del aporte que implican las tareas de cuidado al bienestar de las familias), sino que además se eliminó la discriminación que pesaba sobre los hijos nacidos fuera de un vínculo matrimonial. En una sociedad todavía muy marcada por los roles sociales de género tradicionales, la tardía aprobación del divorcio vincular permitió también el reconocimiento de las familias ensambladas, lo que habilitó la reparación de las injusticias derivadas de las consecuencias que el derecho imponía al fracaso matrimonial.

La tardía aprobación del divorcio vincular permitió también el reconocimiento de las familias ensambladas

Esos primeros años de la etapa democrática registraron muchos más avances: aseguraron, sobre todo, el andamiaje jurídico que permitió fortalecer los argumentos en los que cimentaron las conquistas posteriores. Con la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos primero y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer poco después, el Estado argentino inauguró en la década de 1980 una etapa de incorporación de estándares internacionales de derechos humanos a través de los tratados del sistema regional y del sistema universal de protección de derechos4. Estas iniciativas permitieron un ejercicio republicano de rendición de cuentas en el que participaron organizaciones sociales e instituciones de defensa de derechos humanos5. A partir de la ratificación posterior de esos pactos y tratados, con mayor intensidad, se lograron cambios regulatorios y en políticas públicas centrales como el acceso al aborto legal (caso lmr c/Argentina) y avances en materia de acceso a la justicia para las mujeres que atraviesan violencia de género (caso Olga del Rosario Díaz), entre muchos otros. En momentos en que parece peligrar la continuidad de ciertos acuerdos sociales básicos, la mirada internacional será clave para garantizar la sostenida vigencia de ciertos derechos y brindará una plataforma para la resistencia exigiendo la aplicación del principio de no regresividad en derechos humanos.

La década de 1990 abrió un nuevo periodo marcado por las consecuencias de los cambios macroecómicos, la privatización de empresas públicas, la feminización de la pobreza y el crecimiento de la precarización laboral y el desempleo. Aun sin barreras formales que les impidieran el acceso a los cargos públicos, el ejercicio democrático no fue suficiente para abrir los espacios de decisión a la participación sustantiva de las mujeres. En la primera conformación de la Cámara de Diputados en 1983, las mujeres sumaban menos de 5% de sus integrantes y para el inicio de la década de 1990 esa presencia había crecido apenas por encima de 6%. No parecía posible reivindicar con éxito el derecho a ejercer la autonomía reproductiva o diseñar mecanismos efectivos para protegerse de las violencias machistas sin las voces de las mujeres ni sus experiencias enriqueciendo el debate público y empujando la sanción de nuevas normas en el Congreso Nacional. La sanción de la Ley de Cupo Femenino en 1991, que imponía un mínimo de 30% de mujeres en las listas electorales, transformó a Argentina en un país pionero en la generación de medidas de acción afirmativa para asegurar la presencia de mujeres en los espacios de decisión política. Con su entrada en vigencia a partir de las elecciones de 1993, se empieza a reflejar un incipiente incremento en la cantidad de legisladoras nacionales en el ámbito parlamentario, con un impacto directo en la posibilidad de avanzar en ciertas agendas legislativas.

Aun cuando, durante los 25 años siguientes, la efectiva implementación de la Ley de Cupo Femenino se vio limitada por trampas frecuentes, los resultados estaban a la vista6. Una mayor presencia en el Congreso Nacional permitió empezar a transformar las demandas de las mujeres en un verdadero programa de acción política. Así, se aprobaron las primeras leyes para responder a la violencia doméstica, la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable (2003), una ley de cupo para la representación sindical (sancionada en 2002, hasta el día de hoy enfrenta obstáculos para su implementación), la promoción de la continuidad educativa para adolescentes embarazadas, la Ley de Parto Humanizado (2004) y, finalmente, la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en 2009. Una agenda hasta entonces impensada para una clase política abrumadoramente masculina, heterosexual y urbana. La agenda por la diversidad y los derechos del colectivo lgbti+ llegaría poco después, para transformar la política y revindicar derechos vinculados con las distintas formas de ser y estar en el mundo7.

El compromiso con una democracia de calidad exigía más: abogar por una democracia paritaria

En 2015, 10% de las listas presentadas en las elecciones nacionales incumplieron el mandato legal sobre el cupo de mujeres de diversas maneras sin que la justicia electoral ejerciera su función de control. Proyectos de reforma electoral impulsados por el Poder Ejecutivo podrían haber incorporado medidas para mejorar la implementación del cupo, pero no lo hicieron. En todo caso, ese hubiera sido ya un objetivo pequeño. El compromiso con una democracia de calidad exigía más: abogar por una democracia paritaria. La paridad es un compromiso ético y político que parte de la convicción de que las mujeres deben estar presentes en los espacios de representación política. En el ámbito legislativo, muchos países empezaron a hacerla realidad a través de normas que requieren la presentación de listas electorales con el mismo porcentaje de varones que de mujeres. La paridad puede ser un mandato legal, como fue hasta 2017 el cupo femenino de 30% en el Congreso. Así lo regularon países europeos (Francia y España) y latinoamericanos (Costa Rica, Bolivia, México, Nicaragua y Ecuador) que sancionaron normas destinadas a lograr la paridad en las legislaturas. En la experiencia de otros países, la paridad no está regulada, sino que resulta de la aplicación de un imperativo ético que lleva a la práctica la convicción de que el intercambio de ideas propio de todo proceso democrático se enriquece con la diversidad de miradas que aportan personas con distintas trayectorias y experiencias, que ofrecen un reflejo más fiel de la diversidad que se encuentra en la sociedad en su conjunto (como fue el caso del primer gabinete nombrado por Justin Trudeau en Canadá8).

La ausencia de mujeres en la vida política no solo limita el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos para al menos la mitad de la población, sino que además restringe la calidad de la democracia y la pluralidad de voces en el debate público, con menor representación de los intereses y las visiones de las mujeres. Sin embargo, el proceso de incorporación de mujeres al espacio público no siempre ha sido lineal y ha estado marcado por obstáculos de diversa índole. Los estudios documentan diversas barreras de acceso para las mujeres a puestos de toma de decisión, entre las que se encuentran los estereotipos y pautas culturales que refuerzan las desigualdades de género y la falta de acceso a recursos materiales y simbólicos. Una barrera hasta hace poco menos explorada, tanto para el acceso como para la permanencia, ascenso y efectivo ejercicio de los derechos, es la violencia y el acoso político contra las mujeres públicas y las defensoras de derechos humanos.

El año 2015 trajo un punto de inflexión. Un grito colectivo se hizo visible en el mes de mayo en la ciudad de Buenos Aires y se extendió por el país y toda la región. Comenzó casi como un susurro, en un breve mensaje de una periodista argentina en la red social que habitualmente las convoca, luego de una sucesión de femicidios de mujeres jóvenes cuyas noticias debieron cubrir en distintos puntos del país: «Actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales... mujeres, todas, bah... no vamos a levantar la voz? nos están matando», escribió Marcela Ojeda el 11 de mayo de ese año9.

La historia que siguió es conocida. La respuesta inmediata de colegas y amigas fue potenciada por activistas con larga trayectoria en el movimiento de mujeres, referentes sociales y culturales, y esto llevó a un proceso de verdadera construcción colectiva para hacer visible lo que hasta entonces parecía oculto: las muertes violentas de mujeres eran una realidad cotidiana que no parecía encontrar freno en las normas, políticas o planes de acción. El movimiento que se conoció bajo la consigna «Ni Una Menos» no nació en 2015, sino que encontró en esa interpelación pública y esa convocatoria la oportunidad de cohesionar décadas de lucha organizada del movimiento de mujeres y los feminismos. La unión virtuosa de activistas, académicas y periodistas, junto con movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil que ya contaban con vasos comunicantes y lazos de confianza construidos a lo largo de años de cooperación, permitió esa articulación intergeneracional e interseccional de las agendas personales y políticas10.

América Latina y el Caribe llevaba muchas décadas de lucha por visibilizar y poner fin a las violencias hacia las mujeres. Fue la primera región en sancionar un marco regulatorio común para abordar de manera específica las distintas dimensiones de las violencias desde una perspectiva integral, incluidas las políticas preventivas, y al mismo tiempo interpelar a los Estados en su deber de debida diligencia, protección y acceso a la justicia, delineando medidas de reparación para las víctimas. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de Belém do Pará) se convirtió a partir de la segunda mitad de la década de 1990 en una guía indispensable para avanzar en legislación capaz de capturar la profundidad de los vínculos entre las estructuras de discriminación, las desigualdades y las violencias.

A partir de su aprobación, se extendieron en la región las normas contra la violencia doméstica, en particular la que sucede en el ámbito de las relaciones de pareja. Tanto desde un enfoque penal (que caracteriza la violencia física y sexual en las parejas como un delito) como con un enfoque más amplio y dirigido a la prevención (aplicación de medidas preventivas para limitar el contacto de los perpetradores de la violencia con las mujeres agredidas), los países de América Latina y el Caribe avanzaron en una primera generación de normas dirigidas a la violencia en las relaciones familiares o violencia doméstica, casi exclusivamente. Luego, en los últimos 15 años, una docena de países avanzaron hacia la sanción de leyes de protección integral contra diversas formas de violencia, como fue el caso de la ley aprobada en Argentina en 2009. El objetivo de estas normas de segunda generación se enfocaba en dar respuestas a quienes enfrentan situaciones de violencia ya no solo entre integrantes de la familia o unidad doméstica, sino también en distintos ámbitos de la vida social y en la comunidad.

Estos nuevos marcos regulatorios integrales incorporaron otras formas de violencia tales como la violencia institucional, laboral, obstétrica, mediática, patrimonial y simbólica, así como la violencia contra los derechos reproductivos y el acoso sexual. Entre las formas abordadas de manera más incipiente por las normas de protección integral se destaca la violencia política hacia las mujeres, con Bolivia como país pionero, y el impulso regional de la Comisión Interamericana de Mujeres. Argentina incorporó la violencia política a la legislación en 2019 y la Cámara Nacional Electoral resolvió un caso aplicando esta norma por primera vez en 2022.

Las movilizaciones bajo la consigna «Ni Una Menos» nacieron como denuncia y reclamo por los femicidios

Las movilizaciones bajo la consigna «Ni Una Menos» nacieron como denuncia y reclamo por los femicidios. Pero pronto quedó claro que sin un abordaje más amplio y una mirada posada sobre las violencias que se multiplican en la comunidad, en los espacios de trabajo, en los medios de comunicación y también en la política, será difícil tener éxito en prevenir sus formas más extremas. Todavía una mujer es asesinada cada 30 horas por violencia de género en Argentina11, en la mayoría de los casos a manos de una pareja actual o pasada. La intervención de la justicia tampoco es necesariamente un freno a la violencia: en 2022, al menos 38 de las 226 víctimas directas de femicidio había denunciado a su victimario.

El año 2018 dio nuevos impulsos a viejas luchas. Desde la recuperación de la democracia, el reclamo por los derechos sexuales y reproductivos ocupó un lugar central para los feminismos. Fue un logro importante que en esos primeros años (1986) se derogaran las regulaciones que prohibían la compra y venta de anticonceptivos, lo que estableció los cimientos para el derecho a decidir sobre la propia reproducción. La década de 1990, con acercamientos desde el Poder Ejecutivo al poder eclesiástico y una agenda más conservadora, no permitió avanzar en un debate más profundo sobre el rol del Estado en la promoción de una política pública más completa sobre los derechos reproductivos.

«Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir»

Fue a partir de 2005 cuando tomó fuerza el reclamo por estos derechos con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito impulsada por organizaciones feministas de todo el país. La campaña tuvo desde el comienzo dos objetivos claros: instalar en el espacio público el derecho al aborto como una cuestión de salud pública, justicia social y derechos humanos, y por otra parte, elaborar y presentar un proyecto de ley para modificar el marco jurídico vigente desde 1921. La consigna utilizada condensaba los debates en torno de la sexualidad y la reproducción, ponía el foco en la información, la prevención y la mitigación de daños para las niñas, adolescentes y mujeres: «Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir». La simbología capaz de articular contenido, identidad y sentido de pertenencia colectivo fue el pañuelo verde, que permitió amplificar el impacto del discurso mediante una imagen, la «marea verde», que se reprodujo tantas veces en los últimos años en Argentina y en el resto de América Latina.

En ese marco, entre los meses de marzo y agosto de 2018, se trató en el Congreso argentino el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado por la mencionada campaña y articulado de manera transversal, multipartidaria e intersectorial. Este debate vinculó activismo, academia, organizaciones sociales y comunicadoras, movilizando a millones de personas que se manifestaron en favor del derecho al aborto en diferentes puntos del país12. Fue, sin dudas, el debate más plural, más informado y profundo desde la restauración democrática en el país, con millones de personas siguiendo las sesiones congresales desde sus casas y desde las calles. El 14 de junio de 2018, tras 20 horas de debate y mientras una multitud sostenía la vigilia durante una helada noche de invierno, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto. Aunque el Senado lo rechazó el 8 de agosto, de todos modos el discurso de la diputada de Propuesta Republicana (pro) Silvia Lospennato cerró la sesión desplegando argumentos, emociones y consensos que quedarían en la memoria colectiva y dejaban la sensación de que se trataba de una derrota temporal13.

Hubo que esperar dos años más para que el aborto volviera a la agenda parlamentaria. Transcurrió un primer año de la pandemia de covid-19 que tuvo un impacto implacable en la sociedad y afectó de manera particular a las mujeres, profundizando la brecha de ingresos con un aumento de la desocupación femenina, la vulnerabilidad frente a las violencias de género y la crisis del cuidado que se hizo evidente con el cierre de las escuelas y los servicios de cuidado infantil. Luego de un nuevo debate más breve que el de 2018, finalmente en diciembre de 2020 se aprobó la Ley 27.610 de Interrupción Legal y Voluntaria del Embarazo. La ley dispone la implementación de una política pública liderada por el Ministerio de Salud de la Nación para abordar todos los derechos sexuales y reproductivos desde un enfoque de derechos humanos. De manera simultánea, se aprobó también la ley 27.611 para dar relevancia a las políticas indispensables que deben desplegarse para atender a la niñez en la primera infancia, los primeros 1.000 días, con atención integral e intersectorial.

Una cuestión pendiente para los feminismos es abordar la desigual e injusta organización social del cuidado, esa causa raíz que explica muchas de las desigualdades sostenidas en distintos órdenes de la vida social, política y económica en Argentina y en toda América Latina y el Caribe. Las mujeres dedican en promedio más del doble de tiempo que los varones a las tareas de cuidado de niñas, niños y otras personas de la familia, en detrimento del tiempo, el esfuerzo y la energía que podrían dedicar a un empleo, a su formación, a su descanso y a su autocuidado. Así lo entendieron los países reunidos en la xv Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, donde reafirmaron los acuerdos anteriores. En el documento conocido como Compromiso de Buenos Aires, se propone avanzar en la creación de sistemas integrales de cuidados desde un enfoque de género, de derechos, con una mirada interseccional e intercultural. Se trata de garantizar (articulando tiempos, dinero y servicios) que el derecho al cuidado sea una realidad para todas las personas, generando las condiciones para el desarrollo verdaderamente inclusivo de las mujeres, niñas y adolescentes en toda su diversidad14. En el documento se hace un llamado a promover medidas para superar la división sexual del trabajo, que hoy afecta adversamente con mayor profundidad a las mujeres más pobres, y transitar hacia una justa organización social de los cuidados, en el marco de un nuevo estilo de desarrollo que impulse la igualdad de género en las dimensiones económica, social y ambiental.

En el documento conocido como Compromiso de Buenos Aires, se propone avanzar en la creación de sistemas integrales de cuidados

Esta es la agenda pendiente. Creemos que existe un punto clave para liberar el potencial de las mujeres, promover el desarrollo de su autonomía y mejorar la calidad de vida presente y futura: su rol en el ecosistema de cuidado. El cuidado debe dejar de ser un problema individual de las mujeres para convertirse en un derecho de la ciudadanía, una corresponsabilidad social y una obligación del Estado. La economía del cuidado actual es el tejido que habilita el desarrollo de una sociedad, pero hoy eso ocurre a expensas de la libertad y el desarrollo de las mujeres, en particular de quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Si no reconocemos la economía del cuidado, el desarrollo es más dificultoso, improbable e injusto para las mujeres y otros colectivos como las personas mayores, las personas con discapacidad y las infancias. Sin cuidados no hay reproducción social, y hoy no se produce el cuidado sin una fuerte carga inequitativa sobre las mujeres. Este es el momento de plantearse cómo hacemos para que el ecosistema de cuidado se vuelva más justo, igualitario y productor de riqueza.

El contexto actual es desafiante. Se percibe un desencanto democrático de la ciudadanía frente a una clase política que muestra poca autocrítica ante los principales problemas diagnosticados, que los gobiernos de distinto signo ideológico no han logrado superar: la pobreza, la inflación, la crisis económica, la inseguridad. Argentina es un país que tiene desde hace años más de 40% de la población sumida en la pobreza, donde 6 de cada 10 niños y adolescentes son pobres y donde tener empleo, aun empleo formal, no es suficiente para garantizar un nivel de ingresos básico. Las mujeres se ven afectadas por esa situación de manera más radical. Están sobrerrepresentadas entre los sectores más postergados de la sociedad, tienen más posibilidades de tener empleo informal o de tiempo parcial, en general están a cargo de los hogares monoparentales. A esto se suma que, en 50% de los casos, cuando tienen derecho a una pensión de alimentos por sus hijos e hijas, no logran hacer efectivo su cobro. Mujeres que viven violencia en sus parejas en una proporción que afecta a una de cada dos mujeres en el país y para quienes recurrir a la justicia suele significar someterse a un laberinto de burocracia que no necesariamente logra protegerlas de las violencias más extremas. A las mujeres de distintas generaciones, la sobrecarga de cuidados las encuentra en situaciones de profunda desigualdad en el acceso a servicios e infraestructura para aliviar sus responsabilidades como cuidadoras, y esto aún se ve como una agenda poco urgente frente a la crisis económica y la demanda por revertir el déficit fiscal, a pesar de la evidencia que muestra que justamente mejores políticas de cuidados podrían contribuir a superar la situación actual15. Así y todo, en las elecciones presidenciales de 2023 hubo pocas propuestas dirigidas a resolver los problemas más concretos y urgentes que atraviesan las vidas cotidianas de las mujeres16.

Las últimas elecciones presidenciales dejaron un mensaje preocupante: los derechos parecen un discurso vacío para muchas personas que ven desmoronarse su vida en una crisis económica que no parece tener fin. Sin embargo, en momentos en que la realidad golpea con crudeza frente a tantas injusticias irresueltas, es necesario recordar que los derechos no son solo retórica, sino que se transforman en una herramienta de lucha, de exigibilidad, que puede contribuir a la organización colectiva frente a una realidad que nos presenta amenazas y retrocesos.

A lo largo de estos 40 años de democracia, hemos aprendido que para la agenda de la igualdad de género las estrategias colaborativas, la articulación de esfuerzos desde distintos espacios con distintas protagonistas de la política y la intervención en el debate público son indispensables. Las conquistas en los derechos de las mujeres se lograron gracias a la capacidad de tejer alianzas transversales que unieron no solo a referentes de distintos partidos políticos sino también de ámbitos diversos. La sociedad civil organizada, el movimiento feminista, las periodistas y comunicadoras, así como también la academia, contribuyeron a tender puentes y a construir estrategias para identificar respuestas a las demandas sociales todavía insatisfechas.

La participación política y la generación de condiciones para promover una mayor presencia de mujeres en lugares de decisión se fueron consolidando como un reclamo por una mejor calidad democrática. No se trata solo de reivindicar el pleno ejercicio de los derechos políticos para las mujeres superando las barreras que el sistema político y los mandatos culturales todavía ponen en el acceso a espacios de poder, sino también de señalar que el ámbito de debate público no puede ser ajeno a la ciudadanía que busca representar. En la búsqueda de respuestas, la construcción colectiva vuelve a ser central: visibilizar y capacitar a todos los actores, extender las redes entre políticas y promover pactos políticos y sociales para un debate público sin violencias son puntos de partida indispensables.

Las conquistas logradas en estos años fueron producto de una inteligente articulación feminista, plural y colectiva. No en vano la última década nos muestra que las mejores prácticas de diálogo político y transpartidario, articulación con la sociedad civil y la academia provinieron del movimiento de mujeres y feminismos, junto a un colectivo de mujeres políticas capaces de trascender las diferencias partidarias. El desafío es sostener los logros, fortalecer las alianzas y seguir avanzando.

Natalia Gherardi: abogada feminista y docente universitaria. Es directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ela) y codirectora de la Red de Acceso al Aborto Seguro (redaas).

Palabras claves: democracia, derechos, feminismo, mujeres, Argentina.

1. V. cronología en ela: «40 años de democracia. 40 años de lucha feminista», disponible en <ela.org.ar/feminismoendemocracia/>.

2. «Propuestas de campaña 2023» en Mujeres en el Poder, <www.mujeresenelpoder.org.ar/propuestas-de-campana-2023>.

3. «Spot de campaña, Derechos de la mujer (1983)» en YouTube, 23/1/2019, <www.youtube.com/watch?v=98in1cfqmyw>.

4. Con la reforma constitucional de 1994, los principales tratados internacionales de derechos humanos pasan a integrar el bloque de constitucionalidad y se fortalece así su jerarquía jurídica (artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional).

5. Los sistemas de evaluación periódicos que dispone el derecho internacional de los derechos humanos permiten la participación de la sociedad civil para presentar informes alternativos, lo que brinda una mirada crítica al quehacer del Estado. Las recomendaciones específicas que de allí surgen para el país son valiosos instrumentos de incidencia nacional, tal como quedó demostrado en casos paradigmáticos a lo largo de los últimos años.

6. ela: lidera: participación en democracia. Experiencias de mujeres en el ámbito social y político en la Argentina, ela, Buenos Aires, 2012, disponible en <ela.org.ar/>.

7. La aprobación del matrimonio igualitario en 2010 y la Ley de Identidad de Género en 2012 constituyen dos hitos en las conquistas sobre diversidades sexuales.

8. Marc Bassets: «Trudeau exhibe la diversidad de Canadá con su equipo de gobierno» en El País, 5/11/2015.

9. En Twitter, 11/5/2015, disponible en <twitter.com/Marcelitaojeda/status/597799471368564736>.

10. Uno de los elementos interesantes que contribuyeron de manera significativa en la articulación de esa demanda colectiva fue la organización de redes de periodistas alrededor de la comunicación no sexista y responsable de los femicidios y la violencia por razones de género: la Red de Periodistas de Argentina por una Comunicación No Sexista (red par) y la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género de Argentina.

11. Corte Suprema de Justicia de la Nación: «Registro nacional de femicidios de la justicia argentina. Resumen de la edición 2022», disponible en <om.csjn.gob.ar/consultatalleresweb/public/documentoconsulta/verdocumentobyId?iddocumento=169>.

12. Maïte Karstanje, Nadia Ferrari, Zoe Verón, Natalia Gherardi, Mariana Romero y Silvina Ramos: «De la clandestinidad al Congreso. Un análisis del debate legislativo sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina», ela / redaas / cedes, 2019.

13. Ver su intervención en YouTube, 14/6/2018, <www.youtube.com/watch?v=mse-nz5mbxu>.

14. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal): «Compromiso de Buenos Aires (xv Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe)», lc/crm.15/6/Rev. 1, 7/2023.

15. ela y Unicef Argentina: «¿Por qué Argentina necesita un sistema integral de cuidados?», documento de trabajo, 2022, disponible en <ela.org.ar/>.

16. «Propuestas de campaña 2023», cit.

14 notas para una cartografía argentina de la precariedad

Leandro Barttolotta / Ignacio Gago

La situación social argentina –sobre todo en las populosas zonas del Gran Buenos Aires– se ha venido deteriorando en los últimos años al ritmo de crisis múltiples y persistentes. Muchos se preguntan por qué no hubo un estallido durante este tiempo, como ocurrió en medio de situaciones similares en el pasado. Lo que hubo fue una implosión, y esa implosión exige nuevas formas de acercamiento a lo social.

La «cuestión social», como lo refiere la historiadora Hilda Sabato, fue un concepto acuñado desde arriba: expresaba la preocupación de las clases dirigentes (elites, intelectuales, planificadores). Era su modo de formular un problema de razón estatal. En la historia argentina, la cuestión social –argumenta Sabato1– nace como el nombre oblicuo para hablar de las influencias del anarquismo en la clase trabajadora, para advertir de los ecos de la Comuna de París en las orillas del Río de la Plata.

