NUEVA SOCIEDAD

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de pensamiento progresista, que aboga por el desarrollo de

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Nueva Sociedad No 305

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NUEVA SOCIEDAD 305

Mayo-Junio 2023

Índice

coyuntura

4874 Pablo Stefanoni. ¿Quién llora por Argentina? Elecciones en medio de la crisis

Tribuna global

4875 Monica Herz / Giancarlo Summa. América Latina y la caja de Pandora del unilateralismo de las grandes potencias

Tema central

4876 André Singer. El regreso de Lula
4877 Cristóbal Bellolio Badiola. Gabriel Boric o las peripecias de los hijos de la transición chilena
4878 Forrest Hylton / Aaron Tauss. Colombia en tiempos de Petro. Expectativas de cambio y riesgo de «empate catastrófico»
4879 Ari Pedro Oro. ¿Dios por encima de todos? Religión y elecciones en Brasil (2018 y 2022)
4880 Rodrigo M. Medel. Chile, la política y la calle. Dinámicas de una politización antipartidista
4881 Catalina Niño Guarnizo. Los obstáculos para la «paz total» en Colombia
4882 Claudia Heiss. El proceso constituyente en Chile. Entre la utopía y una realidad cambiante
4883 Laura Gamboa. Incertidumbre y oposición: la derecha ante el gobierno de Gustavo Petro
4884 Stéphanie Alenda. Batallas y reconfiguraciones en la derecha chilena

ENSAYO

4885 Giuliano da Empoli. Cómo el Partido Comunista Chino y Silicon Valley trabajan por un futuro posthumano

SUMMARIES

Segunda página

En los últimos tiempos, se ha discutido si América Latina volvía a estar inmersa en una «marea rosa», en un segundo giro a la izquierda. Y en ese marco, destacaban tres países: Chile, Colombia y Brasil. En el primero, el estallido de 2019 alimentó una poderosa corriente que permitió que una nueva izquierda, con fuertes referencias generacionales, diera el sorpasso a la centroizquierda que llevó adelante la transición pospinochetista; en el segundo, la llegada de la izquierda al gobierno fue un hecho inédito, tras décadas de conflicto armado y elites asociadas a menudo con derechas radicales; en el tercero, el regreso del progresismo al poder tuvo una épica particular porque canceló la posibilidad de que la extrema derecha siguiera gobernando. Así, Gabriel Boric, Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva atraían una amplia ola de simpatía en todo el continente y más allá. Pero hoy, a poco de asumir, sus márgenes de acción parecen haberse estrechado, si bien en los tres casos existen agendas reformistas en marcha, las expectativas de cambio no se han agotado y la historia no está cerrada. A estos tres procesos se dedica el Tema Central de este número de Nueva Sociedad.

André Singer abre el dossier con un extenso análisis del retorno de Lula da Silva, pero también examina en detalle la verdadera «Confederación» territorializada que representa el bolsonarismo, y describe el posicionamiento de las diferentes facciones de las elites y los sectores populares frente a la elección. En síntesis: cómo se explican los resultados, qué base territorial y social tiene cada bloque, qué imaginarios ideológicos moviliza y, finalmente, a qué relaciones de fuerza dio lugar la última elección. Este artículo se complementa con el de Ari Pedro Oro sobre los vínculos entre religión y política en las elecciones de 2018 y 2022, claves para entender los resultados: si el voto evangélico conservador aseguró la victoria de Bolsonaro en 2018, el de los católicos y sin religión parece haber sido determinante en el ajustado triunfo de Lula da Silva en 2022.

El caso chileno es analizado desde diversas perspectivas, con un particular enfoque en los recientes desplazamientos ideológicos: el triunfo del Rechazo al nuevo texto constitucional abrió paso a la victoria de la extrema derecha en las elecciones para elegir un nuevo Consejo Constitucional. Cristóbal Bellolio Badiola analiza los cambios en la agenda política desde el estallido hasta la actualidad: cómo esta se desplazó de las desigualdades –sociales o de género– a la economía y, sobre todo, a la seguridad, y cómo este desplazamiento beneficia a la derecha. Pero también cómo el gobierno «generacional» de Boric terminó apoyándose más en la centroizquierda que en la (nueva) izquierda de la que surgió. Claudia Heiss aborda, de manera más directa, el tercer intento de superar la Constitución de 1980 luego del fracaso de la propuesta de Michelle Bachelet y del reciente proceso constituyente. Si el problema de la Convención anterior fue estar «a la izquierda» de Chile, esta corre el riesgo contrario: estar demasiado «a la derecha», en un contexto en el que, como describe Rodrigo M. Medel, Chile ha vivido un aumento sostenido de la protesta social paralelo a un declive sin precedentes de la participación electoral, recuperada recientemente mediante la restauración del voto obligatorio. Y esta disociación generó una crisis profunda para una clase política sin bases sociales y poco apoyo popular. Por último, Stéphanie Alenda analiza la emergencia del Partido Republicano, liderado por José Antonio Kast, como contratendencia a los esfuerzos de moderación de gran parte de la derecha chilena desde los años 2000, y enmarca este fenómeno en el crecimiento de las nuevas derechas radicales en el mundo democrático occidental.

Forrest Hylton y Aaron Tauss analizan Colombia en los tiempos de Petro, el antiguo guerrillero que llegó a la Presidencia acompañado de una vicepresidenta afrocolombiana, Francia Márquez, dos hechos históricos en sí mismos. Su elección, reafirman los autores, fue el resultado de las expectativas de cambio, y al mismo tiempo las ha potenciado, en un país que carga con una densa historia de violencias, iniquidades y desigualdades. Pero sin mayoría parlamentaria propia y con fuertes poderes fácticos –legales e ilegales– en contra, el gobierno busca aprobar una serie de reformas progresistas, mientras trata de avanzar en una paz esquiva con actores armados de diversa naturaleza. La cuestión de la paz, central para entender la política colombiana, es desgranada en el artículo de Catalina Niño Guarnizo. La política de Petro de negociar, a la vez, con diversos grupos armados –políticos y delictivos– enfrenta numerosas dificultades, entre ellas la desconexión entre la estrategia de paz y las políticas de seguridad. Al mismo tiempo, varios grupos se han venido aprovechando de la retórica de la paz para ganar tiempo, reducir la presión de las fuerzas de seguridad y tratar de fortalecerse, y ponen en riesgo una de las principales promesas de campaña del presidente. Finalmente, Laura Gamboa analiza los diferentes posicionamientos de la oposición colombiana, parte de la cual integró hasta hace poco la coalición parlamentaria del presidente. Mientras un sector de la oposición ha apelado a estrategias extrainstitucionales con discursos radicales y le ha negado legitimidad al gobierno, otro ha recurrido a estrategias más moderadas y discursos más conciliadores.

Creemos que pensar estas tres experiencias de manera conjunta permite reflexionar sobre las potencialidades y los límites de la transformación social, las perspectivas reformistas en curso y, de manera más amplia, sobre el progresismo de este tiempo.

| coyuntura

¿Quién llora por Argentina?

Elecciones en medio de la crisis

Pablo Stefanoni

Argentina inició su año electoral en medio de una fuerte crisis económica y social. Con las encuestas a favor de la oposición de centroderecha, el peronismo busca encontrar un rumbo tras el deslucido gobierno de Alberto Fernández, marcado por las desavenencias con su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Del lado de la oposición de centroderecha, las primarias determinarán si será un «halcón» o una «paloma» quien intente reconquistar la Casa Rosada. Del lado del peronismo, parece haber demasiadas opciones y ninguna a la vez, mientras un tercer candidato de extrema derecha busca aprovechar en su beneficio el clima de desasosiego dominante.

«No voy a ser candidata a nada, mi nombre no va a estar en ninguna boleta», anunció la ex-presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el 6 de diciembre de 2022, tras ser condenada por la justicia en primera instancia; por una «mafia judicial», según sus términos. «Quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección. Hay una gran cantidad de dirigentes nuevos. Confío en que no nos van a dejar pisotear por el populismo», anunció el ex-presidente Mauricio Macri el 26 de marzo pasado. De esta forma, Argentina entró en la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales y legislativas del 22 de octubre próximo sin los dos principales líderes de la última década en las papeletas electorales. Antes de esa fecha, el 13 de agosto, se realizarán las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (paso), y en diversas fechas varias provincias eligieron y elegirán a sus gobernadores en comicios desdoblados de los nacionales (según la conveniencia de los jefes provinciales). Pero hay un dato más: el propio presidente, Alberto Fernández, anunció también, presionado por su baja popularidad –y por el kirchnerismo–, que no competirá por la reelección, y convocó a que la candidatura peronista se elija de manera competitiva, en las primarias, en un mensaje implícito a la vicepresidenta.

Mientras la oposición de centroderecha agrupada en la alianza Juntos por el Cambio (jxc) avanza hacia las primarias con las encuestas a su favor y no pocas tensiones internas, el peronismo se encuentra desconcertado, con un gobierno carcomido por los desencuentros entre el presidente Fernández y la vicepresidenta Fernández de Kirchner. Y en un contexto económico y social crítico, la pregunta que hoy buscan responder encuestadores, políticos y periodistas es cuál es el techo electoral del libertario de extrema derecha Javier Milei, cuyo eje de campaña es el rechazo a la «casta política».

Los comicios parecen expresar el fin del ciclo que comenzó en 2003 con el triunfo de Néstor Kirchner y que nadie sabe cómo terminará. En caso de victoria opositora, ¿serán los «halcones» (Patricia Bullrich) o las «palomas» (Horacio Rodríguez Larreta) quienes gobiernen? ¿El peronismo se encamina a una derrota histórica o logrará revertir los pronósticos más pesimistas de aquí hasta octubre? ¿Cuántos argentinos están dispuestos a lanzarse al vacío de la mano de un candidato «anarcocapitalista» como Javier Milei para protestar contra los políticos?

Peronismo sin brújula

Cristina Fernández de Kirchner pronunció, con la habilidad discursiva que la caracteriza, su «renunciamiento» tras ser condenada en primera instancia por «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública». Dijo que prefiere ir a la cárcel (lo que no ocurrirá al menos en estos próximos años) antes que ser «mascota del poder», de gente como los ceo del grupo mediático Clarín, su enemigo número uno. Consideró que su condena es parte del lawfare y que se trata incluso de un «fusilamiento judicial» destinado a proscribirla. En palabras y gestos remitió así al peronismo histórico: al renunciamiento de Eva Perón en 1951, ya enferma, a ser candidata a vicepresidenta; a los fusilamientos tras el golpe de Estado de 1955; a la proscripción de Perón y los suyos entre 1955 y 1973. Con ello, buscó encolumnar al peronismo detrás de su defensa político-judicial. La condena refiere a un juicio por la asignación de la obra pública en la provincia patagónica de Santa Cruz, en la que se habría beneficiado al empresario Lázaro Báez, muy cercano al matrimonio Kirchner, y para algunos directamente su testaferro. Pero en la visión de la vicepresidenta, los jueces buscan sacar del juego a políticos populares, como ocurriera con Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. El kirchnerismo traza incluso un hilo rojo entre los mediatizados alegatos del fiscal del caso y la condena a seis años de prisión, y el atentado contra Cristina Fernández del 1o de septiembre de 2022, cometido por un grupo de jóvenes vendedores de algodones de azúcar radicalizados contra el gobierno1.

Tras el anuncio de que no se postulará «a nada», la vicepresidenta dejó correr, no obstante, un «operativo clamor» (otra expresión muy peronista) de los dirigentes intermedios para que revea su decisión. Sin embargo, siguió enviando mensajes que enfrían o simplemente descalifican esa posibilidad. Pero esta vez Cristina Fernández no solo no se presentaría «a nada», sino que tampoco, a diferencia de 2019, estaría en condiciones de elegir al candidato. En aquel momento, había publicado un video en redes sociales en el que anunciaba que «le había pedido» a Alberto Fernández que fuera su candidato a presidente, y ella se había reservado el lugar de vice. Hoy está lejos de poder resolver las cosas de este modo, y el peronismo se encuentra en un escenario de desconcierto. Con un horizonte sombrío en el plano nacional, el movimiento fundado por Juan D. Perón en la década de 1940 se atrinchera en la estratégica provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, para tratar de no perder esa jurisdicción como en 2015, cuando el macrismo se la arrebató de la mano de María Eugenia Vidal. En un hecho inédito, el peronismo no tiene un candidato competitivo a pocas semanas de la inscripción de las candidaturas.

Lo «normal» sería que el actual mandatario, Alberto Fernández, se postulara para otros cuatro años. Pero Fernández no es un presidente «normal»: fue elegido por su vicepresidenta y la relación con ella, a poco de asumir, entró en una pendiente descendente que terminó en la ruptura del diálogo durante largos periodos. El presidente nunca se decidió entre someterse o distanciarse de la vicepresidenta y navegó un camino sinuoso en el que fueron devaluándose su figura y su palabra, sin que lograra trazar un rumbo. Las tensiones quedaron en evidencia en varias oportunidades, la más importante de ellas, en relación con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (fmi) para renegociar la megadeuda tomada por Mauricio Macri, que el kirchnerismo rechazó por considerar que el país volvía a perder su soberanía frente al organismo. Cristina le envió duras cartas públicas a Alberto, se refirió a «funcionarios que no funcionan», le pidió que «usara la lapicera» contra los poderosos y hasta dejó de atenderle el teléfono. Incluso en una oportunidad le hizo llegar un presente «envenenado» para su cumpleaños: tras la firma del acuerdo con el fmi, le regaló el libro Diario de una temporada en el quinto piso, en el que el académico Juan Carlos Torre cuenta cómo el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), del que entonces era funcionario, voló por los aires tras firmar un acuerdo con el Fondo. Y por si no quedaba claro el mensaje, Cristina dijo que el libro tenía «mucha actualidad».

En las filas albertistas, creen que el fracaso del gobierno se debió en gran medida al permanente desgaste al que lo sometieron la vicepresidenta y el kirchnerismo en general. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, no pudo expresarlo con más claridad. En una entrevista para la radio Futurock, afirmó que Alberto Fernández debió lidiar con tres calamidades: «la pandemia, la guerra… y La Cámpora». La Cámpora es nada más y nada menos que la agrupación política que conduce Máximo Kirchner, hijo de Cristina Fernández y Néstor Kirchner. Cuando el periodista le hizo notar lo que estaba diciendo, el ministro ironizó: «Se me escapó, me salió sin querer»2.

La situación es curiosa: pese a tener a la vicepresidenta y a varios ministros claves en el gabinete, incluido el de Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, y el manejo de alrededor de 60% del presupuesto nacional según algunos cálculos, el kirchnerismo se ubica en gran medida en la oposición3. Según dicen, Cristina considera que la gestión de Fernández es un partido que nunca se jugó. Y la esquizofrenia que esto genera conspira contra las posibilidades del peronismo en octubre. Alberto llegó a decir públicamente, en una ocasión en la que se había roto el diálogo con De Pedro, que gobierna con los ministros que puede4.

Con una inflación que ya supera el 100% anual y una pobreza que llegó a 39%, sumadas a la escasez de reservas y la volatilidad del dólar blue (la cotización no oficial), para cualquier partido sería difícil ganar una elección, pero lo es más cuando no existe conducción ni narrativa unificadas. El ultrapragmático superministro de Economía Sergio Massa quiere postularse, pero necesita mostrar resultados; el cristinista De Pedro ya se anotó, pero no termina de despegar en las encuestas; Daniel Scioli, actual embajador en Brasil, vicepresidente durante el gobierno de Néstor Kirchner y ex-candidato presidencial en 2015 –cuando perdió por escaso margen–, quiere una segunda oportunidad, y hasta se especula con que podría ser el candidato de Alberto Fernández (aunque es posible que hoy nadie quiera presentarse de ese modo). Por ahora, Scioli tampoco genera demasiado entusiasmo, si bien ha empezado a «caminar el país» y, en medio de la falta de candidatos, podría tener su revancha.

¿Y qué hará en este contexto Cristina Fernández de Kirchner? La vicepresidenta aún tiene un acuerdo político con Massa, pese a que el ahora ministro terminara siendo un férreo opositor a su gobierno y no esconda sus fluidos vínculos con el establishment y la embajada estadounidense. Massa intentó, mientras pudo, ser un puente entre Cristina y Alberto. Pero después de poner como presidente a Alberto Fernández por su perfil moderado, y luego cuestionarlo por «tibio», la vicepresidenta ¿apostaría por alguien ubicado aún más «a la derecha»? ¿Qué efecto podría tener algo así sobre la ya desanimada base kirchnerista, que echa en falta instrucciones y horizontes más precisos de parte de su referente político-ideológica?

Son pocos, en verdad casi nadie, quienes conocen o anticipan las jugadas políticas de Cristina, rodeadas siempre de misterio, secretismo y efectos sorpresa, y a menudo difíciles de entender en todas sus dimensiones. Es tal la incertidumbre que reina en el peronismo, que hasta llegó a tomar cuerpo, en un momento, la versión de que ella tendría un candidato sorpresa, un «tapado». El presidente de la petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (ypf), Pablo González, tuvo que salir a decir que él no era el candidato sorpresa luego de que su nombre fuera mencionado en varios medios. Cristina podría apoyar a Massa, si es que este finalmente se presenta, y colocar a los suyos en posiciones estratégicas en las listas de candidatos, pero ningún kirchnerista acudiría con entusiasmo a votar a quien consideran poco menos que un «vendepatria». O incluso, en este clima lleno de especulaciones, algunos no descartan que la vicepresidenta pueda terminar apostando por Kicillof como candidato presidencial: según los encuestadores, es quien más retiene el voto de Cristina Fernández si ella no se presenta. ¿Y podría ella misma ceder ante el clamor, revisar su posición de no presentarse a «nada» y postularse a «algo»? Esto quedó solo en wishful thinking: Cristina terminó de cerrar la posibilidad en una carta el 16 de mayo.

«No se hagan los rulos» (no se anticipen/ilusionen), «yo ya di lo que tenía que dar», dijo en una «clase magistral» la vicepresidenta en el Teatro Argentino de La Plata el pasado 27 de abril, frente a los enardecidos cánticos en favor de «Cristina presidenta»5. Si bien una candidatura presidencial de la vice sería un terremoto político-electoral y ganaría sin dificultades las primarias peronistas, se arriesgaría a una probable derrota en las generales. Más segura sería una candidatura al Senado, cargo que ya ocupó en el pasado, para traccionar votos hacia el peronismo desde la provincia de Buenos Aires, pero eso tampoco parece entusiasmarla y sigue atada al discurso de la «proscripción».

Con una Presidencia que aún debe transitar complicados meses electorales, Alberto Fernández no logró capitalizar, en el plano personal, su ansiada reunión con Joe Biden en la Casa Blanca, más allá de conseguir el apoyo del mandatario para renegociar el acuerdo con el fmi. Si el 3 de febrero de 2022, antes de la invasión de Ucrania, Fernández le había ofrecido a Putin en Moscú que Argentina fuera la «puerta de entrada» de Rusia en América Latina –y agradecido el envío de la vacuna Sputnik contra el covid-19–, esta vez el mandatario argentino mostró una sensibilidad compartida con el presidente estadounidense, por ejemplo respecto al valor de la democracia y los derechos humanos y la condena a la invasión. La reunión estuvo marcada, además, por el enfrentamiento China-Estados Unidos, en un contexto de creciente presencia del país asiático en América Latina6.

¿Será el momento, entonces, de la tercera renovación peronista después de la recuperación democrática en 1983? La primera, así denominada, fue la que lideró Antonio Cafiero en los años 80, tras la traumática derrota de 1983 a manos de Alfonsín, y colocó al peronismo en la senda de la democracia liberal con un perfil democristiano. Aunque Cafiero perdió sorpresivamente la única primaria peronista hasta la fecha a manos de Carlos Menem en 1988, la renovación tuvo efectos perdurables. La segunda, que no se llamó de ese modo, fue la liderada por Néstor Kirchner –y continuada por Cristina Fernández– e hizo girar el peronismo hacia la centroizquierda, tras su momento «neoliberal» con Menem en los años 90. Pero a diferencia del pasado, la facción kirchnerista se volvió una corriente permanente en el peronismo (lo que no ocurrió con las tendencias lideradas por Cafiero, Menem o Eduardo Duhalde) y con ciertas particularidades que la alejan del peronismo histórico. El cristinismo se superpuso en gran medida al peronismo, y la persistencia del papel central de la ex-presidenta, con una popularidad muy elevada pero al mismo tiempo generadora de un fuerte rechazo, ha impedido la emergencia de un nuevo liderazgo que adapte el movimiento a los nuevos tiempos (lo que el peronismo suele hacer bien) y encolumne detrás de sí a esa «des-organización organizada»7. Una derrota «catastrófica» del peronismo, como la de 1983, podría acelerar ese proceso, pero el escenario es aún incierto.

En este marco, cada quien resiste como puede. Algunos gobernadores, desacoplando las elecciones en sus provincias de las nacionales; los alcaldes del Conurbano bonaerense, atando su suerte a la popularidad de Cristina y a la reelección del gobernador Kicillof (un dirigente con estética de clase media porteña, ajeno a la «cultura» peronista y que desconfía de esos alcaldes); otros simplemente esperan… Pero lo cierto es que la marca Frente de Todos (fdt), que expresó la reunificación del peronismo al incluir a sectores como el de Massa, se encuentra devaluada, y que el movimiento caracterizado por su eficacia cuando se trata de luchar por el poder no muestra reflejos para revertir su debilidad electoral. ¿Los recuperará una vez que elija un candidato, previsiblemente tras una competencia en las primarias? No hay que subestimar al peronismo, dice la razón. Es probable que al ser elegido un candidato, este pueda concentrar el voto progresista y «antimacrista», pero falta, sin duda, un entusiasmo suplementario, y resultados de gestión, para sostener la campaña hasta agosto/octubre.

Palomas, halcones y ultrahalcones

Entretanto, la oposición de centroderecha transita sus propias tensiones, sobre todo Propuesta Republicana (pro), el partido fundado por Mauricio Macri en 2005. El pro forma parte de Juntos por el Cambio (jxc), una exitosa alianza electoral construida con la centenaria Unión Cívica Radical (ucr) y otras fuerzas más pequeñas, como la Coalición Cívica de Elisa Carrió, y en varios distritos suma en su armado electoral al Partido Socialista.

Si en 2015 Macri (empresario, ex-presidente del club Boca Juniors y ex-jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) llegó a la Presidencia con un discurso postideológico, asesorado por el gurú ecuatoriano Jaime Durán Barba8, hoy el ex-presidente ha girado explícitamente a la derecha y ha dejado plasmadas sus visiones acerca de su pasaje por el gobierno y sobre la actualidad en dos libros: Primer tiempo (2021) y Para qué (2022). El balance es que el «gradualismo» no funcionó y que, de volver al poder, la centroderecha debe dejar atrás el populismo y hacer reformas estructurales que no se animó a hacer, básicamente por temer un estallido social si las hacía.

Las primarias de jxc se dirimirán entre dos candidatos provenientes del pro: el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, de perfil más centrista, y la ex-ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de línea dura. Mientras que Rodríguez Larreta busca presentarse como «antigrieta» (antipolarización), Bullrich ha centrado su discurso en la «mano dura» contra la inseguridad y la protesta social, y en propuestas económicas liberales e incluso ultraliberales. En el plano societal, sus posiciones son más progresistas: apoyó la legalización del aborto y el matrimonio igualitario. Mientras que Patricia genera entusiasmo social, Rodríguez Larreta se aprovecha del abultado presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires para alimentar sus esperanzas de llegar a la Casa Rosada. «Horacio Rodríguez Larreta es un gran gestor, pero Patricia Bullrich tiene liderazgo político», resumió el dirigente del pro Federico Pinedo, que apoya a la ex-ministra9. Si nos guiáramos por el efecto que uno y otro genera –selfies en la calle, aplausos en un avión–, la tendencia favorece a la ex-ministra, que además tiene más cercanía con Macri. Pero Larreta tiene más estructura y habilidad para las pequeñas maniobras políticas y es conocido por sus habilidades de cooptación.

Bullrich, por su parte, conecta con un clima latinoamericano y global. Participó de marchas anticuarentena y mantiene vínculos con think thanks de derecha dura, como los ligados al gobernador de Florida, Ron DeSantis10. A diferencia de Jair Bolsonaro, que era un diputado bastante marginal, «La Piba», como se la conoce, tiene una larga carrera política: proveniente del peronismo revolucionario de la década de 1970, fue girando hacia el centro y luego hacia la derecha y ocupó cargos como el Ministerio de Trabajo en la época de Fernando de la Rúa y el de Seguridad con Macri, y actualmente es presidenta del pro11. En cada cargo dejó alguna marca, positiva o negativa, según la perspectiva con que se la mire. Y esa larga trayectoria le da muñeca política para negociar con diferentes sectores, incluida una parte de la ucr. Dicen que en las encuestas telefónicas, donde solo los politizados no cortan la llamada y responden las preguntas, gana Bullrich; mientras que en las encuestas presenciales, menos «sesgadas», quien encabeza las primarias de jxc es Rodríguez Larreta.

La puja es presentada como un enfrentamiento entre palomas y halcones. En ese marco, Macri está más cerca de la ex-ministra, sobre todo después de que Rodríguez Larreta lo desafiara tratando de dinamitar el plan del ex-presidente para colocar a su primo Jorge Macri como sucesor del propio Larreta en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estos enfrentamientos internos son percibidos por parte de la ciudadanía como mera política politiquera, en medio de un hartazgo social que está capitalizando el libertario de extrema derecha Javier Milei.

Milei es una rara avis de la política argentina. Este economista y diputado de 52 años comenzó a hacerse conocido después de 2016 en talk shows televisivos como el «economista de peinado raro» que atacaba a John Maynard Keynes –trataba el libro clásico La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero del economista británico como la «basura general», y a su autor, como un teórico al servicio de la «casta política»–. Con posiciones libertarias de extrema derecha, herederas del estadounidense Murray Rothbard, Milei se destacó por su estilo virulento, su estética rockera y sus posiciones anarcocapitalistas, que le atrajeron el apoyo de numerosos jóvenes12. Reivindica a Donald Trump y a Bolsonaro, participa de actos del partido español Vox, puede decir que entre el Estado y la mafia prefiere a la mafia, propone cerrar –«dinamitar»– el Banco Central y dolarizar el país, proclama que evadir impuestos es un derecho humano y puede defender la libre portación de armas o la legalización de mercados de órganos. Pero ha hecho del rechazo a la «casta política» el eje de su retórica.

En medio de la frustración social por la crisis económica, el creciente rechazo a los políticos y cierta nostalgia por la estabilidad macroeconómica de los años 90, cuando la economía estaba semidolarizada, Milei ocupa hoy el tercer lugar en las encuestas, con más de 20% de la intención de voto y un apoyo socialmente transversal y con mayor peso entre varones de clases medias bajas. Su crecimiento, incluso en provincias donde su fuerza no tiene militantes, ha desconcertado primero a jxc y ahora al peronismo. Si Milei desprecia a Rodríguez Larreta, a quien no duda en insultar llamándolo «socialista» (incluso «zurdo de mierda»13), tiene puentes con Patricia Bullrich y con el propio Macri. Los halcones del pro buscan a su vez líneas de contacto con el libertario. «Espero contar en mi gobierno con sus diputados», dijo Bullrich en un reciente discurso frente a los productores rurales, en un evento del que también participó Milei.

Si este comenzó como líder de una tribu urbana de jóvenes imberbes atraídos por su discurso «paleolibertario»14, hoy una parte del mundo empresarial mira con una mezcla de expectativa, curiosidad y también muchas dudas (debido a su débil armado político y sus ideas extravagantes) a este economista que antes de saltar a la política trabajó para el Grupo Eurnekian, gestionado por uno de los grandes empresarios argentinos. Muchos se preguntan si lo están «inflando» en las encuestas, si hay interesados en hacerlo crecer (¿el peronismo?), y si al final se «pinchará»… Otros se preguntan si puede pasar a la segunda vuelta y qué pasaría en ese caso. Hay otras preguntas también: ¿será este «libertarismo» un fenómeno pasajero o se arraigará en el paisaje político local? ¿Hasta dónde está penetrando en el voto de los «jóvenes Rappi o Glovo», en barrios populares o entre trabajadores precarizados agobiados por la inflación? Las políticas sociales masivas –diversos tipos de subsidios– han logrado en los últimos años evitar un estallido, pero son cuestionadas por quienes no las cobran, a menudo sectores solo algo menos pobres que quienes las reciben, y los discursos contra los «planeros» (beneficiarios de planes sociales) se han venido extendiendo en este tiempo.

En la provincia de Buenos Aires, donde no hay segunda vuelta, el peronismo se entusiasmó con que los votos del libertario le resten a jxc y ayuden a la reelección de Kicillof como gobernador, pero las encuestas muestran, cada vez más, la complejidad del voto al «economista de peinado raro» (que dice que abre la ventanilla del auto y lo peina «la mano invisible del mercado»). Milei termina sus discursos con el latiguillo «Viva la libertad, carajo». La «libertad», como una suerte de «significante vacío», es clave en su retórica y tiene declinaciones diversas, desde el «derecho humano» a evadir impuestos –que interpela a las clases medias– hasta la reivindicación de la economía informal, lo que le da votos también en espacios sociales otrora reactivos a votar por liberales demasiado acartonados y elitistas. El politólogo Pablo Touzón resumió así la lógica subyacente de una parte de ese voto: «Si el Estado no me va a ayudar, entonces que no me rompa las pelotas». El canal popular/populista Crónica tv puso a un movilero para encuestar en la estación de trenes de Constitución, en la ciudad de Buenos Aires, por la que cada día pasan millones de trabajadores –la mayoría ultraprecarizados–. Milei aparecía en boca de los encuestados una y otra vez. «Si querés provocar decís ‘Milei’. Laburás mal, viajás mal y (…) tenés una buena palabra para decir que se vayan todos y seguir de largo. Una que sepamos todos. Aunque incluso no lo votes», resumió la escena el periodista Martín Rodríguez15. La izquierda trotskista, agrupada en el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (fit-u) ha captado esta nueva realidad, sobre todo la influencia «libertaria» entre los jóvenes, y ha salido a confrontarlos abiertamente.

Milei tenía el desafío de hacer pie en las provincias, donde la política es a menudo más «territorial» que ideológica, y allí no dudó en aliarse con personajes de las derechas locales que han tenido la política como fuente de sustento (es decir, serían «casta»); por ejemplo, en la provincia de Tucumán, Ricardo Bussi, hijo de Antonio Domingo Bussi, condenado por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, o en La Rioja, Martín Menem, sobrino del ex-presidente. En esta campaña, Bussi hijo, acorde a los tiempos, se lanzó con una publicidad en la que defiende la libre portación de armas como forma de lucha contra el delito16, una propuesta que también difunde Milei. Pero la estrategia en las provincias no funcionó y Milei renunció a las batallas locales.

Agenda «de derecha»

La agenda electoral está marcada, como en otros países de la región, por dos grandes temas: inflación e inseguridad. Ambos –y aún más cuando se presentan juntos– tienden a beneficiar a la (centro)derecha. En el caso argentino, el superministro Massa, un hombre muy vinculado al mundo empresarial y famoso por su ultrapragmatismo ideológico, está tratando de manejar la situación, pero no lo ha logrado hasta el momento. Massa quiere ser el próximo presidente. Aunque él lo niega, todos saben que está trabajando para ello.

«Imprevisible, cambiante y con un itinerario difícil de seguir»: así lo presenta una reciente biografía del periodista Diego Genoud titulada El arribista del poder17. Massa comenzó su carrera política en la Unión del Centro Democrático (ucedé), una fuerza liberal-conservadora, saltó luego al menemismo de la mano de ese partido y terminó siendo un funcionario clave del primer kirchnerismo. Más tarde, rompió con Cristina, aseguró que barrería a los «ñoquis18 de La Cámpora» y llegó a decir, en una entrevista en 2015, que Cristina debería estar presa si no existiesen los fueros que impiden detener a un parlamentario. Durante años, tanto desde su cargo de alcalde del municipio de Tigre como desde sus anteriores candidaturas, defendió la «mano dura» contra el delito y hasta tuvo a Rudolph Giuliani como asesor fugaz. Luego pactó con Macri y terminó, en 2019, volviendo al peronismo mediante un acuerdo con… Cristina Fernández y Máximo Kirchner. Primero, ese pacto lo llevó a presidir la Cámara de Diputados y luego, tras la salida del ministro Martín Guzmán, presionado por el kirchnerismo, a aterrizar en el Ministerio de Economía con el aval de la vicepresidenta. Toda una parábola política y vital. Hoy busca ser el candidato presidencial del peronismo unido, pero su destino está atado al número de la inflación, que se resiste a bajar, y además Massa desconfía de Alberto y de su entorno.

Massa se proponía, en diciembre pasado, el voluntarista objetivo de una inflación de 3% mensual en abril de este año, pero hoy es más del doble de ese porcentaje, y variables como el dólar se encuentran a merced de la especulación, sin que el gobierno tenga espalda financiera para hacerles frente (depende en gran medida del fmi). Adicionalmente, la sequía que golpea el país –una de las peores de su historia– ha impactado fuertemente en la economía: se calcula un costo de 18.000 millones de dólares en concepto de ingresos por exportaciones, en un país con una aguda crisis de reservas. Massa desactivó la «bomba» de la deuda en pesos –que la oposición venía aventando con fuerza– y busca incentivar las liquidaciones de las agroexportadoras con un «dólar soja» más alto, pero el panorama es complicado: la brecha entre el dólar oficial y el blue supera el 100% y, según proyecciones del fmi, la economía solo crecerá 0,2% en 2023. La directora gerenta del Fondo, Kristalina Georgieva, puso el acento en el impacto negativo de la sequía en la economía argentina. Destacó «el compromiso del gobierno de continuar afinando las políticas a la luz de las condiciones en las que se encuentran» para cumplir con las metas establecidas en el programa negociado con ese organismo. Puso énfasis en la necesidad de mantener la reducción del déficit fiscal y controlar el gasto público (la meta es un déficit de 1,9% del pib para fines de 2023). Con el visto bueno del fmi sobre la cuarta revisión del programa a fines de marzo, se concretó un desembolso de 5.400 millones de dólares que abarcaba el último trimestre de 2022, lo que sirvió para sostener las reservas. Esta política de austeridad en tiempos electorales indigna al kirchnerismo, que cree que es una política suicida. La propia Cristina Fernández criticó esas metas y al organismo internacional en varias ocasiones.

Al mismo tiempo, como en otros países de América Latina, la penetración del narco y el crimen organizado se ha metido de lleno en la agenda electoral. Los disparos de amenaza contra un supermercado propiedad de la familia de la esposa de Lionel Messi pusieron en la agenda nacional un problema que viene de lejos: la expansión de la violencia narco en la ciudad de Rosario, la tercera más poblada de Argentina. Pero el problema de la inseguridad trasciende este territorio. El reciente asesinato de un chofer de ómnibus en la provincia de Buenos Aires y la agresión posterior al ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, en una protesta de colectiveros (conductores de ómnibus), en medio de una puja entre el gobierno nacional y el provincial, ambos peronistas, terminaron generándole una crisis política al gobernador Kicillof. Y muchos no dejan de preguntarse por qué mantiene en el cargo a un ministro que propicia la mano dura –algo que va en contra del discurso kirchnerista sobre la seguridad–, que no obtiene resultados y que incluso ha llegado a insultar al presidente Fernández. Este es un escenario soñado para Bullrich, que hizo de la seguridad su caballito de batalla. La ex-ministra combina discurso de mano dura y ajuste económico y siente que las estrellas se alinearon en su favor. Si gana las primarias, «La Piba» debería tratar de debilitar sus «negativos», dado que el entusiasmo hacia su figura convive con el rechazo que genera por su radicalidad.

Algunos analistas de opinión pública consideran que en las elecciones generales se tenderá a la moderación. Incluso alguien utilizó para sostener este argumento el caso del popular programa televisivo Gran Hermano, en el que los participantes conflictivos fueron uno a uno echados de la casa por el voto popular de los televidentes y ganó un «conciliador». En ese caso, si la oposición termina postulando a Bullrich y el peronismo a un centrista como Scioli o Massa, ¿el oficialismo aumentaría sus chances? ¿O, por el contrario, el escenario local y global es diferente del de 2015 o 2019 y hay más gente dispuesta a patear el tablero? Si la oposición postula al «moderado» Rodríguez Larreta, ¿hasta qué punto jxc podría sufrir una sangría de votantes en favor de Milei? Por detrás de la crisis, los sorprendentemente elevados niveles de consumo ¿podrían salvar al peronismo?

Todo ello forma parte de las discusiones de estos días en el círculo rojo de la política criolla.

Si bien tienen particularidades propias, las elecciones argentinas no dejan de reflejar elementos de un clima más amplio en América Latina. La debilidad de las coaliciones de gobierno, inmersas en tensiones internas, es uno de ellos. Pero también la volatilidad del voto y la tendencia de los electorados a castigar a los oficialismos (al menos en el nivel nacional). Si en 2015 los argentinos votaron a Macri para dejar atrás el kirchnerismo y construir un «país normal», cuatro años más tarde votaron al peronismo para castigar a Macri, cuyas promesas de «dejar atrás el populismo», bajar la inflación y reducir la pobreza chocaron con la dura realidad nacional. Hoy, la coalición de centroderecha fundada por Macri podría volver a la Casa Rosada como voto castigo frente a un peronismo que parece a la deriva y un presidente sin autoridad (ambas cosas, una novedad en la historia peronista, marcada por decisiones audaces y líderes fuertes). Pero analizar la realidad argentina es como apuntarle a un blanco móvil en medio de una situación que no deja de fluir. Y que seguramente nos depara algunas sorpresas más.

Pablo Stefanoni: es periodista e historiador. Se desempeña como jefe de redacción de Nueva Sociedad.

Palabras claves: centroderecha, crisis económica, elecciones, peronismo, Argentina.

Nota: una versión previa de este artículo fue publicada por la Fundación Carolina como Análisis Carolina No 6, 4/2023.

1. Federico Rivas Molina: «De vender algodones de azúcar a preparar un magnicidio: así son Los Copitos, la banda que atentó contra Kirchner» en El País, 23/9/2022.

2. «Aníbal dijo que La Cámpora es una de las ‘calamidades’ que le tocó vivir a Alberto» en La Politica Online, 15/3/2023.

3. Máximo Kirchner suele decir que el Frente de Todos «no vino para esto», en relación con los resultados económicos y sociales.

4. Puede verse el video de la entrevista en <twitter.com/urbanaplayfm/status/1622559420738678785?lang=es>.

5. Discurso completo disponible en <youtube.com/watch?v=oB9dnuetmy0>.

6. La jefa del Comando Sur de eeuu, Laura Richardson, ha vuelto a visitar Buenos Aires con la mira puesta en China y en los recursos naturales. Al mismo tiempo, en abril de 2022, una delegación encabezada por la subsecretaria adjunta de Seguridad Internacional del Departamento de Estado, Ann Ganzer, visitó el país y expuso diversos cuestionamientos a la tecnología nuclear ofrecida por China para Atucha iii, por falta de calidad, incumplimientos de normas internacionales y problemas de diseño y de seguridad. Estos cuestionamientos fueron considerados improcedentes por Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal responsable de la operación de las tres centrales nucleares existentes en el país (Embalse y Atucha i y ii). «La jefa del Comando Sur de Estados Unidos vuelve a la Argentina, con la mira en los recursos naturales y el vínculo con China» en Página/12, 11/4/2023.

7. Steven Levitsky: «Una ‘Des-Organización Organizada’: organización informal y persistencia de estructuras partidarias locales en el peronismo argentino» en Revista de Ciencias Sociales No 12, 2001.

8. Gabriel Vommaro, Sergio Morresi y Alejandro Bellotti: Mundo pro. Anatomía de un partido fabricado para ganar, Planeta, Buenos Aires, 2015.

9. «Federico Pinedo: ‘Horacio Rodríguez Larreta es un gran gestor, pero Patricia Bullrich tiene liderazgo político’» en Perfil, 11/4/2023.

10. Mauricio Caminos: «Bullrich y una mini-gira por Miami: ‘régimen kirchnerista’, una promesa contra la inflación y Nicaragua» en elDiarioar, 13/3/2023.

11. Martín Vicente: «La 'piba' de la derecha argentina» en Nueva Sociedad edición digital, 3/2021.

12. P. Stefanoni: «Peinado por el mercado» en Anfibia, 19/3/2021.

13. «El insulto de Javier Milei a Rodríguez Larreta: ‘Zurdo de mierda, te puedo aplastar’» en Infobae, 28/8/2021.

14. P. Stefanoni: ¿La rebeldía se volvió de derecha? Cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común (y por qué la izquierda está perdiendo la iniciativa), Siglo xxi Editores, Buenos Aires, 2021.

15. M. Rodríguez: «Un tranvía llamado deseo» en elDiarioar, 2/4/2023.

16. El video puede verse en <twitter.com/ricardobussi/status/1635286470989840387>.

17. D. Genoud: El arribista del poder. La historia no publicitaria de Massa, Siglo xxi Ediciones, Buenos Aires, 2023.

18. Empleados públicos que no van a trabajar.

| tribuna global

América Latina y la caja de Pandora del unilateralismo de las grandes potencias

Monica Herz / Giancarlo Summa

La guerra de agresión rusa en Ucrania ha puesto de relieve la crisis del orden global. A 20 años de la invasión estadounidense a Iraq, volver sobre los hitos en el proceso que llevó a esa crisis resulta necesario para discutir un sistema multilateral más justo y adaptado al siglo xxi, en el que América Latina debería tener algo que decir.

«Iniciar una guerra de agresión no es solo un crimen internacional; es el crimen internacional supremo, que difiere de otros crímenes de guerra en que contiene en sí mismo el mal acumulado del conjunto». Estas fueron las palabras del juez estadounidense Francis Biddle el 30 de septiembre de 1946, al leer el veredicto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg, que juzgó a 22 de los mayores dirigentes políticos y militares de la Alemania nazi supervivientes de la guerra. El término «agresión» se repetía 36 veces en la sentencia, y el principal cargo contra los acusados era el de haber cometido «crímenes contra la paz: a saber, planificar, preparar, iniciar o librar una guerra de agresión, o una guerra en violación de los tratados internacionales»1.

Tras las decenas de millones de víctimas y la incontable destrucción material causadas por la Segunda Guerra Mundial, las naciones aliadas que derrotaron al nazifascismo (Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia) promovieron la creación de una nueva organización internacional, la Organización de las Naciones Unidas (onu), con el objetivo de «preservar a las generaciones futuras del flagelo de la guerra», tal y como reza el preámbulo de la Carta de la onu, que entró en vigor el 24 de octubre de 19452. Ya desde el principio, el artículo 2.4 de la Carta especifica que «[l]os miembros de la organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado». La relación entre las grandes potencias se enmarcó en esta norma durante casi ocho décadas, lo que confirió cierta estabilidad al sistema internacional y evitó conflictos de gran envergadura, en particular con el uso de armas nucleares. Al mismo tiempo, se fue construyendo un régimen de afirmación de derechos (políticos, económicos, sociales, de género y, más recientemente, medioambientales) que, en mayor o menor medida, ha ido orientando e influyendo en las relaciones internacionales. Hoy nos enfrentamos a la crisis de estos dos pilares de la convivencia internacional: la no agresión y la defensa de los derechos humanos.

El mundo entero recordó, el 24 de febrero de 2023, el primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania. Es imposible subestimar el impacto, presente y futuro, de la injustificable agresión rusa, que ha vuelto a situar la guerra de anexión territorial en el corazón de Europa y entre las herramientas de uso posible en la política exterior de las grandes potencias. Estamos ante una profunda crisis de los instrumentos de regulación de las relaciones internacionales que, con todos sus límites y defectos, han creado normas de convivencia que configuraron todos los ámbitos de nuestras vidas. El sistema multilateral, creado por eeuu y las demás «Naciones Unidas», fue crucial para crear y mantener canales diplomáticos fluidos, disminuir gradualmente el uso de la violencia en las relaciones internacionales, el número de conflictos y de víctimas, y evitar el uso de armas de destrucción masiva. Este proceso se ha ido revirtiendo drásticamente desde 20113. Incluso los acuerdos mínimos entre las grandes potencias se han vuelto cada vez más difíciles. La invasión rusa se enmarca en un contexto de deterioro de las relaciones internacionales en el que se acumulan las acciones unilaterales.

Algunas efemérides pueden poner el conflicto actual en perspectiva histórica y ayudar a comprender cómo y por qué hemos llegado a este punto de inflexión, más allá de la retórica de los líderes de las grandes potencias. Hace 20 años, el 20 de marzo de 2003, una coalición militar liderada por eeuu invadió Iraq con el objetivo de derrocar al dictador Sadam Husein, destruir el ejército iraquí y poner en el poder a un gobierno aliado. El pretexto de la invasión fue la supuesta presencia de «armas de destrucción masiva» en el país, con las que el régimen de Husein podría amenazar a Occidente. Era una mentira sin fundamento, que el gobierno neoconservador del entonces presidente George W. Bush propagó a las cancillerías y los medios de comunicación de todo el mundo –las fake news y la desinformación no son exclusivas de las redes sociales, que entonces ni siquiera existían–. Además de eeuu, en el momento de la invasión y hasta 2009, 40 naciones enviaron tropas a Iraq: el mayor contingente fue el de Gran Bretaña, con 46.000 soldados, y el menor, el de Islandia, con solo dos hombres. Entre otros países que formaban parte de la zona de influencia de la antigua urss, Ucrania envió 1.650 soldados. Bajo fuertes presiones diplomáticas de Washington, cuatro países latinoamericanos también se unieron a la «Coalition of the Willing» (Coalición de los Dispuestos): República Dominicana, El Salvador, Honduras y Nicaragua (en aquel momento, bajo la presidencia del empresario conservador Enrique Bolaños). El Salvador envió el mayor contingente militar (5.800 soldados) y sufrió varias bajas4.

La Carta de las Naciones Unidas establece que los países miembros de la organización (hoy son 193) solo pueden usar la fuerza en legítima defensa (artículo 51)5 o con la autorización del Consejo de Seguridad (artículo 42)6. La autorización requiere al menos nueve votos a favor entre los 15 miembros. Hay cinco miembros permanentes con derecho de veto (los llamados p-5: eeuu, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China) y 10 miembros no permanentes sin derecho de veto, elegidos por un mandato de dos años. En 2003, Bush y el entonces primer ministro británico, Tony Blair, solo obtuvieron cuatro votos en el Consejo (eeuu, Gran Bretaña, España y Bulgaria) y decidieron seguir adelante, entonces, sin el respaldo de la onu. La invasión de Iraq, por tanto, se produjo en contra del derecho internacional y fue ilegítima e ilegal, como declaró meses después el entonces secretario general de la onu, Kofi Annan. Esta declaración le costó cara: los medios de comunicación angloestadounidenses, que se habían tragado sin vacilar las mentiras sobre las armas iraquíes, lanzaron una campaña para destruir la reputación de Annan, acusándolo, sin pruebas ni fundamento, de haber encubierto una gran trama de corrupción en la llamada operación «Petróleo por Alimentos»7.

La invasión de Iraq tuvo éxito en el frente militar inmediato, con la deposición de Husein y la aniquilación del ejército iraquí, pero acabó en una catástrofe política y humanitaria. La onu, convocada precipitadamente para que intentara recoger los pedazos de la destrucción de las estructuras del Estado iraquí, pagó un alto precio. Un atentado en Bagdad el 19 de agosto de 2003 costó la vida a 22 de sus funcionarios, entre ellos el jefe de la misión de la onu en el país, el brasileño Sergio Vieira de Mello, considerado por muchos un fuerte candidato para el cargo de secretario general. Al día de hoy, Iraq sigue sumido en el caos y la inestabilidad. Incapaces de resolver los problemas creados, las tropas de la coalición se retiraron gradualmente. Las últimas unidades estadounidenses cesaron todas las operaciones de combate en diciembre de 2021. Cuatro meses antes, eeuu también había abandonado Afganistán a toda prisa.

La operación Iraqi Freedom (Libertad para Iraq) representó el colmo de la hubris de eeuu en la escena internacional tras el final de la Guerra Fría y el cese al contrapeso a su poder que representaban la urss y sus países satélites. No fue ni la primera ni la última vez que eeuu y sus aliados utilizaron la fuerza unilateralmente en las últimas tres décadas. El 24 de marzo de 1999, la alianza militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (otan), dirigida por Washington (el presidente en aquel momento era el demócrata Bill Clinton), inició bombardeos aéreos contra las fuerzas armadas de lo que quedaba de la República Federativa de Yugoslavia (es decir, Serbia y Montenegro en aquel momento), que luchaban contra las guerrillas que pretendían separarse de la provincia de Kosovo para unirse a la vecina Albania: un escenario no muy diferente de lo que ocurriría 15 años después, en marzo de 2014, cuando los separatistas filorrusos declararon la independencia de Dombás, en el sureste de Ucrania, y el ejército ucraniano inició operaciones militares para recuperar el territorio perdido.

En el caso de Kosovo, eeuu y la otan actuaron sin la autorización del Consejo de Seguridad de la onu (que sin duda resultaría bloqueado por el veto ruso) y justificaron el bombardeo como una «intervención humanitaria» para proteger a la población civil de Kosovo de los ataques de las tropas serbias; de hecho, miles de civiles de etnia albanesa habían sido expulsados de sus hogares y había constancia de ejecuciones y violaciones masivas. El Instituto Brookings, uno de los think-tanks estadounidenses más influyentes en temas de política externa, llegó a teorizar que la otan estaba autorizada a utilizar la fuerza sin la aprobación de la onu «si sus miembros así lo deseaban, para hacer frente a crisis o amenazas que no afectaran directamente el territorio aliado»8. Sin embargo, bajo las bombas «humanitarias» también quedaron cientos de civiles serbios y refugiados kosovares. En uno de los bombardeos, cazas de la otan atacaron intencionalmente las oficinas de la Radio Televisión de Serbia (rts) en Belgrado y mataron a 23 personas entre periodistas y técnicos. Blair explicó que el bombardeo de la televisión habría estado «totalmente justificado», ya que formaba parte del «aparato de dictadura y poder» del régimen serbio9.