Cuando hablamos de implosión, en cambio, estamos en la historia argentina del presente, en un análisis en tiempo real de nuestra contemporaneidad. Estamos en la cuestión social leída «desde abajo», por eso muchas veces la noción de lo social pasa a denominarse «fuerza», «mayorías populares», «vidas precarizadas y cansadas», «estados anímicos». La cuestión social desacoplada de su invectiva de orden pierde lo social como malla contenedora, como resto prolijamente separado de lo económico, lo político y lo libidinal.

Son apuntes de lo que parece ser huidizo y confuso en sus causas, pero bien concreto en sus efectos

Lo que sigue son ideas, fragmentos, producto de cartografías que tratan de pensar las mutaciones de la sociedad argentina (en especial, sus mayorías populares, los habitantes de las periferias urbanas) durante los últimos 15 años, en un país carcomido por la crisis social y la inflación, pero no solo por ellas. Son apuntes de lo que parece ser huidizo y confuso en sus causas, pero bien concreto en sus efectos. Se trata, más que de presentar enunciados políticos cerrados, de mostrar algunas ideas y conceptos que intentan hacer ver fuerzas que, si se las pone en serie y se evita que sean devoradas por el régimen de obviedad, expresan la cuestión social actual e intentan esbozar una genealogía de la precariedad.

1. La precariedad es un rasgo central de la sociedad argentina –y con obvios matices y especificidades, de la región latinoamericana en general–; punto de partida de cualquier análisis sobre la «cuestión social» en estas últimas dos décadas. Una cartografía (e incluso una genealogía) de la precariedad a la argentina es una tarea urgente si se quieren comprender las mutaciones sociales y políticas de los últimos largos años y, más allá de las oscilaciones coyunturales, para poder realizar un balance sobre el devenir real de la democracia en nuestro país.

Una cartografía de la precariedad refiere a la interrogación concreta por los modos en que la precariedad se hace operativa, entendiéndola no como una noción que pasiviza o únicamente determina, sino como una condición de hipermovilización de las vidas presentes. Como motivo y motor de gestiones permanentes, en el plano material, anímico, de las relaciones laborales y personales. Gestiones que incluyen desde cómo llegar con poco dinero al final del mes, de la semana o del día, hasta mantener habitables los espacios comunes en un barrio, pasando por la permanente gestión de los territorios domésticos; en resumen: la manera en que se lidia con el ajuste, la crisis y los conflictos que esta dispara.

En este abordaje, la precariedad no es mera falta, informalidad, condición, producto del desmantelamiento del Estado social, ni meras demandas segmentadas (precariedad laboral, habitacional, urbana, etc.), sino un verdadero campo de juego de lo social, con sus estratificaciones, sus distribuciones diferenciales y también sus regularidades. Se trata de una precariedad que puede ser el límite, el plano, el fondo común de las vidas y que, al mismo tiempo, tiene sus recortes y jerarquías: existe una desigual distribución social, geográfica, etaria y de género de la exposición a la precariedad y a los desbordes y violencias que contiene.

La lucha por correrse de la exposición violenta, la lucha por salir de sus efectos inmediatos, quizá sea la forma contemporánea de las luchas de clases.

2. En las metrópolis latinoamericanas, en sus territorios periféricos marginalizados, se presentan altos índices de informalidad económica, políticas públicas deficientes, falta de inversión en infraestructura social, etc. En estos territorios se observan violencias institucionales (de fuerzas de seguridad), inseguridad (robos cada vez más violentos), enfrentamientos entre bandas (crimen organizado y también crimen desorganizado y anómico) y entre vecinos, violencias en el interior de las familias, de los hogares. Es en medio de estas violencias (verticales y horizontales), y en relación con ellas, y no después de ellas, como pensamos las conflictividades sociales (y también la condición de movilización social, permanente, de las vidas). Se trata de conflictividades más ambiguas, con otro tipo de resonancias y efectos, y con causas menos nítidas; también menos organizables desde antagonismos sociales o de clase tradicionales.

Estos escenarios son los que definimos como conflictos en y contra la precariedad: por sobrevivir, por hacer pie, por cuidar lo poco que se tiene, por mantener umbrales vivibles en medio del desborde. Tratando de ser concretos: en una precariedad que ya es lazo social, que se verifica en el calendario vital y la organización del tiempo y de las energías –donde cuesta llegar con el dinero no solo a fin de mes, sino al fin de la semana; y donde cuesta, a la vez, llegar enteros al final del día–, el repertorio de conflictividades, violencias y estrategias de intervenciones sociales y políticas es radicalmente distinto del de otros momentos históricos. Qué significa «movilizarse», reclamar, organizarse, gestionar una vida o una vida rejuntada (no ya «en común») son cuestiones para investigar y repensar.

3. La precariedad, cuando no es una condición o una característica de lo social sino que es su fondo común, el campo de juego, se vuelve totalitaria. Hablamos de precariedad totalitaria cuando está en la base de todo lo que se arma para vivir: relaciones, redes, trabajos, consumo, deuda, vivienda; cuando toma y actúa sobre la totalidad de la vida; cuando no es posible pararse sobre otra superficie que estructure, y lo que queda entonces es la contingencia del día a día. La precariedad totalitaria es un territorio siempre vivo. Su condición de totalitaria no paraliza ni cierra, al contrario, hace que todo lo que sucede en sus zonas –segmentos, pliegues y cortes– sea difícil de asir y politizar. En esta nueva dimensión temporal que genera la precariedad totalitaria, se combinan la determinación, la quietud o la fijeza (de destinos de clase, determinaciones estructurales y condicionamientos casi de hierro) con la hipermovilización de las vidas contemporáneas, especialmente de quienes cuentan con menos redes para conquistar otra temporalidad o tomar cierto control sobre las variables de la propia vida y la de quienes están alrededor.

La precariedad totalitaria es un territorio siempre vivo. Su condición de totalitaria no paraliza ni cierra

Hay que estar «a todo ritmo» siempre, y todo lo que se arma y se hace es sobre suelo resbaladizo, móvil, provisorio. El tiempo se trastoca, a través del endeudamiento permanente y la provisoriedad de los trabajos, de la vivienda, de los espacios, pero no en el sentido de un desacomodo «que se puede arreglar» o volver a organizar, sino de manera irreversible. Esa es la normalidad precaria, la regularidad de la precariedad totalitaria: no hay reposición ni restitución posible, y lo que se arma es un ritmo cotidiano y un calendario vital singular.

4. ¿Qué significa, en un sentido profundo, el ajuste económico en la sociedad argentina? Es mucho más que una cuestión de ingresos: el ajuste es libidinal, es anímico, se expresa en términos de expectativas vitales, en las formas de acceso y uso de la ciudad y del tiempo, en las posibilidades de estudiar o de continuar con los estudios, de sostener algún emprendimiento económico. ¿Qué significa el ajuste cuando cae sobre una sociedad como una estrategia de enfriamiento a gran escala, mutilando hábitos, afectos, expectativas? Un ajuste de estas características corta las amarras que mantienen las vidas a flote en la precariedad y densifica lo social implosionado.

5. Lo social implosionado es el registro de cómo en estos largos años de crisis y ajuste la vida se fue metiendo y detonando en un adentro cada vez más espeso e insondable. Las implosiones sociales –generalmente huérfanas de las imágenes políticas que nos entregan las «explosiones» y entregadas involuntariamente al securitismo, al realismo sórdido de la derecha y su eficiente gestión cotidiana de la intranquilidad y el terror anímico que la precariedad provoca– son un elemento central de la sociedad precarizada.

Implosión es crisis que estalla para el lado de acá, crisis replegada y ajustada en un interior cada vez más recargado y asfixiante (espacios saturados sin atmósfera). Las implosiones no se asemejan a los estallidos, son de otra naturaleza: aunque pueden incluirlos, se profundizan siempre en un más acá: barrio adentro, casa adentro, familia adentro, cuerpo adentro. Un adentro, o un interior, que funciona como lógica, como dinámica de la precariedad, no únicamente como lugar o localización. Un pasillo de un hospital rebalsado, un centro de salud que no da abasto, un centro de rehabilitación de consumos problemáticos o un comedor social saturados, una escuela al límite, la nocturnidad violenta o el aumento en la tasa de suicidios son expresiones de lo social implosionado, que se suman a aquellas de los hogares hacinados (y sus conflictos característicos).

Se trata de aproximaciones y enfoques que deben formar parte de una agenda de investigación exhaustiva, de una cartografía política clave que dé cuenta de la inflación, el salario, la relación entre el ajuste y el amplio mundo del trabajo, el endeudamiento, el ajuste en términos subjetivos, las estratificaciones del ajuste de guerra (por segmento de población, género, redes comunitarias), el terror anímico que desata el proceso inflacionario sostenido en el tiempo… Y los modos en que esa serie repercute en la cuestión social, densificándola (no disolviéndola), convirtiendo «lo social» en «lo social implosionado».

6. Inflación más rejunte (modos de convivencia, tan forzados como necesarios, que sustituyen o se solapan al entramado comunitario, a las imágenes de lo común) es depresión y también desesperación. En un contexto de congelamiento de la economía y brutal ajuste, se reemplaza el dinero en el bolsillo por otro tipo de «empoderamiento» (fuerzas rápidamente traducibles como «discursos de odio», hábitos «de derecha», violencias horizontales): la posibilidad de aplicar jerarquías sobre los cuerpos que cargan con el odio social. La inflación, a la que no se le ganó con las paritarias2 y que es cada vez más difícil de enfrentar socialmente (sindicalmente, en términos de movilización social clásica, etc.), tuvo una compensación en lo que llamamos un «salario anímico», que deja hacer –y descargar– a las fuerzas más oscuras que circulan por nuestra sociedad. Y por los interiores de los hogares, instituciones, trabajos, etc.

El endeudamiento –las zonas populares están plagadas de créditos tan «fáciles» como usurarios– es otra de las dimensiones claves, un rasgo central de los rejuntes contemporáneos. Por cómo combina sacudón anímico y malestar social, por la bomba que instala en el interior de las familias y las parejas, por lo que hace con el futuro inmediato, por cómo envenena el presente, por cómo organiza en el nivel social el enfriamiento libidinal y el ajuste de expectativas –combinando los niveles moleculares y molares–.

7. Un paréntesis: aquí hay un matiz con respecto a muchas lecturas europeas en torno de la sociedad del rendimiento, la hipermovilización, las mutaciones en el mundo del trabajo. En la precariedad totalitaria se trata de una «guerra total» o «movilización total» pero para mantenerse a flote y defender lo que se gana. Es decir, se trata de una «sociedad del rendimiento» al extremo, pero sobre un fondo de inflación creciente. El rendimiento y la exigencia son entonces sin goce posterior («luchas sin beneficio»). Al contrario, el consumo o aquellos umbrales mínimos de propiedad alcanzados en una sociedad ajustada y en medio de la precariedad totalitaria requieren una permanente defensa y gestión, que perpetúan ese esfuerzo y movilización que implicó conseguirlos. Se trata de una movilización que no se ve reflejada en un modo de vida (incluso con todos sus puntos oscuros y malestares), ni puede descansar en infraestructuras, redes, etc., que sostengan de algún modo ese 24/7, esa jornada diaria que extenúa el cuerpo y el alma y que resiente los espacios y vínculos.

8. La tonalidad afectiva de la sociedad ajustada y precarizada es el cansancio. Vidas cansadas, aplacadas, al mismo tiempo que hipermovilizadas por todos los vectores sociales que se intensificaron hasta el enloquecimiento que provoca la crisis: hay que gestionar una vida con cada vez menos margen de tiempo y de ingresos; una cotidianidad cada vez más belicosa en la que hay que sostener material y anímicamente la vida: las deudas que crecen y no se pueden pagar, las familias ampliadas o hacinadas en las piezas que se copan y alojan, los trabajos que escasean o devoran cada vez más tiempo vital, la desocupación que es más ocupación de la cabeza quemada e impotente por la falta de dinero y el barrio ajustado que también es el barrio rejuntado de siempre, pero en versión espesa y más violenta. Vidas hipermovilizadas y cansadas; vidas en barrios quietos en términos de una percepción política «clásica».

Un aplacamiento y un aplastamiento que no tiene mucho sentido tampoco explicar en una lengua sociológica que mira muy de «arriba»: «individualismo», «privatización de la vida», «cultura de derecha», «neoliberalismo» «meritocracia», etc. Quizás solo falta combustible para activar aquel repertorio político y social clásico porque el esfuerzo está vertido en la maquinita de carne y hueso que todos los días sostiene el umbral de la vida en la precariedad. Sin espacio subjetivo y sin tiempo social para organizarse y militar, para participar de las tradicionales redes colectivas, la crisis, para quienes tienen una percepción lúcida y una biografía inquieta, deviene aún más difícil de enfrentar, porque hay que enfrentarla de modo solitario.

9. Uno de los planos más novedosos de la precariedad cuando se vuelve totalitaria es el anímico; una dimensión también central en la gestión de los territorios –o en su imposible «gobierno»–: no hay regulación ni adiestramiento más o menos duradero de los cuerpos y de los territorios sin ese adiestramiento moral y anímico de las poblaciones. La guerra contra las poblaciones no se articula solamente en torno de la precarización de la economía, los trabajos, las infraestructuras urbanas y los conflictos que hacen a la dimensión material de la desigualdad, sino que también se articula en relación con los estados de ánimo, entendidos de manera profunda, no como sentimentalismo –felicidad o descontento–, o como estrés o quemazón laboral, sino como entramado de afectos en la precariedad; en todo caso, una dimensión profunda de lo que es la felicidad y la tranquilidad, el bienestar común, los deseos, los anhelos…

Intranquilidad –y no caos– es lo que predomina en lo social implosionado

10. La palabra «tranquilidad» debe ser una de las que más resuenan, como pedido, en el día a día de las mayorías populares. La tranquilidad no remite a algo sostenido en el tiempo, sino que parece hablar de un equilibrio momentáneo, de una percepción del cotidiano que se aquieta en la pura contingencia. Y en esto se distingue de la noción de orden. Pedir tranquilidad y no orden puede ser asumir que no hay operación necesaria ni lugar legítimo desde donde «ordenar». Si orden se le pedía al Estado moderno (frente al caos económico, político, público), tranquilidad es lo que se pide de manera más o menos silenciosa, algunas veces desde el ruido o desde un insistente murmullo, en la precariedad totalitaria. Desear tranquilidad social no es lo mismo que pedir orden público: un pedido de tranquilidad incluye lo público, pero no se reduce a esa dimensión; se pide tranquilidad en las calles, en el barrio, pero también en el interior del hogar, en los vínculos familiares y sociales, en la propia vida.

Intranquilidad –y no caos– es lo que predomina en lo social implosionado. No se trata tanto del caos del estallido, de la debacle, de la anomia ruidosa y enloquecedora –a la vez que intensa, llena de adrenalina–, sino de una intranquilidad como sonido de fondo, ruido blanco constante, como característica de la vida anímica en la precariedad. Y como demanda infinita e impracticable también. Intranquilidad como efecto de la exposición permanente al infinito, a ese afuera abierto que se introduce en cada vida, en cada hogar, en cada pequeño mundo familiar y personal, que es la precariedad totalitaria. De pedir orden y «defender la sociedad» a proteger el estado de ánimo. O en todo caso, defender esos rejuntes que son conjuras, esos armados medio milagrosos que quién sabe cuánto duran: un trabajo temporario o informal, un ingreso inesperado, el buen clima en una institución, una iniciativa en el barrio que por ahora va bien, etc.

11. Sobre capas de terrores pasados y sepultados, o redefiniciones de estos, nuestra época incubó su propio terror, un terror exclusivo de la precariedad: el terror anímico. Un terror que no tiene rostros nítidos ni agentes concretos que nos recuerden sus límites, porque estos tampoco son claros. El terror anímico es una constante de la precariedad cuando esta deviene totalitaria. El terror anímico es uno de los tonos afectivos de lo social implosionado, así como el cansancio. Se retroalimentan; el terror anímico cansa, y estar cansado en suelo resbaladizo y hostil que exige siempre estar al máximo (endeudamiento e inflación mediante) provoca un terror que no se asemeja a los terrores de épocas pasadas. No es el terror a quedar desocupado, o a no conseguir trabajo, o a la incertidumbre habitacional: son todos esos terrores en un continuum, y muchos más. Lo dicho: la precariedad totalitaria no se puede segmentar por demandas.

12. Las guerras en y contra la precariedad (o, más simple, las guerras de la precariedad) nos dejan frente a una nueva ontología de lo social, frente a un catálogo de escenas cotidianas que muestran conflictos sociales inéditos, difíciles de percibir por la gramática política y militante tradicional. Las formas de vida, los rejuntes, las mutaciones del heterogéneo mundo del trabajo (y los nuevos odios sociales y jerarquías que lo acompañan) y de la vida barrial y vecinal, son a la vez efecto y destino de la precariedad. Y al mismo tiempo, escenario de resistencias e insistencias, de bosquejos de nuevas formas de politización, de militancias.

Hay política en la precariedad, por supuesto (no es tierra arrasada, ni el fin de la historia). Pero hay que verla con otros ojos. Hay sujetos, claro, pero no son los mismos. Es necesaria una investigación sociológica y política sobre las transformaciones del mundo popular de las últimas décadas, de los sujetos de lo social implosionado, ese vasto mundo que venimos mencionando a lo largo de estas notas como mayorías populares. Ahí es donde se producen, materialmente, las mutaciones sociales y políticas profundas que aquí describimos, esas recombinaciones entre violencia, moral, enfriamiento, endeudamiento, saturación. Y también las estrategias y creatividades en medio de esos embates, la belicosidad y las movilizaciones que son por pura fuerza vital, por otros modos de vida.

13. Un caso testigo de lo social implosionado son las escuelas. Argentina es una sociedad escolar y eso no es ninguna novedad. Uno de sus nervios fundantes está en las aulas. Tampoco es una novedad que escuela y sociedad funcionan, en la precariedad, como un matrimonio que se separó hace años pero sigue malviviendo bajo el mismo techo más por conveniencia que por afecto mutuo. Que el tándem escuela-sociedad está siempre en tensión, y que a veces no puede ocultar la fractura expuesta, lo demuestra el poder que tiene la escuela para organizar una agenda pública y mediática (desde los debates por la «vuelta a clases» durante el confinamiento por el covid-19 hasta el lugar que ocupa en editoriales y programas políticos en época de campañas electorales) y para irritar los ánimos de las mayorías populares cuando el enunciado «mañana no hay clases» es capaz de intensificar guerritas barriales, vecinales y familiares a pequeña escala y por momentos insondables en sus efectos («pero entonces ¿dónde lo dejo?», «decime vos ¿qué hago, eh?»).

Una sociedad escolar pero ya no sostenida y articulada en el sólido diagrama de las instituciones del Estado-nación moderno sino funcionando sobre un suelo y un fondo de precariedad totalitaria. En tiempos de crisis económica y de implosión social, la escuela continúa estando en el centro de los rejuntes barriales. Que las cosas funcionen en la precariedad, que se pueda hablar, sin que suene paradojal, de una normalidad precaria, implica que lo que funciona lo hace requiriendo de una excesiva energía corporal, psíquica y anímica. Un cuerpo docente en una institución implosionada lidia cotidianamente con fuerzas sociales más o menos feroces e imprevisibles, que van desde ecos de implosiones familiares en territorios domésticos que la escuela conoce hasta bajones anímicos de adolescentes y violencias inquietantes que recorren los barrios. A las escuelas, como a los centros de salud o como a cualquier otra institución barrial, llegan vapores y humores de lo social implosionado y los efectos concretos y dramáticos de la sociedad que se ajusta. A las escuelas llegan también, y en exclusiva, las expectativas de cada época al cuadrado: exigencias de futuro laboral, pulsiones de ascenso social, etc. Las escuelas son, a la vez, reservorios de imaginarios sociales pasados y de imaginarios sociales difusos sobre el porvenir. Por eso, a pesar de las fricciones permanentes, y también por la memoria de las crisis económicas recurrentes, hay un músculo escolar histórico que sigue mostrando buenos reflejos para expandirse e intervenir en la sociedad, como se ve cuando la escuela es también comedor o lugar de atención y escucha de secuencias picantes. O como sucedió durante la pandemia, cuando siguieron entregando alimentos, cuadernillos, tratando de conectarse de la forma que fuera, desde mensajes de WhatsApp con alumnos y alumnas que tenían un umbral mínimo de conectividad, compartiendo los datos del celular de algún familiar con sus hermanos y hermanas, hasta caminatas y recorridos puerta a puerta, o esquina a esquina en busca de alumnos y alumnas que no se podían localizar porque no tenían conexión. También durante la pandemia, y por los mismos motivos, con el cierre prolongado de los establecimientos, se escuchaba la queja de madres que repetían una y otra vez que si no estaban en la escuela sus hijos se la pasaban molestando en la casa o causando problemas en la calle. En contextos de excepcionalidad o de normalidad precaria (de excepcionalidad institucionalizada), siempre parece reforzarse e intensificarse el trabajo en los contornos de lo que el rol docente o institucional manda.

14. La cartografía es nutrida y ambigua. Y opera, de manera concreta, contra toda noción de representación, de demanda, de Sujeto político, con mayúscula. Mejor dicho, la precariedad totalitaria es una bomba silenciosa para el concepto de «representación política». No hay sujetos a representar; no hay «precarizados» por los que demandar o a quienes asistir; cuestión que no borra a los sujetos concretos de la precariedad, al contrario, sino que pone la discusión en otro plano. Es una crisis de percepción de las vidas heridas en la precariedad, antes que una crisis de representación. Bienvenidas todas las formas de parches y reparaciones posibles a la precariedad (estatales, institucionales, autogestionadas, vengan con la carga política y moral que vengan), pero la noción de precariedad rebalsa la de informalidad, la de carencia, la de demanda insatisfecha, la de pauperización de lo social, la de desafiliación, etc., y en ese desborde lo que cae también es la noción clásica de sujeto y de representación, de demanda y respuesta, y todo un sistema de expectativas políticas.

La precariedad funciona cortando amarres: suelta y expulsa fuera de un entramado, un rejunte cualquiera, pequeñas consistencias armadas para conjurarla (la mayoría de las cuales no llega a rozar siquiera un umbral institucional que las haga un poco más perdurables). El ida y vuelta es constante: se corta un amarre y se intenta hacer otro inmediatamente; se corta un amarre laboral y se intenta fijar un amarre afectivo del tipo que sea; o se amenaza con cortar un amarre barrial y se intenta evitarlo, cueste lo que cueste.

Leandro Barttolotta: es sociólogo y docente. Integra el Colectivo Juguetes Perdidos. Es coautor, entre otros libros, de ¿Quién lleva la gorra? Violencia, nuevos barrios, pibes silvestres (Juguetes Perdidos, Buenos Aires, 2014); La sociedad ajustada (Juguetes Perdidos, Buenos Aires, 2019); Okupas. Historia de una generación (Sudestada, Buenos Aires, 2022) y Saldo negativo. Crónicas conurbanas (2013-2023) (Sudestada, Buenos Aires, 2023).

Ignacio Gago: es sociólogo y docente. Integra el Colectivo Juguetes Perdidos. Es coautor, entre otros libros, de Por atrevidos. Politizaciones en la precariedad (Juguetes Perdidos, Buenos Aires, 2011); ¿Quién lleva la gorra? Violencia, nuevos barrios, pibes silvestres (Juguetes Perdidos, Buenos Aires, 2014) y La sociedad ajustada (Juguetes Perdidos, Buenos Aires, 2019). Coescribió también el libro colectivo Redondos. A quién le importa. Biografía política de Patricio Rey (Tinta Limón, Buenos Aires, 2014).

Palabras claves: cartografía, implosión, precariedad, sectores populares, Argentina.

Nota: los textos que componen este artículo surgen del libro Implosión. Apuntes sobre la cuestión social en la precariedad (Tinta Limón, Buenos Aires, 2023).

1. H. Sabato: Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina, fce, Ciudad de México, 1999, y Pueblo y política. La construcción de la República, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2005.

2. Negociaciones colectivas de trabajo entre sindicatos y empresas.

La última dictadura militar argentina

Fases y estrategias (1976-1983)

Gabriela Águila

La dictadura impuesta en 1976 por las Fuerzas Armadas con apoyo civil tuvo varias fases y atravesó tensiones entre diversas visiones sobre la economía y el Estado. A diferencia de dictaduras como la chilena, en Argentina las Fuerzas Armadas ejercieron un poder colegiado entre las tres armas. A 40 años de la restauración democrática, resulta aún importante volver sobre los objetivos del golpe, sus dimensiones económicas y sociales regresivas y sus tecnologías represivas, y sobre los vínculos entre la sociedad y el régimen militar.

El golpe de Estado y la estructuración del régimen militar

El 24 de marzo de 1976, mediante un golpe de Estado, las Fuerzas Armadas derrocaban al gobierno constitucional liderado por María Estela Martínez de Perón e instauraban la última dictadura militar en la Argentina del siglo xx. Sin embargo, la intervención de las Fuerzas Armadas no era una novedad: desde 1930 en adelante, el país fue escenario de al menos un golpe de Estado por década (1930, 1943, 1955, 1962, 1966, 1976), lo que exhibe la debilidad de las instituciones democráticas y la constante presencia castrense en la vida política.

El golpe de 1976 fue una de las intervenciones militares más anunciadas y esperadas de la historia nacional. Era notorio, desde los meses previos, que el gobierno peronista se había quedado prácticamente sin apoyos sociales o atisbos de legitimidad política, lo que podría explicar no solo que el acontecimiento no despertara casi sorpresas en la ciudadanía, sino también que las resistencias, si es que las hubo, fueran imperceptibles. Hubo apenas un tibio anuncio de un paro general de actividades, dispuesto por un grupo de dirigentes sindicales de la Confederación General del Trabajo (cgt) y las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas que se encontraban reunidos en la madrugada del golpe en el Ministerio de Trabajo, que no se confirmó ni tuvo ningún acatamiento. Tampoco las organizaciones político-militares que venían actuando desde principios de la década de 1970 pudieron organizar una resistencia efectiva, habida cuenta de los duros golpes que el accionar represivo comandado por las Fuerzas Armadas les venía asestando desde el año anterior, cuyo resultado más evidente fue la pérdida de gran parte de su capacidad militar y operativa. La ausencia de alternativas, expresada en la debilidad de la oposición político-partidaria, así como en un visible consenso político respecto de la intervención militar, abrió paso a una nueva salida golpista, en un contexto en el que la presencia de las Fuerzas Armadas se había acrecentado por su participación en la represión con el objetivo de «aniquilar a la subversión», tal como lo establecían los decretos firmados por el gobierno peronista en febrero y octubre de 1975. Los militares actuarían una vez más como árbitros en las disputas políticas, y se daba inicio al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (prn), la última y más cruenta dictadura militar del siglo xx.

Todas las evidencias disponibles muestran que el golpe fue en general bien recibido, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. El involucramiento en la gestación del golpe de Estado de sectores de la derecha nacionalista católica y de grupos liberales, así como de las cúpulas empresarias, está consistentemente probado, y las Fuerzas Armadas recibieron amplios avales cuando distintos sectores del campo político, social e institucional se pronunciaron públicamente a favor del gobierno militar, de sus objetivos o de algunas de sus políticas. El consenso inicial –y activo– del que gozaron los golpistas puede medirse a través de diferentes datos: en las declaraciones públicas de simpatía o apoyo hacia el régimen militar, en la participación de civiles en los elencos gubernamentales, en la intervención en la elaboración y/o la inspiración ideológica que proveyeron intelectuales de la derecha al programa económico, al plan represivo, a la política educativa o cultural, por solo citar los más notorios; a la vez que el régimen militar fue acompañado de diversas maneras por un conjunto de actores políticos, sociales, institucionales y corporativos.

Entre los objetivos definidos en los documentos básicos del prn, se planteaba el alineamiento con el «mundo occidental y cristiano», y ello requería, en particular, el reconocimiento de Estados Unidos, su principal potencia. La embajada estadounidense en el país estaba dirigida por Robert Hill (un republicano veterano de la Guerra de Corea y ferviente anticomunista), quien conocía los preparativos militares y vio con buenos ojos que el derrocamiento del gobierno peronista fuera incruento. Los documentos desclasificados del gobierno estadounidense muestran que desde antes del golpe manejaba información sobre posibles violaciones a los derechos humanos en Argentina y que el titular del Departamento de Estado, Henry Kissinger, sostuvo la necesidad de apoyar al gobierno militar. En tal sentido, ha sido señalada esta dualidad de posiciones: de un lado el sostenido apoyo de Kissinger al gobierno militar y, en general, a las dictaduras del Cono Sur, como secretario de Estado, frente a la posición de aquellos que –ante las críticas de los sectores liberales del Congreso y de la opinión pública estadounidense a la política exterior ejercida por ese país– pedían prudencia, no intervención (hands off) y no cometer los mismos errores que con las dictaduras de Chile y Uruguay, sosteniendo gobiernos que violaban los derechos humanos1. A pesar de las diferencias, terminó primando la posición favorable al apoyo a los militares argentinos y, a pocos días de producido el golpe, eeuu reconoció diplomáticamente al nuevo gobierno y, como una muestra más de apoyo a la Junta Militar, el Fondo Monetario Internacional (fmi) aprobó un crédito de 127 millones de dólares.

A partir del golpe de Estado, y a diferencia de Chile, donde el poder se personalizó en la figura de Augusto Pinochet, las Fuerzas Armadas argentinas ejercieron un poder «colegiado» con representación de las tres armas en las distintas juntas militares, si bien el Ejército tuvo primacía. La primera Junta Militar, conducida por el general Jorge Rafael Videla, gobernó el país desde marzo de 1976 hasta los primeros meses de 1981. Entre 1981 y 1983 se sucedieron otras tres juntas también encabezadas por generales del Ejército: Roberto Eduardo Viola (entre abril y diciembre de 1981), Leopoldo Fortunato Galtieri (de diciembre de 1981 a junio de 1982) y Reynaldo Bignone (de junio de 1982 a diciembre de 1983). Se trataba de un elenco gubernamental integrado mayoritariamente por militares –como expresión del alto grado de militarización del Estado–, si bien contó con algunos civiles en puestos importantes, como en los ministerios de Educación y Economía (a cargo de los dos principales sectores civiles que acompañaron al prn, respectivamente los nacionalistas católicos y los liberales). Por su parte, las gobernaciones de las provincias y las grandes ciudades del país quedaron también en manos de altos oficiales de las tres Fuerzas Armadas, quienes incorporaron a algunos civiles en sus gobiernos con variaciones según cada provincia, mientras que fue en los ámbitos municipales y/o comunales donde se verificó la mayor presencia de civiles en los puestos de gobierno –en general, afiliados a los partidos «amigos del Proceso» (organizaciones o alianzas de centroderecha encolumnadas con el régimen militar) o vinculados a las «fuerzas vivas» o los sectores «representativos» en el nivel local–.

Las gobernaciones de las provincias y las grandes ciudades del país quedaron también en manos de altos oficiales de las tres Fuerzas Armadas

En términos puntuales, y a diferencia de lo sucedido en la anterior dictadura (1966-1973), los militares no prohibieron la actividad político-partidaria, aunque le impusieron importantes restricciones. El mismo día del golpe de Estado, junto con la clausura del Congreso Nacional, las legislaturas provinciales y concejos municipales, la Junta Militar dispuso la suspensión de la actividad de los partidos políticos, y en junio se disolvieron o ilegalizaron varias decenas de agrupaciones políticas, sindicales y estudiantiles, casi todas ellas ligadas a la izquierda peronista y marxista, lo que complementaba la embestida represiva dirigida hacia los militantes y simpatizantes de esa parte del espectro político (que, aunque venía produciéndose desde 1974-1975, se intensificó luego del golpe). Por su parte, la ley 21.323 suspendió la actividad política, si bien permitió la supervivencia de algunos espacios para que las organizaciones que no fueron ilegalizadas –los considerados partidos «parlamentarios»– pudieran seguir funcionando, aunque con serias limitaciones. Con todo, los partidos no desaparecieron y sostuvieron ciertas actividades políticas internas y externas.

Con la excepción de las organizaciones de la derecha liberal y conservadora, que se alinearon abiertamente con las Fuerzas Armadas, el resto de los partidos políticos no apoyó el golpe de Estado. Sin embargo, al menos en lo que refiere a los partidos que siguieron siendo legales, tampoco se posicionaron en la resistencia ni alentaron actitudes de confrontación o crítica abierta a las nuevas autoridades militares. Sobre todo durante los primeros tramos, se mantuvieron en una silenciosa expectativa, se expresaron con cautela o mantuvieron un perfil bajo frente al gobierno de las Fuerzas Armadas, abriendo un «compás de espera» que facilitó la consolidación del régimen militar. A la vez, algunos dirigentes mantuvieron contactos informales con el gobierno de facto o sus funcionarios y, cuando plantearon críticas, estas se centraron sobre todo en la política económica2.

Los golpistas se propusieron objetivos muy ambiciosos con la pretensión de refundar y reorganizar la nación, para cerrar una etapa que definían como de caos, desgobierno y corrupción, todo lo que había favorecido el surgimiento y desarrollo de la denominada «subversión». En la definición de metas y objetivos, la restauración del orden tenía primacía: para ello, las Fuerzas Armadas desplegaron una violenta represión con particular intensidad en los primeros años, que tuvo amplios efectos no solo sobre los sectores movilizados sino también sobre parte de la sociedad argentina. El otro objetivo central de los golpistas fue la reestructuración de la economía, vinculada a la implementación del plan liberal del ministro José Alfredo Martínez de Hoz. Este propugnaba una restructuración profunda del patrón de acumulación vigente mediante la apertura de la economía y la liberalización de los mercados (particularmente el financiero), el drástico recorte de la presencia y el papel del Estado en la gestión económica, el fortalecimiento del sector financiero, la reducción de la centralidad que ostentaba la industria en la estructura socioeconómica y la contracción de los salarios y de la participación de los trabajadores en la distribución del ingreso, para lo que contó con amplios apoyos en ámbitos económicos nacionales e internacionales.

A estos se podrían sumar otros elementos que formaron parte de los discursos y proyectos de las Fuerzas Armadas y sus aliados civiles, que referían al funcionamiento del sistema político y la relación con los partidos, la política sindical y laboral, las políticas educativas y culturales, además del autoritarismo, la censura y las restricciones a los derechos ciudadanos, lo que denota un proceso global de una amplitud y unas características que aparecen como inéditas en la historia nacional por su profundidad y amplitud. Sin embargo, no hubo una necesaria correlación entre los objetivos definidos en el momento del golpe, su aplicación en planes y políticas específicas a lo largo de la dictadura y los resultados obtenidos. Más bien, la implementación de las metas y propósitos de los golpistas mostró vaivenes y contradicciones, derivados en gran parte de la existencia de conflictos, tensiones e incluso de proyectos divergentes en el seno del gobierno militar.

Represión y disciplinamiento social

Las Fuerzas Armadas asumieron el comando de las acciones represivas en el curso del año 1975, convocadas por el gobierno constitucional para «aniquilar a la subversión». En febrero comenzaron a operar en la provincia de Tucumán, para eliminar el foco guerrillero instalado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (erp), y a partir de octubre ese accionar se extendió a todo el territorio nacional, dividido en zonas, subzonas y áreas bajo control de las autoridades militares. Así, la represión fue diseñada, coordinada y ejecutada por las Fuerzas Armadas y contó con la participación activa de otras fuerzas represivas. Se trataba, en suma, de organismos e instituciones estatales –y sus agentes: militares, policías, gendarmes, personal de inteligencia– que existían desde mucho antes del golpe de Estado y que adecuaron sus estructuras y prácticas para el aniquilamiento del «enemigo interno» utilizando para ello procedimientos legales, semilegales o clandestinos.

La categoría «delincuente subversivo» poseía alcances tan amplios como difusos

Las víctimas potenciales de la represión eran, sobre todo, aquellos con una actuación militante o una vinculación en algún grado con lo que la jerga policial y de inteligencia denominaba «bandas de delincuentes subversivos» o «bandas de delincuentes terroristas», constituidas en primer lugar por las organizaciones político-militares de izquierda, incluidos sus frentes legales o estructuras de superficie barriales, sindicales y estudiantiles. Sin embargo, la categoría «delincuente subversivo» poseía alcances tan amplios como difusos, y en ella fueron incluidos tanto los militantes de las organizaciones guerrilleras como los integrantes de otras corrientes, en general de izquierda.

La modalidad más extendida fueron las prácticas clandestinas, en un circuito que se iniciaba con la detección por parte de los organismos de inteligencia, seguía con procedimientos y secuestros realizados por los «grupos de tareas» y traslados a centros de detención clandestina (donde se utilizó en forma sistemática la tortura para obtener información), y muchas veces culminaba en la desaparición o el asesinato de las víctimas. Esta represión paralegal se articuló con otra «normativizada», constituida por una batería de leyes y decretos que otorgaron el marco jurídico-legal a las tareas de aniquilamiento de la «subversión», algunas de las cuales habían sido dictadas en los años previos –como la Ley Nº 20.840 de Seguridad Nacional y Actividades Subversivas– y fueron mantenidas o refrendadas por el gobierno militar y complementadas con otras. Por otro lado, el ejercicio de la represión involucró a diversas agencias e instituciones estatales, en primer lugar las cárceles, que constituyeron un dispositivo represivo clave desde mucho antes de la última dictadura. Sin agotar el despliegue de prácticas represivas, también es necesario mencionar su dimensión transnacional, es decir la realización de acciones extraterritoriales por parte de agentes y organismos militares, policiales y de inteligencia de los distintos países de la región, de las cuales la Operación Cóndor es la experiencia más conocida y estudiada.

En términos más amplios, la dictadura cercenó las libertades públicas, limitó la participación política y censuró las expresiones de disidencia, si bien, por otro lado, no desdeñó la institucionalización y la legalidad, las apelaciones a la democracia o la relación con dirigentes de diversas procedencias partidarias. A la vez que ostentó una faceta clandestina o paralegal en el ejercicio del accionar represivo, recurrió –como estrategia de legitimación– a la continuidad de un conjunto de mecanismos institucionales (la vigencia de la propia Constitución nacional) y/o a la construcción de un marco jurídico-legal más afín a sus objetivos (el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, al cual se supeditaba la Constitución; una batería de leyes y decretos, una nueva Corte Suprema de Justicia, etc.).

No es posible dimensionar cabalmente el alcance y la significación de las medidas que conformaron el programa implementado a partir de abril de 1976 si no se enlazan con el embate disciplinador dirigido hacia los trabajadores. La estrategia económica de la gestión de Martínez de Hoz –que redujo el nivel adquisitivo del salario cerca de 40% respecto de la primera mitad de la década3– y, en una perspectiva conexa, la represión hacia el movimiento obrero buscaron y tuvieron como principal efecto la distribución regresiva del ingreso y el disciplinamiento de la mano de obra.

Si bien la persecución hacia los trabajadores había comenzado bastante antes del golpe –con frecuencia, con el argumento de enfrentar a la «guerrilla fabril» y la delincuencia subversiva–, la situación se agravó a partir de la toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas, cuando efectivos militares y policiales ocuparon varias plantas fabriles en las principales zonas industriales del país, se establecieron rigurosos controles sobre los trabajadores de empresas estatales y privadas, y se produjeron numerosas detenciones e incluso desapariciones de dirigentes, delegados y activistas, la inmensa mayoría vinculados a corrientes sindicales de izquierda o antiburocráticas4.

Durante los primeros meses del régimen militar, el marco normativo e institucional de funcionamiento del sindicalismo fue alterado unilateralmente mediante la derogación, la suspensión y la reforma de las leyes laborales fundamentales, como la de Contrato de Trabajo, Convenciones Colectivas, Asociaciones Profesionales y Obras Sociales. Con el objetivo de «reordenar» la actividad sindical, luego del golpe la Junta Militar dispuso la intervención de la cgt y de decenas de sindicatos y federaciones, que quedaron en manos de interventores militares o delegados normalizadores. Se prohibieron las actividades político-gremiales y se suspendieron las negociaciones colectivas; se suprimieron los fueros sindicales; se suspendió el derecho de huelga y se modificó el régimen de contrato de trabajo, lo que afectaba la estabilidad en el empleo y eliminaba garantías laborales.

Las cúpulas sindicales se recompusieron relativamente rápido y comenzaron a actuar como interlocutoras del gobierno

Todas estas medidas tuvieron importantes efectos sobre la actividad sindical, en tanto redujeron los niveles de conflictividad y constriñeron los márgenes de acción de las dirigencias tradicionales, pero no eliminaron los conflictos laborales (que incluyeron huelgas o medidas abiertas de protesta, quites de colaboración o trabajo a reglamento, además de sabotajes, trabajo «a tristeza» y otras acciones de resistencia), que se registraron en distintos momentos a lo largo de toda la dictadura. Tampoco anularon a las cúpulas sindicales, que se recompusieron relativamente rápido y comenzaron a actuar como interlocutoras del gobierno. La respuesta del régimen militar fue, en general, represiva –expresada en las detenciones, el secuestro e incluso la desaparición de activistas y dirigentes sindicales, la prohibición o ilegalización de las medidas de fuerza, etc.–, replicada por las propias patronales a través de la suspensión o el despido de delegados obreros o dirigentes sindicales, si bien en muchos casos los trabajadores consiguieron la satisfacción total o parcial a sus demandas, sobre todo si eran de tipo salarial.

Por su parte, la represión se dirigió en forma señalada hacia el sistema educativo y se tradujo no solo en la persecución y la desaparición de docentes y estudiantes, sino también en el control de los contenidos de la enseñanza, la imposición de rígidas medidas disciplinarias para los alumnos5 y la erradicación de las actividades políticas en escuelas y universidades.

Uno de los aspectos paradigmáticos fue la introducción de los cursos obligatorios de Formación Moral y Cívica en las escuelas secundarias

La nueva propuesta educativa tenía objetivos ambiciosos y la reforma de planes de estudio fue el medio a través del cual se propuso internalizar en los niños y jóvenes un conjunto de valores y dogmas tradicionales, representados en el trípode Dios-Patria-Hogar, que atravesó el conjunto de la educación y expresó la notable influencia de la Iglesia católica en este ámbito (que, por cierto, no era nueva en la educación argentina). Uno de los aspectos paradigmáticos fue la introducción de los cursos obligatorios de Formación Moral y Cívica en las escuelas secundarias, a lo que se sumaron la uniformización de los contenidos, un marcado sesgo antirracionalista y anticientífico, o la eliminación de la educación primaria de los aspectos «subversivos» que introducía la matemática moderna.

En el caso de la universidad –considerada como uno de los escenarios privilegiados en los que se desplegaba la acción de los «ideólogos de la subversión»–, ese objetivo se llevó a cabo mediante una drástica reorganización de las casas de altos estudios, intervenidas desde marzo de 1976 por el Poder Ejecutivo Nacional, la promulgación de una nueva ley universitaria, la imposición de un rígido régimen de ingreso con cupos por universidad, el arancelamiento de los estudios universitarios, el cierre de algunas carreras y la suspensión del ingreso en otras, cambios en los planes de estudio, etc., que se sumaron al exilio, asesinato o desaparición de miles de docentes y estudiantes universitarios.

No debería perderse de vista que a la brutal acción de los comandos represivos, con su secuela de muertos y desaparecidos, se sumó una sistemática ofensiva sobre los jóvenes y sus ámbitos de sociabilidad, expresada sobre todo en la satanización de la noche y en la imposición de un conjunto de valores retrógrados que impactó fuertemente sobre la vida cotidiana de estos grupos etarios6.

Se trató de un periodo de proscripciones y restricciones, que se desplegaron a través de la censura y la autocensura, así como de dispositivos de «acción psicológica», de estrategias, políticas culturales y propaganda implementadas desde diversas agencias estatales. Un entramado que funcionó como un conjunto de mecanismos de legitimación y, en la esfera de lo simbólico, complementó el uso de la violencia física y contribuyó a modelar comportamientos sociales y valores. Los custodios de la seguridad interior, la «moral y las buenas costumbres» impusieron una larga lista de prohibiciones que incluían libros y publicaciones, la censura de filmes y obras de teatro y la difusión de ciertos artistas y músicos, lo que cercenaba las posibilidades de expresión y de creación individual y colectiva, así como el derecho a gozar libremente de ellas.

En la mayor parte de los estudios sobre la última dictadura, el despliegue del terror por parte de las fuerzas represivas y sus efectos han sido la principal clave explicativa de los comportamientos y actitudes sociales visualizadas durante ese periodo. Tal afirmación tiene un consistente asidero, en tanto el ejercicio de la violencia represiva fue un elemento constitutivo del régimen militar. Es posible postular que el uso de la violencia (o la amenaza de ello) operó sobre la sociedad como un contundente mecanismo de disciplinamiento social, produciendo temor, apatía, inmovilidad o generando conformismo o aceptación pasiva del nuevo orden de cosas y, en otra dimensión, reduciendo al mínimo las expresiones de cuestionamiento al régimen, pero ello no explica el conjunto de comportamientos y actitudes sociales. El gobierno militar, aunque nunca buscó una base de masas, sino la despolitización y desmovilización social, ensayó estrategias y convocatorias hacia la sociedad que recibieron el apoyo (explícito o no tanto) de diversos sectores y que contribuyeron a configurar climas sociales y políticos denotados por, al menos en apariencia, un amplio consenso con las acciones del régimen. Esto resultó evidente sobre todo en algunos contextos, como el de la realización de la Copa Mundial de Fútbol de 1978, que para la dictadura se presentó como una apuesta política de primer orden para contrarrestarse una imagen internacional cada vez más desfavorable, sobre todo debido al impacto de las denuncias de exiliados argentinos e informes críticos de organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos que proliferaron en el exterior en aquel contexto7.

Las victorias del seleccionado nacional en los partidos que disputó generaron un creciente fervor popular y, sin mediar convocatoria gubernamental ni mediática, se produjeron festejos masivos y espontáneos en todo el país, que en ocasiones se han analizado como una oportunidad para la movilización de masas y la ocupación del espacio público en un contexto dominado por el autoritarismo, la prohibición de las reuniones masivas y las severas restricciones a la circulación de la información y de las personas8. Pero, además de la celebración callejera por los triunfos deportivos, en esos días también se produjeron otros episodios de exteriorización del apoyo al gobierno militar. El más conocido ocurrió al día siguiente de la obtención de la Copa Mundial por la Selección Nacional, cuando centenares de jóvenes (o miles, según las crónicas) que festejaban en Plaza de Mayo reclamaron la presencia de Videla al grito de «Si no sale [al balcón] es un holandés»9, «Videla corazón», «Y dale, dale flaco». La respuesta del presidente de facto fue salir a la calle y abrazarse con algunos manifestantes y, más tarde y en un gesto que volvería a repetir el general Galtieri en el contexto de la Guerra de Malvinas, asomarse a saludar a la multitud desde los balcones de la Casa Rosada. Estas manifestaciones no pueden ser explicadas únicamente a través de la manipulación del régimen militar y sus campañas de acción psicológica; seguramente la pasión futbolística, con su innegable impronta nacionalista, contribuyó a la legitimación –así fuera transitoria y efímera– de la dictadura.

Tensiones, conflictos y crisis

Como se ha demostrado, la dictadura no fue un régimen homogéneo10: la dirección de la economía (dividida entre los partidarios del liberalismo a ultranza, los sectores más corporativistas, los tecnócratas, los heterodoxos), el reparto de poder entre las distintas armas, la relación con los partidos políticos, los tiempos de la transición, entre otros problemas, tensionaron e incluso fracturaron el régimen y a sus personeros.

En esta dirección, es posible distinguir periodos o fases por las que transitó el gobierno militar. En los primeros años, durante gran parte del quinquenio en que gobernó Videla (1976-1981), los militares tuvieron un importante margen de maniobra para poner en marcha su proyecto. Fue un periodo que se caracterizó por un amplio y sistemático accionar represivo que concentró la mayor cantidad de detenciones, desapariciones y asesinatos y el momento de mayor aceptación social del régimen, mientras las expresiones de resistencia activa y organizada fueron exiguas y corrieron a cargo de grupos minoritarios, en particular en torno de la denuncia por las violaciones a los derechos humanos. La situación se modificaría hacia 1979-1980, al compás de un deterioro de la economía que afectó la legitimidad del régimen.

En octubre de 1980 fue designado por la Junta Militar el sucesor de Videla, el general Roberto E. Viola, para desempeñar el cargo de presidente de la Nación hasta 1984. Sin embargo, su gobierno sería considerablemente más breve: en diciembre de 1981 fue reemplazado por el general Leopoldo F. Galtieri, quien gobernó solo unos meses más, hasta el final de la guerra con Reino Unido en junio de 1982. El último tramo de la dictadura militar fue presidido por otro general del Ejército, Reynaldo B. Bignone, quien gestionaría los resortes del gobierno militar hasta la asunción de un gobierno civil en diciembre de 1983. Se abría así una etapa marcada por la inestabilidad social y política, que mostraba signos de agotamiento del proyecto de las Fuerzas Armadas.