Pasamos a otra efeméride y a un frente de batalla: el 19 de marzo de 2011, Libia. Ese día, cazas de la otan y buques de guerra estadounidenses y británicos desataron una lluvia de misiles sobre las tropas de Muamar Gadafi, para tratar de proteger a los miles de civiles de Bengasi que, por primera vez, se habían atrevido a salir a la calle contra el régimen y estaban siendo masacrados. En este caso, la intervención había sido sancionada por el Consejo de Seguridad, que el 17 de marzo de 2011 adoptó una resolución en la que exigía el alto el fuego inmediato de las tropas libias y autorizaba a la comunidad internacional a utilizar todos los medios necesarios, excepto una ocupación militar, para proteger a los civiles. eeuu, Gran Bretaña, Francia y siete miembros no permanentes del Consejo votaron a favor de la resolución número 1973. China y Rusia se abstuvieron, junto con tres miembros no permanentes: Alemania, la India y Brasil. Pero la «intervención humanitaria» se convirtió en pocos días en una ofensiva aérea total de la otan contra el gobierno libio, mientras que en el país estallaba una guerra civil. Gadafi fue ejecutado a finales de octubre de 2011 y Libia se hundió en el caos, del que aún no ha salido. El país norafricano se ha convertido en un refugio seguro para movimientos fundamentalistas y grupos criminales de todo tipo, mientras que el gobierno es disputado por grupos armados apoyados por distintas potencias extranjeras.

Para China y Rusia, la operación de la otan en Libia dejó una lección duradera. Las intervenciones humanitarias –concluyeron– no eran más que una fachada para justificar un cambio de régimen impuesto por las armas, destinado a eliminar gobiernos que eeuu y sus aliados consideraban indeseables. En el caso de la guerra civil en Siria (que también comenzó en marzo de 2011), hasta la fecha Rusia y China han vetado conjuntamente diez proyectos de resolución, y Rusia vetó independientemente otros siete10. En la práctica, Rusia y China han protegido al régimen de Bashar al-Assad, un aliado clave para Moscú, ya que desde 1971 la armada rusa mantiene su única base en el mar Mediterráneo en el puerto de Tartus, en el noreste de Siria. Este conflicto, que ha provocado la muerte de más de 300.000 civiles11 y la destrucción total de vastas áreas del país, reabrió también la disputa geopolítica en Oriente Medio, después de décadas de influencia casi exclusiva de eeuu.

La legitimidad de la norma de no modificación de las fronteras territoriales mediante la agresión armada y las reglas de respeto de los derechos humanos se desmoronan ante acciones de carácter unilateral y sin base en la negociación o consenso entre las potencias mundiales. La expansión de la otan ha desempeñado un papel crucial en este proceso de desmoronamiento. La ampliación del número de Estados miembros (de los 12 originales a los 31 actuales) no es el punto crucial para destacar, sino la ampliación del papel de la organización. Tras la Guerra Fría, la otan abandonó su definición inicial de alianza de defensa colectiva y, desde la década de 1990, ha experimentado un progresivo proceso de «globalización», teniendo presencia fuera del área de los países miembros (como fue el caso de Afganistán) y redefiniendo las amenazas a la seguridad del Atlántico Norte en términos de inestabilidad, extremismo, bancarrota de los Estados o falta de respeto a los derechos humanos12. Así, las cuestiones relativas al orden internacional y la estabilidad mundial se debaten en el marco de la otan, con una perspectiva estrictamente occidental, en contraposición a los foros multilaterales del sistema de la onu.

La nueva misión global de la otan da cuenta de la reconstrucción del poder de Rusia tras la llegada al poder de Vladímir Putin en 1999. Putin estableció su liderazgo nacional y su papel internacional utilizando el puño de hierro en la guerra contra los independentistas chechenos (1999-2009) y demostrando su voluntad de flexionar los músculos diplomáticos y militares de Rusia, como en los viejos tiempos soviéticos. Entre el 27 de febrero y el 16 de marzo de 2014, con rapidez y sin una reacción internacional contundente, el Ejército ruso invadió y anexó unilateralmente Crimea, que formaba parte integrante de Ucrania desde 1954. Posiblemente, el gobierno autocrático de Putin imaginó que, siete años después, la anexión del Dombás ocurriría de la misma manera, relativamente indolora. El cálculo, como sabemos, resultó catastrófico: Ucrania logró resistir el ataque ruso inicial y rápidamente empezó a recibir grandes cantidades de ayuda militar (de eeuu y la otan) y económica (de la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial). Desde el punto de vista militar, el conflicto está en tablas y el tiempo no parece jugar a favor de Putin. Las tropas rusas han causado enormes destrozos en ciudades e infraestructuras ucranianas, pero tampoco han podido doblegar la resistencia de un país relativamente pequeño y, en teoría, muy inferior en el plano militar. Más allá de la amenaza nuclear, las garras del oso ruso demostraron no estar tan afiladas al enfrentarse a tropas con equipos modernos.

Invasiones para la conquista territorial e intervenciones «humanitarias» no son equivalentes, desde luego, pero el uso de la fuerza de forma unilateral ha reabierto una caja de Pandora que había estado, mal que bien, cerrada durante décadas. Los Estados han vuelto a poner sus máquinas militares a producir dolor y muerte a partir de decisiones tomadas en sus capitales, basadas en cálculos políticos más o menos miopes o cínicos, sin referencia a las instituciones multilaterales y evitando negociaciones previas que agoten todas las posibles soluciones diplomáticas a los conflictos latentes. De este modo, las interpretaciones de las crisis tienden a retroalimentarse con la retórica nacionalista o soberanista de cada parte implicada, con narrativas que no dialogan entre sí y dificultan la necesaria mediación para alcanzar algún tipo de ajuste o compromiso entre las partes: algo imprescindible, ya que la inmensa mayoría de los conflictos terminan con un acuerdo de paz y no con la rendición de uno de los contendientes. La invasión de Ucrania ha vuelto a poner de manifiesto la incapacidad del sistema multilateral para responder a las amenazas a la seguridad y al derecho internacional cuando estas son provocadas por la actuación de una de las potencias nucleares con asiento permanente y derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la onu. El comportamiento de estas potencias se refleja también en las actitudes y acciones de Estados más pequeños que –de Etiopía a Israel, pasando por Arabia Saudita o Ruanda– no dudan en utilizar las armas contra países vecinos, confiados en la impunidad que les garantiza la fuerza y/o la protección política que les ofrecen uno o más de los p-5.

Además de decenas de miles de víctimas, la agresión rusa contra Ucrania provocó una brutal aceleración de la remodelación ya en curso de los equilibrios geopolíticos mundiales. En 2003, en el momento de la invasión a Iraq, eeuu era la potencia hegemónica indiscutible en un mundo esencialmente unipolar. Veinte años después, China ya es el mayor socio comercial del mundo, con un pib comparable al de eeuu, y se disputa palmo a palmo la supremacía económica y diplomática mundial –incluso en las distintas entidades de la onu–13. Esta ofensiva ha tenido especial éxito en África, donde en la última década China se ha convertido en la principal fuente de préstamos e inversión extranjera directa (ied)14. Los contratistas chinos también dominan la construcción de obras de infraestructura en los cuatro puntos cardinales del continente. Para la mayoría de los gobiernos africanos, China es un socio preferible a las organizaciones internacionales y los gobiernos occidentales porque sus préstamos e inversiones suelen ser más rápidos y menos burocráticos y, lo que es más importante, no están condicionados a cuestiones políticamente delicadas, como el respeto de los derechos humanos, la gobernanza democrática, la lucha contra la corrupción o la promoción de la igualdad de género.

Esta nueva multipolaridad quedó patente en las votaciones de la Asamblea General de la onu, la más democrática de las instancias de ese organismo, donde todos los países están representados y no existe derecho de veto (pero cuyas resoluciones, a diferencia de las del Consejo de Seguridad, no tienen poder vinculante). Entre el 2 de marzo de 2022 y el 24 de febrero de 2023, la Asamblea General votó diferentes resoluciones sobre la guerra en Ucrania, que tuvieron resultados similares: entre 141 y 143 países condenaron la invasión, entre cinco y siete votaron en contra de las resoluciones (además de la propia Rusia, Bielorrusia, Eritrea, Corea del Norte, Siria y Mali), y entre 32 y 35 se abstuvieron; más de una quincena de países optaron por no participar en alguna de las votaciones15. La mayoría de las abstenciones se concentraron en Asia –empezando por China, la India y Pakistán– y África. En América Latina, los países que se abstuvieron o no participaron en la primera votación fueron los que mantienen vínculos económicos, militares e ideológicos más estrechos con el régimen de Putin: Bolivia, Venezuela, Cuba y Nicaragua. En la votación de febrero de 2023, Nicaragua votó en contra de la resolución de condena de la invasión, alineándose totalmente con Rusia.

Desde el comienzo de lo que Moscú definió hipócritamente como una «operación militar especial» en Ucrania, China se ha declarado neutral en el conflicto y ha dicho que aboga por las negociaciones de paz, pero nunca ha criticado la invasión ni la ha descrito como tal. Por otra parte, Beijing ha condenado a eeuu y sus aliados europeos por las sanciones contra Rusia y la ayuda militar prestada a Ucrania. China y Rusia se han alineado a menudo para criticar el orden internacional liderado por Washington en cuestiones relacionadas con la paz y la seguridad, y comparten una firme oposición a cualquier tipo de supervisión internacional (definida como injerencia) en cuestiones que consideran puramente internas: ante todo, el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, existe una diferencia significativa en la estrategia de ambos países y en sus acciones en la onu.

China no cuestiona la norma de no modificación de las fronteras territoriales por agresión militar (aunque, por supuesto, desde el punto de vista chino, esta norma no se aplica en el caso de Taiwán). Pero en el Consejo de Derechos Humanos de la onu, el país no solo vota de manera rutinaria en contra de cualquier resolución para vigilar o condenar prácticamente cualquier abuso cometido por cualquier gobierno, sino que se opone al concepto mismo de presión internacional. Como escribió el ex-director ejecutivo de Human Rights Watch Kenneth Roth, «en la opinión de Beijing, el Consejo debería reducirse a un foro de conversación cortés y general entre gobiernos, con la debida deferencia a la interpretación de los derechos humanos de cada nación soberana»16. China mantiene un punto de vista que reduce esencialmente las obligaciones en materia de derechos humanos a la capacidad de mejorar el nivel de vida de la población y garantizar el crecimiento económico. Según la postura oficial china, «los intereses del pueblo determinan dónde empieza y acaba la causa de los derechos humanos. Aumentar la sensación de provecho, felicidad y seguridad de las personas es la búsqueda fundamental de los derechos humanos, así como el objetivo último de la gobernanza nacional. (...) Nos oponemos al uso de los derechos humanos como excusa para interferir en los asuntos internos de otros países»17. Se trata de un punto de vista radical, que niega la noción de derechos individuales y atrae a muchos países en desarrollo, que desean mantener las mejores relaciones posibles con Beijing para evitar cualquier censura de sus propias acciones.

Rusia, a diferencia de China, no goza de gran simpatía ni prestigio internacional, y hace tiempo que su peso económico no está a la altura de su todavía poderoso arsenal nuclear. En los últimos años, el discurso de Putin se ha centrado en defender los supuestos valores tradicionales de la familia, la patria y la religión, y atacar el cosmopolitismo, la tolerancia y la decadencia de las elites occidentales. Un discurso que resuena en la retórica de líderes autoritarios de extrema derecha en todo el mundo, desde Donald Trump a Jair Bolsonaro, desde Recep Tayyip Erdoğan a Viktor Orbán. Mientras China invierte recursos y energías para construir un soft power global que pueda competir con el de eeuu, el aparato de propaganda y desinformación ruso se centra en destacar todo lo que pueda afear la vida en Occidente y en negar los hechos que puedan afectar la imagen de Rusia18.

Tras más de un año de combates extremadamente violentos, la guerra de Ucrania se ha convertido en una demostración innegable de la crisis de los dos pilares normativos antes mencionados. Ahora nos toca preguntarnos qué será posible hacer para reconstruir la arquitectura internacional en ruinas y sobre qué base será posible, en algún momento, negociar el fin del conflicto, con el apoyo de las potencias actuales, pero también de los nuevos actores que surgen en la escena mundial.

América Latina, multilateralismo y multipolaridad

Las repercusiones de la guerra han sido profundas para todo el Sur global. La invasión de Ucrania aceleró la recesión económica mundial, provocó una disminución de las reservas mundiales de cereales (con un fuerte incremento de los precios en África, el consiguiente aumento de la malnutrición y un impacto negativo en la estabilidad política de varios países), afectó el comercio internacional y desencadenó una carrera armamentística en los países occidentales que, para compensar los costos generados por la guerra, han ido retirando recursos de los programas internacionales de ayuda al desarrollo. América del Sur, gran productora de materias primas agrícolas, escapó a la escasez de alimentos (e incluso tuvo cierta ventaja en el aumento de las exportaciones), pero ahora debe enfrentarse a complejas opciones para responder a la recomposición geopolítica mundial.

Desde que la mayoría de los países latinoamericanos se independizaron, a principios del siglo xix, han permanecido en el área de influencia de eeuu, que ha ejercido su poder con una mezcla de diplomacia, fuerza bruta (económica y, cuando ha sido necesario, militar) y hegemonía cultural. Mientras México y América Central, por razones geográficas e históricas, siguen apuntando sus miradas casi exclusivamente hacia eeuu, desde principios de este siglo América del Sur ha iniciado un proceso de lenta diversificación en sus intercambios comerciales y en su política internacional. Este proceso se inició con la elección, entre 1998 y 2006, de líderes de izquierda o progresistas en los principales países de la región. En 2005, un frente liderado por Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Néstor Kirchner (Argentina) y Hugo Chávez (Venezuela) rechazó definitivamente la propuesta estadounidense de crear un Área de Libre Comercio de las Américas (alca), que habría ampliado a escala continental la camisa de fuerza aceptada por México al firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) de 199419. Los resultados económicos de esta decisión no tardaron en hacerse patentes. Entre 2000 y 2020, el comercio de China con América Latina y el Caribe se multiplicó por 26 y se espera que se duplique para 2035 hasta alcanzar más de 700.000 millones de dólares. Sin considerar México, en 2021, las importaciones y exportaciones entre China y Sudamérica alcanzaron los 247.000 millones de dólares, 73.000 millones más que los flujos comerciales de la región con eeuu en el mismo año20. Sin embargo, China importa esencialmente materias primas (agrícolas y minerales) de América Latina y exporta hacia allí productos industriales manufacturados: el mismo círculo vicioso que durante décadas ha condenado a la región a un desarrollo débil y frágil.

Desde el punto de vista político y diplomático, el rechazo del alca marcó también el inicio de un periodo de gran efervescencia para la región, con la creación de dos nuevas organizaciones intergubernamentales: la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), integrada por 12 países sudamericanos (en 2008), y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), con la participación de 33 países (en 2010). Ambas iniciativas fueron impulsadas por el liderazgo del Brasil del presidente Lula da Silva, y logradas gracias a la hábil acción de sus estrategas de política internacional durante los primeros dos mandados presidenciales: el ministro de Asuntos Exteriores Celso Amorim y el asesor especial Marco Aurélio García. El gobierno de Lula también se esforzó por relanzar el Mercado Común del Sur (Mercosur) y aumentar el número de países participantes21. Fuera de la región, Brasil articuló la creación del Foro de Diálogo India-Brasil-Sudáfrica (ibsa), que precedió a la creación del grupo brics (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica), formalizado en 201122.

Sin embargo, todos los esfuerzos por profundizar la integración regional implosionaron entre 2015 y 2018, tras la crisis política en Brasil (el golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff y la llegada al poder de la extrema derecha de Jair Bolsonaro) y la elección de presidentes conservadores en Argentina, Paraguay, Perú y Chile. La Unasur dejó de funcionar en 2018 y las demás entidades regionales entraron en animación suspendida. Los brics siguieron celebrando cumbres anuales, pero sin ninguna coordinación política o diplomática significativa. A pesar de sus muchas limitaciones y de su déficit estructural de legitimidad, la única entidad regional que siguió funcionando de manera ininterrumpida fue la Organización de Estados Americanos (oea), con sede en Washington. Es la heredera directa de la Unión Internacional de Estados Americanos (1890-1910), que dio paso a la Unión Panamericana (1910-1948) hasta la creación de la oea en 1948: todas ellas organizaciones vinculadas a eeuu y a sus intereses estratégicos.

América Latina y el Caribe tienen una antigua tradición diplomática y multilateralista en la que los conflictos entre Estados se han resuelto casi exclusivamente a través del diálogo y no por las armas23. La última guerra entre países vecinos tuvo lugar hace exactamente 90 años (el conflicto entre Paraguay y Bolivia por el control del Chaco Boreal en 1932-1935), y América Latina es el único continente del mundo sin armas nucleares. Además, una docena de países de la región participaron en la creación de la Sociedad de Naciones en 1920 y 20 estuvieron entre las 51 naciones fundadoras de la onu en 1945. Pero a pesar de la manida retórica sobre la «Patria Grande», repetida desde los tiempos de Bolívar, la integración latinoamericana sigue siendo una quimera. Resulta descorazonador comprobar que, en un lapso mucho más corto y en condiciones políticas más complejas, la integración de África ha avanzado mucho más. La Unión Africana, con 53 países miembros, se creó en 2001 sobre los cimientos de la Organización para la Unidad Africana (ua), fundada en pleno proceso de descolonización, en 1963. En poco más de 20 años, la ua se ha convertido en un actor político reconocido, influyente y activo en África, y sustancialmente independiente de la influencia de las antiguas potencias coloniales.

El año 2022 estuvo marcado por la elección de presidentes de izquierda en tres importantes países sudamericanos: Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia y Lula da Silva en Brasil. El líder brasileño, que montó un amplio frente democrático-progresista para derrotar a Bolsonaro y volver al gobierno24, dejó claro ya en la campaña preelectoral que su prioridad en política exterior sería el relanzamiento de la Unasur, la Celac, el Mercosur y los brics. Otra de las prioridades de Lula da Silva es la reanudación de la batalla diplomática para reformar la composición del Consejo de Seguridad de la onu: «Es necesario reconstruir las instituciones internacionales sobre nuevas bases, no podemos continuar con un sistema creado por la Segunda Guerra Mundial. Es urgente (...) definir una nueva gobernanza mundial que sea justa y representativa, sin que nadie tenga derecho de veto», declaró25. Pero a pesar de los atributos de Lula y de su indiscutible reconocimiento personal en la escena internacional, el Brasil de hoy es una sombra de la potencia económica (y diplomática) en que se había convertido durante sus dos primeros mandatos presidenciales (2003-2010)26. El pib de Brasil cayó de 2,46 billones de dólares en 2012 a 1,83 billones en 2022, y su participación en los bienes y servicios producidos en el mundo pasó de 3,27% a 1,76%. En otras palabras, se desplomó 46%. La brutal contracción de la economía brasileña ha afectado el peso global de América Latina. La región concentra 8% de la población mundial, pero en 2022 solo representaba 5,26% del pib mundial, frente a 7,95% en 2012. En diez años, una contracción de 33,85%27.

En la durísima competencia por la primacía mundial entre China y eeuu, América Latina ha sido poco más que un espectador. Para cambiar de nivel y adquirir cierto protagonismo, la región tendrá que modificar profundamente su modelo de desarrollo y de inserción en las cadenas mundiales de producción y comercio, apostando por una reindustrialización sostenible en el plano ambiental y por políticas activas de reducción de las desigualdades sociales y económicas. Ningún país, incluidos Brasil y México, tiene condiciones para competir solo en el escenario global. La integración regional debe pasar de la retórica a la construcción de instituciones sólidas, autónomas y alternativas a la oea. Reflejando la experiencia de la ue, las futuras entidades regionales deben ser la expresión de intereses materiales concretos de los distintos países y contar con estructuras institucionales y burocráticas consistentes y una relativa independencia de los gobiernos nacionales. De ese modo, no podrán ser destruidas de un plumazo en función del resultado de las elecciones nacionales. Relanzar la Celac o la Unasur sin repensar su formulación, basándose en las experiencias concretas de los últimos años, plantea el riesgo de desembocar en un nuevo fracaso.

Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, el interés estratégico de América Latina es construir una política común de «no alineamiento activo», buscando la equidistancia con Washington y Beijing, pero también propiciando la construcción de relaciones más estrechas y sólidas con los países de África y Asia central. Como escribieron agudamente Carlos Fortín, Jorge Heine y Carlos Ominami, «este no alineamiento tendrá una actitud proactiva y será efectivamente no alineado. Buscará oportunidades de expandir y no de limitar los lazos de nuestros países con ese vasto mundo no-occidental que surge ante nuestros ojos, y que le dará la impronta al nuevo siglo»28. Sin embargo, sería un error imaginar una diplomacia latinoamericana centrada exclusivamente en los intereses económicos y que prescinda de los valores políticos y filosóficos comunes y de la experiencia histórica concreta de la región.

Nos guste o no, América Latina es el «extremo Occidente», como lo definió con perspicacia el politólogo francés Alain Rouquié, donde los valores de la democracia liberal están profundamente arraigados. Desde el ciclo de la independencia y a lo largo de más de dos siglos, los Estados de la región, incluso durante los frecuentes regímenes de excepción, nunca han reivindicado otro principio de legitimidad que el de la soberanía popular a través de las urnas (la única excepción es la Cuba posrevolucionaria). Al sur del río Bravo, no existe ningún equivalente de los «valores asiáticos» o de la «autenticidad africana». Existe, por el contrario, una larga tradición de lucha por la defensa de los derechos humanos y, citando a Hannah Arendt, por «el derecho a tener derechos». Como consecuencia de este esfuerzo colectivo, en casi todos los países sudamericanos se ha procesado y castigado a los responsables de los crímenes de las dictaduras militares de los años 60 a 80, con la gran excepción de Brasil. Junto con Europa, América Latina es la región donde más juicios por crímenes internacionales se han concluido29 y existe allí una sólida jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cidh), quizás el único instrumento significativo creado dentro del sistema de la oea.

La cuestión de la jurisdicción internacional en caso de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio volvió a estar en la agenda mundial después de que el 17 de marzo de 2023 la Corte Penal Internacional (cpi) dictara órdenes de detención contra Putin y un funcionario del gobierno ruso en relación con la deportación forzosa de niños de Ucrania a Rusia. Era la primera vez que el líder de una gran potencia entraba en el punto de mira de la cpi. La medida fue celebrada por Washington y denunciada enérgicamente por el Kremlin. Pero mientras que eeuu, Rusia y China nunca firmaron el Estatuto de Roma (1988) que dio origen a la Corte, 28 de los 35 países de América Latina y el Caribe son miembros de pleno derecho del mecanismo. La cpi, creada en 2002, se basa en el principio fundamental establecido por los Juicios de Núremberg: la necesidad de exigir responsabilidades individuales por los delitos graves cometidos durante los conflictos, con independencia del estatus de los acusados. Existe una evidente hipocresía selectiva en la aplicación de este principio, ya que ningún dirigente militar o político occidental ha sido acusado jamás por la cpi, por ejemplo, en el caso de los crímenes de guerra cometidos durante y después de la invasión de Iraq. Pero es fundamental defender y respetar el principio básico de que los responsables políticos de los crímenes cometidos por los Estados deben responder por sus actos.

América Latina es un continente que sufre niveles inaceptables de desigualdad, violencia, racismo y abusos por parte de aparatos represivos del Estado. Los mecanismos de defensa de los derechos humanos de la onu y del sistema interamericano han sido instrumentos fundamentales en la lucha por el progreso y la consolidación democrática en la región. Tradicionalmente, los opositores a estos mecanismos han sido fuerzas políticas y gobiernos de derecha, aunque en años recientes, en América Latina, países como Nicaragua y Venezuela se han unido a este grupo30. Hoy, la creciente influencia china y la aparente consolidación de un multipolarismo de sesgo autoritario representan nuevas amenazas. Las instituciones multilaterales tienen carencias innegables, como la falta de representatividad del Consejo de Seguridad de la onu o la desigualdad del régimen de no proliferación nuclear, pero el camino que vemos hoy hacia el uso cada vez más generalizado de la violencia de Estado y el rechazo de los derechos humanos es aterrador. El unilateralismo mata. Es hora de reconstruir un sistema multilateral más justo y adaptado al siglo xxi. América Latina tiene un importante papel que desempeñar en la defensa de estos principios.

Monica Herz: es profesora titular del Instituto de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (puc-Rio). Fue una de las fundadoras del Observatorio Multilateralismo y Derecha Radical en América Latina (mudral).

Giancarlo Summa: fue director de comunicación de la Organización de las Naciones Unidas (onu) en Brasil, México y África occidental; actualmente es investigador en la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París (ehess). Fue uno de los fundadores del Observatorio mudral.

Palabras claves: invasión de Ucrania, multilateralismo, unilateralismo, América Latina, Iraq.

1. El Tribunal Militar Internacional de Núremberg condenó a 19 de los acusados y absolvió a tres. De los condenados, 12 fueron condenados a muerte. Tres de los acusados fueron condenados a cadena perpetua y cuatro a penas de entre 10 y 20 años de prisión. Las ejecuciones se llevaron a cabo en la horca en el gimnasio del Tribunal el 16 de octubre de 1946. Uno de los condenados a muerte, Hermann Göring, se suicidó la noche anterior a la ejecución. La sentencia integral está disponible en <avalon.law.yale.edu/imt/09-30-46.asp>.

2. Carta de las Naciones Unidas (1945), disponible en <un.org/es/about-us/un-charter>.

3. El Programa de Datos de Conflictos de la Universidad de Upsala (ucdp) registra y clasifica los conflictos armados en todo el mundo desde 1945. Se puede consultar en <ucdp.uu.se/>.

4. Stephen A. Carney: Allied Participation in Operation Iraqi Freedom, Centro de Historia Militar del Ejército de eeuu, Washington, dc, 2011, disponible en <history.army.mil/html/books/059/59-3-1/cmh_59-3-1.pdf>.

5. «Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas».

6. El Consejo de Seguridad «podrá ejercer, por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales».

7. Frederic Eckhard: «The United Nations Spokesman and Scandal» en China Media Research vol. 3 No 3, 2007, p. 107.

8. Ivo H. Daalder: «nato, the un, and the Use of Force», Instituto Brookings, Washington, dc, 1999.

9. Richard Norton-Taylor: «Serb tv Station Was Legitimate Target, Says Blair» en The Guardian, 24/4/1999.

10. Datos recopilados por el Consejo de Relaciones Exteriores (cfr, por sus siglas en inglés) de eeuu, actualizados hasta marzo de 2023, disponibles en <www.cfr.org/backgrounder/un-security-council>.

11. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas: «un Human Rights Office Estimates More than 306,000 Civilians Were Killed over 10 Years in Syria Conflict», comunicado de prensa, 28/6/2022.

12. Los nuevos «conceptos estratégicos» de la otan, oficializados en 1999 y 2010, están disponibles en <natolibguides.info/nsc/documents>.

13. Tras la retirada de eeuu de la Unesco en 2018, por ejemplo, China llenó rápidamente este vacío. Beijing se convirtió en el mayor contribuyente al presupuesto ordinario de este organismo y firmó una amplia gama de acuerdos bilaterales. Beijing también ha logrado establecer 56 sitios de Patrimonio Mundial, lo que convierte a China en el segundo país con más sitios reconocidos después de Italia. En la actualidad, el gobierno de Biden está trabajando para volver a la Unesco y recuperar el espacio político perdido.

14. La Universidad Johns Hopkins mantiene una base de datos actualizada sobre la presencia de China en África, disponible en <www.sais-cari.org/data>.

15. En la resolución votada el 23 de febrero de 2023 (a/es-11/l.7), la Asamblea General «reitera su exigencia de que la Federación de Rusia retire de inmediato, por completo y sin condiciones todas sus fuerzas militares del territorio de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, y pide que cesen las hostilidades». V. «un General Assembly Calls for Inmediate End to War in Ukraine», 23/2/2023, disponible en <news.un.org/en/story/2023/02/1133847>.

16. K. Roth: «How Putin and Xi Are Trying to Break Global Human Rights» en Foreign Policy, 27/10/2022.

17. Wang Yi: «A People-Centered Approach for Global Human Rights Progress», discurso en el segmento de sesiones de alto nivel del 46o período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Ginebra, 22/2/2021, disponible en <geneva.china-mission.gov.cn/eng/dbdt/202102/t20210222_9899531.htm>.

18. Por ejemplo, según los medios de comunicación estatales rusos, los crímenes de guerra de Bucha (Ucrania) fueron cometidos por las fuerzas ucranianas contra su propio pueblo.

19. En 2020, el tlcan fue sustituido por el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (usmca).

20. Werner Raza y Hannes Grohs: «Trade Aspects of China’s Presence in Latin America and the Caribbean», pe 702.572, Parlamento Europeo, 11/2022, disponible en <europarl.europa.eu/RegData/etudes/brie/2022/702572/expo_bri(2022)702572_en.pdf>.

21. Los países fundadores del Mercosur, en 1991, fueron Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Venezuela fue aceptada como miembro de pleno derecho del bloque, pero fue suspendida en 2017. Los países asociados son actualmente Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam.

22. La sucesora de Lula, Dilma Rousseff (2011-2016), se interesó mucho menos por la política internacional. Amorim se convirtió en ministro de Defensa y el papel de Marco Aurélio Garcia quedó muy reducido. mag, como muchos lo llamaban, falleció en 2017.

23. En relación con la invasión de Iraq y Ucrania, es interesante señalar que hace casi un siglo, en la Conferencia Panamericana de La Habana de 1928, los 21 países participantes adoptaron por unanimidad una resolución en la que se afirmaba que «la guerra de agresión constituye un crimen internacional contra la especie humana». «Panel ii: Análisis comparativo de tribunales internacionales y nacionales» en nyls Journal of Human Rights vol. 12 No 3, artículo 3, 1995, p. 549, disponible en <digitalcommons.nyls.edu/journal_of_human_rights/vol12/iss3/3>.

24. G. Summa: «La tercera vez de Lula en un Brasil partido en dos» en Nueva Sociedad No 302, 11-12/2022, disponible en <nuso.org>.

25. L.I. da Silva: «Quelle place pur le Brésil dans de monde demain?», conferencia en la Universidad Sciences Po, París, 16/11/2011, video disponible en <youtube.com/watch?v=tma8hrwjfts>.

26. En el tercer gobierno de Lula, Amorim se desempeña como asesor especial del presidente, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores es un diplomático de carrera, Mauro Viera, que había ocupado el mismo cargo, sin mucho protagonismo, en los dos últimos años de Rousseff. Lo que le falta hoy a Lula es una mano derecha que, como mag en su tiempo, conozca a fondo la izquierda latinoamericana y europea, y transite con facilidad entre la diplomacia, los movimientos sociales y el mundo académico e intelectual.

27. Juan Pablo Álvarez: «Latin America’s Contribution to Global gdp Declines by One-Third over the Past Decade» en Bloomberg, 22/9/2022.

28. C. Fortín, J. Heine y C. Ominami: «El no alineamiento activo: un camino para América Latina» en Nueva Sociedad edición digital, 9/2020, disponible en <nuso.org>. El concepto fue ampliado en un libro curado por los mismos autores: El no alineamiento activo y América Latina. Una doctrina para el nuevo siglo, Catalonia, Santiago de Chile, 2021.

29. Kai Ambos: «Latin American and International Criminal Law: Introduction and General Overview» en International Criminal Law Review vol. 10, 2010.

30. El 18 de agosto de 2018, el entonces candidato presidencial Jair Bolsonaro dijo que, de ser elegido, sacaría a Brasil del Consejo de Derechos Humanos de la onu porque «es un lugar de encuentro de comunistas... siempre del lado de todo lo que no es bueno». Pocos días después, el 31 de agosto, el gobierno de Nicaragua expulsó del país a un equipo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Dos días antes, el organismo había publicado un informe en el que se culpaba al régimen de Daniel Ortega por la violenta represión de manifestaciones de protesta, que causó más de 300 víctimas.

El regreso de Lula

André Singer

Las elecciones brasileñas enfrentaron a una gran coalición democrática contra una suerte de confederación bolsonarista. ¿Cómo se explican los resultados? ¿Qué base territorial y social tuvo cada bloque y qué imaginarios ideológicos movilizó? ¿A qué relaciones de fuerza dio lugar? Las respuestas a estas preguntas aportan elementos de análisis tanto de la coyuntura actual como del futuro próximo.

En un famoso prefacio al clásico de Sérgio Buarque de Holanda Raízes do Brasil (1936), Antonio Candido recordaba a los lectores en 1967 que el libro concluye con una nota de duda respecto a «las condiciones para una vida democrática en Brasil». Buarque reconocía que, en las ciudades, las viejas aristocracias estaban siendo reemplazadas por cuadros procedentes de estamentos inferiores, templados por las dificultades del trabajo y capaces de establecer un orden político igualitario. Al mismo tiempo, indicaba que persistían viejas formas personalistas y oligárquicas y que no estaba claro cuál de los dos impulsos iba a prevalecer1. Las elecciones brasileñas de octubre de 2022 fueron una dramática materialización de esta pregunta. El país más grande de América Latina –alrededor de 215 millones de habitantes y la decimotercera economía mundial– conmemoraba el bicentenario de su independencia reavivando formas violentas de sociabilidad. Moviéndose en la dirección opuesta, una especie de concertación o coalición democrática –aunque mucho menos formalizada que su contrapartida chilena– llevó por tercera vez a la Presidencia al antiguo obrero metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva. En la segunda vuelta, celebrada el 30 de octubre de 2022, Lula obtuvo 51% de los votos válidos frente a 49% de su rival, con una participación de 79%. Por todo el mundo se pudo oír un suspiro de alivio a ritmo de samba.

Sin embargo, casi la mitad del electorado –dirigido por oficiales del ejército y acaudalados empresarios de los sectores agroindustrial, servicios y de la construcción, acompañados por una enfurecida clase media y por trabajadores con ingresos bajos influenciados por la teología de la prosperidad– optaron por la política autocrática de Jair Messias Bolsonaro, que obtuvo 58.206.354 votos frente a los 60.345.999 de Lula. El antiguo paracaidista de 67 años se convirtió en el primer presidente en funciones desde 1988 que no lograba la reelección. No obstante, el gigantesco conglomerado militar-religioso-agroindustrial consiguió hacerse con el bloque mayoritario en el Congreso, situando a la derecha en una posición sólida para obstruir cualquier intento de cambios estructurales. Los partidarios de Bolsonaro se hicieron con los estados de San Pablo, Río de Janeiro y Minas Gerais, los tres más ricos del país.

Después de su victoria, Lula ofreció un discurso cuidadosamente preparado en el que prometía que «las ruedas de nuestra economía empezarán a rodar de nuevo, propiciando la creación de empleo, aumentos de los salarios y renegociación de la deuda de aquellas familias que han estado perdiendo poder adquisitivo». Sin embargo, los partidarios descontentos de Bolsonaro bloquearon autopistas y acamparon frente a los cuarteles para protestar contra los resultados, mientras el derrotado presidente salía corriendo hacia Florida. A pesar de que su candidato a vicepresidente era Walter Braga Netto, un militar retirado, el Ejército pareció aceptar los resultados electorales. En una entrevista en O Globo, otro general, Hamilton Mourão –vicepresidente con Bolsonaro entre 2019 y 2022 y recién elegido senador por Rio Grande do Sul– daba el tema por cerrado2.

La política de lo que en otros lugares he llamado una «autocracia inclinada hacia el fascismo» se quedó a un paso de inaugurar un nuevo periodo de oscuridad en la América de habla portuguesa3. Este artículo, escrito mientras se desarrollaban estos acontecimientos, intenta dotar de algún sentido al enmarañado amasijo de intereses, ideas y tácticas subyacentes. Analizando exhaustivamente los datos, la primera parte del artículo se detiene en el papel central desempeñado por los sectores desfavorecidos en el seno de la coalición democrática; la segunda esboza la configuración del bloque bolsonarista; la tercera y última regresa a la alianza triunfadora, señala los imperativos de clase que la dominan y trata de anticipar los desafíos a los que tendrá que enfrentarse. Un análisis sobre la marcha de acontecimientos que todavía están desarrollándose puede, desde luego, resultar parcial o exagerado; lo que viene a continuación es un intento de contribuir al proceso de reflexión en medio de contradicciones, cuya resolución final se encuentra todavía muy lejos.

1. La centralidad del hambre

En octubre confluyeron dos alianzas rivales dispuestas a librar la batalla electoral. Según las encuestas de opinión, los pobres habían tomado su decisión de voto ya en abril de 2021, cuando Lula, una vez que el Tribunal Supremo anuló su condena por el caso Lava Jato, prometió que si él ganaba habría «cerveza en el vaso y carne en la mesa». En un país que es el mayor productor de proteínas de origen animal del mundo, el consumo doméstico de carne roja había caído a su nivel más bajo desde 1996. Sucesivas encuestas de opinión mostraban que alrededor de 50% de los entrevistados confirmaban su intención de llevar de nuevo a Lula al Palacio de la Alborada, la residencia oficial del presidente brasileño. Con una sustancial ventaja en las encuestas, Lula empezó a construir una coalición ad hoc, que fue creciendo con el paso del tiempo. Apoyó la candidatura a gobernador de Río de Janeiro de un combativo candidato de izquierda, aunque auspiciado por el tibio Partido Socialista Brasileño (psb). Al mismo tiempo, respaldó a un peso pesado de la centroderecha, un populista vinculado al principal equipo de fútbol local, como gobernador de Minas Gerais. A finales de 2021, tras elegir a Geraldo Alckmin para la Vicepresidencia –un antiguo gobernador de San Pablo, miembro actualmente del psb y viejo pilar del centrista Partido de la Social Democracia Brasileña (psdb)–, Lula fue tejiendo a su alrededor un vasto entramado de grupos de naturaleza diversa.

Según las encuestas de opinión, los pobres habían tomado su decisión de voto ya en abril de 2021

Sin embargo, el estrato de la clase dominante que actúa como el sistema nervioso central de la burguesía brasileña y cuyos intereses en la banca, el sector manufacturero, la industria pesada y la cultura están más directamente relacionados con el núcleo del capitalismo global, especialmente a través de la intermediación financiera4, se mostró hasta el último momento reacio a unirse a la diversificada alianza de los partidarios de Lula. Hubo unas cuantas excepciones, como Gustavo Ioschpe, heredero de un fabricante de componentes automovilísticos, que ya en julio manifestó que votaría por Lula. Pero la mayoría organizada de esta fracción de clase permaneció distante a pesar de los grandes esfuerzos de Alckmin. Presionó al ex-presidente pidiendo explícitas, detalladas y concretas concesiones en su política económica que no llegaron a materializarse. Esta puede ser la razón final que hizo que la contienda electoral llegara a una segunda vuelta. El 2 de octubre Lula obtuvo 48,43% de los votos, quedándose a las puertas del 50% necesario para obtener la victoria; 1,6 puntos porcentuales adicionales habrían asegurado el triunfo inmediato de la candidatura Lula-Alckmin.

En la segunda vuelta, cuando las cosas se pusieron feas –y por razones vinculadas con la política y no con la economía–, los banqueros se encontraron momentáneamente alineados con sindicalistas y movimientos de trabajadores sin tierra y sin techo; los sectores más avanzados de la industria se unieron brevemente con las mujeres, los negros, los pueblos indígenas y el movimiento lgbti+; por un momento, los conglomerados de los medios de comunicación hicieron causa común con los estudiantes universitarios. La unidad de esta concertación duró lo mismo que un cubito de hielo en un vaso (como en la canción de Joaquín Sabina): lo suficiente como para echar a Bolsonaro y salvaguardar las instituciones de la democracia representativa, razón por la cual la burguesía moderna estuvo dispuesta el 30 de octubre, por muy poco intuitiva que pueda haber sido esta decisión, a presionar la tecla 13 en la cabina de votación, esto es, el número de la candidatura de Lula5. El periodo de luna de miel, si es que llegó a haberlo, no duró más de diez días tras los cuales los socios reanudaron sus discusiones públicas sobre la dirección de la economía, como se analiza a continuación.

Entender este singular aspecto del concertacionismo en Brasil nos ayuda a desenmarañar los ritmos discontinuos y sorprendentes de la sinfonía que estamos tratando de comprender. Después de que los votantes pobres se hubieran posicionado al principio de la campaña, mientras que los más acomodados solamente lo hicieron al final, Lula pasó este periodo semielegido –aunque mejor sería decir no-elegido– hasta que las secciones más avanzadas de las grandes empresas prestaron atención a las preocupaciones sobre la propia democracia representativa. En contraste con el apoyo a Lula, el bloque de Bolsonaro ascendía lenta y constantemente, sabiendo desde el principio la estrategia que debía desplegar. Desde el 22% registrado en diciembre de 2021, Bolsonaro avanzó lentamente hasta llegar a 45% en octubre de 20226. Respaldado por un Brasil paralelo y actuando desde las redes sociales, el presidente recompuso de nuevo una parte importante del apoyo electoral que había amasado en 2018. Lo que no consiguió fue recuperar precisamente al sector que se unió a Lula en el momento final y que inclinó la balanza a su favor.

Esta historia no lineal culminó en una confrontación entre dos coaliciones, comparable a la que se produjo en Estados Unidos en 2020, con las secciones dominantes e intermedias de la sociedad divididas en dos campos7. Los pobres, que a diferencia de eeuu, constituían cerca de la mitad del electorado brasileño (cuadro 1), se inclinaban mayoritariamente por un bando, mientras que los estratos con ingresos bajos y los acomodados lo hacían hacia el otro (cuadro 2). En vísperas de la segunda vuelta, Lula tenía una ventaja de 21 puntos sobre Bolsonaro entre votantes cuyos ingresos familiares mensuales eran menores a dos salarios mínimos, siendo este el más bajo de los cuatro rangos utilizados para estratificar a los encuestados8.

La empresa de encuestas Datafolha categorizaba a casi dos tercios de los votantes pobres como «vulnerables», es decir, con ingresos bajos e inestables9. Aquí entraba probablemente el subproletariado brasileño –trabajadores agrícolas temporales, vendedores callejeros, guardias de seguridad en empleos informales, empleados de pequeñas manufacturas sin contratos laborales, trabajadoras del hogar no registradas, etc.– que se encuentra «privado de los mínimos requisitos para participar en la lucha de clases», ya que no puede sindicalizarse o ir a la huelga10. El lulismo había surgido como fenómeno político con el realineamiento electoral de 2006, cuando los pobres y los ancianos acudieron por millones en apoyo del antiguo obrero metalúrgico11. En 2022 el lulismo afirmó su aspecto subproletario y resultó vencedor sobre todo entre las mujeres y la población de los estados nororientales. Lula obtuvo la victoria en 97% de las 1.000 ciudades más pobres de Brasil, de las cuales 80% están en esos estados. Esta vez, también obtuvo la victoria en la ciudad de San Pablo, posiblemente con la ayuda del tercio restante de votantes pobres, designados por Datafolha como «resilientes» y caracterizados por ingresos bajos pero estables vinculados al sector formal del mercado de trabajo.

Para comprender por qué los pobres decidieron votar a Lula desde un momento tan temprano, necesitamos retrotraer nuestro análisis. En general, los brasileños que perciben los ingresos más bajos rechazaban sistemáticamente el gobierno de Bolsonaro. Pero con el establecimiento del programa de Ayuda de Emergencia –aprobado por el Congreso a iniciativa del Partido de los Trabajadores (pt) de Lula en abril de 2020 en respuesta a la pandemia–, los índices de aceptación del presidente, sorprendentemente, empezaron a subir. La población atribuía a Bolsonaro el amplio alcance del programa, que llegaba a 67 millones de beneficiarios, así como la generosidad de sus pagos: alrededor de 600 reales mensuales (115 dólares), el triple de lo establecido en el programa Bolsa Família creado por Lula en 2004. Como resultado, los ingresos del 10% más pobre de la población aumentaron 15% por encima de la inflación. En regiones donde el costo de vida era bajo, los beneficiarios de la Ayuda de Emergencia pudieron eventualmente acceder a una vivienda muy precaria12. Más de siete millones de personas salieron de la pobreza y, según el Banco Mundial, la pobreza extrema en Brasil cayó hasta 1,95%, el nivel más bajo de la historia.

Aunque durante la pandemia Bolsonaro perdió cierto respaldo entre la clase media por sus ataques a las medidas de distanciamiento social, su oposición a las mascarillas, su defensa de la cloroquina, sus burlas sobre la tasa de mortalidad y su cuestionamiento de las vacunas, recogió en cambio cierto apoyo entre los estratos más pobres. Si hubiera proseguido con la lucha contra la pobreza, podría haber amenazado el realineamiento electoral de 2006 representado por el lulismo, que combinaba la reforma gradual con el conservadurismo institucional. Pero no fue así. A principios de 2021, con una media de 1.000 muertes diarias, el ministro de Economía de Bolsonaro, Paulo Guedes, recortó los pagos mensuales de la Ayuda de Emergencia de 600 reales a 170-370 reales (30-70 dólares), al mismo tiempo que limitaba el acceso a la ayuda. Para los excluidos, esto significó el desastre. En marzo de 2021, además, la tasa de desempleo entre los pobres había subido a 36%; a finales de ese mismo año, los ingresos del 5% más pobre eran apenas la mitad de lo que habían sido en 2020. Con las tasas de contagio disparándose, Bolsonaro dio la espalda a los que estaban más necesitados, quienes no le perdonarían su negativa a ayudarlos.

A medida que se acercaban las elecciones de 2022, la cuestión social regresó al primer plano de la agenda presidencial

Naturalmente, a medida que se acercaban las elecciones de 2022, la cuestión social regresó al primer plano de la agenda presidencial. Según una encuesta de la consultora Ipec, el apoyo a Bolsonaro entre los más pobres –aquellos cuyos ingresos familiares mensuales equivalían a un único salario mínimo– había caído hasta 14% en diciembre de 2021, después de haber alcanzado a 35% en septiembre de 2020. Cuando en abril de 2022 las cifras de las personas que pasaban hambre se dispararon hasta 33 millones13, el presidente decidió finalmente abrir el grifo bombeando alrededor de 200.000 millones de reales (40.000 millones de dólares) en la economía. Por supuesto, esto se hizo con la mirada firmemente puesta en las elecciones que se avecinaban; harían falta varias páginas para enumerar todas las medidas que se desplegaron con el objetivo de atraer a los votantes de menos recursos. Unos cuantos ejemplos serán suficientes. En enero de 2022, el gobierno de Bolsonaro comenzó a pagar el programa Auxílio Brasil, que entregaba 400 reales mensuales, el doble de lo abonado por el programa Bolsa Família al que reemplazaba, y llegaba aproximadamente a 21 millones de familias, contra 14,5 millones que recibían el programa anterior. En agosto de 2022, el valor de los pagos de Auxílio Brasil aumentó de nuevo hasta alcanzar la cifra mágica de los 600 reales que se habían pagado durante la pandemia. Al mismo tiempo, las subvenciones al combustible, instituidas para ayudar a las familias pobres que se habían visto obligadas a cocinar con leña, se duplicaron hasta llegar a los 112 reales mensuales. Dado que estos pagos se realizaban cada dos meses, los receptores de las subvenciones recibieron en septiembre más de 800 reales (150 dólares). En los primeros días de octubre, otro medio millón de familias pudieron acceder a estas ayudas, mientras el gobierno anunciaba otro programa de alivio de la deuda, permitiendo que los beneficiarios del Auxílio Brasil tomaran nuevos préstamos y el valor se descontara de sus subsidios mensuales, lo cual distribuyó otros 1.800 millones de reales (340 millones de dólares) a 700.000 personas. Finalmente, el paracaidista reconvertido en Robin Hood prometió un pago extra anual durante 13 meses para las mujeres inscriptas en el programa Auxílio Brasil.

Estas subvenciones permitieron que Bolsonaro ganara unos cuantos puntos en municipios con elevadas tasas de dependencia del programa Auxílio Brasil, lo que mejoró su imagen en el norte de Minas Gerais, en el sertão nororiental, en el estado de Pará y en las ciudades pequeñas del borde occidental de la región central. El programa Auxílio Brasil contribuyó a reducir la brecha con Lula de cinco puntos en la primera ronda hasta dos puntos en la segunda. Aun así, solamente 34% de aquellos que recibieron estos pagos, o que cohabitaban con alguien que los recibía, declararon su intención de votar por Bolsonaro, mientras que 61% apoyaba a Lula. A efectos comparativos, conviene recordar que en 2006 las intenciones de votar por Lula saltaban de 39% a 62% cuando el entrevistado recibía la ayuda de un programa federal14. ¿A qué se debe esta diferencia?

Los votantes percibieron el carácter descaradamente electoral de las medidas de Bolsonaro

El politólogo Felipe Nunes ha sugerido que los votantes percibieron el carácter descaradamente electoral de las medidas de Bolsonaro; reinaba un claro escepticismo sobre la continuidad del pago de los 600 reales15. También es posible que los pagos del programa Auxílio Brasil fueran utilizados para saldar deudas de los hogares –en septiembre de 2022, 79% de los perceptores tenía deudas–, mientras que una inflación de dos dígitos se comía lo que sobraba. La revelación de que el Ministerio de Economía estaba buscando maneras de desvincular el salario mínimo y los beneficios sociales de la tasa de inflación puede haber sido la gota definitiva.

De cualquier forma, el bolsonarismo no solo utilizó la zanahoria de las concesiones. También sacó el palo de la intimidación política generalizada, la agresión física y la coacción económica por parte de los patrones, hechos que se multiplicaron a medida que se acercaba la fecha de las elecciones. Ilza Ramos Rodrigues, una jornalera de mediana edad de la microrregión de Itapeva, en el estado de San Pablo, manifestaba a un periodista que la donación de productos básicos, que normalmente recibía de un empresario partidario de Bolsonaro, había sido suspendida debido a sus simpatías por Lula, y que a menudo se encontraba con la «despensa vacía». A pesar de ello, se mantenía firme en su intención de voto: Lula «siempre ha estado de nuestro lado», «con los pobres», manifestaba a mediados de septiembre al diario Folha de S. Paulo. Estos estratos sociales pasaron a llamar a Lula, con sus 77 años de edad, painho, «padrecito», como en Bahía. Recordando a Getúlio Vargas, al que se llamaba pai dos pobres, «padre de los pobres» cuando fue reelegido en 1950 a la edad de 68 años, el painho reunió una concertación mixta, pero su regreso a la Presidencia se ha debido sobre todo al apoyo de los más débiles.

2. El bloque de Bolsonaro

A pesar del crecimiento del lulismo entre los votantes con menores ingresos, Bolsonaro tenía una ventaja de nueve puntos entre aquellos cuyos ingresos familiares se situaban entre dos y cinco veces el salario mínimo y que constituían alrededor de 40% del electorado (cuadros 1 y 2). Fue este estrato, que incluye a la mayoría de los trabajadores «formales», el que hizo que la extrema derecha fuera competitiva en 2022. La cuestión clave es el porqué. En primer lugar, Bolsonaro fue capaz de crear un sentimiento de bienestar por medio de una plétora de medidas fiscales que beneficiaban directamente a este estrato: reducciones de los impuestos a los combustibles, cheques para gasolina para taxistas y camioneros, pagos acelerados de primas de fin de año para pensionistas o liberación del retiro de las cuentas del Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (fgts) de los trabajadores. El pib brasileño creció 2,5% en el primer cuatrimestre de 2022 y el real se valorizó 1,3% en el tercero. El desempleo pasó de 11% a 8,7% entre finales de 2021 y septiembre de 2022, momento en el que 53% de los brasileños pensaban que era probable que la situación económica mejorara en los siguientes meses, la percepción más optimista desde el comienzo del mandato de Bolsonaro.

Estas medidas contribuyeron a reactivar las viejas inclinaciones derechistas de algunos sectores de la sociedad brasileña; pero hubo otros factores materiales e ideológicos que sin duda fueron decisivos para que Bolsonaro estuviera a punto de igualar el apoyo que obtuvo en 2018 entre los votantes incluidos en el rango salarial de los ingresos familiares comprendido entre dos y cinco veces el salario mínimo16. En el contexto brasileño, muchos de estos trabajadores pueden ser considerados parte de la clase media-baja y parece que se vieron atraídos por una novedosa conjunción entre formas de producción y sus correspondientes visiones del mundo. El superciclo de las materias primas, que repuntó a principios de 2021 y todavía se mantenía con fuerza en vísperas de las elecciones, ofreció buenas oportunidades para ello. En 2020, la demanda exterior de materias primas y la devaluación del real impulsó una expansión de la producción agrícola de 24%, a pesar de la pandemia. La agricultura en su conjunto contribuyó en 27% al pib brasileño, mientras que el otrora pujante sector industrial redujo su peso económico y disminuyó su participación hasta 11%. La producción agropecuaria creció otro 8% en 2021; la producción de cereales batió todos los récords. En julio de 2021, el Financial Times informaba que «prácticamente todo el zumo de naranja que se consume en el mundo procede de árboles ubicados en el estado de San Pablo»; según el presidente de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa, por sus siglas en portugués), un instituto gubernamental, en algunos lugares «la agricultura tropical sostenible» hacía posible tener tres cosechas anuales17.

Una novedosa «Confederación»

Como ha señalado el economista Bráulio Borges, los bastiones del bolsonarismo se corresponden estrechamente con las grandes plantaciones, cuyos beneficios crecieron en términos reales 30% con Bolsonaro18. Estas plantaciones son un inmenso enclave al estilo tejano que se extiende desde el norte de Rio Grande do Sul por Santa Catarina –donde manifestantes pro-Bolsonaro fueron filmados haciendo saludos nazis después del resultado de las elecciones– y el Centro, y llegan hasta los límites del Nordeste. Estas regiones disfrutan de empleos, dólares y ciudades habitables donde se puede disfrutar de la sertaneja (música rural brasileña), del tiro deportivo y recreativo y del fervor derechista. Esto ayuda a explicar por qué la fracción agraria de la clase dominante, por muy «moderna» que sea, se diferencia del tronco principal con un programa que el economista José Luis Oreiro ha llamado fazendão, o «plantacionismo»19. Como podemos imaginar, esto significa más armas, menores impuestos sobre la agroindustria y un sostenido retroceso de los derechos de los trabajadores, de la protección medioambiental y de la demarcación de territorios indígenas.

Aquí está en juego un novedoso alineamiento político que podríamos llamar una Confederación bolsonarista

Aquí está en juego un novedoso alineamiento político que podríamos llamar una Confederación bolsonarista. La alusión a la Guerra Civil estadounidense (1861-1865) debe tomarse cum grano salis: en el Brasil del siglo xxi no hay un sistema esclavista, ni amenaza alguna en ciernes de una guerra civil en busca de la secesión. Pero el término habla de la consolidación de una coalición con una base territorial, económica y social cuya indignación toma la forma de un cierto sentimiento secesionista político-ideológico: no queremos formar parte del Brasil lulista, con su típica base social (pobres, negros) y territorial (nororiental). Este modelo confederado-exportador, que legitima una xenofobia antinororiental y un cierto grado de separatismo, consiguió atraer a algunos sectores de la clase trabajadora. Se vio reflejado a sí mismo en el bolsonarismo, cuyo lema podría ser: la sociedad no debería ser integrada sino jerarquizada.

Cuando Bolsonaro relajó los controles sobre la destrucción de la selva amazónica –bajo su administración, la deforestación aumentó 60%– y permitió la invasión de las reservas indígenas, los madereros y los mineros del norte, muchos de ellos operando ilegalmente, dieron un apoyo entusiasta a los confederados. La extrema derecha obtuvo el triunfo en 265 municipios de los nueve estados amazónicos. En la ciudad de Novo Progresso, en el estado de Pará, donde en 2019 los latifundistas promovieron un «Día del Fuego» –una iniciativa para provocar incendios que llegó a los titulares de todo el mundo–, Bolsonaro podía contar con 80% de los votos. En la segunda vuelta obtuvo la mayoría en los estados de Acre, Rondônia y Roraima, empatando prácticamente en toda la región norteña.

En las grandes ciudades, la Confederación obtuvo el apoyo de los principales empresarios de los sectores de la construcción y los servicios, simbolizados por Luciano Hang, el dueño de una cadena de grandes almacenes. Nouveau riches dueños de escuelas de idiomas, restaurantes, concesionarios de autos, gimnasios, tiendas de deportes y empresas de construcción estaban activamente comprometidos con el modelo agroindustrial de exportaciones al que podían adherirse como elementos subsidiarios. Detrás de ellos venía una ruidosa parte de los 20 millones de brasileños propietarios de pequeños negocios, algunos de los cuales podrían considerarse miembros de la clase media baja. Hasta 77% de estos «propietarios de negocios» planeaba votar por Bolsonaro en la segunda vuelta. Una de ellas, Thaís do Carmo, de 31 años y oriunda de Betim (Minas Gerais), explicaba en Le Monde que «como mujer empresaria» ella lógicamente «detestaba a la izquierda»20.

En agosto de 2022, Hang, el dueño de los grandes almacenes, que normalmente aparece con la cabeza afeitada y un traje verde lima acompañado de una estridente corbata amarilla, respondía a la «carta abierta» de dirigentes empresariales en apoyo de la democracia (analizada más adelante) diciendo que «millones de propietarios de empresas» firmarían el «manifiesto contrario»21. Puede ser que tuviera razón. El único municipio en el estado de Pernambuco que dio a Bolsonaro más votos que a Lula fue Santa Cruz do Capibaribe, un centro de empresas textiles con muchos pequeños negocios donde el ingreso medio familiar era de 2,5 a 4 veces el salario mínimo. De acuerdo con el antropólogo Maurício de Almeida Prado, el discurso del Estado pequeño tenía muchos partidarios entre estos «luchadores». El politólogo Antonio Lavareda sostenía que este sector establecía un vínculo causal entre «la corrupción visibilizada por el Lava Jato y el empobrecimiento de la sociedad»22.

El partido militar

Los profesionales de «la bala y la Biblia» tuvieron un papel significativo en el bricolaje bolsonarista. Generales y empresarios religiosos aportaron una dimensión constitucional y moral a la plataforma económica de la Confederación y contribuyeron a su relevancia en los medios de comunicación. Conectando la perspectiva del mundo del interior del país con los problemas de la vida en las ciudades, pedían menos liberalismo en la política, menos Estado en la economía, más familia –en respuesta a la precariedad atomizada del capitalismo tardío– y, para hacer frente al grave desafío de la seguridad pública, más represión.

La cuestión de la seguridad pública tiene una enorme importancia en una nación donde hubo más de 200.000 homicidios entre 2008 y 2011

La cuestión de la seguridad pública tiene una enorme importancia en una nación donde hubo más de 200.000 homicidios entre 2008 y 2011, cerca del triple de los muertos durante los tres primeros años de la ocupación estadounidense de Iraq (76.000). Con más de 700.000 personas en prisión, Brasil tiene la tercera mayor población reclusa del mundo, después de Estados Unidos y Rusia; sus superpobladas celdas fueron descritas como «mazmorras medievales» por uno de los ministros de Dilma Rousseff. Una gran cantidad de personas están empleadas en la industria de la seguridad: 380.000 en el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea; alrededor de 400.000 en la Policía Militar; otras 130.000 son funcionarias de la Policía Civil y Federal, además de alrededor de un millón empleadas como guardias de seguridad privados. Esta es la razón por la que el papel de las Fuerzas Armadas y de la Policía Militar, que tiene competencia estatal, es tan relevante: fortalece la asociación entre el mensaje de «Orden y progreso», presente en la bandera nacional verde-amarilla y el papel capilar de los escalones inferiores de los empleados en servicios armados.

Partidaria de las armas y de las prisiones y hostil al universalismo de los derechos humanos, la ola bolsonarista se demostró «poderosamente seductora», no solo para las Fuerzas Armadas y la Policía Militar sino también para las fuerzas de la Policía Civil y Federal, como recoge el periodista Fabio Victor en su importante libro Poder camuflado. Otro estudio muestra que, en 2021, aproximadamente un tercio de la Policía Militar había interactuado online con bolsonaristas radicales. Marcelo Pimentel, un coronel de la reserva que ha hecho un estudio sobre lo que se llama el «partido militar», señala que 14 de los 17 generales que formaban el Alto Mando de las Fuerzas Armadas en 2016 tuvieron puestos dirigentes en el gobierno de Bolsonaro de 202123.

El regreso de los generales al escenario político, del que habían sido expulsados tras el desmantelamiento de la dictadura militar de 1964-1985, pertenece a una historia que se remonta a la proclamación de la República en 1889. Durante el último periodo de esa historia puede ser útil distinguir cuatro etapas claves. En la primera, bajo las presidencias de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) y Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), el régimen militar todavía era objeto de culto para un indeterminado pero significativo número de oficiales en los cuarteles. Sin embargo, estas perspectivas solamente las expresaban públicamente unas cuantas figuras en la reserva y eludían el radar de la mayoría de los estudiosos y políticos, lo que producía la falsa impresión de que los oficiales más jóvenes eran inmunes al encanto del autoritarismo. La segunda fase empezó en 2011 cuando Dilma Rousseff, sucesora de Lula, estableció la Comisión Nacional de la Verdad (cnv), cuya tarea era investigar las muertes y desapariciones de opositores bajo la dictadura. El informe de la cnv, publicado en diciembre de 2014, mostraba que alrededor de un centenar de militares, todavía vivos, habían sido violadores de los derechos humanos, lo cual provocó, como señala Victor, la indignación de los cuerpos de oficiales y las «intervenciones políticas de generales en activo». La tercera fase corresponde al enjuiciamiento político de Rousseff en 2016, mientras su vicepresidente, Michel Temer, daba a los militares «un grado de poder desconocido en 21 años»24.

Finalmente, este retorno gradual dio lugar a la aparición de un candidato presidencial con una base en las Fuerzas Armadas: Jair Bolsonaro, graduado en 1977 en la Academia Militar de Agulhas Negras, equivalente a West Point, lanzaba su carrera hacia la Presidencia en una ceremonia de graduación de cadetes celebrada en la misma escuela. A pesar de haberse visto en 1988 al borde de la expulsión del Ejército por indisciplina, fue «amnistiado» por sus antiguos colegas. Después de la debacle en 2016-2018 del gobierno de Temer, que rápidamente cayó en un cenagal de corrupción, miembros de las Fuerzas Armadas se lanzaron en tropel a apoyar la candidatura del que hasta entonces era un anodino congresista y a quien sus admiradores calificaban de «leyenda»25. En un momento clave de la precampaña de 2018, el máximo responsable de las Fuerzas Armadas hizo público un mensaje dirigido al Tribunal Supremo Federal, que al día siguiente debía emitir su dictamen sobre el escrito de hábeas corpus que podría haber abierto la vía para que Lula –entonces en prisión en Curitiba por el Lava Jato– se presentara a la contienda electoral. El mensaje advertía que el Ejército no toleraría la «impunidad». El hábeas corpus fue rechazado y Bolsonaro se convirtió en el 38o presidente de la República.

De acuerdo con el vicepresidente Mourão, el gobierno de Bolsonaro no era un régimen militar, sino un régimen formado por antiguos militares

De acuerdo con el vicepresidente Mourão, el gobierno de Bolsonaro no era un régimen militar, sino un régimen formado por antiguos militares. Sin embargo, y según cálculos de Victor, 60% de los 5.000 oficiales uniformados que ocupaban puestos ejecutivos –incluidas, como hemos visto, posiciones de alto nivel– estaba en activo. Además de multiplicarse por dos el número de militares incorporados al aparato de gobierno, los cuerpos del Ejército y la Policía recibieron numerosos beneficios materiales. El «partido militar» correspondió demostrando su apoyo a los autocráticos proyectos del líder, a pesar de las continuas renuncias. Por poner un ejemplo, el general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, un antiguo comandante de las Fuerzas Armadas, dejó de lado su imagen «moderada» en cuanto fue nombrado ministro de Defensa en marzo de 2022 y rápidamente se reveló como un «ardiente militante»26. Nogueira de Oliveira acompañó a Bolsonaro en julio de 2022, cuando el presidente profirió sus amenazas más claras de golpe de Estado, mientras atacaba la integridad del voto electrónico y dejaba claro, frente a una audiencia de 40 embajadores extranjeros, que en caso de derrota apoyaría rupturas institucionales como la intentada por Donald Trump en el Capitolio de eeuu. En respuesta a estas declaraciones, un portavoz del Departamento de Estado del gobierno de Joe Biden señaló que el sistema electoral brasileño no solo era «sólido y había demostrado su eficacia», sino que era un modelo para otras naciones.

Apoyo con condiciones

Tres semanas después, el 11 de agosto de 2022, fue el turno de la burguesía financiero-industrial, que desplegó el estandarte de la legalidad en la carta abierta mencionada anteriormente, que provocó el desprecio de Hang. «El intento de desestabilizar la democracia y la confianza pública en la imparcialidad del sistema electoral» no tuvo éxito en eeuu «y tampoco lo tendrá aquí», declaraban los firmantes27. La fecha marcó una división dentro de la clase dominante brasileña. Quienes pertenecían al mundo de las finanzas y de las grandes empresas profesaban su fidelidad a la «democracia», aunque no a Lula. Quienes no firmaron la carta, encabezados por las modernas empresas agroindustriales, se pusieron del lado de los confederados. Desde luego, hubo quienes en los sectores agrícola y de servicios apoyaron el sistema democrático, y otros adscritos a los sectores financiero e industrial que respaldaron a Bolsonaro. Pero la línea general de división entre las dos facciones ya había quedado establecida. Lo mismo sucedía con la clase media tradicional, que se dividió en dos: el sector mayoritario –55%, v. el cuadro 2– no siguió el camino de las grandes empresas y del sector financiero, con quienes había coincidido desde el regreso de la democracia electoral en 1985.

El apoyo de la burguesía financiero-industrial llegó con condiciones. Sabiendo perfectamente bien que no había ningún candidato que tuviera posibilidades de vencer a Bolsonaro a no ser que tuviera una base en la amplia masa de la población, el bloque empresarial que se había movido el 11 de agosto para evitar un coup d’état decidió dar aire a las velas de Simone Tebet, una senadora centrista del Movimiento Democrático Brasileño (mdb) de Mato Grosso do Sul, esperando ganar fuerza en su negociación con Lula. Tebet se presentaba como una alternativa moderada a las dos coaliciones principales y recibió finalmente 4% de los votos en la primera vuelta, en la que, recordemos, a Lula le faltaron 1,8 puntos porcentuales para alzarse con la victoria. Ciro Gomes, un candidato de centroizquierda del Partido Democrático Laborista (pdt), obtuvo otro 3%. Una vez que la primera vuelta había dejado claro que cada voto era importante, Gomes dio un superficial apoyo a la coalición democrática y se retiró del escenario. Tebet, por el contrario, pidió una mayor ampliación de la concertación y asumió una actitud combativa en la nueva alianza. Entre bastidores estaba en marcha otro forcejeo. Los capitalistas avanzados querían un «gesto radical» de Lula con el que se comprometiese con la responsabilidad fiscal, aunque el manifiesto programático presentado al Tribunal Superior Electoral prometía «revocar el techo al gasto público».

El 6 de octubre, con todo esto todavía sin resolver, cuatro destacados economistas del psdb –Pedro Malan, Edmar Bacha, Armínio Fraga y Persio Arida– hablaron, por así decirlo, en nombre del moderno capital financiero-industrial, declarando que votarían por Lula con las «expectativas» de que se produciría una «gestión responsable de la economía». The Economist, que puede considerarse el termómetro del capital extranjero, había hecho lo mismo 48 horas antes. La prensa «seria» de gran tiraje, abiertamente opuesta a Bolsonaro, dio amplia cobertura a estos hechos y, durante tres semanas, situó la democracia por encima de la falta de confianza en el lulismo28. Quince días después de la declaración del cuarteto del psdb, Lula observaba brevemente en un discurso pronunciado en el auditorio de la Universidad Católica de San Pablo que «este no será un gobierno del Partido de los Trabajadores». Al hacerlo, de acuerdo con el periodista Cristiano Romero, enviaba un mensaje tanto a «las corrientes más a la izquierda de su partido como, por supuesto, a los mercados». En el tercer mandato de Lula no habría espacio en el gobierno para los miembros del pt «que suscitaran la más mínima duda sobre el curso de la política económica»29. La presencia en el acto de Henrique Meirelles, arquitecto del techo al gasto público, anterior presidente global del BankBoston y presidente del Banco Central con Lula, así como de Persio Arida, otro ex-presidente del Banco Central en los años de Cardoso y cerebro de la reforma monetaria antiinflacionaria de la década de 1990, el Plan Real –que permitió la sustitución de la antigua moneda, el cruceiro, por el real–, subrayaba el mensaje.

Conservadores y cristianos

Mientras tanto, el «partido militar» parecía haber entendido que tratar de dar la vuelta a los procedimientos electorales establecidos sin el apoyo del capital financiero-industrial o de eeuu acabaría dejándolo aislado e incapaz de gobernar. El programa autocrático tendría que ser propuesto dentro del marco de las instituciones democráticas, por lo menos por el momento. Como manifestó Mourão al reconocer la derrota, «aceptamos tomar parte en una partida en la que el otro jugador [Lula] no debería haber estado presente. Pero lo aceptamos y no hay nada de qué quejarse». Cuando se le preguntó por las protestas a favor de Bolsonaro, replicó: «Se deberían de haber producido cuando el jugador que no debería haber estado en la partida fue autorizado a jugar. Este jaleo en la calle debería haber empezado entonces, pero no fue así»30.

Las elecciones de 2022 registraron un significativo aumento de los representantes elegidos ligados a los servicios de seguridad: 48 diputados federales y 39 en el ámbito estatal

Como compensación, las elecciones de 2022 registraron un significativo aumento de los representantes elegidos ligados a los servicios de seguridad: 48 diputados federales y 39 en el ámbito estatal, lo cual supone un aumento de 27%31. La maquinaria política confederada, con sus componentes presentes en los servicios de seguridad y su liderazgo económico, tiene las condiciones necesarias para mantenerse en funcionamiento, incluso si el «legendario» Bolsonaro se desvanece después de 2023. Realmente, hay quien piensa que el carisma de la «leyenda» tiene raíces meramente provincianas. En opinión del periodista Bruno Paes Manso, Bolsonaro y sus hijos son los representantes ideológicos de la cultura de las milicias surgida en Río de Janeiro, que «ha recorrido todo el camino hasta la Presidencia del país»32. Las milicias en cuestión fueron unidades creadas en Río durante la década de 1990 por funcionarios de policía en activo y retirados, que asumieron el papel de proporcionar «seguridad» a zonas supuestamente invadidas por traficantes de drogas depredadores. Estas milicias recaudaban dinero por la protección y obligaban a los residentes a pagarles por determinados servicios: conexiones ilegales de televisión por cable, tasas impuestas a cooperativas de transporte e imposición de un elevado porcentaje sobre las compras y alquileres de automóviles. Un estudio calcula que, en los últimos 30 años, las milicias de Río de Janeiro se han apoderado de más de la mitad del territorio que estaba controlado por el crimen organizado, que cuenta con una población de más de cuatro millones de personas. Un análisis del voto de la primera vuelta electoral muestra que Bolsonaro arrasó en los distritos en los que había una elevada presencia de las milicias33.

Río es también el estado donde mayor influencia tienen los grupos pentecostales. Los predicadores evangélicos escenificaron huelgas de hambre en protesta por la perspectiva de que Lula ganara en la primera vuelta y la presión religiosa puede haber tenido allí una gran influencia. En Minas Gerais, donde no se conoce que operen las milicias, el avance del bolsonarismo en la segunda vuelta se atribuyó a los evangélicos. Con el respaldo de 30% de la población y una lista recientemente elegida de 92 representantes, destacadas iglesias evangélicas lanzaron una movilización nacional sin precedentes a favor de Bolsonaro. Los votos que obtuvo en 2018 ya habían estado vinculados con el evangelismo, pero el ciclo electoral de 2022 asistió a un auge bíblico-conservador que no se había visto nunca. Bolsonaro, católico declarado, invirtió sistemáticamente en construir relaciones con los dirigentes evangélicos. A partir de 2011 empezó a incorporar a su actividad legislativa «temas relacionados con la moral sexual» y se bautizó públicamente en el río Jordán. Una vez en el poder, colocó en todas partes su eslogan «Dios por encima de todos», aplicó conceptos religiosos a las decisiones del Estado, nombró a personalidades evangélicas para que ocupasen puestos ministeriales, permitió su entrada en el Tribunal Supremo, se opuso a las restricciones impuestas a los grupos religiosos durante la pandemia y perdonó los 1.400 millones de reales (unos 270 millones de dólares) que debían las iglesias al Estado34.

Los predicadores evangélicos escenificaron huelgas de hambre en protesta por la perspectiva de que Lula ganara en la primera vuelta

A cambio de ello, los líderes religiosos –incluido el multimillonario Edir Macedo, fundador de la poderosa Iglesia Universal del Reino de Dios– dieron al proyecto bolsonarista un respaldo entusiasta. El canal de televisión Rede Record, propiedad de Macedo y el segundo mayor canal de Brasil, se unió a otros medios de comunicación, incluido Jovem Pan, un equipo creado a imagen de Fox News, para contrarrestar la cobertura crítica sobre Bolsonaro que hacía Globo, el mayor y más influyente canal de televisión de Brasil. Un comunicado de la Iglesia Universal emitido en septiembre de 2022 reiteraba el apoyo de Macedo al presidente, ya que «el pensamiento evangélico» no podía aceptar «el constante ataque sobre la estructura familiar tradicional compuesta de padre, madre e hijos»35.

Al comienzo de la campaña electoral, empresarios religiosos inundaron el país con un ejército de fervientes propagandistas que dieron voz a lo que la politóloga Marina Basso Lacerda ha llamado el «paleoconservadurismo brasileño»36. Importado de eeuu, sus sermones explican que una sociedad sana no se consigue por medio de la política pública o de medidas redistributivas, sino a través del «fortalecimiento de la familia como fuente de provisión para sus miembros». Como Bolsonaro manifestó en la Organización de las Naciones Unidas (onu), la familia era la célula madre de la que surgiría una sociedad más saludable. Un Brasil «conservador y cristiano» tendría que defender su orden moral interno contra todos los que intentaran socavarlo. Aunque Bolsonaro evitaba una explícita oposición al Estado secular, esa cuestión estaba efectivamente sobre el tapete, habida cuenta de que un país cristiano deja a los que no son cristianos en una posición de inferioridad. Se produce una inversión de la realidad que transforma al agresor en la víctima37. El mensaje es que los enemigos de la familia pretenden destruir este pilar de una sociedad sana y por ello deben ser suprimidos, cuando en realidad quienes quieren suprimir al otro y se niegan a permitir la diversidad son los paleoconservadores.

Un estudio realizado en una zona periférica del sur de San Pablo en la década de 2010 recogía la lenta difusión de charlas contra el pt entre evangélicos de clase trabajadora, generalmente pertenecientes al estrato que gana entre dos y cinco veces el salario mínimo –empleados de salones de belleza, dependientes de tiendas, guardias de seguridad, funcionarios de la policía–, que acompañaban el agravamiento de los problemas económicos y las acusaciones de corrupción dirigidas contra el pt38. Puede que sea este cóctel de sentimiento molecular contrario al pt y paleoconservadurismo lo que explica el carácter fanático de la polarización política de 2022. En un lenguaje que recordaba el de los agitadores de extrema derecha presentes en eeuu durante la década de 1930, estudiado por Leo Löwenthal y Norbert Guterman, los oponentes políticos ya no se concebían como obstáculos humanos para el logro de objetivos particulares, sino como un cuerpo externo a la sociedad, la encarnación del propio mal39.

Dirigiéndose a una congregación de la Iglesia Bautista de Filadelfia en Salvador, Bahía, poco antes de la segunda vuelta, un pastor elegido para el Congreso habló de «una guerra civil contra el inminente mal de una posible victoria de la izquierda». Un miembro de otra iglesia informó que el pastor había dicho que, si Lula resultaba elegido y empezaban a quemar iglesias, «se aseguraría de que cualquiera que hubiera votado a Lula fuera el primero en arder». En Belo Horizonte, un pastor con una congregación semanal de 5.000 personas utilizó el púlpito para acusar a Lula de apoyar el aborto y la legalización de las drogas, así como de querer restringir los medios de comunicación y liberar a los pequeños delincuentes40. Las presiones fueron tales que, dos semanas antes de la segunda vuelta, Lula se sintió obligado a publicar una «Carta a los evangélicos», en la que aseguraba a sus lectores que él no iba a obstruir el funcionamiento de lugares de culto, que personalmente se oponía al aborto y que estaba comprometido con «fortalecer a las familias de manera que los jóvenes se mantuvieran alejados de las drogas». Sin embargo, partiendo de un empate técnico con Lula entre los evangélicos en diciembre de 2021, la agitación de los pastores le dio a Bolsonaro 20 puntos de ventaja entre ellos en la carrera hacia la segunda vuelta.

3. La gran coalición

En la política brasileña, que se caracteriza por un hiper-transformismo que desconcertaría incluso a Antonio Gramsci, la más fanática de las posiciones puede alterarse simplemente con un cambio del viento que sopla. El 3 de noviembre de 2022, Edir Macedo predicaba el «perdón» de Lula. La Realpolitik fue incluso más rápida y las negociaciones con el Congreso empezaron inmediatamente. El presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira (Partido Progresista-Alagoas), un aliado de Bolsonaro que habla por el Centrão –el mayor grupo del Congreso, con alrededor de 300 miembros principalmente conservadores–, ni siquiera esperó el anuncio formal de los resultados del 30 de octubre para presentarse ante las cámaras de los noticiarios y decir que la voluntad del pueblo expresada en las urnas «nunca debe ser impugnada». En ese mismo momento, el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco (Partido Social Democrático-Minas Gerais), también en buenos términos con Bolsonaro, se unía a su colega de la Cámara de Diputados: «Podemos ofrecer al pueblo una gran coalición en la que converjan las instituciones en el futuro gobierno».

La Realpolitik fue incluso más rápida y las negociaciones con el Congreso empezaron inmediatamente

Lo que Lira y Pacheco querían a cambio de este conspicuo giro de 180 grados –que también servía para desalentar posibles movimientos hacia un golpe de Estado por parte de los extremistas bolsonaristas– era el apoyo de Lula para su reelección a sus respectivas Cámaras en febrero de 2023. Además, querían el mantenimiento de lo que se ha llamado el «presupuesto secreto», un mecanismo en funcionamiento desde 2019 y oficializado por Bolsonaro en 2021, en virtud del cual el líder de la Cámara de Diputados recibe una enorme suma de dinero –alrededor de 20.000 millones de reales (3.800 millones de dólares)– para repartirlo a fin de efectuar enmiendas legislativas. Parte de estos fondos pueden ser utilizados por los legisladores dentro de sus propias circunscripciones, sin tener que detallar los trabajos realizados o rendir cuenta alguna. Se trataba de un recurso (escandaloso) para comprar el control de los miembros del Congreso, ya que los receptores de estas sumas tienden a ser reelegidos; las elecciones de 2022 registraron la tasa más baja de rotación en la Cámara desde 1998. El presupuesto secreto fortalecía la posición del presidente de la Cámara, ya empoderado por la cláusula constitucional que estipula que él, y solamente él, puede decidir si llevar ante el plenario de la Cámara las propuestas de impeachment que le son presentadas. Bolsonaro aceptó el presupuesto secreto como el precio para evitar su propio impeachment y así se convirtió en el «tchutchuca do Centrão», como decía uno de sus propios seguidores, expresión traducida enternecedoramente por Associated Press como «la ‘querida’ de una fracción clientelista del Congreso»41.

Habida cuenta de que Lula también necesitaba el apoyo del Congreso para escapar del impeachment, así como para aprobar los programas sociales que había prometido, también él ha utilizado el hiper-transformismo apoyando la reelección de Lira y Pacheco. Pero en el proceso de negociación pudo obtener algunas concesiones. La historia está llena de giros a derecha e izquierda. Después de las elecciones, Lula –como cualquier presidente brasileño– tuvo que negociar con numerosos partidos del Congreso, e incluso con miembros independientes, hasta que, siguiendo las normas de la «gran coalición», consiguió el suficiente apoyo parlamentario para gobernar42. Los diputados son elegidos por representación proporcional en el ámbito estatal, de manera que el apoyo absoluto a escala nacional que recogió el presidente no se refleja en el Congreso. Por otra parte, gracias a la flexibilidad de las reglas de formación de partidos, Brasil tiene desde hace mucho tiempo el panorama de partidos más fragmentado del mundo. En 2022, había 23 organizaciones representadas por los 513 miembros de la Cámara de Representantes, lo cual significa que cada una de ellas solo tenía un pequeño bloque de representantes43. Dado que los partidos de la coalición del pt solamente tenían 154 escaños en la Cámara, el psd y el mdb –el partido que encabezó el golpe parlamentario contra Rousseff en 2016– fueron rápidamente invitados a entrar en el tercer gobierno de Lula. En teoría, porque las lealtades individuales a los partidos son también bastante relativas, aportaban 83 escaños más. El partido conservador Unión Brasil, con un valioso bloque de 59 escaños, también ha obtenido posiciones en el gobierno, pero incluso así está dividido en cuanto al apoyo a Lula. De este modo, el gobierno de Lula ha reunido una exigua mayoría en la Cámara a costa de englobar a todo el espectro político, desde la derecha hasta la izquierda, excluyendo solamente a los partidos que apoyan a Bolsonaro. En el Senado, el candidato bolsonarista a presidirlo fue derrotado por 49 votos contra 32 el 1o de febrero de 2013, y fue reelecto Pacheco.

El gobierno de Lula ha reunido una exigua mayoría en la Cámara a costa de englobar a todo el espectro político, desde la derecha hasta la izquierda

Si estos ambiguos grupos pueden mantenerse unidos –una alternativa siempre costosa–, podría evitarse un nuevo impeachment. Pero ni siquiera ellos tienen mayoría suficiente como para aprobar enmiendas a la Constitución, que requieren 308 diputados y son esenciales para cualquier mínimo programa legislativo, ya que la Constitución brasileña es extremadamente detallada y deja poco al azar. Ya a principios de octubre, los analistas sugerían que Lula también intentaría cooptar a miembros de los partidos pro-Bolsonaro dentro del Centrão atrayendo a diputados individuales44. Después del rápido y radical cambio de Macedo, los Republicanos, un partido vinculado a la Iglesia Universal, declararon «no ser fervientes partidarios» de estar en la oposición. Algunos miembros del Partido Progresista, el principal heredero de la dictadura, también se inclinaron por unirse a Lula. Incluso en el Partido Liberal (pl), una organización creada en 1985 y colonizada por Bolsonaro en 2021, alrededor de 40 de los 99 miembros de la Cámara eran partidarios de entrar en un gobierno encabezado por Lula. Pero el jefe del partido, Valdemar Costa Neto, actuando bajo las presiones de Bolsonaro, adoptó una posición intransigente. El manto de la oposición ha recaído en el pl como plataforma desde la cual desestabilizar al gobierno de Lula. Por otro lado, el psdb, anteriormente hegemónico entre la clase media y actualmente con solo 13 representantes, se ha declarado independiente tanto de Lula como de Bolsonaro; y quizá las fracciones modernas del capital financiero-industrial sigan el mismo camino.

La situación económica de Brasil, combinada con las presiones recesivas e inflacionionarias globales, hacía que para Lula fuera imprescindible alcanzar alguna clase de acuerdo presupuestario a comienzos de 2023. Un factor de «malestar» era precisamente lo que estaban esperando las fuerzas de la Confederación para prender la hoguera que quemaría el capital político acumulado por Lula. Dado que un respiro fiscal estaba descartado por una enmienda constitucional de 2016 que imponía un techo muy estricto al gasto público, la cuestión era tirar de las costuras del mosaico interclasista que apoya al gobierno. Además, el discurso de Lula del 21 de octubre, en presencia de Meirelles y Arida, parecía haber descartado cualquier movimiento redistributivo. ¿Había capitulado Lula ante las presiones que Rui Falcão, anterior presidente del pt, tenía en mente cuando advertía contra la posibilidad de verse empujados a «adoptar un programa que no es nuestro programa»?45. La verdad es que Lula estaba buscando una fórmula de conciliación, algo que intentó con su «Carta para el Brasil de mañana» publicada 48 horas antes de las votaciones: «Es posible combinar la responsabilidad fiscal, la responsabilidad social y el desarrollo sostenible». El sector financiero previsiblemente consideró que el documento era demasiado genérico y que carecía de respuestas en cuanto al origen del dinero para satisfacer tantas exigencias.

Sin embargo, la necesidad de cumplir las promesas hechas a los pobres y proporcionar alivio a la deuda de las familias, de elevar el salario mínimo y de financiar medidas de seguridad pública, el sistema sanitario y la educación –en resumen, la reconstrucción nacional que tantos estaban esperando– empujó a Lula, en un paso inteligente, a negociar con Lira incluso antes de tomar posesión. Simplificando la historia, intercambió su implícito apoyo para la reelección de Lira y Pacheco a cambio de una exención de los límites al gasto durante el primer año. Formalmente, Lula dio el control de su equipo de transición a Alckmin y nombró a Arida como uno de sus coordinadores de política económica junto a otros tres economistas, dos de ellos miembros del pt46. Arida defendió un plan para superar los límites del gasto por un importe de 100.000 millones de reales (19.000 millones de dólares), lejos de lo que la gente situada a la izquierda juzgaba necesario para un proyecto de reconstrucción, que tenía su modelo en la comparecencia de Biden ante el Congreso estadounidense el 28 de abril de 2021. Ni siquiera era suficiente para garantizar el «mínimo social»: la promesa de Lula de mantener en 600 reales la ayuda del programa Bolsa Família, con un plus de 150 reales por cada hijo menor de seis años.

En esa situación, Lula dio un audaz paso recurriendo directamente a las negociaciones con el Congreso, es decir, con Lira y Pacheco, sin consultar al equipo de economistas que él mismo había nombrado bajo la autoridad de Alckmin. Al mismo tiempo, el Tribunal Supremo declaraba ilegal el «presupuesto secreto» sometido a su consideración, lo que significaba que Lira tenía que aceptar la solución intermedia que ofrecía Lula, la cual supondrá nuevas negociaciones entre el presidente de la Cámara (Lira) y del Ejecutivo (Lula) sobre la asignación de parte de lo que era el «presupuesto secreto». Sin duda, Lira hará todo lo que esté en sus manos para mantener el control del dinero. Al mismo tiempo, Lula intentará arrancarle concesiones legislativas a cambio de las enmiendas que quiere. En cuanto al resultado de esta fiera batalla, solo el tiempo nos lo dirá, pero Lula, con la decisiva ayuda del Tribunal Supremo, ha sido capaz de recuperar cierto poder para la Presidencia.

La denominada «Enmienda constitucional para la transición», que Lula obtuvo del Congreso, dejaba sin efecto el límite al gasto anual

La denominada «Enmienda constitucional para la transición», que Lula obtuvo del Congreso, dejaba sin efecto el límite al gasto anual, aumentando la propuesta de Arida en 50% y llegando a los 150.000 millones de reales (unos 30.000 millones de dólares), cifra que debería garantizar el «mínimo social» hasta finales de 2023. Después de duras negociaciones, la enmienda constitucional fue aprobada el 21 de diciembre de 2022. La pregunta es si será suficiente. Los cálculos dicen que cubrirá el «mínimo social», manteniendo los 600 reales del nuevo Bolsa Família, además de otros 150 reales por cada hijo menor de seis años. En otras palabras, Lula obtuvo del Congreso lo suficiente como para beneficiar a su electorado: los pobres. Una familia con dos hijos menores de seis años recibirá 900 reales mensuales (unos 170 dólares), no tan lejos del salario mínimo establecido en 1.300 reales. Pero solamente quedarán 23.000 millones de reales para el resto (4.500 millones de dólares).

«Un comienzo realmente malo» para el nuevo gobierno, comentó un asesor empresarial al Financial Times47. Aunque la fracción principal de la burguesía se vio empujada a ponerse del lado de los pobres por el bien de la democracia, puede encontrarse pronto molesta por los gastos que ello supone. Hay razones para pensar que le pueda entrar nostalgia por el programa de Paulo Guedes, el ministro de Economía de Bolsonaro, que insistía –incluso hasta el punto de arriesgarse a la derrota de su jefe– en la necesidad de despojar al presupuesto de sus «índices, ataduras y obligaciones», abriendo el camino para que las pensiones y el salario mínimo fueran por detrás de la inflación. Dicho esto, la verdadera oposición es probable que venga del Senado. Con los ex-ministros claves elegidos como senadores, una brigada de bolsonaristas está tratando de crear un búnker contrario a Lula en la Cámara Alta. Cuando vengan los tiempos difíciles, ¿podrá Lula contar con Lira, el hombre que le guardó las espaldas a Bolsonaro en la Cámara? Y con una coalición tan amplia, ¿habrá suficiente consenso para aprobar programas que puedan convencer a la población de que la democracia merece la pena?

Unos disturbios y su significado

Cuando gran parte de este ensayo ya estaba escrito, la revuelta bolsonarista del 8 de enero de 2023 descargó toda su furia sobre los preciosos edificios diseñados por Oscar Niemeyer en Brasilia. Más allá del daño sustancial y quizá irreparable causado a las instituciones democráticas fundamentales de la nación, ¿qué puede decirse sobre sus consecuencias políticas? De acuerdo con Ross Douthat, que escribió sobre el tema en The New York Times, la tormenta que se desencadenó en Brasilia solamente era performativa, ya que Lula había sido investido la semana anterior, el 1o de enero, y ninguno de los órganos de los aparatos ejecutivo, legislativo o judicial estaba trabajando porque era domingo. Douthat sostenía que la enloquecida multitud extremista, venida de muchos lugares del interior, no estaba tratando seriamente de alterar la democracia electoral. Estaban ofreciendo un espectáculo para evocar las imágenes de la invasión del Capitolio del 6 de enero, acaecida dos años antes48.

En cuanto a la sincronización de los actos vandálicos, Douthat tiene razón. Explotaron cuando, gracias al hábil manejo del Congreso por parte de Lula, las expectativas populares sobre el nuevo gobierno estaban en alza. Gracias a la pragmática sabiduría de Lula, los 100 días de benevolencia tras su conmovedora investidura estaban en marcha. Por eso, la asombrosa violencia contra las instituciones democráticas en la Plaza de los Tres Poderes cayó en el vacío y el aislamiento, al margen de verse enérgicamente repudiada por la abrumadora mayoría de los brasileños. Quizá puede haber contribuido a infligir una herida mortal al bolsonarismo, aunque eso dependerá de que la alianza entre el gobierno y el Tribunal Supremo se demuestre capaz de aprovechar la oportunidad.

Pero hay tres aspectos en los que el análisis de Douthat falla. El primero, curiosamente, tiene que ver con su éxito. El increíble deseo de ser como los trumpistas que mostró la multitud reunida en Brasilia el pasado 8 de enero resulta peculiar, algo que es necesario estudiar en sus propios términos. Aunque la invención estadounidense de 2016 dejó sentir su impacto a escala mundial, el panorama social brasileño fue probablemente el más afectado por la experiencia de Trump. El impulso por imitar a eeuu es parte constitutiva de la historia republicana de Brasil. Cuando se abolió la monarquía en 1889 para dar lugar a la República, la primera bandera que se propuso para el nuevo régimen brasileño tenía barras y estrellas en amarillo y verde; después de un periodo de conciliación, acabó con estrellas en un globo, sin franjas, un diseño bastante parecido al de la vieja enseña imperial. Es posible que el bolsonarismo haya dado un nuevo paso en esa trayectoria, aproximando la política brasileña a la estadounidense más que nunca.

El segundo aspecto se refiere a las consecuencias simbólicas del episodio. Resulta peligroso hipertrofiar el peso del simbolismo en la política; después de todo, y como enseñaba Marx, lo que se hace es más importante que lo que se dice. Pero las representaciones, las palabras y los símbolos tienen un lugar especial en la política. Aquel día de enero fue lo suficientemente impresionante como para no olvidarlo, incluso en una cultura que tiene tendencia a olvidarlo todo. Siempre será un recordatorio de que, finalmente, el bolsonarismo no puede ser absorbido por la democracia, incluso aunque pretenda actuar de una manera criptoautoritaria.

El tercer punto se refiere a la responsabilidad política de militares, policías, funcionarios, pastores evangélicos y empresarios en los hechos de enero de 2023. Su implicación muestra que la imitación brasileña de los acontecimientos del Capitolio, señalada por Douthat, también era un aviso a la concertación por parte de un sector del bloque confederado. Desde el gobernador de Brasilia, cuya policía dio la bienvenida a los «manifestantes», hasta los militares que evitaron detener a algunos de los que buscaron refugio en el «campamento» cerca del Cuartel General del Ejército, por no hablar de los empresarios que financiaron la destrucción, el mensaje era claro: no aceptamos la conciliación y no hemos depuesto las armas. Las investigaciones en marcha del Tribunal Supremo y de la Policía Federal tienen los medios para presentar cargos contra mucha gente, incluido el anterior presidente. El que esto suceda dependerá de la convicción, grado de unidad y, por último, pero no menos importante, del apoyo popular a la gran coalición en los meses venideros.

El dilema nos devuelve a las predicciones de Buarque y Candido. Para ambos, la democracia solo podía prevalecer en Brasil si servía para apresurar «la emergencia de los estratos oprimidos de la población, que son los únicos con capacidad para revitalizar la sociedad y dar un nuevo sentido a la vida política»49. Al ponerse la banda presidencial el primer día de enero de este año, Lula también ha asumido la responsabilidad de abrir nuevas perspectivas para los más desfavorecidos, bajo la amenaza de un resurgimiento autocrático que borraría la resplandeciente Cruz del Sur del mapa de las estrellas y de la bandera tropical.

André Singer: es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de San Pablo. Fue secretario de Prensa del Palacio del Planalto (2005-2007) y portavoz de la Presidencia de la República (2003-2007). Es autor de Os sentidos do lulismo. Reforma gradual e pacto conservador (Companhia das Letras, San Pablo, 2012).

Palabras claves: democracia, extrema derecha, Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil.

Nota: este artículo se publicó en New Left Review, en inglés y en español. Agradecemos la autorización para reproducirlo. Traducción: José María Amoroto Salido.

1. Antonio Candido: «O significado de Raízes do Brasil» en Sérgio Buarque de Holanda: Raízes do Brasil, Livraria José Olympio, Río de Janeiro, 1971.

2. Gabriel Mascarenhas y Natália Portinari: «Nós concordamos em participar do jogo, agora não adianta mais chorar» en O Globo, 2/11/2022.

3. A. Singer: «Regime autocrático e viés fascista: um roteiro exploratório» en Lua Nova No 116, 5-8/2022.

4. En 2021, Itaú, Bradesco y Santander Brasil estaban entre los diez bancos más rentables del mundo. «Dos 10 bancos mais rentáveis do mundo, 4 são brasileiros» en Valor, 18/4/2022.

5. Un joven Fernando Henrique Cardoso, marxista en aquel momento, analizaba una situación comparable y presentaba una interesante hipótesis en O modelo político brasileiro, Difusão Europeia do Livro, San Pablo, 1973, cap. 3. Ver A. Singer: «Revolução burguesa dependente e modelo político brasileiro, 1971-2021», disponible en <https://doi.org/10.1590/scielopreprints.3544>.

6. A no ser que se indique otra cosa, las cifras de las encuestas proceden del Instituto Datafolha.

7. Dylan Riley: «Líneas de fractura» en New Left Review No 126, 1-2/2021.

8. De acuerdo con Tendências, una consultora empresarial, los hogares con un ingreso mensual de 2.900 reales (unos 580 dólares al tipo de cambio actual) o menos en 2021 deberían considerarse «pobres» o «muy pobres». Esto incluiría a aquellos que aparecen en el último rango de ingresos en los datos de Datafolha (dos salarios mínimos = 2.424 reales mensuales, equivalentes a 480 dólares).

9. Júlia Barbon: «Datafolha: Lula mantém apoio de ‘vulneráveis’, e Bolsonaro retoma eleitor ‘seguro’ de renda» en Folha de S. Paulo, 23/8/2022.

10. Paul Singer: Dominação e desigualdade: estrutura de classes e repartição da renda no Brasil, Paz & Terra, Río de Janeiro, 1981, p. 22.

11. Sobre el realineamiento electoral de 2006, que supuso un significativo cambio de los sectores desfavorecidos a favor de Lula después del gasto social de su primer gobierno, v. A. Singer: Os sentidos do lulismo: reforma gradual e pacto conservador, Companhia das Letras, San Pablo, 2012, especialmente la introducción.

12. Vinicius Torres Freire: «Pobres ganharam em 2020, perderam tudo em 2021 e largaram Bolsonaro» en Folha de S. Paulo, 11/6/2022.

13. Las cifras estimadas de personas que pasan hambre proceden de la Red Brasileña de Investigación en Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (rbpssan, por sus siglas en portugués); el ministro de Economía de Bolsonaro cuestionaba las cifras.

14. Yan de Souza Carreirão: «A eleição presidencial brasileira de 2006: uma análise preliminar» en Política & Sociedade vol. 6 No 10, 4/2007.

15. Getulio Xavier: «Por que o aumento do Auxílio Brasil não fez Bolsonaro decolar nas pesquisas» en CartaCapital, 31/8/2022.

16. A. Singer: «A reativação da direita no Brasil» en Opinião Pública vol. 27 No 3, 9-12/2021.

17. Michael Pooler y Bryan Harris: «Can a New Commodities Boom Revive Brazil?» en Financial Times, 26/7/2021.

18. Marsílea Gombata: «Agro cresce, ignora crises e vive ‘realidade paralela’ à do Brasil» en Valor, 14/10/2022.

19. V. Patricia Fachin: «Projeto Fazendão versus Plano de Metas à la jk. Eleições 2022 e a economia em disputa. Entrevista especial com José Luis Oreiro» en Instituto Humanitas Unisinos, 5/10/2022.

20. Nelson de Sá: «Bolsonaro perde ‘momento’ e Lula se aproxima da volta por cima total» en Folha de S. Paulo, 25/10/2022; Jeniffer Goularte, Manoel Ventura, Eliane Oliveira y Geralda Doca: «Lula e Bolsonaro travam disputa por voto dos pequenos empresários» en O Globo, 6/10/2022.

21. Joana Cunha: «Manifesto pela democracia é ‘muita fumaça e fogo nenhum’, diz dono da Havan» en Folha de S. Paulo, 29/7/2022.

22. Fernando Canzian: «Encolhendo e em crise, classe c vira motor do bolsonarismo» en Folha de S. Paulo, 12/11/2022.

23. Ver F. Victor: Poder camuflado. Os militares e a política, do fim da ditadura à aliança com Bolsonaro, Companhia das Letras, San Pablo, 2022, p. 97. V. tb. «Pesquisa: 27 per cent dos pms apoiam ‘bolsonarismo radical’ nas redes sociais» en Poder360, 2/9/2021; M. Pimentel Jorge de Souza: «Generais arrastam Forças Armadas para a política e governam o país com ‘partido militar’» en Folha de S. Paulo, 17/7/2021.

24. F. Victor: ob. cit., pp. 97 y 136.

25. Ibíd., p. 111.

26. Ibíd., pp. 224-225, 343.

27. «Carta aos brasileiros em defesa da democracia», disponible en <direito.usp.br/noticia/

3f8d6ff58f38-carta-as-brasileiras-e-aos-brasileiros-em-defesa-do-estado-democratico-de-direito>.

28. Los conglomerados de comunicaciones más poderosos de Brasil giran en torno de un triángulo formado por el Grupo Globo, el Grupo Folha y O Estado de S. Paulo. Los medios asociados con el viejo Grupo Abril, que ahora se ha disuelto, han perdido terreno.

29. C. Romero: «A última chance de Lula» en Valor, 27/10/2022.

30. G. Mascarenhas y N. Portinari: ob. cit.

31. Marina Basso Lacerda: «‘Bancada da bala’: foram eleitos 48 deputados militares e policiais» en Le Monde diplomatique Brasil, 21/10/2022.

32. B. Paes Manso: A república das milícias: dos esquadrões da morte à era Bolsonaro, Todavia, San Pablo, 2020, p. 246.

33. V., respectivamente, Alba Zaluar e Isabel Siqueira Conceição: «Favelas sob o controle das milícias no Rio de Janeiro: que paz?» en São Paulo em Perspectiva vol. 21 No 2, 7-12/2007, p. 90; Igor Mello: «Milícia cresce 387 por cento e ocupa metade do território do crime» en uol, 13/9/2022; Lucas Neiva: «Bolsonaro teve maior apoio em bairros tomados por milícias no Rio» en uol, 12/10/2022.

34. M.B. Lacerda: «Paleoconservadorismo de Bolsonaro: o pesadelo brasileiro» en A. Singer, Cicero Araujo y Fernando Rugitsky (eds.): O Brasil no inferno global. Capitalismo e democracia fora dos trilhos, Universidad de San Pablo, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas, San Pablo, 2022, p. 324; M.B. Lacerda: «Análise do voto evangélico ou a fortaleza bolsonarista» en Le Monde diplomatique Brasil, 23/8/2022.

35. Jeff Benício: «Dono da Record tv, bispo Macedo reafirma apoio a Bolsonaro e critica Lula» en Terra, 17/9/2022.

36. M.B. Lacerda: «Paleoconservadorismo de Bolsonaro: o pesadelo brasileiro», cit.

37. Ver Jason Stanley: How Fascism Works: The Politics of Us and Them, Random House, Nueva York, 2018, p. 111.

38. Ver Vinicius do Valle: Entre a religião e o lulismo: um estudo com pentecostais em São Paulo, Recriar, San Pablo, 2019, pp. 190, 201, 206 y 208.

39. L. Löwenthal y N. Guterman: Prophets of Deceit: A Study of the Techniques of the American Agitator, Harper, Nueva York, 1948.

40. Ricardo Senra: «Eleições 2022: ‘Perseguição contra cristãos já começou no Brasil. Só que dentro da Igreja’» en bbc News, Brasil, 18/10/2022; «Quem é André Valadão, pastor envolvido com tse, Bolsonaro e Lula» en Valor, 20/10/2022.