El plan económico de Martínez de Hoz fue el tema principal de las críticas y cuestionamientos al gobierno militar desde sus primeros años

El plan económico de Martínez de Hoz fue el tema principal de las críticas y cuestionamientos al gobierno militar desde sus primeros años. Las políticas implementadas favorecieron la concentración del capital y la distribución regresiva del ingreso y beneficiaron a los sectores dominantes, si bien es un dato cierto que además de afectar duramente a los asalariados, también tuvieron consecuencias perjudiciales sobre algunas ramas de la industria y ciertas actividades productivas en el interior del país. Esto provocó quejas y críticas por parte de diversos sectores y organizaciones sindicales, políticas y empresariales del agro y la industria, que se profundizaron a medida que se hacían sentir sus efectos sobre la estructura socioeconómica. Estas críticas provenían incluso de quienes valoraban en forma positiva otras políticas del gobierno militar, en particular su accionar en la denominada «lucha contra la subversión».

Por su parte, la otra cuestión que adquirió visibilidad en la agenda política fue la de los derechos humanos. Aunque los militares se ocuparon de negar públicamente los crímenes, atribuirlos a «excesos» propios de una guerra irregular o a una «campaña antiargentina» organizada por la subversión, existían suficientes evidencias para probar las violaciones masivas a los derechos humanos que eran denunciadas desde el inicio de la dictadura por exiliados, por el movimiento de derechos humanos y por organizaciones humanitarias internacionales. Asimismo, la situación se discutió en distintas oportunidades en organismos internacionales como la Subcomisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (onu) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) de la Organización de Estados Americanos (oea).

La llegada a la Presidencia del demócrata James Carter en 1977 representó un cambio en las relaciones entre Washington y la dictadura argentina, ya que durante el gobierno republicano, y mientras Kissinger estuvo al frente del Departamento de Estado, primó el apoyo al gobierno militar11. La política exterior de Carter, de promoción y defensa de los derechos humanos, se tradujo en presiones a la Junta Militar a través de distintos medios: las visitas al país de su enviada Patricia Derian (a cargo de la Oficina de Derechos Humanos del Departamento de Estado), contactos y reuniones con diplomáticos y jefes militares donde se trató la cuestión, que incluyeron un encuentro entre Videla y Carter en septiembre de 1977, o condicionalidades para el otorgamiento de préstamos a Argentina. Como corolario, el gobierno estadounidense forzó a la Junta Militar a aceptar la visita de la cidh para verificar la situación de los derechos humanos en el país, lo que se concretó en 1979 y tuvo un significativo impacto. La Comisión recogió un total de 5.580 denuncias de familiares, víctimas y organismos de defensa de derechos humanos y, sobre esa base, elaboró un crítico informe acerca de la situación argentina, en el que se detallaban las prácticas represivas clandestinas –secuestros, desapariciones y torturas– que fue publicado en abril de 1980 pero cuya circulación fue prohibida en el país12. Esta línea de la política exterior de eeuu, bajo el gobierno de Carter, contrastaba fuertemente con la de la Unión Soviética, que no solo mantuvo durante estos años relaciones comerciales privilegiadas con Argentina, sino que en los foros internacionales evitó condenar al país cuando se trataron los casos de violaciones a los derechos humanos. Concretamente, en 1977, la urss votó en contra de incluir a Argentina como país a ser investigado por la Comisión de Derechos Humanos de la onu y repitió el voto negativo en 1981, cuando la resolución fue finalmente aprobada. Ello planteaba una diferencia notable con la posición de Moscú frente a otras dictaduras latinoamericanas, sobre todo el régimen de Pinochet en Chile. En relación con el intercambio comercial, este se profundizó sobre todo a partir de 1979, cuando la urss se convirtió en el principal socio comercial de Argentina y en su principal comprador de cereales hacia 1980-1981; un intercambio que alcanzó cifras récord en particular cuando eeuu puso en marcha el embargo de cereales por la intervención soviética en Afganistán13.

Solo hacia 1981-1982 el tema de los desaparecidos se incluyó de manera clara en los discursos y declaraciones de un conjunto de actores políticos, sociales e institucionales (entre ellos, partidos políticos, sindicatos y la Iglesia católica) y la cuestión de los derechos humanos se convirtió en un problema importante para el régimen militar14, que se sumó a la creciente conflictividad laboral y la reanimación de la actividad político-partidaria. Para ese momento estaba claro que se había reducido mucho el margen de maniobra del gobierno de las Fuerzas Armadas y, sobre todo, que la iniciativa ya no estaba solamente del lado del régimen, tal como lo evidenció la constitución en julio de 1981 de la Multipartidaria –un acuerdo entre cinco partidos que tenían existencia legal: la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista, el Partido Intransigente, el Partido Demócrata Cristiano y el Movimiento de Integración y Desarrollo–, que se situó como un polo de oposición civil al gobierno militar y demandó una pronta salida constitucional.

La denominada cgt Brasil anunció la realización de una marcha en la capital argentina y en distintas ciudades el 30 de marzo para decir «basta» a la dictadura

Para los primeros meses de 1982 arreciaron las críticas, en particular a las medidas económicas, por parte de entidades políticas, sindicales y empresarias. La denominada cgt Brasil15 anunció la realización de una marcha en la capital argentina y en distintas ciudades el 30 de marzo para decir «basta» a la dictadura, repudiar la política económica y reclamar la normalización constitucional, que puso en alerta al gobierno militar. La movilización más importante se produjo en la ciudad de Buenos Aires, en Plaza de Mayo, y estuvo jalonada por serios incidentes y choques entre los manifestantes y las fuerzas policiales, con un saldo de centenares de heridos y detenidos. En Mendoza, la feroz represión culminó con una persona muerta; en Rosario, la campaña intimidatoria previa a la realización de la marcha y el enorme despliegue policial fueron efectivos para evitar que los manifestantes llegaran a la plaza 25 de Mayo; en Córdoba, Tucumán y Mar del Plata también hubo detenidos y heridos. Así, se clausuraba con una durísima represión la más masiva concentración obrera desde el inicio del gobierno militar en marzo de 1976. Dos días después el país se despertaba con el anuncio del desembarco de tropas argentinas en las islas Malvinas16, una aspiración largamente sostenida por las Fuerzas Armadas y, en particular, por la Marina, a lo largo del siglo xx.

El gobierno de Galtieri esperaba que la operación militar forzara al gobierno inglés a negociar, en tanto se especulaba con que este no respondería a la acción argentina y que eeuu –a quien se consideraba un aliado, sobre todo después de la asunción del republicano Ronald Reagan a la Presidencia en enero de 1981– adoptaría una posición de neutralidad. En ambas cuestiones, los militares se equivocaron completamente: Reino Unido respondió con preparativos de guerra y eeuu, una vez que advirtió que el gobierno militar no cedería en su posición de mantenerse ocupando las islas, calificó a Argentina de país agresor y definió el apoyo diplomático y logístico a su tradicional aliado inglés. Como otra paradoja para una dictadura fervientemente anticomunista, las búsquedas de apoyos diplomáticos del gobierno militar en los foros internacionales contra el colonialismo inglés solo tuvieron eco en algunos países del llamado Tercer Mundo, entre los que se encontraba la Cuba comunista.

La ocupación de las islas Malvinas despertó una ola de entusiasmo nacionalista en la sociedad argentina

La ocupación de las islas Malvinas despertó una ola de entusiasmo nacionalista en la sociedad argentina, que operó como un elemento principal de legitimación de un gobierno cuestionado y desacreditado, tal como lo había mostrado la movilización del 30 de marzo. La guerra (abril-junio de 1982) modificó el curso de los acontecimientos, y durante un periodo relativamente breve, los conflictos que habían atravesado la escena social y política a lo largo de los últimos meses parecieron diluirse. Remedando una situación similar a la de la Copa Mundial de Fútbol de 1978, la iniciativa quedaba nuevamente del lado del régimen.

Una vez conocida la noticia del desembarco argentino en las islas Malvinas, el mismo 2 de abril, una multitud se congregó más o menos espontáneamente en la Plaza de Mayo de Buenos Aires y en las principales plazas de otras ciudades. Lo mismo se repitió el 10 de abril –cuando visitó el país el secretario de Estado de eeuu, Alexander Haig, en medio de las negociaciones de paz entre los dos gobiernos– y volvieron a producirse concentraciones en Buenos Aires y el interior. Ese día el general Galtieri salió al balcón de la Casa Rosada y dirigiéndose a las 100.000 personas que llenaban la Plaza de Mayo, dijo con tono desafiante: «Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla». Situaciones similares se produjeron en distintas ciudades del país, como en Rosario o Córdoba, que fueron escenario de marchas y concentraciones de apoyo a la acción militar, respaldo que se extendió a muchos representantes civiles y militares del régimen que participaron de los actos y homenajes.

A lo largo del conflicto y en casi todo el país hubo manifestaciones de toda índole convocadas por las autoridades gubernamentales y militares y por organizaciones sindicales, políticas y estudiantiles, así como diversas exteriorizaciones de apoyo a la decisión del gobierno: un caudal inagotable de pronunciamientos, declaraciones y comunicados de prensa emitidos por partidos políticos, entidades empresarias, sindicatos, organizaciones sociales, colegios profesionales, instituciones educativas, culturales, clubes de fútbol, sociedades vecinales, asociaciones étnicas, «personalidades de la cultura y el deporte», etc., que expresaban su entusiasta adhesión a la recuperación de las islas. Las manifestaciones sociales no se limitaron a llenar las plazas ante las convocatorias del gobierno y otras organizaciones de la sociedad civil o a publicar declaraciones, sino que la guerra despertó una enorme movilización de energías sociales que se tradujo en diversas iniciativas. Mientras duró la guerra, cientos de mujeres tejieron pulóveres, bufandas y gorros de lana, se redactaron miles de cartas que se acompañaban con chocolates para paliar el frío, se recolectaron toneladas de ropa de abrigo y alimentos para ser enviadas a los soldados que combatían en el lejano sur y se realizaron festivales y recitales, actividades culturales de difusión y de solidaridad. Finalmente, la guerra tuvo un impacto directo sobre la conflictividad social, a punto tal que la mayor parte de las movilizaciones que se verificaron en esos meses fueron a favor del gobierno militar o de su iniciativa de ocupar las islas. Las críticas o resistencias al conflicto bélico, aunque existieron, no fueron públicas o abiertas, ni siquiera en el caso de las fuerzas de la izquierda.

A poco de iniciados los combates, resultó evidente que los efectivos argentinos estaban peor equipados y entrenados que los británicos (cuyas fuerzas contaban con soldados profesionales, tropas de elite, integrados en batallones y fuerzas especiales) y fueron muy notorias las desventajas materiales y tecnológicas. Si bien el triunfalismo que dominaba los reportes de guerra brindados por la prensa difícilmente hacía prever una clara derrota, luego de la primera visita del papa Juan Pablo ii al país y a poco más de dos meses de la ocupación de las islas, se anunció el fin del conflicto bélico en el Atlántico Sur. El 14 de junio, el general Mario Benjamín Menéndez, gobernador y comandante militar de las islas, firmó la rendición. La guerra culminaba con un saldo de 649 combatientes muertos y casi 1.200 heridos.

El final de la dictadura

Así como la noticia del desembarco argentino en las islas Malvinas el 2 de abril había generado un notable caudal de apoyos y adhesiones políticas y sociales que alcanzaron al gobierno militar y se mantuvieron durante casi todo el trámite de la guerra, cuando se conoció la derrota militar a mediados de junio, la situación política y el clima social cambiaron drásticamente. Una combinación de alivio por el fin del conflicto, de desencanto y, finalmente, de estupor se adueñó de la sociedad argentina, al compás de la difusión en los medios de comunicación de las cifras de los caídos en combate, de las denuncias por los malos tratos sufridos por los soldados a manos de los oficiales e incluso del manejo irregular de las masivas donaciones ciudadanas. La abierta y generalizada expresión de resistencias y cuestionamientos a la dictadura mostraba a una sociedad en ebullición17.

El poder militar se resquebrajó: se produjeron cambios en la Junta Militar, el general Galtieri, la cara visible de la derrota, fue forzado a renunciar, y en su lugar el Ejército designó como presidente al general Bignone. La Armada y la Fuerza Aérea comunicaron que se retiraban de la conducción política del prn, que quedaba a partir de ese momento en manos del Ejército, aunque se mantuvieron en la Junta Militar para tener injerencia en algunas cuestiones como las de seguridad y defensa.

Tras asumir el cargo de presidente, el general Bignone anunció el fin de la veda política y el traspaso del poder a un gobierno civil para el primer trimestre de 1984. Además, todas las carteras del gabinete nacional, excepto el Ministerio del Interior, quedaron en manos de civiles.

La situación política y social cambió bruscamente y abrió paso a la salida constitucional. La crisis económica y política en la que se sumió el régimen acicateó la protesta social y se generalizaron las expresiones de resistencia y los cuestionamientos a la dictadura en el ámbito laboral y sindical, el movimiento de derechos humanos y los movimientos barriales o vecinales, de mujeres o juveniles, los partidos políticos y los espacios culturales.

Mientras se aceleraba el final de la dictadura y los tiempos electorales (las elecciones se fijaron para octubre de 1983), el problema de los desaparecidos y las denuncias de los organismos de derechos humanos alcanzaron un impacto significativo social y político. Hacia 1983, los militares decidieron sistematizar su propia versión de la represión, que incluía, por un lado, la reivindicación de todo lo actuado durante la «guerra antisubversiva» y, por otro, el reconocimiento de «errores» o «excesos». Dictaron, además, una ley de autoamnistía que limitaba cualquier posibilidad de penalizar a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad acusados o sospechados de haber violado los derechos humanos. Todo ello recibió un amplio repudio del movimiento de derechos humanos, los partidos políticos y las organizaciones sociales.

Finalmente, el 30 de octubre de 1983 se realizaron las elecciones que dieron el triunfo a Raúl Alfonsín, quien asumió la Presidencia de la Nación el 10 de diciembre de ese año. Se clausuraba así la última y más cruenta de las dictaduras argentinas –y, con ella, el rol que habían desempeñado las Fuerzas Armadas en el sistema político-institucional argentino y el ciclo de alternancia entre civiles y militares que caracterizó el siglo xx–, algunos de cuyos efectos todavía son visibles hoy, a 40 años de ese acontecimiento.

Gabriela Águila: es historiadora. Es profesora de Historia Latinoamericana Contemporánea en la Universidad Nacional de Rosario (unr) e investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina. Sus líneas de investigación se centran en la historia de la última dictadura militar, el ejercicio de la represión y el estudio de la transición democrática argentina.

Palabras claves: derechos humanos, dictadura militar, golpe de Estado, represión, Argentina.

1. «Transcript of Proceedings, ‘The Secretary’s Staff Meeting – Friday, 3/26/76’, Secret», 26/3/1976 en Archivo Nacional de Seguridad de eeuu, disponible en <https://nsarchive.gwu.edu>.

2. Hugo Quiroga: El tiempo del «Proceso». Conflictos y coincidencias entre políticos y militares. 1976-1983, Fundación Ross, Rosario, 1994; Paula Canelo: La política secreta de la última dictadura argentina (1976-1983), Edhasa, Buenos Aires, 2016.

3. La participación de los asalariados en la distribución del ingreso se redujo de 48,5% en 1975 a 30,4% en 1977. Eduardo Basualdo, Juan Santarcángelo y otros: El Banco de la Nación Argentina y la dictadura. El impacto de las transformaciones económicas y financieras en la política crediticia, Siglo xxi Editores, Buenos Aires, 2016.

4. Daniel Dicósimo: «Represión estatal, violencia y relaciones laborales durante la última dictadura militar en la Argentina» en Contenciosa. Revista sobre violencia política, represiones y resistencias en la historia iberoamericana No 1, 2013. Tb. aavv: Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado, edunam, Posadas, 2016.

5. En mayo de 1976 se establecieron como faltas de conducta: el desaliño personal, la falta de aseo, el cabello largo que exceda el borde del cuello de la camisa en los varones y no recogido en las niñas, el uso de barba en los varones y maquillaje excesivo en las mujeres, vestimenta no acorde con las instrucciones impartidas por las autoridades, juegos de manos, desobediencia a órdenes impartidas por las autoridades, indisciplina general, resistencia pasiva, incitación al desorden, asentar leyendas, llevar revistas u otros elementos ajenos a las actividades propias del establecimiento, fumar, etc. V. La Capital, 22/5/76.

6. Laura Luciani: Juventud en dictadura: representaciones, políticas y experiencias juveniles en Rosario: 1976-1983, ungs / unlp / unam, Los Polvorines-La Plata-Posadas, 2017.

7. Marina Franco: El exilio. Argentinos en Francia durante la dictadura, Siglo xxi Editores, Buenos Aires, 2008.

8. Ver Pablo Alabarces: Fútbol y patria, Prometeo, Buenos Aires, 2002.

9. Recordemos que Argentina disputó con ese país europeo la final de la Copa del Mundo.

10. Paula Canelo: El Proceso en su laberinto. La interna militar de Videla a Bignone, Prometeo, Buenos Aires, 2008.

11. Daniel Mazzei: «El águila y el cóndor. La relación entre el Departamento de Estado y la dictadura argentina durante la administración Ford (1976-1977)» en Huellas de los Estados Unidos No 5, 2015.

12. cidh: Informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, 4/1980, disponible en <www.cidh.oas.org/>.

13. Sobre las dimensiones políticas de estos vínculos, v. Andrey Schelchkov: «El Partido Comunista de la Unión Soviética, el Partido Comunista argentino y la dictadura militar, 1976-1983» en Revista Izquierdas No 51, 7/2022.

14. M. Franco: El final del silencio. Dictadura, sociedad y derechos humanos en la transición (Argentina, 1979-1983), fce, Buenos Aires, 2018.

15. Denominada así por la calle donde se ubicaba su sede en Buenos Aires, y diferenciada del sindicalismo más negociador con la dictadura, fue dirigida por Saúl Ubaldini.

16. Federico Lorenz: Las guerras por Malvinas, Edhasa, Buenos Aires, 2006 y Malvinas. Una guerra argentina, Sudamericana, Buenos Aires, 2009; Andrea B. Rodríguez: Batallas contra los silencios. La posguerra de los ex combatientes del Apostadero Naval Malvinas: 1982-2013, ungs / unlp / unam, Los Polvorines-La Plata-Posadas, 2020.

17. Ver Marcos Novaro y Vicente Palermo: La dictadura militar. 1976/1983. Del golpe de Estado a la restauración democrática, Paidós, Buenos Aires, 2003, pp. 511-512.

¿Para qué sirve ganar un Mundial?

Tres modos de ser felices

Pablo Alabarces

Entre tantas malas noticias, la victoria en la Copa del Mundo de Qatar, en 2022, parece haber sido lo único digno de celebración en la Argentina pospandémica. Que las únicas alegrías comunitarias sean futbolísticas no permite un gran optimismo. Pero, al menos, habilita algún estallido de felicidad. ¿Una mera felicidad compensatoria?

A pesar del tiempo transcurrido y el aluvión de malas noticias, casi nadie en Argentina olvida que en diciembre de 2022, hace tan poco tiempo, el equipo nacional masculino de fútbol ganaba su tercera Copa del Mundo en la historia de ese torneo. Este acontecimiento provocó una explosión jubilosa, con millones de personas festejando en las calles de todo el país y una manifestación aún más grande dos días más tarde, al regreso del plantel a Buenos Aires –la movilización popular más importante de la historia local y, posiblemente, una de las mayores a escala internacional–. No nos proponemos revivir esa felicidad irrepetible y legítima –y especialmente compensatoria, en los contextos cada vez más difíciles que el país experimentó en los meses que siguieron–, sino solo analizar algunos de sus modos de funcionamiento y puesta en escena, en particular en su relación con las narrativas nacionalistas y con las expectativas políticas. Después de todo, pocas veces hemos escuchado hablar tanto de la «unidad nacional», en este caso milagrosamente representada por 30 jóvenes hombres muy bien alimentados y entrenados. Para eso, proponemos repasar las transmisiones televisivas, los comportamientos de los hinchas (hombres y mujeres), los festejos callejeros y la presunta heroicidad popular de Lionel Messi, consagrada apenas dos años después de la muerte del gran héroe nacional-popular-futbolístico, Diego Maradona.

La felicidad televisada

En Argentina, la relación estrecha entre medios audiovisuales –cine y luego televisión– y fútbol es de larga data. El peso del fútbol como práctica popular, expandida por todo el territorio nacional, fue representado por los medios audiovisuales como un marcador de diferencias e identidades: de colores, símbolos, nacionalidades, clases, territorios1.

A partir de finales de la década de 1980, con la privatización de casi todas las transmisiones televisivas y radiales, se desarrolló una narrativa autónoma, fundamentalmente producida por los medios de comunicación de administración privada. El fútbol se consolidó como una mercancía clave de la industria cultural, e incluso puede afirmarse que los avances y cambios tecnológicos en la distribución de imágenes fueron motivados por él: la televisión a color por la Copa del Mundo de 1978, la transmisión satelital necesaria para solventar las enormes distancias del territorio desde la década de 1980 y, finalmente, la distribución hogareña por cable desde inicios de la de 1990, cuando la oferta del fútbol local era la mercancía más preciada. Obviamente, y en simultáneo con las experiencias europeas, esto llevó a la aparición de las señales codificadas y el pay per view, desde finales del siglo xx. La oferta de fútbol fue una de las razones fundamentales de la consolidación del gran monopolio mediático del Grupo Clarín, que contrató los derechos exclusivos de este deporte e incluso intentó monopolizar las transmisiones del equipo nacional y difundirlas por antena satelital, aunque esto fue prohibido por una ley nacional en 2001.

La oferta de fútbol fue una de las razones fundamentales de la consolidación del gran monopolio mediático del Grupo Clarín

Como parte de las disputas políticas entre el peronismo kirchnerista y la oposición conservadora, en 2009 el gobierno nacional nacionalizó esas transmisiones deportivas mediante un nuevo contrato con la Asociación del Fútbol Argentino (afa), por el cual se creó el programa Fútbol para Todos. Aunque no fuera su objetivo central, esa política implicó la producción de un instrumento jurídico –seguido un año más tarde por la ampliación a todos los deportes en los que participaran representaciones argentinas en competencias internacionales– que afirmaba la condición patrimonial del deporte local y su valor cultural (simbólico) para la producción de una identidad «nacional». Con la asunción de la alianza liberal-conservadora Cambiemos (2015-2019), con el empresario (y ex-presidente del club de fútbol Boca Juniors) Mauricio Macri como presidente de la República, los derechos televisivos volvieron a ser comercializados por las señales privadas, esta vez a cargo de las compañías Fox y Turner, aunque luego la entrada de The Walt Disney Company en el mercado deportivo, mediante la adquisición de la cadena espn, volvería a modificar el mapa. Sin embargo, el nuevo gobierno no pudo alterar la condición patrimonial del fútbol argentino en sus competencias internacionales: el esfuerzo privatizador debió dejar fuera la televisación de los juegos de la selección argentina de fútbol, que se continuaron transmitiendo por aire y por la Televisión Pública, la única televisora de aire en manos del Estado nacional.

En 2019, tras el regreso al gobierno nacional del peronismo, con la presidencia de Alberto Fernández y la vicepresidencia de Cristina Fernández de Kirchner, no hubo cambios: tanto la producción como la circulación de imágenes deportivas continuaron en manos privadas y transnacionales. Sin embargo, el Mundial de Qatar 2022 mostró un intento narrativo de retomar algunos elementos de la tradición peronista. Los medios públicos trazaron una línea argumentativa precisa en relación con la selección nacional, la Copa del Mundo y su televisación: en su clip promocional del evento, la narración televisiva pública insistía en símbolos como la camiseta, la bandera y el himno argentinos2. Se apelaba al recuerdo de Diego Maradona, fallecido menos de dos años antes: el futbolista aparecía en un partido frente a Bélgica durante el Mundial de 1986, en el que la selección conquistaría su segundo trofeo. Una voz en off advertía: «tenemos la camiseta puesta: la de Diego, la de Lío» (por Maradona y Messi, respectivamente), en un esfuerzo por construir el tono emocional propio del género, pero, además, edificar a los personajes de esa narración en tipos de héroes con características épicas y dramáticas. El antecedente victorioso de la Copa América 2021, disputada en Brasil y conquistada por Argentina, se narraba a través de los festejos de los hinchas en el Obelisco (en el centro de la ciudad de Buenos Aires), en el Monumento a los Caídos de Malvinas (en Ushuaia) y en el Monumento a la Bandera (en Rosario, la tercera ciudad argentina por población y cuna de Messi), reproducidos por imágenes grabadas por aficionados con dispositivos móviles. La posibilidad de participar en la creación de una comunicación pública se expresaba así en el clip, que sintetizaba en pantalla la relación exclusiva con la televisión y la presunta conexión unánime de los argentinos.