41. Cit., por ejemplo, por Jack Nicas: «Bolsonaro Grabs for Man’s Phone and Gets a New (Insulting) Nickname» en The New York Times, 20/8/2022.

42. Sobre las grandes coaliciones, v. Sérgio Henrique Hudson de Abranches: «Presidencialismo de coalizão: o dilema institucional brasileiro» en Dados vol. 31 No 1, 1988.

43. La reciente adopción de nuevas disposiciones que impiden la formación de coaliciones multipartidistas permanentes y la elevación del umbral mínimo para obtener representación en el Congreso tenderán a reducir el número de partidos a partir de ahora, pero resulta difícil decir hasta qué punto.

44. Rafael Neves: «Oposição real a Lula e bolsonaristas ‘light’: o que esperar da nova Câmara» en uol, 3/10/2022.

45. Sérgio Roxo: «Interview: ‘O que se cobra do Lula e assumir um programa que não e o nosso’ diz Rui Falco» en O Globo, 19/10/2022.

46. Rafael Vazquez: «Economistas elaboram propostas a candidatos ‘democráticos’ e excluem Bolsonaro» en Valor, 5/8/2022.

47. Michael Pooler: «Brazil Lawmakers Approve $28bn Increase in Spending Cap for Lula Plans» en Financial Times, 22/12/2022.

48. R. Douthat: «Brazil’s Homage to Jan. 6 Was an Act of Pure Performance» en The New York Times, 11/1/2023.

49. A. Candido: «O significado de Raízes do Brasil», cit.

Gabriel Boric o las peripecias de los hijos de la transición chilena

Cristóbal Bellolio Badiola

La derrota del texto constitucional en el referéndum chileno selló el fin del gobierno de Gabriel Boric tal como fue inicialmente concebido. Al mismo tiempo, la agenda que debe gestionar –economía y seguridad– resulta incómoda para la izquierda y ajena a la del estallido de 2019. Esto explica varios cambios internos en el gobierno, obligado a la incorporación de sectores más moderados.

A un año de haber asumido el gobierno, las cosas no han salido como la joven izquierda chilena habría querido. Es cierto que se encontraron en el poder de forma más o menos casual. En su elenco nuclear, se trata de una generación nacida en el ocaso de la dictadura de Augusto Pinochet, que adquiere conciencia política en las movilizaciones estudiantiles de 2011. Una generación con experiencia en asambleas universitarias, pero quizás muy verde para el arte de gobernar, enamorada de sus convicciones justicieras, pero quizás imberbe para la sutil y compleja tarea de conducir el Estado. Parafraseando al joven político español Íñigo Errejón: buena para asaltar el Palacio, pero no tanto para recoger la basura al día siguiente1. No obstante, al menos se estaba preparando: en 2013, con veintitantos años, sus figuras más emblemáticas –entre ellas, el actual presidente Gabriel Boric– lograron un escaño en la Cámara de Diputados. En 2017, montaron una pequeña coalición: la llamaron Frente Amplio. Levantaron una candidatura presidencial que alcanzó el tercer puesto2 y lograron nada menos que un senador y 20 diputados. Luego vino el llamado «estallido social» de 2019, cuando la clase política que protagonizó la transición fue sentada en el banquillo de los acusados. El Frente Amplio tuvo una posición ambigua: por un lado, confirmó con satisfacción su diagnóstico ideológico sobre el derrumbe del neoliberalismo y la necesidad de transformaciones profundas al modelo chileno; por el otro, tuvo que admitir que la ruta institucional era más lenta y burocrática que el desborde.

A río revuelto, se le abrió una ventana de oportunidad. La vieja centroizquierda, esa verdadera cultura llamada Concertación, fue incapaz de ofrecer relato o resistencia. A diferencia del Partido Socialista Obrero Español (psoe), que pudo contener a tiempo el juvenil embate de Podemos, en el lejano Chile los hijos derrotaron a los padres. La vieja centroderecha en el poder también se quedó perpleja y sucumbió ante el avance de una extrema derecha tan autoritaria, nacionalista y conservadora como la de antes, recargada con esteroides populistas. En este vacío de conducción política, el joven diputado Boric, que había cumplido recién la edad legal para postular a La Moneda y hacía todo lo estéticamente posible por aferrarse a la juventud, fue invitado a participar como sparring en una primaria frente al favorito de la izquierda, el alcalde comunista Daniel Jadue. Para sorpresa de todos, le ganó. Y así, la generación que estaba esperando unos años para madurar y construir músculo político, intelectual, mediático y económico –todos recursos indispensables para tener éxito en el poder– se encontró disputando el balotaje contra José Antonio Kast, conectado con las nuevas extremas derechas emergentes como la de Jair Bolsonaro en Brasil o Vox en España. Con una participación electoral histórica, el candidato improbable Gabriel Boric Font venció con 55% de las preferencias. No ganó porque despertara la confianza de las grandes mayorías, sino porque muchos, especialmente jóvenes y mujeres3, percibieron que Kast representaba un retroceso político y cultural inaceptable.

Como todo ganador, Boric también tuvo su luna de miel. Por semanas, hubo algo así como una «Boricmanía»4. Parafraseando a León Gieco, Chile tenía al fin un presidente joven, que ama la vida y que enfrenta la muerte, que no había tenido la experiencia de mentir ni de robar. Los medios internacionales se dejaron seducir por el fenómeno de un treintañero todavía con aire a dirigente estudiantil, tatuado y barbudo, que citaba poesía en sus discursos y recordaba a esos rebeldes socialistas sesenteros que no se sometían a la dictadura de la realidad, pero que a la vez irradiaba una esperanza no beligerante, un compromiso libertario que no comulga con los autoritarismos indefendibles de la región, como Cuba, Nicaragua y Venezuela. La revista Time lo llevó en portada con el titular «La nueva guardia», encargada de conducir a Chile a través de un «histórico momento de cambios»5, en alusión al proceso constituyente que se puso en marcha tras el ciclo de protestas de 2019. La foto en que aparece tomando cerveza junto al primer ministro canadiense Justin Trudeau en la penumbra de un bar quedará en los anales de lo más cool que ha hecho un presidente chileno en el exterior (en especial, si se lo compara con su antecesor Sebastián Piñera, que solía avergonzar a sus compatriotas en los encuentros con dignatarios internacionales). Si Trudeau fue noticia en 2015 al presentar un gabinete con paridad de género, Boric lo superó: su primer gabinete tuvo 14 mujeres y 10 hombres. Cumplía así la promesa –al menos estética– de conformar un «gobierno feminista». Pero además era un gabinete diverso, colorido, fresco, en las antípodas de la foto empresarial del gabinete de Piñera. Al centro, en el sagrado equipo político, Boric instaló a sus compañeros de generación: Izkia Siches (37) en Interior, Giorgio Jackson (36) para conducir las relaciones con el Congreso, Camila Vallejo (33) en la Vocería. No quedaban dudas: se inauguraba una nueva era, liderada por los hijos de la transición, críticos de la facilidad con que sus padres se acomodaron al legado neoliberal de Pinochet y seguros de estar cambiando el rumbo del país. Con una carrera meteórica, la patrulla de Boric se convertía en el equivalente político de la Generación Dorada de Alexis, Vidal, Bravo y Medel en el fútbol chileno.

Pero el hype duró poco. Algunos meses antes de la elección, a mediados de 2021, ya era notorio que el clima político estaba cambiando en Chile. Un año y medio de pandemia enfrió los anhelos refundacionales del estallido social y volvieron dos temas mucho más prosaicos: economía y orden público. Por el lado de la economía, bajo crecimiento, pérdida del empleo e inflación al alza. Por el lado del orden público, una creciente demanda de «mano dura» contra la delincuencia común, la violencia de grupos radicalizados en el marco del conflicto mapuche en el sur, el caos migratorio en la zona norte, la influencia de los narcos en las poblaciones, etc. Así descritos, temas que le resultan más cómodos a la derecha que a la izquierda y que fueron muy poco desarrollados en la propuesta de la izquierda millennial de Boric. Su discurso era pletórico de referencias a la justicia social y al Estado solidario, de denuncias contra el abuso empresarial y las violaciones a los derechos humanos, de guiños a la integración regional y al antiimperialismo comercial, de reivindicaciones del lenguaje inclusivo y la autonomía reproductiva de las mujeres, entre otras legítimas banderas, pero tenía poco de los temas que eran prioritarios en Chile al comenzar su mandato. En otras palabras, a Boric le tocaría gobernar un país donde los temas prioritarios (economía y orden público) estaban desajustados de su relato original y el de su ecosistema político. Una vez recogido el cotillón de la fiesta, su caída en la popularidad era predecible.

El proceso constituyente heredaba el ethos plebeyo del estallido social; el distrito financiero de Sanhattan encendía las alarmas

No lo ayudó tampoco la Convención Constitucional. En teoría, Boric terminaría su primer año de mandato sepultando la Constitución de Pinochet. Todo parecía coincidir: un nuevo ciclo político postransición, una nueva generación en el poder y una nueva etapa jurídico-institucional en la historia de Chile. Se pensaba que la elaboración y ratificación de un novel texto constitucional sería carrera corrida: en el «plebiscito de entrada» de octubre de 2020, casi 80% de los chilenos votó favorablemente la idea de sustituir por completo la Constitución vigente, motivado por la idea de que un nuevo pacto social podría restañar las heridas del estallido social y reestructuraría la fisonomía del Estado para hacerse cargo de las demandas largamente insatisfechas. Pero no fue carrera corrida. El órgano creado para la tarea fue poblado por grupos independientes, impugnadores de las elites políticas y económicas, activistas de causas particulares, representantes de identidades históricamente marginadas, entre otros, con baja presencia de partidos políticos tradicionales y una subrepresentación de la derecha que correspondió al momento muy particular de la elección, aun bajo los efectos del estallido. Mientras se destacaba la diversidad de la composición de la flamante Convención Constitucional –por primera vez, las reglas no serían escritas por los sospechosos de siempre, y el proceso constituyente heredaba el ethos plebeyo del estallido social–, el distrito financiero de Sanhattan encendía las alarmas.

El gobierno de Boric tomó palco, confiado en que los anhelos transformadores se abrirían paso. Pero todo lo que podía salir mal salió mal. Mientras el interés ciudadano giraba hacia la economía y el orden público y se observaba de reojo el crecimiento de la extrema derecha, la Convención seguía impertérrita en su microcosmos refundacional, inyectando incertidumbre y amenazando con desmantelar todas las vigas del Chile conocido. Aunque la Convención comenzó sus labores con amplia credibilidad y confianza pública, a poco de andar sus integrantes fueron descendiendo al infierno reputacional. Mucha performática y poca sobriedad para el gusto de los chilenos. Se hizo imposible separar la obra de su autor. Los partidarios moderados del proceso se fueron decepcionando a medida que fueron conociendo las normas propuestas y aprobadas. La coalición original del presidente, el Frente Amplio, no pudo o no quiso ponerle resistencia al maximalismo de la izquierda más radical que gravitaba en la Convención. Mientras Boric declaraba –para distinguirse de Hugo Chávez y de otros similares en la región– que no quería una Convención «partisana»6, las izquierdas en la Convención excluían deliberadamente a la derecha de todos los acuerdos, tiñendo el proceso de un cariz adversarial cuyo resultado no podía ser sino «partisano». Por si fuera poco, las izquierdas de la Convención cometieron todos los errores que ha cometido el progresismo en el mundo: exageraron la reivindicación identitaria de grupos históricamente vulnerables o marginados (mujeres, pueblos indígenas, minorías sexuales) a través de una serie de derechos especiales, regímenes paralelos y acciones afirmativas que despertaron la reacción negativa de aquellas otras identidades que ven amenazado su estatus y la igualdad ante la ley, receta de manual para alimentar discursos populistas de derecha. Aunque Boric en campaña entendió a tiempo que no había que regalarle a la derecha la idea de chilenidad y sus emblemas patrios, para la Convención fue muy tarde: inconscientemente forzó un clivaje entre aquellos que se enorgullecen y aquellos que se avergüenzan de Chile. En resumen, lo que en jerga futbolística se llama un penal sin arquero se convirtió en un derroche de proporciones bíblicas: el 4 de septiembre de 2022, 62% del electorado, en la votación más masiva de la historia de Chile, rechazó la propuesta de texto que presentó la Convención7.

Se hizo común sostener que el «plebiscito de salida» fue realmente un referéndum sobre Boric

No se puede evaluar el primer año de Boric sin aquilatar debidamente lo que implicó este fracaso. Si los padres y abuelos lograron sacar a Pinochet del poder en 1988, a sus nietos les tocaba exorcizarlo para siempre al desterrar su legado institucional. No pudieron. Peor aún: sus padres tuvieron todo en contra y aun así lo consiguieron. Esta joven generación tuvo todo a su favor y aun así despilfarró la oportunidad. Algunos comentan que la derrota de la propuesta constitucional no debe leerse como el rechazo a un texto concreto, sino, en el fondo, como un rechazo al proyecto político frenteamplista, a su visión para Chile. Aunque, en lo formal, el gobierno conservó la neutralidad, en la recta final se la jugó abiertamente por su aprobación. Ningún intervencionismo indecente, por cierto: en Chile todavía existe algo así como una conciencia republicana de respeto a las instituciones. Pero nadie dudó de la identificación entre el gobierno y la propuesta constitucional. La asociación fue tan porfiada que los índices de aprobación al gobierno y la intención de voto favorable al texto comenzaron a descender juntos y nunca más se desacoplaron. Se hizo común sostener que el «plebiscito de salida» fue realmente un referéndum sobre Boric y su gobierno, que a esas alturas bregaba para contener una inflación galopante y se anotaba unas cuantas derrotas en materia de seguridad… los consabidos fantasmas de la economía y el orden público. Si el gobierno de Piñera se terminó «políticamente» con el estallido social de 2019 (es decir, dos años y medio antes de cumplir su periodo constitucional), el gobierno de Boric habría finalizado «políticamente» apenas seis meses después de asumir8. Así como Piñera no pudo continuar con su trazado original después del estallido social, la fatídica noche del 4 de septiembre (que ya tiene sigla de terremoto: 4s) Boric tuvo que renunciar al plan que tenía para Chile. Ya no conduciría al país, como presagió Time, a través de un «histórico momento de cambios». Tendría, en adelante, que atender otros problemas más urgentes.

El rechazo de la propuesta constitucional obligó al presidente Boric a realizar ajustes importantes en su gabinete, en especial en el equipo político. Salieron Siches y Jackson, dos figuras simbólicas y representativas del adn original del proyecto: Siches, líder del gremio médico que ofició como contraparte de Piñera en la pandemia, fue la jefa de campaña de Boric en segunda vuelta y sus recorridos por el norte del país fueron claves para su triunfo, mientras que Jackson ha sido el compañero inseparable del presidente desde la época en que ambos marchaban codo a codo como dirigentes estudiantiles, en una relación de complicidad política tipo bromance que recuerda la que alguna vez tuvieron Tony Blair y Gordon Brown en el Reino Unido. Es decir, dos salidas políticamente dolorosas. En su reemplazo, entraron Carolina Tohá en Interior y Ana Lya Uriarte para conducir las relaciones con el Congreso. Irónico: la joven generación que criticó duramente a la vieja Concertación recurrió a la hija política del ex-presidente Ricardo Lagos (Tohá) y a la hija política de la ex-presidenta Michelle Bachelet (Uriarte) para enrielar su gobierno9. Pero la necesidad tiene cara de hereje, y Boric tuvo que enviar una señal clara de que había entendido el mensaje del 4s. Aunque varios ex-concertacionistas participaron del gobierno desde el comienzo, este mundo adquiría ahora una visibilidad y relevancia mucho mayores. En torno del Partido Socialista, se configuró una coalición que tomó por nombre Socialismo Democrático, como una manera sutil de distanciarse de la izquierda autoritaria que piensa que el fin justifica los medios. Para todos los efectos relevantes, el equilibrio interno de poder cambió: pasó del Frente Amplio y sus aliados comunistas –principales responsables en la estrategia que hizo naufragar el proceso constituyente– al Socialismo Democrático. De aquí en adelante, la jefa del gabinete es Tohá, representante de la Generación x que se pensó perdida, y de un partido (el Partido por la Democracia, ppd) que fue inicialmente vetado por el ecosistema de Boric en tanto se lo consideró una versión escasamente progresista de la transición.

Uno de los ministros socialistas que estuvieron desde el inicio fue el veterano Mario Marcel, a cargo de las finanzas públicas. Su designación fue aplaudida transversalmente. Marcel es un economista serio y respetado, que venía saliendo de un impecable periodo al mando del Banco Central, donde dio prueba de su compromiso con la estabilidad monetaria. Como además ejerció media docena de cargos en la administración pública durante los 20 años de la Concertación, resultaba un recurso invaluable para un elenco joven e inexperto respecto del funcionamiento del Estado. La llegada de Marcel tranquilizó los mercados, lo que le permitió a Boric rebajar la cuota de incertidumbre que se cernía sobre su gobierno. Lamentablemente, durante el primer año de Boric la inflación llegó a 12,8%, la mayor registrada desde 1991. Sobre este asunto, Marcel se lava las manos. Fue la coalición de Boric, frenteamplistas y comunistas, la que como oposición a Piñera promovió una seguidilla de retiros individuales de los –otrora intocables– fondos de pensiones para costear los descalabros causados por la pandemia en la economía de las familias. Marcel, como prácticamente todos los economistas de la plaza, advirtieron que era una pésima idea, pan para hoy y hambre para mañana, pues generaría un efecto inflacionario que les pega más duro a quienes menos tienen10. Hoy, el gobierno y el propio presidente reconocen que fue un error garrafal desatender el consejo de los expertos con el fin de redituar electoralmente y dañar al gobierno de Piñera, porque están pagando las consecuencias.

En esta, como en otras materias económicas, el entorno de Boric parece haber cambiado de opinión. Aunque algunos de sus elementos más radicales coquetearon con la tesis del «decrecimiento», ahora se celebra cada décima de crecimiento económico mensual. Se festejó también que, bajo la atenta gestión del ministro Marcel, Chile obtuvo después de una década números azules en su balance fiscal, en gran parte gracias al precio del cobre, un ingreso que las facciones antiextractivistas de la Convención quisieron eliminar. También se brindó con espumante cuando un prestigioso medio financiero apuntó que Chile vuelve a ser el país «más seguro» para invertir en Latinoamérica11, en circunstancias en que la inversión extranjera es vista con sospecha por la izquierda soberanista. Esa misma izquierda tuvo que tragar vidrio cuando el Congreso aprobó y luego el gobierno ratificó la entrada en vigor del controversial Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (tpp-11), una de las derrotas más simbólicas del frenteamplismo. Aun así, la Cancillería chilena destacó la importancia de la integración comercial en un mundo abierto12. En resumen, otra cosa es con guitarra, como dice el dicho. Si el gobierno quiere levantar cabeza en términos de aprobación ciudadana, debe alimentar la chimenea de la economía y promover el crecimiento y el empleo mientras intenta contener la inflación. No hay otra fórmula para cosechar éxito en el mediano plazo.

El joven diputado Boric con camiseta de Nine Inch Nails habría criticado al adulto presidente Boric por su agenda de seguridad

Frente a la problemática del orden público también se observan cambios notables. El joven diputado Boric con camiseta de Nine Inch Nails habría criticado al adulto presidente Boric por su agenda de seguridad, la que seguramente habría calificado de represiva. Antes estaban en desacuerdo con utilizar a las Fuerzas Armadas para controlar la ola migratoria irregular, ahora prácticamente dicen ser los autores de la idea. Partieron ofreciendo solo zanahorias a los grupos indígenas insurrectos –la ministra Siches debutó visitando la zona mapuche sin escolta, como gesto de buena voluntad, y fue repelida a balazos– y han caído en la cuenta de que no se puede dialogar con quien no está dispuesto a hacerlo, es decir, volvemos al garrote. La percepción de que Chile atraviesa una ola de criminalidad sin precedentes ha obligado al gobierno de Boric a volcar sus esfuerzos en un tema que le resulta especialmente incómodo. No solo porque la izquierda, en general, tiene una visión más comprensiva del fenómeno de la delincuencia, como un efecto colateral de la injusticia social, sino porque además esta izquierda, la de Boric, tiene tejado de vidrio: durante los turbulentos días del estallido social, fue ambigua o derechamente condonó la dimensión destructiva de la protesta. Si bien sus dirigentes estuvieron siempre atentos a denunciar las potenciales violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado en el control del orden público, se instaló la sensación de que romantizaron la violencia, normalizaron el caos como forma de «despertar a Chile» y avalaron los repetidos ataques a Carabineros. La sospecha es que frenteamplistas y comunistas azuzaron el fuego de la desobediencia para desestabilizar al gobierno derechista de Piñera. Sin embargo, el desafío actual es revertir la crisis de autoridad y la falta de respaldo que sienten las policías. En una desconexión mayúscula con el clima del país, el gobierno de Boric indultó a una docena de personas condenadas por delitos perpetrados durante el estallido social, medida que le valió el repudio de 80% de la población. En los últimos meses, frente a una opinión pública que exige más facultades –es decir, menos control– para las fuerzas de seguridad y que tiene a muchos chilenos mirando con interés el modelo autoritario de Nayib Bukele en El Salvador, el presidente Boric y sus colaboradores más cercanos han realizado una fuerte autocrítica respecto de sus pasadas declaraciones y actuaciones que pudieron debilitar la confianza en Carabineros. ¿Quién habría pensado que los mismos que hace un puñado de años sostenían que la causa más importante de la izquierda contemporánea era el feminismo13, ahora que están en el poder, tendrían como principal desafío el combate a la delincuencia y el temor de una regresión autoritaria en materia de derechos humanos?

La derecha se ha dado un festín con estas volteretas. No olvida la mezquindad con que trataron al pasado gobierno cuando Boric y compañía eran oposición. Tiene ánimo de cobrarse las cuentas. En apenas un año, han acusado constitucionalmente a tres ministros, aunque ninguna de estas iniciativas ha prosperado en el Congreso. Recientemente, sin embargo, la derecha –y en especial la extrema derecha que representa el Partido Republicano de Kast– acaba de obtener una victoria apabullante en la elección del Consejo Constitucional, encargado de redactar la propuesta de nueva Constitución. Su campaña tuvo nula relación con los contenidos constitucionales y se centró en subrayar las deficiencias del gobierno de Boric en materia de orden público, crisis migratoria y seguridad ciudadana. No hay registro en la memoria reciente de una derrota mayor sufrida por la izquierda chilena. Paradojas del destino: el sector que nunca quiso cambiar la Constitución de Pinochet ahora tiene mayoría inapelable para conducir el proceso, y la izquierda que siempre soñó con hacerlo tiene que apretar los dientes para que el resultado no sea un retroceso aún mayor. Si el plebiscito de salida del 4 de septiembre fue el terremoto político que puso fin al proyecto transformador de Boric, la elección de nuevos consejeros constituyentes en mayo de 2023 fue la réplica que todos estaban esperando, y temiendo, porque tiene sabor a un pesadillesco backlash conservador, autoritario y neoliberal. Por lo pronto, se complica la propuesta legislativa del gobierno –en materia tributaria y previsional, por ejemplo–, en la medida en que sus rivales huelen sangre y apuestan a polarizar el antagonismo para obtener réditos electorales, como lo acaba de hacer el Partido Republicano.

Pero todavía queda gobierno –y Boric– para rato. El presidente comprendió que su plan original ya no es viable y que ahora le corresponde administrar otra realidad. No es una claudicación de sus ideales, sino una actualización del escenario y de sus posibilidades. El ex-presidente chileno Patricio Aylwin, quien tuvo que gobernar con Pinochet a cargo del Ejército, decía que la política se hace «en la medida de lo posible». Esa frase, que a la generación de Boric siempre le pareció el reflejo de un esfuerzo pusilánime y desganado, fue rescatada recientemente por el propio presidente para transmitir que los pueblos no avanzan a tirones de una vanguardia iluminada de niños índigos, sino lenta y gradualmente a partir de la construcción de grandes mayorías y sentidos comunes14. Boric entiende que, sin renunciar a sus convicciones, le toca encarnar esas mayorías y sentidos comunes. El costo será tensar –y eventualmente romper– su relación con la tribu de origen, con quienes no están dispuestos a traicionar el libreto original o bien no entienden las responsabilidades de gobernar. Los verdaderos líderes siempre exigen sacrificios a la tribu de origen para volverse estadistas, y gobernar es, ante todo, navegar las tempestades y llevar el barco a puerto. Es normal que el panorama por estos días se vea sombrío, pero a veces los árboles no dejan ver el bosque. Muchos temían que la llegada de un joven protorrevolucionario al poder pudiera erosionar las instituciones democráticas chilenas, tal como ha ocurrido en otros países de la región cuando ganan sendos justicieros que copan la estructura del Estado y se niegan a partir. Todo lo contrario: la prensa es libre, la judicatura es independiente, la oposición tiene abundante espacio y el gobierno, cuando pierde, acata. Puede ser poco, pero en un continente curtido por la inestabilidad democrática y la fragilidad institucional, habitado por gorilas de uniforme y tramposos que cambian las reglas de juego, el gobierno de Boric sigue siendo ejemplar. Aunque le esté costando tocar la guitarra.

Cristóbal Bellolio Badiola: tiene un máster en Teoría Política y Legal y un doctorado en Filosofía Política por el University College de Londres. Trabaja como profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez (Chile). Es autor, entre otros libros, de Renovación & reemplazo. Por qué es urgente el recambio político en Chile (Ariel, Santiago de Chile, 2013); Pinochet, Lagos & nosotros. Ensayos sobre la cuestión constituyente (Debate, Santiago de Chile, 2015) y Liberalismo. Una cartografía (Taurus, Santiago de Chile, 2020).

Palabras claves: cambio, Concertación, Convención Constitucional, Gabriel Boric, Chile.

1. Í. Errejón: Con todo. De los años veloces al futuro, Planeta, Barcelona, 2021.

2. Beatriz Sánchez obtuvo algo más de 20% de los votos en las elecciones de 2017.

3. «Cristóbal Huneeus de Decide Chile y la histórica participación en el balotaje: ‘Hay una nueva patria joven que está naciendo, con mucha cara de mujer’» en El Mostrador, 22/12/2021.

4. Karen Trajtemberg: «Boricmanía, o la fe renovada» en El Mercurio de Valparaíso, 13/3/2022; José Miguel Wilson y María Fernanda Leiva: «Boricmanía: el desafío de las expectativas para el nuevo gobierno» en La Tercera, 14/1/2022.

5. Clara Nugent: «Chile’s Millennial President Is a New Kind of Leftist Leader» en Time, 31/8/2022.

6. Alberto González: «Gabriel Boric: ‘No queremos una Convención partisana, al servicio de nuestro Gobierno’» en Radio Bio-Bio, 21/12/2021.

7. C. Bellolio: «Del penal sin arquero al ‘lo damos vuelta’: ¿Qué pasó con el proceso constituyente?» en Hypermedia, 12/9/2022.

8. Rocío Montes: «Juan Pablo Luna: ‘El 4s fue el fin del gobierno de Boric, como el estallido lo fue para Piñera’» en Diario Financiero, 21/10/2022.

9. El 19 de abril pasado, Uriarte dejó su cargo ministerial por razones de salud. Asumió en su reemplazo el ex-presidente del Partido Socialista Álvaro Elizalde. 

10. «Presidente del Banco Central Mario Marcel expuso ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre proyectos de retiros de fondos de pensiones», nota de prensa en bcentral.cl, 18/8/2021.

11. Valentina Fuentes y Sebastian Boyd: «Chile Recovers Its Position as the Safest Country for Investments in Latin America» en Bloomberg, 20/2/2023.

12. «Vuelta de carnero: Urrejola destaca por primera vez los beneficios del tpp-11, que el Gobierno ratificó a regañadientes» en Ex Ante, 21/2/2023.

13. Miguel Crispi: «Hoy día, la causa más importante de la izquierda es el feminismo» en El Dínamo, 15/5/2018.

14. Felipe Vargas: «Presidente Boric reivindica legado de Aylwin y llama a todos los sectores políticos a dejar las trincheras y construir acuerdos» en Emol, 30/11/2022.

Colombia en tiempos de Petro

Expectativas de cambio y riesgo de «empate catastrófico»

Forrest Hylton / Aaron Tauss

La elección de Gustavo Petro y Francia Márquez fue el resultado de las expectativas de cambio, y al mismo tiempo las ha potenciado, en un país que carga con una densa historia de violencias, iniquidades y desigualdades. Sin mayoría parlamentaria propia y con fuertes poderes fácticos en contra –legales e ilegales–, el gobierno busca aprobar una serie de reformas progresistas, mientras trata de avanzar en una paz esquiva con actores armados de diversa naturaleza.

El 7 de agosto de 2022, Gustavo Petro juró su cargo como primer presidente de izquierda de Colombia. En el discurso de investidura, esbozó los principales pilares de su programa de reformas. Petro prometió reducir la desigualdad social, redistribuir la riqueza, mejorar el sistema de salud pública, la educación y las pensiones, luchar contra la pobreza y la discriminación racial y de género, y poner fin a los proyectos extractivos de combustibles fósiles y minería. También se comprometió a aplicar el histórico Acuerdo de Paz de 2016, firmado entre el gobierno del ex-presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) y la más grande y más antigua guerrilla del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc). El acuerdo marcó un punto de inflexión en la guerra civil que ha sacudido el país, con pocos tiempos intermedios, desde la década de 1940.

Para conseguir una mayoría parlamentaria que las urnas no le dieron, Petro armó una coalición congresal con varios partidos tradicionales ubicados entre el centro y la derecha (Liberales, conservadores y Partido de la u), pero recientemente esa coalición estalló, luego de discrepancias sobre la reforma del sistema de salud que traducen diferencias más amplias en relación con el modelo de país. Esta crisis dio lugar a un «revolcón» ministerial, con la sonada salida del «moderado» Juan Antonio Ocampo de Economía y el repliegue de Petro en figuras más cercanas, de mayor confianza personal e ideológica. Este nuevo escenario conllevará complejas negociaciones del presidente con parlamentarios individuales –ya no con los partidos–, a fin de lograr mayorías que permitan avanzar en las reformas y evitar así el estancamiento de la gestión.

Acuerdos y negociaciones

A pesar del Acuerdo de Paz y de la desmovilización de las farc, diferentes formas de violencia y graves abusos contra los derechos humanos, como masacres, torturas, desplazamientos forzados, confinamientos, desapariciones y homicidios políticos siguen sin disminuir en muchas partes del país. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde la conclusión del Acuerdo de Paz han sido asesinados más de 1.300 activistas sociales y 343 ex-combatientes de las farc (entre ellos, 11 mujeres, 48 afrocolombianos y 28 indígenas)1. Los autores de los crímenes son paramilitares, bandas de narcotraficantes, militares o frentes disidentes de las farc. Según la Jurisdicción Especial para la Paz, en 2021 se registró el mayor número de masacres, desplazamientos masivos, enfrentamientos armados entre militares y grupos armados, y reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes2. Ante esta cruda realidad, Petro se ha comprometido a darle a la agenda de paz la más alta prioridad en su gobierno.

En cuanto a los acuerdos de paz con las farc, no se han logrado avances significativos en más de la mitad de las reformas negociadas3. En 2021, el país fue testigo de preocupantes retrocesos en comparación con años anteriores en las áreas de narcóticos, víctimas y cuestiones étnicas y de género4. El Acuerdo de Paz estableció el objetivo de asignar tres millones de hectáreas de tierras privadas –además de la formalización de tierras públicas–, a través de un fondo nacional de tierras, a pequeños campesinos y minorías étnicas sin acceso a ellas. Durante la presidencia de Iván Duque (2018-2022), estos compromisos se incumplieron. El mandato de Duque se caracterizó por la falta de voluntad del gobierno para tomar medidas contra la alta concentración en la propiedad de la tierra y los niveles extremos de desigualdad socioeconómica en el campo, que habían dado lugar al conflicto armado en la década de 1960. Casi seis décadas después, 81% de la tierra cultivable de Colombia sigue estando concentrada en muy pocas manos. Mientras que 2,3% de los propietarios posee 52,6% de esa superficie, 62,2% solo posee 4,5%5. En más de 50 años, entre 1961 y 2012, las autoridades lograron distribuir apenas 1,8 millones de hectáreas de tierras entre campesinos sin tierra6.

Petro ha prometido pleno apoyo a los estancados esfuerzos de reforma agraria. Sin embargo, la resistencia de grandes terratenientes y ganaderos, que a menudo trabajan en tándem con paramilitares, narcotraficantes y sus intermediarios y miembros en activo del Ejército y la Policía, suele ser feroz y violenta. El poder político sigue estando fuertemente ligado a la propiedad de la tierra, y jueces, investigadores y fiscales encargados de los casos de reclamación de tierras siguen siendo amenazados y asesinados. Por eso, en octubre de 2022, el gobierno firmó un acuerdo con la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), una de las asociaciones empresariales con más vínculos documentados con el paramilitarismo7, tendiente a facilitar la compra y venta de tres millones de hectáreas para los campesinos sin tierra8.

La violencia y las relaciones de poder mafiosas que existen en muchas regiones no son los únicos obstáculos para la paz

Pero la violencia y las relaciones de poder mafiosas que existen en muchas regiones no son los únicos obstáculos para la paz. El acceso inadecuado a los bienes y servicios públicos, al agua y a la tierra, los bajos salarios y las precarias condiciones laborales, la inseguridad alimentaria y la degradación medioambiental marcan la vida cotidiana de los pequeños campesinos y trabajadores rurales de las regiones periféricas. En muchos casos, las operaciones mineras y energéticas y la agroindustria conllevan daños irreversibles para el medio ambiente, en forma de contaminación del agua, degradación del suelo, deforestación y pérdida de biodiversidad. Los megaproyectos extractivistas son también una fuerza impulsora de la desposesión y el desplazamiento forzoso de las comunidades.

El Acuerdo de Paz con las farc también pretendía fomentar la participación política y respetar el derecho a la manifestación pacífica. Sin embargo, las medidas negociadas para fortalecer los procesos democráticos y ampliar las garantías de seguridad para los partidos de oposición, los grupos de protesta, los movimientos sociales y las organizaciones populares han quedado en gran medida en letra muerta. Durante el ciclo sin precedentes de protesta entre 2019 y 2021, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (esmad) y el Ejército colombiano cometieron numerosas violaciones graves de los derechos humanos, como asesinatos, torturas, mutilaciones, agresiones sexuales y desapariciones forzadas9.

Prácticamente a diario, líderes sociales, organizadores vecinales, activistas medioambientales, sindicalistas, defensores de los derechos humanos, estudiantes y periodistas críticos son intimidados, amenazados, desplazados, exiliados y, en muchos casos, asesinados. La violencia se dirige también contra antiguos miembros de las farc. Por ello, el informe de la Comisión de la Verdad reclama un aumento de la financiación gubernamental para su protección, así como la aplicación de medidas eficaces para acelerar su reintegración económica, social y política. De los 12.000 combatientes de las farc desmovilizados, 60% ha recibido financiación para el desarrollo de proyectos productivos y se han realizado esfuerzos para formalizar la propiedad de la tierra en las zonas de reintegración10. En cuanto a la protección y reparación para las víctimas del conflicto armado, Duque recortó el presupuesto de la Comisión de la Verdad, de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de la Jurisdicción Especial para la Paz, creadas en virtud de los Acuerdos de Paz con las farc. La restitución de las tierras robadas a millones de campesinos que actualmente malviven en los barrios periféricos de las superpobladas ciudades colombianas avanza lentamente, si es que avanza. Las medidas estatales para combatir la impunidad de las violaciones graves de los derechos humanos y procesar a los miembros de organizaciones criminales y redes corruptas también han sido insuficientes. Además, hasta ahora el gobierno ha incumplido sus promesas de mejorar el acceso de las víctimas a los bienes y servicios públicos, de invertir en el desarrollo económico, social y cultural de los territorios más abandonados y devastados por la guerra en el campo, y de reforzar los derechos de las mujeres, los grupos identitarios, los campesinos y las comunidades de trabajadores rurales.

¿Nuevo impulso a la paz?

A finales de noviembre de 2022, el gobierno de Petro anunció la reanudación formal de las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (eln), la mayor organización guerrillera del país. El eln ha vuelto a alcanzar un tamaño de entre 2.400 y 3.000 combatientes y actualmente está activo en 26% del territorio nacional de Colombia, en especial en las regiones del noreste, ricas en petróleo, que lindan con Venezuela (Norte de Santander, Arauca), y en el suroeste (Nariño, Cauca), cerca del corredor del Pacífico11. La nueva fuerza de la guerrilla se debe en parte a la incorporación de grupos disidentes de las farc implicados en el tráfico de armas y drogas, la minería, la extorsión y la tala ilegal. El último intento de negociar el desarme del eln y su transformación en una fuerza política legal fue suspendido por el gobierno de Duque en 2019, tras un atentado con un coche bomba contra una estación de policía en Bogotá, cuya autoría fue reivindicada por los guerrilleros.

Con Petro, las perspectivas de una solución pacífica parecen más prometedoras que nunca, pero el eln no tiene una tradición de negociación. En busca de alianzas más amplias y de la cooperación con sectores tradicionalmente opuestos a una solución negociada, Petro confirmó la participación de Fedegán en la mesa de negociaciones. Además, las conversaciones se enmarcan en una arquitectura transnacional de apoyo: México, Noruega, Chile, Venezuela y Cuba son garantes internacionales. Ambas partes han acordado retomar la agenda de negociación de seis puntos que se estableció con el gobierno de Santos en 2016: justicia transicional, participación política, desmovilización y desarme, trato justo a las víctimas e implementación de los acuerdos de paz12.

El eln pretende fomentar una participación más amplia de la sociedad civil, en especial de representantes de sectores históricamente privados de derechos, marginados y empobrecidos. En comparación con las negociaciones con las farc, el enfoque del eln es claramente más radical. Se orienta a erradicar las causas estructurales subyacentes que han dado lugar al conflicto armado13. El proceso de paz del eln trata de abordar el modelo de acumulación extractivista de Colombia, la soberanía sobre los recursos naturales y el marco institucional del Estado, que no formaban parte explícitamente de las conversaciones con las farc. Pero dada la poca representatividad de esta fuerza guerrillera y su relativa marginalidad, es difícil imaginar que el gobierno haga concesiones significativas.

El eln suele tener en la mira a conglomerados financieros colombianos y a las empresas transnacionales norteamericanas que operan en el país14. Junto con los medios de comunicación concentrados, estas fuerzas intentarán presionar a ambas partes negociadoras, con el objetivo de delimitar las demandas del eln y asegurar sus beneficios y privilegios preexistentes. De forma similar a lo que está ocurriendo actualmente con el acuerdo con las farc, las clases dominantes de Colombia intentarán frustrar la aplicación de cualquier tratado con los rebeldes del eln e ignorar cualquier concesión realizada. Otro problema puede surgir de la organización interna de la guerrilla. Desde sus inicios, el eln se ha caracterizado por sus estructuras autónomas y federadas. Queda por ver si su delegación logrará representar y coordinar con éxito los intereses de la agrupación en su conjunto durante las negociaciones.

Para los partidos de izquierda, los sindicatos, los movimientos sociales y las organizaciones populares, el proceso de paz con el eln abre nuevas oportunidades para intensificar las luchas mediante la participación directa o indirecta. Las negociaciones podrían desencadenar un debate más amplio sobre alternativas emancipadoras y democráticas al violento régimen capitalista colombiano, reforzar los llamamientos en favor de una paz transformadora y sentar las bases para una nueva ronda de protestas sociales, encabezadas por una izquierda urbana revitalizada. Por ahora, es solo una posibilidad entre varias.

Enfrentar el neoparamilitarismo y a las mafias de la droga

A pesar de su desmovilización oficial entre 2003 y 2006 bajo el mandato del ex-presidente Álvaro Uribe (2002-2010), los grupos paramilitares siguen ejerciendo control territorial, político y militar en muchas partes del país. En los últimos años, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (agc) se han convertido en el mayor y más poderoso grupo neoparamilitar y operan actualmente en 25 de los 32 departamentos. Han establecido bastiones en el suroeste (Chocó, Sucre, Córdoba y Antioquia), el sur (Nariño, Valle del Cauca) y el norte y noroeste (La Guajira, Bolívar, Magdalena, Santander y Norte de Santander)15. Las agc son una confederación de cientos de grupos paramilitares y criminales semiautónomos, dedicados principalmente al narcotráfico, el contrabando, los préstamos de día de pago, la extorsión, la minería ilegal, la compra y venta de tierras, la prostitución, la pornografía, la explotación sexual y el tráfico de personas16. Mediante el establecimiento de normas tradicionales de comportamiento y valores patriarcales que regulan sus interacciones con las comunidades locales, las agc han construido órdenes sociales basados en la violencia, el terror, la extorsión, la impunidad y la intimidación17.

Las agc han construido órdenes sociales basados en la violencia, el terror, la extorsión, la impunidad y la intimidación

Mientras que en algunas regiones las agc han negociado pactos de no agresión y coadministración de rentas ilegales con el eln y las disidencias de las farc, en otras libran una guerra abierta contra esas organizaciones guerrilleras. La relación de las agc con los militares colombianos está marcada por una dinámica igualmente opaca e híbrida. A diferencia del pasado, los militares colombianos han combatido a los grupos neoparamilitares con mayor decisión en los últimos años18. Sin embargo, en muchos casos, las actividades delictivas de las agc se sustentan en la aquiescencia de miembros del Ejército y la Policía, las elites políticas y las mafias. Empresas transnacionales suelen pagar por la seguridad; terratenientes, agroindustriales y ganaderos, por actos de terror selectivos para impedir la restitución de tierras expropiadas violentamente.

El gobierno de Petro considera el narcotráfico como una gran amenaza para la soberanía nacional y la paz

La agenda de «paz total» de Petro apunta claramente a la desmovilización de las agc. Sin embargo, incluso si tiene éxito, es probable que las mafias de la droga nacionales y extranjeras traten de fortalecer a otros grupos paramilitares para no interrumpir la cadena de criminalidad y la obtención de beneficios19. Por eso, el gobierno de Petro considera el narcotráfico como una gran amenaza para la soberanía nacional y la paz. El presidente se ha comprometido a avanzar hacia la despenalización del consumo de drogas, la regulación del mercado de estupefacientes, el abandono de la fumigación aérea con exfoliantes, como el glifosato, y la sustitución de las plantas de coca por modelos de desarrollo alternativos y sostenibles. También ha prometido que los narcotraficantes que negocien con el Estado colombiano recibirán beneficios legales y no se enfrentarán a la extradición a Estados Unidos.

Promesas electorales y «revolcón» ministerial

El panorama social no es menos desolador que el de la guerra y la paz. Según un nuevo informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (dane), 50,6% de los colombianos se autoidentifican como pobres, un aumento de 13% desde que comenzó la pandemia de covid-19; pero en Nariño, junto con el Chocó, dos departamentos en el Pacífico, sube a más de 80%, lo mismo que en varios departamentos amazónicos y del Orinoco20. 46% de las mujeres jefas del hogar a escala nacional se preocupan por tener comida suficiente para alimentar a sus familias. 13 de los 22,2 millones de personas económicamente activas (58%) trabajan de manera informal, sin recibir seguro social, cotización de pensión o un plan de salud (en un sistema privatizado). El salario mínimo es de 1.160.000 pesos mensuales (menos de 250 dólares) y el peso colombiano fue devaluado en 25% en 2022.

En este marco, el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez (la primera mujer afrocolombiana en ese cargo) fueron elegidos con la promesa de implementar una serie de reformas que fueron letra muerta durante el siglo xx y comienzos del siglo xxi, tiempos de contrarreforma neoliberal y contrainsurgencia desenfrenada, e incluso después de los Acuerdos de La Habana de 2016: el paro nacional de 2019 y el «estallido social» en 2021 fueron expresión del descontento transformado en combustible electoral en favor del binomio Petro-Márquez. ¿Cómo evaluar las propuestas y su implementación después de ocho meses en el poder? ¿Qué quedó de la coalición amplia que Petro forjó durante las primeras semanas después de su victoria, y cómo ha evolucionado la relación entre los ministerios y el Legislativo, mediada por las grandes corporaciones de comunicación?

Colombia es uno de los países que menos impuestos recauda en la región: solo 13% del pbi, frente a un promedio de 16% en el resto de América Latina. En noviembre de 2022, impulsada por el entonces ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, la reforma tributaria fue aprobada con pocas modificaciones logradas por la oposición. Mediante esta reforma, se buscará recaudar unos 5.000 millones de dólares adicionales (1,8% del pbi), la mitad de lo que Petro se había propuesto durante su campaña, con el objetivo de reducir el déficit fiscal.

Dependiendo del precio del crudo, las empresas de hidrocarburos pagarán entre 35% y 60% sobre las rentas gravables, las de carbón (El Cerrejón, en la Guajira, es la mina a cielo abierto más grande del mundo), entre 35% y 45%, y las empresas financieras e hidroeléctricas, entre 35% y 40%. Las personas que ganan más de 11.600.000 pesos mensuales (el equivalente a 2.500 dólares) pagarán una tasa más alta de lo que pagaban antes, y quienes reciben dividendos pagarán entre 15% y 20% sobre ellos. Las familias con más de 540.000 dólares en patrimonio pagarán 0,5% en impuestos, las que tienen más de un millón, 1%, y más de dos millones, 1,5%.

Es probable que la reforma tributaria sea la más importante del gobierno de Petro, porque las otras tres en camino –salud, pensiones y trabajo, junto con el Plan de Desarrollo– se enfrentan con obstáculos significativos, lo que explica el revolcón del gabinete y la ruptura de la coalición el 26 de abril. A pesar de la salida en febrero del entonces ministro de Educación, Alejandro Gaviria, a raíz de sus diferencias de opinión con la entonces ministra de Salud, Carolina Corcho, además de la salida de las ministras de Cultura y de Deporte por motivos distintos, no hubo cambios importantes en el gabinete de Petro durante los primeros ocho meses.

Pero de ahora en adelante, Petro piensa gobernar con sus copartidarios del Pacto Histórico y personas cercanas, negociando con los congresistas y ministros de los demás partidos, pero no con sus jefes, y movilizando apoyo popular para sus reformas en la plaza pública. El revolcón consiste, entonces, en eliminar las cuotas ministeriales (Vivienda, Transporte, Tecnologías de la Información y Comunicaciones) de dos partidos principales hasta ahora aliados: el Conservador y el Partido de la u, además de cambios en las carteras de Interior, Agricultura, Hacienda, Salud, Ciencia y Presidencia. El Partido Liberal queda con dos ministerios (Vivienda, Ciudad y Territorio, y Derecho y Justicia), pero la táctica es dividir para reinar, profundizando brechas dentro del partido, o entre su jefe, César Gaviria, y los ministros y viceministros, además de un grupo de congresistas, que con facilidad podrían pasarse a cualquier de los otros partidos si tuvieran que hacerlo. Lo mismo ocurre con Alianza Verde, aliada del gobierno de Petro pero dividida entre la alcaldesa de Bogotá Claudia López y Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (dapres). El cambio importante fue la salida de Ocampo de Hacienda y su reemplazo por Ricardo Bonilla. De perfil técnico y hombre de confianza de Petro de su época de alcalde de Bogotá, Bonilla tiene entre sus objetivos continuar reduciendo los subsidios a la gasolina (en línea con la política de Petro de desmontar los subsidios a los combustibles fósiles)21.

En parte porque ocupaban cargos ministeriales y viceministerios, estos tres partidos estaban bien posicionados para torpedear las reformas desde adentro. El jefe del Partido Liberal, César Gaviria, por ejemplo, lideró la oposición a la reforma de salud, y Petro no consiguió sellar un pacto con los jefes de los otros dos partidos. La estrategia de incluir a los tres partidos tradicionales tenía sentido al inicio del gobierno, pero los riesgos eran evidentes. Efectivamente, el gobierno de Petro tiene mejores posibilidades de hacer alianzas con determinados congresistas y senadores porque ya había hecho las concesiones negociables con los jefes de los partidos. El mandatario consideró que era imposible seguir con la coalición original sin traicionar la agenda reformista del gobierno.

Esto sucede poco más de un mes después del fracaso de la reforma política en marzo, conducida por el entonces presidente del Senado, Roy Barreras, cuando el gobierno le solicitó al Congreso su retiro frente a la falta de votos necesarios para su aprobación, afirmando que, en su forma modificada, no sería «progresista» ni aportaría a «fortalecer la democracia». Lo que se buscaba con esa reforma era el financiamiento público y estatal de las campañas políticas, para quitar el peso de los empresarios, lobbies y mafias regionales y locales del sistema electoral, junto con listas cerradas para permitir la paridad de género. Con las elecciones regionales a la vista en 2023, es probable que no se vuelva a presentar de nuevo hasta 2024.

Pese a ser blanco de ataques constantes y a generar muchas expectativas en el exterior, Francia Márquez no ha tenido funciones claras dentro del gobierno

El ex-presidente Uribe llamó a cerrar el Banco Interamericano de Desarrollo (bid) –donde trabajaba Iván Duque hasta ser escogido a dedo por Uribe como presidente en 2018–, por apoyar la reforma laboral de Petro, tal vez porque, como presidente, Uribe fue protagonista de la última reforma laboral, en diciembre de 2002. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, a cargo de la iniciativa, plantea, entre otros cambios progresivos, que el pago adicional por trabajo nocturno comience desde las seis de la tarde y no desde las nueve de la noche, y que para los domingos y festivos el adicional sea de 100% en vez de 75%. La meta de reducir la informalidad implica darles prioridad a los contratos indefinidos en lugar de a los temporales, pero en la medida en que se vuelve más caro contratar personal en las empresas, particularmente las pequeñas y medianas, la informalidad podría aumentar en vez de reducirse. Hay un esfuerzo por formalizar a las 600.000 empleadas domésticas y los 100.000 trabajadores de Rappi, pero considerando el tamaño de la clase trabajadora informal en las periferias urbanas, sujeto político nuevo y protagónico del «estallido social» de 2021, es difícil creer que la reforma sea capaz de mejorar las condiciones materiales de la gran mayoría de los trabajadores.

Aquí cabe señalar que, pese a ser blanco de ataques mediáticos constantes, e incluso de amenazas de muerte, y a generar muchas expectativas en el exterior, Francia Márquez no ha tenido funciones claras dentro del gobierno ni ha podido servir como canal entre los movimientos protagonistas del ciclo de protesta entre 2018-2021 y el Poder Ejecutivo, ni tampoco entre el Ejecutivo y el Legislativo, o entre el Ejecutivo y los distintos ministerios. Eso no resulta del todo sorprendente, dado el conocido protagonismo excesivo y la centralización de negociaciones de toda clase en la figura del presidente.

La reforma de pensiones, en un país en el que solo 25% de los adultos mayores recibe una pensión, tiene cuatro pilares: «solidario» (destinado a los más pobres); «semicontributivo» (para quienes no aportaron lo suficiente); «contributivo» (todos los trabajadores tendrían que cotizar al régimen estatal, el de Colpensiones, por sus ingresos de hasta tres salarios mínimos legales mensuales); y «ahorro individual voluntario» (para quienes quieran aportar al sistema privado más allá de los aportes obligatorios al público). También se crearía un Fondo de Ahorro estatal para pagar las pensiones del futuro con dineros públicos. Los que ganan más de cuatro salarios mínimos tendrán que pagar 2% en vez de 1% como ingreso base de cotización. Estas dos reformas no han pasado aún por los debates en el Senado, pero se espera una oposición considerable.

De los 152 artículos de la reforma de salud, 40% ya fueron modificados antes de introducirla en el Congreso el 25 de abril (el primer debate de cuatro en el Senado fue prorrogado). Lo que pretende el gobierno es cambiar el sistema surgido de la última reforma de salud, la Ley 100 de 1993, aprobada durante la apertura neoliberal de César Gaviria con la ayuda del entonces senador Uribe, por un régimen único con entidades públicas, privadas y mixtas, en el que la salud se entiende como un derecho universal y no como un «negocio».

Se propone que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (adres) pague directamente, sin intermediarios, a los centros médicos. Las Entidades Promotoras de Salud (eps), en su mayoría privadas, que funcionaban hasta ahora como intermediarias, se mantendrán, pero serán objeto de una reorganización territorial progresiva. Uno de los ejes de la reforma son los Centros de Atención Primaria, para una salud «familiar y comunitaria» y bajo un sistema «preventivo y predictivo», compuesto por redes «integrales e integradas» de equipos interdisciplinarios. ¿Conseguirá el gobierno los 54 votos en el Senado para la aprobación? Hay motivos para dudar. Buena parte de los médicos y los pacientes se oponen, y son muchos los miedos y temores (impulsados por los mismos médicos y administradores de hospitales y las eps), lo que se debe en parte a la campaña mediática para hundir la reforma. Incluso se filtraron críticas del entonces ministro Ocampo a las consecuencias financieras que podría tener el proyecto22, y otros señalan que el país volvería al antiguo sistema estatal con todas sus deficiencias23.

La llamada «transición energética» ha sido tal vez la más polémica de las transformaciones propuestas

Junto con la reforma de salud, la llamada «transición energética» fue presentada a mediados de marzo, pero no se ha tramitado en el Congreso. Esta ha sido tal vez la más polémica de las transformaciones propuestas, y al igual que la ex-ministra de Salud Carolina Corcho, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, ha estado con frecuencia en el ojo del huracán mediático. Vélez Torres fue nombrada por su trayectoria política, no por su conocimiento técnico o su experiencia en el área, lo que le ha acarreado desventajas considerables en el debate público. Pero Petro sigue firme en su respaldo a la ministra, pese a que los poderosos lobbies de las petroleras y demás empresas de hidrocarburos, que representan más de la mitad de las exportaciones lícitas, sostienen que el país no aporta de manera significativa al cambio climático: en la escala mundial, Colombia ni siquiera figura entre los países contaminadores.

El gobierno propone lograr «soberanía energética y acceso democrático a la energía» mediante un proyecto que consta de cinco ejes: (a) mayor inversión en energía verde y descarbonización; (b) sustitución progresiva de la demanda de hidrocarburos; (c) revisión y flexibilización de la legislación vigente; (d) reindustrialización minera (litio, cobre, cobalto); (e) autosuficiencia y eficiencia en gas natural licuado (gnl) y combustible líquido. Por loables que sean los objetivos, como ha señalado el contralor general de la República, Carlos Herrera Rodríguez, se necesitará una pedagogía pública mucho más robusta y una transición gradual, con reservas suficientes para el tiempo de transición. A pesar del apoyo simbólico de Joe Biden a la propuesta de activos climáticos a cambio de la condonación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (fmi), es difícil imaginar un apoyo real, es decir una iniciativa político-diplomática sólida, en la coyuntura actual. Igualmente, tampoco es de esperar una mejora significativa en las capacidades políticas, pedagógicas y mediáticas de la actual ministra. Pese a esta voluntad del gobierno, Colombia es hoy el tercer exportador mundial de carbón, con cifras récord en 2022 según un informe de la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón), especialmente por el aumento de sus exportaciones a Europa24.

A modo de cierre

Lo único cierto en la política es su capacidad de sorprendernos. ¿Quién hubiera esperado, tras el hundimiento de los Acuerdos de La Habana después de 2016 y luego del triunfo del «No» en el referéndum, un nuevo movimiento de movimientos, protagonizado principalmente por jóvenes en su inicio, capaz de paralizar a Colombia entera, en decenas de ciudades grandes, medianas y pequeñas, con apoyo masivo, durante meses en 2018, 2019 y nuevamente en 2021, y que eso colocaría a Gustavo Petro en la Presidencia y a Francia Márquez en la Vicepresidencia en mayo de 2022? Era imprevisto e imprevisible, hasta para sus propios protagonistas. Sin embargo, después de un pronóstico relativamente promisorio de sol con cielo azul en 2022, llegó la estación de lluvia y nubes grises y negras en 2023, que en Bogotá puede durar mucho tiempo, dependiendo del año en cuestión.

Lo que observamos, al momento de escribir este artículo, es un estancamiento en casi todos los frentes, y hasta algunos retrocesos en el gobierno de Petro. Si alguien en la vida pública ha insistido en la naturaleza oligárquica y contrainsurgente del Estado colombiano, es Petro, precisamente durante las décadas de auge y caída del uribismo. A raíz de su experiencia como alcalde de Bogotá y en el Senado, este escarnio no puede sorprender al presidente. Sin embargo, no queda claro cómo evitar una suerte de «empate catastrófico», con las expectativas populares y de la clase media frustradas una vez más, y la política local-regional, la guerra y el narcotráfico ensillando las bestias para arrojar a Colombia nuevamente hacia el abismo. Ojalá nos equivoquemos, pero todo indica que ni Luiz Inácio Lula da Silva ni Xi Jinping, ni mucho menos Biden, serán capaces de acabar con la soledad proverbial de los colombianos. El objetivo de lograr el añorado final de la horrible noche será principalmente obra de la propia Colombia.

Forrest Hylton: es etnohistoriador y se especializa en América Latina y el Caribe. Se desempeña como profesor visitante de Historia en la Escuela de Posgrado de la Universidad Federal de Bahía (ufba). Es autor de La horrible noche. El conflicto armado colombiano en perspectiva histórica (Universidad Nacional de Colombia, Medellín, 2017).

Aaron Tauss: es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Viena. Se desempeña como profesor asociado de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Colombia.

Palabras claves: paz, reformas, violencia, Gustavo Petro, Colombia.

1. Indepaz, Observatorio de ddhh, Conflictividades y Paz: «Líderes sociales, defensores de ddhh y firmantes de acuerdo asesinados en 2022», 31/12/2022, disponible en <indepaz.org.co/lideres-sociales-defensores-de-dd-hh-y-firmantes-de-acuerdo-asesinados-en-2022/>.

2. Jurisdicción Especial para la Paz: «La jep dice que 2021 es el año más violento desde firma de la paz en Colombia» en Swissinfo.ch, 19/2/2022.

3. Josefina Echavarría Álvarez et al.: Cinco años después de la firma del Acuerdo Final. Reflexiones desde el monitoreo a la implementación, Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz / Escuela Keough de Asuntos Globales, Notre Dame, 2022.

4. Sistema Integrado de Información para el Posconflicto, <siipo.dnp.gov.co/>.

5. Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (upra): «Análisis de la distribución de la propiedad rural en Colombia», 2022, disponible en <drive.google.com/file/d/0b41emrb76ohewddomk5hce

pceee/view?resourcekey=0-94r9dd0iI7ehj4uomvjt4A>.

6. Rocío Londoño (coord.): Tierras y conﬂictos rurales. Historia, políticas agrarias y protagonistas, Centro Nacional de Memoria Histórica, Bogotá, 2016.

7. Juan Camilo Rodríguez Guerra: «Fedegán: una historia de violencia y depredación», Fundación Paz y Reconciliación, 3/3/2020, disponible en <pares.com.co>.

8. Mario Cruz: «Como ‘histórico’ califica el Presidente Petro firma del acuerdo entre Gobierno y ganaderos que permitirá comprar 3 millones de hectáreas de tierras para entregar a campesinos y campesinas del país», Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, 10/10/2022.

9. Temblores ong: «Comunicado a la opinión pública y a la comunidad internacional por los hechos de violencia cometidos por la Fuerza Pública de Colombia en el marco de las movilizaciones del Paro Nacional», 28/6/2021.

10. Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: «Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. Informe del Secretario General», s/2022/513, 27/6/2022, disponible en <colombia.unmissions.org/sites/default/files/n2238679.pdf>.

11. Andrés F. Aponte González: «El rompecabezas del eln» en A.F. Aponte González y Fernán E. González González (eds.): ¿Por qué es tan difícil negociar con el eln? Las consecuencias de un federalismo insurgente, 1964-2020, Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz, Bogotá, 2021.

12. Luis Fernando Trejos Rosero y Reynell Badillo Sarmiento: «Criminales o políticos: cuestionemos los falsos dilemas de la Paz Total» en La Silla Vacía, 1/9/2022.

13. Germán Darío Valencia Agudelo: «Una Paz Total que involucre necesariamente a toda la sociedad civil» en Carlos Medina Gallego (comp.): Paz total. Insumos para la formulación de una política pública integral de paz, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2023.

14. Todd Gordon y Jeffery R. Webber: Blood of Extraction: Canadian Imperialism in Latin America, Fernwood Publishing, Halifax, 2016; Stefano Tijerina: Opportunism and Goodwill: Canadian Business Expansion in Colombia, 1867-1979, University of Toronto Press, Toronto, 2021.

15. Indepaz, Observatorio de ddhh, Conflictividades y Paz: «Los focos del conﬂicto en Colombia. Informe sobre presencia de grupos armados», <indepaz.org.co/los-focos-del-conflicto-en-colombia/>, 4/10/2021.

16. L.F. Trejos Rosero y R. Badillo Sarmiento: «¿Qué hacer con el Clan del Golfo?» en Contexto, 21/7/2022; Luis Adolfo Martínez Herrera: «Contrabando, narcomenudeo y explotación sexual en Pereira, Colombia» en Revista Mexicana de Sociología vol. 79 No 3, 2017.

17. Francisco Gutiérrez Sanín: «Paramilitary Territorial Control and Patterns of Violence against Civilians in Colombia: Disappearances in a Stable Paramilitary Fiefdom» en Partecipazione e Conflitto vol. 15 No 1, 2022.

18. Francisco Gutiérrez: «Prólogo» en en Javier Giraldo Moreno, Leonardo Luna Alzate, Ferdinand Muggenthaler y Stefan Peters (comps.): ¿Del paramilitarismo al paramilitarismo? Radiografías de una paz violenta en Colombia, Fundación Rosa Luxemburgo, Quito, 2022.

19. Casa Blanca: «ondcp Releases Data on Coca Cultivation and Production in the Andean Region», comunicado, 14/7/2022, disponible en <whitehouse.gov/ondcp/briefing-room/2022/07/14/ondcp-releases-data-on-coca-cultivation-and-production-in-the-andean-region/>.

20. La Comisión Económica para América Latina (Cepal) previó que la pobreza en el país pasaría de 36,3% en 2021 a 38% o 39,2% en 2022, en el peor escenario de inflación y lento crecimiento. La República, 7/6/2022.

21. Juan Esteban Lewin: «Fidelidad a Petro y solidez técnica: así es Ricardo Bonilla, el nuevo ministro de Hacienda de Colombia» en El País, 28/4/2023.

22. Alisson Betancourt: «José Antonio Ocampo habría salido del Ministerio de Hacienda por un documento que advertía el alto costo de la reforma a la salud» en Infobae, 30/4/2023.

23. Natalia Plazas: «¿Por qué es tan polémica la reforma a la salud que impulsa Gustavo Petro?» en France24, 3/3/2023.

24. «Colombia, tercer exportador mundial de carbón: se recaudaron ٩.٥٠٠ millones de dólares» en Cambio, 26/1/2023.

¿Dios por encima de todos?

Religión y elecciones en Brasil (2018 y 2022)

Ari Pedro Oro

La interacción entre política y religión es clave para entender lo ocurrido en Brasil en los últimos procesos electorales. Si el voto evangélico conservador aseguró la victoria de Jair Bolsonaro en 2018, el de los católicos y quienes se declaran sin religión parece haber sido determinante en el ajustado triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

En Brasil, como en la mayoría de los países latinoamericanos –y no solo en estos–, siempre existió proximidad entre iglesias y Estado, entre religión y política, fenómeno que se potencia en los periodos electorales debido a una «instrumentalización mutua» entre ambas instancias1. Esa proximidad, sin embargo, se exacerbó en las últimas dos contiendas por la Presidencia: la de 2018 y la de 2022. Los motivos de esta exacerbación se relacionan, desde mi punto de vista, con la visión del mundo de la que es portadora una extrema derecha político-religiosa que ascendió en los últimos años en el país y que apoyó con fuerza al candidato presidencial Jair Messias Bolsonaro, quien salió victorioso en 2018 y fue derrotado cuatro años después por el ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Este artículo muestra cómo en 2018 la asociación entre Bolsonaro y el cristianismo conservador (ante todo evangélico) fue decisiva para el éxito del candidato de la extrema derecha, y cómo la misma relación se fortaleció de cara a las elecciones de 2022, aun cuando resultó insuficiente para alcanzar la victoria.

En 2018, la asociación entre Bolsonaro y el cristianismo conservador fue decisiva para el éxito del candidato de la extrema derecha

Los objetivos de este artículo son dos y se complementan: comprender las estrategias y los significados en torno del alineamiento entre el candidato de extrema derecha y un amplio y heterogéneo conjunto de fuerzas religiosas conservadoras y reaccionarias, y analizar el comportamiento de los votantes en relación con las principales formaciones religiosas del país (sobre todo las cristianas, aunque no exclusivamente) en ambas contiendas presidenciales2.

Elecciones presidenciales de 2018 y religión

El triunfo de Bolsonaro en las elecciones presidenciales de 2018 está directa, aunque no exclusivamente, relacionado con el hecho de haber sido el candidato que cristalizó los valores de una extrema derecha que emergió con fuerza en el país durante el segundo mandato de Lula da Silva (2007-2010). Una parte importante del peso electoral de esa victoria se apoya en los votos conseguidos en el segmento cristiano conservador, especialmente el evangélico3.

Bolsonaro como caja de resonancia de la extrema derecha político-religiosa

Capitán de reserva del Ejército, Bolsonaro inició su carrera política en 1988 cuando fue elegido concejal en la Cámara Municipal de la ciudad de Río de Janeiro. Dos años después, resultó electo diputado federal por el estado de Río de Janeiro. Logró seis reelecciones consecutivas y así sumó 28 años de mandato como diputado federal. A lo largo de todo ese tiempo, migró por ocho partidos políticos distintos. Se postuló a la Presidencia de la República en las elecciones de 2018 enarbolando el lema –que volvería a usar en 2022– «Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos».

Durante su largo mandato como diputado federal, siempre figuró dentro del llamado «bajo clero», expresión usual para referirse a los diputados con poco peso dentro de la Cámara. Con el paso de los años, fue haciendo cada vez más suyas las proclamas de la extrema derecha y de la derecha cristiana, como la defensa de la propiedad privada, la reivindicación de la familia tradicional, el respeto a la moral y la aversión al Partido de los Trabajadores (pt) y al comunismo4. Esta «ola conservadora» tuvo su génesis en grupos de discusión y militancia de internet durante el gobierno de Lula, y estaba formada por contrapúblicos con «identidades, intereses y discursos tan conflictivos con el horizonte cultural dominante que corrían el riesgo de enfrentar reacciones hostiles si se los expresaba frente a públicos dominantes»5.

De este modo, cuando Bolsonaro se lanzó como candidato a la Presidencia, el ancho espectro conservador vio en él la posibilidad de encauzar su proyecto de poder, caracterizado, según Ronaldo de Almeida6, por cuatro líneas de fuerza: económicamente liberal, políticamente autoritario, socialmente intolerante y moralmente regulador. Por su parte, los cristianos conservadores –católicos o evangélicos– reconocieron igualmente en el candidato de la extrema derecha una asunción entusiasta de sus valores e ideales y una voluntad de consolidar tales valores de manera hegemónica en el conjunto de la sociedad7: la defensa de la familia tradicional, la oposición a la «ideología de género» y al aborto, el rechazo a la legalización de drogas, la lucha contra el «comunismo» y la descalificación de las reivindicaciones de la comunidad lgbti+, entre otros. Bolsonaro hizo abiertamente pública el 18 de febrero de 2017, en Campina Grande, Paraíba, su concepción conservadora y religiosamente intolerante cuando afirmó para toda la nación: «No existe ese cuento del Estado laico. El Estado es cristiano y la minoría que se oponga a eso, que se mude. Las minorías tienen que acomodarse a las mayorías»8.

Bolsonaro y las formaciones cristianas en las elecciones de 2018

Durante la campaña electoral de 2018, Bolsonaro se acercó antes que nada a los líderes católicos y evangélicos de perfil conservador. Del lado católico, visitó a la comunidad carismática Canção Nova, en Cachoeira Paulista, e interactuó con el arzobispo de Río de Janeiro, Orani Tempesta, con quien firmó un documento en el que defendían valores cristianos conservadores. Pero la mayor proeza de Bolsonaro durante 2018 fue haber logrado el apoyo explícito de los principales exponentes evangélicos pentecostales y neopentecostales brasileños, entre ellos Edir Macedo (Iglesia Universal del Reino de Dios); Silas Malafaia (Asamblea de Dios Victoria en Cristo); Robson Rodovalho (Sara Nossa Terra); José Wellington Costa Júnior (Convención General de las Asambleas de Dios en Brasil); Samuel Câmara (Convención de la Asamblea de Dios en Brasil); Estevam y Sonia Hernandes (Iglesia Renacer en Cristo); Romildo Soares (Iglesia Internacional de la Gracia); Waldemiro Santiago (Iglesia Mundial del Poder de Dios) y Márcio Valadão (Iglesia Bautista Lagoinha). Todos ellos son conocidos hoy, pasadas las elecciones de 2022, como «pastores bolsonaristas».

Según Ricardo Mariano y Dirceu André Gerardi, los líderes evangélicos «apoyaron a Bolsonaro, ante todo, porque lo consideraron el representante legítimo de sus valores y el único capaz de derrotar al enemigo del pt y sus supuestas amenazas: implantación del comunismo, persecución de los cristianos, abolición del derecho de los padres a educar a sus hijos, reorientación de la sexualidad de los niños, destrucción de la familia»9.

Dos sucesos que tuvieron lugar en la vida personal del candidato fueron estratégicamente aprovechados para facilitar su acercamiento al segmento evangélico: su casamiento en terceras nupcias con Michelle Reinaldo, evangélica de la Iglesia Bautista Actitud, en una ceremonia presidida en 2013 por el pastor Silas Malafaia, amigo personal de Bolsonaro, y luego su bautismo en el río Jordán, en Israel, en mayo de 2016, en manos del pastor y político Everaldo Dias Pereira. Ambos pastores mencionados pertenecen a Asamblea de Dios. Bolsonaro mantendría así una suerte de doble identidad: se bautizó como evangélico sin dejar de ser católico.

Como es bien conocido, Bolsonaro logró la Presidencia, con 55,13%, promoviendo un discurso anticorrupción en referencia a los episodios atribuidos al pt, los cuales dieron lugar a la Operación Lava Jato y desembocaron en la prisión de Lula da Silva. También influyó en su elección el atentado que sufrió en Juiz de Fora en septiembre de 2018, cuando recibió una puñalada que le causó graves problemas intestinales. Este episodio tocó la sensibilidad de los cristianos conservadores, que pasaron a proyectar en él la figura de mártir e incluso de «mesías» (este último es, por lo demás, su segundo nombre), destinado a «liberar» al país del «comunismo» y de la degradación moral y capaz de inaugurar una nueva era para la nación.

Se considera que en 2018 los evangélicos constituyeron el principal apoyo electoral al candidato de extrema derecha

En lo referido a la variable religiosa, se considera que en 2018 los evangélicos constituyeron el principal apoyo electoral al candidato de extrema derecha. Así por ejemplo lo observa Eustáquio Alves, demógrafo del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (ibge): mientras que el voto católico favoreció levemente a Bolsonaro respecto de Fernando Haddad, el candidato del pt, el apoyo evangélico a Bolsonaro alcanzó los 21.595.284 votos, contra 10.042.504 en favor de Haddad10. Considerando que la diferencia final entre ambos candidatos fue de 10,76 millones de votos, el margen de 11,6 millones de votos evangélicos en favor de Bolsonaro acabó siendo decisivo para el resultado final de los comicios.

Sabemos que el vínculo religioso constituye una entre diversas variables que los electores ponen en juego al decidir su voto. Sin embargo, considero que entre los evangélicos brasileños, en su mayoría pentecostales y neopentecostales (70%), el discurso moralista y conservador de Bolsonaro y su trabajo firme para asegurarse el apoyo de los líderes conservadores, asociado a la autoridad que estas mismas figuras detentan así como a la estructura eclesiástica y la posición social de los fieles (mayoritariamente de los sectores ubicados en el escalón socioeconómico más bajo de la sociedad), tienden a llevar el peso de la religión en la definición del voto a un nivel más elevado, cuya consecuencia fue el relevante caudal de votos entonces depositados en Bolsonaro.

Tras asumir la Presidencia de la República el 1o de enero de 2019, y a lo largo de los cuatro años de su mandato, Bolsonaro nunca relegó a segundo plano sus vínculos con el segmento cristiano conservador, ante todo el evangélico, y ello en vistas a su intención de ser reelecto en 2022. Ese interés por la reelección, unido a la importancia de mantener a los evangélicos de su lado, quedó claramente expresado el 17 de diciembre de 2019, cuando Bolsonaro afirmó: «Cualquier político sensato sabe que la política de 2022 pasa por el movimiento evangélico».

No fue casual que en los primeros días de su mandato Bolsonaro designara a varias figuras del campo evangélico en puestos centrales del Poder Ejecutivo

De este modo, no fue casual que en los primeros días de su mandato Bolsonaro designara a varias figuras del campo evangélico en puestos centrales del Poder Ejecutivo (incluidos varios ministerios), al tiempo que se encargaba de hacer acto de presencia en eventos evangélicos de lo más variados. En ese periodo, el presidente participó de una cena organizada por musulmanes, dos eventos de la Iglesia católica y 30 eventos organizados por líderes evangélicos (a los que corresponde sumar su presencia en ocho actividades promovidas por el Frente Parlamentario Evangélico11, lo que totalizó 38 participaciones). Estas siguieron desarrollándose en 2020 y sobre todo en 2021, mejorada ya la situación sanitaria tras la pandemia de covid-19. Sobre este último tema conviene apuntar, aunque más no sea de paso, que la lucha contra el coronavirus en el país se desarrolló a pesar del propio presidente, que cobró fama dentro y fuera de Brasil por su negacionismo de la pandemia, sus ataques contra las vacunas, su rol en la difusión de noticias falsas sobre el tema y su conjunto de actitudes y comportamientos contrarios a los planteos de la Organización Mundial de la Salud (oms). El resultado de esa política sanitaria inadecuada fue el absurdo número de 700.000 fallecidos por covid-19 en Brasil hasta el momento.

Apenas el mundo comenzó a controlar el alcance de la pandemia –cosa que en Brasil ocurrió gracias a la actuación de fuerzas esclarecidas de los ámbitos político, jurídico, médico, científico, periodístico y religioso, entre otros– y de cara a un 2022 especial por tratarse de un año electoral, Bolsonaro retomó su periplo por espacios y eventos evangélicos, siempre detrás del voto de sus feligreses. Así fue como participó en más de una veintena de las llamadas «Marchas para Jesús», celebradas en distintas ciudades del país.

No hace falta aclarar que la participación de Bolsonaro en esas actividades –casi siempre acompañado por su esposa– apuntaba a una instrumentalización política de lo religioso, respaldada por discursos y pronunciamientos que enaltecían la figura del presidente y demonizaban al candidato rival, descrito como «de izquierda» y «comunista».

Hubo ante todo dos situaciones promovidas por Bolsonaro que son reveladoras de su «opción preferencial por los evangélicos»12. La primera, en 2021, fue cuando propuso y luego designó, el día 1o de diciembre, al pastor presbiteriano André Mendonça –a quien describió como alguien «tremendamente evangélico», y no como «tremendamente cristiano»– para ocupar un lugar en el Supremo Tribunal Federal. La segunda, el 8 de marzo de 2022, fue cuando realizó un acto político en el Palacio de la Alborada acompañado por su esposa y por políticos y líderes evangélicos conservadores. En aquella ocasión, dijo: «Yo conduzco la nación para el lado que los señores aquí presentes deseen». Recordemos que Bolsonaro estaba dirigiéndose a «señores» portadores de una ideología nada favorable a la implementación de agendas progresistas y democráticas.

Podría decirse, por otro lado, que Bolsonaro no relegó del todo a los católicos que lo apoyaron, sobre todo a los conservadores, y que los incluyó en su gobierno. Pero esta inclusión, lo mismo que la presencia del mandatario en actos católicos, no se aproxima en absoluto a la densidad verificada en el vínculo con los evangélicos, y este hecho puede guardar relación, como veremos enseguida, con el tipo de vínculo que mantuvieron el ex-presidente y la cúpula de la Iglesia católica en Brasil.

Las presidenciales de 2022 y la religión

Las elecciones presidenciales de 2022 se desarrollaron en dos vueltas, los días 2 y 30 de octubre. El resultado final dio ganador a Lula da Silva con 50,90% de los votos válidos (60,3 millones de votos), mientras que Bolsonaro obtuvo 49,10% (58,2 millones de votos). De este modo, el ex-obrero metalúrgico resultó elegido para su tercer mandato como presidente, tras la que fue la elección más reñida en la historia brasileña.

Las elecciones se dieron en un contexto nacional de retroceso económico y graves problemas sociales, como el aumento de la pobreza, el hambre y la violencia. Estos temas fueron el eje de incontables discursos de Lula durante toda la campaña, mientras que Bolsonaro centraba los suyos en el conservadurismo moral y la defensa de la familia, priorizando aspectos como la condena al aborto, al matrimonio homosexual, a la legalización de drogas y a la difusión de la «ideología de género». Sus alardes en defensa de la familia requerirían, por cierto, una investigación cualitativa, dado el nivel de contradicción que parecen contener puesto que, si por un lado su discurso enaltecía los valores familiares, por el otro sus posicionamientos provocaron todo tipo de discordias y hasta rupturas entre los miembros de un número significativo de familias brasileñas que cortaron toda comunicación.

Las cifras que siguen representan una estimación de la intención de voto en los electores agrupados por religión, de cara a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2022. Surgen de la interpretación de diversos relevamientos sobre la intención de voto según la adscripción religiosa llevados cabo por Jose Eustáquio Diniz Alves, demógrafo del ibge, y por el Agregador de Pesquisas Eleitorais por Religião, coordinado por Dirceu A. Gerardi y Ronaldo de Almeida13.

Sobre la base de estas cifras, Alves argumenta que si solo se tuvieran en cuenta los grupos religiosos (católico, evangélico y de otras religiones), Bolsonaro habría ganado las elecciones con una ventaja de 3,8 millones de votos. Sin embargo, el superávit de 5,9 millones de votos logrado en el segmento de quienes no profesan ninguna religión dio a Lula una ventaja de 2,1 millones de votos en los resultados finales. Esta afirmación de Alves nos insta a ahondar el análisis sobre las preferencias electorales de las personas sin religión, claramente volcadas a Lula en detrimento de Bolsonaro. Hecho ese análisis, abordaremos luego la intención de voto a presidente entre los segmentos cristianos14.

Consideraciones sobre el voto de las personas sin religión

En las elecciones de 2018, Haddad había obtenido poco más de 700.000 votos de ventaja sobre Bolsonaro en el segmento de quienes declararon no profesar religión alguna. En las elecciones de 2022, Lula logró una ventaja de casi seis millones de votos15.

La expresión «sin religión» incluye a un conjunto bastante heterogéneo de electores. Diversos estudios muestran que se trata de individuos mayoritariamente «desiglesiados», es decir, sin vínculos religiosos institucionales, lo que no implica que carezcan de creencias religiosas. El conjunto asimismo incluye, en el análisis proporcionado por Alves, a los ateos y agnósticos, que forman un subgrupo más reducido y difícil de particularizar en las encuestas.

Hay distintas razones que explican el apoyo mayoritario a Lula en el segmento de las personas sin religión. En este punto, el perfil de cada candidato puede ser considerado un elemento explicativo fuerte. A lo largo de su carrera política, Lula ha expresado posicionamientos que agradan a los «desiglesiados»: el respeto por el individuo –independientemente de las creencias que este tenga o no tenga–, la valoración de todas las religiones, el rechazo a usar el sentimiento religioso con fines electorales y la defensa del Estado democrático y de derecho. Bolsonaro, por su parte, se ha plantado históricamente como un ferviente defensor del cristianismo como la religión brasileña, incurriendo una y otra vez en expresiones prejuiciosas y racistas, todo esto además de pregonar la portación libre de armas e incitar a la violencia. También cabe puntualizar que entre las personas sin religión suele caer muy mal la apropiación del simbolismo religioso por parte de Bolsonaro: sus citas de pasajes bíblicos, sus incontables invocaciones a Dios o sus expresiones de tipo «Dios por encima de todos», «Le debo a Dios mi segunda vida», «Dios, patria y familia», «Soy un instrumento de Dios», «Solamente Dios me saca de acá [del Palacio presidencial]».

Por ende, mi opinión es que las exageradas invocaciones de Bolsonaro a lo transcendente, incluso desde el terreno del quehacer político cotidiano, ligadas a su empeño por implantar la religión –léase el cristianismo– en la arena política borrando en buena medida las fronteras entre Estado y religión, más el aporte de sus constantes ataques contra las instituciones democráticas y manifestaciones prejuiciosas, discriminatorias y racistas, ciertamente influyeron de manera negativa en la sensibilidad de los individuos que se consideran sin religión, que optaron en consecuencia por inclinar mayoritariamente su voto en favor de Lula.

Consideraciones sobre el voto evangélico y católico

Las cifras y porcentajes que veíamos revelan que Bolsonaro cosechó en las urnas toda su inversión realizada junto a los evangélicos durante su mandato presidencial. En efecto, si comparamos los votos que obtuvo en este segmento religioso en 2018 (21.595.284) y 2022 (26.099.413), advertimos que en la última elección Bolsonaro obtuvo un plus de 4.414.129 votos. Así, si en 2018, como vimos, el superávit de votos evangélicos para Bolsonaro respecto de su rival Lula fue de 11.552.780, cuatro años más tarde la diferencia creció a 14.373.590 votos.

Por su parte, Lula logró en 2022 11.725.823 votos evangélicos, esto es, 1.683.328 votos más que los cosechados por Haddad en 2018 (10.042.504). Es posible que las acciones de Lula en favor de los evangélicos durante la campaña electoral, si no surtieron efecto en el sentido de mejorar su desempeño en este segmento religioso, por lo menos parecen haber frenado la pérdida de votos. Me refiero, por ejemplo, a afirmaciones suyas que comúnmente iban a contramano del discurso de Bolsonaro, como esta, contraria al uso político de la religión, expresada el 2 de septiembre de 2022: «Así como el Estado no puede tener religión, la iglesia no puede tener partido». Entre las actitudes tomadas por Lula en favor de los evangélicos durante la campaña, destaco la «Carta a los evangélicos», divulgada el 19 de octubre, 11 días antes de la segunda vuelta. Allí Lula desmintió una noticia falsa de fuerte circulación en el entorno evangélico, según la cual tenía decidido cerrar las iglesias. Al mismo tiempo, afirmó estar «personalmente en contra del aborto», enalteció los «valores de la familia», defendió «el libre ejercicio de la religión sin interferencia del Estado» y dijo que su gobierno «jamás va a usar la religión con fines partidarios». Es curioso que los discursos sobre cierre de iglesias tuvieran tanto eco, dado que el propio pt gobernó durante las presidencias de Lula y Dilma Rousseff en alianza con sectores evangélicos, y Rousseff inauguró en 2016 el megatemplo de Salomón, de la Iglesia Universal.

Inversamente proporcional a lo observado en el segmento evangélico, los números del cuadro sugieren que Bolsonaro pagó caro, en términos de votos, el hecho de haber mantenido relaciones superficiales –cuando no de fricción– con la Iglesia católica. En efecto, si en 2018 Bolsonaro se impuso levemente sobre Haddad entre los votantes católicos, en las elecciones de 2022 Lula logró imponerse por una diferencia de más de diez millones de sufragios. Entre las razones que podrían dar cuenta de esta pérdida del equilibrio sugiero, por un lado, las tensiones recurrentes que Bolsonaro mantuvo con la cúpula de la Iglesia católica y, por el otro, el histórico vínculo de Lula con este segmento religioso.

En plena pandemia, la cnbb difundió una «Carta al pueblo de Dios» en la que criticaba la postura negacionista del presidente

Durante el mandato de Bolsonaro, la relación entre este y la Conferencia Nacional de los Obispos Brasileños (cnbb, por sus siglas en portugués) estuvo signada por tensiones, polémicas y roces. En distintos momentos, la cnbb asumió un posicionamiento crítico en relación con las políticas implementadas por el presidente. Esto ocurrió, por ejemplo, en ocasión del Sínodo para la Amazonia, llevado a cabo en el Vaticano entre el 6 y el 27 de octubre de 2019. En ese contexto, los obispos brasileños efectuaron severas críticas a la política ambiental del gobierno. En julio de 2020, en plena pandemia de covid-19, la cnbb difundió una «Carta al pueblo de Dios» en la que criticaba la postura negacionista del presidente al respecto. También fue muy severo el «Mensaje al pueblo brasileño en el momento actual», firmado por los 292 obispos reunidos en la ciudad de Aparecida en ocasión de la 59a Asamblea General de la cnbb (entre el 28 de agosto y el 2 de septiembre de 2022), un mes antes de las elecciones. Allí, los obispos identificaron, entre otros graves problemas del gobierno de Bolsonaro, «los alarmantes descuidos hacia la tierra» y «la violencia latente, explícita y creciente, potenciada por la flexibilización de la posesión y la portación de armas que ponen en riesgo la convivencia humana armoniosa y pacífica en sociedad»16.

Un día después de que se difundiera este documento de la cnbb, más de 450 curas progresistas de diversas diócesis, órdenes y congregaciones dieron a conocer una carta abierta en la cual sentaron posición contra la reelección del presidente, sostenida en una crítica sintetizada en diez puntos: uso del nombre de Dios, discurso de odio, noticias falsas, mala gestión de la pandemia de covid-19, «vuelta de la pobreza», expansión de la deforestación, claros indicios de corrupción, ataques al Supremo Tribunal Federal, cuestionamientos al proceso electoral, «claras señales de autoritarismo y fascismo»17.

El documento deja en evidencia que no solo la cnbb emitió una postura crítica respecto de Bolsonaro. Miembros del clero (como los grupos Curas contra el Fascismo y Curas en Marcha) y legos (como el Movimiento de Fe y Política), entre otros, también se posicionaron abiertamente contra la política hostil a la vida humana y la naturaleza, los derechos humanos y la democracia, que caracterizaba al gobierno de Bolsonaro18.

Si, por un lado, solo una investigación cualitativa podría revelar el perfil ideológico y doctrinario de los fieles que fueron influenciados por los posicionamientos críticos de la cnbb y del clero, no parece difícil, por otro lado, intuir el direccionamiento hacia Lula de los votos emitidos por los católicos que adhieren a una Iglesia moderada y progresista, reforzado por el reconocimiento de la afinidad personal de Lula con este sector de la Iglesia.

En efecto, Lula nunca dejó de exteriorizar públicamente su adscripción al catolicismo. Con este propósito, en una entrevista concedida en febrero de 2022 a Radio Brasil Campinas, reafirmó su vínculo con el catolicismo en los siguientes términos: «Hice mi bautismo y mi confirmación en la Iglesia católica. Soy católico desde hace 76 años» (su edad en ese momento). En aquella ocasión añadió que mantiene o mantuvo una relación de amistad con varios líderes católicos, como Frei Beto, Leonardo Boff, Mauro Morelli, Pedro Casaldáliga, Hélder Câmara, Claudio Hummes y Paulo Evaristo Arns, todos ellos exponentes del ala progresista de la Iglesia católica (los últimos cuatro ya fallecidos).

En la misma entrevista, Lula recordó la relevancia de las Comunidades Eclesiales de Base y de la Teología de la Liberación para la creación de movimientos sociales y sindicales y en la fundación misma del pt a comienzos de 1980. Respecto de aquel tiempo (décadas de 1970 y 1980), para subrayar su vínculo con el ala progresista de la Iglesia, Lula remató: «En cualquier lugar que yo visitaba había una iglesia progresista, un cura progresista, una parroquia y una reunión con la comunidad católica para discutir de política»19.

Tampoco se puede despreciar la influencia que ejerció sobre la sensibilidad católica el hecho de que Lula, el 7 de abril de 2018, horas antes de entregarse a la policía para ser llevado a prisión en Curitiba, participara de una misa en homenaje a su esposa fallecida Marisa Letícia, en São Bernardo do Campo, o el hecho de que en febrero de 2020, tres meses después de su salida de la cárcel, haya visitado al papa Francisco en el Vaticano.

Para cerrar este análisis, considero que el éxito de Lula en las últimas elecciones no puede circunscribirse a los casi seis millones de votos de ventaja por encima de Bolsonaro obtenidos entre los individuos sin religión, como notara Alves20. Sin restar valor a los votos evangélicos –aunque notoriamente menos que los obtenidos por Bolsonaro–, es importante destacar la diferencia de más de diez millones de votos en favor de Lula entre los católicos, diferencia fundamental para que el candidato del pt pudiera finalmente revertir la ventaja de más de 14 millones de votos en favor de Bolsonaro entre los evangélicos.

A modo de cierre

La unión entre Bolsonaro y los evangélicos de tendencia conservadora obedeció a una lógica simbólica; ambos actores tienen en común no solo el enaltecimiento del cristianismo como referencia religiosa nacional, sino también la reivindicación de los valores, principios e ideales que consideran cristianos para el conjunto de la sociedad. Pero, a la vez, el nexo Bolsonaro-evangélicos obedeció a razones pragmáticas, esto es, a intereses mutuos. En ese sentido, los principales líderes de iglesias pentecostales y neopentecostales alineados con el ex-presidente de extrema derecha fueron pragmáticos al reivindicar y obtener favores de varios tipos por parte del Estado: beneficios, en especial económicos y fiscales, para sus iglesias, tales como recursos para obras sociales, presupuestos públicos para emisoras de radio y tv, y ante todo la condonación de deudas y exención de obligaciones fiscales21. Así, por ejemplo, solo en 2021 el gobierno de Bolsonaro condonó 1.400 millones de reales (cerca de 270 millones de dólares) de deudas de iglesias evangélicas22.

Evidentemente, el ex-presidente veía a los evangélicos como electores y con sus iniciativas favorables a ellos buscaba ante todo asegurarse sus votos. Es decir que Bolsonaro usaba a los evangélicos con fines electorales. Esta intención se hizo tan patente que el teólogo Osmar Ludovico, del ala evangélica progresista, llegó a afirmar que «Bolsonaro y sus hijos deben estar riéndose de los creyentes». El periodista Josias de Souza sintetiza así la relación entre el ex-presidente y los evangélicos que lo apoyaron: «Bolsonaro firmó con una porción del mundo evangélico una asociación político-financiera».

El cálculo político de Bolsonaro consistió en acumular el máximo posible de votos del segmento evangélico –detentor de un capital simbólico que llega a casi un tercio del electorado brasileño–, lo cual, sumado al apoyo proveniente de otras fuerzas sociales y religiosas conservadoras, podía asegurarle el triunfo en las urnas. Por su parte, el entonces candidato Lula también prestó atención al segmento evangélico durante la campaña. Pero, a diferencia de Bolsonaro, repartió esa atención en forma pareja entre todas las expresiones religiosas nacionales, poniendo por encima el foco en las condiciones socioeconómicas y en los sectores menos favorecidos de la población.

Ari Pedro Oro: es profesor titular de Antropología en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul e investigador del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (cnpq) de Brasil. Correo electrónico: <arioro@uol.com.br>.

Palabras claves: catolicismo, evangelismo, Jair Bolsonaro, Luis Inácio Lula da Silva, Brasil.

Nota: traducción del portugués de Cristian De Nápoli.

1. A.P. Oro y Ricardo Mariano: «The Reciprocal Instrumentalization of Religion and Politics in Brazil» en Annual Review of the Sociology of Religion vol. 2, 2011.

2. La metodología empleada para la captura de los datos empíricos consistió en la exploración de los sitios web de los principales periódicos y portales de contenido digital brasileños –que irán siendo mencionados en las próximas páginas–, con foco en las notas y artículos sobre religión y elecciones publicados en los últimos años.

3. Mapear tales fuerzas cristianas conservadoras dentro del gran paraguas del cristianismo es una tarea muy compleja, que trasciende este artículo. Ver A.P. Oro: «Bolsonaro e a laicidade brasileira em questão» en Debates do ner No 42, 2022.

4. Marina Lacerda: «Neoconservadorismo de periferia: articulação familista, punitiva e neoliberal na Câmara dos Deputados», tesis de doctorado en Ciencias Políticas, Universidad del Estado de Río de Janeiro, 2018.

5. Camila Rocha: «‘Menos Marx, mais Mises’: uma gênese da nova direita brasileira (2006-2018)», tesis de doctorado en Ciencias Políticas, Universidad de San Pablo, 2018, p. 20.

6. R. de Almeida: «Bolsonaro Presidente. Conservadorismo, evangelismo e a crise brasileira» en Novos Estudos Cebrap vol. 38 No 1, 1-4/2019

7. Joanildo Burity y Emerson Giumbelli: «Minorias religiosas: identidade e política em movimiento» en Religião e Sociedade No 40, 2020.

8. «Jair Bolsonaro afirma que o Brasil é um Estado cristão: ‘A minoria que for contra, que se mude’» en Gospel, 13/2/2017.

9. R. Mariano y D.A. Gerardi: «Eleições presidenciais na América Latina em 2018 e ativismo político» en Revista usp No 120, 2019, p. 69.

10. José E. Diniz Alves: «O voto evangélico garantiu a eleição de Jair Bolsonaro» en Ecodebate, 31/10/2018.

11. Se trata de una organización suprapartidaria, surgida con la Asamblea Constituyente de 1986, que reúne a evangélicos de distintas denominaciones y que actúa como grupo de presión política cada vez que se discuten proyectos y cuestiones de orden moral que estos consideran hostiles hacia los valores cristianos. Hoy se estima que la bancada evangélica estaría compuesta por 132 diputados (sobre un total de 513) y 14 senadores (sobre un total de 81). Cabe señalar que no todos los diputados evangélicos pertenecen al Frente. Existen por ejemplo algunos considerados de izquierda, que integran el llamado Movimiento Evangélico Progresista, mucho más pequeño en número e incidencia.

12. Marcelo Canurça y Paulo Victor Zaquieu-Higino: «Entre a articulação e a desproporcionalidade: relações do Governo Bolsonaro com as forças conservadoras católicas e evangélicas» en Revista Brasileira de História das Religiões No 39, 2021.

13. D.A. Gerardi y R. Almeida: «Agregador de pesquisas eleitorais por religião: consolidação de dados de pesquisas eleitorais com recorte religioso às eleições presidenciais de 2022», app versión 1.0, San Pablo, 2022, disponible en <cebrap.org.br/projetos/>.

14. El análisis de los votos de otras religiones será dejado de lado puesto que estadísticamente hubo una división pareja de sus votos entre ambos candidatos, con una leve ventaja en favor de Lula, en el marco de una cantidad total de votantes muy pequeña en comparación con el resto de las expresiones según religión.

15. J.E. Diniz Alves: «O eleitorado sem religião foi o fiel da balança da vitória de Lula», cit.

16. Silvonei José: «Mensagem da cnbb ao povo brasileiro sobre o momento atual» en Vatican News, 2/9/2022.

17. «Carta aberta dos Padres contra o fascismo e Padres da caminhada», 7/9/2022, disponible en <https://groups.google.com/g/fundomuniccultura-sjc-sp/c/zwsrr5zk-r0?pli=1>.

18. Cabe destacar, sin embargo, que algunos miembros de comunidades católicas carismáticas como Canção Nova y organizaciones académicas como el Instituto Brasileño de Derecho y Religión –analizado por Ronaldo de Almeida, Paula Bortolin y João Moura)–, dirigido por individuos vinculados al Opus Dei, apoyaron a Bolsonaro y participaron activamente en su gobierno. R. de Almeida, P. Bortolin y J. Moura: «Cristianismo cultural e laicidade colaborativa no governo Bolsonaro», ponencia presentada en el congreso «Laicidades em transformação: projeto Capes-Cofecub», Porto Alegre, 2 y 3 de marzo de 2023.

19. «A igreja contribuiu com minha formação política, diz Lula», 2/9/2022, <lula.com.br/a-igreja-contribuiu-com-minha-formacao-politica-diz-lula/>.

20. J.E. Diniz Alves: «O eleitorado sem religião foi o fiel da balança da vitória de Lula», cit.

21. No hay que olvidar que también existió una lógica pragmática de algunas iglesias evangélicas, como la Iglesia Universal, hacia los gobiernos del pt.

22. En este punto hay que destacar, por cierto, que el pragmatismo político no se limita a los evangélicos, ya que ha sido igual de determinante en el vínculo entre la Iglesia católica y los gobiernos a lo largo de la historia brasileña.

Chile, la política y la calle

Dinámicas de una politización antipartidista

Rodrigo M. Medel

En las últimas décadas, Chile vivió un aumento sostenido de la protesta social, junto con un progresivo declive de la participación electoral. Esta disociación generó una crisis sin precedentes para una clase política sin bases sociales y con poco apoyo popular. El estallido social de 2019 fue la culminación de este largo proceso de crecimiento de la protesta colectiva por fuera de la política institucional. Por el momento, los intentos de reconstruir el vínculo entre la calle y las instituciones no están funcionando.

Durante las últimas décadas, la sociedad chilena ha experimentado un proceso político contradictorio y novedoso. Por un lado, un aumento sostenido de la participación política no electoral, principalmente a través de protestas1, lo que fue acumulando presión desde las calles hacia la clase política. Por otro lado, una creciente desafección hacia la política institucional, expresada en una cada vez menor simpatía por los partidos y un declive progresivo de la participación electoral2.

Estas tendencias divergentes sentaron las bases del estallido social de 2019. Muchos se preguntaron cómo era posible que, a menos de dos años de haber obtenido más de 54% de apoyo electoral3 y sin un contexto económico adverso, el gobierno de Sebastián Piñera hubiera sido objeto de semejante nivel de rechazo desde las calles. Quizás gran parte de la clase política aún operaba con el supuesto, erróneo, de que cerca de 50% de la población que sistemáticamente no votaba era un sector apolítico, y que la abstención de las urnas anticipaba una baja propensión a participar en acciones políticas en general. Esto no era así. En Chile, desde hace años la población politizada y activa en protestas rebasaba con creces a la población votante. De acuerdo con encuestas realizadas durante las primeras semanas del estallido, 57% de los jóvenes de 18 a 34 años declaraba haber participado en acciones no electorales en el contexto de la revuelta4, bastante más que el 33% de la población de esa edad que votó en la segunda vuelta presidencial de 20175. La protesta venía desbordando la participación electoral desde hace años, lo que finalmente detonó una crisis sin precedentes para una clase política sin bases sociales y con poco apoyo popular.

Esta disociación entre la protesta y el voto no es algo común en democracias contemporáneas; de hecho, constituye un caso desviado en términos comparados. El grueso de los estudios ha encontrado que la correlación entre el voto y las diferentes formas de participación no electoral es positiva6. Es decir, la evidencia internacional sugiere que un aumento en la protesta debería incrementar el interés de los activistas por la política y encauzar a quienes protestan hacia la participación electoral7. La relación es intuitiva: participar en protestas aumenta el interés de los activistas por la política y los motiva a participar también en las elecciones. Sin embargo, diversos estudios han venido mostrando que, en Chile, las dinámicas de la protesta y el voto se venían separando hasta niveles atípicos durante las últimas décadas. La implementación del sufragio voluntario en 2012 llevó a que se profundizara aún más la contradicción entre ambas dimensiones de la participación política, es decir, a que un porcentaje cada vez más grande de chilenos rompiera la barrera más demandante de participación, la no electoral, pero no acompañara esa acción con el voto.

Ya en 2014 Chile era el segundo país con mayor porcentaje de activistas-abstencionistas dentro de las democracias occidentales

En términos muy concretos, se ha demostrado que, durante la década previa al estallido, la relación entre voto y protesta en el nivel individual en Chile fue negativa o no significativa8; esto quiere decir que alguien que protestaba podía tener incluso menos probabilidades de llegar a las urnas que alguien que no protestaba. De acuerdo con los datos del International Social Survey Project (issp), ya en 2014 Chile era el segundo país con mayor porcentaje de activistas-abstencionistas dentro de las democracias occidentales9. Así, durante toda la década de 2010, la política y la calle se mantuvieron más lejos que nunca.

El ciclo largo de protestas en Chile comenzó en la década de 200010 y alcanzó su punto máximo con la revuelta social de 2019. Por ello, el estallido fue solo la culminación de un largo proceso de crecimiento de la protesta colectiva por fuera de la política, en el que una masa importante de ciudadanos no votantes, pero politizados, encontró en las calles un espacio desde donde expresar su malestar y poner a toda la clase política en crisis. La protesta creció gracias a la consolidación de importantes movimientos sociales, entre los que destacan el movimiento estudiantil secundario11, el movimiento estudiantil universitario12, la Coordinadora No+afp contra el sistema de pensiones privado13, el movimiento de trabajadores contratistas14 y el movimiento feminista15, por mencionar los más masivos. Todos tienen en común un fuerte distanciamiento de los partidos tradicionales y una marcada desconfianza frente a la política institucional.

¿Por qué un país que se politizó durante las últimas décadas en términos no electorales y catapultó la protesta colectiva a niveles sin precedentes no logró integrar esa efervescencia de las calles en la política electoral? Este artículo ofrece una reflexión ensayística, sustentada en un cuerpo empírico de investigaciones acumuladas, en torno de las condiciones que propiciaron la disociación entre voto y protesta en Chile, y que explican la singularidad y excepcionalidad del caso chileno frente a las demás democracias occidentales. Asimismo, pretende reflexionar acerca de las posibilidades de reencauzar la protesta colectiva hacia la política, a partir del reciente gobierno de Gabriel Boric y del proceso constituyente en curso, así como alertar sobre los riesgos que supondría un retorno de la clase política al elitismo que originó esa disociación.