Se trataba de una transmisión federal que buscaba representar, a través de la metonimia, todo el territorio nacional. Asimismo, el hiperbólico relato de los partidos dejaba ver una tendencia que persiste desde la década de 1990 en el periodismo deportivo: los periodistas son hinchas y actúan como tales. El desempeño en las transmisiones de Pablo Giralt, relator central de la Televisión Pública, marcó el tono distintivo de esta relación emocional y sentimental con el espectáculo: lloró relatando y se grabó, llorando, con su teléfono, para luego difundir por las redes sociales su compromiso identitario y emotivo. Es decir, una mera redundancia narcisista y melodramática –para ser parcos con los adjetivos–.

El clip de promoción remarcaba el origen de distintas provincias y localidades de los 26 jugadores argentinos que formaron el equipo

El clip de promoción que circuló antes, durante y luego de los partidos que disputó Argentina resaltaba una estética netamente federal3. Remarcaba así el origen de distintas provincias y localidades de los 26 jugadores argentinos que formaron el equipo. Todo el plantel de la selección era presentado con planos americanos frontales ordenados por regiones (provincias) y con zócalos individuales que indicaban nombre y lugar de procedencia: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, La Pampa, Neuquén, Entre Ríos. El clip cierra con un plano general con todos y la consigna «La selección federal, en el canal más federal», con sonidos percusivos de un bombo. La cortina musical, la canción «Tierra zanta» cantada por el joven cantante de trap Trueno, alude a este argumento narrativo que presenta el territorio, la tierra, como elemento identitario y común del fútbol argentino:

Si preguntan quién soy / Qué llevo, a dónde voy / Soy de tierra santa / Soy de donde nací / Donde voy a morir / Mi tierra santa / Si preguntan quién soy (si preguntan quién soy) / Qué llevo, a dónde voy (qué llevo, a dónde voy) / Soy de tierra santa / Soy de donde nací (soy de donde nací) / Donde voy a morir (donde me voy a morir) / Mi tierra santa.

Dos cuestiones son centrales en esta narración. El encadenamiento de imágenes entre los comienzos del programa estatal Fútbol para Todos (2010) y la presentación del Mundial de Qatar (2022), en los medios públicos, conecta las dos ideas entre las que se juegan los significados históricamente propuestos de la patria futbolística: el pibe –el niño jugador, siempre talentoso e irreverente– y el potrero –el espacio informal del juego infantil o juvenil–, tal como los definió Eduardo Archetti hace un cuarto de siglo4. Si en 2010 los niños representaban la promesa deportiva, en 2022 se habían convertido en jugadores profesionales, narrados desde un Estado que intervenía –nuevamente– en el relato.

La profecía se cumplía. Pero de los 26 jugadores, solo uno jugaba en la liga local, dos jamás jugaron en el país y en el resto, el promedio de competencias en el torneo argentino antes de partir a las ligas del exterior –mayormente, europeas– era de 3,8 temporadas.

Tampoco podía ser mencionada en el spot la catástrofe económica del fútbol local. Las deudas organizan la crisis estructural del fútbol argentino, lo que consolidó –cada vez con mayor celeridad– un sistema de migración deportiva de jóvenes futbolistas que, en el mejor de los casos, cumplen con su tránsito en la etapa de fútbol formativo y luego son comercializados hacia Europa, Asia o Estados Unidos: es imposible competir con los salarios a escala global. Esto condiciona una segunda cuestión, que implica un desafío para el discurso estatal (nacional-popular): ¿cómo narrar la patria deportiva entre la profunda expansión global (económica y política) del fútbol y la pérdida de los Estados de su capacidad de incidencia en políticas de igualdad? La estrategia comunicacional de los medios argentinos –no solo de la Televisión Pública, sino de todos los medios de comunicación, en sus secciones deportivas pero también las generalistas– persiste en una idea asociada a un nacionalismo propio del siglo pasado: imaginar una comunidad articulada desde la lengua y el territorio. El fútbol es, en ese contexto, uno de los últimos espacios de nuestra modernidad periférica que soporta algún tipo de ficción nacionalista.

La muerte de Maradona en 2020 había dejado vacante el símbolo del héroe épico y trágico; la insistencia de los medios de comunicación en volver a llenar ese lugar, con Messi −uno de los jugadores de la selección que nunca jugaron en un club argentino− como héroe superheroico, estaba, claro, en el plano del deseo5. El punto de articulación estaba apenas en el origen, en la común pertenencia a la «tierra santa». Esa lejanía, entonces, debía ser relevada por cuerpos, gritos, sudores y corazones apasionados, cercanos, reales, lejanos de la máquina televisiva –aunque también debieran ser capturados por ella–: los nuevos héroes serían los hinchas.

Salir a festejar: la prueba corporal de la identidad

En Argentina, los triunfos del seleccionado argentino de fútbol masculino en las copas mundiales se festejaron siempre en el espacio público. En 1978, en 1986 y en 2022 las calles, plazas y avenidas fueron escenario de festejos multitudinarios. Pero es necesario desmenuzar las diferencias entre estos tres eventos, entendiendo que los usos del espacio público no pueden esquivar las lecturas políticas.

En 1978, la Copa del Mundo de fútbol se disputó en Argentina. Fue el primer triunfo de la selección local. Pero los festejos, que ocurrieron en el marco de la dictadura más sangrienta de la historia, abrieron dos interpretaciones muy diferentes. Por un lado, algunos consideraron que festejar durante la dictadura era recuperar la calle y la alegría: las multitudes «invadiendo» el espacio público burlaban las prohibiciones y volvían a reunirse frente a la censura estatal –las disposiciones oficiales en vigencia prohibían hasta entonces las reuniones públicas–. Otras interpretaciones, en cambio, sostienen que los festejos pueden ser comprendidos como un apoyo al gobierno: como una prueba del éxito de la Copa del Mundo como operación disciplinaria y de obtención de consenso por parte del Estado dictatorial.

En 1986, el escenario fue distinto: con la reciente recuperación de la democracia en 1983 y las nuevas libertades civiles, las multitudes volvieron a ocupar las calles, avenidas y plazas. Las interpretaciones sobre estos festejos recorren otros caminos. En 1986 y 2022 se dio la situación de doble festejo: en ambos casos, se festejó el día de la consagración y el de la llegada de los campeones al país, con posterioridad al hecho deportivo. El día del triunfo en 1986, los espacios públicos de todas las ciudades del país fueron cita de multitudes que, embanderadas con los colores nacionales, salieron a las calles –con la dominancia de los cánticos dedicados a Inglaterra, la selección vencida en los cuartos de final y a la vez el país vencedor en la guerra ocurrida apenas cuatro años antes–. El arribo de la selección campeona, suceso que obviamente no había acontecido en 1978, cuando Argentina era sede, permitió una instancia más de festejo. En esta oportunidad, los manifestantes se congregaron en la Plaza de Mayo, el centro simbólico de la vida política argentina, a uno de cuyos lados se encuentra la sede del gobierno nacional. En la Casa Rosada hay balcones que miran hacia la plaza y que han sido el lugar de emisión de diferentes discursos presidenciales, hitos de la historia del país, democráticos o no: fueron el escenario de los discursos populares del presidente Juan D. Perón, pero también del dictador Leopoldo F. Galtieri durante la Guerra de Malvinas. En 1986, la multitud recibió a los campeones del mundo en la Plaza de Mayo y los jugadores festejaron en esos balcones. El presidente Raúl Alfonsín, el primero de la transición democrática, recibió a los jugadores, abrazó a Maradona, besó la copa, pero no salió a saludar. Los jugadores festejaron y se sumaron a las canciones que coreaba la enfervorecida multitud que colmó las calles. Aquí, nuevamente, los hechos tuvieron distintas interpretaciones políticas. La más recurrente fue que los festejos no fueron politizados, y que ni el gobierno de turno ni la oposición pudieron –ni intentaron– convertir el éxito deportivo en capital político. También en esa dirección, y en un claro contraste, es preciso señalar que las multitudes de 1978 evitaron la Plaza de Mayo: no fueron a celebrar con el dictador Jorge Rafael Videla. A la vez, cuatro años después, la llegada del mismo equipo, derrotado en 1990 en la final de la Copa del Mundo de Italia, motivó también celebraciones populares en los mismos espacios, como una suerte de desagravio para los considerados «campeones morales» –alegando conspiraciones antiargentinas a las que la cultura futbolística local es muy afecta–. Sin embargo, en esa oportunidad, el saludo de los jugadores en los balcones de la Casa de Gobierno fue acompañado por la presencia del presidente peronista Carlos Menem; como buen populista, Menem creía que el éxito deportivo implicaba necesariamente la acumulación de capital político. En definitiva, es una creencia compartida por populistas de izquierda o de derecha, por semipopulistas y, como veremos, hasta por «antipopulistas»6.

Como buen populista, Menem creía que el éxito deportivo implicaba necesariamente la acumulación de capital político

En 2022, el día de la consagración en Qatar –el domingo 18 de diciembre–, millones de personas coparon las calles de todas las ciudades argentinas. La mirada desde Buenos Aires, la gran metrópoli que concentra el poder político y económico del país, hizo foco en lo acontecido en la avenida 9 de Julio, la más ancha de la ciudad y donde se encuentra el icónico Obelisco, eje de esas reuniones; pero los festejos en todo el país se multiplicaron. Millones cantaron, saltaron y expresaron una felicidad incomparable; nadie ha hecho hasta hoy una recopilación periodística de medios de distintas ciudades pequeñas, medianas y grandes que pueda apenas indicar cuántas personas se volcaron al festejo espontáneo, pero fueron muchos millones. Esto nos permite un desvío.

A partir de los procesos de globalización y transnacionalización del fútbol, iniciados en la década de 1990, Argentina cobró un papel protagónico en el mapa futbolístico global como potencia exportadora (de bienes de carne y hueso): el país vende a futbolistas que juegan en ligas de todos los continentes y hacen de Argentina uno de los tres principales países productores de jugadores –los otros son Brasil, líder de la estadística, y Francia7–. Sin embargo, las pantallas televisivas también pusieron en escena, globalmente, una forma de alentar y apoyar al equipo, una forma de vivir lo que los nativos llaman, sin otros adjetivos, «la pasión». Esa pasión, percibida por los hinchas argentinos como única y especial, se construyó como una señal distintiva que vincula ineludiblemente el fútbol argentino a la fidelidad y el fervor. Las tribunas argentinas generan atracción en todos los rincones del universo futbolero: en Japón, donde se imitan los cánticos; en México, donde las hinchadas argentinas sirven como modelo de organización; en Inglaterra, donde los fanáticos utilizan melodías argentinas para sus canciones; o en Túnez, donde los grupos radicales de hinchas se autodenominan «barras bravas» en homenaje a las rioplatenses.

Los valores centrales del «hinchismo» en Argentina son la fidelidad y el fervor, y la demostración del llamado «aguante» por «los colores»; pero, históricamente, estos valores se manifestaban en el aliento al club propio y no a la Selección Nacional8. Hasta la década de 2010, la «hinchada» del equipo nacional era vista como deslucida, inorgánica, ocasional, convocante de un público distinto del que ocupaba los estadios en las ligas locales: se la consideraba como una «hinchada sin aguante». Y pese a la presencia de integrantes de las barras bravas en todos los campeonatos mundiales desde México 1986 en adelante, los cánticos y el aliento puestos en escena poco tenían que ver con la emotividad festiva acostumbrada en las canchas del fútbol local. Durante mucho tiempo, la Selección no tuvo hinchas, sino meros espectadores.

En la última década, eso comenzó a cambiar: primero, con el colectivo de barras autodenominado Hinchadas Unidas Argentinas en la Copa de Sudáfrica 2010; pero, fundamentalmente y en el nivel colectivo, a partir de la Copa de Brasil 2014. Allí, por el gran número de hinchas que viajaron –desde 1962 no tenía lugar una Copa del Mundo tan cerca de las ciudades argentinas– o por la necesidad de fortalecer el «nosotros colectivo» frente a un rival cercano, poderoso y tradicional al que se podía desafiar en su propio territorio, surgió la primera-gran-nueva canción de la Selección, «Brasil, decime qué se siente»9. Esta canción rompió la hegemonía del «Vamos, vamos, Argentina» («Vamos, vamos, Argentina / vamos, vamos a ganar / que esta barra quilombera / no te deja, no te deja de alentar»10), un himno de la Copa de 1978 que hasta entonces era casi la única canción que entonaban los hinchas argentinos cuando jugaba la selección, junto con «El que no salta es un inglés».

El escueto «Vamos, vamos, Argentina» ya estaba muy lejos de las canciones que se cantaban en las canchas argentinas: tenía una estructura pasada de moda, no identificaba adversarios y para buena parte de los hinchas era «ingenua». Las canciones en el fútbol tienen tres rasgos preponderantes: se burlan de los rivales por el devenir deportivo propio y ajeno, degradan a esos rivales presentando negativamente distintas identidades sociales y propagan violencias pasadas o futuras. «Vamos, vamos» no tenía nada de eso: no se burlaba, no degradaba ni amenazaba a nadie. Era una canción «pre-aguante». Al lado de ella, la complejidad lírica de «Brasil, decime qué se siente» es casi shakesperiana11:

Brasil, decime qué se siente / Tener en casa a tu papá / Te juro que aunque pasen los años / Nunca nos vamos a olvidar / Que el Diego los gambeteó / Que el Cani los vacunó / Están llorando desde Italia hasta hoy / A Messi lo vas a ver / La Copa nos va a traer / Maradona es más grande que Pelé.

Para el Mundial de Rusia de 2018 apareció otro canto popular, «Vamos Argentina, sabés que yo te quiero», que se entonó en estadios, calles y transportes rusos12. Pero el pobre desempeño futbolístico y la eliminación temprana en octavos de final impidieron cualquier relevancia –de una canción que era, además, francamente irrelevante–. En Qatar, en cambio, un nuevo cántico expandió el repertorio: «Muchachos», que tuvo una aceptación inmediata y masiva:

En Argentina nací / Tierra del Diego y Lionel / De los pibes de Malvinas / Que jamás olvidaré / No te lo puedo explicar / Porque no vas a entender / Las finales que perdimos / Cuántos años las lloré / Pero eso se terminó / Porque en el Maracaná / La final con los brazucas / La volvió a ganar papá13.

Muchachos / Ahora nos volvimos a ilusionar / Quiero ganar la tercera / Quiero ser campeón mundial / Y al Diego / Desde el cielo lo podemos ver / Con Don Diego y con La Tota / Alentándolo a Lionel.

Y ser campeones otra vez / y ser campeones otra vez.

Con las canciones, los espectadores se transforman en hinchas y entienden que su accionar es crucial en el devenir del juego

No nos detendremos aquí en el análisis lírico de estas canciones, como tampoco en los vericuetos de su composición y puesta en circulación, que escaparon a la tradicional concepción de un cántico futbolístico como producción colectiva y anónima, para sujetarse, en cambio, a las reglas de la producción mercantil de la cultura de masas. Provisoriamente, nos detendremos en su función expresiva y performativa: con las canciones, los espectadores se transforman en hinchas y entienden que su accionar es crucial en el devenir del juego. Son parte de los triunfos y de las derrotas, se identifican con el destino del equipo14. Cuando la Selección perdió en el debut mundialista en Qatar ante Arabia Saudita, la discusión popular, en redes y charlas de café, culpó rápidamente por la derrota a la falta de aliento en el estadio. En ese juego, los argentinos habían sido espectadores: no alentaron, superados en número, fervor y estruendo por los saudíes (vecinos de la sede mundialista)15. Aquí aparece, nuevamente, la concepción del «aguante», la idea de que los partidos se ganan también en la tribuna, central en la percepción que el hincha argentino tiene de sí mismo. En los siguientes juegos, todo cambió. Se organizaron «banderazos» –encuentros de hinchas en puntos neurálgicos de las ciudades qataríes portando banderas y entonando canciones–, aparecieron los bombos y las marcaciones rítmicas. Así, la selección ganó en aliento y los espectadores se transformaron en hinchas. Expusieron las marcas identitarias que para muchos –para los mismos hinchas– los particularizan globalmente: la «pasión» y el fervor. Las pocas decenas de miles de hinchas presentes en Qatar eran más que suficientes para volverse mayoritarios y estruendosos en todos los estadios. Aunque no tenemos aún datos sociológicos precisos, la extracción de clase de estos espectadores distaba de una pertenencia «popular»: los costos de viaje, estadía y entradas limitaban esa posibilidad a sujetos de clase media-alta y alta, que incorporaban y ostentaban, sin embargo, las prácticas tradicionalmente plebeyas de los hinchas argentinos, ahora transformadas en una suerte de «identidad nacional» desprovista de marcas clasistas –o, quizás, imaginariamente transclasista, y por eso mismo pasible de nacionalizarse–.

Si los argentinos se consideran los hinchas más fervorosos del mundo, eso tenía que demostrarse en las calles

Los festejos en Argentina por la obtención de la Copa del Mundo no podían, entonces, escapar a esta autorrepresentación. Si los argentinos se consideran los hinchas más fervorosos del mundo, eso tenía que demostrarse en las calles. Por eso, una multitud estimada en más de cinco millones de personas salió a ocupar el espacio público. Y como toda ocupación de ese espacio produce inmediatamente una interpretación política, los jugadores propusieron un recorrido festivo de su caravana desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires hacia el Obelisco –unos 30 kilómetros a ser recorridos en un bus abierto, con los jugadores a la vista del público– que esquivaba la Plaza de Mayo; como hemos dicho, se evitaba el centro del poder político, para hacer imposible, en ese gesto, cualquier identificación partidaria. El plan se frustró por la inmensa cantidad de fanáticos que ocuparon las calles e hicieron impracticable el recorrido, más allá de unos pocos kilómetros iniciales: la policía debió desviar la caravana a un lugar seguro y evacuar a los jugadores en helicópteros para devolverlos al predio de la afa. Las celebraciones duraron hasta la noche casi sin incidentes.

Las multitudes, entonces, se estaban festejando a sí mismas –celebrando el éxito de sus héroes, pero también el de su «aguante»–; y a la vez, cuidándose a sí mismas: no hubo incidentes ni heridos en la, como hemos señalado, mayor movilización de masas de la historia del país y, posiblemente, del mundo –un rastreo rápido señala que solo algunos funerales podrían equipararla: los de Eva Perón, Mahatma Gandhi o Gamal Abdel Nasser–. Las masas demostraron ser más cuidadosas y plurales que el Estado, en sus diferentes jurisdicciones. La nación y la provincia de Buenos Aires estaban gobernadas por peronistas; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la oposición conservadora y, presuntamente, antipopulista. La torpeza en la organización de la caravana los igualó a todos; del mismo modo funcionó el rechazo de los jugadores a siquiera saludar o acercarse a político alguno, y el de las multitudes a asociar el festejo con cánticos partidarios –que estuvieron ostensiblemente ausentes−.

Esa negativa a la captura política del éxito deportivo no evitó que los líderes o algunos intelectuales partidarios la intentaran, generalmente a través del uso de metáforas simplistas. Vinieron de todos lados: del kirchnerismo («el gesto de Messi es un gesto contra el poder») y de la derecha conservadora («debemos seguir el ejemplo de trabajo de la Selección»). El más notorio fue el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, presuntamente un enfático antipopulista, el único que, además, vistió la camiseta argentina en cada acto público. En esos días, Rodríguez Larreta afirmó: «Estamos todos juntos detrás de una misma pasión. Ojalá podamos tener una unión similar a la que se logra en el Mundial para nuestro país, para sacar a la Argentina adelante. Ese es mi sueño y ojalá podamos mantener este espíritu para trabajar todos juntos»16.

Rodríguez Larreta concurrió como precandidato presidencial, en algún momento favorito, a la Presidencia argentina en agosto de 2023, y fue estruendosamente derrotado por su rival interna en la coalición Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. Su inversión en el éxito deportivo no le reportó, claramente, una gran ganancia política. Esto confirmó las tesis que propusimos en 200217: ni el fracaso deportivo de la Copa de Corea-Japón supuso alteración alguna en la crisis económica, política y social declarada a finales de 2001. A lo que podríamos añadir: ni el éxito deportivo de la Copa de Qatar en 2022 solucionó absolutamente nada de la nueva crisis. Por el contrario, luego del triunfo, todo empeoró. Y mucho.

El fin del relato estatal y la coronación del héroe

Para los hinchas argentinos, el triunfo en la Copa de Qatar fue la coronación de un relato de un siglo de antigüedad, que los inventó como fundadores del fútbol latinoamericano, como gestores de un estilo nuevo de juego, como deudores de una admiración que, obligados por su narcisismo, juzgaban merecerse como nación, como pueblo, como futbolistas y como hinchas incomparables. Hay en esos argumentos algo excesivo, sin duda, pero se cruza además con la vieja condición popular del fútbol: el espacio donde los héroes podían ser plebeyos, nacional-populares. Como ya se ha dicho en muchos lados, Maradona llevó ese relato hasta su clímax en 1986; y allí la comunidad argentina, futbolera o no, había quedado paladeando un momento de felicidad desbordante y excesiva, la justa compensación por los años de oprobio, terror, dictadura y guerra.

Lo que estos millones de personas en las calles salieron a celebrar fue otro momento excesivo –por desmesurado, no por injusto o inmerecido– de felicidad gratuita

Lo que estos millones de personas en las calles salieron a celebrar fue otro momento excesivo –por desmesurado, no por injusto o inmerecido– de felicidad gratuita. El fútbol es especialmente eso, también en el nivel de los clubes tribales: no pide nada más que una inversión de afecto, y a cambio puede dar felicidades intensas –así como, claro, muchas más amarguras–. El marketing o la compra de merchandising no es una parte inevitable del contrato. Con el éxito de 2022, el fútbol les pagó a los argentinos esa inversión afectiva con una felicidad maravillosa, intensísima; y, debe ser dicho, también compensatoria. Por supuesto, no hay una relación causa-efecto, pero una semana antes de la final los argentinos supieron que una de las sociedades más ricas de América Latina, la más igualitaria del subcontinente, históricamente la más justa y democrática, tenía 40% de su población debajo de la línea de pobreza. La felicidad popular, entonces, simultáneamente transversal –porque atraviesa las clases, los géneros, las edades, las geografías, las «castas»– resuena como una suerte de reclamo: «nos lo merecemos». A ello se le agregó una «retórica del sufrimiento», inteligentemente tramada con lo deportivo. Aunque el equipo jugó un gran fútbol, debió atravesar por instancias harto complicadas: la derrota inicial contra Arabia Saudita, el riesgo del empate en el final del juego con Australia, los empates impensados en el cierre de los juegos contra Países Bajos y Francia, sendas definiciones por penales en cuartos de final y final, respectivamente. De ello se dedujo, en la conversación cotidiana (y en más de un exceso periodístico que abusó de esto como renovada metáfora del reflejo nacional), que Argentina está condenada a sufrir, lo que agiganta, por inversión, sus momentos felices.

Las multitudes podrían haber sido provocativas con sus propias elites y recordarles que la felicidad parecía más explosiva por los 12 años consecutivos y fallidos de gobiernos de lados distintos del espectro político. Esa felicidad efímera podía señalar, a la vez, el fracaso de las clases dirigentes –políticas, económicas, empresarias–. Para que esto fuera aún más excepcional y notorio, los meses que siguieron solo mostraron el agravamiento de esas señales sociales, políticas y económicas: ganar una copa no sirvió para nada. Para nada más que para haber logrado un momento feliz –disponible para su repetición eterna en YouTube o en la misma televisión: una señal deportiva repitió íntegramente el juego final con Francia tanto la noche de Navidad como la de Año Nuevo, finalizando exactamente a la medianoche, para los brindis respectivos–.

Hay dos señales finales que esta movilización inmensa e histórica puso de manifiesto. Por primera vez, el Estado quedaba silenciado como narrador patriótico. Esta vez, parece que el fútbol ha decidido extremar su autonomía y proponer que la patria, una patria de masas y festiva, le pertenece por completo. Hace un cuarto de siglo, el maestro Eduardo Archetti había planteado que la relación entre el fútbol y los relatos nacionales debía ser comprendida a través de dos conceptos: el de «arena pública» –el espacio en el que una sociedad se representa a sí misma, como por ejemplo en los rituales colectivos– y el de las «zonas libres» de una cultura –los espacios periféricos de la sociedad y la cultura en los que la creatividad y la libertad son una posibilidad ante los discursos oficiales, legítimos, disciplinarios–. Hoy, pareciera que la «zona libre» ha explotado en mil astillas, inundando todos los espacios de lo social y lo cultural; la «arena pública» ya no representa otra cosa que a sí misma, y esa mismidad es la posibilidad –quizás, y por ahora, la única posibilidad– de la felicidad de una comunidad.

Y lo mismo ocurre con sus héroes. Finalmente, Messi pudo suplantar a Maradona. Si bien esto precisa aún de mayor empiria etnográfica y textual, los textos mediáticos y las conversaciones populares –y, también, las expresiones en los estadios en los juegos que el equipo nacional disputó luego de su coronación en Qatar– indican que la comparación imposible se ha vuelto la suplencia posible. Argumentamos en 2014 la imposibilidad de la comparación, por una larga lista de razones que volvían impensable ese desplazamiento: entre ellas, que el héroe nacional-popular y plebeyo maradoniano no podía ser suplantado por un muchacho blanco y de clase media, silencioso hasta la mudez y respetuoso de todas las normas morales y deportivas del espectáculo global18. Sin embargo, la coronación de Qatar, debida a un gran equipo, pero con un liderazgo tan excepcional como el de Maradona en el Mundial de México 1986, parece haber abierto la puerta de ese imposible. La canción «Muchachos», que ya hemos citado, concluía proponiendo una sucesión ordenada:

Y al Diego / Desde el cielo lo podemos ver / Con Don Diego y con La Tota19 / Alentándolo a Lionel / Y ser campeones otra vez.

Los propios jugadores, en el vuelo desde Qatar hacia Buenos Aires, propusieron una alteración en la letra de la canción; alteración que aún no sabemos si será un éxito definitivo:

En Argentina nací / Tierra del Diego y Lionel / De los pibes de Malvinas / Que jamás olvidaré / No te lo puedo explicar / Porque no vas a entender / La final con Alemania / Ocho años la lloré / Pero eso se terminó / Porque este año en Qatar / La final con los franceses / La volvió a ganar papá20.

Muchachos, ahora solo queda festejar / Ya ganamos la tercera / Ya somos campeón mundial / Y al Diego, le decimos que descanse en paz / Con Don Diego y con la Tota / por toda la eternidad.

Posiblemente, estos versos finales propongan una nueva vida sin Maradona, que ya podría descansar en paz, eternamente.

Pablo Alabarces: es profesor titular de Cultura Popular en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (uba) e investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina. Es autor, entre otros libros, de Héroes, machos y patriotas. El fútbol entre la violencia y los medios (Aguilar, Buenos Aires, 2014).

Palabras claves: «aguante», Copa del Mundo, fútbol, pasión, Argentina.

Nota: este artículo fue escrito con la colaboración de José Garriga Zucal y Juan Branz.

1. Esto ha sido largamente analizado en P. Alabarces: Fútbol y patria, Prometeo, Buenos Aires, 2002 (reeditado en 2022) y Héroes, machos y patriotas. El fútbol entre la violencia y los medios, Aguilar, Buenos Aires, 2014.

2. «Somos Mundiales: Qatar 2022 se vive en la Televisión Pública - Presentación de Programación» en Televisión Pública, canal de YouTube, 25/10/2022, disponible en <www.youtube.com/watch?v=b9sp_-ulu4c>.

3. «Trueno, Víctor Heredia: Tierra zanta (video oficial)» en Trueno Oficial, canal de YouTube, 12/5/2022, disponible en <www.youtube.com/watch?v=poadmw-4yfw>.

4. E. Archetti: «El potrero y el pibe: territorio y pertenencia en el imaginario del fútbol argentino» en Nueva Sociedad No 154, 3-4/1998, disponible en <www.nuso.org>.

5. P. Alabarces: «Maradona: mito popular, símbolo peronista, voz plebeya» en Papeles del Centro de Estudios sobre la Identidad Colectiva No 1, 2021.

6. P. Alabarces: «Populism and Sports in Latin America: Old and New Ways of Narrating the Nation» en Bryan Clift y Alan Tomlinson (eds.): Populism in Sport, Leisure, and Popular Culture, Routledge, Londres, 2021.

7. Los datos proceden de las estadísticas producidas por el Observatorio del Centro Internacional de Estudio del Deporte (cies, por sus siglas en francés), <https://football-observatory.com/>.

8. José Garriga Zucal: La era del aguante, Ariel, Buenos Aires, 2022.

9. V. versión disponible en <www.youtube.com/watch?v=1iogfenygjm>.

10. Disponible en <www.youtube.com/watch?v=chgmcnsxt60>.

11. Analizamos la canción en P. Alabarces: «‘Brazil, Tell Me How It Feels’: Soccer, Music, Narcissism, and the State, or Mascherano’s Failure» en Postcolonial Studies vol. 19 No 2, 11/2016.

12. Versión disponible en <www.youtube.com/watch?v=qvcx8xsake0>.

13. La referencia es a la victoria de Argentina contra Brasil en la Copa América de 2021, obtenida en el mismísimo estadio Maracaná, y que cerró un ciclo de 28 años sin victorias y cuatro finales perdidas por Argentina.

14. Javier Bundio: La identidad se forja en el tablón: masculinidad, etnicidad y discriminación en los cantos de las hinchadas argentinas, Clacso / iigg, Buenos Aires, 2020.

15. La mística del viaje de los hinchas a Qatar, en medio de la crisis económica, merecería un artículo aparte.

16. «Ojalá los argentinos podamos tener una unión similar a la que se logra en el Mundial» en an Digital, 16/12/2022.

17. P. Alabarces: Fútbol y patria, cit.

18. P. Alabarces: Héroes, machos y patriotas, cit.

19. Nombres populares de los padres de Maradona, también fallecidos.

20. La victoria de Qatar saca del juego la victoria de 2021 en Brasil, y se repone la final perdida en 2014 contra Alemania, con lógica deportiva y poética.

Una política exterior para la «jungla»

Argentina en el contexto internacional

Julieta Zelicovich

En un escenario global de profundas transformaciones, Argentina vuelve a definir su lugar en el mundo. Tras 40 años de democracia y en un contexto de cambio de gobierno, vuelve a estar en discusión la inserción internacional del país: su singularidad en el mundo, los consensos en la política exterior y los desafíos y opciones estratégicas que se presentan de acuerdo con las lecturas sobre el cambio en el sistema global.

La acumulación de cambios, transformaciones y shocks en el contexto internacional llevan a que la política exterior se desarrolle cada vez más en un marco de incertidumbre, antes que de certezas. La política exterior se configura en un escenario de «jungla» y no de «jardines»1. ¿Cómo se posiciona Argentina frente a estos cambios externos? ¿Cuáles son los desafíos para su política exterior?

Tras 40 años de democracia, y considerando especialmente el reciente proceso electoral, este ensayo propone debatir la inserción internacional de Argentina: su singularidad en el mundo, los consensos conseguidos y los desafíos y opciones estratégicas que se presentan a partir de cómo se aborda el cambio en el contexto internacional.

Argentina: un país singular

Argentina es un país singular en el contexto internacional. Inmerso en una profunda crisis de deuda externa, déficit comercial, alta inflación y extendidos niveles de pobreza en el plano doméstico, no es lo suficientemente pobre para ser considerado en el conjunto de los países en desarrollo que reciben asistencia en el sistema internacional, ni lo suficientemente rico y estable para ser un jugador en las grandes ligas. El Banco Mundial lo clasifica como una economía de ingreso mediano alto, junto con países como Brasil, Colombia, China, Indonesia, Sudáfrica y México. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (fmi) lo coloca en el puesto 33 de los países con mayor relación de deuda pública sobre pib y, a la vez, como uno de los principales deudores de la institución. A 2023, la deuda bruta argentina era equivalente a 88,4% del pib2.

El Banco Mundial lo clasifica como una economía de ingreso mediano alto, junto con países como Brasil, Colombia, China, Indonesia, Sudáfrica y México

Argentina comparte con los países del denominado Sur global el papel de rule-taker (tomador de reglas) antes que de rule-maker (hacedor de reglas) en materia de gobernanza global. Lo aúnan con este conjunto de países la vulnerabilidad y la asimetría frente a quien moldea las reglas del sistema internacional y sus efectos distributivos. Como gran parte de América Latina, está expuesto, además, a la expansión de las redes internacionales de narcocriminalidad3. Inmerso en lo que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) llamó la «nueva década perdida», el devenir de su economía sigue dependiendo –mayormente– de la tasa internacional del Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos (fed, por sus siglas en inglés) y el precio de los commodities4.

En términos de geografía económica, sus principales socios comerciales son Brasil, Estados Unidos, China, la Unión Europea, Chile, la India y Vietnam. Tiene la particularidad de tener una canasta exportadora de bajo valor agregado con los socios extrarregionales, pero con agregación de valor hacia los mercados de América Latina. Desde 1991 integra el Mercado Común del Sur (Mercosur) como principal proyecto de integración regional; aunque en muchas ocasiones, por vía de excepciones y procedimientos administrativos, ha terminado limitando los flujos comerciales con sus socios. Tiene pocos acuerdos de libre comercio, pero ha firmado muchos tratados bilaterales de inversión.

A la vez, Argentina comparte con las potencias emergentes un alto potencial de recursos estratégicos y tiene liderazgo en algunos nichos de la economía internacional y de la diplomacia. Destaca en alimentos, minerales, químicos, pero también en desarrollo satelital, biotecnología y servicios. De acuerdo con el estudio de complejidad económica de la Universidad de Harvard, el país tendría potencial para escalar en un mayor valor agregado y diversificación de sus exportaciones, en especial en la industria química y la de maquinaria industrial5.

Junto con países de renta media, Argentina integra foros con las principales economías del mundo y tiene amplias redes de cooperación internacional. Tiene una vocación multilateralista. Entre otros, es miembro del g-20 y del g-77+China. En 2022, se incorporó a la Iniciativa de la Franja y la Ruta y participó de la cumbre del g-7. De manera más reciente, destaca la invitación para que integre el brics (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica) ampliado, junto con Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán.

La inserción internacional de Argentina se ha constituido, en síntesis, en un mix de over-achiever –un país que en algunas cuestiones tiene mayor influencia o un desempeño más exitoso de lo esperado6–, potencia media, y país periférico y en desarrollo.

Los cimientos de la política externa argentina

¿Por qué Argentina presenta esas dualidades en su inserción externa? No han sido solo la dotación de recursos y su evolución económica los que condujeron a este punto, sino que esto es también explicado por los logros –y omisiones– de la política exterior. En efecto, la singularidad y la ambigüedad de la política exterior argentina se asocian a una estrategia de inserción que ha sido, mayormente, errática y subordinada a los condicionantes domésticos. Roberto Russell señala que desde hace mucho tiempo ha existido una tendencia a la refundación nacional y a la discusión de la reinserción externa. Como en el mito de Sísifo, «cada nuevo gobierno arribó a la Casa Rosada con la idea de la piedra al pie de la montaña», y así «todos los gobiernos asumieron proclamando que su misión internacional era ‘reinsertar a Argentina en el mundo’»7.

Argentina ha pendulado en sus políticas exteriores entre estrategias de inserción internacional más liberales, con foco en el eje atlántico y priorización de las metas económicas basadas en ventajas comparativas como guía del accionar externo, y estrategias de inserción internacional más autonomistas, orientadas hacia el Sur global, con una agenda multidimensional y de cooperación hacia la región. Las relaciones con eeuu, Europa, China, el Mercosur, Oriente Medio y el resto de América Latina han visto variar su prioridad, tono y tipo de agendas en razón de estos vaivenes. Estas variaciones han respondido a la volatilidad de la economía doméstica8 y, a la vez, han dado cuenta de carencias persistentes en materia de incorporación de actores del Poder Legislativo y de la sociedad civil y empresarial en el quehacer de la política exterior como política pública.

También se sedimentaron algunos consensos relevantes: la defensa del multilateralismo y de los derechos humanos como guía de la política exterior

En los 40 años de democracia, sin embargo, es preciso señalar que también se sedimentaron algunos consensos relevantes: la defensa del multilateralismo y de los derechos humanos como guía de la política exterior, la vocación hacia la integración regional mediante el Mercosur y el reclamo pacífico por la recuperación de la soberanía de las islas Malvinas. También existieron continuidades en áreas técnicas específicas, como el derecho internacional o la cuestión nuclear. Estos fueron pilares sostenidos a lo largo de los diferentes gobiernos –y a través de los cambios en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería– de 1983 a esta parte.

No resulta casual que haya sido en estas arenas, en las que existió continuidad, donde se alcanzaron logros notables que llevaron a ampliar la imagen internacional del país. Así, en los últimos años Argentina preside o ha presidido el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (onu); la x Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (tnp) de la onu; el Grupo de Suministradores Nucleares (gsn); y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Argentinos fueron electos en el Comité de Derechos del Niño, en la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, en la Organización Meteorológica Mundial y en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

De jardines a jungla: crisis de globalización y shocks externos

Esta política exterior ha sido desarrollada mayormente en un escenario de certezas: la globalización económica que impulsaba el comercio y las finanzas mundiales, organismos internacionales multilaterales que conformaban las reglas del sistema internacional, la democracia como sistema de gobierno de pretensión universal, y derechos humanos y desarrollo como valores compartidos. Era un universo donde, mediante las enseñanzas y el estudio de acciones previas, podía predecirse lo esperable y legítimo en el accionar de los demás actores del sistema. Sin embargo, esto ha comenzado a cambiar. El sistema internacional ha entrado en una era signada por las crisis. Procesos de transformación de larga data se superponen con shocks sistémicos, que terminan generando fuertes disrupciones en el funcionamiento del orden internacional. Mucho se ha escrito sobre estos cambios en tiempos recientes: «policrisis»9, «interregno»10, «permacrisis»11 y «fragmentación»12 son algunas de las etiquetas utilizadas.

De manera sintética, las vertientes de cambio podrían resumirse en cuatro fuerzas: una, en el nivel sistémico y con énfasis en la distribución de poder global, centrada en la transición de poder y en la competencia entre eeuu y China y la reconfiguración del orden internacional; otra, que emerge desde la dimensión nacional, propia de cada Estado, a partir de la crisis de las democracias occidentales plasmada en la consolidación de opciones electorales de populismos de extrema derecha; una tercera, en la dimensión económica, con las transformaciones en el sistema productivo a partir de la industria 4.0 y sus efectos sobre las dinámicas de acumulación del ingreso, distribución y empleo; y una cuarta, desde la dimensión ambiental, movilizada por el cambio climático y la incidencia creciente de catástrofes climáticas y sanitarias.

De los múltiples efectos que esto genera, es importante hacer énfasis en las narrativas. Con cada vez mayor claridad se evidencia un cambio en la dimensión de las narrativas de la política internacional, que da lugar a nuevos pensamientos respecto de los fundamentos del funcionamiento del sistema y de las conductas posibles. Una nueva narrativa implica cambiar la manera en que se toman decisiones y la forma en que los Estados cooperan13.

Como consecuencia de estos procesos, se ponen en cuestión las nociones relativas a la primacía de la democracia liberal como forma de organizar la sociedad y el bienestar y emergen modelos alternativos. Al mismo tiempo, se cuestiona el liberalismo económico, en especial en su vertiente del neoliberalismo y la hiperglobalización, y se comienza a descreer de la eficacia del mercado como mejor asignador de recursos. También el institucionalismo, como modo prioritario de gobernanza global14 que primó desde el fin de la Guerra Fría, se ve hoy limitado, por ejemplo, en las capacidades efectivas de las instituciones de la onu. En febrero de 2023, el semanario estadounidense Politico se refirió a «la ruptura del consenso sobre la globalización posterior a la Guerra Fría»15.

Las nuevas narrativas plantean un reequilibrio en la articulación entre lo político y lo económico; y, por lo tanto, un cambio en la asignación de recursos, en el rol del Estado y en las relaciones internacionales. Se observa en los fundamentos de un nuevo orden un mayor protagonismo de los Estados y un cuestionamiento del carácter pretendidamente ingenuo de la economía liberal, tanto respecto de sus efectos distributivos16 como de su articulación con el poder político17.

En primer término, producto de la ruptura de las expectativas asociadas a la convergencia de los sistemas políticos como resultado de la interdependencia económica18, se reconocen los riesgos asociados a la divergencia y heterogeneidad en los Estados en el sistema internacional. Esto impacta en los modos en que se realizan acuerdos comerciales, de inversión o de cooperación. Se reconoce también la vulnerabilidad que genera la interdependencia y se reposiciona el interés nacional. Se asume un nexo entre liderazgo económico y poder geopolítico que lleva a esquemas de competencia y a entender que la integración económica no es neutra.

En cuanto a la cooperación y la solución de conflictos, la nueva narrativa aún reconoce la importancia de la acción conjunta para la provisión de bienes públicos comunes y reducción de los males públicos. Sin embargo, esto se hace desde un lugar de soberanías fortalecidas. Por un lado, se apunta a que la resolución de los conflictos y la cooperación sean más políticas que institucionales. Por otro, se desplaza a los organismos internacionales con mecanismos institucionales por foros de cooperación, y los acuerdos vinculantes, por soft law.

Las actuales respuestas a los dilemas globales conducen al desarrollo de nuevas políticas industriales estratégicas –incluso más allá de los marcos regulatorios existentes respecto a las pautas de conducta en cuanto a subsidios y restricciones comerciales–; un mayor control estatal sobre los flujos económicos y financieros; una incorporación del riesgo geopolítico en la cooperación internacional económica y política ante la potencialidad conflictiva de los vínculos; y una subordinación de las metas económicas a metas políticas y de valores, incluidos los objetivos geoeconómicos –como en el caso de las sanciones económicas unilaterales–. El reconocimiento de los riesgos advierte a los gobiernos sobre la necesidad de rediseñar sus mecanismos de defensa y protección soberanos, en acciones egoístas y de suma cero.

Este mundo es más asimétrico, más inestable, más fragmentado, más costoso y más complejo

Este mundo es más asimétrico, más inestable, más fragmentado, más costoso y más complejo. Hay una reconfiguración del espacio de políticas en el que tienen lugar las políticas públicas, incluida la política exterior. Siguiendo con la metáfora de Peter Katzenstein, los hacedores de políticas requieren parecerse más a guardaparques que a jardineros.

La herencia de la política exterior del gobierno de Alberto Fernández

La presidencia de Alberto Fernández (2019-2023) estuvo signada por fuertes condicionantes externos generados por estos procesos de cambio acelerados y recurrentes: la inestabilidad político-económica generada por la competencia eeuu-China, la pandemia, la guerra en Ucrania, el ascenso en varios países de gobiernos populistas de derecha. En ese marco, se desplegó una política exterior que apostó al activismo en los foros multilaterales, al impulso del regionalismo y a la proyección de una imagen externa del país como un actor que puede contribuir ante las crisis globales –en particular, en cuestiones como seguridad alimentaria y derechos humanos–. La política exterior buscó, con diferentes resultados, incrementar el prestigio externo de Argentina y conseguir apoyos para la negociación de la deuda, y quedó en un tercer lugar la apertura de mercados y la promoción de exportaciones. En coyunturas puntuales, la política exterior apuntó también a atenuar el efecto de los shocks externos, por ejemplo, mediante la cooperación internacional para el acceso a vacunas durante la pandemia.

El vínculo con la ue estuvo marcado por el encuadre del acuerdo de asociación estratégica, que hasta la fecha no pudo concretarse

Las relaciones prioritarias fueron las que se tejieron con eeuu, especialmente asociadas a la gestión de apoyos con el fmi, y con China, en cuestiones de inversiones y auxilio financiero. Argentina pudo «pivotear» con relativo éxito el contexto de competencia entre las potencias. Si bien sobrevolaron varias expresiones de «preocupación» de actores domésticos y de Washington por inversiones de China en el país o por acuerdos puntuales, no encontramos evidencia de que esto haya generado costos o retaliaciones contra Argentina. Por su parte, el vínculo con la ue estuvo marcado por el encuadre del acuerdo de asociación estratégica, que hasta la fecha no pudo concretarse; y de manera reciente, por la proyección hacia América Latina de la agenda verde europea. En la región, se destacó en estos años la relación con México y, tras la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva, con Brasil. En el Mercosur, el gobierno de Fernández afrontó la reducción del arancel externo común impulsada por el presidente brasileño Jair Bolsonaro y la puja por la flexibilización en las negociaciones externas propuesta por su par uruguayo, Luis Lacalle Pou. En 2023, también se generaron tensiones con Paraguay por la Hidrovía Paraná-Paraguay19.

Al finalizar el mandato de Fernández, la «herencia» reúne cuestiones urgentes, como la del endeudamiento externo; estructurales, como la relación con los vecinos y el futuro del Mercosur –incluido el acuerdo Mercosur-ue–; y otras que derivan de los cambios en el sistema internacional, como la conformación de espacios de gobernanza, las tensiones eeuu-China, el posicionamiento frente al boom de nuevas políticas industriales y ambientales por parte de los países desarrollados y la transición energética.

A pesar de la relevancia de esta agenda, en el reciente contexto electoral se han observado muy pocas alusiones a la política exterior. Las pocas posiciones públicas de los principales candidatos aludieron a situaciones de coyuntura, con una alta politización de las decisiones del gobierno actual en una lógica oficialismo-oposición en el marco de la campaña electoral, antes que un razonado diagnóstico de opciones estratégicas y de la agenda heredada. Las plataformas electorales ilustran puntos de consensos, disensos y ausencias. También introducen algunas alertas para la política exterior democrática.

Un análisis comparado de los documentos presentados por las tres principales fuerzas20 muestra cómo la estrategia de inserción internacional de cada fuerza se vincula con los diagnósticos del escenario mundial. Unión por la Patria (up), la coalición peronista que sustituyó al Frente de Todos, alude a un orden internacional asimétrico e identifica el peso de «endeudamiento, pandemia, guerra y sequía» como principales condicionantes externos. A ello contrapone una política externa en la que independencia económica, desarrollo sustentable y soberanía son los ejes articuladores. Juntos por el Cambio (jxc, centroderecha), en contraste, pone el acento en los condicionantes domésticos de la política exterior que, desde su mirada, generan falta de credibilidad en la proyección internacional del país. El cambio climático es el único proceso de cambio externo al que se alude, y la coalición presenta una propuesta de política exterior que recupera los ejes del periodo 2015-2019. La inserción de Argentina en el mundo se apoya en las instituciones del orden internacional y en una apertura de mercados que proyecte la exportación de alimentos, minerales y energía, y en la que el Mercosur se transforma en una plataforma al mundo.

En el caso de La Libertad Avanza (lla) –fuerza que postuló a Javier Milei–, no hay mención al escenario internacional ni a la política exterior como tal. No obstante, sí se identifican, en diversas áreas, alusiones al cambio climático, en las referencias a las fuentes renovables de energía (lo que contrasta con el discurso público de Milei, que considera el cambio climático un invento del «marxismo cultural»); y también al cambio tecnológico, mediante la propuesta de políticas que complementan la inserción externa argentina con «la creación de unicornios tecnológicos, tecnología digital y de inteligencia artificial». Se reconocen, tácitamente, algunas amenazas externas en la propuesta de rediseño de la política de defensa nacional, que apunta a mayor control de los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional y a la optimización del funcionamiento de pasos fronterizos.

Los consensos en política externa argentina relativos a multilateralismo, derechos humanos, integración regional y reclamo por Malvinas están presentes solo en dos de las tres coaliciones: la de up y la de jxc. Estos no son replicados en la plataforma de lla. En esta última, inclusive, los temas de política exterior aparecen subordinados a las agendas de «tecnología e infraestructura» y de «seguridad nacional». Las divergencias sugieren la reiteración del carácter disputado de la política exterior, e inclusive la replicación de momentos refundacionales que, como señalamos, podrían incluso atentar contra consensos de largo plazo. Las lecturas informan también sobre un enfoque parroquial que contrasta con lo acelerado y profundo del cambio externo, y que agrega a la incertidumbre externa un fuerte interrogante relativo a cómo esos cambios se piensan desde el gobierno nacional.

Política exterior frente al cambio externo: aceptación, improvisación o innovación

Al cierre de este artículo, se vuelve ineludible entonces buscar herramientas conceptuales para abordar escenarios para la política externa, en reacción a los cambios en curso en el contexto internacional. Peter J. Katzenstein y Lucia A. Seybert21, al analizar el peso de la incertidumbre en la toma de decisiones en política exterior, señalan que los gobiernos tienen distintas opciones: aceptación, improvisación e innovación22. Cada una de estas depende de la percepción de los cambios externos, el posicionamiento ante el riesgo externo y la percepción de las propias capacidades.

Una política de aceptación implica el reconocimiento de los cambios cursados. Desde una situación de poder, replica en una profundización del cambio; desde una posición de debilidad, la aquiescencia o conformidad ante esa transformación y la estructura de poder resultante. En el escenario que enfrenta Argentina en el contexto internacional, una posición de aceptación implica reconocer los cambios en curso desde un papel de rule-taker. Ello lleva, entre otras cosas, a asumir el papel de Argentina como proveedor de materias primas y minerales críticos para la transición energética, ante la demanda de las potencias. Supone, en términos de gobernanza, adoptar los estándares climáticos estipulados por las economías desarrolladas y aceptar el statu quo en la regulación financiera como dado, aun en un contexto de reconfiguraciones. Esta lectura deriva en una política exterior que traduce las demandas externas en condicionantes para las políticas domésticas. En materia estratégica, implica un rol pasivo ante la disputa hegemónica y lleva el campo de acción fuera de los temas más sensibles.