El puente quebrado en Chile: las organizaciones sociales

La participación política puede definirse como toda acción individual o colectiva orientada a influir en las decisiones de un gobierno o de autoridades políticas. Pese a importantes esfuerzos académicos, aún no hay una teoría unificada para explicar por qué la gente participa en política en general, sino dos escuelas separadas: una electoral y otra no electoral. En otras palabras, lo que sirve para explicar por qué la gente protesta no siempre sirve para explicar por qué la gente vota, y viceversa. Pese a estas diferencias, la bibliografía especializada ha demostrado consistentemente que la participación política electoral y la no electoral tienden a reforzarse mutuamente. Por ende, aunque la relación entre ambas dimensiones es compleja, su objetivo ideológico es similar: influir en la política, por lo que resulta lógico que ambas se encuentren estrechamente relacionadas. En concreto, más allá de sus determinantes específicos, quien marcha, escribe peticiones o manifiesta su opinión política en internet suele acompañar esas acciones con el voto, y esto es una tendencia observada en todos los países. Ahora bien, ¿por qué, si en la mayoría de los países quienes protestan llegan a las urnas, en Chile, en cambio, estos activistas se quedaron en las calles?

Para responder a la pregunta por la expansión de los activistas-abstencionistas en Chile, resulta fundamental primero identificar los ámbitos sociales que propician el mutuo fortalecimiento de ambas dimensiones de la participación política. En consecuencia, para comprender la disociación entre la participación electoral y la protesta, es imperativo, en primer lugar, comprender el enlace que las une. Un estudio reciente ha arrojado luz sobre este tema, demostrando que la participación electoral de los activistas experimenta una significativa variabilidad en función de su grado de exposición a contextos que fomenten el desarrollo de preferencias electorales, siendo las organizaciones de la sociedad civil el espacio más decisivo para esto16.

Las organizaciones sociales pueden ser consideradas como auténticas escuelas de democracia

Las organizaciones sociales cumplen un papel fundamental en la conformación de una ciudadanía participativa en una democracia. Desde su origen, los pensadores políticos han destacado la importancia de estas organizaciones como espacios de aprendizaje democrático y de construcción de valores cívicos. En este sentido, las organizaciones sociales pueden ser consideradas como auténticas escuelas de democracia, en las que los ciudadanos pueden desarrollar habilidades, redes y motivaciones para la participación tanto en protestas como en elecciones. En particular, este estudio demostró que el arraigo de los activistas en organizaciones sociales aumenta significativamente la probabilidad de que participen en las elecciones17. Por tanto, se puede concluir que en países donde la protesta depende en gran medida de las organizaciones sociales, existe una asociación más fuerte entre la participación electoral y la no electoral, lo que refuerza la coexistencia de ambas formas de manifestación política.

En este punto podemos anticipar que el quiebre entre la protesta y el voto en Chile tuvo su origen en las organizaciones sociales, en particular, en las organizaciones de movimientos sociales. Durante los primeros años de la transición democrática, asociaciones como las federaciones estudiantiles, los sindicatos y las organizaciones territoriales locales tenían un fuerte vínculo con la política partidista e institucional, pero en las últimas décadas se produjo un cambio en su estructura y dinámica que generó fuertes quiebres. Cabe recordar que durante los primeros años de la transición la Concertación de Partidos por la Democracia (coalición de centroizquierda que gobernó Chile entre 1990 y 2010) mantuvo una presencia casi absoluta en las federaciones estudiantiles universitarias. Sin embargo, hacia finales de la década de 1990, ya había un distanciamiento notorio de estas federaciones respecto de los partidos de centroizquierda18. Este mismo distanciamiento se experimentó en el mundo sindical, donde el sector privado comenzó a alejarse cada vez más de los partidos políticos y de la Central Unitaria de Trabajadores (cut). Incluso hubo un alejamiento por parte de ciertas organizaciones mapuche, que todavía en los primeros años de la transición mantenían ciertos lazos con los partidos políticos de centroizquierda19. Este cambio provocó que estos movimientos sociales siguieran cumpliendo su función catalizadora de la participación no electoral, la protesta, pero perdieran su capacidad de estimular la participación electoral, lo que resultó en una progresiva disociación entre ambas formas de manifestación política.

¿Pueden las organizaciones de movimientos sociales proporcionar a la ciudadanía los recursos y motivaciones necesarias para participar en protestas pero, al mismo tiempo, no crear un contexto que estimule la predisposición social al voto? Sí, esta disociación puede ocurrir, pero siempre que exista un distanciamiento efectivo entre las organizaciones de movimientos sociales y la política institucional. Este distanciamiento implica que los movimientos sociales se mantienen ideológicamente alejados de la política partidista y son autónomos en términos de recursos, lo que les permite sostener su ideología sin estimular el voto entre sus miembros y no depender de los recursos políticos para subsistir.

En recientes investigaciones basadas en métodos cualitativos, se ha profundizado en el análisis de cómo las organizaciones estudiantiles y gran parte de las organizaciones del sector privado han logrado desarrollar estrategias para movilizarse sin depender de los recursos proporcionados por la política institucional, tal y como era común a comienzos de la transición20. Esta autonomía material es fundamental, ya que cuando existe una dependencia de las organizaciones de movimientos sociales respecto de la política institucional, los miembros de estas organizaciones perciben a los partidos políticos como aliados relevantes, lo que genera un acercamiento a la política electoral. El caso más emblemático de lo anterior son las asociaciones sindicales del sector público. Sin embargo, estas organizaciones aún dependientes de la política han comenzado a constituir una minoría dentro del espectro de movimientos sociales. La mayoría de la sociedad civil organizada ha experimentado una autonomización material de los partidos políticos, lo que ha permitido que se manifieste libremente su fuerte identidad antipartidos.

La mayoría de la sociedad civil organizada ha experimentado una autonomización material de los partidos políticos

Estas nuevas identidades generan un contexto discursivo que inhibe la participación electoral e incluso premia el abstencionismo de sus miembros. En el caso chileno, múltiples investigaciones han revelado que esta nueva identidad basada en una autonomía de las organizaciones de los movimientos respecto de la política no solo les permitió sobrevivir, sino que también impulsó sus movilizaciones, tal como se ha estudiado en casos como el movimiento mapuche21, el movimiento estudiantil22, el movimiento sindical del sector privado23 y el movimiento medioambiental24, entre otros. En síntesis, las organizaciones de movimientos sociales, que históricamente habían actuado como un canal de comunicación y colaboración entre la calle y la política, han vivido un distanciamiento progresivo de la política institucional, lo que ha generado una importante brecha entre la política y la sociedad. Esto ha llevado a una desinstitucionalización progresiva de la participación política y a una anomalía en la relación entre voto y protesta en Chile.

Quedan por abordar los factores que han propiciado este nivel de distancia y rechazo por parte de la sociedad civil organizada hacia los partidos políticos y las instituciones representativas en el contexto chileno.

Una política elitista

La modernización de la sociedad suele traer una demanda de mayor autonomía individual por parte de los ciudadanos, al mismo tiempo que se cuestionan las instituciones tradicionales, como la Iglesia, los partidos políticos y la familia. Este proceso, según algunos sociólogos, se atribuye al tránsito de una sociedad tradicional a una posmaterial25. Sería común, entonces, que las sociedades en vías de modernización otorguen menor confianza a los partidos políticos y se identifiquen más con las nuevas demandas de la sociedad civil, alejadas de la política partidista.

Sin embargo, en Chile, este fenómeno ha adquirido una profundidad atípica. A pesar de la autonomía que puede tener la sociedad civil en relación con los partidos y otras instituciones tradicionales en países desarrollados, los activistas suelen acudir a las urnas en el día de las elecciones y las organizaciones de movimientos sociales suelen reforzar la preocupación por la política electoral. En otras palabras, la brecha existente entre la política y la calle en Chile no puede explicarse únicamente por una expansión de demandas posmateriales propias de los procesos de modernización. Otros factores deben ser considerados para comprender el grado de distancia y rechazo que la sociedad civil ha mostrado hacia los partidos políticos y las instituciones representativas.

En concreto, resulta evidente que los políticos tuvieron un papel decisivo en esta despolitización. Este proceso comenzó en los primeros años de la transición, cuando los partidos empiezan a romper deliberadamente el vínculo que se había articulado con la sociedad civil a mediados de la década de 1980, abandonando a antiguos aliados y adoptando una postura más centrista y conservadora. Este vínculo se rompe no solo al dar la espalda a promesas fundamentales de reformas, tales como un nuevo código laboral, sino también al adoptar sin reparos sustantivos la institucionalidad heredada de la dictadura civil-militar. Con excepción de algunos liderazgos particulares, los partidos optaron por cortar los lazos con sus activistas de base, en parte por temor a polarizar la frágil transición democrática, en parte por una adaptación a la despolitización ya iniciada por la dictadura26. Así, la efervescencia social manifestada en el plebiscito de 1988 y en los primeros años de la transición a la democracia contrastó con la paulatina desmovilización y despolitización que fue inducida desde los partidos políticos durante la década de 199027.

La elite política fue construyendo un sistema cada vez más hermético, enfocado en garantizar la estabilidad de los mandatos presidenciales en lugar de dar voz política a un público que había sido silenciado durante mucho tiempo. La adopción de una política de consensos se basó en una serie de instituciones informales (tales como los nombramientos públicos con criterios partidistas en la administración del Estado) que fueron deslegitimando aún más la nueva institucionalidad28. A esta situación se le sumaban elementos tales como el sistema binominal para elegir a los parlamentarios (que favorecía a los dos bloques mayoritarios y debilitaba la representación del resto de los partidos)29 y los problemas de legitimidad basal de las instituciones democráticas heredadas de la dictadura, incluida la propia Constitución de 1980.

A principios de la década de 2000, varios cientistas sociales ya advertían un inquietante distanciamiento entre la sociedad civil y los partidos políticos. Los estudios de opinión reflejaban una creciente disminución de la adhesión de la ciudadanía chilena hacia los partidos y las instituciones representativas. A principios de la década de 2010, se publicó una serie de trabajos académicos que evidenciaban lo que era ya una crítica desconexión del sistema de partidos chileno con la sociedad30.

En paralelo, el mercado laboral experimentaba procesos de flexibilización y externalización, que generaban una nueva masa de trabajadores precarizados; las universidades privadas se expandían y acogían a más de un millón de estudiantes endeudados; cientos de miles de personas se jubilaban con pensiones indignas; y las inversiones mineras amenazaban el ecosistema de numerosas comunidades. En este contexto, la posibilidad de hacer avanzar las históricas demandas de la sociedad civil tejiendo redes con la política parecía un ejercicio fútil. En consecuencia, la demanda por organizaciones que canalizaran las urgentes demandas de la sociedad aumentó, pero las organizaciones que surgieron se fueron erigiendo al margen de los partidos políticos.

Así, en las tres décadas previas al estallido, las principales organizaciones de la sociedad en Chile fueron viviendo un progresivo distanciamiento de los partidos, a muchos de los cuales habían estado históricamente vinculadas. Por ejemplo, el movimiento estudiantil se liberó de sus lazos con la Concertación en las principales federaciones y optó por organizarse principalmente a través de colectivos y organizaciones horizontales ajenas a los partidos. Los sindicatos, ante la falta de una reforma laboral estructural, recurrieron a huelgas por fuera del marco legal y a organizaciones autónomas de la cut, que aún mantenía su afiliación a los partidos de la Concertación. Asimismo, el movimiento territorial se organizó en asambleas que excluyeron discursos partidistas, entre otras múltiples reconfiguraciones que tuvieron lugar en la sociedad civil organizada.

Esta inercia de articulaciones sociales antipolíticas se mantuvo y consolidó durante la década de 2010, con independencia de la llegada de liderazgos estudiantiles al Congreso. En la actualidad, en Chile se observa una generación emergente de ciudadanos politizados con un discurso antipartidos, lo que ya forma parte de una cultura de participación política respaldada por una estructura de valores arraigada en torno de ello. Es evidente que esta realidad no cambiará de manera repentina, sino que requerirá de un proceso de transformación más profundo y sostenido en el tiempo.

Recomponer el vínculo entre política y sociedad con partidos sin profundidad

La elección de Gabriel Boric como presidente en el año 2021 marcó un hito en la historia política de Chile, ya que él se convirtió en el primer mandatario electo por fuera de las dos coaliciones que habían gobernado el país desde la transición. Esta elección avivó la esperanza de superar la política elitista y restablecer el vínculo entre las instituciones y la sociedad, y el proceso constituyente aparecía como el escenario idóneo para lograr este objetivo. El colapso del sistema de partidos tradicional, que se batía en una crisis sin precedentes, fue el antecedente para que la clase política permitiera la anomalía de incluir una lista de independientes no asociados a partidos para la Convención Constitucional. Por primera vez, los políticos cedieron un espacio significativo a fuerzas políticas no pertenecientes a la elite para participar de manera relevante en un proceso político. Cerca de un tercio de la convención la ocuparon independientes, y se destacó la denominada Lista del Pueblo, una coalición liderada por dirigentes de movimientos sociales que se identificaban con un claro discurso antipartidos políticos. Este enfoque ideológico atravesó el texto constitucional, lo que se evidenció en el entusiasmo con que un grupo de convencionales coreó el grito «El pueblo unido avanza sin partidos» en la última sesión del pleno celebrada en el ex-Congreso Nacional.

No obstante, casi un año después, todo parece haber vuelto a la casilla de salida. La ambiciosa propuesta constitucional fue rechazada con un contundente 62% de votos en contra. La realidad era que, así como la clase política se había distanciado de los movimientos sociales, los líderes de esos movimientos parecían a su vez desconectados de sectores importantes de la ciudadanía. Aquellos ciudadanos desinteresados en la política, que ni votaban ni protestaban, se habían convertido en un sector silencioso pero que se manifestó de manera masiva en el rechazo a la propuesta constitucional, la primera elección con voto obligatorio tras una década de voto voluntario.

El fracaso del primer proceso constituyente supuso un duro revés para el gobierno de Boric, que finalmente apoyó un segundo proceso que promueve una arriesgada fórmula elitista para redactar la nueva Constitución. Las respuestas para acercar la política a la ciudadanía no han dado frutos hasta el momento, y cuesta pensar que los partidos políticos sean capaces de salir de su aislamiento en el corto plazo. Aunque la reintroducción del voto obligatorio parece haberse consolidado como una realidad tras la masiva participación en el último proceso electoral, no se puede considerar como una solución mágica para cerrar la brecha existente entre la política y la ciudadanía. Más bien, la llegada de nuevos votantes podría propiciar la emergencia de candidatos outsiders antiestablishment en lugar de postulantes de partidos políticos programáticos robustecidos.

En una democracia liberal, son los partidos políticos los responsables de superar este tipo de disyuntivas. Pero la tarea de cambiar la cultura antipartidos que se ha forjado en la sociedad civil movilizada durante tres décadas en Chile no tendrá resultados rápidos. Es difícil imaginar cómo los políticos podrán acceder a los espacios asociativos, con fuertes culturas antipartidistas, y persuadirlos de la necesidad de retomar su rol como enlace entre la esfera política y el sentir popular. Pero este esfuerzo se vuelve imperioso, ya que, en el contexto actual y con el retorno del voto obligatorio, un nuevo ciclo de politización puede derivar no en una desinstitucionalización masiva de la participación política, sino en una institucionalización de un sentimiento antipolítico con un outsider como figura representativa.

Hoy, el desafío para los partidos políticos es doble: en primer lugar, conectar en un horizonte temporal de mediano plazo con aquellos sectores que, si bien se encuentran politizados, también están distantes de la política institucional y se muestran históricamente renuentes al ejercicio del sufragio; y, en segundo lugar, establecer un vínculo con aquellos sectores despolitizados que, si bien no suelen manifestarse en la esfera pública, es probable que comiencen a participar del proceso electoral. En este complejo panorama, los partidos políticos deberán desplegar estrategias que aborden de manera efectiva estas dos realidades disímiles, pero igualmente trascendentales para el devenir de la democracia en Chile.

Rodrigo M. Medel: es sociólogo y doctor en Ciencia Política. Se desempeña como profesor investigador de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello (Chile).

Palabras claves: antipartidismo, democracia, elites, politización, protesta, Chile.

1. V., por ejemplo, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud): Desarrollo humano en Chile 2015. Los tiempos de la politización, pnud, Santiago de Chile, 2015; Alfredo Joignant et al.: «Informe anual Observatorio de Conflictos 2020», coes, Santiago de Chile, 2020; Nicolás M. Somma y R. Medel: «Shifting Relationships between Social Movements and Institutional Politics» en Sofía Donoso y Marisa von Bülow (eds.): Social Movements in Chile: Organization, Trajectories, and Political Consequences, Palgrave Macmillan, Nueva York, 2017.

2. Ricardo González T. y Valentina Salvatierra D.: «Eficacia política y opción por los independientes: razones y expectativas», Documento No 2, leas, 2021; Matías Bargsted, N.M. Somma y Benjamín Muñoz: «Participación electoral en Chile. Una aproximación de edad, período y cohorte» en Revista de Ciencia Política vol. 39 No 1, 2019.

3. V. datos del Servicio Electoral de Chile (servel), <servel.cl/centro-de-datos/estadisticas-de-datos-abiertos-4zg/elecciones-participacion-electoral/>.

4. Paulina Sepúlveda, Diego Istúriz y Carlos Pérez: «Informe Cadem: 57% de los jóvenes dice haber participado de marchas y caceroleos» en La Tercera, 3/11/2019.

5. V. datos del servel, <servel.cl/centro-de-datos/estadisticas-de-datos-abiertos-4zg/elecciones-participacion-electoral/>.

6. V., por ejemplo, Alan Schussman y Sarah A. Soule: «Process and Protest: Accounting for Individual Protest Participation» en Social Forces vol. 84 No 2, 2005; Samuel H. Barnes y Max Kaase: Political Action: Mass Participation in Five Western Democracies, Sage Publications, Beverly Hills, 1979; Clive Bean: «Participation and Political Protest: A Model with Australian Evidence» en Political Behavior vol. 13 No 3, 1991.

7. Carol Galais: «Don’t Vote for Them: The Effects of the Spanish Indignant Movement on Attitudes about Voting» en Journal of Elections, Public Opinion and Parties vol. 24 No 3, 2014; Clare Saunders: «Anti-Politics in Action? Measurement Dilemmas in the Study of Unconventional Political Participation» en Political Research Quarterly vol. 67 No 3, 9/2014.

8. Datos de la encuesta mundial de valores, reportados en R. Medel: «Participación política fragmentada. La compleja relación entre participación electoral y no electoral en países democráticos», tesis doctoral, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2019.

9. R. Medel: «When Do Active Citizens Abstain from the Polls? Civic Associations, Non-Electoral Participation, and Voting in 21st-Century Democracies» en Acta Politica vol. 1 No 25, 2023.

10. N.M. Somma y R. Medel: «Shifting Relationships between Social Movements and Institutional Politics», cit.

11. N.M. Somma y S. Donoso: «Chile’s Student Movement: Strong, Detached, Influential –And Declining?» en Lorenzo Cini, Donatella della Porta y César Guzman-Concha (eds.): Student Movements in Late Neoliberalism: Dynamics of Contention and Their Consequences, Palgrave Macmillan, Reno, 2021.

12. Octavio Avendaño: «Fracturas y representación política en el movimiento estudiantil» en Última Década vol. 41 No 1, 2014.

13. Joaquín Bugueño y Antoine Maillet: «Entre marchas, plebiscitos e iniciativas de ley. Innovación en el repertorio de estrategias del Movimiento No Más afp en Chile (2014-2018)» en Izquierdas No 48, 2019.

14. Antonio Aravena y Daniel Núñez: El renacer de la huelga obrera en Chile. El movimiento sindical en la primera década del siglo xxi, ical, Santiago de Chile, 2009.

15. Catherine Reyes-Housholder y Beatriz Roque: «Chile 2018: desafíos al poder de género desde la calle hasta La Moneda» en Revista de Ciencia Política vol. 39 No 2, 2019.

16. R. Medel: «When Do Active Citizens Abstain from the Polls?», cit.

17. Ibíd.

18. Luis Thielemann H.: «Para una periodificación del Movimiento Estudiantil de la transición (1987-2011)» en Revista Pretérito Imperfecto, 2012.

19. Germán Bidegain: «From Cooperation to Confrontation: The Mapuche Movement and its Political Impact, 1990-2014» en S. Donoso y M. von Bülow (eds.): ob. cit.

20. N.M. Somma y R. Medel: «Shifting Relationships between Social Movements and Institutional Politics», cit.

21. G. Bidegain: «Autonomización de los movimientos sociales e intensificación de la protesta. Estudiantes y mapuches en Chile (1990-2013)», tesis de doctorado, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2015.

22. N.M. Somma y S. Donoso: «Chile’s Student Movement: Strong, Detached, Influential –And Declining?», cit.

23. R. Medel: «La cut y los clivajes sindicales en Chile. Entre la pretensión transformadora y la estrategia defensiva» en cuhso vol. 31 No 1, 2021.

24. Gonzalo Delamaza, Antoine Maillet y Christian Martínez Neira: «Socio-Territorial Conflicts in Chile: Configuration and Politicization (2005-2014)» en European Review of Latin American and Caribbean Studies/Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe vol. 104, 2017.

25. Christian Welzel e Inglehart Ronald: «Liberalism, Postmaterialism, and the Growth of Freedom» en International Review of Sociology vol. 15 No 1, 2005.

26. Patricio Silva: «Doing Politics in a Depoliticised Society: Social Change and Political Deactivation in Chile» en Bulletin of Latin American Research vol. 23 No 1, 2004.

27. Ryan E. Carlin: «The Decline of Citizen Participation in Electoral Politics in Post-Authoritarian Chile» en Democratization vol. 13 No 4, 2006.

28. Peter Siavelis, Kirsten Sehnbruch, Emmanuelle Barozet y Valentina Ulloa: «Nombramientos públicos como instituciones informales. Lecciones del cuoteo en Chile, 1990-2018» en Revista de Ciencia Política vol. 42 No 3, 2022.

29. Este sistema fue modificado en 2015, durante la presidencia de Michelle Bachelet.

30. Juan Pablo Luna y Fernando Rosenblatt: «¿Notas para una autopsia? Los partidos políticos en el Chile actual», cep-Cieplan, 2012; J.P. Luna y David Altman: «Uprooted but Stable: Chilean Parties and the Concept of Party System Institutionalization» en Latin American Politics and Society vol. 53 No 2, 2011.

Los obstáculos para la «paz total» en Colombia

Catalina Niño Guarnizo

La política de Gustavo Petro de negociar, a la vez, con diversos grupos armados –políticos y delictivos– enfrenta numerosas dificultades, entre ellas, la desconexión entre la estrategia de paz y las políticas de seguridad. Al mismo tiempo, varios grupos se han venido aprovechando de la retórica de la paz para ganar tiempo, reducir la presión de las fuerzas de seguridad y tratar de fortalecerse, y ponen en riesgo una de las principales promesas de campaña del presidente.

Desde su discurso de posesión, el presidente colombiano Gustavo Petro planteó que el suyo sería «el gobierno de la vida, de la paz» y que así sería recordado1. Elegido por representar una esperanza de cambio y de grandes transformaciones en muchos frentes, el mandatario colombiano decidió priorizar en ese primer discurso la cuestión de la paz y de la protección de la vida. En esa línea, una de sus principales banderas es la política de «paz total», parte fundamental de la visión de Colombia como una «potencia mundial de la vida». Ese es el título del Plan de Desarrollo, documento con fuerza de ley que cada gobierno plantea en sus inicios y que es la hoja de ruta de toda su gestión.

El objetivo central de la «paz total» es reducir el impacto humanitario de la violencia generada por los diversos grupos armados que aún operan en el país y que constituyen una mezcla compleja de agrupaciones criminales, como el Clan del Golfo o los Pachenca, y actores con origen político, como el Ejército de Liberación Nacional (eln) y las dos disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc)2, que de todos modos hoy en día están muy vinculados a las economías y las rentas ilegales, con las cuales se financian.

Desde el principio, la apuesta del gobierno fue negociar con todos los grupos generadores de violencia al mismo tiempo, bajo el supuesto de que negociar con uno solo genera vacíos de poder que son aprovechados por otros actores violentos para fortalecerse. La negociación con esos grupos se desarrolla por canales paralelos de acuerdo con la naturaleza de cada uno. Esto significa que hay negociaciones de paz con los grupos considerados guerrilleros y acuerdos sobre sometimiento a la justicia con las bandas criminales de alto impacto. Para dar un marco jurídico a esta estrategia, el Congreso aprobó la Ley de Paz Total propuesta por el gobierno3. Pero esa división entre grupos insurgentes y criminales tiene complejidades en términos prácticos: por un lado, varios sectores no ven con buenos ojos o incluso plantean impedimentos jurídicos al reconocimiento político de las disidencias de las farc, particularmente las lideradas por «Iván Márquez», que abandonaron el proceso de paz de La Habana. Por otra parte, el Clan del Golfo insiste en que su naturaleza es política y se autodenomina Autodefensas Gaitanistas de Colombia, por lo cual quiere avanzar en una negociación para un acuerdo de paz con el Estado y no en una discusión sobre su sometimiento –o acogimiento, como eufemísticamente lo llaman algunos miembros del gobierno– a la justicia.

Más allá de las discusiones sobre la viabilidad jurídica o política de la estrategia de Petro, desde el comienzo el gobierno inició sus acercamientos a los diversos grupos sobre la base de que era necesario parar la guerra, con el fin de reducir su impacto humanitario sobre la vida de las personas y también para ambientar las negociaciones con cada uno de ellos. Muy rápidamente se retomó la mesa de negociaciones con el eln con base en los avances que se habían hecho durante la presidencia de Juan Manuel Santos (2010-2018) y se comenzó a explorar la voluntad de paz de los demás grupos. Sin embargo, no parecía haber una estrategia clara para el logro de la «paz total», más allá del compromiso explícito del gobierno. De hecho, unos días antes de la posesión de Petro, el designado canciller Álvaro Leyva usó la metáfora de una partitura para una banda de jazz para hablar de la «paz total»: de acuerdo con esa analogía, esta sería una guía general a partir de la cual diversos actores podían improvisar en la búsqueda del objetivo común de la paz.

Los problemas de la «paz total»

En su afán por avanzar, el gobierno hizo gestos tempranos de buena voluntad. En su primera semana, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, señaló que como un gesto de confianza se podrían suspender las órdenes de captura de los cabecillas del eln. Poco después promovió ceses bilaterales al fuego con las diversas organizaciones armadas, sin aún haber definido una hoja de ruta detallada. El 31 de diciembre, el presidente anunció por Twitter un acuerdo al respecto con el eln, las disidencias de las farc, el Clan del Golfo y los Pachenca, y solo cuatro días después, el 3 de enero, el Comando Central del eln lo desmintió en un comunicado en el que señalaba que no había tal acuerdo sobre un cese al fuego con el gobierno. Lo cierto es que no lo había con ninguno de los grupos, dado que no se habían firmado protocolos ni se habían definido mecanismos de verificación del cumplimiento de las partes.

En su afán por avanzar, el gobierno hizo gestos tempranos de buena voluntad

Así las cosas, el cese de las acciones violentas por parte de los actores armados dependía básicamente de su buena voluntad y, de acuerdo con cifras del mismo gobierno, ninguno cumplió con su parte4. Esto se hizo evidente con la presión e injerencia del Clan del Golfo en un paro de mineros en la región del Bajo Cauca en Antioquia, o con las amenazas de las disidencias de alias «Mordisco» contra 200 familias de desmovilizados de las farc en Mesetas (departamento del Meta), que las obligaron a desplazarse para proteger sus vidas5, por citar solo dos ejemplos. Ante las evidencias de la participación del Clan del Golfo en varias acciones violentas en el Bajo Cauca, el 19 de marzo Petro tomó la decisión de suspender el cese al fuego con ese grupo, lo que implica la reanudación de las operaciones militares en su contra. Por otro lado, la reacción del comisionado para la Paz frente al desplazamiento forzado de Mesetas ha generado muchas críticas, dado que en sus declaraciones ha sugerido que las familias salieron de la zona por voluntad propia.

A pesar de los esfuerzos y de la buena disposición del gobierno, la situación de seguridad y orden público se ha deteriorado de modo alarmante en algunas regiones del país, entre ellas varias que han sido históricamente las más afectadas por el conflicto armado y la violencia, como el Cauca, Arauca, Nariño o el norte de Antioquia. Aunque se han reducido los enfrentamientos entre la fuerza pública y los grupos armados por cuenta de los ceses bilaterales propuestos por el gobierno, no pasa lo mismo con los enfrentamientos entre los grupos por el control de territorios y de las poblaciones que allí viven. De acuerdo con un estudio de la Fundación Ideas para la Paz, durante los primeros tres meses del gobierno de Petro las acciones de la fuerza pública contra los grupos ilegales disminuyeron en 70%, mientras que los enfrentamientos entre los grupos aumentaron en 79% en comparación con el mismo periodo del año anterior6. Al parecer, la estrategia es fortalecerse territorialmente y en número de miembros para poder negociar mayores concesiones en una posible mesa con el gobierno.

Paradójicamente, la política de «paz total» parece haber tenido, al menos hasta ahora, un efecto perverso: la lucha entre los grupos por consolidarse para negociar desde una posición de fuerza ha dejado en medio del fuego cruzado a la población civil en territorios que tenían enormes expectativas hacia lo que el gobierno «del pueblo» podría hacer para garantizarles una vida tranquila y segura. El caso de Arauca es ilustrativo: la guerra entre el eln y las disidencias de las farc por el control de esa zona fronteriza con Venezuela dejó en 2022 más de 300 personas asesinadas, reclutamiento forzado de menores, confinamientos de población y amenazas contra líderes locales. En el Cauca, zona clave en la cadena de valor del narcotráfico, las disputas por el control de territorios –a veces por medio de alianzas entre grupos o facciones que en otras regiones están en guerra7– han llevado a un aumento de los homicidios, las amenazas y el control social por métodos violentos e intimidatorios, y a una profunda desconfianza en el interior de las comunidades debido a acciones como la entrega de motos o celulares por parte de los grupos a jóvenes de la zona para reclutarlos como informantes.

En el marco de este panorama, el comisionado para la Paz continúa los diálogos y negociaciones, en muchos casos secretos y en diferentes etapas de desarrollo, con seis grupos distintos, además de estar a cargo de la implementación del Acuerdo de Paz de la Habana. Los cuestionamientos con respecto a su labor comienzan a oírse incluso entre personas aliadas del gobierno. Es claro que la tarea es gigantesca. Pero el comisionado Rueda parece querer todo en soledad. A esto se suma que su oficina no cuenta con suficiente personal técnico con experiencia en negociaciones de paz. Todo esto genera demasiadas improvisaciones e impide el desarrollo de una hoja de ruta clara para llevar adelante con éxito procesos que son altamente complejos. Incluso varios sectores han expresado su preocupación por el escaso progreso que se observa en términos de la implementación del acuerdo de 2016, a pesar de las declaraciones del presidente sobre su intención de avanzar de manera decisiva en ese frente.

Es preocupante que la estrategia del gobierno se base en la idea de confiar en la voluntad de paz de grupos que usan la violencia de modo sistemático

Es preocupante que la estrategia del gobierno se base en la idea de confiar en la voluntad de paz de grupos que usan la violencia de modo sistemático, y en otorgarles beneficios y concesiones, simplemente porque han expresado una voluntad de negociar y de reducir los homicidios. Al 31 de marzo de 2023, se cursaba en el Congreso un proyecto de ley con el que se busca establecer los mecanismos para el sometimiento a la justicia de los grupos criminales «de alto impacto» de carácter no político. El proyecto es muy generoso con los actores a los que quiere someter –contempla, por ejemplo, que los autores de delitos de lesa humanidad paguen un máximo de ocho años de cárcel y que puedan quedarse con 6% de las ganancias obtenidas por su participación en actividades ilícitas, hasta un máximo de 11.600 millones de pesos (más o menos 2,5 millones de dólares), a cambio de entregar sus bienes y sus armas y de cesar todas sus actividades ilegales–. Queda por ver cómo logrará el Estado, cuyas capacidades en términos de administración de investigación y justicia son bastante débiles, en especial en los territorios en donde estos grupos operan, hacer un seguimiento efectivo del cumplimiento de estos compromisos.

Hasta ahora, sumarse a la retórica de la «paz total» les ha servido a los grupos para ganar tiempo y reducir la presión por parte de la fuerza pública contra sus miembros y operaciones. Aunque el comisionado Rueda ha dicho en múltiples ocasiones que lo que se ha pedido a los grupos armados en el marco de la política de «paz total» es «no matar, no torturar y no desaparecer», esto no es suficiente. Aun si varios de los grupos han reducido la violencia letal –básicamente los homicidios–, la han remplazado por otras formas de violencia menos visibles, que están asociadas a dinámicas de control social.

Esos tipos de violencia parecen quedar por fuera de la estrategia de «paz total», pero son cruciales en tanto que son los que permiten a los grupos armados establecer y consolidar su poder sobre territorios y comunidades, lo que a la larga puede llevar a procesos de reciclaje del conflicto. El reclutamiento de menores, que según las alertas de la Defensoría del Pueblo y de varios investigadores independientes viene en aumento8, es una estrategia brutal pero muy efectiva de control social, porque debilita la resistencia de familias y comunidades y las empuja a colaborar más fácilmente con el grupo con la esperanza de que su hijo o hija pueda regresar en algún momento. En varias regiones del país se ha documentado y denunciado que los grupos están usando diversas acciones en este sentido. Algunos incluso van a las escuelas y colegios a entregar kits escolares y material de propaganda. Maestros que se han opuesto a estas actividades han sido intimidados o amenazados. En Tumaco, disidencias de las farc han instalado minas antipersona alrededor de algunas escuelas como método para disuadir a los menores de asistir a clase, lo que facilita el reclutamiento. En algunos casos, los menores reclutados son enviados a regiones lejos de sus casas para que sus familias y comunidades no puedan ir a buscarlos. Otro tipo de violencia que quiebra la voluntad de las poblaciones es la violencia sexual y de género, que según testimonios recogidos por organizaciones como el Crisis Group se mantiene e incluso se ha agravado en algunas zonas. Las restricciones a la movilidad y los confinamientos son otras de las tácticas de control social que vienen en aumento desde el año pasado. Los grupos instalan controles en las vías, establecen toques de queda e intimidan y amenazan para silenciar a las comunidades y romper las resistencias, y con ello también ponen en riesgo la seguridad alimentaria y la posibilidad de recibir educación o atención médica adecuada.

Seguridad y «paz total»

Mientras todo esto ocurre en algunas regiones del país, la fuerza pública parece haber perdido su norte. Atendiendo las órdenes de cese al fuego que ha dado el alto gobierno, ha reducido drásticamente sus operaciones contra los grupos armados ilegales, políticos o no. Y si bien esto ha representado una reducción importante en el número de soldados heridos, ha dejado territorios y comunidades a merced de los grupos que han tenido tiempo y espacio para implementar sus violentas estrategias de control y coerción.

El problema es que el gobierno no parece tener una política de seguridad que vaya de la mano de su política de paz

El problema es que el gobierno no parece tener una política de seguridad que vaya de la mano de su política de paz. La desarticulación entre el Ministerio de Defensa y la oficina del Comisionado para la Paz es patente. La extrema generosidad que ha habido hacia los grupos no ha estado acompañada del diseño y ejecución de una muy necesaria estrategia de disuasión, que genere los incentivos para lograr que estos quieran negociar la paz o un sometimiento a la justicia. La «paz total» ha sido amplia en repartir zanahoria; pero por muy impopular que parezca en el contexto de un gobierno progresista, el control de los actores violentos en Colombia requiere también de garrote para que haya negociaciones realistas. Incluso personas que históricamente han sido críticas de la vía militar lo han reconocido: según el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, que siempre ha preferido la vía negociada, «lamentablemente hay que apelar a las operaciones de fuerza de la Fuerza Pública. Ese es el camino menos deseado, porque ese camino implica enfrentamientos y acciones que regularmente significan más violencia en los territorios»9. Pero si no se hace así, lo que quedan son actores armados fortalecidos y cada vez menos preocupados por lo que el Estado pueda hacer para contenerlos.

Desde su elección como presidente, Petro señaló que daría prioridad a la noción de seguridad humana y a la protección de la vida de la población civil. Sin embargo, dentro de la fuerza pública no hay claridad sobre lo que eso significa, menos aún cuando se trata de aterrizar el concepto en sus planes estratégicos y de operaciones. El ministro de Defensa aparece poco en los medios –algo raro en el contexto colombiano–, y en algunos sectores existe la impresión de que su falta de experiencia en el tema le está pasando factura. En un país como Colombia, es grave que después de ocho meses de instalado el gobierno no haya lineamientos claros y explícitos sobre cuál será la estrategia de seguridad que permita avanzar en el logro de la paz.

Vale la pena mencionar dos ejemplos que muestran los problemas de desarticulación entre la agenda de paz y la de seguridad. A comienzos de marzo, en el marco de una manifestación campesina contra una multinacional petrolera en San Vicente del Caguán (Caquetá), los manifestantes retuvieron a 79 policías durante más de 24 horas. En esos hechos resultaron muertos un policía y un campesino. Lo que para muchos constituyó claramente un secuestro fue calificado por el ministro del Interior, Alfonso Prada, como un «cerco humanitario» realizado por los campesinos para evitar que los enfrentamientos escalaran. Varios críticos señalaron que las afirmaciones del ministro podían abrir una brecha entre la fuerza pública y el gobierno, y Prada tuvo que salir a dar explicaciones. Días después, el presidente asumió toda la responsabilidad por los hechos, como comandante en jefe de las Fuerzas Militares, después de que se conociera que la Justicia Penal Militar había ordenado la captura del comandante de la Policía en Caquetá por su posible omisión al no enviar apoyo a los policías que estaban retenidos. Es cierto que en este caso se protegió la vida de los manifestantes y que no hubo abusos de fuerza por parte de la Policía. Sin embargo, hay que preguntarse si la retención de uniformados y la muerte de uno de ellos a manos de civiles no debilitan la moral de la fuerza pública, a la vez que envían un mensaje equívoco y peligroso a actores violentos con intereses económicos ilegales, precisamente aquellos con los que el gobierno quiere negociar la paz.

El segundo caso fue el atentado contra miembros del Ejército ocurrido a finales de marzo y atribuido al eln en la región del Catatumbo (Norte de Santander), en la frontera con Venezuela, que por años ha vivido en una compleja situación de orden público. En el ataque, nueve militares resultaron muertos y nueve más quedaron heridos. Es claro que en este momento no hay un acuerdo de cese al fuego con ese grupo y seguramente para el eln esta acción de guerra es válida en el marco del conflicto armado que sostiene contra el Estado colombiano. Tampoco parece probable que el gobierno de Petro vaya a dar por terminadas las negociaciones con ese grupo, como sí lo hizo su antecesor, Iván Duque, cuando en 2019 el eln atentó contra la Escuela General Santander, donde se forman los oficiales de la Policía, en un episodio que dejó 23 muertos. Pero en el escenario actual es fundamental que las estrategias de paz, de seguridad y de negociación con esa guerrilla estén articuladas y alineadas con la visión del gobierno, y que esta última tenga en cuenta la realidad sobre la estructura federal y atomizada del eln, la gran autonomía de la que gozan sus frentes, la complejidad de sus procesos de toma de decisiones concertadas y la posibilidad de que algunos de esos frentes no tengan interés en el éxito del proceso de paz.

El camino hacia adelante

Las debilidades de la improvisada estrategia de «paz total» están comenzando a hacerse evidentes. Las críticas ya no vienen solo de sectores opositores al gobierno, sino también de personas cercanas a él. Pero Petro apenas está en su primer año como presidente y aún hay tiempo de hacer ajustes para corregir el rumbo.

Primero, es clave retomar la implementación del Acuerdo de La Habana, no solo en el discurso sino con hechos concretos y verificables. Para ello, resulta necesario fortalecer a las entidades encargadas, que hoy han perdido poder y visibilidad10, y evitar declaraciones como las que hizo recientemente el presidente sugiriendo que el acuerdo podría modificarse puesto que había quedado incompleto11. Mal que bien, con sus limitaciones y espacios de mejora, el acuerdo con las farc es el instrumento más actual con que cuenta el Estado colombiano para avanzar en una agenda pendiente de transformaciones de los factores que están en la base del conflicto y la violencia que han azotado el país por décadas.

Además, es muy importante no seguir improvisando y diseñar una hoja de ruta clara y detallada para las negociaciones con los diferentes grupos con los que se está conversando en la actualidad. Esto implica reconocer que no es posible que el comisionado para la Paz asuma todas las funciones y que es necesario desconcentrar las labores de su oficina. También requiere construir un equipo técnico con la experiencia necesaria en negociaciones de paz que pueda apoyar esos procesos, de manera que cada uno pueda llevarse adelante de manera simultánea pero separada, tal como se planteó desde el inicio. Finalmente, demanda la definición de límites y líneas rojas sobre lo que es posible negociar con cada grupo, asunto que no es menor dadas las aspiraciones de algunos de ellos, como el Clan del Golfo, a ser considerados actores políticos, o como el eln, que espera poder examinar «el modelo económico, el régimen político y las doctrinas que impiden la unidad y la reconciliación nacional»12, lo que en el escenario político colombiano es inviable.

Por otra parte, el gobierno debe insistir en que los grupos armados detengan no solo la violencia letal sino también las otras formas de violencia que han desatado contra algunas comunidades en su búsqueda de mayor control territorial. En esta línea, el propio presidente ya ha planteado la idea de avanzar hacia un cese de hostilidades, lo que incluye no solo el cese de acciones contra la fuerza pública sino también de las agresiones contra la población civil. No tiene sentido hacer concesiones demasiado generosas en etapas tan iniciales, por simples declaraciones retóricas. Los grupos deberían demostrar su voluntad de paz y solo en ese momento recibir beneficios.

En el entretanto, y para que esa demanda de un cese de hostilidades tenga posibilidades de éxito, es necesario avanzar cuanto antes en la definición de una política de seguridad que, de acuerdo con la visión del gobierno, esté enfocada en proteger la vida y garantizar la seguridad e integridad de las personas, en particular la población civil. La fuerza pública en Colombia ha desarrollado muchas capacidades militares en el enfrentamiento con grupos armados, pero se requiere contar con desarrollos de doctrina y protocolos de operación claros para que esas capacidades se usen con un nuevo énfasis en la garantía de la vida, como indica el concepto de la seguridad humana, en lugar del tradicional enfoque en la destrucción del enemigo. Es muy importante que las fuerzas entiendan cuál es la diferencia y mostrar que esta no implica una pérdida de relevancia de su función. Por el contrario, se requiere que tengan una capacidad disuasiva real, que pueda contener el accionar de los grupos armados contra la población.

Frente a la creciente evidencia de las graves afectaciones humanitarias que están sufriendo algunos territorios y las señales equívocas y preocupantes que deja el accionar de los grupos armados, es de esperar que el gobierno nacional no solo se pronuncie, sino que haga los ajustes que se requieran para que la ambiciosa apuesta por la «paz total» tenga una oportunidad. De esto depende que el presidente Petro pueda cumplir con la promesa que hizo el día de su posesión.

Catalina Niño Guarnizo: es coordinadora de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert (fes) en Colombia y del Proyecto de Seguridad Regional de la fes para América Latina. Trabaja en asuntos de políticas de drogas, dinámicas de violencia, construcción de paz y crimen organizado transnacional y sus impactos en la gobernanza democrática.

Palabras claves: grupos armados, «paz total», Gustavo Petro, Colombia.

1. Santiago Rodríguez Álvarez y Juanita León: «La Paz Total de Petro es tan ambiciosa como riesgosa» en La Silla Vacía, 10/8/2022.

2. Las lideradas por alias «Mordisco» e «Iván Márquez», que se autodenominan Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia, respectivamente.

3. Lucas Reynoso: «Las cinco claves de la ley de la paz total de Gustavo Petro» en El País, 26/10/2022.

4. Alicia Méndez: «Grupos ilegales han roto el cese del fuego al menos 2,6 veces cada día» en El Tiempo, 26/3/2023.

5. «Cuestionan posición de comisionado de Paz ante desplazamiento de etcr en Mesetas» en El Espectador, 22/3/2023.

6. «Petro y la estrategia de paz y seguridad: efectos y alertas», Análisis de Coyuntura, Fundación Ideas para la Paz, 11/2022, disponible en <https://storage.ideaspaz.org/documents/fip_100diaspetro_violencia_finalv3.pdf>.

7. En una región del norte del departamento parece haber una alianza entre el eln y una de las disidencias de las farc para disputar el control del territorio a la otra disidencia, presente en la región desde 2017.

8. Elizabeth Dickinson: «La paradoja de la paz total» en Razón Pública, 12/3/2023.

9. Santiago Rodríguez Álvarez: «En jaque la premisa de la paz total: parar la guerra para negociar» en La Silla Vacía, 21/3/2023.

10. La Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, adscrita a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y creada por el actual gobierno, solo tiene funciones de seguimiento, mientras que su antecesora, la Consejería para la Estabilización, tenía funciones detalladas de ejecución y coordinación entre entidades.

11. «Implementarlo o modificarlo: la ambigua relación de Petro con el Acuerdo de Paz» en El Espectador, 18/3/2023.

12. Juanita León: «Los 7 ejes de una agenda de negociación más ventajosa para el eln» en La Silla Vacía, 12/3/2023.

El proceso constituyente en Chile

Entre la utopía y una realidad cambiante

Claudia Heiss

Chile realiza su tercer intento de superar la Constitución de 1980, luego del fracaso de la propuesta de Michelle Bachelet y del proceso constituyente iniciado tras el estallido social de 2019. Si el problema de la Convención anterior fue estar «a la izquierda» de Chile, la actual corre el riesgo contrario: estar demasiado «a la derecha». Una nueva derrota en el esfuerzo por superar el problema constitucional devolvería el país al punto de partida.

Chile se encuentra embarcado en el tercer intento de reemplazar la Constitución de 1980, heredada de la dictadura militar. El primero, liderado por el gobierno de Michelle Bachelet, quedó sepultado con el triunfo de la coalición de derecha en la elección presidencial de 2017. El segundo, iniciado en respuesta al estallido social de octubre de 2019, fracasó cuando en 2022, tras un año de trabajo, 62% del electorado rechazó en un plebiscito la propuesta progresista de la Convención Constitucional. El tercer proceso surgió de un acuerdo político que buscó responder a la grave crisis de legitimidad que aqueja a la Constitución, un texto que muy pocos defienden abiertamente1. De hecho, la campaña del Rechazo en el plebiscito no se basó en mantener la vieja Carta Magna, sino en criticar a la Convención y el nuevo texto, proponiendo hacer «una mejor», «una que nos una» en lugar del «mamarracho» producido por un órgano constitucional que parecía «un circo»2.

No era evidente que el acuerdo para esta tercera oportunidad fuera a ver la luz. Con una derecha fortalecida por el Rechazo en el plebiscito constitucional y que tuvo, además, un notorio repunte electoral en las elecciones parlamentarias de noviembre de 2021, cabía la posibilidad de que el tema constitucional quedase, una vez más, en el olvido. Sin embargo, el compromiso de «rechazar para reformar», por un lado, y por otro, la convicción en ciertos sectores conservadores de que mantener el estado de cosas solo prolongaría la inestabilidad llevaron a sellar un nuevo acuerdo político en diciembre de 2022 para reemplazar la Constitución.

No obstante, el contexto en que se da el nuevo proceso es diametralmente opuesto al anterior. Si la última Convención Constitucional partió de una hoja en blanco y de la sensación de que casi todo se podía discutir3, el nuevo parte del anteproyecto elaborado por una «Comisión Experta» designada por los partidos según su peso político en la elección parlamentaria de 2021. Al simbolismo reformista del primer proceso, que con frecuencia iba más allá de la capacidad real de cambio institucional, le sucedió un proceso marcado por la formalidad de las sesiones y acompañado de escaso debate público.

Dos meses después del plebiscito del 4 de septiembre de 2022, una encuesta de Ipsos y Espacio Público cifró en 74% el apoyo a la afirmación de que el país necesitaba una nueva Constitución. 90% consideró muy importante incluir derechos sociales como salud, educación, pensiones y vivienda, y 81% se mostró a favor de consagrar la protección del medio ambiente. Sin embargo, ese sondeo ya dio señales de un cambio de prioridades en la agenda pública. Solo 40% consideró que el tema tenía gran urgencia, mientras 31% lo evaluó como medianamente urgente y 23% dijo que no era urgente. Ante la pregunta: «¿Cree que el país tendrá una nueva Constitución dentro de los próximos dos años?», 51% opinó que sí y 30% que no. Más tarde, hacia finales de abril de 2023 y faltando poco para la elección del nuevo Consejo Constitucional el 7 de mayo, la encuesta Pulso Ciudadano mostró una fuerte caída en el apoyo al cambio constitucional: 49% dijo estar de acuerdo, contra 27% que se declaró indiferente y 24% en desacuerdo. Solo 26% dijo estar interesado y apenas 16,6% expresó confiar en el proceso. En este escenario, y en contra de la mayor parte de la experiencia comparada sobre cambio constitucional, no parece descabellado imaginar un tercer fracaso en los intentos por superar el largo problema constitucional que arrastra el país desde el retorno a la democracia.

Un proceso nacido del fracaso

El triunfo del «No» a la propuesta de nueva Constitución en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022 ha sido interpretado como un triple rechazo: al borrador, a la Convención Constitucional y al gobierno de Gabriel Boric. El fracaso del proceso obedeció a una combinación de problemas con las reglas de procedimiento y factores de la contingencia política4. Lo cierto es que, entre 2019 y el término de los trabajos del órgano constituyente, el país vivió las traumáticas consecuencias sociales y económicas del estallido y de la pandemia de covid-19, una inflación sin precedentes desde la transición a la democracia y una crisis de seguridad pública. En ese contexto, las demandas de cambio institucional pasaron a segundo plano.

La crisis política que desembocó en las movilizaciones de 2019 estuvo marcada por el cuestionamiento a las elites y a las instituciones políticas

La crisis política que desembocó en las movilizaciones de 2019 estuvo marcada por el cuestionamiento a las elites y a las instituciones políticas. Cuando, después de mucho negociar, los partidos políticos alcanzaron el acuerdo del 15 de noviembre, que buscaba reducir la presión de las protestas mediante el cambio a la Constitución, sectores de izquierda, incluidos el Partido Comunista y algunos en el Frente Amplio, lo rechazaron por considerar que dejaba fuera a las organizaciones sociales, verdaderas protagonistas de la revuelta. El propio Boric, entonces diputado por Convergencia Social, firmó el documento a título personal y en contra de la mayor parte de su partido, a riesgo de ser expulsado. Pero esa decisión lo catapultó a la Presidencia de la República. Y finalmente, dos años más tarde, el Partido Comunista terminó, ahora desde el gobierno, apoyando un nuevo acuerdo para el cambio constitucional mucho menos ventajoso para las ambiciones reformistas.