Un mal diagnóstico de los cambios internacionales o su negación pueden llevar a una política exterior improvisada

La improvisación es la respuesta asociada a la negación del cambio. Se produce cuando los gobiernos asumen que las «viejas formas» todavía son aplicables, aun si el terreno ha cambiado. El fracaso de las medidas iniciales da lugar a medidas reactivas, espasmódicas y no estratégicas. Un mal diagnóstico de los cambios internacionales o su negación pueden llevar a una política exterior improvisada. Esta implica concentrar los recursos diplomáticos solo en las instituciones del sistema de las Naciones Unidas y del orden de Bretton Woods, ignorando los cambios acaecidos en las narrativas del orden internacional. Desde esta posición, resulta esperable afianzar mediante la política exterior modelos económicos liberales, que limiten el espacio de políticas aun cuando el resto de los actores del sistema internacional lo amplía. Puede resultar también en ignorar los condicionantes del accionar en materia de cambio climático sobre la producción e inserción internacional. Estas medidas, más propias de la década de 1990 y principios de 2000 que de la segunda década del siglo xxi, encontrarán numerosos fracasos y llevarán a ajustes tardíos, descoordinados, espasmódicos y con recursos erosionados.

Finalmente, la innovación implica un cambio en las metas aprovechando el escenario de incertidumbre; implica la adaptabilidad con vistas a generar poder. Un escenario de innovación frente al cambio externo asume que los países del Sur global, aun en sus capacidades limitadas, tienen agencia para moldear sus destinos y construir poder. Implica reconocer el cambio externo, pero adaptar las propias políticas y metas para generar poder. Por ejemplo, en lugar de aceptar la progresión de las negociaciones para acceso a mercados de minerales críticos, sostener medidas para generar valor añadido en territorio. De hecho, esta es una respuesta ensayada por Indonesia en el marco de las exportaciones de níquel. Otras respuestas esperables incluyen estrategias de diversificación de riesgos tanto en los mecanismos de cooperación internacional como en financiamiento externo y de mercados. Esto implica un juego estratégico en la disputa hegemónica internacional y puede suponer una apuesta a la integración regional activa.

En estos ejes se ordenarán las decisiones más puntuales de la próxima política exterior argentina. A modo de ejemplo, la concreción o no de la membresía de Argentina en los brics a partir de enero de 2024 supondrá un posicionamiento frente al cambio internacional en alguna de estas tres opciones. Una posición de negación de los cambios de los modos de gobernanza del sistema internacional llevaría a un rechazo de la participación en ese espacio, que limitaría las herramientas diplomáticas disponibles. Por el contrario, una política de aceptación del cambio externo, que reconozca los límites de las instituciones existentes desde un lugar de aquiescencia, optaría por foros priorizados por las potencias y relegaría a los brics a un bajo perfil, probablemente posponiendo la incorporación de Argentina. En cambio, el ingreso a los brics podría verse como una respuesta positiva desde una posición de innovación frente al cambio externo; especialmente si se construyen estrategias de políticas activas desde ese espacio.

Otro ejemplo en el plan regional es el de la integración. Una estrategia de innovación frente a los cambios externos implica asignar recursos para la integración regional y dar continuidad y consistencia a las expresiones de Fernández ante la última Asamblea General de las Naciones Unidas en materia de una oportunidad histórica para la región. Reconocerse como proveedor clave de la energía y alimentos que el mundo demanda es una posición de aceptación y de reconfiguración de los sectores estratégicos. En contraste, la coordinación de política a escala regional para concretar obras de infraestructura que permitan un desarrollo industrial es una reacción desde un posicionamiento de innovación.

El lugar de Argentina en el contexto internacional seguirá determinado por su geografía, sus recursos y su desempeño económico; pero también por la calidad democrática, la continuidad en sus políticas y los modos de respuesta al convulsionado contexto internacional. Los cambios externos en curso requieren un debate amplio para la formulación de un diagnóstico y la adopción de estrategias innovadoras que eviten caer en la improvisación.

Julieta Zelicovich: es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario (unr). Es investigadora adjunta en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina y profesora en la unr.

Palabras claves: cambio, integración, política exterior, Argentina.

1. Peter Katzenstein: Uncertainty and its Discontents: Worldviews in World Politics, Cambridge up, Cambridge, 2022.

2. Ministerio de Economía de la República Argentina: «Evolución de la deuda bruta. Octubre 2023», disponible en <www.argentina.gob.ar/economia/finanzas/graficos-deuda/evolucion-de-la-deuda-bruta>.

3. Andrés Malamud y Esteban Actis: «América Latina, una impotencia emergente» en La Nación, 21/7/2020.

4. Asociación Latinoamericana de Integración: «Tendencias del comercio internacional de bienes. Abril-junio 2023», disponible en <www.aladi.org/sitioaladi/category/comercio-exterior-2/>.

5. Harvard Kennedy School Growth lab: «The Atlas of Economic Complexity. Argentina New Product Opportunities», 2023, disponible en <https://atlas.cid.harvard.edu/countries/8/product-table>.

6. Stephen Walt: «Over-Achievers and Under-Achievers» en Foreign Policy, 21/4/2009.

7. R. Russell: Argentina 1920-2010. Balance del siglo, Taurus, Buenos Aires, 2010.

8. Un análisis de la vinculación entre modelos de desarrollo y estrategias de inserción internacional fue desarrollado en E. Actis, María Elena Lorenzini y J. Zelicovich: «Modelo de desarrollo y estrategia de inserción: claves para la interpretación de su relación» en Anabella Busso: Modelos de desarrollo e inserción internacional. Aportes para el análisis de la política exterior argentina desde la redemocratización 1983-2011, unr Editora, Rosario, 2016. Cabe notar que, en un estudio posterior, Valeria Arza y Wendy Brau demostraron que entre 1955 y 2018 hubo 16 cambios drásticos de orientación en la política económica; en promedio, cada dos años. V. Arza y W. Brau: «El péndulo en números: un análisis cuantitativo de los vaivenes de la política económica en Argentina entre 1955 y 2018» en Desarrollo Económico vol. 61 No 233, 2021.

9. Adam Tooze: «Welcome to the World of the Polycrisis» en Financial Times, 28/10/2022.

10. Milan Babic: «Let’s Talk about the Interregnum: Gramsci and the Crisis of the Liberal World Order» en International Affairs vol. 96 No 3, 2020; José A. Sanahuja: «Interregno. La actualidad de un orden mundial en crisis» en Nueva Sociedad No 302, 11-12/2022, disponible en <www.nuso.org>.

11. Neil Turnbull: «Permacrisis: What it Means and Why It’s Word of the Year for 2022» en The Conversation, 11/11/2022.

12. Shekhar Aiyar et al.: «Geoeconomic Fragmentation and the Future of Multilateralism», fmi, Staff Discussion Notes No 2023/001.

13. Robert Shiller: Narrative Economics: How Stories Go Viral and Drive Major Economic Events, Princeton up, Princeton, 2020.

14. David A. Lake, Lisa L. Martin y Thomas Risse: «Challenges to the Liberal Order: Reflections on International Organization» en International Organization vol. 75 No 2, 2021.

15. Gavin Bade: «Washington Grapples for a Post-Globalization Vision» en Politico, 21/2/2023.

16. Christoph Lakner y Branko Milanović: «Global Income Distribution: From the Fall of the Berlin Wall to the Great Recession», Policy Research Working Paper No 6719, Banco Mundial, Washington, dc, 2013.

17. Henry Farrell y Abraham L. Newman: «Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion» en International Security vol. 44 No 1, 2019.

18. Esto está asociado a las expectativas que rondaron el debate en eeuu respecto del ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio (omc) en 2001. Aun siguiendo las regulaciones de este organismo y con una elevada interdependencia global, China mantuvo su sistema político y económico.

19. Mariano Espina: «Conflicto en la hidrovía: Argentina no eliminará el peaje, pero no descarta discutir la tarifa» en Bloomberg, 21/9/2023.

20. Cámara Nacional Electoral: «Plataformas electorales. Elecciones paso 2023», 2023, disponible en <www.electoral.gob.ar/nuevo/paginas/datos/plataformas_paso2023.php>.

21. P.J. Katzenstein y L.A. Seybert: «Protean Power and Uncertainty: Exploring the Unexpected in World Politics» en International Studies Quarterly vol. 62 No 1, 2018.

22. Los autores introducen una cuarta opción: la del rechazo, que supone una política activa por retornar al statu quo anterior. Esto supone una serie de recursos de poder que no encuentra lugar en Argentina, por lo que no se incluye esta categoría en este análisis.

| ensayo

Una tesis sobre la crisis de la autoridad en el nuevo milenio

Martin Gurri

El mundo atraviesa una batalla entre la autoridad y el público en el que el agente perturbador es la información. Allí donde la jerarquía ha desarrollado un exoesqueleto duro para mantener cada pieza en su lugar, la red es dispersa y maleable, y el homo informaticus construye un tipo diferente de público que más que reemplazar el viejo orden, parece desestabilizarlo sin fin.

Mi tesis es sencilla. Estamos atrapados entre un viejo mundo cada vez menos capaz de ofrecernos sustento intelectual, espiritual e incluso quizás material, y un nuevo mundo que no ha nacido aún. Dado el carácter de las fuerzas del cambio, pueden pasar décadas en las que estemos estancados con esta postura desgarbada. Ustedes, los que hoy son jóvenes, puede que no vean la resolución de esto en sus vidas.

Los hitos más famosos del viejo régimen, como los diarios y los partidos políticos, han comenzado a desintegrarse bajo la presión de esta colisión en cámara lenta. Muchos rasgos que valorábamos del viejo mundo también están amenazados: por ejemplo, la democracia liberal y la estabilidad económica. Algunos de ellos terminarán permanentemente distorsionados por la tensión. Otros simplemente desaparecerán. Muchos atributos de la nueva organización, como una esfera mucho más amplia para la discusión pública, pueden terminar deformándose o rompiéndose por la resistencia inamovible del orden establecido.

En esta guerra de mundos, mi preocupación es que no terminemos en el peor de los mundos posibles. Cada bando en esta lucha tiene un portaestandarte: la autoridad para el viejo esquema industrial que ha dominado globalmente por un siglo y medio, el público para la estructura incierta que se esfuerza por volverse manifiesta. Los dos protagonistas comparten poco, más allá de su humanidad, y cada uno probablemente dude de la humanidad del otro. Se han desplegado en modos contrarios de organización que requieren ideales mutuamente hostiles sobre la conducta apropiada. El conflicto es tan asimétrico que parece imposible que los bandos efectivamente se enfrenten. Pero sí se enfrentan, y el campo de batalla está en todas partes.

El agente perturbador entre la autoridad y el público es la información. Para que mi descripción del presente tenga sentido, deberé mostrar cómo un concepto así de vago y abstracto puede ser empuñado como arma en la guerra de los mundos.

Es posible encontrar diferencias irreconciliables entre lo viejo y lo nuevo en algo tan aparentemente trivial como las convenciones onomásticas. La era industrial insistía en nombres portentosos de gran seriedad y formalidad, para validar a las organizaciones que hablaban con la voz de la autoridad: Bank of America, National Broadcasting Corporation, New York Times. Cada uno de estos tres nombres representaba una jerarquía profesional que pretendía el monopolio de un conocimiento especializado. Simbolizaban un dominio de cuello almidonado y aspiraban a impresionar. Incluso la persona en el lugar más bajo del escalafón organizacional se había elevado, según estos nombres, por encima de las masas.

La era digital ama los nombres que se burlan de sí mismos, como una forma de horadar la rigidez formal del orden establecido: Yahoo!, Google, Twitter, Reddit, Flickr, Photobucket, Bitcoin. Sin haberles preguntado a los responsables, estoy bastante seguro de que los fundadores de Google nunca consideraron bautizar a su compañía National Search Engine Corporation [Corporación Nacional de Motores de Búsqueda], y que Mark Zuckerberg nunca consideró tentador el nombre Social Connections Center of America [Centro de Conexiones Sociales de Estados Unidos]. No era el estilo.

Los nombres de dos populares blogs políticos de los primeros días de la blogósfera, el Instapundit de Glenn Reynolds y el Daily Dish de Andrew Sullivan, se burlaban de la pretenciosidad del negocio de los medios. Los blogueros-puente que escribían en inglés desde países extranjeros se inclinaron por nombres incluso más llamativos: Rantings of a Sandmonkey [Desvaríos de un mono de la arena]1 y The Big Pharaoh [El gran faraón] en Egipto, y mi favorito, el venezolano The Devil’s Excrement [El excremento del diablo]. Los nombres de los blogs se han vuelto menos escandalosos con el tiempo, pero la cultura digital continúa inclinada hacia el ridículo y la informalidad. Los nombres reafirmaban el carácter no-autoritativo. Creaban una división consciente entre el viejo orden y el nuevo.

Intentemos imaginar la respuesta de un oficial de la Central de Inteligencia Estadounidense (cia) reportándole al presidente una crisis en Venezuela, cuando el presidente le pregunta por la fuente de su información: «Es El excremento del diablo, señor presidente». Sin importar el costo de la información perdida, el agente evitará hacer uso de fuentes con esos nombres incómodos. Su dignidad profesional, por no decir su éxito profesional, demanda la imposición del tabú.

La estructura hoy en funciones es la jerarquía, y representa a la autoridad establecida y acreditada: el gobierno en primer lugar, pero también las corporaciones, las universidades, todo el conjunto de instituciones de la era industrial. La jerarquía ha gobernado el mundo desde que la especie humana alcanzó números significativos. La mente industrial tan solo la hizo más grande, más pronunciada y más eficiente. Desde la era de Ramsés hasta la de Hosni Mubarak2, ha exhibido patrones predecibles de comportamiento: de arriba hacia abajo, centralizadores, exasperantemente deliberados en su accionar, obsesionados con los procedimientos, obnubilados por las grandes estrategias y los planes quinquenales, respetuosos del rango y el orden, pero despreciativos del outsider y el aficionado.

Contra la ciudadela del statu quo, la denominada «quinta ola» de innovación tecnológica ha levantado la red: es decir, la rebelión pública, esos aficionados despreciados ahora conectados entre sí por medio de dispositivos digitales. Nada, dentro de los límites de la naturaleza humana, podría ser menos parecido a una jerarquía. Mientras que esta es lenta y meticulosa, la acción en red es veloz como un rayo, pero inconstante en su propósito. Allí donde la jerarquía ha desarrollado un exoesqueleto duro para mantener cada pieza en su lugar, la red es dispersa y maleable: puede hincharse hasta sumar millones o disiparse en un instante.

Las redes digitales son igualitarias hasta el límite de la disfuncionalidad. La mayoría preferiría fracasar en su propósito antes que reconocer un rango o a líderes de cualquier tipo. La insistencia apasionada de Wael Ghonim3 en ser un egipcio común y corriente en lugar de un líder político era una expresión de la cultura digital. Las redes tienen éxito cuando se mantienen unidas por un único y poderoso punto de referencia –un tema, persona o acontecimiento– que funciona como centro de gravedad y principio organizador de la acción. Típicamente, esto significa estar en contra. Si la jerarquía idolatra el orden establecido, la red cultiva una veta de nihilismo.

El Centro no puede aguantar y la Frontera no tiene idea de qué hacer al respecto

Otra manera de caracterizar la colisión entre los dos mundos es como un episodio de la disputa primordial entre el Centro y la Frontera. Estos términos fueron empleados por Mary Douglas y Aaron Wildavsky en un contexto distinto, mucho antes del advenimiento del tsunami de información, pero son particularmente aptos para nuestra condición presente4.

«Centro» y «Frontera» pueden aplicarse a organizaciones que adoptan estructuras, ideales y creencias específicos acerca del futuro. Ambos arquetipos remiten el uno al otro y desarrollan una suerte de danza que determina la dirección de la acción social.

El Centro, escriben Douglas y Wildavsky, está dominado por organizaciones grandes y jerárquicas: «Cree sinceramente en sacrificar a los pocos por el bien del todo. Es arrogante sobre sus procedimientos rígidos. Es demasiado lento, demasiado ciego a la información nueva. No creerá en nuevos peligros y a menudo será tomado por sorpresa»5. El Centro concibe el futuro como una continuación del statu quo y produce un programa tras otro para proteger esta visión.

La Frontera, en cambio, se compone de «sectas» –nosotros diríamos «redes»– que son asociaciones voluntarias entre iguales. Las sectas existen para oponerse al Centro: se alzan firmemente en su contra. No tienen, sin embargo, «ninguna intención de gobernar» y no desarrollan «ninguna capacidad para ejercer el poder». Para la Frontera, el rango significa desigualdad, y la jerarquía significa conspiración. En lugar de articular programas alternativos a los del Centro, las sectas proponen un modelo de la conducta exigida por la «sociedad buena o santa»: «Hacer un programa es una estrategia del centro; atacar un programa del centro en nombre de la naturaleza, Dios o el mundo es una estrategia de la frontera»6.

Para mantener la unidad, el miembro de la secta necesita «una imagen del mal amenazante a escala cósmica»: el futuro es siempre apocalíptico. La Frontera reconcilia de algún modo la fe en la perfectibilidad humana con la certeza calma de que la aniquilación está a la vuelta de la esquina.

Las sectas resuelven sus disputas internas dividiéndose. Sus números deben mantenerse pequeños. Esta puede ser una diferencia estratégica entre la secta cara-a-cara descrita por Douglas y Wildavsky y la red digital: esta última puede inflarse hasta incluir millones, literalmente a la velocidad de la luz. La confrontación ha seguido un patrón predecible. Toda vez que el Centro creyó que era propietario de un documento, archivo o ámbito de información, las redes de la Frontera atacaron en manada y tomaron el control, dejando el paisaje sembrado de bajas por sus ataques guerrilleros. Así colapsó el negocio musical, los diarios perdieron suscriptores y anunciantes, los partidos políticos se redujeron en tamaño. El gobierno de Estados Unidos perdió el control de sus propios documentos clasificados. Las editoriales y las industrias de la televisión y el cine, todavía hoy muy redituables, dependen de regímenes técnicos y de copyright que podrían ser quebrados en cualquier momento.

El Centro mantuvo la ventaja en el ámbito político, pero no de modo absoluto: no como tijeras que siempre cortan el papel. Las redes aprovecharon su velocidad, casi invisibilidad y manejo de la esfera de la información para generar daño y confusión en el Centro. El 11-s, una red minúscula de hombres violentos masacró a miles de norteamericanos, mientras el gobierno se quedaba allí, ciego e indefenso. En 2008, Barack Obama, impulsado por redes online que generaron fondos, voluntarios y un efectivo mensaje anti-Centro, arrasó con el establishment de los partidos Demócrata y Republicano. Y hemos visto cómo la invitación a la revolución que Wael Ghonim hizo en Facebook condujo, por medio de un laberinto complejo y no lineal, al derrocamiento de Mubarak.

Y sin embargo en la etapa siguiente los avances de las sectas se han revertido. Mi sospecha es que necesariamente se revierten, toda vez que las sectas –el público en su rebelión– no tienen verdadero interés en gobernar y carecen de capacidad para ejercer el poder. Consideremos Al Qaeda: fracasó en su objetivo del 11 de septiembre, que era aterrorizar a eeuu para que abandonara Oriente Medio. La fortuna del presidente Obama ha sido más equívoca, y quiero posponer por un rato la consideración de su lugar singular en la disputa entre el Centro y la Frontera. Baste decir por ahora que el presidente perdió su coalición de gobierno luego de las elecciones de 2010. En Egipto, los manifestantes seculares que derrocaron a Mubarak fueron casi inmediatamente barridos por las fuerzas jerárquicas de la Hermandad Musulmana y el ejército egipcio.

Y este es el patrón profundo del conflicto. Los programas del Centro han fracasado, y se ha visto que fracasan, de un modo que trasciende la posibilidad de alegar secretos o propaganda. Basta tomar la desastrosa performance de las agencias de evaluación y control antes de la crisis financiera de 2008 y de la comunidad de inteligencia en Iraq como algunos entre los múltiples ejemplos del fracaso del Centro. Al mismo tiempo, la fractura del público siguiendo sus intereses de nicho ha desatado enjambres de redes contra cada uno de los recintos sagrados de la autoridad. El fracaso ha sido criticado, objeto de burlas, magnificado.

El resultado es una parálisis por desconfianza. Ya está claro que la Frontera puede neutralizar al Centro, pero no reemplazarlo. Las redes pueden protestar y derrocar, pero no gobernar. La inercia burocrática confronta al nihilismo digital. La suma es cero. El mundo que quiero retratar no se caracteriza por el empate. Las fuerzas en disputa son demasiado disímiles, demasiado asimétricas para lograr cualquier tipo de balance. Mi tesis describe un mundo atrapado en una zona de combate sociopolítico, en donde cada principio de la vida, cada institución, me tienta decir cada acontecimiento –la elección de lo que es significativo en el tiempo– ha sido objeto de una pelea y ha quedado calcinado en el fuego cruzado. Sería natural esperar que uno de los bandos terminara prevaleciendo, pero tengo mis dudas. No puedo imaginar cómo se vería el dichoso amanecer de 1789 para Wordsworth7 en las condiciones actuales, ni una marcha forzada hacia el statu quo anterior, como en 1848. El Centro no puede traer de vuelta la era industrial. Las redes no pueden engendrar una alternativa.

El paralelo histórico más cercano a nuestro tiempo puede ser el de las guerras de religión del siglo xvii. No digo esto necesariamente por el caos y el derramamiento de sangre de aquel periodo, sino porque todos los principios estaban en disputa. Si una persona educada de aquella época fuese transportada al presente, su primera pregunta sería «¿Quién ganó? ¿Los católicos o los protestantes?». Para nosotros la pregunta no tiene sentido. Ambos persistieron. Ninguno ganó. Algo diferente evolucionó. Lo mismo, sospecho, ocurrirá con la disputa entre la jerarquía y la red.

***

Mi principal preocupación como ciudadano es el futuro de la democracia liberal. La democracia como ideal puede abstraerse de cada intento de implementarla: de hecho, la democracia a menudo ha sido usada para condenar regímenes democráticos que no alcanzaban la perfección. La democracia representativa, tal como ha evolucionado históricamente en eeuu y en otras partes del mundo, sin embargo, es un asunto procedimental, necesariamente integrado con las estructuras dominantes de la época. En el siglo xviii y principios del xix, los procedimientos de la democracia representativa reflejaban una desconfianza en el poder centralizado y la fe en que la riqueza y la propiedad de la tierra conferían independencia personal. En la era industrial, los procedimientos se volvieron fuertemente centralizados, jerárquicos, reglamentados y orientados a las masas antes que al individuo.

Que la democracia se haya convertido en algo jerárquico, organizacional y una institución del Centro es menos una paradoja o una teoría conspirativa que un accidente histórico. Las consecuencias no están en discusión. Muchos aspectos de la democracia representativa se volvieron menos democráticos, y así los percibe el público. La defección de la ciudadanía de las cabinas de votación y de la membresía de los partidos es evidencia de un deterioro progresivo de la actitud hacia las estructuras establecidas. Muchos han pasado a una condena sectaria del sistema completo como algo impío e injusto. Las redes políticas actuales más enérgicas denuncian los procedimientos vigentes como una tiranía del gran gobierno [big governement], o una farsa manipulada por las grandes empresas.

En la colisión del viejo mundo con el nuevo, la democracia no ha permanecido inmune al daño. Es también un campo de batalla, como el periódico. Puede que sobreviva, pero eso no va de suyo, y no hay duda de que se verá transformada. Cómo cambie puede depender de la suma de las decisiones de los ciudadanos individuales –es decir, de nosotros– tanto como de reformas procedimentales. Esto es parte de mi tesis, y el único lugar donde me desviaré de una pura descripción del mundo, para contemplar lo que debe hacerse.

***

La proliferación global de internet en la década de 1990, y de las redes sociales en la primera parte de la década de 2000, inspiraron por igual aplausos y alarma, con algún residuo de duda. Algunos autores veían en los medios digitales un impulso para la colaboración humana y la democracia. Los críticos llamaron ciberutopistas a esta tribu. Otros veían en internet toda clase de males –la corrupción de la cultura, por ejemplo, o una invitación a los gobiernos para espiar a sus ciudadanos–. Estos eran los ciberpesimistas. Un tercer grupo, mucho más pequeño, se preguntó si verdaderamente había cambiado algo importante: llamémoslos ciberescépticos.

Esta disputa es menos importante de lo que parece.

El experto en redes sociales Clay Shirky ha señalado que un activista comprometido con fuertes vínculos personales a otros también puede expandir su alcance convirtiéndose en un guerrero de Facebook. No hay ninguna contradicción. Pero deseo ir más allá de este argumento. Las afirmaciones de Gladwell simplemente han sido refutadas por los acontecimientos. Las protestas iniciales en Egipto fueron la tarea de gente común y corriente, la mayoría conectada digitalmente, si es que tenían alguna conexión entre sí. Wael Ghonim, el hombre de marketing de Google, administró su página de Facebook desde Dubái, bajo un seudónimo. El vínculo firme que unía a los manifestantes a los que convocó a la acción era su desprecio por el régimen de Mubarak.

Malcolm Gladwell es un pensador del Centro, una mente de la era industrial8. Esto no prueba ni refuta sus ideas, pero lo ubica en cierto contexto. Identificó explícitamente los vínculos fuertes con la jerarquía, los vínculos débiles con la red, y no pudo imaginar cómo una podía ser derribada por la otra: «si estás atacando un sistema poderoso y organizado, debes ser una jerarquía». El cambio político, para Gladwell, era una tarea para profesionales entrenados, que requería la imposición de un nuevo sistema, con un nuevo programa o ideología para reemplazar al viejo. Pero hemos visto cómo esta fórmula ha sido contradicha por la lógica sectaria de la Quinta Ola. Estar a favor del cambio quiere decir hoy ser antisistema, antiprograma, antiideología.

Gladwell al menos fundaba su escepticismo sobre una concepción tradicional del poder: lo duro le gana a lo blando, las tijeras siempre cortan el papel. Me cuesta más darles sentido a las advertencias de los ciberpesimistas. Gritan desde los tejados que las dictaduras han usado las herramientas digitales para espiar a los disidentes y manipular la opinión pública. Esto, por supuesto, es cierto. Vimos un ejemplo en Irán, donde el régimen encarceló a los blogueros con los que estaba en desacuerdo, mientras inundaba la blogósfera con sus propios títeres. Se supone que los chinos son incluso más inteligentes en el ciberespionaje y la manipulación.

Como análisis, sin embargo, las exhortaciones de los pesimistas flotan en algún punto entre lo estéril y lo trivialmente verdadero. Por supuesto que las dictaduras desean espiar a los disidentes, tanto como los disidentes buscan evitar la detección –un juego que se ha vuelto mucho más difícil para quienes están en el poder debido a la proliferación de escondites digitales–. Por supuesto que las dictaduras desean manipular todo tipo de medios para influir sobre la opinión. En la era industrial, sin embargo, lo hacían de modo oficial y descarado, desde la autoridad, mientras que bajo la nueva organización los déspotas tienen que intentar personificar al público para contar con alguna esperanza de influir sobre él. En lugar de inyectar eslóganes en los cerebros del público por medio de titulares en el Diario del Pueblo o de un discurso televisado del líder máximo9, ahora se ven forzados a montar al tigre de la opinión real, y enfrentar las consecuencias si se vuelve en su contra.

El pesimismo suele ser el espacio del idealista desilusionado y del pensador falsamente sofisticado. Esto parece ser lo que sucede en el caso de las voces más escuchadas del ciberpesimismo. He tomado nota de sus advertencias. Prosigamos. El chivo expiatorio preferido de ciberescépticos y ciberpesimistas ha sido Clay Shirky, cuyo libro de 2008, Here Comes Everybody [Aquí vienen todos], fue descrito por Gladwell como «la Biblia del movimiento de redes sociales» (es decir, de los ciberutopistas).

Shirky camina por la vereda del sol, pero no es un utopista. Prefiere las anécdotas optimistas, lo que indigna a los cascarrabias, pero en el libro en cuestión concedía crédito a las redes sociales por la posibilidad de compartir –fotos en Flickr, por ejemplo– y colaborar según el modelo de Wikipedia, y reconocía al mismo tiempo que los ejemplos de acción colectiva inspirados por herramientas digitales eran «todavía relativamente escasos». Eso era cierto en 200810. Su mensaje era que las nuevas plataformas digitales facilitaban la «autoconvocatoria» de los grupos, y que la aparición de estos grupos espontáneos estaba destinada a conducir, tarde o temprano, a cambios sociales y políticos. A diferencia de Gladwell, Shirky previó la posibilidad de los acontecimientos de 2011 y el rol que un público en red, conectado a la esfera de la información, podía jugar en la revolución. Una esfera de la información con muchas redundancias y que no para de producir ha tomado forma a la mano de las personas ordinarias, pero más allá del alcance del gobierno moderno. En las profundidades tectónicas de la vida política y social, el balance de poder ha cambiado de modo fundamental entre la autoridad y la obediencia, los gobernantes y los gobernados, la elite y el público, de modo que cada uno puede infligirle daño al otro, pero ninguno puede obtener una ventaja decisiva. Esa es la tesis no-utópica de este libro. Llegué a ella, en parte, persiguiendo hebras de análisis sobre la naturaleza y las consecuencias de los nuevos medios que Clay Shirky fue el primero en tejer.

Homo informaticus, o cómo la posibilidad de elegir puede causar la caída de gobiernos

Persiste la pregunta, central para mi tesis, acerca de cómo la información puede influir sobre el poder político. La respuesta no es intuitiva. La información es blanda y abstracta. El poder es tan duro y tan real como la bala de un policía. Aun así, como Shirky observó con respecto a los nuevos medios, quienes detentan el poder siempre han asumido una relación cercana y vigilante con la información. Los gobiernos han trabajado duro para controlar las historias que se cuentan sobre el statu quo, es decir, sobre ellos mismos.

Esta ansiedad por controlar la información que padecen quienes ya controlan las armas debería alertarnos sobre el hecho de que el poder político quizás sea menos «duro», y más intangible, de lo que se suele suponer.

El poder, desde nuestra perspectiva, es un alineamiento particular entre la voluntad de las elites y las acciones y opiniones del público: una cuestión de confianza, fe y miedo, repartidos de modo variado, pero que incluye a ambos lados. La fuerza bruta juega un rol, pero como muestra la caída del brutal Muamar Gadafi, ningún gobierno puede sobrevivir solo sobre la base del asesinato de opositores. Es necesario que una fracción significativa del público considere aceptable el statu quo, y un mayor número de creyentes convencidos implica cimientos más sólidos en la base del régimen. Así es que la influencia potencial de la información sobre el poder político fluye más desde el modo en que encaja en los relatos de legitimación que desde, digamos, el periodismo de investigación o la distribución de información práctica.

Mi análisis de esta cuestión se centra en la emergencia de un organismo disruptivo e incansable, al que me he tomado el atrevimiento de bautizar homo informaticus, el hombre de la información. Usted y yo, y posiblemente la mayoría de la especie humana hoy, lo somos: el producto final de un proceso evolutivo que incluye la difusión de la educación, la expansión de los niveles de riqueza y seguridad, y la mejora en los medios de comunicación. Nuestros rasgos solo pueden explicarse haciendo referencia a un medio ancestral –en este caso, un paisaje de información reseco–. Esta es la lógica de la evolución.

Es en este punto donde nuestro héroe de evolución reciente hace su entrada en el escenario. El homo informaticus es un miembro del público con atributos distintos: puede leer, tiene acceso a periódicos, radio, películas, televisión. Ha estado expuesto a un mundo más amplio que trasciende su comunidad inmediata. Su llegada confronta al régimen con una nueva amenaza: el público con un mayor alcance puede ganar acceso a información que resulte subversiva para el relato legitimador. En la peor pesadilla del régimen, el público efectivamente concibe una forma alternativa de gobierno y actúa para obtenerla.

Para limitar la amenaza, el régimen tiene que desplegar un aparato mediático estatal costoso y elaborado. Actúa vigorosamente para poseer, o como mínimo dominar, los medios de comunicación masivos: los periódicos, la radio, la televisión, los libros, el cine, etc. El contenido de los medios estatales ejecuta, armoniosamente, el tema y las variaciones del relato legitimador del régimen.

Si toda la información disponible para el público revela que el sistema político está fijo, como la naturaleza misma, por toda la eternidad, entonces la revolución se vuelve un absurdo. Si todo lo que sé me convence de que no existe alternativa al statu quo, entonces puedo desesperar incluso hasta llegar a la violencia, pero no puedo buscar lo que no conozco: el cambio político. El público en estos casos es como un sordomudo parado en la calle mientras un camión avanza hacia él. Los efectos negativos canalizan las creencias humanas, y así moldean el comportamiento. Son intuitivos y poderosos.

Así es que este canal de información único tiene el potencial de producir un cambio radical. Amplía el campo visual del homo informaticus para abarcar valores y sistemas alternativos. Lo más importante: resquebraja la ilusión de que este modo de vida es inevitable y predestinado, un primer paso necesario hacia la revolución. Que la revolución ocurra o no dependerá, desde luego, de una multitud de factores, muchos de los cuales tienen poco que ver con la información. La transición entre los efectos positivos y negativos debe terminar en una no linealidad, pero podemos decir con seguridad que no se activará a menos que se le muestre al público un mundo ordenado de otro modo: una alternativa.

El mero volumen de información es capaz de subvertir cualquier narrativa, al mostrar que hay alternativas. Los medios controlados por el Estado habían generado demasiada información, demasiada novedad, pero cuando fueron efectivos lograron convencer al homo informaticus de que no existían alternativas seguras al estado de cosas vigente.

Necesariamente, un canal independiente aportará efectos de demostración que contrastarán la historia que justifica al régimen con explicaciones alternativas igualmente plausibles que la contradigan.

Al juzgar a su gobierno, el homo informaticus puede hacerlo a la luz de posibilidades alternativas –diferentes perspectivas sobre la misma política o acontecimiento, diferentes valores invocados para una acción o inacción, diferente desempeño de otros gobiernos, reales o imaginados–. El primer paso para el escepticismo es la duda, y el homo informaticus, expuesto a un canal independiente, debe confrontar elecciones y dudas al construir su historia del mundo.

A medida que la fábula evolucionista se acerca al momento actual, el contenido prolifera.

Una vasta esfera de información global, que no cesa de producir controversias, puntos de vista y afirmaciones contrapuestas sobre cada tema, se vuelve accesible para nuestro héroe. El volumen y variedad exceden los de los medios controlados por muchos órdenes de magnitud. Si el homo informaticus intentara absorber esta masa, su cabeza explotaría. No es esto lo que ocurre. Deberá escoger. Lo mismo harán otros miembros del público. Por esa misma selectividad, la libertad de elegir sus canales de información, el público quiebra el poder de la clase mediadora creada por los medios masivos y, en los casos de dominio autoritario, controlada por el régimen.

La caída de los mediadores, dejando todo lo demás igual, implica el fin de la posibilidad del régimen de gobernar mediante la persuasión. Los gobiernos de todo tipo han tenido problemas para comprender la repentina inversión en el balance de poder informacional. Orgulloso en su jerarquía y sus credenciales, pero privado de canales de retroalimentación, el régimen está literalmente ciego a buena parte de ese contenido global. Se comporta como si nada hubiese cambiado más allá de los intentos de ideas extrañas –la pornografía, la irreligión, la americanización– de seducir al público. De modo más significativo, el régimen, en su ceguera, fracasa en ajustar su relato legitimador para hacerlo plausible en un ambiente abigarrado y ferozmente competitivo. Una representación precisa, basada en el volumen, mostraría que los medios estatales son microscópicos, invisibles, cuando se los compara con la esfera de información global. Así es como el homo informaticus experimenta el ambiente transformado: como una inundación amazónica de contenido irreverente, controversial, antiautoridad, que incluye críticas directas al régimen.

Las consecuencias son predecibles e irreversibles. El régimen acumula puntos débiles: la brutalidad policial, el desmanejo económico, los fracasos en la política exterior, las respuestas fallidas a las catástrofes. Estos problemas ya no pueden ocultarse ni desestimarse. En su lugar, son aprovechados por un público recientemente empoderado y ubicados en el centro de las discusiones abiertas. En esencia, son los fracasos del gobierno lo que ahora fija la agenda. A medida que el relato legitimador del gobierno se vuelve cada vez menos persuasivo, el homo informaticus ajusta su historia sobre el mundo en oposición a la del régimen. Se une a las filas de otros miembros descontentos del público, hostiles al statu quo, deseosos de pelearse con la autoridad, que buscan los medios para transmitir sus opiniones y dar vuelta la relación con quienes mandan.

Los medios de comunicación son, desde luego, provistos por la esfera de la información. La unidad de transmisión puede ser un individuo solo –un Hoder, un Wael Ghonim, cualquier miembro del público, incluido el homo informaticus–. El nivel de alcance es de miles de millones, distribuidos sobre la faz del planeta.

En esta etapa, el público, agrupado en torno de comunidades de interés en red, ha tomado el control efectivo de las herramientas de comunicación. Las comunidades vitales giran en torno de temas preferidos, en contraposición a los temas en los que los medios masivos, las corporaciones o los gobiernos desean que las personas se interesen.

Bajo gobiernos autoritarios, las comunidades vitales tenderán a confluir en una oposición política a medida que se topen con la vigilancia y el control del régimen. El régimen todavía controla el aparato represivo. Puede negarle atención, atacar físicamente, encarcelar o incluso matar al homo informaticus, pero no puede silenciar su mensaje, porque su mensaje está constantemente amplificado y propagado por la comunidad opositora. Dado que la oposición domina las herramientas de comunicación y está inserta en la esfera de información global, su voz llega más allá de lo que cualquier gobierno nacional puede alcanzar.

Esta era la situación en Egipto antes del levantamiento del 25 de enero de 2011. Esta es la situación en China hoy. La riqueza y la fuerza bruta del Estado moderno tienen su contrapeso en los vastos poderes comunicativos del público. Se colocan filtros para el acceso a internet, agentes de la policía monitorean sitios sospechosos, los comunicadores extranjeros son bloqueados, los blogueros del país son acosados y encarcelados, pero cada incidente que rasga la legitimidad del régimen es apropiado por un público rebelde y luego transmitido y amplificado hasta que la crítica se viraliza.

El tironeo de la guerra enfrenta a la jerarquía contra la red, el poder contra la persuasión, el gobierno contra los gobernados: bajo estas condiciones de alienación, cada centímetro del espacio político es disputado, y la turbulencia se vuelve una característica permanente de la vida política.

Las condiciones objetivas y la naturaleza del sistema político deben ser tomadas en cuenta cuando se trata del proceso evolutivo que acabo de describir. La violencia del régimen importa. Era más seguro protestar contra Ben Ali en Túnez o Mubarak en Egipto que contra Gadafi en Libia o Bashar al-Assad en Siria; o, para el caso, contra la dinastía Kim en Corea del Norte.

Pero el ascenso del homo informaticus pone a los gobiernos sobre el filo de una navaja, donde cualquier error, cualquier evento adverso puede convocar al público conectado en red a las calles, sediento de sangre. Esta es la situación actual para los gobiernos autoritarios y las democracias liberales. La crisis en el mundo que deseo retratar concierne a la pérdida de confianza en el gobierno, en sentido amplio. La extinción masiva de los relatos legitimadores no deja margen para el error, ningún depósito residual de buena voluntad por parte del público. Cualquier chispa puede hacer volar por los aires a cualquier sistema político, en cualquier momento, en cualquier lugar.

Comencé formulando una pregunta sobre cómo algo tan abstracto como la información puede influir sobre algo tan real como el poder político. Permítanme terminar el capítulo proponiendo una respuesta, en forma de tres afirmaciones o hipótesis:

1. La información influye sobre la política porque no puede ser digerida por el relato justificador de un gobierno.

2. Cuanto mayor sea la difusión de información hacia el público, más ilegítimo se verá cualquier statu quo político.

3. El homo informaticus, conectado en redes y constructor y portador de la esfera de información, presenta un desafío existencial para la legitimidad de todo gobierno con el que se encuentra.

Martin Gurri: es escritor e investigador en el campo de la geopolítica y el cambio social en el Mercatus Center de la Universidad George Mason (Fairfax, Estados Unidos). Estudioso de las grandes mutaciones sociales y su vínculo con las disrupciones tecnológicas, se dedica a seguir el pulso global de las rebeliones políticas en curso.

Palabras claves: Centro, Frontera, homo informaticus, internet, poder.

Nota: este artículo es un extracto del capítulo «Mi tesis» del libro Interferencias, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2023. Traducción del inglés de Santiago Armando.

1. Sandmonkey [mono de la arena] es un epíteto derogatorio usado en algunos países de habla inglesa contra la población de Oriente Medio y el norte de África [n. del t.].

2. Dictador egipcio, ejerció el poder entre 1981 y 2011, cuando las revueltas en el marco de la llamada «primavera árabe» provocaron su renuncia [n. del e.].

3. Activista egipcio conocido por su participación en la revolución de 2011 [n. del e.].

4. M. Douglas y A. Wildavsky: Risk and Culture: An Essay on the Selection of Technological and Environmental Dangers, University of California Press, Berkeley, 1985.

5. Ibíd.

6. Ibíd.

7. William Wordsworth (1770-1850) fue un poeta inglés, uno de los grandes literatos románticos [n. del e.].

8. Sociólogo y periodista canadiense. Autor de varios bestsellers, ha sido incluido en la lista de las 100 personas más influyentes de Time y considerado uno de los principales pensadores mundiales por Foreign Policy [n. del e].

9. En español en el original [n. del t.]

10. C. Shirky: Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organizations, Penguin Books, Londres, 2008.

Summaries
Resúmenes en inglés

Lucía Dammert: The «Bukele Model» and the Latin American Challenges [4908]

The measures implemented in El Salvador are based on the failure of security policies tried in most of Latin America. But what are the achievements of Nayib Bukele and what are the deficits of the policies applied in the rest of the region?

Keywords: Insecurity, Nayib Bukele, El Salvador, Latin America.

Reginaldo Nasser: The Monroe Doctrine, 200 Years On [4909]

Two centuries ago the Monroe Doctrine was proclaimed. With it was established President James Monroe’s warning that the United States would not allow any type of recolonization on the American continent by European powers. But at the end of the 19th century, with the country perched as a rising power, the doctrine received antagonistic interpretations regarding which world order would be most appropriate to its interests and values. The debate is still important today.

Keywords: Expansionism, Monroe Doctrine, Zones of Influence, United States.

Sofía Mercader: When Intellectuals Imagined the Democratic Transition [4910]

Two intellectual groups played an important role in the transition to democracy in Argentina: the legal philosophers led by Carlos Nino, who advised president Raúl Alfonsín in the design of the human rights strategy, and the social democratic intellectuals who proposed a reformulation of socialism in a democratic and liberal code. Returning to the debates and ideas that these groups put into play at a founding moment of Argentine democracy has particular importance in the current moment.

Keywords: Democracy, Human Rights, Intellectuals, Raúl Alfonsín, Argentina.

Roy Hora: The Argentine Left before the Dawn of Democracy: A Story of Promise and Frustration (1880-1916) [4911]

It is often stated that the Argentine Left was unique in the Latin American context both for its early development and for its rapid decline. This article discusses and complicates this vision. It emphasizes, at the same time, the importance of paying more attention to the social and political context of the export era to understand the difficulties the Left faced in attracting majority support among the population as early as the 19th century.

Keywords: Left, Liberalism, Oligarchic State, Working Classes, Argentina.

Camila Perochena: The Uses of History in Current Argentine Politics [4912]

The 2023 electoral battle was not only played in the debate about the present but also in the arena of the past. The different candidates and political leaders transmitted visions of Argentine history in which their conceptions of politics and democracy can be glimpsed. How do the three main forces of the last presidential election think about history?

Keywords: Memory, Politics, Uses of History, Argentina.

Pablo Stefanoni: Combing 2001 against the Grain: From «Argentinazo» to the New Right [4913]

A little more than two decades after the 2001 crisis, social nonconformism returned in the midst of a deep economic and social crisis. The election victory of the Right-wing outsider Javier Milei, riding in that climate, has resonances with those days in which the crowds sang «Que se vayan todos» and put the political system on the ropes. But if 2001 was predominated by progressivism, today it is the radical Right that embodies the new insurrectional emotions.

Keywords: 2001, Crisis, Kirchnerism, Right, Javier Milei, Argentina.

Martín Schorr: Democracy, Economy, and State Capture [4914]

Argentine democracy seems to have its worst performance in the economic arena. Some of the causes of the problems of these four decades – deindustrialization, fiscal deficit, external restriction, inflation – are linked to various mechanisms of State capture that have survived both in neoliberal experiences, which deepened them, and in neo-developmentalist ones, which they were not able to dismantle.

Keywords: Democracy, Economic Power, Economy, State Capture, Argentina.

Natalia Gherardi: 40 Years of Democracy: A Feminist Evaluation [4915]

Not without tensions and resistance, since the end of the dictatorship, in 1983, democratic advances were inseparable from feminist demands. From shared parental authority and divorce to the most recent legalization of abortion, the struggles of women’s movements brought together various sectors, both in the streets and in institutions. The Ni Una Menos movement was a milestone in the fight against violence and for pending rights.

Keywords: Democracy, Feminism, Rights, Women, Argentina.

Leandro Barttolotta / Ignacio Gago: 14 Notes for an Argentine Cartography of Precariousness [4916]

Argentina’s social situation – especially in the populous areas of Greater Buenos Aires – has been deteriorating in recent years at the rate of multiple and persistent crises. Many are wondering why there was no explosion during this time, as has occurred amid similar situations in the past. There was an implosion instead, and that implosion requires new ways of approaching the social situation.

Keywords: Implosion, Precariousness, Mapping, Working Class, Argentina.

Gabriela Águila: Argentina’s Last Military Dictatorship: Phases and Strategies, 1976-1983 [4917]

The dictatorship imposed in 1976 by the Armed Forces, with civilian support, had several phases and went through tensions between different visions of the economy and the State. Unlike dictatorships like the Chilean one, in Argentina the Armed Forces exercised collegiate power between the three branches. Forty years after the democratic restoration, it is still important to go over the goals of the coup d’êtat, its regressive economic and social dimensions and its repressive technologies, and the links between society and the military regime.

Keywords: Coup d’Êtat, Human Rights, Military Dictatorship, Repression, Argentina.

Pablo Alabarces: What is the Point of Winning a World Cup? Three Ways to Be Happy [4918]

Among so much bad news, the victory in the Qatar World Cup in 2022 seems to have been the only thing worth celebrating in post-pandemic Argentina. That the only community joys come from football does not allow for great optimism. But at least it enables some burst of happiness. A mere compensatory happiness?

Keywords: «Aguante», Football, Passion, World Cup, Argentina.

Julieta Zelicovich: A Foreign Policy for the «Jungle»: Argentina in the International Context [4919]

In a global scenario of profound transformations, Argentina is once again defining its place in the world. After 40 years of democracy, and in a context of change of government, the country’s international insertion is once again under discussion: its uniqueness in the world, the consensus on foreign policy, and the strategic challenges and options that are presented in accordance with readings about change in the global system.

Keywords: Change, Foreign Policy, Integration, Argentina.

Martin Gurri: A Thesis on the Crisis of Authority in the New Millennium [4920]

The world is going through a battle between authority and the public in which information is the disruptive agent. While the hierarchy has developed a hard exoskeleton to keep each piece in its place, the network is dispersed and malleable, and Homo informaticus builds a different type of public, which – rather than replacing the old order – seems to endlessly destabilize it.

Keywords: Border, Center, Homo informaticus, Internet, Power.

Alemania: F. Delbanco, Tel.: (49 4131) 2428-8, e-mail: <post@delbanco.de>.

Argentina: Distribuidor: Jorge Waldhuter,

Pavón 2636, Buenos Aires,

Tel./Fax: (5411) 6091.4786, e-mail:

<hola@waldhuter.com.ar>.

Bolivia: en La Paz: Yachaywasi,

Tel.: (591) 2 2441.042, e-mail:

<yachaywa@acelerate.com>.

En Santa Cruz de la Sierra: Lewylibros,

Junín 229, Tel.: (591) 3 3360709.

Colombia: Librería Fondo de Cultura

Económica, Calle 11 No. 5-60, Barrio

La Candelaria, Bogotá, Colombia. Tel.: (571) 2832200, e-mail: <libreria@fce.com.co>.

Costa Rica: Librería Nueva Década,

Tel.: (506) 2225.8540,

e-mail: <ndecada@ice.co.cr>.

España: Marcial Pons-Librero,

Tel.: (34 914) 304.3303, e-mail:

<revistas@marcialpons.es>.

Japón: Italia Shobo, Fax: 3234.6469;

Spain Shobo Co., Ltd., Tel.: 84.1280,

Fax: 84.1283, e-mail:

<info@spainshobo.co.jp>.

Perú: El Virrey, Bolognesi 510,

Miraflores, Lima, Tel.: 444.4141,

e-mail: <info@elvirrey.com>.

Puerto Rico: Laberinto,

251 calle de la Cruz, San Juan,

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