En 2019, cuando parecía que «Chile había cambiado», el temor era que el acuerdo de los partidos fuese insuficiente para descomprimir las protestas. Por eso, buscando extender la base de legitimidad social, se aprobaron tres reformas que ampliaban el espacio de representación en la futura Convención Constitucional: la regla que permitió a independientes competir en listas a la par con los partidos, la paridad de género y la reserva de 17 escaños para los pueblos originarios5. Las normas sobre pueblos originarios emanadas de la Convención y el rol que jugaron los independientes fueron duramente juzgados tras la derrota en el plebiscito de 2022. No ocurrió lo mismo con la paridad de género, mecanismo que replicó el nuevo proceso constitucional iniciado en 2023 para sus tres órganos: Comisión Experta, Comité Técnico de Admisibilidad y Consejo Constitucional.

La presencia de tantos independientes, muchos de ellos con preferencias intensas sobre temas específicos y con poca o nula experiencia en el trabajo legislativo, dificultó la negociación en la Convención. Por otro lado, ciertas posiciones percibidas como maximalistas se vieron reforzadas por el escaso poder negociador de la derecha, que obtuvo solo 20% de los asientos en la Convención6.

Varios factores incidieron en el rechazo al texto de la nueva Constitución: el voto de castigo a elites ahora identificadas con la Convención Constitucional; el tono en ocasiones destemplado del debate; el desprestigio del órgano constituyente, alimentado por su fragmentación y por varios escándalos; la poca representación de la derecha; el temor al cambio y a un eventual debilitamiento del derecho de propiedad o de las tradiciones en el nuevo escenario institucional, discurso amplificado por una campaña comunicacional que incluyó noticias falsas. También fue decisivo el voto obligatorio acordado para esta etapa final del proceso, que sumó por primera vez a 4,7 millones de personas que, en su gran mayoría, se inclinaron por el Rechazo.

El hecho es que, mientras en el plebiscito de octubre de 2020 78% de los votantes había aprobado el proceso constituyente, esta vez 62% rechazó la propuesta, en un universo electoral que aumentó de 51% a 86% de un padrón de 15 millones de personas, producto de la obligatoriedad del voto. La campaña del Rechazo, sin embargo, no se basó en mantener la Constitución de 1980, sino en abrir un nuevo proceso constituyente, más moderado. A la luz de este resultado, que fortaleció a la derecha, y de su control del Congreso tras las elecciones de 2021, la negociación para la nueva Constitución se dio en condiciones desfavorables para los sectores reformistas.

Después del triunfo del Rechazo, el debate sobre un nuevo proceso constituyente quedó circunscrito a los partidos políticos y el Congreso. Tras casi 100 días de negociaciones, los partidos firmaron el 12 de diciembre el «Acuerdo por Chile», un documento de cinco páginas que recogía negociaciones previas sobre «bordes» o «principios» constitucionales y establecía las instituciones y procedimientos para el inicio de un nuevo proceso. Esas negociaciones habían acordado 12 puntos que quedarían excluidos de la discusión y la creación de un comité que actuaría como árbitro encargado de velar por su cumplimiento.

El acuerdo de diciembre de 2022 propuso una comisión de 24 expertos designados en proporción a la representación de los distintos partidos en el Congreso

El acuerdo de diciembre de 2022 finalmente propuso una comisión de 24 expertos designados en proporción a la representación de los distintos partidos en el Congreso, y un Consejo Constitucional de 50 personas escogidas según la norma electoral del Senado. Se señaló que habría paridad de género de entrada y de salida, y escaños reservados supernumerarios en proporción a la votación indígena, elementos que quedaron regulados por una reforma constitucional aprobada en enero de 20237. Pero los escaños reservados para pueblos originarios, que en el primer Consejo fueron 17 de 155, quedaron reducidos, bajo el nuevo esquema, a uno sobre 51. La regla sobre candidaturas independientes fue eliminada.

Dos nuevos partidos de derecha nacidos en 2019, el Partido Republicano y el Partido de la Gente, rechazaron el nuevo acuerdo constitucional suscrito por la derecha tradicional agrupada en la coalición Chile Vamos, argumentando que no se debía cambiar la Constitución. Por otro lado, desde la izquierda, los partidos apoyaron formalmente el proceso. Sin embargo, algunas organizaciones sociales cuestionaron su legitimidad, por considerar que estaba cooptado por los partidos políticos8. Sectores de izquierda expresaron el temor de que un proceso controlado por la derecha terminara por «blanquear», con reformas mínimas, el modelo social y político instaurado por la dictadura. Y pocos días antes de la elección del Consejo Constitucional, algunos parlamentarios independientes llamaron a anular el voto.

El calendario del nuevo proceso estableció que una Comisión Experta elegida por el Congreso trabajaría entre marzo y junio en la elaboración del anteproyecto. Tras aprobar un primer borrador, a mediados de abril se inició la discusión de más de 900 indicaciones. El texto fue despachado para que el Consejo Constitucional, elegido el 7 de mayo, comience su discusión el 7 de junio. A comienzos de noviembre, el Consejo debe dar a conocer su propuesta constitucional con miras al plebiscito ratificatorio del 17 de diciembre. Adicionalmente, entre el 7 de junio y el 7 de julio se llevará a cabo un proceso de participación ciudadana coordinado por la Universidad de Chile y la Universidad Católica, en colaboración con todas las universidades acreditadas que deseen participar.

El Estado social se tambalea

Uno de los 12 «bordes», y tal vez la principal razón para el apoyo de la izquierda al proceso en un momento electoralmente adverso, es el Estado social y democrático de derecho. Se esperaba que esta definición permitiera superar el Estado subsidiario implícito en la Constitución de 1980, que relega la prestación pública de servicios sociales a un segundo plano frente a la primacía del mercado. Sin embargo, los debates en la Comisión Experta generaron dudas respecto a que ese principio se vaya a materializar.

Las movilizaciones sociales de las últimas décadas, el surgimiento de nuevos partidos y movimientos de izquierda y la demanda por una nueva Constitución tuvieron como factor común una politización de la desigualdad, traducida en demandas de protección social frente al aumento del endeudamiento privado para satisfacer necesidades básicas como educación y salud, en un contexto de bajas pensiones y una percepción de sistemáticos abusos hacia los consumidores9.

En su primera cuenta pública ante el Congreso Nacional, a comienzos de junio de 2022, el presidente Boric anunció más de 30 iniciativas de ley concentradas en las áreas de salud, educación, pensiones, vivienda y trabajo. Sin embargo, esta agenda se vio debilitada por la vigencia, tras el plebiscito de septiembre, de la Constitución de 1980 y sus trabas institucionales a las políticas redistributivas. Adicionalmente, la reacción conservadora que suscitó el resultado del plebiscito hizo retroceder la disposición de la derecha a buscar acuerdos. En la discusión sobre la reforma de pensiones, cobró fuerza la negativa a establecer un pilar contributivo en una pequeña fracción de los fondos de capitalización individual, y se rechazó la idea de legislar una reforma tributaria, clave para la agenda social.

Junto con el retroceso en la disposición a negociar por parte de sectores conservadores, las administradoras de fondos de pensiones (afp) y las instituciones de salud previsional (isapres) venían desde el primer proceso desplegando importantes ofensivas comunicacionales en defensa de la «libertad de elección» y la propiedad individual y heredabilidad de los fondos de pensiones. Si bien las negociaciones iniciales de la Comisión Experta dieron señales de un acuerdo transversal sobre la necesidad de garantizar la provisión mixta de servicios públicos a través de prestadores públicos y privados, las diferencias surgen respecto de la libertad para no contribuir a su provisión pública. En el Estado subsidiario, como se ha entendido esta libertad de elección bajo la Constitución de 1980, las personas pueden decidir dónde depositar sus fondos previsionales de salud y seguridad social, lo que torna inconstitucional el componente solidario en los servicios sociales.

Frente a la posible eliminación de las Leyes Orgánicas Constitucionales que estableció la Constitución de 1980, protegidas por supermayorías de cuatro séptimos, la Comisión Experta ha dado señales de querer «subir» al texto constitucional elementos que se encontraban en las leyes orgánicas, o de querer explicitar prácticas propias del Estado subsidiario, argumentando que no son incompatibles con el Estado social y democrático de derecho. En este debate, académicos de la derecha han llegado a cuestionar que se defina Chile como un «Estado social y democrático»; señalan que el país «se organiza» como un Estado, pero no lo es en su esencia, y proponen una definición de «Estado social y subsidiario de derecho». Esta plasticidad conceptual genera legítimas dudas de que vaya a primar el compromiso de superar la subsidiariedad con el proceso constitucional.

En la disputa ideológica por la nueva Constitución hay al menos cuatro posiciones. Desde la izquierda, algunos quisieran rescatar lo más posible del proyecto constitucional rechazado en el plebiscito de 2022, algo que parece poco probable dados los resultados electorales del 7 de mayo. La centroizquierda busca realizar reformas que avancen en la habilitación de un juego democrático que ha sido fuertemente restringido por la Carta Fundamental. Sectores conservadores esperan superar el problema de ilegitimidad democrática de la Constitución manteniendo lo más fielmente posible sus contenidos. Por último, la extrema derecha quisiera que el ejercicio fracasara y que se mantenga la Constitución vigente.

Junto con el debate sobre el Estado social, la Comisión Experta dedicó considerable energía a tratar el sistema político

Junto con el debate sobre el Estado social, la Comisión Experta dedicó considerable energía a tratar el sistema político, a la luz de la alta fragmentación partidista que ha vivido el país desde la reforma electoral de 2015. Si bien hay acuerdo en que la presencia de más de 20 partidos en la Cámara de Diputadas y Diputados y la falta de disciplina partidaria, entre otros factores, atentan contra la capacidad negociadora de las fuerzas políticas, las medidas que se han propuesto, como establecer un umbral de 5% para que los partidos puedan integrar el Congreso, no parecen suficientes para superar los problemas de funcionamiento del sistema de partidos.

Una ciudadanía profundamente escéptica y una agenda pública centrada en la delincuencia, la crisis migratoria y la economía contrastan con la esperanza de que el nuevo proceso constituyente logre generar estabilidad y avanzar en la democratización del sistema político. Los partidos, a cargo del proceso, siguen contando con bajísimo respaldo popular.

La amenaza populista

La elección del Consejo Constitucional del 7 de mayo se organizó en cinco listas. Por la izquierda, la lista Unidad para Chile incluyó a los partidos del Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Frente Regionalista Verde Social y el Partido Liberal. En la centroizquierda, el pacto Todo por Chile agrupó al Partido por la Democracia, la Democracia Cristiana y el Partido Radical. El pacto Chile Seguro se compuso de los tres partidos de Chile Vamos: Unión Demócrata Independiente (udi), Renovación Nacional y Evolución Política (Evópoli). El Partido Republicano y el Partido de la Gente compitieron en listas separadas. Las campañas políticas para la integración del nuevo Consejo encargado de redactar la Carta Magna concitaron escaso interés y se centraron más en la contingencia, prometiendo seguridad, la defensa de las tradiciones o el apoyo a Carabineros, que en una propuesta constitucional. Finalmente, la extrema derecha (Partido Republicano) obtuvo 35,4% de los votos y 23 bancas sobre 51, mientras que la izquierda se quedó con 28,6% y 16 bancas. La derecha (Chile Seguro) ha logrado 21% y 11 bancas y la centroizquierda de Todo por Chile, la gran derrotada, no obtuvo bancas.

Si la queja respecto del proceso anterior fue que la configuración de la Convención Constitucional había quedado a la izquierda del votante medio, el nuevo Consejo Constitucional quedará a su derecha. El cambio en el escenario político llevó a que agendas redistributivas y de inclusión política, resumidas por la revuelta del 18 de octubre de 2019 como una demanda de «dignidad», quedaran marginadas por discursos de seguridad y mano dura. El propio estallido social y la contracción económica que trajo la pandemia contribuyeron a transformar las masivas protestas de 2019 en un imaginario de violencia criminal y descontrol. El alza en la tasa de homicidios, la crisis migratoria y los atentados en la Araucanía han quedado asociados a los desórdenes y rayados de las protestas de 2019. La confianza en el cuerpo de Carabineros, que se había desplomado por escándalos de corrupción, violaciones de derechos humanos y ocultamiento de información, comenzó a repuntar a medida que la agenda de seguridad pública se tornaba primera prioridad nacional. A comienzos de abril de 2013, el Congreso aprobó una ley de fortalecimiento de las policías conocida como Ley Naín-Retamal en homenaje a dos carabineros asesinados (rechazada por gran parte de la izquierda). Hacia finales de ese mes, el Congreso Nacional dio prioridad a otros 31 proyectos de ley relacionados con seguridad pública. Todo esto, en un clima de desconfianza hacia las elites y las instituciones, especialmente el Congreso y los partidos.

Con partidos programáticamente débiles, desconectados de sus bases y con cada vez menos militantes, los discursos de «mano dura» han dado dividendos a la derecha populista. En 2019 surgió el Partido de la Gente, legalizado en 2021. Esta agrupación se declara «ni de izquierda ni de derecha», sostiene un discurso antipartidos y apela al sentido común. En poco tiempo se convirtió en el partido con más militantes del país. Su candidato, el empresario Franco Parisi, obtuvo 13% de los votos en la primera vuelta presidencial de 2021. Por otro lado, el candidato del Partido Republicano, de extrema derecha, José Antonio Kast, un ex-militante de la udi, ganó la primera vuelta presidencial con casi 28% de los votos. Pero mientras que el partido de Katz ganó las últimas elecciones para el Consejo Constitucional, el de Parisi sufrió una dura derrota: 5,5% de los votos y ninguna banca.

La misma distancia entre representantes y ciudadanía que antes alimentó el estallido social hoy nutre a los grupos de extrema derecha. Cristóbal Rovira considera que las elites políticas y económicas no han logrado conectar con las exigencias ciudadanas y abonan así el terreno para el populismo10. Por la derecha, el Partido de la Gente y el Partido Republicano ofrecen dos alternativas supuestamente «antielitarias». Por la izquierda, Pamela Jiles reproduce también un discurso de superioridad moral del pueblo sobre dirigentes corruptos. En ese escenario, una pregunta relevante es si los actores políticos institucionales lograrán procesar las demandas ciudadanas y diferenciarse de esos proyectos populistas, o cederán a la tentación de ajustar sus discursos a estas rendidoras agendas.

Así como la izquierda parece haber sobreinterpretado su mandato reformista tras el abrumador triunfo en la elección de la Convención Constitucional en 2021, hoy existe un peligro de signo opuesto si la derecha decide replicar la falta de diálogo político en un momento de repunte conservador. Como ha advertido la politóloga Valeria Palanza, la derecha triunfante en 2022 no ha dado señales de haber aprendido de la experiencia anterior y avanza en el proceso constitucional como si las demandas que en 2019 dieron paso al proceso constituyente no hubieran existido11.

La construcción de una Constitución que pueda ser respetada por todas y todos exige un diálogo generoso, que recoja las demandas de los distintos sectores políticos del país. Un nuevo fracaso en el intento de superar el problema constitucional chileno no haría más que debilitar la capacidad de canalizar institucionalmente el conflicto y abonaría proyectos populistas que pueden dañar aún más la convivencia democrática.

Claudia Heiss: es politóloga. Es profesora e investigadora en la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, el Núcleo Milenio para el Estudio de la Política, Opinión Pública y Medios en Chile (mepop) y el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (coes).

Palabras claves: Convención Constitucional, dictadura, Estado social, Chile.

1. Chile Vamos –coalición que incluye al partido Unión Demócrata Independiente (udi), fundado por el principal ideólogo de la Constitución, Jaime Guzmán– planteó que la opción del Rechazo en el plebiscito pretendía redactar un mejor texto. A la derecha de Chile Vamos, surgió en junio de 2019 el Partido Republicano. Su postura, a diferencia de la sostenida por la udi, fue rechazar para poner fin al proceso constituyente y mantener la Constitución de 1980.

2. Para una descripción de elementos que contribuyeron al desprestigio de la Convención Constitucional, v. Jennifer Piscopo y Peter Siavelis: «Chile’s Constitutional Chaos» en Journal of Democracy vol. 34 No 1, 1/2023.

3. El concepto de «hoja en blanco» apuntaba a garantizar que el proceso constituyente no fuera una reforma a la Constitución de 1980. Sin embargo, tenía importantes limitaciones establecidas en la ley 21.200, que le prohibía a la Convención atribuirse el ejercicio de la soberanía (por ejemplo, pasando por sobre los poderes constituidos), modificar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por el país y que se encontrasen vigentes.

4. Guillermo Larraín, Gabriel Negretto y Stefan Voigt: «How Not to Write a Constitution: Lessons from Chile» en Public Choice vol. 194 No 3-4, 2023.

5. Julieta Suárez-Cao: «Reconstructing Legitimacy after Crisis: The Chilean Path to a New Constitution» en Hague Journal on the Rule of Law vol. 13 No 2-3, 2021.

6. C. Heiss: «¿Por qué se rechazó la propuesta de nueva Constitución en Chile?» en Blog Revista Derecho del Estado, 2/11/2022.

7. Ley 21.533 en Diario Oficial, 17/1/2023.

8. V., por ejemplo, Nicolás Quiñones: «‘Encuentro nacional contra el fraude constitucional’: organizaciones se reúnen para ‘impugnar’ el proceso constituyente» en La Tercera, 25/3/2023.

9. Nicolás Somma, Matías Bargsted, Rodolfo Disi Pavlic y Rodrigo Medel: «No Water in the Oasis: The Chilean Spring of 2019-2020» en Social Movement Studies vol. 20 No 4, 2021.

10. «Cristóbal Rovira: La clase política debe hacer un mea culpa sobre el motivo por el que las ideologías populistas prenden en la población» en diarioUchile, 25/4/2023.

11. V. Palanza: «La importancia de la memoria en política» en La Tercera, 24/4/2023.

Incertidumbre y oposición: la derecha ante el gobierno de Gustavo Petro

Laura Gamboa

La llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de Colombia, así como sus reformas y su estilo de hacer política, han generado diversas reacciones y la oposición de sectores conservadores y de las elites tradicionales. Una parte de la oposición ha apelado a estrategias extrainstitucionales con discursos radicales y le ha negado legitimidad al gobierno. Otra ha recurrido a estrategias más moderadas y discursos más conciliadores. Estas estrategias han sido claves para mantener un espacio viable de negociación.

Como primer presidente de izquierda en Colombia, Gustavo Petro ha generado mucha incertidumbre. Las políticas públicas que impulsa y su estilo de hacer política inspiran tanto temor como esperanza. Para muchos, Petro representa la posibilidad real de hacer cambios estructurales necesarios en un país desigual y poco inclusivo; para otros, el presidente –y los sectores que entraron con él en el gobierno– amenazan una estabilidad económica y política construida en una arena pública relativamente limitada.

La respuesta tanto a las reformas del presidente como a su discurso ha sido diversa. Los primeros esfuerzos para oponerse a Petro privilegiaron tácticas extrainstitucionales con mensajes radicales. Recurriendo a un discurso emocional «antiglobalista» y anticomunista, líderes de derecha se movilizaron en las calles contra el presidente tan solo semanas después de que se posesionara. Estas primeras manifestaciones no buscaban oponerse a políticas particulares, querían deslegitimar al gobierno democráticamente elegido. Esfuerzos posteriores han sido de corte más moderado. Los líderes más visibles del Centro Democrático, de partidos independientes como Cambio Radical y, en ocasiones, las facciones menos cercanas al gobierno de partidos inicialmente aliados al presidente, como el Partido Conservador, el Partido Liberal y el Partido de la u, han utilizado estrategias mayormente institucionales con discursos más ponderados. Enfocando sus esfuerzos en el Congreso, estos partidos han recurrido a negociaciones detrás de bambalinas, debates públicos y obstrucción parlamentaria para negociar, limitar o tumbar las reformas impulsadas por el gobierno. Si bien en ocasiones han organizado protestas, estas movilizaciones se han enfocado en políticas particulares y no en un ataque frontal a la legitimidad presidencial.

La decisión de usar este tipo de estrategias institucionales con discursos moderados ha sido clave para proteger la democracia colombiana. Este tipo de tácticas no implican un riesgo integral para el presidente. Al recurrir a ellas, los políticos que se oponen a las reformas petristas no solo han demostrado respeto por los poderes elegidos, sino disposición a negociar. Las consecuencias han sido positivas. Primero, el gobierno ha podido avanzar con reformas importantes que prometen mejorar la equidad y la inclusión en Colombia. Si bien el presidente ha tenido que negociar algunas de sus iniciativas, ha logrado impulsar varias de ellas en el Congreso. Segundo, las estrategias utilizadas por la oposición han conseguido contener situaciones potencialmente polarizantes. Usando el Congreso para debatir las reformas del presidente, los líderes de oposición han logrado desmentir acusaciones de intransigencia por parte del gobierno y contrarrestar los mensajes alarmistas de erosión democrática que lanzan algunos políticos, gremios, medios o líderes de opinión. Tercero, estas estrategias han obligado al gobierno y a los sectores más radicales de la oposición a jugar el juego institucional. Con el Poder Legislativo dispuesto a debatir las iniciativas, es difícil sacar el debate a las calles, aun si esta es la arena que preferirían facciones más intransigentes en ambos bandos.

El gobierno de izquierda

Gustavo Petro llegó al poder en la cúspide de una ola de descontento popular generado por inequidades sistemáticas que agravó la pandemia1. Pese a décadas de crecimiento y estabilidad macroeconómica, Colombia se ha convertido en el segundo país más desigual de América Latina2. En los últimos 20 años, las elites y capas medias urbanas han vivido mejoras importantes en su calidad de vida, pero han dejado atrás a los habitantes de las zonas rurales, las comunidades indígenas y los afrodescendientes3. La incapacidad de introducir los cambios necesarios para resolver estos problemas estructurales generó una crisis de Estado. Desilusionados con las instituciones democráticas y los políticos tradicionales, los colombianos votaron por dos candidatos populistas en 20224. La segunda vuelta electoral se la disputaron, a la derecha, el outsider Rodolfo Hernández5, y a la izquierda, Gustavo Petro, un político con más trayectoria, pero con un discurso similarmente maniqueo6. Petro ganó la segunda vuelta con el apoyo tanto de militantes de su partido (Pacto Histórico) como de votantes de centro y centroizquierda que habían apoyado a otros candidatos en la primera vuelta.

El ascenso de Petro a la Presidencia ha generado zozobra en sectores conservadores y elites tradicionales

El ascenso de Petro a la Presidencia ha generado zozobra en sectores conservadores y elites tradicionales. Parte de esto tiene que ver con los cambios que está proponiendo el mandatario. El nuevo presidente llegó al poder prometiendo transformaciones estructurales en temas ambientales, económicos y de seguridad7. Una vez en el poder, el gobierno enfocó sus esfuerzos en un paquete de cinco reformas y un ambicioso plan de paz. De las cinco piezas de legislación, cuatro buscaban cambios importantes en políticas públicas (reforma tributaria, reforma a la salud, reforma pensional y reforma laboral) y una en temas electorales (reforma política). El plan de paz buscaba establecer mecanismos para negociar con diferentes grupos armados de manera simultánea.

La agenda es novedosa, pero no necesariamente radical. El programa del gobierno apunta a diseñar un sistema de impuestos menos regresivo, crear un sistema de salud universal, generar recursos para financiar la pensión de personas de bajos ingresos, aumentar las protecciones al trabajo formal y dar fin a la guerra que ha consumido a Colombia por décadas. Estos objetivos están en línea con las directrices de la centroizquierda mundial. Este programa no es muy diferente del programa del Partido Demócrata en Estados Unidos o los partidos socialdemócratas europeos.

La segunda fuente de incertidumbre sobre Petro viene de su estilo de hacer política. Petro es un político populista. Tiene un discurso maniqueo que identifica al «pueblo bueno» en contraposición a la «elite mala» y le gusta movilizar la calle en apoyo a sus políticas promoviendo lazos de representación directa entre el líder y el pueblo. El tono y las palabras que utiliza en sus declaraciones en Twitter y sus «balconazos»8 han suscitado críticas y despertado temores por su similitud con las tácticas utilizadas por populistas de talante autoritario, como Hugo Chávez, Evo Morales, Álvaro Uribe o Nayib Bukele9.

A diferencia de estos populistas autoritarios, sin embargo, Petro ha demostrado tener fuertes inclinaciones institucionales. Poco después de haber sido elegido, el mandatario montó una coalición mayoritaria y diversa en el Congreso. Al Pacto Histórico y otros partidos minoritarios de izquierda se sumaron el Partido Verde (de centro) y partidos tradicionales como el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la u, lo que le dio al presidente una mayoría de 79 de las 108 curules del Senado y 140 de las 184 curules de la Cámara en los primeros meses de su gobierno10. Petro se ha apoyado en esta coalición para impulsar su agenda. Ha introducido todas sus reformas en el Legislativo y se ha demostrado dispuesto a negociar con las diferentes facciones de su frente político y la oposición para llevarlas a buen término. Con más o menos disputas, y a pesar de declaraciones en contrario, hasta el día de hoy el gobierno no ha intentado brincarse al Congreso para empujar su agenda.

Petro no ha intentado evitar el debate de su agenda en el Legislativo, ni siquiera en estos últimos meses cuando se han hecho más visibles las tensiones entre el Pacto Histórico y los partidos tradicionales. Con los conservadores declarándose independientes11, el Partido de la u evaluando salirse de la coalición de gobierno12 y el Partido Liberal divido entre una facción más popular pro-Petro y una más tradicional opositora13, las reformas del gobierno tienen un futuro más incierto. Pero a pesar de esa incertidumbre, el presidente no ha dado señales de querer aprobarlas por fuera del Legislativo.

La respuesta de la oposición

La oposición al gobierno ha sido multifacética. El partido de oposición más importante es el Centro Democrático, dirigido por el ex-presidente de derecha Álvaro Uribe. A este se le han sumado otros partidos independientes, como Cambio Radical, y, de manera más coyuntural, los líderes de partidos inicialmente aliados al gobierno, como el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la u, que si bien no se han declarado en oposición al gobierno, se han distanciado de algunas de sus iniciativas. No obstante, la oposición oficial es minoritaria (tiene alrededor de 13 curules en el Senado y 19 curules en la Cámara Baja) y la coalición de gobierno no es estática. Hay temas en los que hay poca fricción entre los diferentes partidos que la componen. Hay otros temas en los que hay divisiones programáticas fundamentales. En esas situaciones, la oposición oficial ha tenido la oportunidad de ganar aliados capaces de inclinar la balanza a su favor.

La respuesta a las reformas de Petro ha sido diversa. Por un lado, ha habido reacciones extrainstitucionales con discursos radicales. Con el apoyo de algunos políticos de oposición14, grupos ciudadanos han organizado marchas que utilizan eslóganes «antiglobalistas», racistas y anticomunistas para deslegitimar al presidente y a la vicepresidenta Francia Márquez, democráticamente elegidos. Las movilizaciones del 26 de septiembre y el 22 de octubre de 2022 son un buen ejemplo de estas tácticas. Las marchas no eran contra reformas particulares, sino contra Petro y la vicepresidenta –la primera de origen afrocolombiano de la historia del país–. En ellas se le pedía al gobierno que retirara todas sus reformas. Declarando de entrada que no había disposición a negociar, los organizadores amenazaban con mantener las movilizaciones si no se accedía a sus demandas15.

Este tipo de estrategias extrainstitucionales con discursos radicales son en general negativas para la democracia. Ponen al presidente contra la pared y dejan poco espacio para transar. Las tácticas que utilizan la calle para descalificar y amenazar el derecho a gobernar de aquellos que fueron democráticamente elegidos no solo polarizan, sino que deslegitiman las críticas programáticas que pueda tener la oposición. Las marchas de septiembre y octubre no generaron los cambios que sus organizadores querían, pero sí dañaron la imagen de los opositores al gobierno16. Las consignas que atacan radicalmente a la vicepresidenta o presentan al presidente y su partido como títeres de George Soros que quieren transformar Colombia en Cuba y Venezuela sirven para movilizar a las bases del Centro Democrático, pero son menos útiles para atraer a ciudadanos de centroderecha.

La oposición partidaria ha utilizado estrategias institucionales con discursos más moderados

Por otro lado, la oposición partidaria ha utilizado estrategias institucionales con discursos más moderados. Las movilizaciones durante los primeros meses del gobierno de Petro capturaron la atención del país, pero no lograron el apoyo de los pesos pesados opositores. Brillaron por su ausencia los políticos más importantes de la coalición opositora, en particular el ex-presidente Uribe, quien se mostró más dispuesto a construir puentes con el gobierno que a destruirlos17.

En respuesta a las reformas, este sector de la oposición, de la mano de Cambio Radical y –más recientemente– los dirigentes del Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la u, ha utilizado el Congreso para denunciar, modificar, demorar o tumbar las reformas del gobierno. Uribe, César Gaviria del Partido Liberal, Carlos Andrés Trujillo y (con menos entusiasmo) Efraín Cepeda del Partido Conservador y Dilian Francisca Toro del Partido de la u se han reunido repetidamente con Petro para afinar las reformas y asegurar su trámite en el Legislativo. El Centro Democrático ha puesto en marcha cuatro mociones de censura contra los ministros del gobierno18. Aunque fallidas, esas iniciativas han servido para plantear de forma pública y visible las críticas que los legisladores (y sus votantes) tienen en contra del gobierno.

Los congresistas también le han hecho guiños a la Corte Constitucional19. En los debates sobre la reforma a la salud, por ejemplo, han dejado constancia de posibles vicios de procedimiento20. De aprobarse, lo más probable es que usen esos argumentos para demandar la ley.

Esto no significa que la oposición haya dejado de movilizarse. Durante el primer semestre de 2023, hubo dos marchas en contra del gobierno. Estas, sin embargo, tuvieron un tono relativamente diferente. No solo se enfocaron en reformas particulares (en especial, la reforma a la salud presentada en febrero pasado), sino que han tenido objetivos más pragmáticos. En abril, por ejemplo, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia invitó a participar en las demostraciones para «construir sobre lo construido»21. El mensaje era relativamente conciliador. Reconociendo la necesidad de mejorar el sistema de salud, le pedía al gobierno que reconsiderara algunos puntos de la reforma.

Este tipo de actitudes demuestran que, aunque existen algunos opositores desleales que –como la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal y el joven diputado del mismo partido Miguel Polo Polo– utilizan noticias falsas y mensajes emocionales para movilizar a sus bases en contra del gobierno22, la coalición opositora cuenta con un sector importante que ha aceptado el derecho a gobernar de Petro y está dispuesto a hacer oposición leal.

El arte de oponerse a los márgenes

En otros artículos23 he resaltado la importancia de utilizar estrategias institucionales con objetivos (y discursos) moderados para proteger la democracia. Tácticas que usan Congreso, cortes o elecciones para combatir reformas particulares hacen parte del juego democrático normal. No solo protegen la legitimidad de la oposición, sino que le bajan la temperatura al juego político. En Colombia, el uso del Congreso por parte de legisladores opositores, independientes y miembros de la coalición gubernamental para contrarrestar o moderar las reformas introducidas por el gobierno ha permitido debatir y considerar la agenda petrista con seriedad, contener situaciones potencialmente polarizantes y mantener el juego político en la arena institucional.

La oposición no solo ha logrado bloquear reformas cuestionables –como la reforma política, que buscaba darle ventajas electorales al gobierno24–, sino que además ha conseguido modificar otras iniciativas de corte económico y social, como la reforma tributaria. Las tácticas moderadas institucionales también han conseguido mantener a raya la polarización. Pese a actuar en el marco institucional, el discurso populista de Petro genera temor en ciertos sectores de la sociedad colombiana. Sus declaraciones en Twitter o en manifestaciones públicas son normalmente agresivas hacia sus adversarios y amenazan con el uso de poderes de excepción o la calle para superar los obstáculos que «otros» le pongan a la agenda del gobierno25. El trabajo de la oposición desde el Congreso ha logrado de alguna forma acallar esas alarmas. Con un discurso relativamente moderado, no solo han restado credibilidad a las acusaciones de intransigencia del presidente, sino que le han abierto espacios al gobierno para tramitar su agenda sin necesidad de evadir al Legislativo. Hasta el día de hoy, las reformas que han prosperado han sido negociadas.

Conclusiones

La llegada de Petro al poder ha generado mucha incertidumbre. Sus reformas y su estilo de hacer política han incitado temor entre sectores conservadores y elites tradicionales. En medio de discursos polarizantes por parte del gobierno que amenazan con «revoluciones» y mensajes de alarma por parte de sectores de oposición que anuncian el «fin de la democracia colombiana», la oposición institucional moderada desde el Congreso ha sido fundamental. Reconociendo la legitimidad del gobierno elegido, líderes de partidos de derecha y centroderecha han logrado acallar temores. No solo han conseguido modificar algunas de las reformas del presidente, sino que han mantenido el Congreso como un espacio viable de negociación, lo que ha obligado tanto al gobierno como a los sectores más radicales de la oposición a jugar el juego institucional.

El hecho de que este tipo de oposición haya tenido éxito no significa que la situación sea estable. Algunas de las reformas de Petro han generado mucha resistencia. Es difícil a veces conciliar el espíritu transformador del gobierno con los deseos de mantener el statu quo de las elites tradicionales colombianas. Hay mucha resistencia al cambio (y la incertidumbre que este representa). En medio del tire y afloje para empujar o limitar la agenda del gobierno, la intuición ha sido equiparar la puja por políticas públicas relativamente controversiales (como la reforma a la salud) o crisis ministeriales con escenarios de erosión democrática. Este tipo de equivalencias aumentan la temperatura del juego político y ponen en riesgo el trabajo que hasta hoy han hecho tanto gobierno como opositores por mantener el juego institucional.

El balance es complicado. Por un lado, Petro tiene el derecho a impulsar su agenda desde el gobierno. Que lo haga no significa que esté erosionando la democracia. Algunas de las políticas que propone serán positivas, otras lo serán menos. Eso es cierto para cualquier gobierno democrático. Por otro lado, la oposición tiene derecho a plantear su desacuerdo. El hecho de que no concuerden con las políticas implementadas por el gobierno no significa que estén en oposición al pueblo o que no quieran lo mejor para Colombia, como a veces lo quiere hacer ver el presidente.

Encontrar el balance entre estas dos posiciones en medio de altos niveles de incertidumbre y discursos grandilocuentes de lado y lado es un trabajo difícil. El éxito depende de la capacidad del gobierno de reconocer el valor de avanzar con una agenda negociada y de la introspección de la oposición. Si bien menos profundas de lo que quisiera el presidente, las políticas negociadas son en general más estables. Con más sectores involucrados, son más difíciles de desmontar. Si bien más radicales de lo que quisiera la oposición, las reformas que propone el gobierno responden a demandas de grupos excluidos de la arena política a los que hay que darles canales institucionales para tramitar sus preferencias.

Laura Gamboa: es profesora asistente de la Universidad de Utah. Su agenda de investigación se centra en temas de estabilidad democrática. Es autora de Resisting Backsliding: Opposition Strategies against the Erosion of Democracy (Cambridge up, Cambridge, 2022).

Palabras claves: cambio, democracia, oposición, Gustavo Petro, Colombia.

1. Juan Albarracín, Sandra Botero y L. Gamboa: «Colombia’s New President Aims to Swing His Country Left: It Won’t Be Easy» en Washington Post, 30/6/2022.

2. Banco Mundial: «Poverty and Inequality Platform», <data.worldbank.org>, 2021.

3. Laura García Montoya y Arturo Chang: «La historia del ‘progreso’ que deja atrás a millones en Colombia: algunas lecciones de la movilización nacional» en La Silla Vacía, 1/7/2021; Silvia Otero-Bahamon: «Subnational Inequality in Latin America: Empirical and Theoretical Implications of Moving beyond Interpersonal Inequality» en Studies in Comparative International Development vol. 54 No 2, 2019.

4. S. Botero y L. Gamboa: «Analysis of Trends in Democratic Attitudes: Colombia Report», usaid, 1/2023.

5. S. Botero y Lisa Zanotti: «Sí, Rodolfo Hernández es populista. No, no es Donald Trump» en La Silla Llena, blog de La Silla Vacía, 1/6/2022.

6. L. Gamboa: «Latin America’s Shifting Politics: The Peace Process and Colombia’s Elections» en Journal of Democracy vol. 29 No 4, 2018.

7. J. Albarracín, S. Botero y L. Gamboa: ob. cit.

8. En tres ocasiones el presidente ha convocado a marchas que terminan con él dando un discurso en el balcón del palacio presidencial.

9. Luis Carlos Vélez: «El ‘balconazo’ de Petro» en Semana, 18/2/2023.

10. Juan Miguel Hernández Bonilla: «Petro sella una sólida coalición en el Congreso con el apoyo de los partidos tradicionales» en El País, 8/9/2022.

11. Santiago Triana Sánchez: «El Partido Conservador se declara independiente del Gobierno de Petro» en El País, 3/5/2023.

12. Mateo García Agudelo: «Dilian Francisca Toro habla del futuro de la u: ‘Queremos ir a la independencia’» en El Tiempo, 3/5/2023.

13. S. Triana Sánchez: «El Partido Liberal se rompe en plena crisis de la coalición de Gobierno» en El País, 26/4/2023.

14. «Marchas del 26 de septiembre contra las reformas de Petro: puntos de concentración en Bogotá y Colombia» en Semana, 19/9/2022.

15. Ricardo Ávila Palacios: «Las razones de la marcha de hoy contra las reformas de Petro, según Pierre Onzaga» en El Espectador, 26/9/2022.

16. María Jimena Duzán: «Así marcha la nueva derecha en Colombia» en A Fondo, podcast, 2/5/2023.

17. «Gustavo Petro y Álvaro Uribe tendrán una segunda reunión, ¿de qué hablarán?» en El Espectador, 26/9/2022.

18. María Alejandra Castillo: «Cuatro mociones de censura a 3 funcionarios en 9 meses completa el gobierno de Gustavo Petro en abril» en Infobae, 8/4/2023.

19. S. Botero y L. Gamboa: «Corte al Congreso: Poder Judicial y Trámite Legislativo en Colombia» en Latin American Research Review vol. 56 No 3, 2021.

20. «Reforma a la salud: ¿ley ordinaria o estatutaria? Esa es la cuestión» en Cambio, 15/2/2023.

21. «Paloma Valencia convoca nuevas marchas de la oposición para el 22 de abril» en El Espectador, 4/4/2023.

22. M.J. Duzán: ob. cit.

23. L. Gamboa: «Oposición en los márgenes. Estrategias contra la erosión de la democracia en Colombia y Venezuela» en Desafíos vol. 34 No 2, 28/6/2022.

24. Juan Esteban Lewin: «Así se hundió la reforma política de Petro y Roy» en El País, 24/3/2023.

25. Ricardo González Duque, Santiago Rodríguez Álvarez y Alejandro Valencia Carmona: «Petro en el 1 mayo: empieza la política como ‘campo de batalla’» en La Silla Vacía, 1/5/2023.

Jim Pluk es un ilustrador, autor y muralista colombiano. Ha ilustrado y escrito numerosas publicaciones, entre ellas cómics para adultos, jóvenes y niños. Lleva 20 años trabajando en el medio artístico y ha realizado exposiciones individuales de sus pinturas y dibujos en diferentes galerías de América y Europa. Instagram: @Jimpluk. Blog: <http://plukart777.blogspot.com/>.   

Batallas y reconfiguraciones en la derecha chilena

Stéphanie Alenda

La emergencia del Partido Republicano, liderado por José Antonio Kast, se contrapuso a las tendencias a la moderación de gran parte de la derecha chilena desde los años 2000. En este sentido, Chile se sumó a una corriente más amplia: la expansión de derechas radicales en gran parte de las democracias occidentales. En un clima político que viró desde agendas de justicia social –sobre todo durante el estallido– hacia la cuestión de la inseguridad, esta derecha busca sacar partido de la nueva coyuntura.

Las instituciones representativas tradicionales están atravesando una crisis en muchos países del mundo, aunque no existe un consenso sobre su irreversibilidad o excepcionalidad. Esta regresión ha dado lugar a interpretaciones de tintes alarmistas sobre las disfunciones institucionales de regímenes en los que las elites ya no actúan como garantes de las normas democráticas básicas1 o concentran demasiado poder económico2.

La incapacidad de los sistemas políticos para encauzar demandas y ofrecer soluciones concretas a la sociedad, junto con la expansión de la crítica entre la ciudadanía, ha contribuido a una radicalización de los electorados en diferentes partes del mundo, y esto se ha convertido en caldo de cultivo para las derechas radicales. En particular, el electorado no teme transgredir ciertos ideales democráticos cuando estos chocan con temas apremiantes de su vida cotidiana como el orden y la seguridad, el aumento de los precios o la inmigración. Un reciente estudio mostró que, incluso en Finlandia, una de las democracias más avanzadas del planeta, la ciudadanía estaba dispuesta a sacrificar los principios de la democracia liberal en un trade-off para conseguir objetivos de interés público3. Todo indica que las derechas radicales han logrado capitalizar gran parte de ese «inconformismo social en favor de distintas salidas políticas antiprogresistas»4.

Este artículo analiza esta creciente normalización como parte de un fenómeno global, y las dinámicas de reconfiguración de las derechas en Chile desde una estrategia de moderación hasta una regresión conservadora. Examina los factores de apoyo al Partido Republicano (pr) y sus implicancias para la derecha convencional.

El patrón de normalización de la nueva derecha radical

Según Cas Mudde, las derechas radicales se distinguen de las derechas «extremas» o antidemocráticas por aceptar las reglas procedimentales de la democracia, al tiempo que socavan sus principios liberales. Otra de sus características es su creciente normalización. Para el politólogo neerlandés, este fenómeno marca la emergencia de una cuarta ola de ultraderechas que, de ser actores minoritarios marginalizados, se convirtieron en referentes políticos con implantación territorial, representación parlamentaria y apoyo electoral crecientes5.

Esta tendencia tuvo como hito la victoria de Donald Trump en Estados Unidos en 2016, que empezó a encender las alarmas sobre el futuro de la democracia. Tres sucesos reforzaron ese pesimismo: que su elección haya tenido lugar en el país que fue cuna de la democracia moderna; que haya sido casi simultánea con el «Brexit» a raíz del cual el Reino Unido se retiró de la Unión Europea; y que en esos mismos años se registraran avances electorales de derechas radicales en las democracias más consolidadas de Europa occidental. En las elecciones europeas de 2019, la derecha radical pasó a ser la primera fuerza en cinco países (Francia, Italia, el Reino Unido, Polonia y Hungría) y hoy en día, salvo en Irlanda y Malta, se encuentra representada en todos los parlamentos nacionales del continente, con porcentajes electorales superiores a 20%6. Desde septiembre de 2022, Italia está también dirigida por el gobierno ubicado más a la derecha desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, producto de una alianza entre partidos de derecha radical y centroderecha.

Este auge se ratificó en las elecciones presidenciales. En Francia, la líder de Agrupación Nacional (rn, por sus siglas en francés), Marine Le Pen, obtuvo en 2022 resultados inéditos al mejorar en cerca de 24 puntos la votación obtenida en 2002 por su padre, Jean-Marie Le Pen, frente a Jacques Chirac. Aquella elección significó entonces un sismo político y dio lugar a movilizaciones multitudinarias para «cerrar el paso» a la extrema derecha. Dos décadas después, una encuesta de Fondapol comprobó más bien el alza del voto de indignación social entre los franceses, que se expresó en el apoyo a las fuerzas políticas más extremas7. En la primera vuelta de la elección presidencial de 2022, los tres candidatos «radicales» –Marine Le Pen y Eric Zemmour en la extrema derecha y Jean-Luc Mélenchon en la izquierda– totalizaron más de la mitad de los sufragios (52%).

La progresión de ese voto de protesta resulta de al menos tres factores estructurales. Primero, se debilitaron los vínculos programáticos de los partidos con la sociedad a raíz de cambios tanto económicos como socioculturales8. Segundo, la tecnología digital modificó la estructura de la arena pública anulando a los partidos como canales privilegiados de información e intermediación y desregulando las relaciones políticas9. También tendió a amplificar la visibilidad de candidatos en abierto conflicto con la democracia liberal. Tercero, en muchos contextos, las elites tradicionales han contribuido al empoderamiento de sus contrincantes más radicales. Es lo que muestra la correlación entre el declive de los partidos de centroizquierda y centroderecha y el auge de la derecha radical.

A estos factores estructurales se suman otros coyunturales, como la crisis de autoridad, orden y seguridad

A estos factores estructurales se suman otros coyunturales, como la crisis de autoridad, orden y seguridad, que han sido los temas de mayor predilección de líderes iliberales. Estos problemas hacen de la democracia una «forma de régimen mucho más contingente» de lo que presumieron los teóricos de las transiciones10. E invitan a su vez a tomar con cautela la idea de crisis excepcional e irreversible de los sistemas democráticos, ante el carácter más bien cíclico, contextual y contingente de esta11. En el Democracy Index que publica anualmente The Economist, Chile fue reincorporado a la lista de las democracias plenas y ya no «defectuosas», lo que se explica en parte por el fin de las restricciones ligadas a la pandemia. Para su integración al top ten de los mejores desempeños democráticos, incidió además la forma en que la cuestión constitucional fue gestionada hasta la aprobación por el Congreso de la reforma que habilita un nuevo proceso constituyente. Pero, a pesar de este buen resultado, la política chilena no ha estado inmune a populismos y radicalismos de derecha e izquierda.

Otro factor, más bien contingente, que contribuye a explicar el apoyo a ofertas políticas disruptivas y radicales son las actitudes críticas hacia democracias juzgadas incapaces de satisfacer las expectativas sociales de la ciudadanía. Al igual que en varios países de Europa donde se registran altos porcentajes de insatisfacción con la democracia, existe una evaluación crecientemente negativa del rendimiento democrático en los países latinoamericanos, sin que esto implique necesariamente un cuestionamiento al tipo de régimen en sí. En 2020, este descontento alcanzaba a 70% de la ciudadanía frente a 51% en 201312. En El Salvador, Lucas Perelló y Patricio Navia comprobaron que la variable clave para explicar el voto por Nayib Bukele fue el desencanto democrático, más que la inconsistencia programática de los partidos13. Bukele no solo habría construido su apoyo entre quienes no estaban interesados en política, sino entre los votantes de centroizquierda. Lo mismo se observó en Brasil: previo a la elección de Jair Bolsonaro en 2018, los brasileños mostraban los niveles más bajos de aprobación del gobierno (6%) y satisfacción con la democracia (9%) de la región. Solo dos de cada cinco declaraban preferir la democracia al autoritarismo14. Por último, si bien las condiciones político-institucionales de Chile difieren de las de El Salvador y Brasil, entre 1995 y 2020 la satisfacción con la democracia perdió también 15 puntos y pasó de 33% a 18%15.

Desde fines de 2019, el Partido Republicano (pr), fundado ese mismo año por José Antonio Kast, prosperó en ese contexto de desafección democrática aprovechando una coyuntura fluida en la que la opinión pública se mostraba crecientemente preocupada por la alteración del orden público y el aumento de la violencia, además de escéptica sobre la capacidad de la Convención Constitucional de solucionar los problemas de los chilenos. Logró de esta forma instalar una narrativa contrahegemónica sobre el estallido social y la redacción de una nueva Constitución, que encontró eco en el plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022 en el que se impuso el Rechazo (62%). La consolidación del pr es en este sentido indisociable de un momentum prolongado por la agudización de la crisis de orden y seguridad y económica (Chile se percibe principalmente como un país en retroceso o estancado) y la cuestión migratoria. Sobre este último punto, la reciente encuesta Nacional Bicentenario uc 2022 de la Universidad Católica de Chile muestra que un alto porcentaje de los consultados considera que la población inmigrante es excesiva para el país. Indudablemente, las propias debilidades estructurales del gobierno tienden a reforzar estas percepciones.

En 2021, Kast disputó la segunda vuelta con el candidato de la alianza Apruebo Dignidad (Frente Amplio y Partido Comunista), Gabriel Boric, que resultó finalmente electo. El pr obtuvo también en las elecciones parlamentarias del mismo año una bancada de 14 diputados y un senador, y logró así en poco tiempo posicionar su proyecto político. A diferencia de Brasil y El Salvador, donde el auge de los populismos de derecha resulta en gran parte de la débil consolidación del sistema de partidos, en Chile el crecimiento de la derecha radical ocurrió principalmente a costa de la coalición de centroderecha Chile Vamos16. Su moderación programática fue interpretada como un abandono de los valores tradicionales de su electorado, lo que se vio amplificado por un contexto en el que aquellos valores se veían amenazados por una izquierda refundacional. En este sentido, el desperfilamiento de la centroderecha chilena es similar al patrón observable en las derechas convencionales europeas en relación con las radicales17.

Kast contrapuso a «los políticos» con la «mayoría silenciosa» que «no marcha» ni elige «la violencia»

El diseño comunicacional de la campaña presidencial de Kast incluyó una utilización estratégica de las nuevas tecnologías, que los líderes populistas han demostrado dominar más y mejor que los partidos tradicionales. Sin embargo, la retórica populista entendida como «desafío a la autoridad legítima del establishment» fue más que todo un recurso para posicionarse en una coyuntura particular: la crisis social y política de fines de 201918. Kast contrapuso entonces a «los políticos» con la «mayoría silenciosa» que «no marcha» ni elige «la violencia». Se erigió en el representante de los verdaderos valores y principios de su sector frente a una alianza de gobierno llevada al banquillo de los acusados por suscribir un acuerdo transversal por una nueva Constitución.

En suma, aunque haga uso de un estilo de comunicación más directo y polarizante, que saca provecho de los temas de mayor preocupación ciudadana, los valores reivindicados como parte de un proyecto de restauración nacional y cultural no dan cuenta de la «ideología (delgada)» asociada a los populismos19. Se trata más bien de principios «gruesos» en respuesta al «marxismo cultural» que esconde el espectro del comunismo. Asimismo, estas formaciones políticas surgirían como reacción a una nueva fase de la «revolución silenciosa» analizada por Pippa Norris y Ronald Inglehart20, marcada por una dinámica de liberalización de las sociedades. Desde abril de 2022, Kast encabeza la Red Política por los Valores, una plataforma transcontinental que busca poner freno a la conquista de derechos por las minorías. Esta red cuenta con consejeros en varios países latinoamericanos y es pensada como contrapeso a cónclaves progresistas como el Foro de San Pablo o el Grupo de Puebla. Gracias a sus conexiones globales, y en contextos de crisis propicios a su consolidación, el proyecto ideológico de esas derechas ha adquirido cierta unidad y coherencia, más allá de sus matices culturales e institucionales.

El auge de líderes como Bukele en El Salvador o Javier Milei en Argentina muestra, al revés de lo que sostienen Lisa Zanotti y Kenneth Roberts21, que en América Latina las derechas radicales tienen un importante margen de crecimiento, que podría volverlas comparables a sus símiles en Europa. En Chile, en la reciente elección de consejeros constitucionales del 7 de mayo de 2023, la derecha radical superó todos los pronósticos al conseguir 23 escaños sobre 51 (Chile Vamos, con la lista Chile Seguro, solo se adjudicó 11). El resultado es histórico para un partido político, solo comparable a la performance de la Democracia Cristiana a inicios de la década de 199022. Otorga al pr por sí solo el poder de vetar normas. Aliado con Chile Vamos, logra el quorum de dos tercios del Consejo, lo que entrega a la derecha el control absoluto del proceso de redacción de la nueva Carta Magna.

Este sorpasso de la derecha radical marca una involución respecto al camino de moderación emprendido por la centroderecha a partir de los años 2000

Este sorpasso de la derecha radical marca una involución respecto al camino de moderación emprendido por la centroderecha a partir de los años 2000 y podría tener dos consecuencias: la creciente normalización del pr que, sin apartarse de su eje discursivo, podría al mismo tiempo seguir avanzando en su «desdemonización» –la misma que trajo réditos electorales a Agrupación Nacional en Francia–, y una mayor radicalización de Chile Vamos.

De la nueva derecha «liberal» a la regresión conservadora

En otros trabajos, mostramos que la coalición Chile Vamos se encontraba tensionada entre dos tipos de proyectos: uno más centrista, expresado por una parte en el proyecto de renovación liberal de Evópoli y por otra parte en el socialcristianismo reivindicado por Renovación Nacional; y otro más derechista, circunscrito a la defensa de un núcleo doctrinario (liberal en lo económico y conservador en lo moral) que se reconfiguró ideológicamente en la dictadura pinochetista. Esta defensa se dio en particular en la udi, aun cuando el pragmatismo terminó imponiéndose sobre la doctrina, como parte de una estrategia para transformar a la centroderecha en un referente competitivo y legítimo23.

En el plano electoral, esta moderación comenzó con la campaña de Joaquín Lavín en 1999, quien reposicionó a la udi como un partido con vocación de mayoría. La tendencia centrista dio finalmente sus frutos en 2009, cuando Sebastián Piñera fue elegido presidente (posteriormente fue reelecto en 2017). Los inicios del primer gobierno de Piñera estuvieron marcados por un afán renovador, con el anuncio de la fundación de una «nueva derecha» que se abrió a políticas más redistributivas, al reconocimiento de la agenda de valores asociada a las demandas de la diversidad sexual y de género –teniendo sin embargo como piedra de tope, incluso en Evópoli, la legalización del aborto– y asumió un distanciamiento y condena más categórica respecto a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Sin embargo, esas posiciones suscitaron resistencias de quienes señalaron un desdibujamiento de la identidad de la derecha en la última década, lo que daba cuenta de una lucha por la hegemonía política e ideológica en el sector24. De hecho, el segundo gobierno de Piñera rompió con la tendencia iniciada en 1999. Su programa se posicionó más a la derecha de todas las candidaturas de las últimas dos décadas, en un contexto de fuerte cuestionamiento a las reformas estructurales y los resultados económicos del gobierno de Michelle Bachelet25.

Tanto el estallido social de octubre de 2019 como la pandemia, al llevar al paroxismo las críticas al orden institucional y al modelo político-económico heredado de la dictadura, reactivaron esa lucha por la hegemonía en el interior de Chile Vamos, lo que tuvo dos consecuencias. Primero, se consolidó una centroderecha que había construido su crítica hacia la ortodoxia neoliberal desde una sensibilidad más solidaria, expresada en el interés por construir un Estado social y contar con una nueva Constitución. De parte del gobierno, se observó también una mutación del paradigma de política pública, desde la lógica subsidiaria y focalizada heredada del neoliberalismo hacia un modelo sustentado en la universalidad y la garantía de derechos. Por último, la distribución de los votos en la Convención Constitucional que inició sus funciones en julio de 2021 confirmó la existencia de una derecha liberal-solidaria (casi siempre del colectivo de independientes, rn y Evópoli), abierta a acercar posiciones con sus contrapartes en pos de reformas necesarias y favorable a una mayor regulación del Estado o a apoyar nuevos derechos como la vivienda o la seguridad social26. Tras el resultado negativo del plebiscito de salida, estas posiciones se plasmaron en la continuidad que Chile Vamos quiso dar al proceso constituyente firmando el Acuerdo por Chile, al que el pr no se sumó.

Se fortaleció una derecha radical con un perfil marcadamente identitario y contrapuesto a esa centroderecha pragmática

Como segunda consecuencia, se fortaleció una derecha radical con un perfil marcadamente identitario y contrapuesto a esa centroderecha pragmática, cuya flexibilización no dejó de producir tensiones en el electorado tradicional del sector y en algunos de sus cuadros dirigentes. En 2016, tras 20 años de militancia, Kast renunció a la udi luego de dos intentos infructuosos de llegar a la Presidencia del partido. En la elección presidencial de 2017, alcanzó casi 8% de los votos, lo que fortaleció su determinación de recuperar los valores fundacionales de la derecha «verdadera». Tras el acuerdo de noviembre de 2019, fustigó el carácter «claudicante» de un itinerario político que fijó como hito la celebración de un plebiscito sobre un cambio de Constitución en octubre de 2020, en el que 78% de los chilenos se pronunció a favor del Apruebo.

Sin embargo, Chile Vamos y el pr se presentaron unidos en las elecciones de convencionales constituyentes de mayo de 2021, cuando fueron derrotados. Con 21% de los votos y 37 convencionales, la elección dejó a la derecha como un actor prácticamente irrelevante del proceso. Tras esa debacle, los partidos de Chile Vamos se reorganizaron para enfrentar las elecciones generales de noviembre de 2021 en las cuales Kast obtuvo cerca de 28% de los votos. En segunda vuelta, Chile Vamos terminó cuadrándose con él: la conservadora udi, sin condiciones, mientras que rn pidió ajustes sustantivos al programa de gobierno. Evópoli determinó su apoyo en un consejo nacional, pero descartando integrar un eventual gobierno del postulante de la derecha radical. Varios intelectuales liberales criticaron esa adhesión27. Si bien esos apoyos de los partidos de la coalición de derecha fueron interpretados como expresión de una radicalización de Chile Vamos, la evidencia de las votaciones en la Convención Constitucional –y, posteriormente, el compromiso de continuar con el proceso aunque ganara el Rechazo– muestra que no hubo tal asimilación en bloque a la derecha radical.

La elección de convencionales constituyentes del 7 de mayo confirmó en las urnas la existencia de una nueva batalla por la hegemonía dentro del campo de la derecha. Ratificó también la tendencia a una regresión conservadora que vuelve poco probable el avance del programa de reformas del gobierno en los términos en que ha sido planteado. Este nuevo escenario implica un retroceso en el proceso de renovación hacia el centro que caracterizó a la derecha durante los últimos 20 años.

Pese a que este tipo de movimiento pendular de restauración del orden después de movimientos sociales de carácter refundacional no es excepcional en la historia, como lo muestra el ejemplo de los acontecimientos de Mayo del 68 en Francia, seguidos de una victoria de la derecha, esta contratendencia no debe hacer olvidar los cambios culturales experimentados por la sociedad chilena durante los últimos 30 años. En efecto, durante este periodo, las encuestas pusieron en evidencia una mayor valoración de las libertades individuales por parte de los chilenos, en particular en el ámbito moral, así como del rol del Estado para proveer derechos en pensiones, salud y educación, lo que corresponde a las demandas del estallido social. En 2021, una encuesta entre electores de derecha mostraba a su vez que 65% de ellos apoyaban el matrimonio entre parejas del mismo sexo y 58% estaba de acuerdo con que estas parejas adopten hijos28. Estos resultados confirman así que una parte importante, tanto de los votantes de derecha como de las dirigencias de Chile Vamos –según nuestra encuesta–29, no había sido inmune a la «revolución silenciosa».

En mayo de 2021, los malos resultados electorales del pr en las elecciones municipales y de gobernadores –sumados a su debacle en la elección de constituyentes– mostraron de hecho la inadecuación entre esa oferta política y el sentir mayoritario de la ciudadanía. Se estimó entonces que entre 30% y 50% de los electores de derecha había votado por el Apruebo en el plebiscito30.

Si bien en la actualidad la demanda por más Estado parece haber disminuido y se tendería a valorar en mayor medida el esfuerzo y la responsabilidad personal en el propio bienestar31, esa derechización de la sociedad chilena en relación con el periodo de pandemia no refleja posiciones extremas. Un tercio de quienes se identifican con la derecha sigue siendo, por ejemplo, favorable a un cambio de Constitución, que tan solo 24% de los chilenos rechaza32. La misma encuesta muestra además que no todos quienes preferirían que Kast fuese el próximo presidente de Chile se identifican con la derecha, sino que son también electores moderados, de centro y un porcentaje menor de izquierda.

Esto contribuye a explicar la transversalidad del voto del 7 de mayo, que no parece responder a los patrones generales de votación de la derecha33, sino a una coyuntura de insatisfacción con la democracia y con un gobierno que es considerado incapaz de solucionar los problemas que aquejan a la sociedad. Sería muy prematuro interpretar los comicios recientes como una elección crítica, dada la peculiaridad de la forma en que se eligió a los miembros de un órgano transitorio. Solo cabe observar que estos resultados entregan al pr la oportunidad de seguir creciendo y normalizándose, al mismo tiempo que contribuyen al fortalecimiento de un proyecto de principios «gruesos».

El hecho de que las derechas radicales en el mundo estén cada vez más decididas a jugar en el terreno de la democracia vuelve más probables y legítimas las alianzas con la derecha convencional. En ese juego, la alianza Chile Vamos está, sin embargo, enfrentada a dos desafíos mayúsculos: por un lado, mantener la cohesión interna que la ha caracterizado34; por el otro, evitar que el mimetismo la lleve a ser fagocitada por el pr si ambos terminan acercando sus posiciones.

Stéphanie Alenda: es profesora titular y directora de investigación de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. Integra el consejo científico del Institut des Amériques, red de enseñanza superior e investigación en humanidades y ciencias sociales sobre las Américas (Francia).

Palabras claves: Constitución, derecha, dictadura, Partido Republicano (pr), Chile.

1. Steven Levitsky y Daniel Ziblatt: How Democracies Die, Crown, Nueva York, 2018. [Hay edición en español: Cómo mueren las democracias, Ariel, Buenos Aires, 2018].

2. Anthony C. Grayling: Democracy and its Crisis, Oneworld Publications, Londres, 2017.

3. Inga A.-L. Saikkonen y Henrik Serup Christensen: «Guardians of Democracy or Passive Bystanders? A Conjoint Experiment on Elite Transgressions of Democratic Norms» en Political Research Quarterly vol. 76 No 1, 2023.

4. Pablo Stefanoni: ¿La rebeldía se volvió de derecha?, Siglo xxi Editores, Buenos Aires, 2021, p. 9.

5. C. Mudde: The Far Right Today, Polity Press, Cambridge, 2019. [Hay edición en español: La ultraderecha hoy, Paidós, Barcelona, 2021].

6. Steven Forti: «Extremas derechas 2.0: de la normalización a la lucha por la hegemonía» en Le Grand Continent, 14/6/2022.

7. Dominique Reynié (dir.): Mutations politiques et majorité de gouvernement dans une France à droite, Fondation pour l’Innovation Politique, 2022, disponible en <fondapol.org/etude/mutations-politiques-et-majorite-de-gouvernement-dans-une-france-a-droite/>.

8. Richard Katz y Peter Mair: «Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party» en Party Politics vol. 1 No 1, 1995.

9. Andreas Jungherr y Ralph Schroeder: «Disinformation and the Structural Transformations of the Public Arena: Addressing the Actual Challenges to Democracy» en Social Media + Society vol. 7 No 1, 1-3/2021.

10. Jack Corbett: «The Deconsolidation of Democracy: Is It New and What Can Be Done About It?» en Political Studies Review vol. 18 No 2, 2020.

11. Adam Pzeworski: Las crisis de la democracia. ¿Adónde pueden llevarnos el desgaste institucional y la polarización?, Siglo xxi Editores, Buenos Aires, 2022; Jan Zilinsky: «Democratic Deconsolidation Revisited: Young Europeans Are Not Dissatisfied with Democracy» en Research and Politics vol. 6 No 1, 1-3/2019; J. Corbett: ob. cit.

12. Corporación Latinobarómetro: «Informe 2021. Adiós a Macondo», Santiago de Chile, 2021, disponible en <latinobarometro.org>.

13. L. Perelló y P. Navia: «The Disruption of an Institutionalised and Polarised Party System: Discontent with Democracy and the Rise of Nayib Bukele in El Salvador» en Politics vol. 42 No 3, 2022.

14. Mahrukh Doctor: «Bolsonaro and the Prospects for Reform in Brazil» en Political Insight, vol. 10 No 2, 2019, p. 23.

15. Corporación Latinobarómetro: ob. cit.

16. Coalición integrada por tres partidos: la Unión Demócrata Independiente (udi), Renovación Nacional (rn) y Evolución Política (Evópoli).

17. Tim Bale y Cristóbal Rovira Kaltwasser (eds.): Riding the Populist Wave: Europe’s Mainstream Right in Crisis, Cambridge up, Cambridge, 2021.

18. Pippa Norris y Ronald Inglehart: Cultural Backlash: Trump, Brexit and Authoritarian Populism, Cambridge up, Cambridge, 2019.

19. C. Mudde: ob. cit., p. 7.

20. P. Norris y R. Inglehart: ob. cit.

21. L. Zanotti y K. Roberts: «(Aún) la excepción y no la regla: la derecha populista radical en América Latina» en Revista Uruguaya de Ciencia Política vol. 30 No 1, 2021.

22. «Republicanos arrasa en histórica elección y junto a Chile Vamos controlará el Consejo Constitucional» en emol, 9/5/2023.

23. S. Alenda: «Chile Vamos: Anatomía de un proyecto de poder» en S. Alenda (ed.): Anatomía de la derecha chilena: Estado, mercado y valores en tiempos de cambio, fce, Santiago de Chile, 2020; S. Alenda, Carmen Le Foulon y Julieta Suárez-Cao: «La batalla por las ideas en tiempos posideológicos. Adaptaciones y permanencias ideológicas en la nueva centroderecha chilena» en Revista de Sociologia e Política vol. 27 No 70, 2019.

24. Luis Larraín: El regreso del modelo, Libertad y Desarrollo, Santiago de Chile, 2012, p. 42.

25. Nicolás Miranda y Miguel Ángel López: «Elecciones generales chilenas de 2017: el regreso de Piñera y el debut del nuevo sistema electoral» en Manuel Alcántara (dir.): América Latina vota (2017-2019), Tecnos, Madrid, 2020.

26. S. Alenda, M.Á. López, Kenneth Bunker y Nicolás Miranda: «From Gattopardismo to Ideational Change within the Chilean Right» en The Recasting of the Latin American Right: Polarization and Conservative Reactions, Cambridge up, Cambridge, 2023.

27. «Catarsis en la derecha liberal: la fractura entre Evópoli y los académicos de Horizontal por apoyo a Kast» en The Clinic, 27/11/2021.

28. Cadem: Encuesta Plaza Pública No 386, 7/6/2021.

29. Según nuestra propia encuesta analizada en S. Alenda: «Chile Vamos: Anatomía de un proyecto de poder», cit.

30. Esta estimación se basa en dos encuestas: la encuesta Cadem del 25 de octubre de 2020 muestra que un tercio de quienes declaran ser de derecha habría votado por el Apruebo; en tanto, la encuesta Panel Ciudadano (Plebiscito Nacional 2020), anterior al plebiscito convencional, establece que aproximadamente la mitad de quienes se identifican con la derecha quiere una nueva Constitución.

31. Encuesta Nacional Bicentenario uc 2022.

32. Activa Research: Encuesta Pulso Ciudadano, Publicación No 81, segunda quincena, 24-28/4/2023.

33. «Estudio udd: Kast arrasó en el voto evangélico, las zonas más castigadas por la violencia y la migración irregular, y la izquierda tuvo menos apoyo en comunas pobres» en Ex-Ante, 8/5/2023.

34. S. Alenda, C. Le Foulon y J. Suárez-Cao: «Evolución de las sensibilidades políticas. Hacia una nueva centro-derecha en Chile» en S. Alenda (ed.): Anatomía de la derecha chilena: Estado, mercado y valores en tiempos de cambio, cit., p. 102.

| ensayo

Cómo el Partido Comunista Chino y Silicon Valley trabajan por un futuro posthumano

Giuliano da Empoli

Pese a situarse en orillas opuestas del actual enfrentamiento geopolítico, los puntos de contacto entre la visión del mundo de Silicon Valley y la del Partido Comunista chino son demasiado evidentes como para ignorarlos. No se trata de una mera coincidencia, sino de una convergencia estructural. En ambos casos, se avanza hacia una época en la que la autonomía del sujeto y la libertad habrán desaparecido.

Con sus semáforos inteligentes, sus detectores de contaminación bien ajustados y su excitante aspecto futurista, la smart city solo mostró su verdadero rostro cuando fue demasiado tarde.

Un día de agosto de 2019, los habitantes de Hong Kong descubrieron para qué servían realmente las cámaras térmicas y los detectores bluetooth, los sensores de estacionamiento y los puntos de acceso a wi-fi. Entonces, empezaron a envolver sus documentos de identidad en papel de aluminio, a quitarles las baterías a sus teléfonos y a engañar a las cámaras apuntando con sus punteros láser.

La movilización de Hong Kong contra la toma gradual de la antigua colonia británica por parte del Partido Comunista chino ha producido varias imágenes icónicas. Una de ellas muestra a un manifestante mientras ataca con una sierra eléctrica una de las nuevas «farolas inteligentes» que instaló la administración municipal. La imagen comienza con una ráfaga de chispas, y luego otros manifestantes ponen un lazo alrededor del poste de la farola y, finalmente, lo derriban entre los gritos de triunfo de la multitud. Un triste destino para un artefacto que debía hacer a los ciudadanos «más felices, más sanos, más inteligentes y más prósperos», tal y como se puede leer en el Smart City Blueprint que la administración de Hong Kong publicó en 20171. Sin embargo, es posible que este vuelco de Hong Kong tenga algo esencial que decirnos sobre la verdadera naturaleza de la época en que vivimos.

La crisis del covid-19 no se parece tanto a una revolución como a una revelación: evidenció y aceleró tendencias que ya se manifestaban a escala mundial, pero que aún no se percibían. Aunque ya llevaba cierto tiempo en marcha, la aparición de China como una verdadera potencia antagonista, portadora de una alternativa global a la democracia liberal de estilo occidental, se hizo evidente.

Durante la crisis sanitaria, la guerra de relatos entre Estados Unidos y China adquirió proporciones sin precedentes. No se trataba solo de «contar bien la versión de China», como deseaba el presidente Xi Jinping, a través de la red mundial de medios de comunicación oficiales financiados por el Partido, sino también de retomar las técnicas de guerra de la información familiares al régimen de Vladímir Putin, consistentes en la difusión de noticias falsas y teorías conspirativas en las redes sociales.

Del lado estadounidense, tras los exabruptos de Donald Trump sobre el «virus chino», Joe Biden retomó a su vez la lógica de la confrontación total, que estructuró, por ejemplo, su gran discurso ante el Congreso el 28 de abril de 2021. Prefigurando un enfrentamiento histórico entre la democracia y la autocracia, el presidente de eeuu convocó a una «cumbre de la democracia» para unir las fuerzas de los países que se oponen al desafío del autoritarismo. En síntesis, eeuu contra China. «Las otras [fuerzas, como Rusia y Europa] son las verduras», citando al general Charles de Gaulle.

El secreto de lo digital

Sin embargo, Hong Kong y los dispositivos benévolos de la smart city global, que se convierten en herramientas de represión, dan cuenta de una historia más compleja. No es un caso aislado ni mucho menos: la duplicidad que caracteriza estas infraestructuras urbanas está en todas las tecnologías digitales. Hasta ahora, estábamos acostumbrados a que la función real de las herramientas coincidiera con su función aparente: un martillo sirve para clavar un clavo; un reloj, para dar la hora; una aspiradora, para aspirar el polvo. Sin embargo, las herramientas digitales, que se han convertido en una parte esencial de nuestras vidas, están cambiando este panorama.

La verdadera función de Google no es buscar información en internet. La verdadera función de Facebook no es permitir que los amigos se mantengan en contacto. La verdadera función de Tinder no es ayudar a los solteros a pasar un buen rato. La verdadera función de estas miles de herramientas, de las que dependemos cada vez más, es recolectar datos, es registrar nuestros comportamientos y preferencias en línea para monetizarlos.

Cuanto más tiempo pasa, más se adueña esta duplicidad de nuevos territorios y doblega a su lógica instrumentos hasta entonces inocentes. En el mundo de la internet de las cosas, la verdadera función de una aspiradora ya no será limpiar, sino captar datos sobre nuestro hogar, al igual que el valor real de una cama o un automóvil, que estará más relacionado con su conocimiento de nuestros hábitos que con su uso tradicional.

Esta dinámica es ya lo suficientemente conocida como para que no sea necesario insistir en ella2. Lo realmente interesante es que estos hechos, aunque estén bien documentados y sean objeto de una amplia literatura de denuncia, no despiertan la preocupación de los usuarios. Y, lo que es peor, cuando hay revuelo, esa angustia se dirige contra herramientas que cumplen supuestamente la función contraria: por ejemplo, las protestas recientes contra los pases sanitarios en Europa se están organizando en las redes sociales con las que Mark Zuckerberg pretende crear un metaverso.

Todas las encuestas indican que la gran mayoría es relativamente indiferente al hecho de ser vigilada y al uso de sus datos personales. Y esto no se debe tanto a una ignorancia del fenómeno ni de sus resortes, sino a otra razón mucho más decisiva: la comodidad. El entorno confortable que garantizan las nuevas herramientas digitales es el bien supremo a cambio del cual la privacidad parece un sacrificio insignificante. La fluidez, el placer garantizado de una vida sin fricciones sobre la que nos deslizamos como patinadores sobre hielo, la guía de algoritmos que liman las asperezas y muestran el camino son la gran promesa de la vida digital. He aquí la razón por la que su alcance es tan poderoso y resiste toda crítica: como bien ha explicado el filósofo Mark Hunyadi, «en el sentido más amplio, el motor de la expansión digital es fundamentalmente libidinal: se mueve hacia el deseo, apunta al deleite, proporciona placer»3. Hasta ahora, este fenómeno ha demostrado ser lo suficientemente poderoso como para borrar cualquier reticencia sobre la profunda ambigüedad de las herramientas digitales, sobre su duplicidad intrínseca y fundamental. Lo hace tanto en París como en Tokio, así como en Toronto, Sidney y Hong Kong.

Aunque en los últimos años se han revelado con creciente claridad los contornos del modelo autoritario chino –la vigilancia masiva extendida sobre toda la población, el sistema de crédito social, el internamiento de personas en riesgo en campos de detención–, el motor de su éxito no es la represión. Este es el principio del capitalismo libidinal, que dos expertos en redes sociales han definido metafóricamente como «la lógica del gran centro comercial» (great shopping mall): transformar los espacios públicos, tanto físicos como virtuales, en lugares que ofrecen una sensación de seguridad, oportunidades para reunirse y divertirse, una ilusión de elección estrictamente confinada dentro de límites trazados por la autoridad4.

En el centro de la «nueva Guerra Fría»

Este es el verdadero problema histórico al que nos enfrentamos cuando agitamos el espectro de una nueva confrontación ideológica mundial.

Durante la Guerra Fría, se enfrentaron dos concepciones radicalmente antitéticas de la naturaleza humana. El «hombre nuevo» comunista debía tener valores, creencias, una cultura e incluso un lenguaje muy diferentes de los de antes de la Revolución. Debía convertirse en un ardiente constructor del comunismo devoto al régimen y en un internacionalista convencido de lo justos que eran los ideales marxistas-leninistas5. Según la famosa tesis de Nicolái Bujarin de 1922, la verdadera tarea de la Revolución era «transformar la psique humana». Hoy, en cambio, la China comunista basa su atractivo en una visión del ser humano y de la sociedad notablemente similar a la que se ha establecido en Occidente gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías. Esta es la visión que surgió de lo que Peter Sloterdijk llama «humillación del comportamiento del hombre», que «se deriva de la observación de que nuestra existencia se compone, en 99,9%, de repeticiones, la mayoría de ellas de carácter estrictamente mecánico»6.

El verdadero problema se plantea, pues, en estos términos. Demos por sentado que la pandemia reveló claramente al verdadero antagonista de la democracia liberal y que este antagonista se encarna ahora en la República Popular China. Entonces, ¿cuál es el núcleo del actual conflicto ideológico entre Occidente y China?

Si, como afirma el sinólogo Jean-François Billeter, China se distingue sobre todo por una determinada concepción del poder y de su ejercicio «cuya misión es controlar completamente las relaciones sociales y la vida de sus súbditos con el fin de crear una sociedad ‘armoniosa’»7, la particularidad de la fase actual radica en la impresionante convergencia de esta tradición política con el funcionamiento de la máquina algorítmica que está en vías de imponerse a escala mundial gracias a internet y al progreso de la inteligencia artificial (ia). En ambos casos, se pone en marcha un potente sistema de incentivos –y desincentivos–, con el objetivo de ajustar el comportamiento de los individuos a un conjunto social cuya evolución no solo sea mensurable, sino sobre todo predecible e influenciable.

Cuando el profesor de informática del Instituto Tecnológico de Massachussetts (mit, por sus siglas en inglés) Alex Pentland explica que, gracias al big data, ya no tenemos que pensar en términos de las nociones de «individuo», «libre albedrío» e incluso «política» del siglo xviii, sino que la humanidad debe construir un sistema nervioso y eléctrico global capaz de verse como un mecanismo formado por patrones (patterns) repetitivos, como las trayectorias de las bandadas de pájaros o los bancos de peces, fácilmente gobernables mediante ciertos instrumentos de «presión social»8, materializa el sueño prohibido de los antiguos legistas chinos «que recomendaban a los poderosos una aplicación rigurosa de premios y castigos para que la obediencia se convirtiera en la segunda naturaleza de sus súbditos y para que la sociedad acabara funcionando con tanta regularidad y naturalidad como el propio universo»9.

Las ocho dimensiones de convergencia entre el Partido y las plataformas

Si los ingenieros actuales de redes sociales construyen sus arquitecturas sobre la base de los experimentos de Burrhus Skinner con ratones de laboratorio y, desde 2010, el director ejecutivo Eric Schmidt declara que los usuarios esperan que Google les diga «lo que deben hacer a continuación»10, los puntos de contacto entre la visión del mundo de Silicon Valley y la del Partido Comunista chino son demasiado evidentes como para ignorarlos. No se trata de una mera coincidencia, sino de una convergencia estructural que se basa en, al menos, ocho elementos fundamentales:

1. Los científicos siempre han soñado con reducir el gobierno de la sociedad a una ecuación matemática que elimine los márgenes de irracionalidad e incertidumbre inherentes al comportamiento humano. Hace dos siglos, Auguste Comte definió la física social como «la ciencia cuyo objeto propio es el estudio de los fenómenos sociales, considerados de la misma forma que los fenómenos astronómicos, físicos, químicos y fisiológicos, es decir, sometidos a leyes naturales invariables, cuyo descubrimiento es el objetivo especial de sus investigaciones»11. Desde entonces, muchos han propuesto sus visiones de la «ciencia de la política», sin lograr nunca el objetivo de hacer más previsible la evolución de la sociedad.

Sin embargo, en los últimos años, se ha producido un fenómeno muy importante. Por primera vez, el comportamiento humano, que hasta ahora era un fin en sí mismo, empezó a producir un flujo masivo de datos. Esta profusión de datos sin precedentes permite ahora imaginar un gobierno científico de la sociedad, que es lo que propone el Partido Comunista chino al menos desde principios de 2000, cuando sus expertos colocaron la nueva «teoría científica del desarrollo» en el centro de su plataforma programática12.

2. Ni Silicon Valley ni el Partido están interesados en el individuo, dotado de subjetividad y autonomía. Les interesan las grandes tendencias. Mientras que el comportamiento del individuo no puede predecirse con certeza, el comportamiento del agregado es predecible porque, a través de la observación del sistema, es posible deducir el comportamiento promedio. Las interacciones importan más que la naturaleza de las unidades y el sistema en su conjunto tiene características, y obedece a reglas, que hacen predecible su evolución.

3. Una vez detectado y cuantificado, el comportamiento de los conjuntos sociales puede optimizarse para maximizar determinados resultados. Al analizar las correlaciones, es decir, cómo afecta al sistema en su conjunto incluso un pequeño cambio en un parámetro, se puede desencadenar un proceso de experimentación continua. Sea cual fuere el objetivo, algunos estímulos son más eficaces que otros. Los clics proporcionan una retroalimentación en tiempo real, sobre cuya base los estímulos pueden modificarse continuamente en contenido y forma, conservar las características que funcionan y descartar las menos efectivas.

En 1990, Gilles Deleuze ya había descrito la transición de la sociedad disciplinaria basada en el confinamiento a la sociedad del control: «Los encierros son moldes, módulos distintos, pero los controles son una modulación, como un molde autodeformante y que cambia continuamente, de un momento a otro, o como un tamiz cuya malla cambiaría de un punto a otro»13. Hoy, ya llegamos a eso.

4. El verdadero enemigo de un sistema construido sobre estas bases es la anomalía, el comportamiento discordante, que se debe identificar y neutralizar con rapidez. Es lo que ocurre en la República Popular China, donde los disidentes son rápidamente neutralizados, pero también en los espacios públicos estadounidenses y europeos (los aeropuertos son el lugar paradigmático), donde programas creados por Palantir analizan los movimientos de los pasajeros en tiempo real y alertan inmediatamente a las fuerzas de seguridad sobre cualquier comportamiento anormal, que se considera un posible indicio de un intento de acto terrorista. Asimismo, la empresa estadounidense ofrece detectar anomalías (es decir, comportamientos sospechosos) en una amplia gama de contextos diferentes, desde el fraude en los seguros hasta la detección de un posible agitador dentro de una organización14.

5. Tanto en China como en Europa, la principal y más grave anomalía es la desconexión. En ambos contextos, la idea de que uno puede llevar una vida «normal» y ejercer plenamente sus derechos, necesidades y aspiraciones sin estar permanentemente conectado se vuelve inconcebible. Signo inequívoco de una mentalidad asocial y subversiva, si no sociopática, la desconexión es lo que permitió a las fuerzas estadounidenses identificar el escondite de Osama bin Laden en Abbottabad, donde era muy sospechoso que un complejo de edificios de ese tamaño no tuviera conexión a internet.

6. Afortunadamente, tanto en China como en Occidente, la desconexión es rara porque la adhesión del individuo está garantizada no por la coacción, sino por el principio de Hunyadi, por la comodidad y el placer de los servicios que la matriz proporciona a sus usuarios. ¿Quién renunciaría hoy a la posibilidad de satisfacer cualquier curiosidad en el espacio de unos segundos, de orientarse en una ciudad desconocida con un dedo, de pedir un taxi, de hacer una foto para congelar el momento, de transmitirla a un grupo de amigos envidiosos, de utilizar Shazam para identificar la canción que está sonando en la radio de un Uber, de añadirla a la lista de reproducción de Spotify para volver a escucharla en cuanto uno se baje del automóvil?

7. Sin embargo, detrás de la fachada lúdica y bonachona, tanto en China como en Silicon Valley se desarrolla un poder implacable y secreto. Si el panóptico es una máquina para disociar el binomio ver/ser visto –en el anillo periférico, uno es visto por completo sin poder ver a nadie; en la torre central, uno lo ve todo sin ser visto15–, está claro que las grandes empresas digitales, al igual que el Partido Comunista chino, operan en función de este principio. En Occidente, no hay secreto guardado con mayor recelo que los algoritmos que rigen el funcionamiento de empresas que pretenden imponer una transparencia total a todas las demás. En China, la inexorable marcha de la «controlocracia» deja intacto el opaco corazón del poder inscrito en la Ciudad Prohibida16.

Esto no es nada nuevo: los estudios sobre el impacto de la llegada del telégrafo y más tarde del teléfono ya han demostrado que ambos condujeron a una mayor centralización de la toma de decisiones en los imperios coloniales de finales del siglo xix. En efecto, si en el pasado los responsables locales gozaban de amplios márgenes de autonomía (tenían que actuar antes de recibir instrucciones del centro), las tecnologías actuales simplemente los borraron17.

8. Silicon Valley y el Partido Comunista chino trabajan de forma convergente hacia un futuro posthumano. La mayoría de los ingenieros que trabajan en las empresas tecnológicas de Silicon Valley tienen una desafortunada tendencia a pensar que su prioridad no es servir a los humanos de hoy, sino construir las inteligencias artificiales que heredarán la Tierra de mañana. La vigilancia constante y las pruebas de modificación del comportamiento de multitudes de seres humanos recolectan supuestamente datos que alimentarán la «inteligencia» de las futuras inteligencias artificiales. Por su parte, el régimen chino, al igual que las grandes empresas tecnológicas, se ha embarcado públicamente en una «carrera hacia la ia» y suele situarla por encima de todo. Existe una preocupante convergencia entre esa carrera y los experimentos realizados en el campo de la biotecnología, especialmente agresivos en los laboratorios chinos.

Estos ocho puntos de convergencia indican que el orden que el régimen chino creó no es un fenómeno aislado. El mundo que proyecta es similar al de su rival declarado. Una fuerte tendencia está en marcha y es la misma a ambos lados del océano Pacífico: el camino a una época en la que la autonomía del sujeto y la libertad habrán desaparecido18.

Salir del reino de la servidumbre digital

Aunque parece haber muchos elementos de convergencia, hay una diferencia central. Mientras que en China el algoritmo totalitario ha consolidado su poder, en eeuu existe, al menos en teoría, un poder político que responde a lógicas democráticas. Este último incluso muestra, de vez en cuando, la vaga intención de limitar el excesivo poder de los nuevos señores feudales digitales.

Esta diferencia no es insignificante. Esperemos que tenga un efecto decisivo en la evolución posterior. Sin embargo, la paradoja de eeuu consiste en que, en las democracias liberales, «el poder político no es lo único a lo que los individuos deben responder»19 ni tampoco es lo principal. En nuestras sociedades, el despliegue del consumismo generalizado produce desde hace tiempo poderosos efectos normativos, con frecuencia mucho más restrictivos que los que derivan del cumplimiento de la ley propiamente dicha20.

En la actualidad, este sistema de expectativas y modelos comportamentales se complementa con el creciente impacto de la tecnología digital. El uso de los smartphones es ahora la principal experiencia colectiva que comparte toda la humanidad. En todas partes y a cualquier escala, la tecnología digital se ha convertido en la interfaz de nuestra relación con el mundo. Y este hecho, aparentemente inocuo, pero en realidad todavía muy inexplorado en sus implicaciones prácticas, desempeña un papel crucial en todas las transformaciones sociopolíticas vigentes.

El mundo digital impone un modo de vida del que nadie puede escapar. Con mayor frecuencia cada vez, cada uno de nosotros tiene que construir su comportamiento conforme a las indicaciones de su smartphone y nadie tiene la menor idea del funcionamiento de la caja negra de la que depende nuestra capacidad de actuar. Si la gran promesa de la tecnología digital, expresada por Steve Jobs en el lanzamiento del primer iPhone («es como tener nuestra vida en el bolsillo»), articula una visión de autonomía, los usos concretos de las herramientas digitales también producen el efecto contrario por el control de los usuarios que inducen.

¿Qué significa ser humano en la era de la hiperconexión? Por el momento, parece significar sobre todo estar a merced de los nuevos potentados económicos que vigilan todos nuestros movimientos y utilizan subterfugios para captar cada vez más nuestro tiempo y atención. Ante esta situación, como hemos visto, la movilización de argumentos morales con la esperanza de sensibilizar a la población es, en gran medida, inútil. La teoría crítica se vuelve, no por primera vez, impotente ante la evolución del tecnoconsumismo.

El arte europeo de vivir en línea

Es difícil negar que una sociedad en la que todo el mundo pasa una media de casi 11 horas al día delante de una pantalla está dando lugar a problemas totalmente nuevos, así como a un malestar generalizado que, si aún no ha encontrado una salida, sin embargo existe y está a la espera de encontrar intérpretes políticos capaces de darle una voz que no sea puramente regresiva, evitando tanto las trampas del tecnoentusiasmo como las del pánico moral.

Para vencer las tentaciones de la nueva servidumbre digital basada en la comodidad, no nos ayudará mucho una crítica académica más. Sería más eficaz inventar un estilo de vida más rico, más completo y más atractivo que el actual: un nuevo arte de vivir que integre la fusión ya inseparable de lo offline y lo online y la ponga al servicio de la vida humana y no de potentados cada vez más incontrolables ni de una forma de inteligencia posthumana destinada a ocupar nuestro lugar en la escala evolutiva. Lo «onlife», como lo llama el filósofo Luciano Floridi21, podría ser una forma de vida. Lo principal es poder darle un significado concreto. Por supuesto, para eso necesitamos normas que rechacen la excepción digital para hacer valer, en este ámbito, los valores que sustentan nuestras democracias. Sin embargo, lo que necesitamos, sobre todo, es una práctica positiva y alegre, capaz de revelar que los trucos del capitalismo de vigilancia son como la comida rápida para nuestros cerebros: superficialmente atractivos, pero fundamentalmente dañinos.

He aquí donde el papel de Europa puede ser decisivo. No es solo, como se suele decir, imponiendo normas que únicamente sirvan para defender, en el ámbito digital, los principios en los que se basan nuestras democracias, sino que se trata de poner en práctica, en esta dimensión, los valores en los que siempre se ha basado nuestro modo de vida. Más allá de todo acto de proclamar, ¿qué es Europa, sino «una forma de vivir, de entender el mundo en el que vivimos y de entendernos a nosotros mismos»22?

El arte de vivir ha sido el antídoto contra todas las formas de totalitarismo desde tiempos inmemoriales. En efecto, la aspiración totalitaria, ya sea religiosa o tecnológica, es controlar el tiempo, normalizar el comportamiento. Su sueño es que el ser humano se reduzca a una máquina, que sea predecible, uniforme, transparente. La calidad de vida es lo contrario. Libertad, placer, capricho y pérdida de tiempo. Todo lo que hace único al individuo y que deberíamos ser capaces de proteger y hacer florecer en la nueva dimensión de lo onlife. 

Paradójicamente, un filósofo de Hong Kong, que actualmente reside en Alemania, nos recuerda que, desde un punto de vista antropológico, la tecnología no es universal, sino que está ligada en su evolución a cosmologías particulares que van más allá de la mera funcionalidad. Para Yuk Hui, no existe una única tecnología, sino múltiples cosmotécnicas cuyas características están determinadas por los diferentes contextos culturales a los que pertenecen23.

Por lo tanto, podemos oponernos a la ingenuidad de quienes piensan que el desarrollo de la tecnología hará que las diferencias entre culturas y modos de vida se desvanezcan: su visión está destinada, una vez más, a ser desmentida en los hechos; siempre que el impulso totalizador, y totalitario, del universalismo tecnológico sea contrarrestado por la voluntad de reapropiarse de la tecnología en una perspectiva localizada e históricamente situada. Reabrir la cuestión de la tecnología significa rechazar el futuro homogéneo que nos presentan los poderes del capitalismo digital como única opción, para explorar la posibilidad de futuros tecnológicos diferenciados.

No hay por qué creer que los regímenes cosmotécnicos que se desarrollan en la actualidad en China y en Silicon Valley están inevitablemente destinados a dominar el resto del mundo, a menos que Europa renuncie, por cansancio y pesimismo, a desarrollar su propia versión del futuro tecnológico con base en su cultura y sus valores.

Giuliano da Empoli: es escritor y periodista. Fue asesor del presidente del Consejo de Ministros italiano Matteo Renzi. Es autor de El mago del Kremlin (Seix Barral, Barcelona, 2023, Gran Premio de Novela de la Academia Francesa).

Palabras claves: algoritmos, democracia, digitalización, posthumanismo, China, Silicon Valley.

Nota: este artículo se publicó originalmente en El Grand Continent, revista europea de debate estratégico, político e intelectual, en la serie «Poderes de la ia», <legrandcontinent.eu/es/>. Traducción del italiano de Monserrat Iñigo.

1. Hannes Grassegger: «The City as Enemy» en Archplus, primavera de 2020.

2. Bernard E. Harcourt: La société d’exposition. Désir et désobéissance à l’ère numérique [2015], Seuil, París, 2020.

3. M. Hunyadi: «Du sujet de droit au sujet libidinal» en Esprit No 3, 3/2019, p. 118.

4. An Xiao Mina y Xiaowei Wang: «The Great Shopping Mall: The Market Nationalist Logic of Chinese Social Media», Knight First Amendment Institute, Universidad de Columbia, 28/1/2021.

5. Alexandre Zinoviev: Homo sovieticus, L’Âge d’Homme, París, 1983, pp. 20-21.

6. P. Sloterdijk: Tu dois changer ta vie. De l’anthropotechnique [2010], Hachette Pluriel, París, 2015, p. 500. [Hay edición en español: Has de cambiar tu vida. Sobre antropotécnica, Pre-Textos, Valencia, 2012].

7. J.-F. Billeter: Pourquoi l’Europe: réflexions d’un sinologue, Allia, París, 2020, p. 24.

8. Edoardo Camurri: «Tutti sotto controllo» en Il Foglio, 14/5/2020.

9. J.-F. Billeter: ob. cit., p. 116.

10. Nicolas Nova: Smartphones: une enquête anthropologique, MétisPresses, Ginebra, 2020, p. 159.

11. A. Comte: La science sociale, Gallimard, París, 1972, p. 230. [Hay edición en español: Física social, Akal, Madrid, 2012].

12. Sobre el ecosistema doctrinario de Xi Jinping, v. el capítulo de Simone Pieranni en Le Grand Continent: Politiques de l’interrègne. Chine, pandémie, climat, Gallimard, París, 2022.

13. G. Deleuze: «Post-scriptum sur les sociétés de contrôle» en L’Autre Journal No 1, 1990. [Hay edición en español: «Postdata sobre las sociedades de control» en Christian Ferrer (comp.): El lenguaje libertario. Antología del pensamiento anarquista contemporáneo, Terramar, La Plata, 2005].

14. Philippe Vion-Dury: La nouvelle servitude volontaire, fyp, París, 2016, p. 152.

15. Michel Foucault: Surveiller et punir. Naissance de la prison, Gallimard, París, 1975, p. 235. [Hay edición en español: Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, Siglo xxi Editores, Buenos Aires, 2002].

16. Stein Ringen: The Perfect Dictatorship: China in the 21st Century, hku Press, Hong-Kong, 2016.

17. John Seely Brown y Paul Duguid: The Social Life of Information, Harvard Business School Press, Boston, 2000, p. 30.

18. J.-F. Billeter: ob. cit., p. 117.

19. M. Hunyadi: Au début est la confiance, Le Bord de l’Eau, Lormont, 2020, p. 170.

20. Alberto Alemanno: «Le ‘Nudge’ et l’analyse comportementale du droit» en red: Revue Européenne du Droit, Groupe d’études géopolitiques No 1/2020.

21. L. Floridi (ed.): The Online Manifesto: Being Human in a Hyperconnected Era, Springer, Heidelberg, 2015.

22. Myriam Revault d’Allonnes: «Entre sens et non sens» en aa.vv: Une certaine idée de l’Europe, Flammarion /Le Grand Continent, 2019, p. 119.

23. Yuk Hui: La question de la technique en Chine. Essai de cosmotechnique, Divergence, París, 2021.

Summaries

Resúmenes en inglés

Pablo Stefanoni: Who Cries for Argentina? Elections in the Middle of the Crisis [4874]

Argentina began its electoral year in the midst of a big economic and social crisis. With the polls in favor of the Center-Right opposition, Peronism seeks to find a course after the lackluster government of Alberto Fernández, marked by disagreements with his vice president Cristina Fernández de Kirchner. On the side of the Center-Right opposition, the primaries will determine whether it will be a «hawk» or a «dove» who tries to reconquer the Casa Rosada. On the side of Peronism, there seem to be too many options and none at the same time, while a third candidate from the extreme Right seeks to capture the prevailing climate of unease to his advantage.

Keywords: Center-Right, Economic Crisis, Elections, Peronism, Argentina.

Monica Herz / Giancarlo Summa: Latin America and the Pandora’s Box of Unilateralism of the Big Powers [4875]

The Russian war of aggression in the Ukraine has highlighted the crisis of the global order. Twenty years after the us invasion of Iraq, it is necessary to return to the milestones in the process that led to that crisis in order to discuss a fairer multilateral system adapted to the 21st century, in which Latin America should have a say.

Keywords: Invasion of Ukraine, Multilateralism, Unilateralism, Latin America, Iraq.

André Singer: The Return of Lula [4876]

The Brazilian elections pitted a large democratic coalition against a sort of Bolsonaro confederation. How are the results explained? What territorial and social base did each block have and what ideological imaginaries did it mobilize? What relations of force did it give rise to? The answers to these questions provide elements of analysis of both the current situation and the near future.

Keywords: Democracy, Extreme Right, Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, Brazil.

Cristóbal Bellolio Badiola: Gabriel Boric or the Adventures of the Children of the Chilean Transition [4877]

The defeat of the constitutional text in the Chilean referendum sealed the end of the government of Gabriel Boric as it was initially conceived. At the same time, the agenda that must be managed ‒economy and security‒ is uncomfortable for the Left and alien to that of the 2019 outbrake. This explains several internal changes in the government, which was forced to bring in more moderate sectors.

Keywords: Change, Concertación, Constitutional Convention, Gabriel Boric, Chile.

Forrest Hylton / Aaron Tauss: Colombia in the Time of Petro: Expectations of Change and Risk of «Catastrophic Tie» [4878]

The election of Gustavo Petro and Francia Márquez was the result of the expectations of change, which at the same time it strengthened, in a country that is burdened with a deep history of violence, iniquity, and inequalities. Without its own parliamentary majority and facing off strong de facto powers –legal and illegal–, the government seeks to approve a series of progressive reforms while trying to advance an elusive peace with armed actors of various kinds.

Keywords: Peace, Reform, Violence, Gustavo Petro, Colombia.

Ari Pedro Oro: God above Everyone? Religion and Elections in Brazil (2018 and 2022) [4879]

The interaction between politics and religion is key to understanding what happened in Brazil in the last electoral processes. If the conservative evangelical vote ensured the victory of Jair Bolsonaro in 2018, that of Catholics and those who declare themselves without religion seems to have been decisive in the narrow victory of Luiz Inácio Lula da Silva in 2022.

Keywords: Catholicism, Evangelism, Jair Bolsonaro, Luis Inácio Lula da Silva, Brazil.

Rodrigo M. Medel: Chile, Politics and the Street: Dynamics of an Anti-Partisan Politicization [4880]

In recent decades, Chile has experienced a sustained increase in social protest, along with a progressive decline in electoral participation. This dissociation generated an unprecedented crisis for a political class without social bases and with little popular support. The social outbreak of 2019 was the culmination of this long process of growth of collective protest outside of institutional politics. At the moment, attempts to rebuild the link between the street and the institutions are not working.

Keywords: Anti-Partisanship, Democracy, Elite, Politicization, Protests, Chile.

Catalina Niño Guarnizo: The Obstacles to «Total Peace» in Colombia [4881]

Gustavo Petro’s policy of negotiating, at the same time, with various armed groups –political and criminal– faces numerous difficulties, among them, the disconnection between the peace strategy and security policies. At the same time, various groups have been taking advantage of the rhetoric of peace to buy time, reduce pressure from the security forces and try to strengthen themselves, putting at risk one of the president’s main campaign promises.

Keywords: Armed Groups, «Total Peace», Gustavo Petro, Colombia.

Claudia Heiss: The Constituent Process in Chile: Between Utopia and a Changing Reality [4882]

Chile makes its third attempt to overcome the 1980 Constitution, after the failure of Michelle Bachelet’s proposal and the constituent process initiated after the social outbreak of 2019. If the problem of the previous Convention was being «to the left» of Chile, the current one runs the opposite risk: being too far «to the right». A new defeat in the effort to overcome the constitutional problem would bring the country back to square one.

Keywords: Constitutional Convention, Dictatorship, Social State, Chile.

Laura Gamboa: Uncertainty and Opposition: The Right in the Face of Gustavo Petro’s Government [4883]

The arrival of Gustavo Petro to the Presidency of Colombia, as well as his reforms and his style of doing politics, have generated various reactions and opposition from conservative sectors and traditional elites. A part of the opposition has appealed to extra-institutional strategies with radical speeches and has denied the government legitimacy. Another has appealed to more moderate strategies and more conciliatory discourses. These strategies have been key to maintaining a viable space for negotiation.

Keywords: Change, Democracy, Opposition, Gustavo Petro, Colombia.

Stéphanie Alenda: Battles and Reconfigurations in the Chilean Right [4884]

The emergence of the Republican Party, led by José Antonio Kast, ran counter to the moderation tendencies of a large part of the Chilean Right, since the 2000s. In this sense, Chile joined a broader trend: the expansion of radical Right in much of the Western democracies. In a political climate that veered from social justice agendas, especially during the outbreak, towards the issue of insecurity, this Right seeks to take advantage of this new situation.

Keywords: Right, Constitution, Dictatorship, Republican Party (pr), Chile.

Giuliano da Empoli: How the Chinese Communist Party and Silicon Valley Work for a Posthuman Future [4885]

Despite standing on opposite sides of the current geopolitical standoff, the points of contact between the Silicon Valley worldview and that of the Chinese Communist Party are too obvious to ignore. This is not a mere coincidence, but a structural convergence. In both cases, we are moving towards a time in which the autonomy of the subject and freedom will have disappeared.

Keywords: Algorithms, Democracy, Digitalization, Posthumanism, China, Silicon Valley.

Alemania: F. Delbanco, Tel.: (49 4131) 2428-8, e-mail: <post@delbanco.de>.

Argentina: Distribuidor: Jorge Waldhuter,

Pavón 2636, Buenos Aires,

Tel./Fax: (5411) 6091.4786, e-mail:

<hola@waldhuter.com.ar>.

Bolivia: en La Paz: Yachaywasi,

Tel.: (591) 2 2441.042, e-mail:

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En Santa Cruz de la Sierra: Lewylibros,

Junín 229, Tel.: (591) 3 3360709.

Colombia: Librería Fondo de Cultura

Económica, Calle 11 No. 5-60, Barrio

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